La inmensa mayoría de los españoles cree que la sociedad no trata bien a las personas mayores.

Solo una de cada cuatro españoles cree que la sociedad trata bien a los mayores

AGENCIAS. 30.04.2008 – 17:25h

  • El último barómetro del CIS ha incluido por primera vez un paquete de preguntas sobre la tercera edad.
  • El 75% de los encuestados estima que hacerse cargo de los problemas de los mayores es responsabilidad de sus hijos.
  • El 82% percibe a este colectivo como temeroso ante la enfermedad.
  • ENCUESTA: ¿Cómo crees que se porta la sociedad con los ancianos?

Sólo una de cada cuatro personas (el 24,3%) considera que la sociedad se porta bien con los mayores de 65 años, un colectivo al que el 82% de los españoles perciben como temeroso ante la enfermedad o la dependencia. No obstante, la gran mayoría (el 82,1%) cree que la situación de estas personas es mejor hoy que hace 40 años.Así se desprende del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que además de las preguntas habituales, ha incluido, por primera vez, un paquete de interrogantes referidas a la tercera edad.
Uno de cada cuatro encuestados sitúan la entrada en la vejez pasados los 70 años

El deterioro de la salud es la razón principal por la que los españoles creen que una persona ha entrado en la vejez (el 45,9%), aunque entre esas razones se apuntan también la edad (el 30%), el aspecto físico (el 19,9%) y el deterioro intelectual (19,7%). Además, uno de cada cuatro encuestados sitúan la entrada en la vejez pasados los 70 años.

El 40% confiesa que convive con alguna persona mayor de 65 años, aunque no siempre de una forma continuada, y las actividades que más comparten con ellos son conversar telefónica o personalmente o pasear. En este sentido, el 75% estima que hacerse cargo de los problemas de los mayores es responsabilidad de sus hijos.Expertos y sabios

Entre las cualidades que este colectivo aporta a la sociedad destacan, para los españoles, la experiencia y sabiduría (el 76,8%), la tolerancia y el respeto (el 23,8%), y el equilibrio y la serenidad (el 21,9%).

Respecto al comportamiento de los jóvenes con las personas mayores, los encuestados advierten que les tratan con indiferencia (así lo dice el 45,4%), con educación y respeto (el 22,6%) y mal y con menosprecio el 15,7%.

Para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, la mitad de los encuestados aboga por mantenerse activo y una mayoría incide además en la importancia de que cuenten con unos buenos servicios sociales y sanitarios.

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El doctor Montes considera un “atropello a la libertad” la presencia de curas en los comités de bioética.

POLÍTICA

“Un paso más en el retroceso de los valores y derechos democráticos de los madrileños”

El doctor Montes considera un “atropello a la libertad” la presencia de curas en los comités de bioética

V.V.

La Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa criticó el convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y el arzobispado de la región que permite a sacerdotes católicos formar parte de los comités éticos de los hospitales madrileños. En su página web han colgado un manifiesto, firmado entre otros por el doctor Luis Montes, en el que la asociáción denuncia el “atropello a la libertad individual” que supone la firma del convenio, y lo interpreta como un “paso más en el retroceso de los valores y derechos democráticos de los madrileños”.

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La noticia difundida por la Cadena SER de que los curas formarán a partir de ahora parte de los comités éticos de los hospitales madrileños, que deciden, entre otras cuestiones, sobre la aplicación de cuidados paliativos en enfermos terminales, continúa levantando las críticas de muchos sectores progresistas. La Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa (ADHSO) criticó la decisión y la calificó de “un paso más en el retroceso de los valores y derechos democráticos de los madrileños”.

“Épocas de palio”
Según un manifiesto difundido desde la web Que me atienda Montes, este convenio “nos retrotrae a épocas de palio y pensamiento único que parecen añorar los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y que desmienten el presunto carácter liberal del que hacen gala recientemente”.

