Discriminación de las personas discapacitadas.

Discriminación de las personas discapacitadas

A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros

“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA
  • Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008

Contenido de la norma

El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.


(Imagen: Daniel Lobo)

El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.

Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”

La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.

Régimen de infracciones y sanciones

Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales

El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.

  • Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
  • Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
  • Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.

No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Dónde presentar las denuncias

Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia

La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.

Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:

  • Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
  • Fax 91 363 50 74
  • Teléfono 91 363 51 86
  • DTS 91 363 50 93
  • Correo electrónico ope@mtas.es

Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.

“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.

Adaptación de la OPE

En cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, las dependencias de la Oficina Permanente Especializada cumplen todos los requisitos para ser accesibles. Existe un sistema de comunicación multidisciplinar que abarca desde la información telefónica, incluidos un dispositivo telefónico para sordos (DTS) y fax, hasta la información presencial, con un sistema de apoyo a la comunicación oral a través de bucle de inducción, labiolectura y lengua de signos básica.

Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible

Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.

Publicado en CONSUMER Eroski.

Informe de la FEMP sobre las políticas locales de lucha contra el cambio climático

cabecera_femp.jpg

LAS CIUDADES

COMIENZAN A REDUCIR

LAS EMISIONES

DE EFECTO INVERNADERO.

Texto: Gabriel Álvarez Fernández

Secretario General de la FEMP y Secretario de la Red Española de Ciudades por el Climahttp://www.agenda21-local.net/portal//ficheros/710femp.pdfglobo.jpg

Quart diseña un plan para dejar de emitir 585 toneladas de CO2 al año

15093649.jpg
Quart diseña un plan para dejar de emitir 585 toneladas de CO2 al año
Los accesos, el estacionamiento y las zonas de carga y descarga serán regulados
19.03.08 –

getEstrellas() getVotos() if (window.document.getElementById(‘num-comentarios’)) getNumComentarios(‘7.0.13108905041203’)

 

Quart de Poblet reducirá su contaminación gracias a un plan que prevé ahorrar energía y evitar la emisión masiva de CO2. La Conselleria de Infraestructuras y Transporte, a través de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN), ha firmado un convenio con el Ayuntamiento por el que destinará un total de 38.000 euros para financiar un estudio integral de movilidad urbana en el que se planificarán y programarán las actuaciones en todas las áreas que afecten a la movilidad del municipio, clave para lograr esa disminución en la contaminación.A este respecto, el director de AVEN, Antonio Cejalvo, ha asegurado que “gracias a la aplicación de medidas de movilidad sostenible Quart de Poblet podrá reducir el consumo de combustibles en el transporte en 193 toneladas equivalentes de petróleo al año, lo que supone que podrá evitar la emisión a la atmósfera de cerca de 585 toneladas de CO2 cada año”.Así pues, en este estudio se recogerán las estrategias e instrumentos necesarios para lograr un uso coordinado y eficiente de los distintos medios de transporte. Entre los aspectos más importantes que recogerá el estudio destaca la regulación y control de acceso y estacionamiento en el centro urbano, el desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes modos de transporte público, y el desarrollo de medidas de integración institucional, tarifaria y física de los diferentes sistemas de transporte público y su intermodalidad.

Asimismo se prevé la potenciación de estacionamientos de disuasión en las estaciones o paradas de las afueras de la ciudad, la ordenación y explotación de la red principal del viario, el fomento de la movilidad a pie y en bicicleta mediante la construcción y/o reserva de espacios y la supresión de barreras arquitectónicas, para el peatón y la bicicleta, además de la regulación de la carga y descarga, y del reparto de mercancías en la ciudad.

Según ha manifestado el director general, “una de las principales prioridades de la Conselleria de Infraestructuras en materia energética es lograr un uso racional de la energía en todos los ámbitos de la Comunitat y aumentar nuestra eficiencia energética, ya que está demostrado que el ahorro energético constituye una de las herramientas más eficaces para luchar contra el cambio climático”.

“Por ello, hemos puesto en marcha el programa Ahorra con energía, para el cual estamos destinando más de 17 millones de euros con la finalidad de llevar a cabo iniciativas de redunden en el ahorro energético en el sector transporte, industrial, residencial y doméstico, servicio y en las Administraciones públicas”.

En total, son 25 medidas de ahorro energético que evitarán evitarán el consumo de 61.500 toneladas de petróleo al año (tep/año) lo que supondrá un beneficio económico para nuestra Comunitat, es decir, una reducción de la factura energética de más de 30 millones de euros.

ALVARO CUESTA: “LA ENERGÍA MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA ESPAÑA QUE QUEREMOS”

000000106557.jpg
Zaragoza. Inauguración VIII Convención Municipal del PSOE

La energía municipal al servicio de la España que queremos

“El futuro de la Humanidad se juega en la ciudad. La lucha contra el cambio climático es un desafío que encuentra muchas de sus respuestas en las políticas urbanas, en el modelo de ciudad, de su desarrollo y crecimiento, en la organización de la movilidad y del transporte público, o en la gestión del suelo y del urbanismo”.
01 Febrero 08<!– document.write(”

