El Defensor del Pueblo lleva ante el Tribunal Constitucional a la Generalitat Valenciana.

EP Social

recurre una parte de la gestión de la Ley de Dependencia

El Defensor del Pueblo lleva ante el Constitucional a la Generalitat Valenciana

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La institución acusa al Gobierno valenciano de “obstaculizar” la aplicación de la norma

   MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) –

   El Defensor del Pueblo ha presentado esta mañana un Recurso de Inconstitucionalidad contra un aspecto de la gestión de la Generalitat Valenciana sobre la Ley de Dependencia, según informaron a Europa Press fuentes de esta institución.

   En concreto, el Defensor del Pueblo ha interpuesto el recurso contra la disposición adicional 11 de la Ley de Presupuestos de esta comunidad para el ejercicio 2008, que establece que las personas valoradas por la Generalitat deben entender que su solicitud ha sido desestimada si no han recibido respuesta en el plazo de seis meses.

   Esta disposición, introducida en el Parlamento valenciano a través de una enmienda del PP, cambia el concepto de ‘silencio administrativo’, que significa que si la Administración no responde a la solicitud de un ciudadano es que ésta ha sido atendida. Con este cambio, el ‘silencio administrativo’ pasa de ‘positivo’ a convertirse en ‘negativo’ en esta comunidad.

   “Las administraciones tienen la obligación de notificar y explicar por escrito por qué han rechazado un derecho fundamental. Lo que han hecho es completamente ilegal”, señalaron fuentes del Defensor del Pueblo a Europa Press.

“CAMUFLADAMENTE”

   Además, estos mismas fuentes critican que esta reforma se “haya metido en una ley, la de presupuestos, que no tiene absolutamente nada que ver” con la dependencia. “Este cambio lo han metido en una ley distinta, camufladamente, para que no se entere nadie. Esto claramente vulnera el principio de seguridad jurídica”, apostillan.

   Por todo ello, desde el Defensor del Pueblo acusan a la Generalitat Valenciana de “obstaculizar” la aplicación de la Ley de Dependencia, y recuerdan que los dependientes son ciudadanos que por su situación ya se encuentran en condiciones “de especial vulnerabilidad”.

   Igualmente, los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han criticado que la Generalitat, gobernada por el PP, “ha boicoteado” la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 2007.

   El Defensor del Pueblo entiende que “no puede permanecer impasible” ante la entrada en vigor de esta disposición “mediante un procedimiento impropio”, que, además, “afecta a un colectivo de ciudadanos necesitados de especial protección”.

   El recurso ha sido interpuesto a raíz de la queja formal presentada a mediados de enero por el sindicato UGT ante del Defensor del Pueblo, que posteriormente recibió otras dos quejas más de particulares sobre este mismo asunto.

ESPERANZA AGUIRRE DEVUELVE DINERO QUE EL ESTADO DESTINA A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

MACRO/VIDA

La comunidad de Madrid veta la lucha contra la violencia de género

Aguirre devuelve fondos que el Estado destina a luchar contra esta lacra

ELPLURAL.COM

La violencia de género continúa siendo un fenómeno problemático en España. El Gobierno destina una gran cantidad de dinero para frenar esta lacra, además de haber impulsado diversas iniciativas con el fin de frenar el problema. Sin embargo, el PSOE madrileño ha denunciado que la Comunidad de Madrid, lejos de aprovechar los recursos gubernamentales para atajar el problema, esta devolviendo “al Estado fondos para luchar contra la violencia de género”, lo cual “no es de recibo”.

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La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Ménendez, ha acusado a la Comunidad de Madrid de devolver fondos del Estado destinados a luchar contra la violencia de género. Menéndez recordó que el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, llegó incluso a trivializar el asunto de los fondos destinados a luchar contra esta lacra. Para el PSOE “no es de recibo” que se devuelvan estos fondos, cuando continúan produciéndose muertes por violencia de género en la Comunidad de Madrid, como demostró el asesinato reciente de una mujer a manos de su esposo en Arganda. “Es un grave problema de todos y entre todos lo tenemos que parar”, exigió Menéndez.