Vulnera derechos fundamentales
Los firmantes de estas críticas (entre ellos el doctor Luis Montes) consideran además que el convenio vulnera el derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa, y el derecho de los ciudadanos a decidir sobre los tratamientos médicos, incluso “sobre la opinión técnica de los profesionales sanitarios”.

“Atropello a la libertad individual”
Por otra parte, la asociación considera que el convenio es “un nuevo atropello a la libertad individual” que pretende “acallar el debate social sobre el derecho ciudadano a decidir sobre la propia muerte” e imponer “unas creencias y valores morales determinados que el conjunto de la sociedad no comparte”.

Acción gubernamental
Por este motivo, exigieron al Ejecutivo que emprenda “acciones encaminadas a evitar este nuevo atentado a los derechos fundamentales”. Además pidieron a las organizaciones sociales, sindicales y políticas que “abominan de planteamientos como los expresados por el obispo emérito de Pamplona en relación con la muerte y el sufrimiento” que “se posicionen públicamente en contra del convenio”.

Aquí está Blasco que a nada tiene asco: Del FRAP a la paella con conejo

EL GOBIERNO VALENCIANO DEL PP GIRA PELIGROSAMENTE HACIA LA DERECHA EXTREMA: PROPONE A LOS INMIGRANTES QUE SUPEREN UN EXAMEN DE CONOCIMIENTO DE COSTUMBRES – COMO SABER HACER UNA PAELLA – PARA PODER RESIDIR EN SU TERRITORIO

El conseller de Inmigración y Ciudadanía Rafael Blasco anunció ayer que la futura Ley de Integración del Inmigrante de la Generalitat Valenciana contemplará un compromiso de integración por el que los inmigrantes deberán asumir “nuestro modelo de convivencia y nuestra escala de valores” (sic). El conseller, que se refirió a este “compromiso” antes de participar en la presentación de un informe sobre educación en los países de conflicto, ha destacado la importancia de que los inmigrantes se comprometan a respetar los derechos humanos y el sistema democrático.

¿Es devoto de la Virgen de los Desemparados…o sabe hacer la paella?. El conseller definió la Comunitat Valenciana como una “tierra de oportunidades” a la que puede venir cualquier persona aunque ha manifestado la necesidad de que estas personas se integren en los valores, costumbres, tradiciones y sistema de convivencia valencianos para “no perder la cohesión social de la región”.

Si no, a la calle. “El no cumplimiento del compromiso hace imposible la integración”, ha subrayado el conseller, quien ha afirmado que las más de 80 mil personas que viven en la Comunitat de forma irregular “no tienen las circunstancias personales adecuadas para que se propicie la integración”.

El Congreso de los Diputados crea una comisión permanente sobre políticas integrales de discapacidad.

EL PARLAMENTO ESPAÑOL CREA UNA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE POLÍTICAS INTEGRALES DE DISCAPACIDAD, PRESIDIDA POR EL EX MINISTRO JESUS CALDERA, IMPULSOR DE LA LEY DE DEPENDENCIA

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la creación de una Comisión para las Políticas Integrales sobre Discapacidad, que tendrá carácter permanente a propuesta del PSOE, el PP y los grupos parlamentarios catalán y vasco.

Jesús Caldera, presidente. Dicha Comisión está presidida por Jesús Caldera, ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, bajo cuyo mandato se han aprobado diversas normas relativas a las personas con discapacidad como la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia y el desarrollo de los reglamentos de accesibilidad universal previstos en la Liondau (ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad), así como el Régimen de Infracciones y Sanciones a dicha norma.

El PP no se lo cree…Para el portavoz del PP en dicha comisión, Francisco Vañó, el nombramiento de Caldera resulta cuando menos una ironía: “Nos llama la atención y espero que sea para bien que el presidente de la Comisión sea Caldera, el ministro del ramo que no acudió a ninguna de las comisiones que se convocaron sobre discapacidad siendo ministro en la legislatura anterior”. “Nos parece paradójico pero esperamos que lo compense ahora con su interés y su entusiasmo sus anteriores incomparecencias”, añadió Vañó.