Imprimir

“); //–>

Imprimir
Enviar

Afirmó Álvaro Cuesta en la jornada de inauguración de la VIII Convención Municipal del PSOE, que se celebra en Zaragoza durante los días 1 y 2 de febrero Durante su intervención Cuesta resumió los logros del Gobierno de España durante estos cuatro años, resaltando la estrategia llevada a cabo contra el cambio climático, y afirmó que “Las medidas y acciones de impacto urbano y municipal realizadas, nos colocan en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático” Lucha que, según manifestó Cuesta, “sigue siendo una prioridad en el programa electoral del PSOE para las próximas elecciones del 9 de marzo”. Así como el apoyo a los ayuntamientos que “ha estado presente en la agenda del Gobierno durante estos cuatro años y nuevamente se incluye en el  Programa electoral”. Álvaro Cuesta destacó en su intervención el avance en materia de financiación de los Ayuntamientos,  que han conseguido un incremento del 41%r en los presupuestos generales del estado en estos cuatro años.  “Sólo en el último año, dijo, la financiación de las entidades locales aumentó un 12.6%”. Además, resaltó la creación del Fondo de Apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes y el refuerzo educativo de los mismos. En otro ámbito de cosas Cuesta destacó la puesta en funcionamiento de
la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, como primer órgano de cooperación entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y los Gobiernos Locales, la aprobación de
la Carta Municipal de Barcelona,  
la Ley de Capitalidad de Madrid; y la introducción, a través de
la Reforma de los Estatutos de las Comunidades Autónomas, de un mayor refuerzo de garantías a favor de los Ayuntamientos.
También hizo mención Cuesta a  reformas legislativas que han tenido un especial impacto local como la nueva Ley del Suelo, y , desde otra perspectiva, cito el impulso a
la Reforma del Pacto contra el Transfuguismo en las Corporaciones Locales. Más adelante abordó los retos planteados en el ámbito Local para los próximos cuatro años que, según el secretario federal de Política Municipal del PSOE, se centran  en impulsar, desde el máximo acuerdo político, una nueva legislación de bases de Régimen Local, un nuevo Gobierno y Administración Local y una reforma de la financiación local, además de ahondar en la cooperación y el diálogo entre Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Administración Local, a través de órganos como
la Conferencia General de Política Local y
la Conferencia de Asuntos Urbanos.
Álvaro Cuesta arengó a los participantes de
la VIII Convención   Municipal socialista recordando el avance  del PSOE en  las elecciones del 27 de mayo “Somos, afirmó,  el Partido con mayor número de concejales de toda España, 24.029, aventajando al PP en 680”, y hemos revalidado
la Presidencia en
la Federación Española de Municipios y Provincias”. Además  destacó que la aplicación de
la Ley de Igualdad en las últimas elecciones municipales “ha convertido a España en el país europeo con más mujeres dentro de la actividad municipal”.
Hoy, dijo Cuesta, “somos más fuertes, tenemos más capacidad de vertebración de España, somos el partido con más capacidad de diálogo y acuerdo político en todos los lugares, gobernamos en más Comunidades Autónomas y en más Ayuntamientos, tenemos una inmensa red local que se extiende por 8.112 Ayuntamientos, estamos más unidos que nunca;  pero- advirtió-  las elecciones generales no están ganadas de antemano”. Pongamos toda
la Red Local y nuestra energía municipal en apoyar a Zapatero ante el  apasionante futuro que queremos para España”, dijo.
“Queremos una España incluyente, diversa, tolerante y abierta, con nuevos derechos,  que garanticen  igualdad, impulsando la convivencia, la ciudadanía y la calidad democrática. Queremos alcanzar el pleno empleo como garantía de bienestar social. Colocar a España entre los países más modernos, afrontando los retos de los próximos diez años”.   Porque “
La España que queremos merece la pena”. Concluyó

EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
 levante-emv
 MULTIMEDIA
 NOTICIAS RELACIONADAS
. Comunitat Valenciana

La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia


El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que “los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad”.
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo “la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas”.

La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde “
no ha existido ningún tipo de publicidad“, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, “los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación“. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, “el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como“, tal como lo denunció en su momento el PSPV. “Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa“.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce “sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública” y “perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación”.


Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba “
disolver estas sociedades mercantiles” porque en algunos casos había quedado “sin contenido el objeto social de las empresas constituidas”.


Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.

EN MADRID SIGUE EL GUATEQUE…Y LAS DETENCIONES.

718486.jpg

Ya van cinco detenidos en la trama de corrupción de la ‘operación Guateque’

EUROPA PRESS. 27.12.2007

  • Los arrestros se han producido a lo largo de la mañana.
  • En los próximos días habrá más registros a sedes municipales.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a lo largo de esta mañana a cinco funcionarios, algunos con órdenes de prisión, en los seis registros efectuados en varias sedes del Ayuntamiento de Madrid ordenados por el juez Santiago Torres, dentro de la segunda fase de la operación Guateque.Los arrestos se han llevado a cabo hasta las 16.00 horas de hoy y señalaron que ya por la tarde “no se practicarán más detenciones ni registros, aunque no se descarta que se produzcan más en los próximos días”.

Es probable que haya más detenciones durante los próximos días

En concreto, las sedes nuevamente registradas son Urbanismo y Medio Ambiente, lugares donde la Benemérita ya realizó varios registros el pasado día 14 de noviembre, cuando salió a la luz la operación Guateque, dirigida por el juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid para investigar una presunta trama ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado la Guardia Civil en esta segunda fase es que muchos funcionarios están actualmente de vacaciones.

Santiago Torres ha comenzado esta semana una nueva ronda de interrogatorios entre los detenidos, comenzando por el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos, uno de los principales  imputados que cumplen prisión provisional por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

El juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos.

La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil. En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez.

Ceballos era una de las personas objeto de las escuchas.

Hasta ahora, el juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos. La marcha de las pesquisas se vio hace unas semanas obstaculizada por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que mantuvo paralizada la actividad de la Justicia.

Artículos relacionados

LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES A LA COLA DE EUROPA EN FINANCIACIÓN Y COMPETENCIAS.

ayuntamiento-2.jpg

Los municipios españoles tienen el menor poder de la Unión Europea

 

Se sitúan en los últimos puestos en todos los ránking que miden el nivel competencial y de gastos e ingresos en las administraciones

 

E. Morales / I. Acosta
Madrid. El poder municipal sigue siendo una quimera en España y, excepto en materia urbanística, son pocas las atribuciones competenciales de las que disfrutan los ayuntamientos. Mientras que en el resto de Europa se afianza la descentralización local —gracias a la cesión de impuestos y competencias a las corporaciones locales por los Estados y las administraciones autonómicas—, en España las comunidades no han sido capaces de ceder parte de su poder, que por otro lado han consolidado en los últimos años.

Las regiones españolas son las que mayores presupuestos gestionan en toda Europa y las que mayor número de políticas públicas manejan, mientras que nuestros municipios permanecen en los últimos puestos en todos los ránking que miden el poder de las administraciones públicas.

Pros y contras

La descentralización, por lo general, mejora el servicio que se presta al ciudadano. Esto sucede en mayor medida cuando las necesidades son diferentes y vinculadas a los lugares donde se reside. Además, incentiva la responsabilidad de los niveles administrativos inferiores, que trabajan para conseguir los objetivos fijados por los niveles superiores.

En principio, los ayuntamientos, por su proximidad a los ciudadanos y por el conocimiento de sus necesidades, son los más capacitados para prestar los servicios. Esta cercanía, además, potencia la transparencia y favorece la gestión y eficiencia de los responsables municipales, que tienen condicionada la continuación en el cargo a su labor.

Sin embargo, esta cercanía también entraña riesgos, ya que los grupos de interés tienen mayor acceso a los empleados locales, lo que facilita la corrupción, un aspecto desgraciadamente demasiado ligado a la gestión municipal y que en la mayoría de los casos está vinculada al suelo y el urbanismo.

En general, la descentralización supone el riesgo de que se incremente el peso del sector público, con más gastos, mayor regulación, creación de nuevas empresas e incremento de la plantilla de funcionarios. Y es evidente que pasa. La cesión de competencias a las comunidades ha disparado el número de funcionarios y multiplicado las sociedades de carácter público, una especie en extinción en el Estado tras el profundo proceso de privatizaciones llevado a cabo en las últimas décadas.

