VUELVEN LOS CUERVOS.

POLÍTICA

Se beneficiaría así de una ventajosa recalificación de terrenos

Villalonga, dispuesto a comprar el Valencia C.F.

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, podría dar un pelotazo urbanístico en Valencia si finalmente consigue hacerse con los negocios del Valencia C.F. Según ha podido saber El Plural, ultima con el propietario del club y hasta ayer presidente, Juan Soler, la compraventa de sus acciones. El ex amigo de Aznar se beneficiaria así de una provechosa recalificación de terrenos que la alcaldesa de Valencia regaló a la familia Soler para construir un hotel de lujo al lado del nuevo estadio.

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Si el ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, entra finalmente en la explotación de una parte de los negocios del Valencia C.F. “no vendrá solo”, auguran a El Plural fuentes empresariales valencianas que han seguido de cerca la última etapa del club cuyo presidente, Juan Soler, presentó ayer su dimisión a la junta directiva.

Mismos objetivos
El relevo en la presidencia valencianista -que asume ahora el hasta ayer vicepresidente, Agustín Morera, hombre de confianza de Juan Soler- no cambia en nada los objetivos que persiguen Juan Villalonga y Juan Soler. Aquel quiere comprar acciones y éste tiene ganas de venderlas. Soler, de todas formas, sin ser ya presidente del club, sigue siendo el máximo accionista del Valencia C.F.

400 millones de euros
Para que Juan Villalonga – ex amigo del alma de Aznar que amasó una colosal fortuna en Telefónica – llegue a un acuerdo con la familia Soler, se tienen que ventilar previamente unas compraventas de acciones; renegociar varios derechos adquiridos de suelo y liberar avales de pagos pendientes. En total son 400 millones de euros, más o menos. Se dice que Villalonga “tiene dinero”, pero no tanto como para haberse plantado en Valencia, como lo hizo el pasado 26 de febrero, y negociar directamente con Juan Soler la compra de una parte, o de la totalidad, de las 70.000 acciones propiedad de su familia por unos 65 millones de euros.

Fútbol y promociones urbanísticas
A Villalonga le acompañó en esta negociación el ex directivo del Valencia C.F., Vicente Soriano, promotor urbanístico y gestor de suelo en la costa valenciana. Es el segundo accionista del club “ché”, con 10.000 títulos de la SAD, Sociedad Anónima Deportiva. Villalonga, según se ha sabido, trajo debajo del brazo un ambicioso plan de explotación que apunta a una facturación anual de unos 400 millones de euros, cuatro veces la actual del club valencianista.

Nuevo estadio
Ni Villalonga, ni Soriano dan suficiente caché financiero para asumir las multimillonarias operaciones del Valencia C.F. a corto y medio plazo, se asegura por círculos valencianistas. La joya del club es la construcción del nuevo estadio de Mestalla, con una inversión de 338 millones de euros y que abrirá sus puertas en 2009.

Un regalo del Ayuntamiento
El terreno lo ha cedido al Valencia C.F. el ayuntamiento, a través una ventajosa y “barata permuta”, según denuncia la oposición socialista, rematada con una escandalosa recalificación de terrenos. Éste fue el mejor regalo para la familia Soler del Ayuntamiento, entregándole una parcela, a la vera del flamante estadio futurista, para la construcción de un hotel de lujo de 20 alturas. Su valor, una vez construido, será de 120 millones de euros. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prohibía cualquier cambio de uso, pero la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, le dio la vuelta “por el bien de toda la afición valencianista” se dijo desde el consistorio.

¿Aterrizaje del madridista Baldasano?
En las negociaciones de Villalonga con los Soler, se especula que vaya de “tapado” el conocido madridista, Arturo Baldasano, dos veces candidato frustrado a la presidencia blanca y experto en negocios de banca privada y en inversiones financieras de altos vuelos. Baldasano conoce al ex presidente de Telefónica desde que este le nombrara máximo responsable del Terra. Ambos se beneficiaron del “pelotazo” de las “stock opcions” con 500 millones de euros de plusvalías para directivos de la multinacional tecnológica. Villalonga se embolsó, además, 5.500 millones de pesetas por rescindir su contrato. Desde entonces reside en Londres.

Intento de compra del Liverpool
Baldasano fue el factotum y director general del banco de negocios “Promobanc”, de sólida raigambre valenciana. El negocio quebró, tras una serie de operaciones muy arriesgadas de compraventa de suelo y otros activos ligados a la especulación urbanística. A Villalonga y Baldasano, se les recuerda también como “asociados” en una operación fallida, hace dos años, para comprar el club inglés Liverpool, que entrena Rafa Benítez, ex mister del Valencia C.F.

Sin apoyo del campismo
En clave política valenciana, Juan Villalonga dicen que está huérfano. Tiene pocos vínculos con el PP valenciano y son del bando zaplanista, condenado al ostracismo por el campismo, en la lucha fraticida entre Eduardo Zaplana y Francisco Camps. El abogado valenciano, José María Mas Millet, quien fuera secretario del consejo de administración del grupo Telefónica y presidente de Antena 3 con Villalonga, mantiene abierto un despacho profesional en Valencia, pero sin influencia con el campismo triunfante. Prueba de ello, su yerno, José Luis Colvée, antes un “todo terreno” zaplanista, ahora ha abrazado el campismo para siga recibiendo subvenciones públicas una empresa suya de negocios por internet.

LOS PROMOTORES RECONOCEN QUE HAN CONSTRUIDO EL DOBLE DE LAS VIVIENDAS NECESARIAS.

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Los promotores reconocen que han construido el doble de las viviendas necesarias

Redacción fotocasa.es , 01/02/08, 09:51 h

En los últimos años la construcción en España se ha realizado de manera desproporcionada o al menos eso es lo que reconoce Josep Donés i Barcons, presidente de la Comisión Técnica de la Asociación de Promotores y Constructores, quien asegura que hay: “el doble de viviendas de las necesarias”.

Además, Donés i Barcons asegura que la mayor parte de estas viviendas construidas “no están en uso”, ya que fueron compradas porque “no había productos de inversión en el mercado que les aseguraran el poder adquisitivo de sus ahorros” y augura que estas viviendas podrían entrar ahora en el mercado de alquiler.

 

Al respecto, el presidente de la Apce asegura que las medidas de avales a los propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler promovidas por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat “están bien”, aunque advierte que “hay una absoluta inseguridad ante los impagos” que requiere más garantías.

 

En cuanto al panorama general del sector de la construcción, considera que “no es verdad” que el cambio de coyuntura económica se traduzca en que “todo el mundo quiere alquilar”, sino que “hay una demanda contenida” que está posponiendo su opción de compra.

 

Ademas considera que el futuro del mercado promotor “pasa por la diversificación” y apuesta por la posibilidad de que los promotores puedan construir promociones de viviendas mixtas de alquiler y de compra, por lo que es necesaria una “seguridad jurídica y económica”.

 

8.000 pisos sin vender en Barcelona

 

Donés también asegura que a partir de mediados de febrero, la Generalitat y la Apce llegarán a un acuerdo para determinar qué hacer con los 8.000 pisos nuevos sin vender que tiene Barcelona, según datos de la propia asociación.

 

Y es que debido a la falta de compradores en el mercado libre, parte de este ‘stock’ podrá recalificarse como vivienda social a precio concertado catalán, que permitirá a los ciudadanos con ingresos superiores acceder a vivienda protegida. Según Donés, esta opción “beneficiará a ambas partes”, promotores y ciudadanos, ya que es vivienda de “acceso directo” porque ya está construida, y aseguró que el precio por metro cuadrado que poseerá esta tipología de vivienda social se hará público de “manera inminente”.

EL PINCHAZO INMOBILIARIO HACE UN ROTO DE 5.000 MILLONES DE € A LOS INGRESOS DE LAS CC AA.

