VUELVEN LOS CUERVOS.

POLÍTICA

Se beneficiaría así de una ventajosa recalificación de terrenos

Villalonga, dispuesto a comprar el Valencia C.F.

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, podría dar un pelotazo urbanístico en Valencia si finalmente consigue hacerse con los negocios del Valencia C.F. Según ha podido saber El Plural, ultima con el propietario del club y hasta ayer presidente, Juan Soler, la compraventa de sus acciones. El ex amigo de Aznar se beneficiaria así de una provechosa recalificación de terrenos que la alcaldesa de Valencia regaló a la familia Soler para construir un hotel de lujo al lado del nuevo estadio.

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Si el ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, entra finalmente en la explotación de una parte de los negocios del Valencia C.F. “no vendrá solo”, auguran a El Plural fuentes empresariales valencianas que han seguido de cerca la última etapa del club cuyo presidente, Juan Soler, presentó ayer su dimisión a la junta directiva.

Mismos objetivos
El relevo en la presidencia valencianista -que asume ahora el hasta ayer vicepresidente, Agustín Morera, hombre de confianza de Juan Soler- no cambia en nada los objetivos que persiguen Juan Villalonga y Juan Soler. Aquel quiere comprar acciones y éste tiene ganas de venderlas. Soler, de todas formas, sin ser ya presidente del club, sigue siendo el máximo accionista del Valencia C.F.

400 millones de euros
Para que Juan Villalonga – ex amigo del alma de Aznar que amasó una colosal fortuna en Telefónica – llegue a un acuerdo con la familia Soler, se tienen que ventilar previamente unas compraventas de acciones; renegociar varios derechos adquiridos de suelo y liberar avales de pagos pendientes. En total son 400 millones de euros, más o menos. Se dice que Villalonga “tiene dinero”, pero no tanto como para haberse plantado en Valencia, como lo hizo el pasado 26 de febrero, y negociar directamente con Juan Soler la compra de una parte, o de la totalidad, de las 70.000 acciones propiedad de su familia por unos 65 millones de euros.

Fútbol y promociones urbanísticas
A Villalonga le acompañó en esta negociación el ex directivo del Valencia C.F., Vicente Soriano, promotor urbanístico y gestor de suelo en la costa valenciana. Es el segundo accionista del club “ché”, con 10.000 títulos de la SAD, Sociedad Anónima Deportiva. Villalonga, según se ha sabido, trajo debajo del brazo un ambicioso plan de explotación que apunta a una facturación anual de unos 400 millones de euros, cuatro veces la actual del club valencianista.

Nuevo estadio
Ni Villalonga, ni Soriano dan suficiente caché financiero para asumir las multimillonarias operaciones del Valencia C.F. a corto y medio plazo, se asegura por círculos valencianistas. La joya del club es la construcción del nuevo estadio de Mestalla, con una inversión de 338 millones de euros y que abrirá sus puertas en 2009.

Un regalo del Ayuntamiento
El terreno lo ha cedido al Valencia C.F. el ayuntamiento, a través una ventajosa y “barata permuta”, según denuncia la oposición socialista, rematada con una escandalosa recalificación de terrenos. Éste fue el mejor regalo para la familia Soler del Ayuntamiento, entregándole una parcela, a la vera del flamante estadio futurista, para la construcción de un hotel de lujo de 20 alturas. Su valor, una vez construido, será de 120 millones de euros. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prohibía cualquier cambio de uso, pero la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, le dio la vuelta “por el bien de toda la afición valencianista” se dijo desde el consistorio.

¿Aterrizaje del madridista Baldasano?
En las negociaciones de Villalonga con los Soler, se especula que vaya de “tapado” el conocido madridista, Arturo Baldasano, dos veces candidato frustrado a la presidencia blanca y experto en negocios de banca privada y en inversiones financieras de altos vuelos. Baldasano conoce al ex presidente de Telefónica desde que este le nombrara máximo responsable del Terra. Ambos se beneficiaron del “pelotazo” de las “stock opcions” con 500 millones de euros de plusvalías para directivos de la multinacional tecnológica. Villalonga se embolsó, además, 5.500 millones de pesetas por rescindir su contrato. Desde entonces reside en Londres.