El interés por prestar el mejor servicio también ha incrementado los gastos y, al tiempo, se han forzado nuevos marcos regulatorios a la medida de las CCAA.

Modelos diferentes

En Europa se da una enorme variedad de modelos organizativos y existen importantes diferencias entre los países en cuanto a las competencias asignadas a los gobiernos locales. A esta realidad nos acerca un reciente trabajo publicado por el Círculo de Empresarios titulado Un nuevo modelo para los ayuntamientos españoles, en el que además se constata en el escaso poder de los municipios españoles, sin competencias y que apenas gestionan gastos e ingresos.

Las corporaciones locales españolas tienen un gasto sobre el Producto Interior Bruto (PIB) muy inferior al que se registra en el resto de los países europeos. Desde 1995, permanece prácticamente estancado en el 6% del PIB, frente al 10,1% de la Eurozona o el 11,5% de la UE sin Bulgaria y Rumanía.

El porcentaje de gasto público que gestiona la Administración local española (16%) ha crecido ligeramente en la última década, pero está muy lejos de los valores anotados por los países nórdicos y de la media comunitaria, que ronda el 24%.

En materia de ingresos, la cuota local sobre el conjunto de las administraciones es del 14,9%, con tendencia decreciente y frente al 24,9% en la UE-25. No obstante, a Europa esta situación le está costando un desequilibrio, pues el gasto local rebasa los ingresos, paradójicamente en un contexto de clara apuesta por la estabilidad prespuestaria.

Reparto del gasto

Nuestros socios europeos registran una especial incidencia del gasto local en servicios sociales y educación, mientras que en los ayuntamientos y corporaciones locales españolas se detecta un mínimo gasto en educación y sanidad —competencias atribuidas no hace mucho a las comunidades autónomas—.

Así, los ayuntamientos españoles invierten cinco veces menos que la media comunitaria en sanidad y la mitad en educación.

Sin embargo, la vivienda se lleva prácticamente un 16% del presupuesto de las corporaciones locales españolas, un porcentaje que duplica la media europea, y deja patente la exagerada vinculación a esta política pública, la principal generadora de ingresos de los municipios de España.

(Documento íntegro del Círculo de Empresarios dedicado a los ayuntamientos)

JULIAN MUÑOZ: CONDENADO A SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN POR PREVARICACIÓN.

729482.jpg

Condenan a Julián Muñoz a siete años de inhabilitación por prevaricación

EFE. 18.12.2007

  • También han sido condenados otros cinco ediles del Ayuntamiento de Marbella (Málaga).
  • La sentencia decreta su inhabilitación para cargo público y doce meses de multa con una cuota de 10 euros diarios.

Minuteca todo sobre:

El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y otros cinco ediles del Ayuntamiento de la ciudad han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga a siete años de inhabilitación para cargo público y doce meses de multa con cuota de 10 euros diarios por un delito de prevaricación urbanística.

La sentencia decreta asimismo la nulidad de la licencia de obra del proyecto de ejecución a la entidad Artola Inversiones SL, otorgada en la comisión de gobierno de 10 de julio de 1998, de la que formaron parte los concejales condenados, para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable.

El fallo tiene en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la concesión de la licencia y el juicio, celebrado el pasado octubre.

Artículos relacionados

EL PP DE LA COMUNITAT VALENCIANA OBSTRUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.

06_0001.jpg

POLÍTICA

 17/12/2007

La derecha provoca “una situación social límite” en detrimento de los discapacitados

El bloqueo del PP valenciano a la Ley de Dependencia envía al paro a 186 trabajadores sociales

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El próximo 31 de diciembre se va a llegar en la Comunidad Valenciana a una “situación social límite”, según alerta el sindicato CC.OO. Este punto crítico será el resultado del persistente bloqueo que el gobierno conservador del PP está haciendo a la aplicación de la ley de Dependencia que promueve el ejecutivo socialista.

Según confirma a El Plural la responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Adelaida Vega Roca, en la fecha marcada, los 186 trabajadores sociales que desde septiembre se encargaban en Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de evaluar y redactar informes de las solicitudes de ayudas, irán a engrosar las listas del paro.

Todos al paro
Desde la administración autonómica se justifican los despidos en cadena porque las convocatorias están planificadas para cubrir períodos de seis meses, “dependiendo de que hayan existencias de fondos en los presupuestos”. Esta última condición es la que más inquieta a los afectados por el despido. En las cuentas de la Generalidad Valenciana para 2008 no figuran partidas específicas para estos fines. Se deduce, desde la oposición de izquierdas, que se está pretendiendo cubrir los costes únicamente con las transferencias del gobierno central. Para 2008 rondarán los 80 millones de euros.

Sin garantías
En cualquier caso, los trabajadores sociales cesados no esperaban la carta de despido, sino otra a la inversa que les confirmara en sus puestos automáticamente, para no entorpecer sus tareas con la discontinuidad forzada que ahora tienen que soportar, sin garantía formal de que vuelva al trabajo más adelante algún día.

Una trabajadora afectada
Una de las trabajadores sociales afectadas por este parón laboral, Virginia Tovar, explica que con esta manera de actuar se ocasiona un mayor retraso en la gestión de las ayudas -“que es lo que persigue la Generalitat Valenciana”, insiste– para que la aplicación de la ley socialista parezca un rotundo fracaso, al menos en la autonomía valenciana.

Todo “en saco roto”
Además del quebranto económico personal, los trabajadores sociales se quejan de que todo lo que han avanzado durante los últimos cuatro meses “caerá en saco roto”. Se tendrá que empezar de nuevo, en detrimento de quienes tienen que percibir las ayudas económicas, es decir las personas mayores con problemas de movilidad y personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Sistema de contratación
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia, Pilar Rueda, reconoce a El Plural que el método de contratación empleado por el Consell para estas taras técnicas en ayuntamientos “no es bueno”. Dice que genera inestabilidad en el técnico y, muy posiblemente, una merma de calidad de servicio, dada su precariedad. Añade otro problema, al denunciar que entre los contratados de la primera convocatoria “muchos no eran titulados sociales”, asegura, dando a entender que ha podido haber mano ancha para el “enchufismo”.

A cuatro meses vista
Pese al malestar y a la incertidumbre general que reinan en los profesionales sociales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), responsable de distribuir en los Ayuntamientos los recursos para cubrir los gastos de personal de atención, ha vuelto a publicar el pasado 10 de diciembre otra convocatoria, idéntica a la que publicó en julio. A ella van a tener que acudir de nuevo los Ayuntamientos, 117 en total, si quieren volver a tener operativos los servicios de atención. Por rápido que se actúe, este duplicado proceso de selección se alargará hasta el mes de abril o mayo, después de las elecciones generales de marzo.