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El ‘pinchazo’ inmobiliario hace un roto de 5.000 millones a los ingresos de las CCAA

crisis inmobiliaria

 

@Carlos Sánchez.- – 25/01/2008

 

El pinchazo inmobiliario -más evidente en las viviendas nuevas que en las de segunda mano- amenaza los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Según fuentes que conocen muy de cerca las finanzas regionales, el frenazo en precios y, sobre todo, el descenso en el número de transacciones inmobiliarias supondrá una caída de la recaudación del 30% en los dos tributos cedidos totalmente a las CCAA que tienen que ver con el mercado inmobiliario: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados.El IVA, que es el otro gran tributo que grava la adquisición de viviendas, es de carácter estatal, aunque cedido parcialmente a las regiones. Por esta vía, las comunidades también verán también reducidos sus recursos, pero de forma indirecta.Lo más preocupante para las finanzas regionales es que la carga fiscal que sufre la vivienda ha acabado por convertirse en una fuente fundamental respecto de sus ingresos tributarios totales. En particular para algunas regiones. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, donde nada menos que el 21,9% de sus ingresos procede del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos. A continuación se encuentran Murcia (donde el 17,3% de su recaudación depende de la evolución del mercado inmobiliario), Cataluña (16,3%) y Comunidad Valenciana (15,9%). En el lado contrario, las comunidades autónomas menos vulnerables a un parón inmobiliario son Galicia (6,2% de su recaudación) y Extremadura, apenas el 4% de sus ingresos.

VulnerabilidadEl nivel de dependencia de las finanzas regionales ha ido creciendo de una manera exponencial en los últimos años, hasta el punto de que, según lo presupuestado, el año pasado pensaban ingresar 18.120 millones de euros por esos dos conceptos. Es decir, que una caída en torno al 30% en la recaudación supondría una merma de ingresos superior a los 5.000 millones de euros. Mucho dinero que puede poner en peligro los objetivos de equilibrio presupuestario. Hay que tener en cuenta que hace una decena de años los ingresos totales por ambos tributos apenas ascendían a 2.700 millones de euros, lo que significa que desde 1997 la recaudación vinculada al ladrillo se ha multiplicado prácticamente por siete. El motivo hay que vincularlo fundamentalmente al aumento de la base imponible, ya que al encarecerse los pisos también crece la recaudación al aplicarse los tipos impositivos sobre bases más altas.Ahora bien, la vacas gordas parecen haberse acabado, tal y como apuntan dos indicadores extremadamente fiables: el número de transacciones inmobiliarias inscritas en los registros de la propiedad y el volumen de hipotecas constituidas. En el primer caso, los datos indican que si en el primer trimestre de 2006 se registraron 1.009.192 de transacciones inmobiliarias (incluyendo tanto viviendas como usadas), pero es que durante el tercer trimestre de 2007 la cifra ha caído hasta las 830.000 operaciones. Un síntoma inequívoco de que las comunidades autónomas van a tener muchas dificultades para cumplir su presupuesto.

Otro indicador refleja lo que está pasando. El número de fincas hipotecadas cayó en octubre (último mes con datos disponibles) un 7,9% en términos anuales, y eso también pasará factura a las regiones. Las comunidades autónomas gravan la constitución de hipotecas con un tipo impositivo fijado en función de la base imponible del inmueble, y eso se refleja en la recaudación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Un tributo que hace apenas una docena de años era casi marginal en el sistema tributario español pero que a medida que ha ido creciendo el ‘boom’ inmobiliario ha pasado a ocupar un papel cada vez más determinante. Hasta el punto de que para 2007 se presupuestaron unos ingresos de 7.603 millones de euros, once veces más que hace una década.

EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
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. Comunitat Valenciana

La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia


El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que “los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad”.
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo “la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas”.

La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde “
no ha existido ningún tipo de publicidad“, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, “los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación“. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, “el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como“, tal como lo denunció en su momento el PSPV. “Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa“.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce “sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública” y “perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación”.


Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba “
disolver estas sociedades mercantiles” porque en algunos casos había quedado “sin contenido el objeto social de las empresas constituidas”.


Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.

LOL MULTIMILLONARIOS SOBRECOSTES DE LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS VAN EN CONTRA DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Y SANITARIOS.

732592.jpgLa Ciudad de las Artes cuesta de más como una nueva Fe y media

J. L. OBRADOR. 21.12.2007

  • El gasto extra que acumula todo el complejo de Calatrava suma 431,4 millones de euros.
  • El presupuesto del futuro hospital que se construye en Valencia es de 269 millones.
  • El Síndic de Comptes denuncia que Calatrava cobra 861.000 euros que no le corresponden.
El sobrecoste que acumula la Ciudad de las Artes y las Ciencias alcanza los 431,4 millones de euros, según el informe de 2006 del Síndic de Greuges. Con este dinero de más gastado (un 238% de incremento respecto al presupuesto inicial) se podría haber construido 1,6 hospitales como la nueva Fe que se está levantando en Malilla. El presupuesto de este macrocentro sanitario es de 269 millones de euros (216 corresponden a la obra y 53 al equipamiento).Sólo en el Palau de les Arts, hasta finales de 2006 (es decir, antes de reparar incidentes como los provocados por las inundaciones de octubre) se llevaban gastados 345 millones (un 316% más de lo previsto), una cantidad por sí sola superior a lo que costará el hospital.

En el documento que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, el Síndic recomienda evitar modificaciones que alteren los proyectos iniciales, ya que repercuten en el precio y en el plazo de las obras.

Calatrava, dinero extra

Según el informe el creador de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Calatrava, ha cobrado ya, por adelantado, 3.962.125 euros por el proyecto y ejecución del Ágora, la plaza porticada que servirá como punto de esparcimiento de este recinto. Sin embargo, Calatrava debería percibir 3.100.493 euros.

La trampa está en que su retribución se calcula sacando el 7,5% del coste del proyecto y la ejecución de las obra, pero esta cifra ha variado. En un principio, el Consell estimó que rozaría los 53 millones de euros, pero al final se adjudicó por 41,3 millones. Pese a esta rebaja, los honorarios de Calatrava se siguen calculando sobre la cifra superior, con lo que percibe los 3,9 millones, un 25% más de lo que le toca.

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LA PETICIÓN DE LA COMISIÓN EN EL CASO TOTANA FUÉ GRABADA.

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corrupción urbanística La petición de la comisión del caso Totana fue grabada

Al parecer, el anterior alcalde aludió al pago de tres millones de euros para recalificar suelo rústico

Autor:
La Voz var d = new Date(1197500400000);
Fecha de publicación:
document.write(d.getDate() + “/” + (parseInt(d.getMonth())+1) + “/” + d.getFullYear());13/12/2007

La exigencia del pago de comisiones a cambio de proceder a la recalificación masiva de suelo rústico en el municipio murciano de Totana cuenta con respaldo pericial determinante, según reconocen fuentes del caso por el que están imputadas más de una docena de personas, entre ellas un abogado y promotor vigués y uno de sus ex empleados. Tal y como adelantó La Voz de Galicia el pasado 30 de noviembre, desde los entornos del anterior y actual gobierno municipal de Totana -del PP- se pudo haber reclamado el pago de tres millones de euros a una de las empresas del letrado gallego Manuel Núñez a cambio de que el Ayuntamiento murciano modificase en su nuevo plan general la calificación de 2,2 millones de metros cuadrados de carácter rústico, para que la empresa viguesa Inmonuar pudiese levantar 5.040 viviendas, un campo de golf, dos spa y un hotel en el municipio.

Diversas fuentes aluden incluso a la existencia de cintas telefónicas grabadas donde algunos de los imputados hacían mención a dicho «cazo», y a la exigencia de que la comisión fuese abonada en varios pagos.

Operación respaldada

Pese al secreto de sumario decretado, hasta ahora ha trascendido que el empresario murciano que fue detenido el día en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil puso en marcha la operación Tótem hizo supuestamente de puente entre los implicados del Ayuntamiento de Totana y la empresa promotora viguesa.

La operación urbanística fue en todo momento saludada por el equipo del anterior alcalde y ahora diputado regional del PP, Juan Morales, así como por su sucesor en la alcaldía, al suponer la construcción de más de cinco mil viviendas en una localidad que agrupa a poco más de veinte mil vecinos. A cambio de la recalificación de las parcelas adquiridas por la firma viguesa en la pedanía del Reiguero, el Ayuntamiento totanés iba a recibir un total de 4,9 millones de euros, tal y como aprobó la corporación, solo con los votos del PP en una sesión en la que también recibieron el visto bueno otros 48 convenios. En la mayoría de ellos el consistorio pudo haber recibido dinero en metálico por parte de los promotores, en lugar de obras o infraestructuras para el municipio, como es más habitual.

