Discriminación de las personas discapacitadas.

Discriminación de las personas discapacitadas

A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros

“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA
  • Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008

Contenido de la norma

El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.


(Imagen: Daniel Lobo)

El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.

Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”

La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.

Régimen de infracciones y sanciones

Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales

El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.

  • Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
  • Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
  • Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.

No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Dónde presentar las denuncias

Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia

La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.

Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:

  • Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
  • Fax 91 363 50 74
  • Teléfono 91 363 51 86
  • DTS 91 363 50 93
  • Correo electrónico ope@mtas.es

Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.

“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.

Adaptación de la OPE

En cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, las dependencias de la Oficina Permanente Especializada cumplen todos los requisitos para ser accesibles. Existe un sistema de comunicación multidisciplinar que abarca desde la información telefónica, incluidos un dispositivo telefónico para sordos (DTS) y fax, hasta la información presencial, con un sistema de apoyo a la comunicación oral a través de bucle de inducción, labiolectura y lengua de signos básica.

Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible

Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.

Publicado en CONSUMER Eroski.

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RECURSOS HIDRICOS: LA GESTION RESPONSABLE DEL AGUA.


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Recursos hídricos: La gestión responsable del agua

El consumo sostenible en el campo y la ciudad es clave para evitar el despilfarro de un bien cada vez más escaso

Para el año 2100, la escasez de agua puede afectar de 1.000 a 3.000 millones de personas, según uno de los últimos informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Esta reducción de los recursos hídricos vendrá marcada por una meteorología extrema. Se estima que lloverá entre un 20 y un 60 % menos, según la zona, y que esos períodos de sequía se alternarán con épocas de lluvias torrenciales. ¿Cómo gestionar mejor el agua en estas circunstancias? Más que la construcción de más embalses o desaladoras, la comunidad científica aboga por controlar el uso que se hace del agua y, sobre todo, no continuar derrochando el agua como hasta ahora.

Agricultura sostenible

Una de las estrategias fundamentales para enfrentar este problema es la subvención de los cultivos más ecológicos y sostenibles. En España, la agricultura es el sector que consume más agua (se lleva entre el 75 y el 90 % del consumo total) y gran parte se está consumiendo de forma innecesaria. No obstante, el objetivo no pasa por “castigar” al agricultor sino por facilitar las herramientas para ayudar al desarrollo de cultivos sostenibles.

En este concepto no entran las subvenciones para el agua, que han transformado algunos cultivos de secano, como los olivares y los viñedos, en cultivos de regadío. Con esta fórmula se consigue hacerlos un poco más productivos, pero sólo porque el agua está subvencionada. También se subvencionan cultivos que necesitan grandes cantidades de agua, como el de algodón (que consume 10.000 metros cúbicos por hectárea) o los arrozales (que necesita 14.000 metros cúbicos por hectárea). Además, muchos cultivos no cuentan con sistemas eficientes de riego. El riego por inundación no sólo gasta más, sino que contamina más, ya que precipita a los acuíferos un mayor número de nitratos de los abonos, lo que repercute en una menor calidad del agua y un problema sanitario. Esta es la razón por la que los ecologistas defienden la eliminación de esas subvenciones que contribuyen al derroche del agua y proponen que se impulse la agricultura del ahorro hídrico.

A nivel urbano, un punto débil es la red de distribución. Un informe de Adena calcula que la modernización de las redes permitiría ahorrar hasta 1.500 hectómetros cúbicos de agua anuales en toda España, que equivalen a 1.500.000 millones de litros. Según ese mismo informe, Barcelona consiguió un ahorro en el gasto de agua del 8% con la mejora de la red de distribución. Y un ejemplo más lejano pero muy espectacular es el de la ciudad sudafricana de Durban, que tenía canalizaciones muy obsoletas y perdía hasta el 42 % del agua. Actualmente, con la renovación de la red de tuberías, el consumo de agua ha bajado un 50%.

