Discriminación de las personas discapacitadas.

Discriminación de las personas discapacitadas

A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros

“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA
  • Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008

Contenido de la norma

El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.


(Imagen: Daniel Lobo)

El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.

Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”

La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.

Régimen de infracciones y sanciones

Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales

El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.

  • Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
  • Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
  • Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.

No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Dónde presentar las denuncias

Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia

La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.

Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:

  • Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
  • Fax 91 363 50 74
  • Teléfono 91 363 51 86
  • DTS 91 363 50 93
  • Correo electrónico ope@mtas.es

Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.

“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.

Adaptación de la OPE

En cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, las dependencias de la Oficina Permanente Especializada cumplen todos los requisitos para ser accesibles. Existe un sistema de comunicación multidisciplinar que abarca desde la información telefónica, incluidos un dispositivo telefónico para sordos (DTS) y fax, hasta la información presencial, con un sistema de apoyo a la comunicación oral a través de bucle de inducción, labiolectura y lengua de signos básica.

Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible

Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.

Publicado en CONSUMER Eroski.

Informe de la FEMP sobre las políticas locales de lucha contra el cambio climático

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LAS CIUDADES

COMIENZAN A REDUCIR

LAS EMISIONES

DE EFECTO INVERNADERO.

Texto: Gabriel Álvarez Fernández

Secretario General de la FEMP y Secretario de la Red Española de Ciudades por el Climahttp://www.agenda21-local.net/portal//ficheros/710femp.pdfglobo.jpg

Quart diseña un plan para dejar de emitir 585 toneladas de CO2 al año

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Quart diseña un plan para dejar de emitir 585 toneladas de CO2 al año
Los accesos, el estacionamiento y las zonas de carga y descarga serán regulados
19.03.08 –

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Quart de Poblet reducirá su contaminación gracias a un plan que prevé ahorrar energía y evitar la emisión masiva de CO2. La Conselleria de Infraestructuras y Transporte, a través de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN), ha firmado un convenio con el Ayuntamiento por el que destinará un total de 38.000 euros para financiar un estudio integral de movilidad urbana en el que se planificarán y programarán las actuaciones en todas las áreas que afecten a la movilidad del municipio, clave para lograr esa disminución en la contaminación.A este respecto, el director de AVEN, Antonio Cejalvo, ha asegurado que “gracias a la aplicación de medidas de movilidad sostenible Quart de Poblet podrá reducir el consumo de combustibles en el transporte en 193 toneladas equivalentes de petróleo al año, lo que supone que podrá evitar la emisión a la atmósfera de cerca de 585 toneladas de CO2 cada año”.Así pues, en este estudio se recogerán las estrategias e instrumentos necesarios para lograr un uso coordinado y eficiente de los distintos medios de transporte. Entre los aspectos más importantes que recogerá el estudio destaca la regulación y control de acceso y estacionamiento en el centro urbano, el desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes modos de transporte público, y el desarrollo de medidas de integración institucional, tarifaria y física de los diferentes sistemas de transporte público y su intermodalidad.

Asimismo se prevé la potenciación de estacionamientos de disuasión en las estaciones o paradas de las afueras de la ciudad, la ordenación y explotación de la red principal del viario, el fomento de la movilidad a pie y en bicicleta mediante la construcción y/o reserva de espacios y la supresión de barreras arquitectónicas, para el peatón y la bicicleta, además de la regulación de la carga y descarga, y del reparto de mercancías en la ciudad.

Según ha manifestado el director general, “una de las principales prioridades de la Conselleria de Infraestructuras en materia energética es lograr un uso racional de la energía en todos los ámbitos de la Comunitat y aumentar nuestra eficiencia energética, ya que está demostrado que el ahorro energético constituye una de las herramientas más eficaces para luchar contra el cambio climático”.

“Por ello, hemos puesto en marcha el programa Ahorra con energía, para el cual estamos destinando más de 17 millones de euros con la finalidad de llevar a cabo iniciativas de redunden en el ahorro energético en el sector transporte, industrial, residencial y doméstico, servicio y en las Administraciones públicas”.

En total, son 25 medidas de ahorro energético que evitarán evitarán el consumo de 61.500 toneladas de petróleo al año (tep/año) lo que supondrá un beneficio económico para nuestra Comunitat, es decir, una reducción de la factura energética de más de 30 millones de euros.

ALVARO CUESTA: “LA ENERGÍA MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA ESPAÑA QUE QUEREMOS”

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Zaragoza. Inauguración VIII Convención Municipal del PSOE

