UN FUNCIONARIO DESTRUYE DOCUMENTOS DEL CASO GUATEQUE”

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POLÍTICA

El futuro de la emisión de las licencias municipales, en suspenso

Un funcionario destruye documentos del caso Guateque

ELPLURAL.COM

Documentos destruidos. Ése es el resultado de la operación que supuestamente ha llevado a cabo un funcionario del Ayuntamiento de Madrid, José Antonio Jodar, con el fin de dificultar las investigaciones sobre el caso Guateque. Jodar fue sorprendido el pasado mes de enero en las oficinas de la Gerencia de Urbanismo, manipulando los expedientes. Esto, unido a que Jodar está en libertad provisional y que desde el pasado mes de enero hayan desaparecido varios documentos de la Gerencia de Urbanismo, donde trabaja, hizo sospechar al Ayuntamiento, tal y como informa El País.

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José Antonio Jodar es uno de los funcionarios imputados por el caso Guateque, y presuntamente se llevó varios expedientes relacionados con el caso de la Gerencia de Urbanismo. Uno de los expedientes desaparecidos tiene que ver con la modificación de una licencia a favor de una empresa de la calle Pez, según la cual en el ático de un edificio se habrían construido cuatro viviendas en vez de las dos permitidas.

Reconstrucción de los hechos
Jodar acudió a la Gerencia de Urbanismo el pasado 25 de enero, por lo que el Ayuntamiento ha decidido abrirle un expediente sancionador como medida cautelar. Y es que la presencia del funcionario un viernes por la tarde, así como el que Jodar esté en libertad condicional provisional y que desde entonces hayan desaparecido varios expedientes, hizo sospechar a Urbanismo que Jodar “ha destruido documentación”.

Funcionarios imputados y alejamiento del puesto
Urbanismo decidió denunciar los hechos el pasado 28 de enero, por lo que se le apartó de su puesto de trabajo desde el día siguiente en que le fue notificado el cese. La presunción de inocencia impide al Ayuntamiento, por el momento, evitar que cualquiera de los funcionarios imputados vuelvan a sus puestos de trabajo.

Aceleración de licencias y COAM
Por otra parte, el Ayuntamiento se ha negado a que el Colegio de Arquitectos asuma la emisión de las licencias de obras. Paloma Sobrini, decana del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), mostró la disposición de su colegio para poner en marcha en 2008 una oficina que informara de los proyectos arquitectónicos de obras, remodelaciones o rehabilitaciones presentadas a los ayuntamientos. De este modo se pretendía acelerar la emisión de licencias.

“Evitar responsabilidades”
Pero finalmente el Ayuntamiento ha mostrado su rechazo a la fórmula propuesta por el COAM. Los arquitectos querían, entre otras cuestiones, evitar las “responsabilidades derivadas de sus propios dictámenes al respecto”. Sin embargo, Sobrini aseguró en una rueda de prensa que el Ayuntamiento staba “encantado” con la oficina colegial. Algo que ahora queda desmentido por la actitud consistorial.

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José Antonio Jodar es uno de los funcionarios imputados por el caso Guateque, y presuntamente se llevó varios expedientes relacionados con el caso de la Gerencia de Urbanismo. Uno de los expedientes desaparecidos tiene que ver con la modificación de una licencia a favor de una empresa de la calle Pez, según la cual en el ático de un edificio se habrían construido cuatro viviendas en vez de las dos permitidas.

Reconstrucción de los hechos
Jodar acudió a la Gerencia de Urbanismo el pasado 25 de enero, por lo que el Ayuntamiento ha decidido abrirle un expediente sancionador como medida cautelar. Y es que la presencia del funcionario un viernes por la tarde, así como el que Jodar esté en libertad condicional provisional y que desde entonces hayan desaparecido varios expedientes, hizo sospechar a Urbanismo que Jodar “ha destruido documentación”.