La polémica del precio

Otra estrategia que puede ayudar a minimizar el gasto del agua es el incremento de su precio, aunque este punto genera opiniones encontradas se multiplican las opiniones más diversas. No son pocos quienes interpretan que el agua es una primera necesidad y que la subida de su precio pone en dificultades a las familias más humildes, mientras que otras familias sin dificultades económicas continúan consumiendo grandes cantidades de agua porque pueden pagarla. La UE aboga por que se cobre en proporción al coste real que supone llevar el agua hasta el hogar, lo que equivale a un incremento del precio en el caso de grandes y costosos trasvases, y precios más baratos en lugares donde el uso del agua sea sostenible.

De momento, lo que se aplica en muchas ciudades españolas en el agua de uso doméstico son los precios por “bloques”: un consumo básico que se considera de primera necesidad tiene un precio determinado y por encima de ese consumo el precio se encarece.

Aprovechar la lluvia

Muchos núcleos urbanos han sufrido y sufrirán las inundaciones por lluvias. El agua no halla su cauce natural, pero tampoco puede pasar al subsuelo para rellenar los acuíferos, de forma que no sólo causa fuertes inundaciones, sino que además fluye de forma muy rápida. Pero cuando el agua se mantiene en el cauce natural del río o en los humedales, circula con más lentitud, rellena los acuíferos y aporta beneficios para toda la biodiversidad del entorno. En los lugares en los que esta última opción ya no es posible se necesita poner en marcha otras alternativas. Una forma de aprovechar ese exceso de agua repentino son los depósitos de aguas pluviales.

En los domicilios particulares también se puede aprovechar la lluvia si se dispone de espacio para instalar un equipo mínimo. Por ejemplo, se puede instalar un bidón en el jardín y colocar un canalón de forma que se recoja el agua del tejado y ésta se destine al riego. Incluso esa misma agua se puede destinar al consumo propio si se instala un equipo que trata el agua combinando la ósmosis y los rayos ultravioleta. Un equipo con capacidad para unos 100 litros al día cuesta unos 1.200 euros, sin contar el depósito.

Ahorro en casa

Cualquier ciudadano puede aplicar prácticas y técnicas para ahorrar agua. Por ejemplo, la apertura del grifo de la ducha implica una cantidad considerable de agua fría antes de que brote caliente. ¿A dónde va a parar toda esa agua? Una práctica sencilla y económica es recogerla con un cubo para aprovecharla. No mantener los grifos abiertos de forma innecesaria y no poner la lavadora y el lavavajillas hasta que estén llenos son otras prácticas habituales recomendadas.

Cambiar la grifería, instalar sistemas de reducción de flujo en los grifos para conseguir un ahorro en el consumo de agua de hasta un 50%, o sustituir el depósito del inodoro por uno de doble descarga requiere una mayor inversión. También se puede optar por sistemas para reutilizar el agua. Según empresas especializadas consultadas, un sistema para tratar las aguas residuales con un filtro biológico y así poder reutilizarlas en el riego cuesta unos 3.000 euros, mientras que un sistema para tratar las aguas grises (de la cocina y el baño, pero no del retrete) y reutilizarlas en el retrete, la lavadora o el riego, supone una inversión de unos 6.000 euros. El coste de la instalación puede variar en función de si la casa es nueva o lleva construida muchos años (es más fácil la instalación en una obra nueva).

De cualquier forma, la inversión se amortiza a largo plazo y el ciudadano puede solicitar las diferentes subvenciones que proporcionan las administraciones autonómicas para este tipo de instalaciones. Ahora bien, estas iniciativas no servirán de nada si no se acompañan de unas buenas prácticas en su uso.


LOS PROMOTORES RECONOCEN QUE HAN CONSTRUIDO EL DOBLE DE LAS VIVIENDAS NECESARIAS.

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Los promotores reconocen que han construido el doble de las viviendas necesarias

Redacción fotocasa.es , 01/02/08, 09:51 h

En los últimos años la construcción en España se ha realizado de manera desproporcionada o al menos eso es lo que reconoce Josep Donés i Barcons, presidente de la Comisión Técnica de la Asociación de Promotores y Constructores, quien asegura que hay: “el doble de viviendas de las necesarias”.

Además, Donés i Barcons asegura que la mayor parte de estas viviendas construidas “no están en uso”, ya que fueron compradas porque “no había productos de inversión en el mercado que les aseguraran el poder adquisitivo de sus ahorros” y augura que estas viviendas podrían entrar ahora en el mercado de alquiler.