Las asociaciones de ecuatorianos (Rumiñahui) y de marroquíes (Atime) en Valencia preguntan a Camps sobre la aplicación del estrafalario “contrato de integración” propuesto por el PP.

miércoles, 30 abril 2008

¿PUEDE EL PP VALENCIANO EXIGIR QUE SE VISTAN DE FALLERAS LAS HIJAS DE INMIGRANTES EN EL ANUNCIADO CONTRATO DE INTEGRACIÓN?, ES LA PREGUNTA QUE LE HACEN AL PRESIDENTE FRANCISCO CAMPS DESDE ATIME Y RUMIÑAHUI

Las asociaciones de inmigrantes ecuatorianos y marroquíes Rumiñahui y Atime preguntaron ayer al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps,del PP, si va a obligar a los inmigrantes a vestirse de falleras con su propuesta de contrato de integración para los inmigrantes.

El presidente de la Asociación de Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), Kamal Ramouhni, declaró que “no tiene sentido” que el PP, desde el Gobierno valenciano, “vuelva ahora con el contrato de integración para los inmigrantes cuando no tuvo el apoyo de los ciudadanos el 9 de marzo”, según recoge Servimedia. Ramouhni también mostró su sorpresa porque se haya dicho que el citado contrato no tendrá efectos legales y jurídicos, por lo que habrá que explicar de qué tipo de contrato se habla.

Peruanas y marroquíes de falleras…Según dijo, si este contrato lo que trata es de que se respeten las leyes y las costumbres, “las leyes están para respetarlas y cumplirlas y las costumbres para conocerlas y asumir las que a uno le guste. Si hay una costumbre que no me gusta no tengo por que asumirla, pero si respetarla”. A renglón seguido, Ramouhni señaló que el Gobierno valenciano debe explicar en qué va a consistir este contrato “y si va a obligar a los inmigrantes a vestirse de falleras y salir a las fallas”.

Las costumbres hay que respetarlas, las leyes cumplirlas. En la misma línea se expresó el portavoz de la Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, que acusó al PP de “sacarse nuevamente de la chistera” el contrato de integración de los inmigrantes de la pasada campaña electoral “para organizar un debate superfluo que no tiene consecuencias administrativas”.Jiménez declaró que el citado contrato confunde leyes con costumbres y “bien es sabido que tanto las leyes como las costumbres hay que respetarlas y las leyes, cumplirlas”.

Es hora de tomarse la integración en serio.
A renglón seguido, el portavoz de Rumiñahui se preguntó que le pueda pasar a un inmigrante a un gallego o a un extremeño “que no aprenda valenciano, no coma paella o no participe en las fallas”. “Es hora de tomarse la integración de los inmigrantes en serio, porque ésto está provocando miedo y rechazo en la población inmigrante”, concluyó Jiménez.

Francesc Romeu.Artículo de opinión: “El salario (in)directo de los trabajadores.

Artículos
El salario (in)directo de los trabajadores
FRANCESC ROMEU
Sostiene Josep Ramoneda, Después de la pasión política, que la economía ha ocupado el lugar central que le era propio a la política, entendiendo esta como el espacio en que el ser humano es reconocido como sujeto con derechos, es decir, como ciudadano. El ciudadano, la ciudadanía, ha quedado a la suerte de las fuerzas y relaciones económicas sin el escudo de la política. Mañana, Primero de Mayo, cobra con más fuerza en la Comunitat Valenciana la reivindicación de la pasión política. Propongo algunos ejemplos de muestra para ilustrarla: el frenazo del sector de la construcción y su repercusión en nuestra Comunitat, y el tratamiento que el Consell que preside el Sr. Camps da a las leyes de dependencia y de igualdad. Estos tres casos están incidiendo de forma sustancial en el salario y en los derechos de los trabajadores.