Funcionarios imputados y alejamiento del puesto
Urbanismo decidió denunciar los hechos el pasado 28 de enero, por lo que se le apartó de su puesto de trabajo desde el día siguiente en que le fue notificado el cese. La presunción de inocencia impide al Ayuntamiento, por el momento, evitar que cualquiera de los funcionarios imputados vuelvan a sus puestos de trabajo.

Aceleración de licencias y COAM
Por otra parte, el Ayuntamiento se ha negado a que el Colegio de Arquitectos asuma la emisión de las licencias de obras. Paloma Sobrini, decana del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), mostró la disposición de su colegio para poner en marcha en 2008 una oficina que informara de los proyectos arquitectónicos de obras, remodelaciones o rehabilitaciones presentadas a los ayuntamientos. De este modo se pretendía acelerar la emisión de licencias.

“Evitar responsabilidades”
Pero finalmente el Ayuntamiento ha mostrado su rechazo a la fórmula propuesta por el COAM. Los arquitectos querían, entre otras cuestiones, evitar las “responsabilidades derivadas de sus propios dictámenes al respecto”. Sin embargo, Sobrini aseguró en una rueda de prensa que el Ayuntamiento staba “encantado” con la oficina colegial. Algo que ahora queda desmentido por la actitud consistorial.

OPERACION GUATEQUE: VICTORIANO CEBALLOS DECLARA QUE SE HAN ADELANTADO LOS EXPEDIENTES QUE DECÍAN LOS POLÍTICOS.

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Victoriano Ceballos: “Sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos”

AGENCIAS. 04.02.2008

  • El presunto cabecilla de Guateque declaró hoy en Plaza de Castilla.
  • Mantuvo un careo con su ex jefe, Joaquín Fernández de Castro.
  • “Es normal que se adelanten los expedientes”, dijo.

El presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid destapada por el caso Guateque , Victoriano Ceballos, rompió hoy su silencio y aseguró que en la Concejalía de Medio Ambiente “sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos que se adelantaran”.

Si tuviera dinero no tendría a mi hijo poniendo bordillos en la calle desde las 9 hasta las 19 horas”.

“El concejal se lo pedía al director general; el director general a Joaquín (Fernández de Castro, jefe de Departamento de Evaluación Ambiental) y Joaquín a mí”, dijo Ceballos . En los pasillos de los juzgado de Plaza de Castilla, donde acudió convocado por el juez Santiago Torres , Ceballos habló abiertamente con los periodistas sobre las prácticas que se desarrollaban en el Ayuntamiento para la concesión de licencias.Así, explicó que las recomendaciones eran un mecanismo habitual. “Es normal que se adelanten expedientes, eso es normal. La cadena de mando funciona así, preguntádselo a los políticos. Ese poder no lo tenemos los funcionarios”, apuntó al tiempo que señaló que otra de las vías era que “gente pesada” iba a hablar con el director general para “llorarle”.

“Eso era efectivo. De hecho, a veces mandaban que se saltaran los trámites de otros expedientes que iban antes”, apuntó. En cualquier caso, “estoy tranquilo porque no hay nada de lo que se dice“, dijo. “Si tuviera dinero no tendría a mi hijo poniendo bordillos en la calle desde las 9 hasta las 19 horas”, indicó Ceballos, al tiempo que dijo irónicamente, , restando importancia a la investigación: “Soy un corrupto de 3.000 euros”.

Por otra parte, Ceballos criticó que el Ayuntamiento no les haya defendido. “Nos ha dejado solos, y suspendidos de empleo y sueldo “, insistió.

EL CASO GUATEQUE CADA VEZ APARECE CON MÁS CLARIDAD COMO UNA TRAMA URBANÍSTICA EN TODA REGLA.

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  La pobresica Esperansa Aguirre.