EpC y legislación social
Maru Menéndez también señaló que le parece necesario el que se den clases de Educación para la Ciudadanía para educar a los ciudadanos desde niños en la lucha contra la violencia de género. Además, Menéndez considera que hay que incidir en el ámbito educativo y aplicar la Ley de Violencia de Género, aplicando también la Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha omitido de Educación para la Ciudadanía todos los elementos relacionados con la prevención de la violencia machista.

“Inversión más potente”
La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, aseguró que hay una cierta “incapacidad” común en toda España a la hora de aplicar las leyes contra la violencia de género. Por ello, considera que deben tomarse medidas que “generen” de verdad una reacción positiva. En cuanto a la Comunidad de Madrid, asegura que existe una falta “en inversión más potente en recursos” para la lucha contra la violencia de género, y pese a ello el Gobierno de Esperanza Aguirre continúa devolviendo fondos que no utiliza al Estado.

Observatorio
Por otro lado, tras conocerse el asesinato de la mujer de Arganda, el PSOE denunció que el Observatorio de la Violencia de Género madrileño no está funcionado como debiera. Y pese a que parece que las medidas para atajar el problema no parecen funcionar en la comunidad autónoma, el Gobierno de Aguirre continúa devolviendo los fondos entregados por el Estado para la lucha contra la violencia de género.

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La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Ménendez, ha acusado a la Comunidad de Madrid de devolver fondos del Estado destinados a luchar contra la violencia de género. Menéndez recordó que el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, llegó incluso a trivializar el asunto de los fondos destinados a luchar contra esta lacra. Para el PSOE “no es de recibo” que se devuelvan estos fondos, cuando continúan produciéndose muertes por violencia de género en la Comunidad de Madrid, como demostró el asesinato reciente de una mujer a manos de su esposo en Arganda. “Es un grave problema de todos y entre todos lo tenemos que parar”, exigió Menéndez.

EpC y legislación social
Maru Menéndez también señaló que le parece necesario el que se den clases de Educación para la Ciudadanía para educar a los ciudadanos desde niños en la lucha contra la violencia de género. Además, Menéndez considera que hay que incidir en el ámbito educativo y aplicar la Ley de Violencia de Género, aplicando también la Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha omitido de Educación para la Ciudadanía todos los elementos relacionados con la prevención de la violencia machista.

“Inversión más potente”
La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, aseguró que hay una cierta “incapacidad” común en toda España a la hora de aplicar las leyes contra la violencia de género. Por ello, considera que deben tomarse medidas que “generen” de verdad una reacción positiva. En cuanto a la Comunidad de Madrid, asegura que existe una falta “en inversión más potente en recursos” para la lucha contra la violencia de género, y pese a ello el Gobierno de Esperanza Aguirre continúa devolviendo fondos que no utiliza al Estado.

Observatorio
Por otro lado, tras conocerse el asesinato de la mujer de Arganda, el PSOE denunció que el Observatorio de la Violencia de Género madrileño no está funcionado como debiera. Y pese a que parece que las medidas para atajar el problema no parecen funcionar en la comunidad autónoma, el Gobierno de Aguirre continúa devolviendo los fondos entregados por el Estado para la lucha contra la violencia de género.

EL GRUPO DE SOCIALISTAS CRISTIANOS TAMBIEN RESPONDE AL COMUNICADO DE LOS OBISPOS.

logo-psoe.jpgEl grupo Socialistas Cristianos también responde al comunicado de los obispos

“El Evangelio es contrario a la discriminación, también la de los homosexuales”

D.M.

Continúan las reacciones al comunicado de la jerarquía católica, en el que los obispos pedían veladamente el voto para el Partido Popular. En esta ocasión ha sido el grupo Socialistas Cristianos el que en Salamanca y a través de su portavoz, Carlos García Andoaín, se han manifestado en contra del comunicado de la jerarquía y matizando que en las elecciones el voto debe ser “en conciencia y responsable”, contribuyendo al “pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas”.