 

Al respecto, el presidente de la Apce asegura que las medidas de avales a los propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler promovidas por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat “están bien”, aunque advierte que “hay una absoluta inseguridad ante los impagos” que requiere más garantías.

 

En cuanto al panorama general del sector de la construcción, considera que “no es verdad” que el cambio de coyuntura económica se traduzca en que “todo el mundo quiere alquilar”, sino que “hay una demanda contenida” que está posponiendo su opción de compra.

 

Ademas considera que el futuro del mercado promotor “pasa por la diversificación” y apuesta por la posibilidad de que los promotores puedan construir promociones de viviendas mixtas de alquiler y de compra, por lo que es necesaria una “seguridad jurídica y económica”.

 

8.000 pisos sin vender en Barcelona

 

Donés también asegura que a partir de mediados de febrero, la Generalitat y la Apce llegarán a un acuerdo para determinar qué hacer con los 8.000 pisos nuevos sin vender que tiene Barcelona, según datos de la propia asociación.

 

Y es que debido a la falta de compradores en el mercado libre, parte de este ‘stock’ podrá recalificarse como vivienda social a precio concertado catalán, que permitirá a los ciudadanos con ingresos superiores acceder a vivienda protegida. Según Donés, esta opción “beneficiará a ambas partes”, promotores y ciudadanos, ya que es vivienda de “acceso directo” porque ya está construida, y aseguró que el precio por metro cuadrado que poseerá esta tipología de vivienda social se hará público de “manera inminente”.

EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
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La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia


El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que “los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad”.
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo “la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas”.

La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde “
no ha existido ningún tipo de publicidad“, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, “los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación“. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, “el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como“, tal como lo denunció en su momento el PSPV. “Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa“.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce “sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública” y “perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación”.


Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba “
disolver estas sociedades mercantiles” porque en algunos casos había quedado “sin contenido el objeto social de las empresas constituidas”.


Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.

LOL MULTIMILLONARIOS SOBRECOSTES DE LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS VAN EN CONTRA DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Y SANITARIOS.

732592.jpgLa Ciudad de las Artes cuesta de más como una nueva Fe y media

J. L. OBRADOR. 21.12.2007

  • El gasto extra que acumula todo el complejo de Calatrava suma 431,4 millones de euros.
  • El presupuesto del futuro hospital que se construye en Valencia es de 269 millones.
  • El Síndic de Comptes denuncia que Calatrava cobra 861.000 euros que no le corresponden.
El sobrecoste que acumula la Ciudad de las Artes y las Ciencias alcanza los 431,4 millones de euros, según el informe de 2006 del Síndic de Greuges. Con este dinero de más gastado (un 238% de incremento respecto al presupuesto inicial) se podría haber construido 1,6 hospitales como la nueva Fe que se está levantando en Malilla. El presupuesto de este macrocentro sanitario es de 269 millones de euros (216 corresponden a la obra y 53 al equipamiento).Sólo en el Palau de les Arts, hasta finales de 2006 (es decir, antes de reparar incidentes como los provocados por las inundaciones de octubre) se llevaban gastados 345 millones (un 316% más de lo previsto), una cantidad por sí sola superior a lo que costará el hospital.

En el documento que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, el Síndic recomienda evitar modificaciones que alteren los proyectos iniciales, ya que repercuten en el precio y en el plazo de las obras.

Calatrava, dinero extra

Según el informe el creador de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Calatrava, ha cobrado ya, por adelantado, 3.962.125 euros por el proyecto y ejecución del Ágora, la plaza porticada que servirá como punto de esparcimiento de este recinto. Sin embargo, Calatrava debería percibir 3.100.493 euros.

La trampa está en que su retribución se calcula sacando el 7,5% del coste del proyecto y la ejecución de las obra, pero esta cifra ha variado. En un principio, el Consell estimó que rozaría los 53 millones de euros, pero al final se adjudicó por 41,3 millones. Pese a esta rebaja, los honorarios de Calatrava se siguen calculando sobre la cifra superior, con lo que percibe los 3,9 millones, un 25% más de lo que le toca.

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QUE HACE EUROPA POR EL MEDIO AMBIENTE.