Ritmo lento
Además de este taponamiento en los ayuntamientos, al modelo adoptado por la Generalidad Valenciana le están lloviendo críticas de variada índole. Los sindicatos le acusan de llevar un ritmo muy lento. Hace una semana se publicó un informe de ámbito estatal en el que la Comunidad Valenciana, junto con la madrileña, está a la cola respeto al resto de Gobiernos regionales. En territorio valenciano todavía nadie, de los muchos miles de ciudadanos que tienen derecho a cobrar, ha percibido estas ayudas. En Navarra, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha se han empezado a abonar, con tarifas entorno a los 489 euros mensuales para beneficiarios que viven en el entorno familiar y 657 euros cuando se contrata una persona para su cuidado.

Incumplimiento de una ley estatal
De entre todos los desajustes y errores de aplicación que se achacan a la Generalidad Valenciana, el más grave es el que pone sobre el tapete la trabajadora social, Virginia Tovar. Advierte que de no firmarse el convenio con el Gobierno antes de que finalice este año a la Generalidad Valenciana, se le puede acusar de “incumplimiento de una ley estatal”, con lo que ello significa, si se actúa por la vía judicial.

9.000 MILLONES DE € PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS VIVIENDAS.

zapatero.jpg

9.000 millones para mejorar la eficiencia energética de las viviendas

Redacción fotocasa.es , 11/12/07, 16:28 h

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado un Plan de Rehabilitación Energética Integral para incentivar la renovación de 500.000 viviendas con ayudas y, fundamentalmente, préstamos, por un total de 9.000 millones de euros en el periodo 2008-2012.

 

Zapatero avanzó que destinará 1.000 millones de euros a ayudas directas para rehabilitar edificios antiguos para mejorar su eficiencia energética en los próximos cuatro años. El actual Plan Nacional para la rehabilitación energética de viviendas ya tenía previstas ayudas por 800 millones de euros en 2008-2012, con lo que el anuncio del presidente del Gobierno supone un incremento de 200 millones de euros para este plan.

 

Para complementar esa ayuda, dijo que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) abrirá una línea de crédito por importe de 2.000 millones de euros al año para conceder préstamos en condiciones preferentes a los hogares que deseen acometer proyectos de renovación de este tipo. Además, dijo que el Gobierno creará un fondo especial de 200 millones de euros para rehabilitar edificios públicos y escuelas en ciudades de más de 50.000 habitantes, mediante una asociación con Ayuntamientos e instituciones financieras, en la línea de la iniciativa de “ciudades energéticamente responsables” lanzada por el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton.

 

El consumo energético en los edificios rehabilitados podría reducirse entre un 35 y un 60 por ciento

 

El objetivo es que los edificios antiguos terminen cumpliendo las normas del Código Técnico de la Edificación (que obliga a que todos los edificios construidos a partir de 2007 incluyan paneles solares) y obtengan una certificación energética, además de una reducción de la factura energética. El consumo energético en estos edificios rehabilitados podría reducirse entre un 35 y un 60 por ciento, estimó Zapatero. “Luchar contra el cambio climático requiere asumir esfuerzos, pero no hacerlo además de ser inviable a medio plazo, comporta todavía costes superiores”, añadió el presidente del Gobierno.

LA PETICIÓN DE LA COMISIÓN EN EL CASO TOTANA FUÉ GRABADA.

totana-conection.jpg

corrupción urbanística La petición de la comisión del caso Totana fue grabada

Al parecer, el anterior alcalde aludió al pago de tres millones de euros para recalificar suelo rústico

Autor:
La Voz var d = new Date(1197500400000);
Fecha de publicación:
document.write(d.getDate() + “/” + (parseInt(d.getMonth())+1) + “/” + d.getFullYear());13/12/2007

La exigencia del pago de comisiones a cambio de proceder a la recalificación masiva de suelo rústico en el municipio murciano de Totana cuenta con respaldo pericial determinante, según reconocen fuentes del caso por el que están imputadas más de una docena de personas, entre ellas un abogado y promotor vigués y uno de sus ex empleados. Tal y como adelantó La Voz de Galicia el pasado 30 de noviembre, desde los entornos del anterior y actual gobierno municipal de Totana -del PP- se pudo haber reclamado el pago de tres millones de euros a una de las empresas del letrado gallego Manuel Núñez a cambio de que el Ayuntamiento murciano modificase en su nuevo plan general la calificación de 2,2 millones de metros cuadrados de carácter rústico, para que la empresa viguesa Inmonuar pudiese levantar 5.040 viviendas, un campo de golf, dos spa y un hotel en el municipio.

Diversas fuentes aluden incluso a la existencia de cintas telefónicas grabadas donde algunos de los imputados hacían mención a dicho «cazo», y a la exigencia de que la comisión fuese abonada en varios pagos.

Operación respaldada

Pese al secreto de sumario decretado, hasta ahora ha trascendido que el empresario murciano que fue detenido el día en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil puso en marcha la operación Tótem hizo supuestamente de puente entre los implicados del Ayuntamiento de Totana y la empresa promotora viguesa.

La operación urbanística fue en todo momento saludada por el equipo del anterior alcalde y ahora diputado regional del PP, Juan Morales, así como por su sucesor en la alcaldía, al suponer la construcción de más de cinco mil viviendas en una localidad que agrupa a poco más de veinte mil vecinos. A cambio de la recalificación de las parcelas adquiridas por la firma viguesa en la pedanía del Reiguero, el Ayuntamiento totanés iba a recibir un total de 4,9 millones de euros, tal y como aprobó la corporación, solo con los votos del PP en una sesión en la que también recibieron el visto bueno otros 48 convenios. En la mayoría de ellos el consistorio pudo haber recibido dinero en metálico por parte de los promotores, en lugar de obras o infraestructuras para el municipio, como es más habitual.

Pagos al Ayuntamiento

La firma viguesa Inmonuar ya había ingresado en las arcas municipales 2,4 millones de euros, la mitad de ellos en el momento de la firma del convenio y la otra mitad tras la aprobación inicial del nuevo plan. El montante restante estaba estipulado que se pagase cuando se aprobase definitivamente el plan totanés el próximo mes de enero.

El dinero rodeó la operación de una forma constante, ya que además de ser abonados a todos los propietarios de las fincas rústicas 24 euros por metro cuadrado, donde solo valía 6, la promotora viguesa pagó también 18.000 euros en mano y como señal a todos los dueños que accedieron a vender su suelo, según admitieron varios de ellos.

GARANTÍAS JURIDICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO.