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Al mismo tiempo, Socialistas Cristianos recuerda que un 78,7% del electorado del PSOE se define como católico, según los datos del CIS. Por lo que este electorado no puede compartir políticamente la nota emitida por los obispos. Por ello, Socialistas Cristianos pide un voto en “conciencia y responsable”, considerando al mismo tiempo que pese a la polémica de los últimos días “hombres y mujeres católicos pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos”. Con un matiz: “Ninguna opción política se puede identificar con el Evangelio”.

Voto responsable
Para ejercer el voto responsable Socialistas Cristianos considera que hay que prestar “atención detenida a las ofertas de cada partido y un discernimiento de la tarea realizada a lo largo de la legislatura”. Y al mismo tiempo prestar atención a que los “representantes de la soberanía popular” cumplan con una acción política “de acuerdo a los valores éticos compartidos que dimanan de la Constitución y de la Carta de los Derechos Humanos”.

Con los homosexuales
Socialistas Cristianos también defiende en su comunicado a la familia, pero señalando al mismo tiempo que, aunque la familia “es célula fundamental de la sociedad”, el Evangelio “es contrario a cualquier tipo de discriminación, también de las personas homosexuales”.

Derecho a la vida
En cuanto al derecho a la vida, Socialistas Cristianos señala que “no cabe justificación explícita ni implícita de la acción terrorista”, puesto que “la defensa del inviolable derecho a la vida es el primer valor que debe ser defendido en la sociedad española”. Al mismo tiempo, y en lo que parece relacionado con el derecho al aborto, la agrupación insiste en que “sin embargo, la tradición cristiana no exige imponer estos valores por la persecución a través del código penal al conjunto de la sociedad. Corresponde a la prudencia política determinar los modos legislativos más adecuados para una preservación inequívoca de estos valores en situaciones límite y en cada contexto social”.

“Principio de la sana laicidad”
Socialistas Cristianos también insiste en su comunicado sobre la necesidad de promover el “principio de la sana laicidad”. Por ello, “saludamos la política de igualdad de trato hacia las confesiones religiosas con notorio arraigo” y “estimamos Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos como una contribución al pleno desarrollo de la personalidad humana a que debe contribuir la escuela”.

ZAPATERO AFIRMA QUE ESPAÑA ESTÁ EN UN “BARCO SEGURO” ANTE LA TORMENTA CREADA POR LA CRISIS HIPOTECARIA DE EE UU.

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Zapatero afirma que España está en un ‘barco seguro’ ante la tormenta creada por la crisis hipotecaria de EEUU

BRAGA (PORTUGAL), 19 (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Beatriz Fernández)


El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió hoy en que España se encuentra en un ‘barco seguro’ ante la tormenta originada en la economía internacional por la crisis hipotecaria de Estados Unidos.En rueda de prensa conjunta con el primer ministro portugués, José Sócrates, al término de la XXIII Cumbre luso española, rehusó avanzar si el programa electoral del PSOE contemplará alguna medida fiscal de choque para devolver dinero a los ciudadanos y evitar la desaceleración económica. ‘Forman parte del programa electoral’, dijo Zapatero por lo que pidió ‘esperar al programa electoral’.El presidente del Gobierno justificó la ‘solidez’ de la economía española en la creación de tres millones de empleos, el ‘aumento del capital físico y en inversión’ y en un superávit de las cuentas del 2% del PIB, elementos, señaló, que dan a España ‘un margen importante de maniobra para reaccionar’.No obstante, admitió que España tiene un ‘problema de precios’ como consecuencia de la subida de la inflación. ‘Es el principal problema, que como ha explicado el vicepresidente económico va a moderarse, especialmente a partir de marzo, para terminar 2008 seguramente por debajo del 3%’, dijo.