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Qué hace Europa por el medio ambiente

Aspectos como la calidad del aire han mejorado, aunque se debe potenciar más la aplicación real de los compromisos o la participación ciudadana

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) presentaba recientemente un informe que evaluaba el progreso medioambiental de la denominada región paneuropea. En este estudio se asegura que el medio ambiente europeo ha logrado algunos progresos, aunque reconoce bastantes aspectos a mejorar, como la contaminación atmosférica, la sobrepesca, la conservación de la biodiversidad o la lucha contra el cambio climático. En este sentido, diversos expertos consideran que las instituciones de la Unión Europea (UE) pueden hacer todavía mucho más en defensa del medio ambiente, dentro de los parámetros de desarrollo sostenible y calidad de vida de los ciudadanos.

  • Autor: Alex Fernández Muerza | 
  • Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2007

Cómo está el medio ambiente en Europa

El informe de la AEMA, titulado “Medio ambiente en Europa: cuarta evaluación“, analiza el progreso en materia de medio ambiente en 53 países de la región paneuropea (Europa Occidental, Central, Oriental y Sudoriental, el Cáucaso y Asia Central), cuya población total supera los 870 millones de habitantes.

Según los responsables del informe, se han conseguido algunos progresos, como una “ligera” reducción de la contaminación atmosférica y la mejora del tratamiento de las aguas residuales. En cualquier caso, reconocen que la calidad del agua, el aire y el suelo presenta “grandes disparidades”: Más de 100 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura ni a saneamiento y salud pública. En muchos países de Europa Oriental, el Cáucaso, Asia Central y Europa Sudoriental, la calidad del suministro de agua y saneamiento se ha deteriorado durante los últimos 15 años, afectando de manera especial a la población rural.

Saipal

En el apartado concreto de la contaminación atmosférica, el informe de la AEMA advierte de que los niveles actuales – principalmente de óxido de nitrógeno, partículas finas y ozono troposférico – acortan en casi un año la esperanza de vida en los países de Europa Occidental y Central y suponen una amenaza para un desarrollo infantil saludable. En Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central, la situación se considera igualmente preocupante: La mayoría de las emisiones contaminantes han aumentado un 10% desde el año 2000. Los responsables del informe señalan como principales causas la recuperación económica, el aumento del transporte y la ineficiencia de las políticas para contrarrestar esta contaminación.

A la hora de señalar las presiones medioambientales en la región, la mayor parte tiene su origen en actividades económicas como la agricultura, el turismo, el transporte y la energía. Asimismo, las pautas actuales de consumo y producción imponen una demanda cada vez mayor de recursos naturales, incrementando los riesgos a los que se ve abocado el entorno. De manera similar, una reciente reunión celebrada en Lisboa, con la participación de empresarios, responsables institucionales y de ONG, señalaban la importancia del papel de la economía y los negocios en la conservación de la biodiversidad.

Más de 100 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura ni a saneamiento y salud pública

Por otra parte, el informe considera especialmente preocupante la sobreexplotación pesquera, la eutrofización y las presiones cada vez mayores a los ecosistemas marinos y costeros. Como punto positivo, se asegura que los vertidos accidentales de petróleo de grandes proporciones han disminuido, si bien los ocurridos durante las operaciones rutinarias (que suponen en 88% total de los vertidos) siguen siendo significativos.

En cuanto a la conservación de la biodiversidad, los objetivos marcados para 2010 no se alcanzarán si no se intensifican “considerablemente” los esfuerzos. En este sentido, más de 700 especies europeas se encuentran en peligro de extinción como resultado de la alteración del hábitat.

El cambio climático tampoco se escapa a los creadores del estudio. Sus consecuencias son ya perceptibles en todo el mundo, aseguran, “y previsiblemente se acentuarán todavía más, incluso aunque se reduzcan drásticamente las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI).” Por ello, se señala como una necesidad “urgente” la adaptación a los posibles riesgos futuros por este problema.

En definitiva, la AEMA recomienda para mejorar el medio ambiente en la región paneuropea la aplicación de las políticas actuales y el establecimiento de unos objetivos claros y realistas. Asimismo, también considera “urgente” el desarrollo de un sistema que contrarreste la actual “escasez de información fidedigna, accesible y comparable sobre el medio ambiente en toda la región”.

