Discriminación de las personas discapacitadas.

Discriminación de las personas discapacitadas

A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros

“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA
  • Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008

Contenido de la norma

El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.


(Imagen: Daniel Lobo)

El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.

Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”

La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.

Régimen de infracciones y sanciones

Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales

El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.

  • Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
  • Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
  • Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.

No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Dónde presentar las denuncias

Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia

La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.

Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:

  • Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
  • Fax 91 363 50 74
  • Teléfono 91 363 51 86
  • DTS 91 363 50 93
  • Correo electrónico ope@mtas.es

Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.

“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.

Adaptación de la OPE

En cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, las dependencias de la Oficina Permanente Especializada cumplen todos los requisitos para ser accesibles. Existe un sistema de comunicación multidisciplinar que abarca desde la información telefónica, incluidos un dispositivo telefónico para sordos (DTS) y fax, hasta la información presencial, con un sistema de apoyo a la comunicación oral a través de bucle de inducción, labiolectura y lengua de signos básica.

Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible

Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.

Publicado en CONSUMER Eroski.

La deuda de la Generalitat Valenciana, la más alta de España.

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La deuda de la Generalitat aumenta y alcanza los 11.550 millones de euros

Supone el 1 1 ,4% del PIB autonómico, lo que le sitúa en el índice más alto de España

Esperanza Costa Valencia | 27/03/2008 | 0 comentarios | + 0 – 0 (0 votos)

La Comunitat Valenciana sigue en números rojos. Y cada vez más. El Banco de España hizo ayer público el endeudamiento de las Comunidades Autónomas en 2007. Según estos datos, la deuda de la valenciana asciende a 11.550 millones de euros, lo que supone un 11,4% del Producto Interior Bruto-P1B-,el nivel más alto de España.

El endeudamiento valenciano creció respecto a 2006 un 5,66%, mientras que la media nacional fue de un 3,03%. Sólo Catalunya supera a Valencia en números absolutos, con14.819 millones de euros de deuda, un 5,53% más que en 2006. La comunidad que mejor gestionó sus cuentas fue el País Vasco, que, con 642 millones de euros, redujo un 30,89% su endeudamiento respecto a 2006.

Los datos fueron valorados ayer de distinta manera por el Consell y la oposición.

Diferente interpretación

El director del Institut Valenciá de Finances, Enrique Pérez Boada, señaló que el crecimiento de15,6% respecto al año anterior “marca el mejor registro de los últimos años”. Es decir, desde 1995, es el crecimiento de deuda más bajo.

“El endeudamiento crece por las necesidades de financiaciónque tiene esta Comunitat, pero este crecimiento es contenido y porcentualmente mejora respecto a años anteriores”, agregó.

La portavoz adjunta del PSPV en las Corts, Cristina Moreno, dijo que la deuda valenciana “supone el 35% de la de todas las comunidades”juntas, por lo que acusó al PP de una “nefasta política económica que trata de ocultar a base de victimismo”.

LAS CIFRAS

57%

Fue la media nacional de endeudamiento en relación al PIB en 2007.En la Comunitat Valenciana se duplicó hasta el 11 4%.

13.314

Millones de euros debe la Generalitat ya que a los 11.550 millones ya comentados hay que sumar la deuda de las empresas públicas.

59.711

millones es lo que debían a finales de 2007 todas las comunidades autónomas en concepto de créditos fondos de inversión o deuda pública.

SE ROMPE, NO SE ROMPE.

22 Febrero 2008 – 7:29 soraya-zaplana.gif

Anda el PP tomándonos por idiotas por penúltima vez en esta legislatura. El juego de estos quince días consiste en hacer como que todo lo que han hecho durante esta legislatura no existió: no quieren ya borrar la Historia de hace setenta años, sino de hace un par de meses. La semana que viene nos contará Cañete que en el PP nadie es un xenófobo que atribuya a los inmigrantes el colapso de la sanidad pública. La última chorrada del PP fue la de decir Espe y Mariano, tanto monta, que España no se rompe, con el colofón al día siguiente de Soraya diciendo lo que tenéis arriba a la izquierda: a Soraya le gustaría saber quién ha dicho en el PP que España se rompe.