En este sentido, recordó que el Gobierno tiene un conjunto de medidas destinado a las familias ‘muy importante, en materia de subida de pensiones, de subida del salario mínimo interprofesional, de prestación por nacimiento’, junto con la rebaja del IRPF o del Impuesto de Sociedades. ‘Por supuesto seguiremos haciendo todas las medidas que sean necesarias’, señaló.

En alusión a la política económica del presidente estadounidense, avalada, dijo, por personas como el ex presidente de Endesa Manuel Pizarro, ‘fichado’ por el PP, aseguró que las recetas que fracasan son las de los neoconservadores, de cuyo modelo Zapatero dijo estar muy lejos y cerca de un ‘modelo productivo, de cohesión, de bienestar’.

EL GOBIERNO VALENCIANO OBSTRUYE LA LEY DE DEPENDENCIA Y DEJA INDEFENSOS A MILES DE VALENCIANOS, SEGÚN EL INFORME DE LA SINTICATURA DE GREUGES.

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La demora de Bienestar Social en declarar los grados de minusvalía bloquea ayudas a los discapacitados

La Síndica realiza una crítica “feroz” del tratamiento a enfermos mentales

J. L. G./E. P., Valencia
La vertiente asistencial y sanitaria de la gestión de la Generalitat Valenciana es una de las que peor paradas salen del informe de la Sindicatura de Greuges correspondiente a 2006. La responsable de la institución se muestra crítica por la reiteración, “año tras año”, de las quejas en relación a la tardanza de Bienestar Social en resolver la calificación y establecer el grado de minusvalía de las personas discapacitadas. Se trata de quejas tramitadas en 2006, pero de plena vigencia, en relación con el bloqueo que sufre la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana.
Especialmente gráfica resulta la reflexión de la Síndica, Emilia Caballero, en una queja de oficio: “¿De qué sirven todas las políticas legislativas, organizativas, presupuestarias y de todo tipo a favor de los discapacitados, si la puerta de entrada a ellas está cerrada y tarda más de un año en abrirse desde que se llama?”.
Además, el informe se refiere a quejas de ciudadanos hacia otras administraciones “en las que en realidad la Conselleria de Bienestar Social es la responsable del problema”.
A modo de ejemplo, la Síndica explica que un ayuntamiento no creaba la plaza de aparcamiento que un ciudadano discapacitado le reclamaba: el consistorio alegaba que “todavía no se había dictaminado sobre la minusvalía”.
En definitiva, se constata “no ya una falta de eficacia sino el incumplimiento del plazo máximo para resolver”.
Ante esta situación, la Síndica pide a la Administración en su Informe de 2006 que resuelva la tramitación de los expedientes de calificación del grado de minusvalía “en el menor tiempo posible y, en todo caso, dentro del máximo reglamentario establecido”.
Falta rehabilitación e integración
Además, la Síndica se refiere también a la “ausencia de centros para discapacitados en la Comunitat” y en este sentido, recuerda a la Conselleria de Bienestar Social que la Constitución “encomienda a los poderes públicos la realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos”.
Por otro lado, en el apartado de Atención Socio-Sanitaria recoge quejas relacionadas con la atención a personas convalecientes y terminales, y a aquellas personas que padecen enfermedades mentales, apartado este último en el que realiza una crítica “feroz” a la “carencia” en el ámbito sanitario de programas de tratamiento asertivo, y reconoce que la situación en el caso de los centros residenciales es mejor, aunque “dista mucho de ser óptima”, matiza.

LA MINISTRA DE LA VIVIENDA SE COMPROMETE A ABONAR LA AYUDA A LA VIVIENDA JOVEN 15 DÍAS DESPUÉS DE QUE SEA APROBADA LA SOLICITUD.

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Chacón anuncia que Vivienda abonará la renta 15 días después de aprobar la solicitud

Hasta ayer cerca de 200.000 jóvenes de toda España han adquirido el formulario para conseguir la Renta Básica de Emancipación
El Ministerio de Vivienda abonará las ayudas de la renta básica de emancipación en quince días, una vez sea aprobada la solicitud correspondiente por parte de los servicios de las comunidades autónomas, según afirmó ayer la ministra Carme Chacón.
financiero digital/efe

madri
Esta renta contempla ayudas de 210 euros mensuales para los jóvenes de entre 22 y 30 años que desean alquilar un piso y dispongan de ingresos regulares de menos de 22.000 euros brutos anuales, entre otras subvenciones, como 600 euros para la fianza del alquiler.