Aspectos como la calidad del aire han mejorado, aunque se debe potenciar más la aplicación real de los compromisos o la participación ciudadana

Qué hace Europa (y qué debería hacer)

La política medioambiental europea forma parte del modelo de desarrollo sostenible por el que ha apostado la UE en sus tratados. Los expertos consultados valoran positivamente los avances producidos en material medioambiental en la UE, aunque reconocen que podría hacerse mucho más.

Antxon Olabe, Director del Área de Medio Ambiente de Naider, empresa especializada en promoción económica, sostenibilidad ambiental y competitividad social, explica que el modelo de desarrollo europeo descansa sobre tres pilares: La prosperidad económica; la cohesión social, incluyendo el empleo de calidad; y la sostenibilidad ambiental. En este sentido, este experto considera a la UE el principal referente ambiental a nivel mundial, si bien señala que “nunca es suficiente para quienes estamos hondamente preocupados por la situación ambiental de la Tierra.”

Jenny Rollo

Rocío Llanes Triguero, Directora del Área de Sistemas de Inatur Sierra Norte, empresa especializada en gestión y educación ambiental, añade que la UE se basa en una política regulativa con instrumentos económico-fiscales, basados en la voluntariedad y negociación con los grupos y estados implicados, y en la información y educación de y para los ciudadanos y agentes sociales. No obstante, reconoce que es necesaria más información para que los ciudadanos puedan participar activamente.

Por su parte, María Ángeles López Lax, responsable de la Asociación para la Comunicación e Información Medio Ambiental (ACIMA) se presenta algo más crítica, al calificar la política medioambiental de “muy insuficiente”: “Veo mas declaraciones de principios que realidades y efectividad.” En este sentido, afirma que la política medioambiental queda en segundo plano, porque en realidad se considera incompatible con el crecimiento. Por ello, explica, se respeta antes la voluntad política de un Estado que el cumplimiento de la legalidad, por lo que en caso de una infracción se impone una multa, nunca el remedio de la situación.

En caso de una infracción se impone una multa, nunca el remedio de la situación

Como ejemplo, la responsable de ACIMA señala la apuesta por los biocombustibles o las energías renovables: “Se debe más a la necesidad de liberarnos de la dependencia política, estratégica y económica del petróleo y las importaciones energéticas, que a una política coherente de lucha contra el cambio climático.”

En la misma línea escéptica se mueve Luis González Reyes, Coordinador de Ecologistas en Acción, para quien las instituciones europeas son como “el Dr. Jekyll y Mr. Hyde”. Por un lado, explica, la imagen que proyecta de si misma la UE es que lucha contra el cambio climático, que mejora sus indicadores ambientales, que es el líder mundial en la lucha por un medio ambiente limpio.

Sin embargo, en su opinión, la realidad es que, junto a Estados Unidos, la UE es “el máximo responsable de la crisis ambiental que vivimos.” En este sentido, González apunta que la UE es el segundo responsable del calentamiento global, su consumo de materiales es equivalente al de EEUU, está exportando crecientemente la producción sucia a países del Sur, etc. No obstante, el experto de Ecologistas en Acción reconoce avances en algunos aspectos, como las emisiones de óxido de azufre.

Qué pueden hacer los ciudadanos

En opinión de la directora de Sistemas de Inatur, la participación ciudadana garantiza la aplicación correcta de las políticas medioambientales y el logro de los resultados deseados. Por ello, apela a la concienciación de los ciudadanos, cuyo comportamiento personal “puede marcar la diferencia y ayudar a cambiar la situación.” No obstante, asegura que para ello es necesaria más información de lo que ocurre en el medio ambiente a nivel local.

Por su parte, la responsable de ACIMA asevera que cualquier ciudadano puede enviar quejas, pedir información o hacer interpelaciones por correo o teléfono a los representantes institucionales europeos, además de los muchos órganos que facilitan dicho contacto y las visitas guiadas que organiza el Parlamento, a las que puede acudir cualquiera. No obstante, López Lax destaca que la influencia de los ciudadanos es pequeña, ya que los lobbys o grupos de presión que representan a la sociedad civil, tales como organizaciones de consumidores y ONG, son sólo el 3%.