Pagos al Ayuntamiento

La firma viguesa Inmonuar ya había ingresado en las arcas municipales 2,4 millones de euros, la mitad de ellos en el momento de la firma del convenio y la otra mitad tras la aprobación inicial del nuevo plan. El montante restante estaba estipulado que se pagase cuando se aprobase definitivamente el plan totanés el próximo mes de enero.

El dinero rodeó la operación de una forma constante, ya que además de ser abonados a todos los propietarios de las fincas rústicas 24 euros por metro cuadrado, donde solo valía 6, la promotora viguesa pagó también 18.000 euros en mano y como señal a todos los dueños que accedieron a vender su suelo, según admitieron varios de ellos.

GARANTÍAS JURIDICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO.

Garantías jurídicas, planificación y desarrollo urbano PDF Imprimir E-mail
Ignacio Pérez Sarrión   
28.11.2007

ImageVivimos en un estado de derecho, un estado quizás –en mi opinión, en algunos aspectos- excesivamente garantista. Digo esto porque la cantidad de normas, procedimientos, plazos y recursos, pueden legar a provocar inseguridades jurídicas e impiden en ocasiones un funcionamiento mínimamente ágil de la administración si se pretende ser eficaz, como por otra parte se demanda por los ciudadanos. Uno nunca está seguro de estar cumpliendo meticulosamente todos y cada uno de los matices de los procedimientos de aplicación del derecho, dada la estructura de personal existente, el escaso tiempo con que se cuenta por las personas que tienen que tratar multitud de tareas diferentes en soledad (FHE) y los medios materiales con que se cuenta.

Resulta curiosa  oír en los pueblos la expresión “te denunciaré”, o “le denunciaré“, cuando se piensa que si es el Ayuntamiento la administración responsable de sancionar una transgresión determinada y éste no tiene ni funcionarios, ni medios adecuados, ni ordenanzas tipificadoras de las conductas sancionables  ni por su puesto sanciones previstas, difícilmente, por no decir de manera prácticamente imposible, se tramitarán procedimientos sancionadores. Ejemplo de la situación sin ir más allá es las infracciones de tráfico que se cometen continuamente en todos los pequeños pueblos y que quedan impunes. Cuantitativamente no son muchas, pero cualitativamente pueden ser muy importantes y resulta penoso que en muchas ocasiones haya que transigir con comportamientos sumamente inapropiados.  

En los pequeños pueblos no hay policía local ni medios para tramitar los procedimientos sancionadores. Así, uno puede aparcar su vehículo en medio de la plaza, hacer ruido a las dos de la mañana, echar las basuras al contenedor sin bolsa y muchas otras conductas reprobables sin que, jurídicamente, pase nada.

Habría que en alguna ocasión hacer un estudio sociológico –quizás se haya hecho- del efecto que para la convivencia puede ejercer el control social de una comunidad pequeña o mediana, porque en estos lugares, es la reprobación social la que sirve de control y no evidentemente el control jurídico. Es el vecino de al lado, que conoce quién eres, de quién eres hijo, en qué trabajas, cuando sales y entras, en fin, tu vida de pé a pá, quien a corto o medio plazo te llegará a hacer algún comentario sobre lo inadecuado de tu comportamiento. SI eres normal y no te habías dado cuenta, te sonrojas y cambias. En otro caso, está servido el inicio seguro de una rencilla que perdurará en el tiempo.

Sin embargo los pueblos de la periferia de las ciudades crecen muy rápido. Como consecuencia de la carestía de la vivienda en la ciudad, la gente joven se desplaza a estos pueblos a vivir en los típicos adosados, prohibitivos veinte kilómetros más cerca del centro de la ciudad. Así, sin darse cuenta apenas, municipios muy pequeños en los que todos se conocían, pasan de repente a convertirse casi en ciudades-dormitorio a los que se acude sólo por la noche. Desparece (o es mucho más difícil) el control social moderador de conductas, porque no se sabe quién es el que vive al lado ni a qué se dedica. Estas personas están tan ocupadas trabajando que tampoco se integran apenas en la vida social del pueblo.

Creo que estos efectos no se tienen en cuenta en la práctica a la hora de permitir o promover el crecimiento de los municipios aledaños a las metrópolis. Allí, en la ciudad, miles de policías vigilan y sancionan. En ese pueblo, apenas treinta kilómetros alejado de aquélla, casi no hay normas (un amigo mío decía parafraseando los western que esto es el oeste, “no hay ley al oeste del Río Pecos”), sólo casi hay miradas de reproche o censura si uno no se comporta normalmente. Afortunadamente ese control social es en muchos casos suficiente para lograr una convivencia adecuada. Pero no en otras ocasiones.

Las cosas cambian rápidamente y son conocidos los casos de municipios que han pasado de ochocientos o mil habitantes a más de cuatro mil o más en menos de una década. Ese fenómeno, de forma inmediata, supone riqueza económica de poblaciones hasta hacía poco depauperadas, en forma de ingresos derivados de la actividad urbanística y poblacional: operaciones urbanísticas, convenios, permutas, IBI, plusvalías, aumento de participación en el FNCM, aumento del IVTM, etc. Si por una parte se dispone entonces de mayores recursos obteniendo nuevos equipamientos y optimizando los existentes, por otra parte se pierde esa cohesión social que como comunidad pequeña se tenía.

Creo que es importante que los gobiernos locales, antes de fomentar un desarrollo desmedido, decidiesen reflexivamente si es conveniente ese crecimiento, hasta qué límite, con qué previsiones, qué medios se van a necesitar y, en definitiva, planificar a medio plazo. Yo creo que en ocasiones sólo se actúa por intuición, simplemente se da por supuesto que aumentar población es en sí mismo lo correcto, sin tener en cuenta otras implicaciones a valorar cuidadosamente. E igual que se planifica el crecimiento urbanístico a través de un PGOU, habría que planificar los equipamientos necesarios según población y a medida que se vaya creciendo, necesidades de nuevos servicios, supuestos de pirámides poblacionales, dónde está el umbral en el que será necesario y sostenible económicamente disponer de algunos servicios, cuándo será necesario disponer de policía local (a reservas de las previsiones legales sobre el particular), qué medios jurídicos y técnicos se necesitarán, y un largo etcétera de cuestiones que me da la impresión que se van solucionando sobre el momento.

Visto en el Blog esPublico

EL CIRCUITO URBANO DE FORMULA 1 DE VALENCIA TAPONARÁ LAS SALIDAS NATURALES Y AUMENTA EL RIESGO DE RIADA E INUNDACIONES.

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lunes, 10 diciembre 2007

EL CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA UNO EN VALENCIA AUMENTA LOS PELIGROS DE RIADAS E INUNDACIONES PORQUE IMPIDE EL DESAGÜE NATURAL Y TAPONA LOS OJOS DEL PUENTE DE ASTILLEROS…

La Asociación de Vecinos de Nazaret ha denunciado que la construcción del circuito urbano de Fórmula Uno aumenta el riesgo de inundación de este barrio, al invadir el cauce del río Turia y desnivelar sus márgenes, disminuir su capacidad de desagüe y tapar varios ojos del puente de Astilleros. El portavoz de este colectivo vecinal, Julio Moltó, tras la asamblea informativa que mantuvo con otras asociaciones la semana pasada, en la que se ha analizado el impacto que el circuito urbano de Fórmula Uno tendrá en este barrio valenciano.

Salvar Nazaret de riadas. Moltó ha manifestado que obstaculizar las aguas pluviales es un tema “alarmante” para los vecinos y ha advertido de que podría ser un problema “más grave” que el que atañe actualmente al Palau de les Arts. También ha instado al Ayuntamiento de Valencia a que trabaje para que esta nueva situación de Nazaret sea contemplada por el Plan de Acción Territorial Sectorial (PATRICOVA) sobre prevención de riesgos de inundación.
Según Moltó, el circuito urbano “que podría estar en funcionamiento hasta el 2022, supondrá peores condiciones de vida para los vecinos todos los veranos”.

La Fórmula Uno: ruido, contaminación y colapso de tráfico. Entre las causas, se ha referido al ruido “insoportable”, la contaminación atmosférica, el colapso circulatorio “debido a la falta de aparcamientos” y el aislamiento del barrio que supondrá el corte del puente Astilleros durante la celebración del Gran Premio de Europa. Asimismo, ha calificado de “muy preocupante” que esta instalación se esté realizando “sin licencia de obras, sin estudio de impacto ambiental e incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana que indica que el cauce del río es zona verde”. Por último, ha destacado que la actividad de esta instalación es “molesta, contaminante y peligrosa” para los vecinos de Nazaret.