EL “CASO GUATEQUE”, TRAS SER IMPUTADO EL VICE CONSEJERO DE TRANSPORTE DEL GOBIERNO DE ESPERANZA AGUIRRE, SE HA CONVERTIDO EN UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN TODA REGLA, DENUNCIA EL PSOE

El portavoz de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Sánchez, dijo ayer que la citación de Luis Armada para declarar en relación al “caso Guateque”, demuestra que la presunta trama de corrupción no se limita a la concesión de licencias, sino que incluye irregularidades urbanísticas. Informa Servimedia

Luís Armada abre las inculpaciones a altos cargos políticos del PP. Sánchez se refirió así al conocer que el viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid ha sido citado para declarar sobre la concesión de una licencia, en 1998, que permitía construir un hotel en el distrito de Chamartín, donde estaba previsto realizar un centro sanitario o un hospital. Según Sánchez, la comparecencia como posible imputado de Armada termina con el argumento utilizado por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el vicealcalde, Manuel Cobo, “al decir que la trama no afectaba a ningún cargo político”.

El “caso Guateque” salpica al PP valenciano. El mismo Luis Armada, ocupa desde marzo del 2007 la vicepresidencia en el Puerto de Valencia (APV), cargo al que llegó porque la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se lo pidió personalmente a su homólogo valenciano, Francisco Camps. Armada arrebató este puesto a dos candidatos empresarios valencianos de talla, el actual presidente de la patronal regional, Rafael Ferrando, y el presidente de los empresarios del sector de la cerámica, Fernando Diago.

Comparencia del alcalde Ruiz-Gallardón. Además, añadió este portavoz socialista que ha quedado demostrada “una conexión política, ya que Armada fue gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid y, por lo tanto, cargo de libre designación por parte del PP”. Finalmente, Sánchez afirmó que existe un “absoluto desgobierno del Ayuntamiento de Madrid y un absoluto descontrol”, y solicitó la comparecencia de Ruiz-Gallardón y la constitución urgente de la Comisión de Investigación del “caso Guateque”.

IMPUTADO UN ALTO MCARGO DE ESPARANZA AGUIRRE POR LA OPERACIÓN GUATEQUE.

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Imputado un alto cargo de Esperanza Aguirre por la Operación Guateque

El Confidencial.- 18/01/2008

 

 

 

El viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, declarará el próximo miércoles, ante el juez que investiga el caso Guateque, como imputado en calidad de gerente del Ayuntamiento de la capital entre los años 1997 y 2003, periodo durante el cuál otorgó 36.000 licencias.Así lo han confirmado a Efe fuentes cercanas a Armada, que han asegurado que el juez Santiago Torres no detalla en la citación para que acuda a declarar “ni los cargos que le imputa, ni las licencias sobre las que le va a requerir información”.

Luis Armada, que “esperaba que le citaran” en cualquier momento, dada la responsabilidad que ejerció durante seis años en la Gerencia de Urbanismo, está “muy tranquilo” y “convencido de que hizo las cosas con una corrección escrupulosa y respetando siempre la legalidad”, según las fuentes.

El viceconsejero, que declarará en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid el próximo miércoles, 23 de enero, a mediodía, está dispuesto a proporcionar al juez “todas las explicaciones” que le requiera.

En febrero de 2003, al final de su trabajo como gerente de Urbanismo en la última etapa de José María Álvarez del Manzano, Luis Armada fue inhabilitado por sentencia judicial durante dieciséis meses para ocupar un cargo público, por incumplimiento de la orden de demolición de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes.

Cuando Alberto Ruiz-Gallardón ganó las elecciones municipales en mayo de 2003, Luis Armada fue nombrado consejero-delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), pero en noviembre de ese año, al ganar Esperanza Aguirre las elecciones de octubre en la Comunidad de Madrid, pasó a la Administración regional como consejero de Transportes e Infraestructuras, cargo en el fue reafirmado tras las elecciones autonómicas de 2007. Desde marzo de 2007, Armada es además vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia.

“No es solo una trama que se dedique a licencias”

El portavoz de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Sánchez, señaló que la citación del viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, como imputado por el caso ‘Guateque’ muestra que la operación “no es sólo una trama que se dedica a temas de licencias” sino que tiene “un componente urbanístico indudable”.