Ocurre que cuando comencé a escribir este blog no sabía muy bien en qué iba a consistir el mismo. En octubre de 2006, de hecho, sólo colgué un apuntito en el que escaneaba la portada de 20 minutos con tres mentiras dichas por Zaplana en una entrevista interior: las otras dos eran sobre la teoría de la conspiración y sobre la sucesión de Rajoy (1). Por tanto cuando leí las cosas que estaban diciendo Esperanza, Mariano y Soraya (es decir, la consigna del día) recordé inmediatamente aquel recorte.

Es una secuencia que retrata perfectamente la derecha que hemos tenido esta legislatura. No ha hecho falta disimular: se ha tomado por gilipollas a la gente con las cartas boca arriba. Ya ni los curas se atreven a solicitar la fe hasta el punto de asegurar que algo que ya ha sucedido (’El PSOE ha roto España‘) ‘no se nota, pero se notará‘. Mientras Zaplana decía aquello, los voluntarios pepinos recogían firmas en todos los rincones de España contra el Estatut (’Me gustaría saber quién ha dicho en el PP que no nos gusta el Estatut’ diría Soraya en una hipotética negociación con CiU). Algunos de los firmantes lo entendían muy bien: estaban firmando ‘contra Cataluña‘ (2) mientras escuchaban los anuncios anticatalanes del PP Andaluz. La COPE, por su parte (cadena controlada por Esperanza Aguirre según amenazó ésta a Mariano Rajoy por si éste pensaba colocar a Gallardón en la lista) animaba sin demasiado disimulo el boicot de productos catalanes: seguramente los que pedían cava murciano fueran votantes de Izquierda Unida, nunca del PP, pero con sus abrigos de visón pretendían engañarnos.

Pocos años después nos explican que para catalanes ellos, que España no se rompe ni ellos han dicho nunca nada de eso, que aquí los que crispan no son ellos. El PP sólo se preocupa de que los currantes lleguen a fin de mes, de que puedan pagar las hipotecas. Son otros los que tensan y dramatizan, que al parecer son sinónimos de crispar aún cuando se refieren a las encuestas (que sí fueron tensadas y dramatizadas, por cierto)

A Soraya y a mí nos gustaría saber quién ha dicho en el PP que el proceso de paz era un proceso de rendición, que se regalaba Navarra a (la) ETA, que el Estatut rompía España. El PP hablaba de las hipotecas, de las familias embargadas: las manifestaciones de V de vivienda estaban pobladas por jóvenes de Nuevas Generaciones, y no eran ellos quienes tensaban y dramatizaban diciendo que quitar la estatua de un genocida era reabrir heridas, que permitir a dos hombres o a dos mujeres que tuvieran los mismos derechos que un hombre y una mujer era perseguir a la familia, a los homosexuales, a los cristianos… había que manifestarse por la libertad.

Cuando los analfaprogres islamoetarras pensábamos que estaban diciendo que las bombas del 11-M las puso ETA como demostraba una cinta de la Orquesta Mondragón estaban diciendo en realidad que les molestaba muchísimo que la pérfida banca nos condenara a hipotecas de cuarenta o cincuenta años; cuando entendíamos que se manifestaban contra la devolución de los papeles catalanes a Catalunya, lo hacían en realidad contra la precariedad laboral y las ETTs; cuando pensábamos que se manifestaban contra Educación para la ciudadanía lo hacían contra el neoliberalismo y la pobreza por éste generada…

Escuchamos mal: pensamos que cuando nos llaman cómplices del terrorismo están diciendo que somos cómplices del terrorismo. Pero si somos unos tiquismiquis es nuestro problema. Ellos sólo se preocupan de lo que interesa a la gente normal.

Visto en III República.

VIVIENDA COMIENZA MAÑANA A PAGAR LAS AYUDAS AL ALQUILER.

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La ministra de Vivienda, Carme Chacón. – EFE

EFE – Salamanca – 19/02/2008 16:51

El Ministerio de Vivienda comenzará mañana a pagar las primeras ayudas de la renta básica de emancipación de 210 euros mensuales a los primeros solicitantes que cumplan todos los requisitos establecidos.

Así lo ha anunciado hoy en Salamanca la ministra de Vivienda, Carme Chacón, quien ha precisado que “se ha dado orden al Tesoro del pago de aquellos que han formalizado su solicitud y ha sido evaluada por las comunidades autónomas”.

Una medida que no afectará por igual a todos los ciudadanos españoles, sino a los de aquellas regiones que sus respectivos gobiernos hayan trasladado ya al Ministerio las solicitudes aprobadas.