Garantías jurídicas, planificación y desarrollo urbano PDF Imprimir E-mail
Ignacio Pérez Sarrión   
28.11.2007

ImageVivimos en un estado de derecho, un estado quizás –en mi opinión, en algunos aspectos- excesivamente garantista. Digo esto porque la cantidad de normas, procedimientos, plazos y recursos, pueden legar a provocar inseguridades jurídicas e impiden en ocasiones un funcionamiento mínimamente ágil de la administración si se pretende ser eficaz, como por otra parte se demanda por los ciudadanos. Uno nunca está seguro de estar cumpliendo meticulosamente todos y cada uno de los matices de los procedimientos de aplicación del derecho, dada la estructura de personal existente, el escaso tiempo con que se cuenta por las personas que tienen que tratar multitud de tareas diferentes en soledad (FHE) y los medios materiales con que se cuenta.

Resulta curiosa  oír en los pueblos la expresión “te denunciaré”, o “le denunciaré“, cuando se piensa que si es el Ayuntamiento la administración responsable de sancionar una transgresión determinada y éste no tiene ni funcionarios, ni medios adecuados, ni ordenanzas tipificadoras de las conductas sancionables  ni por su puesto sanciones previstas, difícilmente, por no decir de manera prácticamente imposible, se tramitarán procedimientos sancionadores. Ejemplo de la situación sin ir más allá es las infracciones de tráfico que se cometen continuamente en todos los pequeños pueblos y que quedan impunes. Cuantitativamente no son muchas, pero cualitativamente pueden ser muy importantes y resulta penoso que en muchas ocasiones haya que transigir con comportamientos sumamente inapropiados.  

En los pequeños pueblos no hay policía local ni medios para tramitar los procedimientos sancionadores. Así, uno puede aparcar su vehículo en medio de la plaza, hacer ruido a las dos de la mañana, echar las basuras al contenedor sin bolsa y muchas otras conductas reprobables sin que, jurídicamente, pase nada.

Habría que en alguna ocasión hacer un estudio sociológico –quizás se haya hecho- del efecto que para la convivencia puede ejercer el control social de una comunidad pequeña o mediana, porque en estos lugares, es la reprobación social la que sirve de control y no evidentemente el control jurídico. Es el vecino de al lado, que conoce quién eres, de quién eres hijo, en qué trabajas, cuando sales y entras, en fin, tu vida de pé a pá, quien a corto o medio plazo te llegará a hacer algún comentario sobre lo inadecuado de tu comportamiento. SI eres normal y no te habías dado cuenta, te sonrojas y cambias. En otro caso, está servido el inicio seguro de una rencilla que perdurará en el tiempo.

Sin embargo los pueblos de la periferia de las ciudades crecen muy rápido. Como consecuencia de la carestía de la vivienda en la ciudad, la gente joven se desplaza a estos pueblos a vivir en los típicos adosados, prohibitivos veinte kilómetros más cerca del centro de la ciudad. Así, sin darse cuenta apenas, municipios muy pequeños en los que todos se conocían, pasan de repente a convertirse casi en ciudades-dormitorio a los que se acude sólo por la noche. Desparece (o es mucho más difícil) el control social moderador de conductas, porque no se sabe quién es el que vive al lado ni a qué se dedica. Estas personas están tan ocupadas trabajando que tampoco se integran apenas en la vida social del pueblo.

Creo que estos efectos no se tienen en cuenta en la práctica a la hora de permitir o promover el crecimiento de los municipios aledaños a las metrópolis. Allí, en la ciudad, miles de policías vigilan y sancionan. En ese pueblo, apenas treinta kilómetros alejado de aquélla, casi no hay normas (un amigo mío decía parafraseando los western que esto es el oeste, “no hay ley al oeste del Río Pecos”), sólo casi hay miradas de reproche o censura si uno no se comporta normalmente. Afortunadamente ese control social es en muchos casos suficiente para lograr una convivencia adecuada. Pero no en otras ocasiones.

Las cosas cambian rápidamente y son conocidos los casos de municipios que han pasado de ochocientos o mil habitantes a más de cuatro mil o más en menos de una década. Ese fenómeno, de forma inmediata, supone riqueza económica de poblaciones hasta hacía poco depauperadas, en forma de ingresos derivados de la actividad urbanística y poblacional: operaciones urbanísticas, convenios, permutas, IBI, plusvalías, aumento de participación en el FNCM, aumento del IVTM, etc. Si por una parte se dispone entonces de mayores recursos obteniendo nuevos equipamientos y optimizando los existentes, por otra parte se pierde esa cohesión social que como comunidad pequeña se tenía.

Creo que es importante que los gobiernos locales, antes de fomentar un desarrollo desmedido, decidiesen reflexivamente si es conveniente ese crecimiento, hasta qué límite, con qué previsiones, qué medios se van a necesitar y, en definitiva, planificar a medio plazo. Yo creo que en ocasiones sólo se actúa por intuición, simplemente se da por supuesto que aumentar población es en sí mismo lo correcto, sin tener en cuenta otras implicaciones a valorar cuidadosamente. E igual que se planifica el crecimiento urbanístico a través de un PGOU, habría que planificar los equipamientos necesarios según población y a medida que se vaya creciendo, necesidades de nuevos servicios, supuestos de pirámides poblacionales, dónde está el umbral en el que será necesario y sostenible económicamente disponer de algunos servicios, cuándo será necesario disponer de policía local (a reservas de las previsiones legales sobre el particular), qué medios jurídicos y técnicos se necesitarán, y un largo etcétera de cuestiones que me da la impresión que se van solucionando sobre el momento.

Visto en el Blog esPublico

LA OPERACION GUATEQUE PUEDE ACABAR EN UNA COGORZA MONUMENTAL.

guateque.jpg

Publicado 10-12-2007

La investigación del ‘caso Guateque’ podría extenderse a las ‘Cuatro Torres’ de la Castellana

ENVIAR A

Menéame Menéame Del.icio.us Del.icio.us
Yahoo! MyYahoo! Technorati Technorati
Digg Digg ¿Qué es esto?

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El sindicato de funcionarios Manos Limpias prevé solicitar al juez Santiago Torres que extienda la investigación sobre el mayor caso de corrupción destapado en el Ayuntamiento de Madrid a la tramitación del Plan Especial para la puesta en marcha de las ‘Cuatro Torres’ que se levantan en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, las pertenecientes a Caja Madrid, al grupo Villar Mir, a la Mutua Madrileña y a Sacyr Vallehermoso.

Manos Limpias pedirá al magistrado que ponga su punto de mira en las presuntas irregularidades detectadas en los expedientes para la concesión de estas licencias tramitadas por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento. Esta petición se incluirá en la querella que presentará en los próximos días ante el Juzgado de Instrucción número 32 para personarse como acusación popular en la causa.

Según el sindicato, las llamadas Torre Sacyr, Torre de Cristal, Torre Espacio y la Torre Caja Madrid cuentan con licencias de funcionamiento “atípicas” para este tipo de construcciones, que podrían responder a presuntas “presiones” por parte de “grupos económicos”.