Armada, ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, ha sido citado hoy a declarar como imputado por el juez Santiago Torres en relación a una operación urbanística en el distrito de Chamartín.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez criticó el “desgobierno” del Ejecutivo municipal “si se está investigando la concesión de licencia en un hotel en un suelo calificado en principio para constuir un centro sanitario”.

El socialista afirmó que la imputación de Armada desmiente la tesis “defendida por el vicealcalde Manuel Cobo” de que no existe vinculación política en la operación ‘Guateque’ debido al cargo que ostentó Armada en el Ayuntamiento y actualmente en la Comunidad de Madrid. “Las conexiones políticas las tendrá que aclarar el Gobierno municipal”, señaló Pedro Sánche

OTROS CUATRO IMPLICADOS EN LA “OPERACIÓN GUATEQUE” INGRESAN EN PRISIÓN. ¿PARA CUANDO LAS DIMISIONES?. ¡QUE FACIL ES PREDICAR…SEÑORES DEL PP!

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Otros cuatro implicados en la ‘operación Guateque’ ingresan en prisión

El juez que instruye este caso tiene previsto ordenar a partir de mañana la detención de más de 20 funcionarios de Urbanismo y de tres Juntas de Distrito

AGENCIAS   02-01-2008

Cuatro de los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos el pasado jueves en la segunda fase de la ‘operación Guateque’ fueron enviados a prisión acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Así lo decidió el juez que instruye la investigación, el magistrado Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 32 del Ayuntamiento de Madrid, que además, en el marco de estas actuaciones, tiene previsto ordenar a partir de mañana la detención de más de 20 funcionarios de Urbanismo y de tres Juntas de Distrito. 

El pasado jueves, la segunda fase de la operación que destapó la trama de corrupción en la que están implicados varios funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que a cambio de una suculenta comisión agilizaban la tramitación de licencias municipales de apertura de locales, se ha saldado con otros cinco empleados públicos detenidos y seis nuevos registros. Tras tomarles declaración el juez ordenó el ingreso en prisión de cuatro de los cinco funcionarios arrestados.Se trata de Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Distrito de Chamartín), Domingo Sánchez Bote (de la Junta de Salamanca), Miguel ngel García Jodar (técnico de la Concejalía de Medio Ambiente) y Fernando Ruiz Torrejón (de la Gerencia de Urbanismo). Además, el juez ha dejado en libertad a Alfonso Clemente García, que trabajó en la Junta Municipal de Carabanchel.

Con ellos ya son nueve los imputados que cumplen prisión preventiva. En la primera fase, el juez envió a la cárcel a los considerados cabecillas de la trama: Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental. Además, el juez instructor ha ordenado la busca y captura de los empresarios Julián López y Eduardo Agustinos, propietarios de la empresa Agustinos y Proyectos S.L. Estos imputados comparecieron ya ante el magistrado, pero les dejó en libertad.

EN MADRID SIGUE EL GUATEQUE…Y LAS DETENCIONES.

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Ya van cinco detenidos en la trama de corrupción de la ‘operación Guateque’

EUROPA PRESS. 27.12.2007

  • Los arrestros se han producido a lo largo de la mañana.
  • En los próximos días habrá más registros a sedes municipales.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a lo largo de esta mañana a cinco funcionarios, algunos con órdenes de prisión, en los seis registros efectuados en varias sedes del Ayuntamiento de Madrid ordenados por el juez Santiago Torres, dentro de la segunda fase de la operación Guateque.Los arrestos se han llevado a cabo hasta las 16.00 horas de hoy y señalaron que ya por la tarde “no se practicarán más detenciones ni registros, aunque no se descarta que se produzcan más en los próximos días”.

Es probable que haya más detenciones durante los próximos días

En concreto, las sedes nuevamente registradas son Urbanismo y Medio Ambiente, lugares donde la Benemérita ya realizó varios registros el pasado día 14 de noviembre, cuando salió a la luz la operación Guateque, dirigida por el juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid para investigar una presunta trama ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado la Guardia Civil en esta segunda fase es que muchos funcionarios están actualmente de vacaciones.