Chacón indicó que el máximo de tiempo de que dispone el Ministerio para responder a las solicitudes es de dos meses pero que espera puedan reducirse a quince días, tras ser aprobadas por las diversas comunidades autónomas con competencias en vivienda.

Hasta ayer, cerca de 200.000 jóvenes de toda España adquirieron el formulario para conseguir la Renta Básica de Emancipación, la denominada ayuda para el alquiler. A las más de 100.000 descargas que se produjeron el miércoles, ayer hay que sumar otras 34.200 de jóvenes que han accedido a los formularios a través de la página http://www.alquilerjoven.es y otros 30.000 que los han solicitado a través de la web del Ministerio.

A través de los sitios de Moncloa, Consejo de la Juventud de España, Ministerio de Administraciones Públicas y Sociedad Pública de Alquiler, con los que se ha reforzado la red, se han producido más de 8.000 descargas de solicitudes. A esta cifra hay que sumar los 18.000 jóvenes que, según estima el Ministerio, han acudido físicamente a las oficinas de Vivienda de sus respectivas comunidades o ciudades autónomas.

El Ministerio prevé que 360.000 jóvenes españoles accedan a estas ayudas durante este año, pero “si lo piden el doble, se concederá el doble de ayudas”, dijo Chacón, que añadió que “cuantos más jóvenes sean mejor”, porque España está a la cola de Europa en emancipación juvenil.

También se ha reforzado el servicio telefónico, ya que recibió 53.000 llamadas en una mañana, “el doble que en todo el mes de diciembre”, dijo la ministra, que atribuyó la “solicitud masiva de ayer (por el miércoles)” al gran número de jóvenes que “trabajan y quieren emanciparse pero el precio de la vivienda no se lo permite”.

Por otra parte, la ministra de Vivienda aseguró que “no vamos a permitir” que se cometan abusos en el incremento de los alquileres y que, de hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos no permite que se incremente el precio del alquiler más allá del IPC mientras está vigente el contrato.

Además, rechazó que las ayudas al alquiler provoquen un efecto inflacionista en el mercado de la vivienda y que el Plan de la Vivienda facilita ayudas y productos de seguros que garantizan a los arrendatarios posibles impagos y desperfectos.

 

EL PP DE LA COMUNITAT VALENCIANA OBSTRUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.

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POLÍTICA

 17/12/2007

La derecha provoca “una situación social límite” en detrimento de los discapacitados

El bloqueo del PP valenciano a la Ley de Dependencia envía al paro a 186 trabajadores sociales

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El próximo 31 de diciembre se va a llegar en la Comunidad Valenciana a una “situación social límite”, según alerta el sindicato CC.OO. Este punto crítico será el resultado del persistente bloqueo que el gobierno conservador del PP está haciendo a la aplicación de la ley de Dependencia que promueve el ejecutivo socialista.

Según confirma a El Plural la responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Adelaida Vega Roca, en la fecha marcada, los 186 trabajadores sociales que desde septiembre se encargaban en Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de evaluar y redactar informes de las solicitudes de ayudas, irán a engrosar las listas del paro.

Todos al paro
Desde la administración autonómica se justifican los despidos en cadena porque las convocatorias están planificadas para cubrir períodos de seis meses, “dependiendo de que hayan existencias de fondos en los presupuestos”. Esta última condición es la que más inquieta a los afectados por el despido. En las cuentas de la Generalidad Valenciana para 2008 no figuran partidas específicas para estos fines. Se deduce, desde la oposición de izquierdas, que se está pretendiendo cubrir los costes únicamente con las transferencias del gobierno central. Para 2008 rondarán los 80 millones de euros.