Intento de compra del Liverpool
Baldasano fue el factotum y director general del banco de negocios “Promobanc”, de sólida raigambre valenciana. El negocio quebró, tras una serie de operaciones muy arriesgadas de compraventa de suelo y otros activos ligados a la especulación urbanística. A Villalonga y Baldasano, se les recuerda también como “asociados” en una operación fallida, hace dos años, para comprar el club inglés Liverpool, que entrena Rafa Benítez, ex mister del Valencia C.F.

Sin apoyo del campismo
En clave política valenciana, Juan Villalonga dicen que está huérfano. Tiene pocos vínculos con el PP valenciano y son del bando zaplanista, condenado al ostracismo por el campismo, en la lucha fraticida entre Eduardo Zaplana y Francisco Camps. El abogado valenciano, José María Mas Millet, quien fuera secretario del consejo de administración del grupo Telefónica y presidente de Antena 3 con Villalonga, mantiene abierto un despacho profesional en Valencia, pero sin influencia con el campismo triunfante. Prueba de ello, su yerno, José Luis Colvée, antes un “todo terreno” zaplanista, ahora ha abrazado el campismo para siga recibiendo subvenciones públicas una empresa suya de negocios por internet.

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LOS PROMOTORES RECONOCEN QUE HAN CONSTRUIDO EL DOBLE DE LAS VIVIENDAS NECESARIAS.

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Los promotores reconocen que han construido el doble de las viviendas necesarias

Redacción fotocasa.es , 01/02/08, 09:51 h

En los últimos años la construcción en España se ha realizado de manera desproporcionada o al menos eso es lo que reconoce Josep Donés i Barcons, presidente de la Comisión Técnica de la Asociación de Promotores y Constructores, quien asegura que hay: “el doble de viviendas de las necesarias”.

Además, Donés i Barcons asegura que la mayor parte de estas viviendas construidas “no están en uso”, ya que fueron compradas porque “no había productos de inversión en el mercado que les aseguraran el poder adquisitivo de sus ahorros” y augura que estas viviendas podrían entrar ahora en el mercado de alquiler.

 

Al respecto, el presidente de la Apce asegura que las medidas de avales a los propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler promovidas por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat “están bien”, aunque advierte que “hay una absoluta inseguridad ante los impagos” que requiere más garantías.

 

En cuanto al panorama general del sector de la construcción, considera que “no es verdad” que el cambio de coyuntura económica se traduzca en que “todo el mundo quiere alquilar”, sino que “hay una demanda contenida” que está posponiendo su opción de compra.

 

Ademas considera que el futuro del mercado promotor “pasa por la diversificación” y apuesta por la posibilidad de que los promotores puedan construir promociones de viviendas mixtas de alquiler y de compra, por lo que es necesaria una “seguridad jurídica y económica”.

 

8.000 pisos sin vender en Barcelona

 

Donés también asegura que a partir de mediados de febrero, la Generalitat y la Apce llegarán a un acuerdo para determinar qué hacer con los 8.000 pisos nuevos sin vender que tiene Barcelona, según datos de la propia asociación.

 

Y es que debido a la falta de compradores en el mercado libre, parte de este ‘stock’ podrá recalificarse como vivienda social a precio concertado catalán, que permitirá a los ciudadanos con ingresos superiores acceder a vivienda protegida. Según Donés, esta opción “beneficiará a ambas partes”, promotores y ciudadanos, ya que es vivienda de “acceso directo” porque ya está construida, y aseguró que el precio por metro cuadrado que poseerá esta tipología de vivienda social se hará público de “manera inminente”.