EL ALCALDE DE TOTANA (pp)…PROVISIONALMENTE EN EL TRULLO. UNA METÁFORA POLITICA DE LAS BARBAS DEL VECINO Y EL JABON PARA EL REMOJO.

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La jueza decreta prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana

EFE. 03.12.2007

La titular el Juzgado Número Uno de Totana, María Asunción Navarro, ha decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, del PP, en el marco de la Operación Totem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, informaron fuentes judiciales.

La decisión de la jueza se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de ayer, domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial.

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EL ALCALDE DE TOTANA (PP) DETENIDO POR SU PRESUNTA RELACIÓN CON UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN.

 

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El diputado del PP Juan Morales, principal responsable de la trama de corrupción urbanística de Totana

Se investiga si cobró cantidades millonarias por la firma de un convenio urbanístico

PILAR VELASCO / CADENA SER   28-11-2007

Fuentes judiciales señalan al diputado del PP, Juan Morales, como el principal sospechoso de la trama de corrupción urbanística del Ayuntamiento de Totana en Murcia. Según ha sabido la SER, Morales es -según la investigación- quien habría acordado el cobro de una comisión a cambio de la recalificación de 200 hectáreas de suelo a una constructora de Galicia.

Según fuentes cercanas a la investigación, consultadas por la SER, Juan Morales, diputado del PP en Murcia y alcalde de Totana hasta el pasado mes de mayo es el principal sospechoso de la trama de corrupción urbanística de Murcia y si no ha sido detenido es por su condición de aforado. Es más, el objeto de la investigación es el presunto cobro de comisiones de Morales a cambio de facilitar la firma de un convenio urbanístico con una empresa constructora gallega para recalificar 200 hectáreas de terreno.

Las mismas fuentes aseguran a la SER que se ha intervenido a la actual compañera sentimental del diputado 55.000 euros en metálico. Esta mujer, ciudadana brasileña, es sospechosa de -entre otros presuntos delitos- blanqueo de capitales.

El pasado lunes, la Guardia Civil interceptó el coche de un abogado relacionado con Morales cuando salía del domicilio del diputado. Lo hacía con un maletín que contenía documentos de interés para la investigación. Este abogado es además el letrado del Ayuntamiento de Totana.

La investigación da ahora un giro y señala como presunto cabecilla de la trama al diputado del PP en Murcia Juan Morales que no está detenido. Junto a él y en libertad con cargos están su ex mujer, acusada de los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, y su actual compañera sentimental.

Ayer mismo, Juan Morales -en conversación con la Cadena SER- negó tener nada que ver con este caso de presunta corrupción.

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BAJA EL PRECIO DE LA VIVIENDA USADA.

El precio de la vivienda usada baja en 10 comunidades autónomas

20MINUTOS.ES. 05.11.2007 – 11:21h

  • Descenso por cuarto mes consecutivo.
  • El metro cuadrado se sitúa en 2.491 euros.
  • La subida de la vivienda en lo que va de año es del 0,73%.
  • En el mismo periodo de 2006 había subido un 6,36%.

El sector de la vivienda continúa su lenta pero progresiva desaceleración. Después de que las hipotecas contratadas descendiesen un 12.5% en agosto, ahora se conoce un nuevo dato que sitúa la subida de los precios de la vivienda usada en el 0,73% en lo que va de año. En 2006, a estas mismas alturas la vivienda había subido un 6,3%.

El precio medio del metro cuadrado de vivienda usada se sitúa en los 2.491 euros

En concreto, según el índice de precios de facilísimo.com, el coste de la vivienda usada ha bajado en 10 comunidades durante el último mes. Navarra (3,51%), Aragón (2%), Andalucía (1,06%), Cataluña (0,91%), y Castilla-La Mancha (0,9%) son las que más bajan.Por el contrario, el precio sube en Extremadura (5,6%) La Rioja (2,09) y Ceuta y Melilla (1,45%).

El precio medio del metro cuadrado de vivienda usada se sitúa en los 2.491 euros; en Madrid es de 4.156 y en Barcelona de 4.849 euros.

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MARBELLA, PUNTO Y SEGUIDO. MAS MATERIAL PARA LA OPERACIÓN MALAYA.

Creen que hay material suficiente para una tercera fase del caso Malaya

AGENCIAS. 05.11.2007

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Julián Muñoz ex alcalde de Marbella, en una imagen de archivo.

  • El parlamentario Antonio Romero afirma que hay información nueva.
  • Pide que se investigue el patrimonio que dejó Jesús Gil a su familia.
  • CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE MARBELLA.

El parlamentario andaluz por IU Antonio Romero ha asegurado hoy que a la operación “Malaya” le podría suceder un saga que incluso podría llegar a un tercer sumario ya que con las investigaciones que se están llevando a cabo hay mucha información nueva.

Romero se ha mostrado convencido de que habrá un caso Malaya II y un Malaya III y ha anunciado en rueda de prensa, aludiendo a fuentes judiciales, que la vista oral por el “caso saqueo I”, en el que se acusaba al que también fuera alcalde de Marbella Jesús Gil de desviar cerca de 26,7 millones de euros desde el Ayuntamiento a empresas privadas, comenzará a primeros del próximo año.

Más de 300 millones sin justificar

Para el parlamentario, es importante que en toda la investigación se incluya no sólo al fallecido edil marbellí, sino también al patrimonio que dejó a sus herederos.

“Los ciudadanos no entienden cómo se investiga la época de Julián Muñoz y Yagüe y no la de Jesús Gil”

En este sentido, ha recordado que existe un dictamen del Tribunal de Cuentas en el que se incluye un cantidad de más de 300 millones de euros sin justificar en las arcas del ayuntamiento de Marbella y ha insistido en que hay una “ingeniería financiera muy extraña” en el patrimonio familiar heredado de Gil.

“Los ciudadanos no entienden cómo se investiga la época de Julián Muñoz y Marisol Yagüe y no la de Jesús Gil”, ha señalado.

Por otro lado, ha hecho también referencia a los problemas originados en las obras de construcción del AVE a Málaga, a su paso por el Valle de Abdalajís, y ha pedido a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que atienda las reivindicaciones de los vecinos de la zona, quienes se siguen abasteciendo con cubas ante la falta de agua en los acuíferos.

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EL PALACIO DE LA ÓPERA, LAS INSTALACIONES DE LA COPA DEL AMÉRICA, EN VALENCIA HACEN AGUA TODOS LOS EDIFIVIOS QUE NOS HAN COSTADO MILES DE MILLONES DE €…Y LOS SERVIVIOS PÚBLICOS BAJO CERO.

Veles e Vents también hace agua

Los problemas de humedad invaden las terrazas del edificio de invitados

MIQUEL ALBEROLA – Valencia – 29/10/2007

 

Los edificios emblemáticos de Valencia no superan la prueba del agua. Si el Palau de les Arts ha tenido que suspender su programación por las consecuencias de las inundaciones que ha sufrido por las tormentas del 21 de septiembre y del 11 de octubre, el edificio de invitados de la Copa del América no está para menos. Los albañiles están procediendo desde hace algunos días al desmontaje del suelo de las terrazas porque con las lluvias el agua se encharca y filtra hacia las plantas inferiores. El aparcamiento también ha resultado inundado.

 

 

La noticia en otros webs

ACM deriva toda la responsabilidad de los desperfectos hacia el Consoricio

La gestión del edificio corría a cargo de America’s Cup Management (ACM) hasta el pasado 30 de septiembre, sin embargo, ante la situación de paréntesis abierta tras el inicio del proceso judicial entre el Oracle y la empresa que gestiona los derechos de la Copa, las responsabilidades se difuminan, puesto que el Consorcio Valencia 2008 no ha llegado a constituirse y el de 2007 ya no existe. Fuentes de ACM derivaron ayer toda responsabilidad hacia el Consorcio, al que “hace tiempo” se le está pidiendo que arregle los “numerosos desperfectos”. “La explotación es de ACM, pero las infraestructuras siguen siendo del Consorcio”, explicaron. Este periódico trató ayer, sin éxito, de contactar con representantes del Consorcio, que está integrado por el Ayuntamiento de Valencia, el Gobierno y la Generalitat.