Sin garantías
En cualquier caso, los trabajadores sociales cesados no esperaban la carta de despido, sino otra a la inversa que les confirmara en sus puestos automáticamente, para no entorpecer sus tareas con la discontinuidad forzada que ahora tienen que soportar, sin garantía formal de que vuelva al trabajo más adelante algún día.

Una trabajadora afectada
Una de las trabajadores sociales afectadas por este parón laboral, Virginia Tovar, explica que con esta manera de actuar se ocasiona un mayor retraso en la gestión de las ayudas -“que es lo que persigue la Generalitat Valenciana”, insiste– para que la aplicación de la ley socialista parezca un rotundo fracaso, al menos en la autonomía valenciana.

Todo “en saco roto”
Además del quebranto económico personal, los trabajadores sociales se quejan de que todo lo que han avanzado durante los últimos cuatro meses “caerá en saco roto”. Se tendrá que empezar de nuevo, en detrimento de quienes tienen que percibir las ayudas económicas, es decir las personas mayores con problemas de movilidad y personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Sistema de contratación
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia, Pilar Rueda, reconoce a El Plural que el método de contratación empleado por el Consell para estas taras técnicas en ayuntamientos “no es bueno”. Dice que genera inestabilidad en el técnico y, muy posiblemente, una merma de calidad de servicio, dada su precariedad. Añade otro problema, al denunciar que entre los contratados de la primera convocatoria “muchos no eran titulados sociales”, asegura, dando a entender que ha podido haber mano ancha para el “enchufismo”.

A cuatro meses vista
Pese al malestar y a la incertidumbre general que reinan en los profesionales sociales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), responsable de distribuir en los Ayuntamientos los recursos para cubrir los gastos de personal de atención, ha vuelto a publicar el pasado 10 de diciembre otra convocatoria, idéntica a la que publicó en julio. A ella van a tener que acudir de nuevo los Ayuntamientos, 117 en total, si quieren volver a tener operativos los servicios de atención. Por rápido que se actúe, este duplicado proceso de selección se alargará hasta el mes de abril o mayo, después de las elecciones generales de marzo.

Ritmo lento
Además de este taponamiento en los ayuntamientos, al modelo adoptado por la Generalidad Valenciana le están lloviendo críticas de variada índole. Los sindicatos le acusan de llevar un ritmo muy lento. Hace una semana se publicó un informe de ámbito estatal en el que la Comunidad Valenciana, junto con la madrileña, está a la cola respeto al resto de Gobiernos regionales. En territorio valenciano todavía nadie, de los muchos miles de ciudadanos que tienen derecho a cobrar, ha percibido estas ayudas. En Navarra, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha se han empezado a abonar, con tarifas entorno a los 489 euros mensuales para beneficiarios que viven en el entorno familiar y 657 euros cuando se contrata una persona para su cuidado.

Incumplimiento de una ley estatal
De entre todos los desajustes y errores de aplicación que se achacan a la Generalidad Valenciana, el más grave es el que pone sobre el tapete la trabajadora social, Virginia Tovar. Advierte que de no firmarse el convenio con el Gobierno antes de que finalice este año a la Generalidad Valenciana, se le puede acusar de “incumplimiento de una ley estatal”, con lo que ello significa, si se actúa por la vía judicial.

AYUDAS A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.

Ayudas a las familias monoparentales

Las familias monoparentales gozarán desde 2008 de las mismas ventajas que las numerosas al solicitar becas y subvenciones, u obtener bonificaciones para el transporte

Las familias que tengan dos o más hijos a su cargo tendrán las mismas ventajas fiscales que las familias numerosas -las formadas por tres o más hijos- a partir de 2008. Además, obtendrán las mismas ventajas que éstas a la hora de solicitar becas, ayudas o subvenciones para la enseñanza y bonificaciones en los transportes. Asimismo, desde el próximo ejercicio se podrán beneficiar de las acciones protectoras que se desarrollen en materia de vivienda y en el ámbito educativo, a través de exenciones y bonificaciones en los precios de los colegios públicos, y se les aplicará, como mínimo, una reducción del 50% en el precio de entrada a los museos de titularidad estatal.