Mucho más crítico es el coordinador de Ecologistas en Acción. En su opinión, “la Comisión Europea es elegida a dedo, el Consejo Europeo no refleja las posturas más que de los gobiernos nacionales, el Parlamento no tiene casi poder y está fuertemente influido por los 15.000 lobbistas que hay en Bruselas, etc. Y a esta lejanía no son ajenos los temas ambientales.”

Puntos fuertes y débiles

Los expertos consultados apuntan una serie de puntos fuertes de las políticas medioambientales que suponen un ejemplo a seguir, si bien reconocen diversos puntos débiles que deberían mejorarse en favor del medio ambiente.

Según Rocío Llanes, de Inatur, los puntos fuertes de las políticas europeas de medio ambiente se basan en su carácter participativo, transversal y accesible; en un planteamiento más estratégico y con finalidades definidas claramente; en responsabilidades compartidas para la búsqueda de soluciones innovadoras, viables y sostenibles a los problemas; y en que representan la presencia del medio ambiente en la estrategia global comunitaria de desarrollo sostenible.

Jon Gos

Antxon Olabe, de Naider, observa los siguientes aspectos destacables: Nacen desde el nivel institucional más alto (el Consejo de la Unión y los tratados); están basadas absolutamente en la mejor ciencia disponible; tienen a sus espaldas una experiencia de 35 años, lo que las convierte en algo asentado y sólido; y la más importante, tienen tras de sí a una sociedad civil, la europea, con 500 millones de personas, que es la más concienciada ambientalmente de todo el mundo.

En opinión de Mª Ángeles López, de ACIMA, los puntos fuertes se encuentran en su legislación de protección ambiental, mientras que los puntos débiles están en la distinta aplicación posterior de esa legislación, por lo que reclama mayor coherencia. Por ejemplo, apunta, “se hace una política para mejorar la calidad del aire urbano o la protección de la biodiversidad y luego se financian autopistas insostenibles que potencian el uso del coche y destruyen más hábitats protegidos”.

Las políticas medioambientales europeas tienen a sus espaldas una experiencia de 35 años, lo que las convierte en algo asentado y sólido

Por su parte, la responsable de Inatur subraya como puntos débiles de las políticas medioambientales la poca divulgación al público, las medidas poco efectivas de integración de las políticas en educación e información, y la falta de implicación por parte de algunos grupos de intereses especiales, especialistas, industria, organizaciones, empresas e instituciones, etc. Para mejorar estos aspectos negativos, Llanes reclama la creación de una estrategia de educación e información ambiental que facilite el acceso y la participación.

El responsable de Medio Ambiente de Naider destaca dos puntos débiles. Por un lado, la proliferación normativa, extensa, compleja y difícil de gestionar. Por otro lado, la integración del ámbito ambiental en las políticas de ciencia, tecnología e innovación, que no ha sido todo lo potente que debería hasta el momento.

En cuanto al coordinador de Ecologistas en Acción, su punto de vista es que en realidad “no hay una verdadera política ambiental.” En su opinión, la política ambiental no sólo debería ser competencia de la comisaría de medio ambiente, sino de todas: “La Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible no se respeta. Sin embargo, el reciente documento “Europa Global: compitiendo en el mundo“, que persigue internacionalizar aun más la economía de la UE aumentando el crecimiento, y con ello, los impactos ambientales, sí se está aplicando.”

Cómo participa España

España, como estado miembro de la UE, participa en la toma de decisiones antes de adoptarse una propuesta de la Comisión. Además, debe aplicar la normativa existente, prestar mayor atención a los instrumentos de mercado, potenciar la participación ciudadana e integrar los objetivos de medio ambiente en las demás políticas.

Según el responsable de Medio Ambiente de Naider, el papel de España en la política ambiental europea ha sido hasta el momento “poco relevante”, porque no ha sido una prioridad en el modelo de desarrollo. No obstante, Olabe se muestra optimista, porque considera que hay señales de que esta situación va a cambiar en los próximos años.

En opinión de la creadora de ACIMA, el actual Ministerio de Medio Ambiente está implementando a nivel nacional directivas y tratados con mayor calado y protección que los mínimos establecidos en el marco de las Directivas. Por ello, López Lax supone que este buen hacer se verá reflejado en los acuerdos y contactos con sus homónimos europeos.