Chacón ha señalado que las comunidades autónomas aún tienen tiempo para remitir a Vivienda las solicitudes, ya que el Real Decreto que regula estas ayudas establece un plazo de dos meses, que aún no se ha cumplido, para este trámite.

En este sentido, la ministra ha destacado que algunas comunidades “han querido adelantar esta información, por lo que comenzaremos a pagar los expedientes remitidos”.

EL PINCHAZO INMOBILIARIO HACE UN ROTO DE 5.000 MILLONES DE € A LOS INGRESOS DE LAS CC AA.

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El ‘pinchazo’ inmobiliario hace un roto de 5.000 millones a los ingresos de las CCAA

crisis inmobiliaria

 

@Carlos Sánchez.- – 25/01/2008

 

El pinchazo inmobiliario -más evidente en las viviendas nuevas que en las de segunda mano- amenaza los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Según fuentes que conocen muy de cerca las finanzas regionales, el frenazo en precios y, sobre todo, el descenso en el número de transacciones inmobiliarias supondrá una caída de la recaudación del 30% en los dos tributos cedidos totalmente a las CCAA que tienen que ver con el mercado inmobiliario: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados.El IVA, que es el otro gran tributo que grava la adquisición de viviendas, es de carácter estatal, aunque cedido parcialmente a las regiones. Por esta vía, las comunidades también verán también reducidos sus recursos, pero de forma indirecta.Lo más preocupante para las finanzas regionales es que la carga fiscal que sufre la vivienda ha acabado por convertirse en una fuente fundamental respecto de sus ingresos tributarios totales. En particular para algunas regiones. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, donde nada menos que el 21,9% de sus ingresos procede del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos. A continuación se encuentran Murcia (donde el 17,3% de su recaudación depende de la evolución del mercado inmobiliario), Cataluña (16,3%) y Comunidad Valenciana (15,9%). En el lado contrario, las comunidades autónomas menos vulnerables a un parón inmobiliario son Galicia (6,2% de su recaudación) y Extremadura, apenas el 4% de sus ingresos.

VulnerabilidadEl nivel de dependencia de las finanzas regionales ha ido creciendo de una manera exponencial en los últimos años, hasta el punto de que, según lo presupuestado, el año pasado pensaban ingresar 18.120 millones de euros por esos dos conceptos. Es decir, que una caída en torno al 30% en la recaudación supondría una merma de ingresos superior a los 5.000 millones de euros. Mucho dinero que puede poner en peligro los objetivos de equilibrio presupuestario. Hay que tener en cuenta que hace una decena de años los ingresos totales por ambos tributos apenas ascendían a 2.700 millones de euros, lo que significa que desde 1997 la recaudación vinculada al ladrillo se ha multiplicado prácticamente por siete. El motivo hay que vincularlo fundamentalmente al aumento de la base imponible, ya que al encarecerse los pisos también crece la recaudación al aplicarse los tipos impositivos sobre bases más altas.Ahora bien, la vacas gordas parecen haberse acabado, tal y como apuntan dos indicadores extremadamente fiables: el número de transacciones inmobiliarias inscritas en los registros de la propiedad y el volumen de hipotecas constituidas. En el primer caso, los datos indican que si en el primer trimestre de 2006 se registraron 1.009.192 de transacciones inmobiliarias (incluyendo tanto viviendas como usadas), pero es que durante el tercer trimestre de 2007 la cifra ha caído hasta las 830.000 operaciones. Un síntoma inequívoco de que las comunidades autónomas van a tener muchas dificultades para cumplir su presupuesto.

Otro indicador refleja lo que está pasando. El número de fincas hipotecadas cayó en octubre (último mes con datos disponibles) un 7,9% en términos anuales, y eso también pasará factura a las regiones. Las comunidades autónomas gravan la constitución de hipotecas con un tipo impositivo fijado en función de la base imponible del inmueble, y eso se refleja en la recaudación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Un tributo que hace apenas una docena de años era casi marginal en el sistema tributario español pero que a medida que ha ido creciendo el ‘boom’ inmobiliario ha pasado a ocupar un papel cada vez más determinante. Hasta el punto de que para 2007 se presupuestaron unos ingresos de 7.603 millones de euros, once veces más que hace una década.