Santiago Torres ha comenzado esta semana una nueva ronda de interrogatorios entre los detenidos, comenzando por el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos, uno de los principales  imputados que cumplen prisión provisional por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

El juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos.

La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil. En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez.

Ceballos era una de las personas objeto de las escuchas.

Hasta ahora, el juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos. La marcha de las pesquisas se vio hace unas semanas obstaculizada por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que mantuvo paralizada la actividad de la Justicia.

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EL GUATEQUE, LA TABERNA Y LAS LICENCIAS: LA CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DEL PP CERCA A LOS MANDAMASES DE GENOVA 13.

POLÍTICA

 12/12/2007

El Plural muestra los documentos que certifican la ilegalidad de Génova 13

El PP y la FAES, sin licencia municipal de funcionamiento

ELPLURAL.COM

La sede del Partido Popular en Génova 13 en Madrid no cuenta con la preceptiva licencia municipal de funcionamiento. Así lo consignan unos documentos a los que ha accedio El Plural. Este periódico ha podido saber además que la FAES de Aznar se encuentra también al margen de la ley, simplemente porque nunca solicitó la licencia de funcionamiento.

Un documento firmado por el secretario del distrito de Chamberí, Javier Machetti, advierte a los populares de que en caso de que no se solicite la licencia de funcionamiento para Génova 13, la licencia de actividad, que ya había sido concedida, “caducará”.

“Sin preceptiva licencia”
“Se advierte expresamente que en caso de inicio de actividad sin la preceptiva licencia de funcionamiento se procederá a la clausura de la misma”. Ésta era la advertencia lanzada sobre los populares por Machetti, después de que el PP, habiendo cumplido con todos los trámites legales para las obras realizadas en Génova, obviase la petición de la licencia de funcionamiento necesaria para su sede.

Licencias
Esta polémica surgió cuando la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Gallardón, Pilar Martínez, afirmase que la sede del PSOE en Ferraz no cuenta con licencias de funcionamiento desde 1981. Los socialistas han negado en todo momento que esto sea cierto y anunciaron una investigación sobre Génova 12 para comprobar si la sede popular se encuentra “en perfecto estado de revista, al igual que lo está el PSOE”, tal y como manifestó el portavoz municipal socialista, David Lucas.

Desautorización

Pero la acusación de Martínez ha caído en saco roto, pues la sede del PSOE no será registrada, tal y como habían anunciado los populares. De hecho, Alberto Ruiz-Gallardón ha desautorizado el comportamiento de Pilar Martínez, tal y como ha podido saber El Plural. Gallardón también ha asegurado que de él no va a partir ninguna investigación hacia Ferraz.

“Se le ha vuelto en contra”
Los socialistas ya denunciaron las irregularidades cometidas por el PP en torno a Génova 13, ahora demostradas por El Plural con documentos en la mano. A juicio de Pedro Sánchez, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, las acusaciones del PP sobre las licencias de Ferraz 70 son “una nueva cortina de humo Gallardón” con el fin de ocultar su responsabilidad en el caso Guateque. Pero la “cortina de humo” se “le ha vuelto en contra”, ya que ahora salen a la luz datos que confirman que la sede de los populares no está funcionando conforme a la legalidad.

“Desgobierno”
Pedro Sánchez considera que Gallardón, en su “huida hacia delante”, no ha dudado en arremeter “tanto contra el PSOE como contra el PP”, pues el ataque que ha lanzado contra los socialistas, acusándolos de no contar con las licencias necesarias en Ferraz, se vuelve ahora en contra de los populares. Sin embargo, Sánchez cree que no hay que “culpar tanto al PP como al Ayuntamiento”, pues los populares, como otros ciudadanos, han sido “víctimas del desgobierno” consistorial.

GARANTÍAS JURIDICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO.