La reciente crisis del sector de la construcción, del “ladrillo”, en la Comunitat Valenciana ha mostrado que estamos más cercanos de la “Casa de tócame Roque” que del “País de Jauja”. Durante estos últimos años, el PP ha utilizado el urbanismo atroz como impulsor de la economía en la Comunidad Valencia. El coste del suelo ha multiplicado enormemente su valor, al igual que las viviendas, afectando a la capacidad adquisitiva de los trabajadores -hay quien destina más del 60% de su salario a pagar la hipoteca de la vivienda-. El resultado del parón de la construcción es bien conocido: empresas del sector inmobiliario en quiebra o en proceso concursal, desempleo, promociones sin acabar y, lo que es peor, con una baja capacidad de respuesta del Consell para amortiguar la crisis inmobiliaria.

Resulta curioso: cuando todo iba bien, el Consell lo hacía magníficamente; ahora que no es así, el problema es de Zapatero. En fin, los resultados de considerar a la economía -mejor, la especulación económica- como la “política”, nos ha conducido a una ausencia de política económica en la Comunitat creadora de empleo de calidad. Esta crisis le ha tocado de lleno a gran número de familias y trabajadores con bajo poder adquisitivo. Sr. Camps -o quien le suceda-: se podría haber aminorado el impacto de la recesión del sector inmobiliario si hubiera tenido un plan económico estratégico alternativo al ladrillo basado en talento, tecnología, investigación, conocimiento y apuesta intelectual para la Comunitat.

Si hablamos de derechos de la gente, la Ley de Dependencia, su (des)aplicación ha sido de forma timorata, con la “boca pequeña”. Así, el convenio preceptivo, para que los ciudadanos sujetos de esta ley pudieran verse beneficiados, se firmó un año después de su promulgación, es decir, en diciembre de 2007. Pero la indefensión de los derechos de estos ciudadanos, y las de sus familiares, es manifiesta ya que se requiere, como condición necesaria, la valoración, por parte de la Generalitat, del grado de dependencia que señala la Ley.

A fecha de hoy, son más de 30.000 personas las que llevan más de 6 meses esperando que se les reconozca el grado de dependencia. En fin, es tal el desaguisado que el Defensor del Pueblo, a instancias de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, ha denunciado la situación, por infringir derechos fundamentales, ante el Tribunal Constitucional. De nuevo, son los trabajadores los que han tenido, y tienen, que destinar recursos para ayudar a sus familiares con dificultades, por culpa de un gobierno provisional del PP.

En situación parecida, aunque menos conocida, está la Ley de Igualdad. La Ley actualiza una serie de beneficios sociales y sienta el criterio legal: a igual trabajo, igual salario independientemente del sexo del trabajador. De nuevo nos encontramos que esta Ley se encuentra, en las materias que competen a la Generalitat, con una implantación lenta en nuestro territorio.

No obstante, es preciso decir que la igualdad es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y que, por tanto, está por encima de cualquier apetencia o inapetencia política. Nuevamente, son los trabajadores, en este caso las trabajadoras, quienes llevan la peor parte.

En este Primero de Mayo hay que reivindicar la política con mayúsculas: políticas de empleo, de igualdad; políticas estratégicas y de futuro. El problema de nuestra Comunitat Valencia, presidente Camps, no es sólo el del agua -este lo es y, además, importante-, es tener o no un plan estratégico de futuro para Alicante, Castellón y Valencia capaz de generar ilusión y liderazgo que nos sitúe como Comunidad en sectores punteros de la producción. Mientras ocurre, no merme más el salario de los trabajadores, deje de enfrentarnos con otros pueblos y territorios y si no tiene nada más que aportar, mejor se marcha.

LAS PROVINCIAS. 30.04.2008

 

Mañana, 1º de mayo, nace el periodico “La República” en edición impresa.