La energía municipal al servicio de la España que queremos

“El futuro de la Humanidad se juega en la ciudad. La lucha contra el cambio climático es un desafío que encuentra muchas de sus respuestas en las políticas urbanas, en el modelo de ciudad, de su desarrollo y crecimiento, en la organización de la movilidad y del transporte público, o en la gestión del suelo y del urbanismo”.
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Afirmó Álvaro Cuesta en la jornada de inauguración de la VIII Convención Municipal del PSOE, que se celebra en Zaragoza durante los días 1 y 2 de febrero Durante su intervención Cuesta resumió los logros del Gobierno de España durante estos cuatro años, resaltando la estrategia llevada a cabo contra el cambio climático, y afirmó que “Las medidas y acciones de impacto urbano y municipal realizadas, nos colocan en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático” Lucha que, según manifestó Cuesta, “sigue siendo una prioridad en el programa electoral del PSOE para las próximas elecciones del 9 de marzo”. Así como el apoyo a los ayuntamientos que “ha estado presente en la agenda del Gobierno durante estos cuatro años y nuevamente se incluye en el  Programa electoral”. Álvaro Cuesta destacó en su intervención el avance en materia de financiación de los Ayuntamientos,  que han conseguido un incremento del 41%r en los presupuestos generales del estado en estos cuatro años.  “Sólo en el último año, dijo, la financiación de las entidades locales aumentó un 12.6%”. Además, resaltó la creación del Fondo de Apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes y el refuerzo educativo de los mismos. En otro ámbito de cosas Cuesta destacó la puesta en funcionamiento de
la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, como primer órgano de cooperación entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y los Gobiernos Locales, la aprobación de
la Carta Municipal de Barcelona,  
la Ley de Capitalidad de Madrid; y la introducción, a través de
la Reforma de los Estatutos de las Comunidades Autónomas, de un mayor refuerzo de garantías a favor de los Ayuntamientos.
También hizo mención Cuesta a  reformas legislativas que han tenido un especial impacto local como la nueva Ley del Suelo, y , desde otra perspectiva, cito el impulso a
la Reforma del Pacto contra el Transfuguismo en las Corporaciones Locales. Más adelante abordó los retos planteados en el ámbito Local para los próximos cuatro años que, según el secretario federal de Política Municipal del PSOE, se centran  en impulsar, desde el máximo acuerdo político, una nueva legislación de bases de Régimen Local, un nuevo Gobierno y Administración Local y una reforma de la financiación local, además de ahondar en la cooperación y el diálogo entre Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Administración Local, a través de órganos como
la Conferencia General de Política Local y
la Conferencia de Asuntos Urbanos.
Álvaro Cuesta arengó a los participantes de
la VIII Convención   Municipal socialista recordando el avance  del PSOE en  las elecciones del 27 de mayo “Somos, afirmó,  el Partido con mayor número de concejales de toda España, 24.029, aventajando al PP en 680”, y hemos revalidado
la Presidencia en
la Federación Española de Municipios y Provincias”. Además  destacó que la aplicación de
la Ley de Igualdad en las últimas elecciones municipales “ha convertido a España en el país europeo con más mujeres dentro de la actividad municipal”.
Hoy, dijo Cuesta, “somos más fuertes, tenemos más capacidad de vertebración de España, somos el partido con más capacidad de diálogo y acuerdo político en todos los lugares, gobernamos en más Comunidades Autónomas y en más Ayuntamientos, tenemos una inmensa red local que se extiende por 8.112 Ayuntamientos, estamos más unidos que nunca;  pero- advirtió-  las elecciones generales no están ganadas de antemano”. Pongamos toda
la Red Local y nuestra energía municipal en apoyar a Zapatero ante el  apasionante futuro que queremos para España”, dijo.
“Queremos una España incluyente, diversa, tolerante y abierta, con nuevos derechos,  que garanticen  igualdad, impulsando la convivencia, la ciudadanía y la calidad democrática. Queremos alcanzar el pleno empleo como garantía de bienestar social. Colocar a España entre los países más modernos, afrontando los retos de los próximos diez años”.   Porque “
La España que queremos merece la pena”. Concluyó

EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
 levante-emv
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. Comunitat Valenciana

La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia


El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que “los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad”.
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo “la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas”.

La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde “
no ha existido ningún tipo de publicidad“, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, “los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación“. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, “el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como“, tal como lo denunció en su momento el PSPV. “Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa“.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce “sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública” y “perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación”.


Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba “
disolver estas sociedades mercantiles” porque en algunos casos había quedado “sin contenido el objeto social de las empresas constituidas”.


Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.

EN MADRID SIGUE EL GUATEQUE…Y LAS DETENCIONES.

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Ya van cinco detenidos en la trama de corrupción de la ‘operación Guateque’

EUROPA PRESS. 27.12.2007

  • Los arrestros se han producido a lo largo de la mañana.
  • En los próximos días habrá más registros a sedes municipales.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a lo largo de esta mañana a cinco funcionarios, algunos con órdenes de prisión, en los seis registros efectuados en varias sedes del Ayuntamiento de Madrid ordenados por el juez Santiago Torres, dentro de la segunda fase de la operación Guateque.Los arrestos se han llevado a cabo hasta las 16.00 horas de hoy y señalaron que ya por la tarde “no se practicarán más detenciones ni registros, aunque no se descarta que se produzcan más en los próximos días”.

Es probable que haya más detenciones durante los próximos días

En concreto, las sedes nuevamente registradas son Urbanismo y Medio Ambiente, lugares donde la Benemérita ya realizó varios registros el pasado día 14 de noviembre, cuando salió a la luz la operación Guateque, dirigida por el juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid para investigar una presunta trama ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado la Guardia Civil en esta segunda fase es que muchos funcionarios están actualmente de vacaciones.