EL PINCHAZO INMOBILIARIO HACE UN ROTO DE 5.000 MILLONES DE € A LOS INGRESOS DE LAS CC AA.

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El ‘pinchazo’ inmobiliario hace un roto de 5.000 millones a los ingresos de las CCAA

crisis inmobiliaria

 

@Carlos Sánchez.- – 25/01/2008

 

El pinchazo inmobiliario -más evidente en las viviendas nuevas que en las de segunda mano- amenaza los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Según fuentes que conocen muy de cerca las finanzas regionales, el frenazo en precios y, sobre todo, el descenso en el número de transacciones inmobiliarias supondrá una caída de la recaudación del 30% en los dos tributos cedidos totalmente a las CCAA que tienen que ver con el mercado inmobiliario: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados.El IVA, que es el otro gran tributo que grava la adquisición de viviendas, es de carácter estatal, aunque cedido parcialmente a las regiones. Por esta vía, las comunidades también verán también reducidos sus recursos, pero de forma indirecta.Lo más preocupante para las finanzas regionales es que la carga fiscal que sufre la vivienda ha acabado por convertirse en una fuente fundamental respecto de sus ingresos tributarios totales. En particular para algunas regiones. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, donde nada menos que el 21,9% de sus ingresos procede del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos. A continuación se encuentran Murcia (donde el 17,3% de su recaudación depende de la evolución del mercado inmobiliario), Cataluña (16,3%) y Comunidad Valenciana (15,9%). En el lado contrario, las comunidades autónomas menos vulnerables a un parón inmobiliario son Galicia (6,2% de su recaudación) y Extremadura, apenas el 4% de sus ingresos.

VulnerabilidadEl nivel de dependencia de las finanzas regionales ha ido creciendo de una manera exponencial en los últimos años, hasta el punto de que, según lo presupuestado, el año pasado pensaban ingresar 18.120 millones de euros por esos dos conceptos. Es decir, que una caída en torno al 30% en la recaudación supondría una merma de ingresos superior a los 5.000 millones de euros. Mucho dinero que puede poner en peligro los objetivos de equilibrio presupuestario. Hay que tener en cuenta que hace una decena de años los ingresos totales por ambos tributos apenas ascendían a 2.700 millones de euros, lo que significa que desde 1997 la recaudación vinculada al ladrillo se ha multiplicado prácticamente por siete. El motivo hay que vincularlo fundamentalmente al aumento de la base imponible, ya que al encarecerse los pisos también crece la recaudación al aplicarse los tipos impositivos sobre bases más altas.Ahora bien, la vacas gordas parecen haberse acabado, tal y como apuntan dos indicadores extremadamente fiables: el número de transacciones inmobiliarias inscritas en los registros de la propiedad y el volumen de hipotecas constituidas. En el primer caso, los datos indican que si en el primer trimestre de 2006 se registraron 1.009.192 de transacciones inmobiliarias (incluyendo tanto viviendas como usadas), pero es que durante el tercer trimestre de 2007 la cifra ha caído hasta las 830.000 operaciones. Un síntoma inequívoco de que las comunidades autónomas van a tener muchas dificultades para cumplir su presupuesto.

Otro indicador refleja lo que está pasando. El número de fincas hipotecadas cayó en octubre (último mes con datos disponibles) un 7,9% en términos anuales, y eso también pasará factura a las regiones. Las comunidades autónomas gravan la constitución de hipotecas con un tipo impositivo fijado en función de la base imponible del inmueble, y eso se refleja en la recaudación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Un tributo que hace apenas una docena de años era casi marginal en el sistema tributario español pero que a medida que ha ido creciendo el ‘boom’ inmobiliario ha pasado a ocupar un papel cada vez más determinante. Hasta el punto de que para 2007 se presupuestaron unos ingresos de 7.603 millones de euros, once veces más que hace una década.

EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
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. Comunitat Valenciana

La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia


El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que “los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad”.
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo “la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas”.

La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde “
no ha existido ningún tipo de publicidad“, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, “los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación“. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, “el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como“, tal como lo denunció en su momento el PSPV. “Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa“.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce “sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública” y “perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación”.


Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba “
disolver estas sociedades mercantiles” porque en algunos casos había quedado “sin contenido el objeto social de las empresas constituidas”.


Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.

LOL MULTIMILLONARIOS SOBRECOSTES DE LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS VAN EN CONTRA DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Y SANITARIOS.

732592.jpgLa Ciudad de las Artes cuesta de más como una nueva Fe y media

J. L. OBRADOR. 21.12.2007

  • El gasto extra que acumula todo el complejo de Calatrava suma 431,4 millones de euros.
  • El presupuesto del futuro hospital que se construye en Valencia es de 269 millones.
  • El Síndic de Comptes denuncia que Calatrava cobra 861.000 euros que no le corresponden.
El sobrecoste que acumula la Ciudad de las Artes y las Ciencias alcanza los 431,4 millones de euros, según el informe de 2006 del Síndic de Greuges. Con este dinero de más gastado (un 238% de incremento respecto al presupuesto inicial) se podría haber construido 1,6 hospitales como la nueva Fe que se está levantando en Malilla. El presupuesto de este macrocentro sanitario es de 269 millones de euros (216 corresponden a la obra y 53 al equipamiento).Sólo en el Palau de les Arts, hasta finales de 2006 (es decir, antes de reparar incidentes como los provocados por las inundaciones de octubre) se llevaban gastados 345 millones (un 316% más de lo previsto), una cantidad por sí sola superior a lo que costará el hospital.

En el documento que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, el Síndic recomienda evitar modificaciones que alteren los proyectos iniciales, ya que repercuten en el precio y en el plazo de las obras.

Calatrava, dinero extra

Según el informe el creador de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Calatrava, ha cobrado ya, por adelantado, 3.962.125 euros por el proyecto y ejecución del Ágora, la plaza porticada que servirá como punto de esparcimiento de este recinto. Sin embargo, Calatrava debería percibir 3.100.493 euros.

La trampa está en que su retribución se calcula sacando el 7,5% del coste del proyecto y la ejecución de las obra, pero esta cifra ha variado. En un principio, el Consell estimó que rozaría los 53 millones de euros, pero al final se adjudicó por 41,3 millones. Pese a esta rebaja, los honorarios de Calatrava se siguen calculando sobre la cifra superior, con lo que percibe los 3,9 millones, un 25% más de lo que le toca.

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LA PETICIÓN DE LA COMISIÓN EN EL CASO TOTANA FUÉ GRABADA.

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corrupción urbanística La petición de la comisión del caso Totana fue grabada

Al parecer, el anterior alcalde aludió al pago de tres millones de euros para recalificar suelo rústico

Autor:
La Voz var d = new Date(1197500400000);
Fecha de publicación:
document.write(d.getDate() + “/” + (parseInt(d.getMonth())+1) + “/” + d.getFullYear());13/12/2007

La exigencia del pago de comisiones a cambio de proceder a la recalificación masiva de suelo rústico en el municipio murciano de Totana cuenta con respaldo pericial determinante, según reconocen fuentes del caso por el que están imputadas más de una docena de personas, entre ellas un abogado y promotor vigués y uno de sus ex empleados. Tal y como adelantó La Voz de Galicia el pasado 30 de noviembre, desde los entornos del anterior y actual gobierno municipal de Totana -del PP- se pudo haber reclamado el pago de tres millones de euros a una de las empresas del letrado gallego Manuel Núñez a cambio de que el Ayuntamiento murciano modificase en su nuevo plan general la calificación de 2,2 millones de metros cuadrados de carácter rústico, para que la empresa viguesa Inmonuar pudiese levantar 5.040 viviendas, un campo de golf, dos spa y un hotel en el municipio.