No es la primera vez que el Foredek de la Copa del América, que en septiembre de 2006 fue distinguido con el prestigioso premio de arquitectura LEAF Awards, tiene problemas debido a la celeridad con la que fue levantado. Su propio arquitecto, el británico David Chipperfield, llegó a declarar que la calidad de la construcción era “una porquería”. Algunos de los acabados se deterioraron a los días de su inauguración y tuvieron que ser restaurados o reemplazados.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA PREPARA UN PLAN PARA INVERTIR LA DESTRUCCIÓN DEL LITORAL ESPAÑOL.

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El Gobierno prepara un plan para invertir la destrucción del litoral español

20MINUTOS.ES. 29.10.2007 – 20:18h

  • Ha elaborado una Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa (PDF).
  • El miércoles buscará el consenso de las comunidades Autónomas.
  • Frenar la urbanización y derribar construcciones, dos pilares.
  • Inicialmente, para el Mediterráneo, el Atlántico andaluz y Canarias.

Contra la verdad inconstestable de la urbanización generalizada del litoral español, el Gobierno propone revertir radicalmente el proceso: recuperar la costa donde ya se ha construido.

Desde Ayamonte a Figueres, la franja marítima española muestra cientos de ejemplos del destrozo producido por la construcción masiva que comenzó con los planes de desarrollo turístico en los 60 y que no ha dejado de crecer con el boom inmobiliario de las últimas dos décadas.

La dispersión de competencias entre las instituciones locales, autonómicas y centrales obliga a un pacto para hacer frente a esta situación. El Ministerio de Medio Ambiente planteará este miércoles a las Comunidades Autónomas su ambicioso plan, que no sólo quiere frenar la expansión del hormigón sino incluso demoler parte de lo construido en las costas españolas.

5.000 millones de euros para la costa

La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa (PDF) es el documento de análisis que sirve de partida para esta iniciativa y que precisa de un amplio consenso por parte de todos los agentes, según reconoce el Ministerio.

El 70% de espacios dunares y el 50% de playas necesitan actuaciones de recuperación

“En este primer diagnóstico se pone de manifiesto que el 70% de los espacios dunares, aproximadamente el 50% de nuestras playas y el 32% del resto del espacio costero requieren actuaciones para su recuperación”, apuntó Narbona en la presentación del proyecto.

Según cálculos del departamento de Medio Ambiente, las actuaciones necesarias para evitar el aumento de la ocupación en el litoral y para la restauración de la costa requerirán una inversión cercana a los 5.000 millones de euros, “que suponen menos del 3% de los ingresos que genera el sector turístico en la costa”, sostuvo la Ministra.

Dejar de construir y derribar

El documento base se fija cuatro grandes retos. El primero de ellos es “frenar la ocupación masiva de la franja costera“. La propuesta aspira a frenar el desarrollo urbano de la costa, que “mantiene ratios de crecimiento similares a los existentes hace 10 o 15 años”.

Pero el segundo objetivo es aún más ambicioso: “Recuperar la funcionalidad física y natural del litoral“. Es decir: invertir los desmanes realizados. Derribar no sólo las construcciones ilegales, sino también aquellas que aún estando construidas antes de la aprobación en 1988 de la Ley de Costas están muy cerca de la línea de playa. Puertos, diques y espigones tampoco se libran.

El Gobierno no quiere recurrir a la expropiación, sino negociar con los propietarios

Es el mayor reto, sobre todo teniendo en cuenta que, según señala el diario El País, el Gobierno pretende negociar con los propietarios, en lugar de recurrir a la expropiación, para ganar territorio público protegido. Todo ello con el horizonte del año 2018 a la vista, fecha en la que caduca la concesión que la Ley de Costas daba a las construcciones que ya existían.

El Mediterráneo, Baleares, Canarias, Cádiz y Huelva son los primeros objetivos de esta medida. Pese a que, por ejemplo, en Cantabria haya una veintena de sentencias de demolición, Medio Ambiente considera que el Cantábrico no está tan urbanizado como para requerir actuaciones inmediatas.

Ante el cambio climático

Con estas y otras actuaciones también se intenta “paliar los efectos del cambio climático“, el tercer reto de la Estrategia, de especial incidencia en las zonas costeras por el aumento del nivel de las aguas.

El documento que tendrán sobre sus mesas las Autonomías el próximo miércoles concluye con un cuarto reto: “Cambiar el modelo de gestión de la costa“. Esta aspiración tan abstracta es en realidad un argumento dirigido a los organismos involucrados en esta cuestión: si no se alcanza un amplio consenso, dada la distribución de competencias, la costa seguirá siendo conquistada por el ladrillo y el hormigón. Hasta que se agote.

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LLANERA INMOBILIARIA: ¿QUIEN HA PUESTO MÁS EN ESTA CRISIS?.

 Levante-EMV. OPINIÓN.14 octubre 2007

¿Quién ha puesto más en la crisis?

 

PEDRO MUELAS

Desde que la empresa familiar de la Llosa de Ranes empezó a descollar con una agresiva política empresarial en general y de comunicación en particular no se han oído más que rumores de que iba a cerrar. Llanera, nacida, no de un diseño societario, sino a pie de obra en la Costera, decidió hace unos cinco años lanzarse a jugar la liga de los campeones en la Comunitat Valenciana y hasta donde pudiera en el resto de España y del extranjero en los momentos en que, aquí y en todas partes, la construcción experimentaba hasta un segundo repunte, inesperado para los veteranos, espectacular y peligroso. Entonces hubo promotores que, tras vender suelo pensando en que bajaría, descubrían con pavor y envidia cómo los compradores de su terreno lo revendían cerrando un negocio mayor.


Pese a ello, a que había para todos, no pareció del gusto general en el gremio que irrumpiera de aquella forma tan notable y en muchas ocasiones imaginativa, luego copiada. A medida que ganaba espacio en el espectro social y económico, los bulos, rumores y maldades iban creciendo y le han ido acompañado hasta ahora. Se ve que es la norma porque a otras con más arraigo cuando quisieron salirse de su territorio, Castelló o Alicante, y empezaron a trabajar en Valencia les cayó casi el mismo chaparrón.
Llanera, al no poder cubrir los pagos a los que le obligan sus compromisos, se encuentra hoy en una gran crisis en la que arrastra a centenares de empleados, proveedores y compradores, que complica construcciones importantes presentes y futuras del ámbito privado y público y en la que su futuro se juega, también, en un juzgado, una situación muy difícil de gran transcendencia social. ¿Quién se alegra ahora de esta historia, que no diré, por supuesto, final?
Posiblemente, y así coincide todo el mundo, la mercantil ha sido víctima de su apresurado y exagerado crecimiento, que a la postre ha resultado ser una huida hacia una solución definitiva y decente. El receso le ha pillado saltando del trampolín. Ha sido el símbolo de la disparatada evolución del sector, del gigantismo con, al decir de los expertos, unos pies de barro, aunque no ejemplo de la política de especulación pura y dura con la que algunos – unos han salido en los papeles y otros muchos, no- han amasado fortunas hasta indecentes.
Dicho todo lo cual, hay que mirar a la nefasta política que desde la Generalitat Valenciana ha venido desarrollando en estos tiempos de desarrollismo brutal, desordenado y depredador del territorio. Es justo decirlo porque el ejemplo de Llanera vale para todos. El Consell ha generado una amalgama de leyes tal que los profesionales y empresarios del ramo denostan por impracticable. Nadie le ve la salida al laberinto hecho a base de una legislación tan abundante como ineficaz, que termina de enredar la Ley del Suelo. Tenemos leyes para todo que no sirven, de momento, para nada más que para entorpecer el normal, necesario y justo desarrollo urbanístico. Si alguna vez se le pone orden y se dejan tranquilos los articulados, habrá que advertir, también, que seguimos sin una planificación global: hemos construido en las cimas, casi en la arena de las playas y sobre los acantilados, en los parajes naturales, hemos hecho polígonos industriales adosados, gigantescas urbanizaciones con accesos enanos? etcétera, y seguimos sin saber hacia dónde tirar.
No sólo eso. En un principio se propició el superdesarrollo, los grandes planes, las grandes ambiciones y luego llegó la política sandía, la parada ecológica, algo que sirvió, al menos, para que las empresas se prepararan para lo peor. Los tumbos, los propiciados por cuestiones políticas, no benefician a nadie y menos a proyectos de tan largo recorrido como los constructivos.
Es un escarnio para el sector que las comisiones territoriales de urbanismo, los órganos, precisamente, que dan vía libre o no a los grandes proyectos, a las grandes inversiones con gran número de empleos inducidos, no se hayan reunido en cuatro meses. ¿Quién ha dimitido por eso, quién ha pedido una dimisión por eso?
La musculatura de la burocracia sigue relajada, en la sauna. Ni la crisis ha hecho que abandone su letargo, ni que los políticos le hagan despabilar. Un ejemplo: el martes contábamos que la Generalitat da vía libre al PAI de Fuente de San Luis que incluye la pista de nieve. Y eso no quiere decir que vayan a empezar las obras, ni mucho menos. Ni me acuerdo cuando la empresa vino a contarnos lo que había solicitado en el ayuntamiento.
La actitud voraz de muchos empresarios tampoco ha ayudado. Han buscado en muchas ocasiones el pelotazo. Han tirado unas redes tan tupidas que han acabado con el banco de peces. Por otro lado, la especulación con el suelo ha sentenciado una subida de precios imparable ante el pasmo paralizante que ha sufrido, no sé si voluntariamente, la Administración.
Llanera se quejaba también del tratamiento que se le ha dado en los medios de comunicación. A ellos y a muchos más. La dinámica informativa de la construcción desconsiderada ha llevado a dar una imagen negativa de los promotores. Cada propuesta desmedida siempre ha sido recibida, lógicamente, con recelo por la prensa, pero los términos en los que se informaba no eran del todo ecuánimes, hasta el punto de que en más de una ocasión la Asociación de Promotores se ha lamentado amargamente. Los grandes PAI, sustentados, bien es cierto, por los propietarios que podían vender su terrenito a precio de oro, siempre levantaban, por el contrario, una protesta automática y yo diría que presuntamente organizada.
La puntilla, y a ello se refirió la empresa en su nota, le llegó cuando se produjeron filtraciones informativas en torno a la renegociación de sus préstamos. Ahí la prensa no tuvo más que ejercer su oficio.
¿Quién ha puesto más en lo de Llanera, en la crisis del ladrillo? la propia empresa, la política, la administración, los empresarios, la prensa, la banca? ?