Santiago Torres ha comenzado esta semana una nueva ronda de interrogatorios entre los detenidos, comenzando por el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos, uno de los principales  imputados que cumplen prisión provisional por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

El juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos.

La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil. En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez.

Ceballos era una de las personas objeto de las escuchas.

Hasta ahora, el juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos. La marcha de las pesquisas se vio hace unas semanas obstaculizada por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que mantuvo paralizada la actividad de la Justicia.

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LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES A LA COLA DE EUROPA EN FINANCIACIÓN Y COMPETENCIAS.

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Los municipios españoles tienen el menor poder de la Unión Europea

 

Se sitúan en los últimos puestos en todos los ránking que miden el nivel competencial y de gastos e ingresos en las administraciones

 

E. Morales / I. Acosta
Madrid. El poder municipal sigue siendo una quimera en España y, excepto en materia urbanística, son pocas las atribuciones competenciales de las que disfrutan los ayuntamientos. Mientras que en el resto de Europa se afianza la descentralización local —gracias a la cesión de impuestos y competencias a las corporaciones locales por los Estados y las administraciones autonómicas—, en España las comunidades no han sido capaces de ceder parte de su poder, que por otro lado han consolidado en los últimos años.

Las regiones españolas son las que mayores presupuestos gestionan en toda Europa y las que mayor número de políticas públicas manejan, mientras que nuestros municipios permanecen en los últimos puestos en todos los ránking que miden el poder de las administraciones públicas.

Pros y contras

La descentralización, por lo general, mejora el servicio que se presta al ciudadano. Esto sucede en mayor medida cuando las necesidades son diferentes y vinculadas a los lugares donde se reside. Además, incentiva la responsabilidad de los niveles administrativos inferiores, que trabajan para conseguir los objetivos fijados por los niveles superiores.

En principio, los ayuntamientos, por su proximidad a los ciudadanos y por el conocimiento de sus necesidades, son los más capacitados para prestar los servicios. Esta cercanía, además, potencia la transparencia y favorece la gestión y eficiencia de los responsables municipales, que tienen condicionada la continuación en el cargo a su labor.

Sin embargo, esta cercanía también entraña riesgos, ya que los grupos de interés tienen mayor acceso a los empleados locales, lo que facilita la corrupción, un aspecto desgraciadamente demasiado ligado a la gestión municipal y que en la mayoría de los casos está vinculada al suelo y el urbanismo.

En general, la descentralización supone el riesgo de que se incremente el peso del sector público, con más gastos, mayor regulación, creación de nuevas empresas e incremento de la plantilla de funcionarios. Y es evidente que pasa. La cesión de competencias a las comunidades ha disparado el número de funcionarios y multiplicado las sociedades de carácter público, una especie en extinción en el Estado tras el profundo proceso de privatizaciones llevado a cabo en las últimas décadas.

El interés por prestar el mejor servicio también ha incrementado los gastos y, al tiempo, se han forzado nuevos marcos regulatorios a la medida de las CCAA.

Modelos diferentes

En Europa se da una enorme variedad de modelos organizativos y existen importantes diferencias entre los países en cuanto a las competencias asignadas a los gobiernos locales. A esta realidad nos acerca un reciente trabajo publicado por el Círculo de Empresarios titulado Un nuevo modelo para los ayuntamientos españoles, en el que además se constata en el escaso poder de los municipios españoles, sin competencias y que apenas gestionan gastos e ingresos.

Las corporaciones locales españolas tienen un gasto sobre el Producto Interior Bruto (PIB) muy inferior al que se registra en el resto de los países europeos. Desde 1995, permanece prácticamente estancado en el 6% del PIB, frente al 10,1% de la Eurozona o el 11,5% de la UE sin Bulgaria y Rumanía.

El porcentaje de gasto público que gestiona la Administración local española (16%) ha crecido ligeramente en la última década, pero está muy lejos de los valores anotados por los países nórdicos y de la media comunitaria, que ronda el 24%.

En materia de ingresos, la cuota local sobre el conjunto de las administraciones es del 14,9%, con tendencia decreciente y frente al 24,9% en la UE-25. No obstante, a Europa esta situación le está costando un desequilibrio, pues el gasto local rebasa los ingresos, paradójicamente en un contexto de clara apuesta por la estabilidad prespuestaria.

Reparto del gasto

Nuestros socios europeos registran una especial incidencia del gasto local en servicios sociales y educación, mientras que en los ayuntamientos y corporaciones locales españolas se detecta un mínimo gasto en educación y sanidad —competencias atribuidas no hace mucho a las comunidades autónomas—.

Así, los ayuntamientos españoles invierten cinco veces menos que la media comunitaria en sanidad y la mitad en educación.

Sin embargo, la vivienda se lleva prácticamente un 16% del presupuesto de las corporaciones locales españolas, un porcentaje que duplica la media europea, y deja patente la exagerada vinculación a esta política pública, la principal generadora de ingresos de los municipios de España.

(Documento íntegro del Círculo de Empresarios dedicado a los ayuntamientos)