Garantías jurídicas, planificación y desarrollo urbano PDF Imprimir E-mail
Ignacio Pérez Sarrión   
28.11.2007

ImageVivimos en un estado de derecho, un estado quizás –en mi opinión, en algunos aspectos- excesivamente garantista. Digo esto porque la cantidad de normas, procedimientos, plazos y recursos, pueden legar a provocar inseguridades jurídicas e impiden en ocasiones un funcionamiento mínimamente ágil de la administración si se pretende ser eficaz, como por otra parte se demanda por los ciudadanos. Uno nunca está seguro de estar cumpliendo meticulosamente todos y cada uno de los matices de los procedimientos de aplicación del derecho, dada la estructura de personal existente, el escaso tiempo con que se cuenta por las personas que tienen que tratar multitud de tareas diferentes en soledad (FHE) y los medios materiales con que se cuenta.

Resulta curiosa  oír en los pueblos la expresión “te denunciaré”, o “le denunciaré“, cuando se piensa que si es el Ayuntamiento la administración responsable de sancionar una transgresión determinada y éste no tiene ni funcionarios, ni medios adecuados, ni ordenanzas tipificadoras de las conductas sancionables  ni por su puesto sanciones previstas, difícilmente, por no decir de manera prácticamente imposible, se tramitarán procedimientos sancionadores. Ejemplo de la situación sin ir más allá es las infracciones de tráfico que se cometen continuamente en todos los pequeños pueblos y que quedan impunes. Cuantitativamente no son muchas, pero cualitativamente pueden ser muy importantes y resulta penoso que en muchas ocasiones haya que transigir con comportamientos sumamente inapropiados.  

En los pequeños pueblos no hay policía local ni medios para tramitar los procedimientos sancionadores. Así, uno puede aparcar su vehículo en medio de la plaza, hacer ruido a las dos de la mañana, echar las basuras al contenedor sin bolsa y muchas otras conductas reprobables sin que, jurídicamente, pase nada.

Habría que en alguna ocasión hacer un estudio sociológico –quizás se haya hecho- del efecto que para la convivencia puede ejercer el control social de una comunidad pequeña o mediana, porque en estos lugares, es la reprobación social la que sirve de control y no evidentemente el control jurídico. Es el vecino de al lado, que conoce quién eres, de quién eres hijo, en qué trabajas, cuando sales y entras, en fin, tu vida de pé a pá, quien a corto o medio plazo te llegará a hacer algún comentario sobre lo inadecuado de tu comportamiento. SI eres normal y no te habías dado cuenta, te sonrojas y cambias. En otro caso, está servido el inicio seguro de una rencilla que perdurará en el tiempo.

Sin embargo los pueblos de la periferia de las ciudades crecen muy rápido. Como consecuencia de la carestía de la vivienda en la ciudad, la gente joven se desplaza a estos pueblos a vivir en los típicos adosados, prohibitivos veinte kilómetros más cerca del centro de la ciudad. Así, sin darse cuenta apenas, municipios muy pequeños en los que todos se conocían, pasan de repente a convertirse casi en ciudades-dormitorio a los que se acude sólo por la noche. Desparece (o es mucho más difícil) el control social moderador de conductas, porque no se sabe quién es el que vive al lado ni a qué se dedica. Estas personas están tan ocupadas trabajando que tampoco se integran apenas en la vida social del pueblo.

Creo que estos efectos no se tienen en cuenta en la práctica a la hora de permitir o promover el crecimiento de los municipios aledaños a las metrópolis. Allí, en la ciudad, miles de policías vigilan y sancionan. En ese pueblo, apenas treinta kilómetros alejado de aquélla, casi no hay normas (un amigo mío decía parafraseando los western que esto es el oeste, “no hay ley al oeste del Río Pecos”), sólo casi hay miradas de reproche o censura si uno no se comporta normalmente. Afortunadamente ese control social es en muchos casos suficiente para lograr una convivencia adecuada. Pero no en otras ocasiones.