Sin embargo, el coordinador de Ecologistas en Acción afirma que “si las políticas ambientales europeas son malas, España las retrasa aun más.” Como ejemplo más paradigmático, González señala las emisiones de GEI, “donde España es el país que más se desvía de los objetivos del Protocolo de Kyoto.” Además, recuerda, “España es el estado que reúne más quejas por incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, no cumple los parámetros de emisión de óxidos de nitrógeno y azufre, etc.” No obstante, para no ser del todo negativo, reconoce que la reciente Ley de Responsabilidad Ambiental mejora la directiva madre europea.

Principales instituciones medioambientales

La UE posee diversas instituciones relacionadas con la conservación y mejora del medio ambiente. Por ello conviene conocerlas para saber qué están haciendo en este sentido. Así, el Consejo Europeo – no confundir con el Consejo de Europa o con el Consejo de la Unión Europea (CUE) – es la reunión de los jefes de Estado y quien tiene el verdadero poder a la hora de aprobar políticas o normas, si bien en cooperación con el Parlamento Europeo (PE).

Christina

Asimismo, la Comisión Europea, responsable ejecutivo de las decisiones del PE y del CUE, cuenta con un comisario dedicado específicamente a estos temas y una Dirección General de Medio Ambiente, que funciona a modo de consejo de ministros de la UE. Esta última es una de las 36 Direcciones Generales (DG) y servicios especializados que integran la Comisión Europea. Su tarea principal es elaborar y definir la nueva normativa de medio ambiente y cerciorarse de que los Estados miembros pongan realmente en práctica las medidas acordadas.

La AEMA recaba información “actualizada, específica, pertinente y fidedigna” de los estados miembros

Por su parte, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) es un órgano independiente que elabora estudios e informes, recaba información “actualizada, específica, pertinente y fidedigna” de los estados miembros y evalúa las políticas y estado del medio ambiente, haciendo un seguimiento sobre los indicadores ambientales.

Asimismo, hay otras instituciones que también merecen tenerse en cuenta:

  • Centro Común de Investigación (CCI): Es una Dirección General de la Comisión Europea que proporciona asesoramiento científico y tecnológico a los responsables de formular la política europea.
  • Euro Info Centros: Se trata de una red de centros de información y puntos de contacto creados por la UE y dirigidos al público.
  • Araña verde: Red informal de los Ministerios de Medio Ambiente de la UE.
  • Oficina Europea de prevención y control integrados de la contaminación
  • Centro Regional de Medio Ambiente para Europa Central y Oriental (CRMA)
  • Red Europea de Información y de Observación del Medio Ambiente (EIONET)

GARANTÍAS JURIDICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO.

Garantías jurídicas, planificación y desarrollo urbano PDF Imprimir E-mail
Ignacio Pérez Sarrión   
28.11.2007

ImageVivimos en un estado de derecho, un estado quizás –en mi opinión, en algunos aspectos- excesivamente garantista. Digo esto porque la cantidad de normas, procedimientos, plazos y recursos, pueden legar a provocar inseguridades jurídicas e impiden en ocasiones un funcionamiento mínimamente ágil de la administración si se pretende ser eficaz, como por otra parte se demanda por los ciudadanos. Uno nunca está seguro de estar cumpliendo meticulosamente todos y cada uno de los matices de los procedimientos de aplicación del derecho, dada la estructura de personal existente, el escaso tiempo con que se cuenta por las personas que tienen que tratar multitud de tareas diferentes en soledad (FHE) y los medios materiales con que se cuenta.

Resulta curiosa  oír en los pueblos la expresión “te denunciaré”, o “le denunciaré“, cuando se piensa que si es el Ayuntamiento la administración responsable de sancionar una transgresión determinada y éste no tiene ni funcionarios, ni medios adecuados, ni ordenanzas tipificadoras de las conductas sancionables  ni por su puesto sanciones previstas, difícilmente, por no decir de manera prácticamente imposible, se tramitarán procedimientos sancionadores. Ejemplo de la situación sin ir más allá es las infracciones de tráfico que se cometen continuamente en todos los pequeños pueblos y que quedan impunes. Cuantitativamente no son muchas, pero cualitativamente pueden ser muy importantes y resulta penoso que en muchas ocasiones haya que transigir con comportamientos sumamente inapropiados.  