COMUNICACIÓN

Colaboran Julio Anguita, Iñaki Anasagasti, Rosa Regás o Carlos Taibo

Mañana nace la versión impresa de La República, coincidiendo con el 1 de mayo

V.T.

Coincidiendo con el primero de mayo, Día del Trabajador, un nuevo diario, La República, verá salir a la calle sus primeros ejemplares escritos. Con un interesante plantel de colaboradores y temas que tratar, los promotores de esta iniciativa recuperarán, sin duda, el debate sobre el modelo de Estado que tan presente llegó a estar durante ciertos momentos de 2007. El naciente periódico pretende, no obstante, ir más lejos: sin quemar “ni una fotografía real”, la iniciativa se plantea cambiar la pregunta: “¿Qué tipo de república queremos?”

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“Que España sea una república democrática de trabajadores de toda clase”, como reza el artículo primero de la Constitución de 1931, será uno de los principios que regirán la línea editorial de este nuevo diario. Un periódico que pretende reproducir en su estructura interna –con una muy activa participación de los ciudadanos- el proyecto democrático que persigue para España.

¿Qué república queremos?
Como declara a El Plural Javier Parra, director del nuevo diario escrito –que cuenta, desde hace mucho tiempo, con una edición digital-, esta iniciativa se distingue de otras en el hecho de que pretende ir más allá del debate “Monarquía o República”: “Los poderes fácticos consideran a la República como algo bastante posible a medio plazo y la impondrán del modo que la quieren”. Frente a esta previsión, Parra se pregunta, en la línea de Julio Anguita –precisamente colaborador de este diario- “qué república queremos” ya que “los republicanos están cogiendo cada vez más confianza en sí mismos”.

Los siete pilares de Anguita
Probablemente los últimos hechos sucedidos a lo largo de 2007, que recuperaron el debate sobre la Monarquía española como no se había hecho desde la Transición, potencian el motor de esta iniciativa, que basa su modelo republicano en siete pilares básicos sentados hace dos años por el que fuera coordinador general de IU, Julio Anguita: “Derechos humanos, democracia participativa, compromiso con la paz, austeridad, laicidad, república federal y Europa federal”.

Una difícil tarea
No obstante, los principios no son suficientes para llevar adelante un proyecto tan difícil, costoso y complejo como un diario escrito. Javier Parra se plantea el nacimiento de varios “números cero” hasta el mes de septiembre, en el que, “si todo va bien”, el periódico comenzaría a salir “de manera mensual”. En cuanto a su distribución –otra difícil tarea- La República ofrece la posibilidad de suscripción anual de 12 euros, así como el reparto “de forma alternativa” por las principales ciudades españolas de unos ejemplares que “no serán menos de 40.000 por tirada”.

Colaboradores
Otro de los principales apoyos de La República es la interesante plantilla de colaboradores con la que cuenta: junto con Julio Anguita, se encuentran dirigentes comunistas como el alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, o el ex parlamentario andaluz Antonio Romero; el historiador Carlos Taibo; el director de la editorial El Viejo Topo, Miguel Riera; la escritora y ex directora de la Biblioteca Nacional Rosa Regás, así como con el senador de PNV Iñaki Anasagasti. También El Plural estará representado en la sección de colaboradores, con la participación de su redactor jefe, Andrés Villena Oliver.

Esperando al primero de mayo…
Es difícil disociar o separar el proyecto periodístico o “mediático” con el programa político que los promotores de La República se proponen: “No queremos que sea un medio para que tres o cuatro ganen dinero, sino para que municipios y asociaciones republicanas puedan autofinanciarse para llevar adelante sus actividades vendiendo nuestro periódico y quedándose con hasta el 70 por ciento de lo recaudado”. Un proyecto que parte desde abajo y que necesitará, como toda iniciativa democratizadora, del apoyo ciudadano. El primer empujón, una fecha clave, el 1 de mayo.