LA URBANIZACIÓN DEL “TERRER ROIG”: EJEMPLO PRACTICO DEL COMPADREO URBANISTICO.

Hace ya diez años, en estos dias, que tuve que soportar como alcalde de L’Alcúdia de Crespins la mayor presión ejercida sobre ningúna autoridad local democráticamente elegida desde que en 1979 se instauraron de nuevo los ayuntamientos democráticos. Quiero, de forma consciente, hacer abstracción de la peligrosa tensión y de las consecuencias políticas posteriores para centrarme en los hechos concretos que dieron lugar a una de las batallas políticas más sucias que haya podido conocer en mi dilatada vida pública.

Pretendiamos desde el ayuntamiento urbanizar el sector urbanistico del Terrer Roig, un Plan Parcial en el que ya existían edificaciones predeterminadas, con una superficie total en torno a los 80.0000 metros y una tipología de baja densidad con parcelas aisladas. El ayuntamiento integraba una empresa mixta que había realizado el desarrorro urbanístico del Polígono Industrial “El Canario” y pretendía hacer lo mismo con este sector, del cual obtendría 8.000 metros cuadrados para la construcción dels Istituto de Secundaria que, después contemplarse en el Mapa Escolar antes de 1995, fué borrado de un plumazo del mismo despues de la victoria electoral del PP en las Elecciones Autonómicas de 1995 en la Generalitat Valenciana.

El tortuoso camino seguido por el expediente urbanístico para hacer realidad la urbanización de un sector al amparo de la Ley, encalló en el unas cuantas querellas penales contra mí, obviando cualquier paso prévio de caracter contencioso-administrativo que era el adecuado para que se subsanaran cualquier tipo de irregularidades que se hubieran podido cometer en el tránsito administrativo. El objetivo era triple: cazar al hombre y arrojar sobre el toda la porquería posible, producir un cámbio político local en el gobierno municipal y que los impulsores de tamañas barbaridades pudiesen  obtener pingües beneficios a través de la urbanización del sedctor y de otros en los que ya operaban. La victoria derl PP y el desconcierto en el PSOE creaba el marco donde se desarrollaron todas aquellas actuaciones perversas y crueles. Situaciones nada diferentes de las que se pudieran educir de mentes adoctrinadas por el fascismo más brutal.

Inoculado con exito el virus de la desconfianza en el seno del PSOE local y puesto en duda el liderazgo del alcalde, era facil e un contexto de debilidad en los ámbirtos de la Dirección Nacional del PSPV-PSOE, rematar ese cometido con unas elecciones primarias extemporáneas. Las querellas penales encadenadas en mi contra que me obligaban a tener que pagar de mi bolsillo particular mi própia y defensa puso en almoneda mi equilibrio económico familiar por los honorarios que tenía que abonar dado que en el tipo de querella elegido por una Asociación de Propietarios del Terer Roig creada al efecto impedía que mi defensa fuera abonada por el ayuntamiento y, por último, el desarrolló del sector urbanístico fué “pactado” con los propietarios.

Los tres objetivos estaban aparentemente cumplidos. Pero la história se escribe a lo largo del tiempo y en estos momentos, después de todo el dolor que he tenido que soportar, creo que la verdad va emergiendo, las razones se van clarificando y, a pesar de todas las amenazas e insultos de las que he sido objeto en los últimos diez años; de las vejaciones que han tomado cuerpo tipográfico en los medios de comunicación, decidí guardar silencio, esperar el desarrollo de los acontecimientos y actuar en consecuencia en cada uno de ellos. En estos momentos de paralización del proyecto del desarrollo del sector que hace unos meses se adjudicó a Llanera, quiero exumar las notas de resumen de un documento de análisis del expediente urbanístico que pueden arrojar luz sobre lo afirmado más arriba y mostrar a los ciudadanos y ciudadanas que durante veinte años depositaron su confianza en mi gestión al frente del ayuntamiento que, con todas las equivocaciones del mundo, no se equivocaron al depositar la papeleta de voto en 1979, 1983, 1987, 1991 y 1995. Después sacaremos unas breves consecuencias..

Notas sobre el convenio urbanístico “Terrer Roig”

  Se ha sometido a nuestra consideración un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Alcudia de Crespins, representado por su Alcalde Presidente, y el matrimonio formado por D. J.N. y Dñª I.M., propietarios de terrenos en la Unidad de Ejecución del Sector “Terrer Roig”. 

Según se señala en el Convenio, su objeto es el de “agilizar la gestión urbanística y alcanzar conformidad acerca de la totalidad de los parámetros que informan el Proyecto de Reparcelación en periodo de revisión”. 

Se señala también en los antecedentes del mismo que con la ordenación pormenorizada que tiene la Unidad de Actuación, con una parcela mínima de 400 m2 para edificación de vivienda unifamiliar, “no se hace viable la construcción de viviendas sociales”. Tomando como base este inconveniente, se pretende con este convenio “sustituir los terrenos que le corresponden en la actuación (al Ayuntamiento, 10 % de aprovechamiento), por su equivalente económico”. Se pretende conseguir dicha finalidad, agregando a la superficie adjudicable a cada finca aportada “la complementaria resultante de las cesiones a favor del Ayuntamiento, ponderada según la configuración de la parcela y la solicitud de incremento formalizada por los interesados”. Debe entenderse que se trata de un modelo generalizable a todos los distintos propietarios que tienen terreno en la Unidad de Actuación.

 Alcance de estas notas. 

Para la elaboración de estas notas se ha dispuesto únicamente del convenio que analizamos. NO disponemos de ningún otro antecedente, ni documental ni material. Por tanto las consideraciones que aquí se realizan están limitadas por esta circunstancia, pudiendo incluso llegar a ser discordantes con los antecedentes o con la realidad sobre la que se opera. Teniendo en cuenta esta limitación haremos las siguientes, 

Consideraciones 

Primera.- La primera consideración a realizar consiste en el hecho de que si lo que pretende el convenio es salvar el inconveniente de la inviabilidad de promover viviendas protegidas porque la parcela mínima es de 400 m2 para vivienda aislada unifamiliar, desde luego con las medidas que arbitra el convenio esto no se hace posible. Y ello por dos motivos; 

1.- Porque el proyecto de reparcelación es un instrumento de gestión y por su naturaleza no permite determinar la parcela mínima ni la tipología de edificación de la unidad a que se refiere. Esto, parcela, aprovechamiento y tipo de edificación, corresponde a los instrumentos de planeamiento, no a la reparcelación. 