  • Autor: Rosa M. López Maroto | 
  • Fecha de publicación: 12 de diciembre de 2007

M Nota

Las familias compuestas por viudos, personas separadas, divorciadas o solteras que tengan dos o más hijos a su cargo se equiparan a partir de ahora (el próximo mes de enero)a las familias numerosas, ya que gozarán de los mismos beneficios que éstas en materia de transporte, vivienda, colegios o museos. De este modo, cualquier miembro de una familia monoparental tendrá derecho a reducciones en los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo -que oscilan entre el 20% y 50%-, y a bonificaciones, entre el 5% y el 10%, sobre las tarifas por servicios regulares nacionales de transporte aéreo.

En materia de vivienda podrán acogerse a la mejora de las condiciones para acceder a las ayudas financieras para la adquisición de una casa, y a las facilidades que se conceden para el cambio a una vivienda protegida o usada de mayor superficie, cuando se produzca la ampliación del número de miembros de la estructura familiar. Las comunidades autónomas tienen previsto seguir esta misma política y aplicar a la familias monoparentales con dos o más hijos la mismas ventajas que a las numerosas. ¿En qué medidas se concretan estas ayudas autonómicas?

Carné oficial

En Cataluña se creará un carné oficial por el que se acreditará, entre otros, a las madres solteras. Para obtenerlo, los interesados tendrán que cumplir una serie de requisitos como presentar el NIF vigente del solicitante, el libro de familia completo, el certificado de defunción en caso de viudedad, la resolución judicial de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas. Se contemplan situaciones especiales en las que no se podrá acceder a estas ayudas como en el caso que el solicitante reciba una pensión del ex cónyuge.

En Cataluña las familias monoparentales con hijos menores de seis años reciben 700 euros anuales de subvención

Esta medida amplía las prestaciones que hasta ahora recibían las familias monoparentales en Cataluña, en donde se reconocen, sin embargo, algunos derechos específicos a estos núcleos de convivencia. Las familias de este segmento social que tengan hijos menores de seis años reciben una ayuda económica anual de 700 euros, la misma que reciben las familias numerosas. Sin embargo, hasta ahora, no se contemplaba la equiparación en la matriculación de los hijos en los centros escolares, las becas de comedor, o los descuentos en el recibo del agua, por citar solamente algunos ejemplos.

Subvenciones

La gran mayoría de comunidades autónomas españolas dispone de una amplia serie de prestaciones complementarias destinadas a los núcleos monoparentales, que van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas económicamente, a una extensa batería de ayudas y subvenciones para alguno o varios de sus miembros. Guarderías en las que tienen prioridad los hijos de mujeres con cargas familiares o subvenciones de estancias de vacaciones para mujeres con hijos de forma exclusiva son algunos ejemplos de las medidas que contempla la administración autonómica para este segmento social.

La Comunidad andaluza, dentro de las ayudas económicas dirigidas a este núcleo, dispone de programas de ayuda de emergencia social e inserción social, recursos complementarios para cubrir las necesidades de subsistencia, y prestaciones económicas para los gastos de comedor infantil. Las familias monoparentales de Aragón reciben las ayudas generales del Estado, aunque también hay algunas específicamente destinadas a la educación de los hijos. En Asturias, el apoyo se circunscribe al ámbito municipal, como el programa de intervención para mujeres con hijos a su cargo en el municipio de Avilés, y las ayudas económicas para mujeres con cargas familiares que funciona a través del ayuntamiento de Gijón. En Castilla y León, además de las ayudas generales del Estado, cuentan con una red que comprende servicios sociales básicos de ayuda a domicilio y de orientación para el acceso al empleo.