Por otro lado, otra de las peticiones de Manos Limpias se refiere al concejal de la Junta del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo. Este edil estaría supuestamente implicado en el entramado de concejales que realizaban recomendaciones a los funcionarios para priorizar determinados expedientes.

Manos Limpias sostiene que Izquierdo desoyó a un técnico municipal que desaprobó la autorización de varias licencias, entre ellas una de un bar y otras dos de pubs de copas. Así, el concejal apartó de su puesto a dicho funcionario, que declarará como testigo ante el juez, y ordenó agilizar estas licencias de funcionamiento para poner en marcha estos locales de ocio.

Además de Izquierdo, el sindicato pedirá al juez instructor que investigue a los antiguos concejales de Chamberí, Ángel Garrido, de Centro, Luis Asúa, de Retiro, Elena González, de Tetuán, Dolores Navarro, de Chamartín, Luis Miguel Boto, entre otros.

POLÍTICA

Un edil de Gallardón figura en tres empresas

Luis Asúa arguye que dos de ellas son sociedades “muertas”    

| Compartir   delicious  digg  technorati  yahoo  meneame

 

Luis Asúa, en la presentación de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, en 2005, cuando aún era concejal-presidente del distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid. – MUNIMADRID

JUANMA ROMERO / MANUEL RICO – Madrid – 11/12/2007 07:30

La operación Guateque ha puesto en el disparadero a los ediles de Alberto Ruiz-Gallardón. Partidos y medios miran hasta dónde llegaría la mano política en la agilización de las licencias. Y uno de los citados es Luis Asúa Brunt, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid desde 1999 y, hasta el pasado mes de junio, responsable del distrito de Centro, una de las zonas calientes de la Guateque. Allí se tramitaban más expedientes y allí hay, supuestamente, más puntos negros en el caso.

Asúa aparece en los archivos del Registro Mercantil, según ha comprobado Público, como apoderado o administrador solidario de tres empresas: Marbeland, SL; Mosi Guard España, SL, y Ediciones Egunon, SL. Y aparece como tal a día de hoy, en diciembre de 2007.

El edil popular reconoce su participación en las tres compañías. En conversación con este diario, aseguró que sólo hay una empresa “plenamente activa”, Marbeland. “Las demás no registran actividad desde hace años. Pero no es tan fácil matar a una persona jurídica. Hacer los asientos de cancelación a veces cuesta más”. Asúa argumenta que no declaró la actividad en tales empresas al ingresar en el Ayuntamiento porque “estaban muertas”. “Sociedades residuales hay miles”, añade, “y en aquel tiempo [1999] no existían herramientas informáticas tan completas como las actuales para rastrear en qué empresas figuraba yo”.

“Me di de baja”

El edil recuerda que el pequeño bufete de letrados en el que trabajaba –que tenía su nombre, Luis Asúa– gestionaba “infinidad de apoderamientos de otras empresas”. El concejal subraya que se dio de baja en el Colegio de Abogados de Madrid como profesional ejerciente “entre 1999 y 2000”.

De las tres empresas citadas, no se puede decir que tengan mucho en común. La primera de ellas, Marbeland, es una promotora inmobiliaria que opera básicamente en Madrid, Valladolid y Marbella. “Pertenecía a mi suegro y, a través de él, a mi esposa, que ya falleció. Es de mi familia política”.

Asúa remacha que figura como apoderado desde 1997 porque así se le habilitó en un pleito contra la Cámara de Comercio de Madrid. “Pero ni cobro ni firmo ningún documento”. Tampoco, dice, de las otras dos compañías.

Mosi Guard se montó en en el año 1995 como empresa que gestionaba en España la licencia del repelente de mosquitos homónimo, líder de ventas en el Reino Unido, y que todavía comercializan los laboratorios OTC Ibérica.

La tercera compañía, Egunon, también de la añada de 1995, se proyectó como una empresa editorial, pero “ni se llegó a levantar”, insiste Asúa. Nada sabe de los socios capitalistas.

LAS COMPAÑÍAS
Desde vender pisos al antimosquitos

1. Marbeland, SA //  Luis Asúa figura como apoderado de la inmobiliaria desde 1997, según él, por un pleito antiguo contra la Cámara de Comercio de Madrid. La empresa continúa en activo. Se trata de una sociedad patrimonial que pertenecía, “al 100%”, a su suegro, que luego heredó su mujer (ya fallecida) y que ahora poseen sus cuñados y sus hijos. Asúa asegura que nada le liga a ella. “Creía que mis poderes estaban completamente revocados”, afirma el edil.

2. Mosi Guard, SL //  En 1995 todavía hacía falta para poder distribuir un fármaco en España, cuenta Asúa, un laboratorio y una empresa que gestionase la licencia. De esto último se encargó Mosi Guard, compañía en la que el edil aún figura como apoderado. Mosi Guard da nombre a un ahuyentador de insectos.

3. Ediciones Egunon, SL // A comienzos de 1995 se montó Ediciones Egunon, que pretendía sacar al mercado varios proyectos editoriales. “Nunca llegó a tener actividad”, relata el edil del PP, vigente administrador solidario. “No sé ni dónde pararán los socios capitalistas”.

EL CIRCUITO URBANO DE FORMULA 1 DE VALENCIA TAPONARÁ LAS SALIDAS NATURALES Y AUMENTA EL RIESGO DE RIADA E INUNDACIONES.

circuito-valencia.jpg

lunes, 10 diciembre 2007

EL CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA UNO EN VALENCIA AUMENTA LOS PELIGROS DE RIADAS E INUNDACIONES PORQUE IMPIDE EL DESAGÜE NATURAL Y TAPONA LOS OJOS DEL PUENTE DE ASTILLEROS…

La Asociación de Vecinos de Nazaret ha denunciado que la construcción del circuito urbano de Fórmula Uno aumenta el riesgo de inundación de este barrio, al invadir el cauce del río Turia y desnivelar sus márgenes, disminuir su capacidad de desagüe y tapar varios ojos del puente de Astilleros. El portavoz de este colectivo vecinal, Julio Moltó, tras la asamblea informativa que mantuvo con otras asociaciones la semana pasada, en la que se ha analizado el impacto que el circuito urbano de Fórmula Uno tendrá en este barrio valenciano.

Salvar Nazaret de riadas. Moltó ha manifestado que obstaculizar las aguas pluviales es un tema “alarmante” para los vecinos y ha advertido de que podría ser un problema “más grave” que el que atañe actualmente al Palau de les Arts. También ha instado al Ayuntamiento de Valencia a que trabaje para que esta nueva situación de Nazaret sea contemplada por el Plan de Acción Territorial Sectorial (PATRICOVA) sobre prevención de riesgos de inundación.
Según Moltó, el circuito urbano “que podría estar en funcionamiento hasta el 2022, supondrá peores condiciones de vida para los vecinos todos los veranos”.