2.- Porque si no es posible la vivienda protegida en parcelas de 400 m2 menos lo será en parcelas con mayor superficie al verse estas incrementadas con la proveniente de añadir el 10 % de aprovechamiento del Ayuntamiento. Salvo que se modificara el aprovechamiento y se incrementara la edificabilidad, pero esto no corresponde al proyecto de reparcelación, sino a un instrumento de planeamiento.

  Segunda.- Con la consideración anterior se hace inviable el convenio que analizamos para la finalidad que el mismo expresa. La ley contempla la posibilidad de que el aprovechamiento del 10 % que corresponde a la Administración se pueda monetarizar y no recibir en terrenos, pero desde luego lo que no tiene amparo legal es que el Ayuntamiento convenga directamente con los particulares, sin concurrencia, para la enajenación de sus suelos, que es lo que se hace en el caso que nos ocupa.

 Todo lo anterior amén de que un instrumento administrativo, la reparcelación, no es el adecuado para la transmisión de inmuebles, pues debería enajenarse con los procedimientos correspondientes de publicidad y concurrencia y posteriormente elevarse a escritura pública como determina el Código Civil. 

Tercera.- Si bien el convenio tiene una redacción confusa e imprecisa técnica y jurídicamente, tenemos que pensar que realmente lo que se pretende es una monetarización del 10 % municipal a favor de todos aquellos propietarios que quieran ampliar sus fincas resultantes. Esta monetarización se hace al precio de 8.500 pesetas, en su equivalente en Euros, el metro cuadrado de suelo. Estas valoraciones tendrán que estar avaladas técnicamente y tendrán que tener reflejo y coincidencia con el proyecto de reparcelación que se apruebe. 

Cuarta.- No se entiende por qué en la última cláusula del convenio se alude a la aprobación del proyecto por parte de los órganos de la Administración autonómica, toda vez que la reparcelación se aprueba definitivamente en sede municipal. Es posible, extremo que desconocemos, que se este refiriendo a la aprobación del plan parcial del programa de actuación que al venir de un expediente de homologación si tendrá que aprobar su modificación los órganos de Generalitat. 

Quinta.- Finalmente, en cuanto al anexo que se une al convenio, se observa que se esta operando con m2 de superficie para referirse al resultado de la reparcelación cuando lo que se atribuye a los propietarios son unidades de aprovechamiento lucrativo.

Creo que, con independéncia del lenguaje farragoso de la jerga urbanística, puede colegirse de manera muy clara:

1. Que, si el proyecto del Plan Parcial se ha abonado a sus autores iniciales es porque las sentencias judiciales así lo han ordenado y si se ha modificado la reparcelación, esta no puede ser base de una modificación del procedimiento de desarrollo ni del propio documento que, sustancialmente, es el mismo que el de 1997.

2. Que la base sobre la que sustenta el convenio que “desbloquea” el desarrollo del sector es la construcción de presuntas viviendas de VPO no cuela, porque no es posible ni lo contempla el uso del suelo del Terrer Roig.

3. Que el 10% de Aprivechamiento Tipo que corresponde que los propietarios cedan al ayuntamiento (es decir a todo el pueblo) e integrar el Inventario de Património Municvipal de Suelo, ha sido vendido directamente a los propietarios para que mejoren sus propiedades y ven, con este convenio, incrementada su superficie, su edificabilidad y el valor monetario de sus propiedades.

4. Que no puede firmarse por la autoridad municipal un convenio enrevesado y fragil cuando está en juego el suelo para las dotaciones e infraestructuras de todos los alcudienses. En el sector las dotaciones incorporadas ya han sido pagadas por el erario púiblicvo porque son la Guardería y todo el complejo del polideportivo que cae dentro de la delimitación del sector.

La adjudicación a Llanera del desarrollo urbanístico del “Terrer Roig” completa el circulo que apuntaba; lo malo es que Llanera se ha roto y el castillo de naipes se cae. Lo que decia en mi comentario de hace algúnas semanas: en política no hay casualidades pero a veces no todo sale bien para quen traza los planes.

Estos son los datos y quean muchos interrogantes en el aire que los responsables tendrán que explicar, porque la evidencia de la premeditación y la alevosía está más que demostrada. Harían bien los ciudadanos en ver el expediente porque la Ley del Suelo permita y anima la participación ciudadana fiscalizadora y actuar en consecuencia, porque es bastante crudo de digerir que Llanera haya pagado a particulares en la REVA a 72.000 pesetas el m2 de suelo rustico con espectativas de recalificación (Ver periodico Las Provincias de hoy) y el ayuntamiento de nuestro pueblo vendiera a palo seco, cada metro cuadrado que corresponde al pueblo al irrisorio precio de 8.500 pesetas de suelo urbanizable con proyecto aprobado.

¿Que como se llama eso?. Ustedes mismo, respondanse en conciencia y actúen en consecuencia.

VICENT VERCHER GARRIGÓS.

P.D. Por cierto los paguas de los Reyes Magos no hay que devolverlos, Llanera invita. 

LLANERA COMPRO TERRENOS ALREDEDOR DE REVA APLAZANDO EL PAGO DEL 90% A CUATRO AÑOS.

El precio pactado es de 60.000 por hanegada y puede perder los 6.000 abonados

‘‘Me ha llamado una señorita para ofrecernos un dineral por nuestros terrenos de Chiva, junto a Reva, dice que quiere comprarlos una importante compañía y quiere que realicemos las mediciones enseguida y efectuemos cuanto antes el contrato. ¿Qué hacemos?’’

La situación sonaba a todos un tanto extraña, por lo repentino, pero la oferta era suculenta y movilizó que las familias propietarias de infinidad de campos se reunieran enseguida para tomar decisiones al respecto. Llanera les daba 60.000 euros (10 millones de pesetas) por hanegada, no importaba que fueran naranjos grandes, pequeños, en bueno o mal, secanos de algarrobos o meros eriales. Todo a igual precio. Lo importante para el comprador parecía ser, únicamente, que los campos estaban junto a la Reva, la gran finca que iba a adquirir, o que ya había adquirido, según el momento de cada operación.

Las condiciones de compra ofrecidas también fueron peculiares: El 10% pagado en el acto (en algunos casos el 5% y otro 5% a los pocos meses) y el 90% restante se aplazó a cuatro años. Según lo previsto en el contrato, cada escritura de compraventa se haría cuando se pagase su totalidad. Si discurriera dicho plazo sin haberse abonado todo lo aplazado, el vendedor se quedaría con el dinero y con el campo. En estos momentos han transcurrido entre año y medio y dos años.

La oferta era tan tentadora que la gran mayoría de los agricultores y propietarios que fueron tentados, aceptaron. La cifra doblaba las mejores ofertas de compra que se conocían por la zona y más que doblaba el precio unitario que pagó Llanera por Reva (unos 24.000 por hanegada). Algunos desistieron al pensar que aún subirían los precios, a otros no les gustó la idea de diferir el 90% del cobro, pero la oferta fructificó en multitud de casos.

En la zona se habla de que pueden ser entre 2.000 y 3.000 hanegadas las que estén en esta situación, lo que daría unas cifras enormes de deuda (100-150 millones de euros. Para otros serían menos, entre 1.000 y 2.000 hanegadas (50-100 millones pendientes). No obstante, desde Llanera se ha hablado de una bolsa de suelo de 9 millones de metros cuadrados en la zona; los 6.5 millones de Reva son seguros; los 2,5 restantes equivalen a 250 hectáreas, es decir, 3.000 hanegadas.

Si transcurren los plazos de los contratos sin abonar lo pendiente, la inmobiliaria perderá la señal de 6.000 euros pagados por hanegada, que pueden representar 12-18 millones de euros. Los dueños se quedarán con los campos, pero sin el dinero esperado y seguramente sin posibilidad próxima de lograr unas ventas con importes similares. Ahora se mueven en la incertidumbre, a la espera de noticias sobre el futuro de sus operaciones a medias.