Las ayudas autonómicas van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas a subvenciones para sus miembros

En Baleares y Canarias, además de gestionar estas ayudas generales, ofrecen servicios específicos para las familias monoparentales con menos recursos económicos. Cantabria también contempla apoyo económico a estas familias en diversos ámbitos: guarderías -en las que tienen prioridad de acceso los niños de mujeres con cargas familiares-, y subvenciones para estancias de vacaciones para mujeres solteras, viudas o separadas con hijos.

La Comunidad de Madrid incide en las ayudas extraordinarias dirigidas a personas físicas o unidades familiares que carezcan de medios económicos suficientes con que atender las necesidades básicas. Por su parte, en el País Vasco la Diputación de Vizcaya ofrece ayudas generales a través de los ayuntamientos, mientras que en La Rioja no se contempla ningún programa específico para esta clase de familias, sino que gestionan las ayudas generales a través de los ayuntamientos. La Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Galicia, Extremadura, y Murcia incluyen diversas prestaciones y subvenciones básicas destinadas a este tipo de núcleos familiares.

Acreditación como familia monoparental

La condición de familia monoparental se acreditará mediante el título que establezca y expida la comunidad autónoma donde tenga fijada su residencia la persona solicitante. Las familias que tengan otras nacionalidades y pertenezcan a Estados Miembros de la Unión Europea deberán acudir a la comunidad autónoma en la que el solicitante ejerza su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.

En el caso de los españoles que trabajen en instituciones nacionales fuera del territorio nacional, el título oficial será expedido por las autoridades competentes de la comunidad autónoma en la que se encuentren inscritos los solicitantes a efectos de su participación electoral.

Al igual que ocurre con otros títulos como el de familia numerosa, la acreditación de familia monoparental deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición o posterior renovación del título, y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de este tipo de familia, así como cuando alguno de los hijos deje de reunir las condiciones para figurar como miembro de esta unidad familiar.

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EL ESTADO ANTICIPARÁ LA PENSIÓN DE LOS PADRES DIVORCIADOS QUE NO LA PAGUEN.

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El Estado anticipará la pensión de los padres divorciados que no la paguen

EFE. 07.12.2007 – 14:40h

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De la Vega, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros (EFE)

  • Acuerdo aprobado en la reunión del Consejo de Ministros.
  • Son anticipos reintegrables que se limitarán a 18 meses.
  • El progenitor recibiría una cuantía máxima de 100 euros al mes.

Minuteca todo sobre:

El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que asegurará a las mujeres y hombres con la guarda y custodia de sus hijos una asignación económica en el caso de que el progenitor encargado de abonar la pensión alimenticia no la pague.

Para padres con hijos menores o mayores con discapacidad

Esta norma se aplicará a los padres con hijos menores y/o mayores de edad con una discapacidad superior al 65%, y por cada descendiente beneficiario el progenitor podrá recibir una cuantía máxima de 100 euros al mes.

Las cantidades concedidas por este fondo son anticipos reintegrables que se limitarán a 18 meses, siempre y cuando las pensiones alimenticias hayan sido acordadas en resolución judicial.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado tras el Consejo de Ministros que esta medida, promovida por los Ministerios de Justicia y Economía y Hacienda, ha sido demandada desde hace muchos años.

Se exigirá una “rigurosa” acreditación de la situación económica de la unidad familiar

Los padres que necesiten dirigirse al Fondo deberán tener resoluciones favorables dictadas por tribunales españoles y donde conste la exigencia de haber instado la ejecución de esa sentencia sin haber obtenido el pago. Además, deberá existir una “rigurosa” acreditación de la situación económica de la unidad familiar en la que vivan los menores.

El reconocimiento de los ingresos de la unidad familiar podrá solicitarse de forma “urgente” en el caso de que los ingresos no superen las cuantías previstas para el reconocimiento ordinario o cuando la solicitante sea víctima de violencia de género. Para que los menores comunitarios de la Unión Europea puedan recibir los anticipos, tendrán que ser residentes en España. En el caso de los menores extracomunitarios, se exigirá cinco años de residencia legal y que sus derechos nacionales concedan anticipos similares a los ciudadanos españoles en su territorio.

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