En los pequeños pueblos no hay policía local ni medios para tramitar los procedimientos sancionadores. Así, uno puede aparcar su vehículo en medio de la plaza, hacer ruido a las dos de la mañana, echar las basuras al contenedor sin bolsa y muchas otras conductas reprobables sin que, jurídicamente, pase nada.

Habría que en alguna ocasión hacer un estudio sociológico –quizás se haya hecho- del efecto que para la convivencia puede ejercer el control social de una comunidad pequeña o mediana, porque en estos lugares, es la reprobación social la que sirve de control y no evidentemente el control jurídico. Es el vecino de al lado, que conoce quién eres, de quién eres hijo, en qué trabajas, cuando sales y entras, en fin, tu vida de pé a pá, quien a corto o medio plazo te llegará a hacer algún comentario sobre lo inadecuado de tu comportamiento. SI eres normal y no te habías dado cuenta, te sonrojas y cambias. En otro caso, está servido el inicio seguro de una rencilla que perdurará en el tiempo.

Sin embargo los pueblos de la periferia de las ciudades crecen muy rápido. Como consecuencia de la carestía de la vivienda en la ciudad, la gente joven se desplaza a estos pueblos a vivir en los típicos adosados, prohibitivos veinte kilómetros más cerca del centro de la ciudad. Así, sin darse cuenta apenas, municipios muy pequeños en los que todos se conocían, pasan de repente a convertirse casi en ciudades-dormitorio a los que se acude sólo por la noche. Desparece (o es mucho más difícil) el control social moderador de conductas, porque no se sabe quién es el que vive al lado ni a qué se dedica. Estas personas están tan ocupadas trabajando que tampoco se integran apenas en la vida social del pueblo.

Creo que estos efectos no se tienen en cuenta en la práctica a la hora de permitir o promover el crecimiento de los municipios aledaños a las metrópolis. Allí, en la ciudad, miles de policías vigilan y sancionan. En ese pueblo, apenas treinta kilómetros alejado de aquélla, casi no hay normas (un amigo mío decía parafraseando los western que esto es el oeste, “no hay ley al oeste del Río Pecos”), sólo casi hay miradas de reproche o censura si uno no se comporta normalmente. Afortunadamente ese control social es en muchos casos suficiente para lograr una convivencia adecuada. Pero no en otras ocasiones.

Las cosas cambian rápidamente y son conocidos los casos de municipios que han pasado de ochocientos o mil habitantes a más de cuatro mil o más en menos de una década. Ese fenómeno, de forma inmediata, supone riqueza económica de poblaciones hasta hacía poco depauperadas, en forma de ingresos derivados de la actividad urbanística y poblacional: operaciones urbanísticas, convenios, permutas, IBI, plusvalías, aumento de participación en el FNCM, aumento del IVTM, etc. Si por una parte se dispone entonces de mayores recursos obteniendo nuevos equipamientos y optimizando los existentes, por otra parte se pierde esa cohesión social que como comunidad pequeña se tenía.

Creo que es importante que los gobiernos locales, antes de fomentar un desarrollo desmedido, decidiesen reflexivamente si es conveniente ese crecimiento, hasta qué límite, con qué previsiones, qué medios se van a necesitar y, en definitiva, planificar a medio plazo. Yo creo que en ocasiones sólo se actúa por intuición, simplemente se da por supuesto que aumentar población es en sí mismo lo correcto, sin tener en cuenta otras implicaciones a valorar cuidadosamente. E igual que se planifica el crecimiento urbanístico a través de un PGOU, habría que planificar los equipamientos necesarios según población y a medida que se vaya creciendo, necesidades de nuevos servicios, supuestos de pirámides poblacionales, dónde está el umbral en el que será necesario y sostenible económicamente disponer de algunos servicios, cuándo será necesario disponer de policía local (a reservas de las previsiones legales sobre el particular), qué medios jurídicos y técnicos se necesitarán, y un largo etcétera de cuestiones que me da la impresión que se van solucionando sobre el momento.

Visto en el Blog esPublico