Por otra parte, el sindicato UGT anunció ayer que ha presentado una solicitud de personación en el procedimiento concursal del grupo constructor.

Las Provincias. 12 de octubre de 2007

Este es el escenario general en el que se representa la gran obra de la destrucción del territorio y la obscena especulación urbanística en la Comunidad Valenciana: compro suelo, me lo recalifica la Generalitat, presento un Plan de Actuación Integrada en un ayuntamiento “untado”, me quedo con las retribuciones del urbanizador en metros cuadrados de suelo que vendo a otras promotoras del entorno, corre por doquier el dinero negro, las compras iniciales se escrituran por un precio inferior al pactado, una parte de la entreda es en metalico y sin factura, se blanquea el dinero en otros menesteres para asentar posición social y se venden las casas a un precio escandaloso en el que el valor del suelo representa casi el 34%; las casas las compran con una hipoteca subrrogada por los trabajadores que, con los salarios que cobran llegan justo a fin de mes e hipotecados de por vida y que ahora, mira por donde, pueden quedarse sin empleo y sin casa. Llanera presenta suspensión de pagos y se forma la larga cola de acreedores que tampoco son ajenos a como funciona el tinglado y no es la única empresa que funciona así, se ha montado en estos últimops ocho años una factoria que fabrica un modelo clónico y que iran cayendo una tras otra todas las surgido del “milagro” neoconservador del PP (un socio más) en un diabólico efecto dominó del que hoy no podemos atender a su dimensión.

Mientras,, futbol ingles, saraos, copas, formulas 1, calatravas, óperas, tenis internacional, restaurantes de lujo, cobertura mediatica pagada para los que han de echar la firma al pié de página y otras sobras chinescas irán entreteniendo al personal que ha entrado en masa en la nueva cultura del coche de muchas válvulas y caballos, los spá, la silicona y el glamour de barraqueta.

Esta realidad me recuerda a mis años jóvenes en a los chicos de pueblo nos alquilaban la pechera blanca, la corbata y una chaqueta para poder entrar al baile del Casino Setabense en Xàtiva; lo que no tenia remedio eran los zapatos de humilde esparto trenzado que solo podias “dignifica” con unos limpios calcetines que llevabas previamente guardados en el bolsillo para que no se ensuciaran. Los pretendidos cimientos empresariales de Llanera y su cuadrilla  (¿o deberia de decir holding? no pasan de ser un ejemplo redivivo de aquel attrezzp que, con unas gotas de Varon Dandy, podria propiciarte un baile con algúna señorira de buena familia. Al final todo era hueco, falso y lleno de impostura para afianzar las estupideces de una burguesía decadente que utilizaba el castellano para no “ser de pueblo” adoptando una posición aparente por la que nos sentíamos atraidos desde el hambre de la posguerra, el queso y la leche norteamericana que nos daban en la escuela brazo en alto y el inevitable detino que aguardaba a la mayoría: campo o fábrica de tres turnos.

Por definición una burbuja está llena de aire y con un leve pinchazo se vuelve evanescente, deja de existir. Cuando esto solo era un rumor la gente creia que era un invento de los rojos apocalípticos. Cuando fué noticia y se publicó en los medios económicos libres escritos y digitales empezaron, como siempre, los insultos y las amenazas con balas de sal gruesa. Somo bastantes personas las que, en la comarca de La Costera, de donde surgió Llanera nos hemos convertido en el el blanco de las iras de los lacayos y nuevos ricos nacidos a la sombra de la subcontrata política,  con amenazas por tierra, mar y aire. Ya tenemos el caparazón vital e ideológico que nos permite despreciar a estas personas necesitadas de unas cuantas lecciones de la Educación para la Ciudadanía, porque no vale la pena perder un segundo en estas cosas cuando lo que realmente preocupante es qué va a pasar en un sector y en una comarca concreta en la que el bombazo de Llanera es el penultimo, despues de los cierres industriales de empleo masivo de Ferrys, Rodrigo Sancho, Tenerias Argent, los ERE de la empresa Royo, Industrias Cerdá, con todos sus talleres e industrias subsidiarias y, cómo va arepercutir, este juego perverso de los hermanos Gallego en las economías familiares y en las pequeñas empresas de la comarca que andan realmente preocupadas; porque la morosidad de los bancos y cajas en la zona puede superar los niveles de 1995, las economías familiares van a verse seriamente dañadas y los jóvenes, de nuevo, pueden ver truncadas sus espectativas de emancipación para continuar sintiendose una carga para las familias. No se le puede pedir ni un esfuerzo más a esta comarca mientras continua siendo la finca particular de una docena de personas.

Mientras se gestaba el estallido, Futbol, Orquestas Filarmónicas, Basket de primera, patrocinios culturales, grandes postes publicitarios, cohes de infarto, hoteles exclusivos, cenas de gala, invitaciones institucionales, los nuevos VIP de la comarca, la propaganda pagada, la opacidad contractual, y la mala fé consentida por partidos, sindicatos y gobernantes municipales, provinciales y autonómicos que han sido cooperadores necesarios en este desastre, deben una explicación a los ciudadanos que hoy sufren las consecuencias.

Parafraseando un pasaje del Antíguo Testamento, podriamos preguntar. ¿No queda un justo en Sodoma?.

Al menos que nos monten un macrobotellón en el parking de las discotecas-icono de la llaneril modernidad- para ver si los pocholos y las pocholas mezclados con los efluvios de Baco nos transportan por unos momentos al Ritz con smoking y pajarita negra; aunqye luego, al despertar, no haya nada; porque la verdad es que realmente no hay nada para la gente normal que ha trabajado para estos espabilados; seguramente lo mollar de la cuestión está en los paraisos fiscales que albergan las cuentas opacas de los Julios Iglesias y tantos otros vividores a los que los nuevos políticos del relunbron y demás fauna advenediza de la burbuja ,han deteriorado seriamente la imagen de los buenos empresarios de La Costera, porque han ungido su destino al carnaval político del PP, como en las sectas más fanaticas.

Si quereis rematar la faena, os poneis a leer un poco a Blas de Otero, pinchais cualquier disco de Paco Ibañez y mirais al cielo. No se si hay Dios o Justícia que nos ampare, pero el cielo parece de plomo y cae un agua del copón.

Vicent Vercher Garrigós.

CUANDO “CORRER DEPRISA” EN LA CONSTRUCIÓN ES SINÓNIMO DE “FUERTE ESPECULACIÓN”: LOS CASOS DE ASTROC Y LLANERA.

Llanera y Astroc corrieron “muy deprisa”, según Durá

EL PAÍS – Valencia – 12/10/2007

 

Juan Eloy Durá defendió ayer la solidez económica de las compañías de este sector que llevan tiempo en el mercado frente a otras empresas más jóvenes, que han empezado “a correr muy deprisa”, dijo en alusión a las constructoras Astroc y Llanera.

 

 

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El responsable de la federación comentó que “hasta ahora [tanto por parte de los empresarios como de particulares que contaban con ahorros], se invertía en el sector de la construcción porque daba mejor rentabilidad” que otras operaciones, pero señaló que ahora quienes elegían esta opción, “se han ido”. Estimó que “en este momento, la especulación en el sector se ha terminado totalmente” y apuntó que los particulares que invertían en este campo son ahora “competencia directa de los constructores” porque también sacan al mercado sus inmuebles, aunque “a un precio más barato”.

Respecto a las inversiones en suelo llevadas a cabo por empresas constructoras, manifestó que este era el ámbito en el que se producía “una especulación más fuerte”, por encima de las obras realizadas, ya que el suelo se compraba a un precio y poco tiempo después se vendía más caro, incluso “sin estar clasificado”, matizó.

Eloy Durá explicó que “el problema que han tenido algunas empresas es que dentro del balance ponían un precio de suelo como si estuviera ya clasificado”, cuando “realmente no lo tenían” así.

En este sentido, manifestó que hay sociedades que “han invertido mucho, gracias a los créditos que los bancos concedían fácilmente a quien quería entrar en el sector. Ahora se encuentran con una falta de liquidez total” y la negativa de los bancos a renovarles los créditos. Esto es lo que “ha pasado a estas dos empresas en concreto”, agregó Eloy Durá en alusión a Astroc y a Llanera. El presidente de Fevec señaló que hay otras firmas con más solidez y experiencia en el mercado que “no han entrado en esa vorágine de ser número uno”.