Diversas fuentes aluden incluso a la existencia de cintas telefónicas grabadas donde algunos de los imputados hacían mención a dicho «cazo», y a la exigencia de que la comisión fuese abonada en varios pagos.

Operación respaldada

Pese al secreto de sumario decretado, hasta ahora ha trascendido que el empresario murciano que fue detenido el día en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil puso en marcha la operación Tótem hizo supuestamente de puente entre los implicados del Ayuntamiento de Totana y la empresa promotora viguesa.

La operación urbanística fue en todo momento saludada por el equipo del anterior alcalde y ahora diputado regional del PP, Juan Morales, así como por su sucesor en la alcaldía, al suponer la construcción de más de cinco mil viviendas en una localidad que agrupa a poco más de veinte mil vecinos. A cambio de la recalificación de las parcelas adquiridas por la firma viguesa en la pedanía del Reiguero, el Ayuntamiento totanés iba a recibir un total de 4,9 millones de euros, tal y como aprobó la corporación, solo con los votos del PP en una sesión en la que también recibieron el visto bueno otros 48 convenios. En la mayoría de ellos el consistorio pudo haber recibido dinero en metálico por parte de los promotores, en lugar de obras o infraestructuras para el municipio, como es más habitual.

Pagos al Ayuntamiento

La firma viguesa Inmonuar ya había ingresado en las arcas municipales 2,4 millones de euros, la mitad de ellos en el momento de la firma del convenio y la otra mitad tras la aprobación inicial del nuevo plan. El montante restante estaba estipulado que se pagase cuando se aprobase definitivamente el plan totanés el próximo mes de enero.

El dinero rodeó la operación de una forma constante, ya que además de ser abonados a todos los propietarios de las fincas rústicas 24 euros por metro cuadrado, donde solo valía 6, la promotora viguesa pagó también 18.000 euros en mano y como señal a todos los dueños que accedieron a vender su suelo, según admitieron varios de ellos.

GARANTÍAS JURIDICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO.

Garantías jurídicas, planificación y desarrollo urbano PDF Imprimir E-mail
Ignacio Pérez Sarrión   
28.11.2007

ImageVivimos en un estado de derecho, un estado quizás –en mi opinión, en algunos aspectos- excesivamente garantista. Digo esto porque la cantidad de normas, procedimientos, plazos y recursos, pueden legar a provocar inseguridades jurídicas e impiden en ocasiones un funcionamiento mínimamente ágil de la administración si se pretende ser eficaz, como por otra parte se demanda por los ciudadanos. Uno nunca está seguro de estar cumpliendo meticulosamente todos y cada uno de los matices de los procedimientos de aplicación del derecho, dada la estructura de personal existente, el escaso tiempo con que se cuenta por las personas que tienen que tratar multitud de tareas diferentes en soledad (FHE) y los medios materiales con que se cuenta.

Resulta curiosa  oír en los pueblos la expresión “te denunciaré”, o “le denunciaré“, cuando se piensa que si es el Ayuntamiento la administración responsable de sancionar una transgresión determinada y éste no tiene ni funcionarios, ni medios adecuados, ni ordenanzas tipificadoras de las conductas sancionables  ni por su puesto sanciones previstas, difícilmente, por no decir de manera prácticamente imposible, se tramitarán procedimientos sancionadores. Ejemplo de la situación sin ir más allá es las infracciones de tráfico que se cometen continuamente en todos los pequeños pueblos y que quedan impunes. Cuantitativamente no son muchas, pero cualitativamente pueden ser muy importantes y resulta penoso que en muchas ocasiones haya que transigir con comportamientos sumamente inapropiados.  