La Fórmula Uno: ruido, contaminación y colapso de tráfico. Entre las causas, se ha referido al ruido “insoportable”, la contaminación atmosférica, el colapso circulatorio “debido a la falta de aparcamientos” y el aislamiento del barrio que supondrá el corte del puente Astilleros durante la celebración del Gran Premio de Europa. Asimismo, ha calificado de “muy preocupante” que esta instalación se esté realizando “sin licencia de obras, sin estudio de impacto ambiental e incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana que indica que el cauce del río es zona verde”. Por último, ha destacado que la actividad de esta instalación es “molesta, contaminante y peligrosa” para los vecinos de Nazaret.

EL FISCAL PIDE 18 MESES MÁS DE PRISION PARA JULIÁN MÚÑOZ.

668078.jpg

El fiscal pide que el ex alcalde Julián Muñoz sea condenado a 18 meses de prisión

EFE. 09.12.2007

  • Otros cinco ex ediles están acusados de conceder una licencia para la construcción de 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva de uso público.
  • Pueden ser condenados a ocho años de inhabilitación.
  • El fiscal entiende que el uso era “incompatible” con la autorización concedida.

Minuteca todo sobre:

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga juzgará esta semana al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a otros cinco ex ediles por conceder una licencia para la construcción de 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva de uso público en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986.

Julián Muñoz y los cinco ex concejales del Gil, miembros de la comisión de gobierno en 1998, están acusados de un delito contra la ordenación del territorio y el fiscal pide que sean condenados a una pena de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación. En el escrito acusatorio, se solicita la nulidad de la licencia y se destaca que el que fuera alcalde de Marbella Jesús Gil fue inductor del delito.

El ministerio público considera que Muñoz, como alcalde accidental, junto a Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo, aprobaron en marzo de dicho año conceder licencia de obras a las entidades Jotsa y Promotorauno para la construcción de un edificio de 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en San Pedro de Alcántara.

Concesión licencia

La fiscalía malagueña entiende que la licencia se otorgó en función a las instrucciones del entonces alcalde de la localidad, Jesús Gil y con un presupuesto de más de quince millones de euros. Dicho permiso se otorgó “pese a que se autorizaba a edificar en un suelo que de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables -que eran el PGOU del 68- estaba clasificado como zona deportiva de uso público”, calificación de la parcela que luego se mantuvo en el plan de 1986.

Por ello el fiscal entiende que el uso era “incompatible” con la autorización concedida, lo que era “conocido por los acusados”, quienes decidieron, conceder la licencia de obra “sobre la base de su adecuación a las determinaciones de un documento de revisión del planeamiento municipal que el equipo de gobierno estaba llevando a cabo”.

Dicha revisión no había sido aprobado definitivamente por el ente supramunicipal competente, en este caso la Junta de Andalucía. El ministerio público recuerda, como en otros escritos acusatorios, que la Comisión Provincial de Urbanismo denegó en 1998 la aprobación definitiva de dicha revisión promovida por la Corporación municipal.

Artículos relacionados

EL ALCALDE DE TOTANA (pp)…PROVISIONALMENTE EN EL TRULLO. UNA METÁFORA POLITICA DE LAS BARBAS DEL VECINO Y EL JABON PARA EL REMOJO.

totana-conection.jpg

La jueza decreta prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana

EFE. 03.12.2007

La titular el Juzgado Número Uno de Totana, María Asunción Navarro, ha decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, del PP, en el marco de la Operación Totem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, informaron fuentes judiciales.

La decisión de la jueza se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de ayer, domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial.

Artículos relacionados

LA FEMP CONVOCA CONCENTRACIONES SILENCIOSAS EN LA PUESTA DE LOS AYUNTAMOIENTOS PARA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE A LAS 12 HORAS.

cabecera_femp.jpg

01.12.2007 la femp::

Llamamiento de la FEMP para realizar el lunes concentraciones silenciosas

El Presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha hecho un llamamiento a todos los Alcaldes españoles para que convoquen a todos los ciudadanos a realizar concentraciones silenciosas de cinco minutos el próximo lunes, día 3, a las doce de la mañana ante las casas consistoriales, en repulsa por el atentado en el que ha sido asesinado un agente de la Guardia Civil y otro ha sufrido heridas muy graves, en el suroeste de Francia.

El Presidente de la FEMP ha manifestado, además, su más enérgica condena de estos hechos y se ha dirigido al Ministro del Interior para trasladarle la solidaridad y el apoyo de todos los Gobiernos Locales españoles a la familia de los guardias civiles y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, ha manifestado el apoyo unánime de la FEMP al Gobierno en la lucha antiterrorista.


EL ALCALDE DE TOTANA (PP) DETENIDO POR SU PRESUNTA RELACIÓN CON UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN.

 

alcalde-de-totana.jpg

El diputado del PP Juan Morales, principal responsable de la trama de corrupción urbanística de Totana

Se investiga si cobró cantidades millonarias por la firma de un convenio urbanístico

PILAR VELASCO / CADENA SER   28-11-2007

Fuentes judiciales señalan al diputado del PP, Juan Morales, como el principal sospechoso de la trama de corrupción urbanística del Ayuntamiento de Totana en Murcia. Según ha sabido la SER, Morales es -según la investigación- quien habría acordado el cobro de una comisión a cambio de la recalificación de 200 hectáreas de suelo a una constructora de Galicia.

Según fuentes cercanas a la investigación, consultadas por la SER, Juan Morales, diputado del PP en Murcia y alcalde de Totana hasta el pasado mes de mayo es el principal sospechoso de la trama de corrupción urbanística de Murcia y si no ha sido detenido es por su condición de aforado. Es más, el objeto de la investigación es el presunto cobro de comisiones de Morales a cambio de facilitar la firma de un convenio urbanístico con una empresa constructora gallega para recalificar 200 hectáreas de terreno.

Las mismas fuentes aseguran a la SER que se ha intervenido a la actual compañera sentimental del diputado 55.000 euros en metálico. Esta mujer, ciudadana brasileña, es sospechosa de -entre otros presuntos delitos- blanqueo de capitales.

El pasado lunes, la Guardia Civil interceptó el coche de un abogado relacionado con Morales cuando salía del domicilio del diputado. Lo hacía con un maletín que contenía documentos de interés para la investigación. Este abogado es además el letrado del Ayuntamiento de Totana.

La investigación da ahora un giro y señala como presunto cabecilla de la trama al diputado del PP en Murcia Juan Morales que no está detenido. Junto a él y en libertad con cargos están su ex mujer, acusada de los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, y su actual compañera sentimental.

