Sostiene Josep Ramoneda, Después de la pasión política, que la economía ha ocupado el lugar central que le era propio a la política, entendiendo esta como el espacio en que el ser humano es reconocido como sujeto con derechos, es decir, como ciudadano. El ciudadano, la ciudadanía, ha quedado a la suerte de las fuerzas y relaciones económicas sin el escudo de la política. Mañana, Primero de Mayo, cobra con más fuerza en la Comunitat Valenciana la reivindicación de la pasión política. Propongo algunos ejemplos de muestra para ilustrarla: el frenazo del sector de la construcción y su repercusión en nuestra Comunitat, y el tratamiento que el Consell que preside el Sr. Camps da a las leyes de dependencia y de igualdad. Estos tres casos están incidiendo de forma sustancial en el salario y en los derechos de los trabajadores.
La reciente crisis del sector de la construcción, del «ladrillo», en la Comunitat Valenciana ha mostrado que estamos más cercanos de la «Casa de tócame Roque» que del «País de Jauja». Durante estos últimos años, el PP ha utilizado el urbanismo atroz como impulsor de la economía en la Comunidad Valencia. El coste del suelo ha multiplicado enormemente su valor, al igual que las viviendas, afectando a la capacidad adquisitiva de los trabajadores -hay quien destina más del 60% de su salario a pagar la hipoteca de la vivienda-. El resultado del parón de la construcción es bien conocido: empresas del sector inmobiliario en quiebra o en proceso concursal, desempleo, promociones sin acabar y, lo que es peor, con una baja capacidad de respuesta del Consell para amortiguar la crisis inmobiliaria.
Resulta curioso: cuando todo iba bien, el Consell lo hacía magníficamente; ahora que no es así, el problema es de Zapatero. En fin, los resultados de considerar a la economía -mejor, la especulación económica- como la «política», nos ha conducido a una ausencia de política económica en la Comunitat creadora de empleo de calidad. Esta crisis le ha tocado de lleno a gran número de familias y trabajadores con bajo poder adquisitivo. Sr. Camps -o quien le suceda-: se podría haber aminorado el impacto de la recesión del sector inmobiliario si hubiera tenido un plan económico estratégico alternativo al ladrillo basado en talento, tecnología, investigación, conocimiento y apuesta intelectual para la Comunitat.
Si hablamos de derechos de la gente, la Ley de Dependencia, su (des)aplicación ha sido de forma timorata, con la «boca pequeña». Así, el convenio preceptivo, para que los ciudadanos sujetos de esta ley pudieran verse beneficiados, se firmó un año después de su promulgación, es decir, en diciembre de 2007. Pero la indefensión de los derechos de estos ciudadanos, y las de sus familiares, es manifiesta ya que se requiere, como condición necesaria, la valoración, por parte de la Generalitat, del grado de dependencia que señala la Ley.
A fecha de hoy, son más de 30.000 personas las que llevan más de 6 meses esperando que se les reconozca el grado de dependencia. En fin, es tal el desaguisado que el Defensor del Pueblo, a instancias de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, ha denunciado la situación, por infringir derechos fundamentales, ante el Tribunal Constitucional. De nuevo, son los trabajadores los que han tenido, y tienen, que destinar recursos para ayudar a sus familiares con dificultades, por culpa de un gobierno provisional del PP.
En situación parecida, aunque menos conocida, está la Ley de Igualdad. La Ley actualiza una serie de beneficios sociales y sienta el criterio legal: a igual trabajo, igual salario independientemente del sexo del trabajador. De nuevo nos encontramos que esta Ley se encuentra, en las materias que competen a la Generalitat, con una implantación lenta en nuestro territorio.
No obstante, es preciso decir que la igualdad es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y que, por tanto, está por encima de cualquier apetencia o inapetencia política. Nuevamente, son los trabajadores, en este caso las trabajadoras, quienes llevan la peor parte.
En este Primero de Mayo hay que reivindicar la política con mayúsculas: políticas de empleo, de igualdad; políticas estratégicas y de futuro. El problema de nuestra Comunitat Valencia, presidente Camps, no es sólo el del agua -este lo es y, además, importante-, es tener o no un plan estratégico de futuro para Alicante, Castellón y Valencia capaz de generar ilusión y liderazgo que nos sitúe como Comunidad en sectores punteros de la producción. Mientras ocurre, no merme más el salario de los trabajadores, deje de enfrentarnos con otros pueblos y territorios y si no tiene nada más que aportar, mejor se marcha.
LAS PROVINCIAS. 30.04.2008
con caracter retroactivo 