En los pequeños pueblos no hay policía local ni medios para tramitar los procedimientos sancionadores. Así, uno puede aparcar su vehículo en medio de la plaza, hacer ruido a las dos de la mañana, echar las basuras al contenedor sin bolsa y muchas otras conductas reprobables sin que, jurídicamente, pase nada.

Habría que en alguna ocasión hacer un estudio sociológico –quizás se haya hecho- del efecto que para la convivencia puede ejercer el control social de una comunidad pequeña o mediana, porque en estos lugares, es la reprobación social la que sirve de control y no evidentemente el control jurídico. Es el vecino de al lado, que conoce quién eres, de quién eres hijo, en qué trabajas, cuando sales y entras, en fin, tu vida de pé a pá, quien a corto o medio plazo te llegará a hacer algún comentario sobre lo inadecuado de tu comportamiento. SI eres normal y no te habías dado cuenta, te sonrojas y cambias. En otro caso, está servido el inicio seguro de una rencilla que perdurará en el tiempo.

Sin embargo los pueblos de la periferia de las ciudades crecen muy rápido. Como consecuencia de la carestía de la vivienda en la ciudad, la gente joven se desplaza a estos pueblos a vivir en los típicos adosados, prohibitivos veinte kilómetros más cerca del centro de la ciudad. Así, sin darse cuenta apenas, municipios muy pequeños en los que todos se conocían, pasan de repente a convertirse casi en ciudades-dormitorio a los que se acude sólo por la noche. Desparece (o es mucho más difícil) el control social moderador de conductas, porque no se sabe quién es el que vive al lado ni a qué se dedica. Estas personas están tan ocupadas trabajando que tampoco se integran apenas en la vida social del pueblo.

Creo que estos efectos no se tienen en cuenta en la práctica a la hora de permitir o promover el crecimiento de los municipios aledaños a las metrópolis. Allí, en la ciudad, miles de policías vigilan y sancionan. En ese pueblo, apenas treinta kilómetros alejado de aquélla, casi no hay normas (un amigo mío decía parafraseando los western que esto es el oeste, “no hay ley al oeste del Río Pecos”), sólo casi hay miradas de reproche o censura si uno no se comporta normalmente. Afortunadamente ese control social es en muchos casos suficiente para lograr una convivencia adecuada. Pero no en otras ocasiones.

Las cosas cambian rápidamente y son conocidos los casos de municipios que han pasado de ochocientos o mil habitantes a más de cuatro mil o más en menos de una década. Ese fenómeno, de forma inmediata, supone riqueza económica de poblaciones hasta hacía poco depauperadas, en forma de ingresos derivados de la actividad urbanística y poblacional: operaciones urbanísticas, convenios, permutas, IBI, plusvalías, aumento de participación en el FNCM, aumento del IVTM, etc. Si por una parte se dispone entonces de mayores recursos obteniendo nuevos equipamientos y optimizando los existentes, por otra parte se pierde esa cohesión social que como comunidad pequeña se tenía.

Creo que es importante que los gobiernos locales, antes de fomentar un desarrollo desmedido, decidiesen reflexivamente si es conveniente ese crecimiento, hasta qué límite, con qué previsiones, qué medios se van a necesitar y, en definitiva, planificar a medio plazo. Yo creo que en ocasiones sólo se actúa por intuición, simplemente se da por supuesto que aumentar población es en sí mismo lo correcto, sin tener en cuenta otras implicaciones a valorar cuidadosamente. E igual que se planifica el crecimiento urbanístico a través de un PGOU, habría que planificar los equipamientos necesarios según población y a medida que se vaya creciendo, necesidades de nuevos servicios, supuestos de pirámides poblacionales, dónde está el umbral en el que será necesario y sostenible económicamente disponer de algunos servicios, cuándo será necesario disponer de policía local (a reservas de las previsiones legales sobre el particular), qué medios jurídicos y técnicos se necesitarán, y un largo etcétera de cuestiones que me da la impresión que se van solucionando sobre el momento.

Visto en el Blog esPublico