Las cosas cambian rápidamente y son conocidos los casos de municipios que han pasado de ochocientos o mil habitantes a más de cuatro mil o más en menos de una década. Ese fenómeno, de forma inmediata, supone riqueza económica de poblaciones hasta hacía poco depauperadas, en forma de ingresos derivados de la actividad urbanística y poblacional: operaciones urbanísticas, convenios, permutas, IBI, plusvalías, aumento de participación en el FNCM, aumento del IVTM, etc. Si por una parte se dispone entonces de mayores recursos obteniendo nuevos equipamientos y optimizando los existentes, por otra parte se pierde esa cohesión social que como comunidad pequeña se tenía.

Creo que es importante que los gobiernos locales, antes de fomentar un desarrollo desmedido, decidiesen reflexivamente si es conveniente ese crecimiento, hasta qué límite, con qué previsiones, qué medios se van a necesitar y, en definitiva, planificar a medio plazo. Yo creo que en ocasiones sólo se actúa por intuición, simplemente se da por supuesto que aumentar población es en sí mismo lo correcto, sin tener en cuenta otras implicaciones a valorar cuidadosamente. E igual que se planifica el crecimiento urbanístico a través de un PGOU, habría que planificar los equipamientos necesarios según población y a medida que se vaya creciendo, necesidades de nuevos servicios, supuestos de pirámides poblacionales, dónde está el umbral en el que será necesario y sostenible económicamente disponer de algunos servicios, cuándo será necesario disponer de policía local (a reservas de las previsiones legales sobre el particular), qué medios jurídicos y técnicos se necesitarán, y un largo etcétera de cuestiones que me da la impresión que se van solucionando sobre el momento.

Visto en el Blog esPublico

LA OPERACION GUATEQUE PUEDE ACABAR EN UNA COGORZA MONUMENTAL.

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Publicado 10-12-2007

La investigación del ‘caso Guateque’ podría extenderse a las ‘Cuatro Torres’ de la Castellana

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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El sindicato de funcionarios Manos Limpias prevé solicitar al juez Santiago Torres que extienda la investigación sobre el mayor caso de corrupción destapado en el Ayuntamiento de Madrid a la tramitación del Plan Especial para la puesta en marcha de las ‘Cuatro Torres’ que se levantan en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, las pertenecientes a Caja Madrid, al grupo Villar Mir, a la Mutua Madrileña y a Sacyr Vallehermoso.

Manos Limpias pedirá al magistrado que ponga su punto de mira en las presuntas irregularidades detectadas en los expedientes para la concesión de estas licencias tramitadas por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento. Esta petición se incluirá en la querella que presentará en los próximos días ante el Juzgado de Instrucción número 32 para personarse como acusación popular en la causa.

Según el sindicato, las llamadas Torre Sacyr, Torre de Cristal, Torre Espacio y la Torre Caja Madrid cuentan con licencias de funcionamiento “atípicas” para este tipo de construcciones, que podrían responder a presuntas “presiones” por parte de “grupos económicos”.

Por otro lado, otra de las peticiones de Manos Limpias se refiere al concejal de la Junta del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo. Este edil estaría supuestamente implicado en el entramado de concejales que realizaban recomendaciones a los funcionarios para priorizar determinados expedientes.

Manos Limpias sostiene que Izquierdo desoyó a un técnico municipal que desaprobó la autorización de varias licencias, entre ellas una de un bar y otras dos de pubs de copas. Así, el concejal apartó de su puesto a dicho funcionario, que declarará como testigo ante el juez, y ordenó agilizar estas licencias de funcionamiento para poner en marcha estos locales de ocio.

Además de Izquierdo, el sindicato pedirá al juez instructor que investigue a los antiguos concejales de Chamberí, Ángel Garrido, de Centro, Luis Asúa, de Retiro, Elena González, de Tetuán, Dolores Navarro, de Chamartín, Luis Miguel Boto, entre otros.