Ayer mismo, Juan Morales -en conversación con la Cadena SER- negó tener nada que ver con este caso de presunta corrupción.

<!– // This function displays the ad results. // It must be defined above the script that calls show_ads.js // to guarantee that it is defined when show_ads.js makes the call-back. function google_ad_request_done(google_ads) { // Proceed only if we have ads to display! if (google_ads.length < 1 ) return; // Display ads in a table document.write(“

“); document.write(”

“); document.write(”

Anuncios Google

“); document.write(“¿Qué es esto?

“); document.write(“

“); // For text ads, display each ad in turn. // In this example, each ad goes in a new row in the table. if (google_ads[0].type == ‘text’) { //document.write(”

“); for(i = 0; i < google_ads.length; ++i) { document.write(“
“); document.write(”

” + google_ads[i].line1 + “

“); document.write(”

” + google_ads[i].visible_url + “

“); document.write(”

” + google_ads[i].line2 + “. ” + google_ads[i].line3 + “

“); document.write(“

“); } // document.write(“

“); // document.write(“

“); } // For an image ad, display the image; there will be only one . //if (google_ads[0].type == ‘image’) { // document.write(“

” + // “” + // “

“); //} // Finish up anything that needs finishing up document.write (“
“); } –>

LA COPA DEL AMÉRICA EN EL AIRE Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA POR TIERRA.

copa-america.jpgEl ‘BMW-Oracle’ se sale con la suya: el ‘Desafío’ no puede ser primer desafiante

20MINUTOS.ES/AGENCIAS. 27.11.2007

  • El ‘Alinghi’ ha mostrado su decepción por esta decisión judicial.
  • La competición de vela en Valencia, mientras tanto, sigue sin fecha.
  • Los servicios jurídicos del ‘Desafío Español’ analizarán el fallo.

Una de los atractivos de la próxima edición de la Copa del América de vela iba a ser que el Desafío Español actuaba como challenge of record, es decir, como el primer equipo que desafía al ganador de la competición y pacta las condiciones de la siguiente edición.

Pero ese aliciente se difumina. Y todo porque el juez Herman Cahn, de la Corte Suprema de Nueva York, ha fallado a favor del Golden Gate Yacht Club (GGYC), representado por el BMW-Oracle, en la demanda que presentó en contra de la validez del Club Náutico Español de Vela (CNEV) como challenge of record.

El BMW-Oracle siempre ha criticado la legitimidad del CNEV como primer desafiante, ya que, entre otros argumentos, considera que su nacimiento, ex profeso para que el Desafío fuese challenge of record, se saltó varios plazos y no cumplió con el procedicimiento habitual para este nombramiento.

Al Alinghi, actual campeón y defensor del título, no le ha gustado la decisión judicial, pues ya tenía pactado el protocolo de la próxima edición. Al Desafío Español, tampoco. Su equipo jurídico estudia la sentencia para ver qué opciones se presentan ahora antes de una posible actuación.

Ernesto Bertarelli, presidente del equipo suizo, señaló: “Nos sentimos decepcionados por el hecho de que un tecnicismo haya resultado en que el CNEV sea inválido y ahora esperamos entablar discusiones con el Golden Gate Yacht Club para mantener la America’s Cup en funcionamiento”.

Valencia, en todo caso, no peligra como sede de la competición, aunque sí se ignora en qué fecha podrá disputarse tras este último giro en los acontecimientos.

Artículos relacionados

SUMA Y SIGUE DE LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA: NUEVOS CASOS EN MURCIA, GALICIA Y MADRID INVREMENTAN LA INMENSA LISTA DE DELITOS.

totana.jpg

Ocho detenidos en Murcia, Galicia y Madrid por presunta corrupción urbanística

20MINUTOS.ES/AGENCIAS. 26.11.2007

Paraje donde se pensaba construir, según IU.

  • Entre ellos, la ex mujer y la compañera del ex alcalde de Totana (Murcia)
  • Registran en Totana una oficina de Cajamurcia, una fábrica de huevos y una asesoría.
  • La operación está relacionada con la recalificación de suelo rústico en urbanizable.

Agentes de la Guardia Civil han detenido hoy a al menos ocho personas por su presunta relación con un delito urbanístico cometido en la localidad murciana de Totana. La operación está relacionada con la recalificación de más de dos millones de hectáreas de suelo rústico en urbanizable para que una empresa gallega construyese miles de viviendas.

Entre los detenidos se encuentran el director de la empresa gallega y uno de sus ayudantes, habiéndose producido ambos arrestos en Nigrán (Pontevedra). Asimismo, ha sido detenido en Totana el dueño de una empresa de productos agrícolas con sede en esa localidad, acusado de actuar de intermediador entre la empresa y las personas que podrían haber recibido sobornos para recalificar el terreno.

Además, según informa la Cadena Ser entre los detenidos se encuentran la ex mujer y la actual compañera sentimental del hasta hace unos meses alcalde de Totana, Juan Morales, del Partido Popular. Morales es actualmente diputado regional.

La nómina de detenidos se completa con otros dos arrestos en Murcia capital y otro en Madrid. Las investigaciones corren a cargo del Grupo de Delitos Urbanísticos creado este mismo año en el seno de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ya lo denunció IU

El grupo de IU en Totana dio la voz de alarma en septiembre calificando de “disparate la macrourbanización anunciada por el grupo gallego Nuaria con la que pretendían construir 5.000 viviendas“.

“Los propietarios de terrenos en la zona están siendo presionados y amenazados para que vendan unas propiedades que les pertenecen desde hace generaciones”, explicó el concejal de IU en Totana, Juan José Cánovas.

“Este proyecto duplicaría la población de Totana, con la urbanización de más de 2 millones de m2 y la construcción de un campo de golf“.

“Son varios los vecinos propietarios de la zona que se han dirigido a IU para manifestar las presiones que vienen sufriendo para que vendan sus propiedades, bajo amenazas de expropiación”.

El Ayuntamiento pide que se aclaren los hechos

El Ayuntamiento de Totana, gobernado por el Partido Popular, asegura que está prestando toda su colaboración a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para facilitar el esclarecimiento de los hechos.

“El Ayuntamiento de Totana desea apelar a la responsabilidad de todos los agentes sociales y políticos en sus declaraciones y actuaciones públicas para no manchar el nombre de Totana y evitar entorpecer la investigación en curso. Por otra parte, los hechos no han modificado la agenda de los miembros del equipo de Gobierno y ninguno va a realizar valoraciones públicas para no interferir en la investigación”.

Además, solicita que se agilicen al máximo las investigaciones para evitar cualquier sospecha infundada.

Artículos relacionados