POLÍTICA

Un edil de Gallardón figura en tres empresas

Luis Asúa arguye que dos de ellas son sociedades “muertas”    

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Luis Asúa, en la presentación de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, en 2005, cuando aún era concejal-presidente del distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid. – MUNIMADRID

JUANMA ROMERO / MANUEL RICO – Madrid – 11/12/2007 07:30

La operación Guateque ha puesto en el disparadero a los ediles de Alberto Ruiz-Gallardón. Partidos y medios miran hasta dónde llegaría la mano política en la agilización de las licencias. Y uno de los citados es Luis Asúa Brunt, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid desde 1999 y, hasta el pasado mes de junio, responsable del distrito de Centro, una de las zonas calientes de la Guateque. Allí se tramitaban más expedientes y allí hay, supuestamente, más puntos negros en el caso.

Asúa aparece en los archivos del Registro Mercantil, según ha comprobado Público, como apoderado o administrador solidario de tres empresas: Marbeland, SL; Mosi Guard España, SL, y Ediciones Egunon, SL. Y aparece como tal a día de hoy, en diciembre de 2007.

El edil popular reconoce su participación en las tres compañías. En conversación con este diario, aseguró que sólo hay una empresa “plenamente activa”, Marbeland. “Las demás no registran actividad desde hace años. Pero no es tan fácil matar a una persona jurídica. Hacer los asientos de cancelación a veces cuesta más”. Asúa argumenta que no declaró la actividad en tales empresas al ingresar en el Ayuntamiento porque “estaban muertas”. “Sociedades residuales hay miles”, añade, “y en aquel tiempo [1999] no existían herramientas informáticas tan completas como las actuales para rastrear en qué empresas figuraba yo”.

“Me di de baja”

El edil recuerda que el pequeño bufete de letrados en el que trabajaba –que tenía su nombre, Luis Asúa– gestionaba “infinidad de apoderamientos de otras empresas”. El concejal subraya que se dio de baja en el Colegio de Abogados de Madrid como profesional ejerciente “entre 1999 y 2000”.

De las tres empresas citadas, no se puede decir que tengan mucho en común. La primera de ellas, Marbeland, es una promotora inmobiliaria que opera básicamente en Madrid, Valladolid y Marbella. “Pertenecía a mi suegro y, a través de él, a mi esposa, que ya falleció. Es de mi familia política”.

Asúa remacha que figura como apoderado desde 1997 porque así se le habilitó en un pleito contra la Cámara de Comercio de Madrid. “Pero ni cobro ni firmo ningún documento”. Tampoco, dice, de las otras dos compañías.

Mosi Guard se montó en en el año 1995 como empresa que gestionaba en España la licencia del repelente de mosquitos homónimo, líder de ventas en el Reino Unido, y que todavía comercializan los laboratorios OTC Ibérica.

La tercera compañía, Egunon, también de la añada de 1995, se proyectó como una empresa editorial, pero “ni se llegó a levantar”, insiste Asúa. Nada sabe de los socios capitalistas.

LAS COMPAÑÍAS
Desde vender pisos al antimosquitos

1. Marbeland, SA //  Luis Asúa figura como apoderado de la inmobiliaria desde 1997, según él, por un pleito antiguo contra la Cámara de Comercio de Madrid. La empresa continúa en activo. Se trata de una sociedad patrimonial que pertenecía, “al 100%”, a su suegro, que luego heredó su mujer (ya fallecida) y que ahora poseen sus cuñados y sus hijos. Asúa asegura que nada le liga a ella. “Creía que mis poderes estaban completamente revocados”, afirma el edil.

2. Mosi Guard, SL //  En 1995 todavía hacía falta para poder distribuir un fármaco en España, cuenta Asúa, un laboratorio y una empresa que gestionase la licencia. De esto último se encargó Mosi Guard, compañía en la que el edil aún figura como apoderado. Mosi Guard da nombre a un ahuyentador de insectos.

3. Ediciones Egunon, SL // A comienzos de 1995 se montó Ediciones Egunon, que pretendía sacar al mercado varios proyectos editoriales. “Nunca llegó a tener actividad”, relata el edil del PP, vigente administrador solidario. “No sé ni dónde pararán los socios capitalistas”.