DESCUBIERTAS IRREGULARIDADES EN LA EMPRESA PÚBLICA CREADA POR ESTEBAN GONZALEZ PONS.

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POLÍTICA

Descubiertas irregularidades en la empresa pública creada por Esteban González Pons

El cabeza de lista del PP por Valencia, bajo sospecha

Al cabeza de lista del PP por Valencia, Esteban González Pons, se le ha complicado de mala manera el último tramo de la precampaña electoral. Sobre el político conservador están cayendo serias sospechas por haber sido el promotor de una empresa pública –“Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”- a la que se le han descubierto irregularidades en la adjudicación de contratos públicos millonarios, según consta en las conclusiones de una auditoría independiente. Para el PSOE, no cabe duda de que esta empresa, financiada con fondos públicos, le sirve al PP de “agencia de prensa y de propaganda”.

IGNASI PELLICER/VALENCIA

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A finales de 2005, siendo conseller portavoz del gobierno valenciano, González Pons impulsó la creación de “Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”. La justificó porque era “necesaria” –dijo- para aglutinar las actuaciones de promoción de la XXXII edición de la Copa de América de Vela, que concluyó el año pasado.

A la medida de Fabra
El ahora candidato del PP al Congreso de los Diputados por Valencia se las ingenió también para poner en marcha otras siete empresas públicas más. Diseñó, a la medida del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entidades para financiar los dos proyectos “estrella” que tiene pendientes el sátrapa del PP castellonense: el futuro aeropuerto y el parque temático “Mundo Ilusión”.

Otras actuaciones
También implantó sociedades mercantiles públicas de dudosa legalidad, como las empresas mixtas urbanizadoras -con capital público y privado en la misma cuenta de explotación- ideadas por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. Estas empresas han recibido de la Unión Europea una advertencia por escrito, porque no se ajustan a la normativa comunitaria de libre concurrencia del mercado.

Todo sigue igual
González Pons dejó de ser responsable de Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana a mediados de 2006, al abandonar la portavocía del gobierno regional y pasar a ocuparse del área de Territorio y Vivienda. Le sustituyó el actual conseller-portavoz, Vicente Rambla, sin modificar ninguna de las pautas de actuación de su predecesor, pese a ir en contra de la legislación que regula las empresas públicas.

Preguntas no respondidas
Mucho antes de que la auditoría diera a conocer las irregularidades en la “Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”, el diputado del PSOE en les Corts (legislativo autonómico), José Camarasa, ha estado pidiendo insistentemente tener acceso a las cuentas de explotación y balances de dicha entidad. No lo ha conseguido, con lo que han ido creciendo las sospechas sobre la utilización de fondos públicos a través de esta entidad.

Un detonante
Camarasa insiste, en declaraciones a El Plural, que la “negativa permanente” del PP para conocer las cuentas de la empresa de González Pons ha sido el detonante del actual bloqueo para la elección del “Sindic de Greuges” (Defensor del Pueblo), nombramiento que obligatoriamente necesita el consenso entre la mayoría del PP y la oposición de izquierdas en Les Corts.

Cinco millones
Entre las irregularidades que constan en la auditoría, destaca la aportación de cinco millones de euros de fondos de la Generalitat Valenciana para financiar la prueba de vela “Volvo Ocean Race” en el puerto de Alicante, en otoño de este año. Se trata de comprar los derechos para ser sede de la competición, aunque sólo será para acoger las embarcaciones los días previos y el de salida, porque después la competición velística no volverá nunca más a Alicante.

“Los Borgia”
Se han detectado irregularidades igualmente en la concesión de un millón de euros de subvención pública a la película producida por Antena 3 sobre “Los Borgia” y en otra aportación de 112.765 euros para un torneo de ajedrez, celebrado en Valencia en el verano de 2006, sin que tuviera repercusión ni profesional ni mediática.

Procedimiento “negociado”
En ninguno de los casos auditados se convocaron concursos públicos, ni se dio la publicidad exigida por la ley. Las adjudicaciones se llevaron a cabo por el procedimiento “negociado”, incluido en aquellos casos cuyo importe era superior a los límites establecidos por la ley de Contratos, según se lee en las conclusiones de la auditoría.
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A finales de 2005, siendo conseller portavoz del gobierno valenciano, González Pons impulsó la creación de “Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”. La justificó porque era “necesaria” –dijo- para aglutinar las actuaciones de promoción de la XXXII edición de la Copa de América de Vela, que concluyó el año pasado.

A la medida de Fabra
El ahora candidato del PP al Congreso de los Diputados por Valencia se las ingenió también para poner en marcha otras siete empresas públicas más. Diseñó, a la medida del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entidades para financiar los dos proyectos “estrella” que tiene pendientes el sátrapa del PP castellonense: el futuro aeropuerto y el parque temático “Mundo Ilusión”.

Otras actuaciones
También implantó sociedades mercantiles públicas de dudosa legalidad, como las empresas mixtas urbanizadoras -con capital público y privado en la misma cuenta de explotación- ideadas por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. Estas empresas han recibido de la Unión Europea una advertencia por escrito, porque no se ajustan a la normativa comunitaria de libre concurrencia del mercado.

Todo sigue igual
González Pons dejó de ser responsable de Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana a mediados de 2006, al abandonar la portavocía del gobierno regional y pasar a ocuparse del área de Territorio y Vivienda. Le sustituyó el actual conseller-portavoz, Vicente Rambla, sin modificar ninguna de las pautas de actuación de su predecesor, pese a ir en contra de la legislación que regula las empresas públicas.

Preguntas no respondidas
Mucho antes de que la auditoría diera a conocer las irregularidades en la “Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”, el diputado del PSOE en les Corts (legislativo autonómico), José Camarasa, ha estado pidiendo insistentemente tener acceso a las cuentas de explotación y balances de dicha entidad. No lo ha conseguido, con lo que han ido creciendo las sospechas sobre la utilización de fondos públicos a través de esta entidad.

Un detonante
Camarasa insiste, en declaraciones a El Plural, que la “negativa permanente” del PP para conocer las cuentas de la empresa de González Pons ha sido el detonante del actual bloqueo para la elección del “Sindic de Greuges” (Defensor del Pueblo), nombramiento que obligatoriamente necesita el consenso entre la mayoría del PP y la oposición de izquierdas en Les Corts.

Cinco millones
Entre las irregularidades que constan en la auditoría, destaca la aportación de cinco millones de euros de fondos de la Generalitat Valenciana para financiar la prueba de vela “Volvo Ocean Race” en el puerto de Alicante, en otoño de este año. Se trata de comprar los derechos para ser sede de la competición, aunque sólo será para acoger las embarcaciones los días previos y el de salida, porque después la competición velística no volverá nunca más a Alicante.

“Los Borgia”
Se han detectado irregularidades igualmente en la concesión de un millón de euros de subvención pública a la película producida por Antena 3 sobre “Los Borgia” y en otra aportación de 112.765 euros para un torneo de ajedrez, celebrado en Valencia en el verano de 2006, sin que tuviera repercusión ni profesional ni mediática.

Procedimiento “negociado”
En ninguno de los casos auditados se convocaron concursos públicos, ni se dio la publicidad exigida por la ley. Las adjudicaciones se llevaron a cabo por el procedimiento “negociado”, incluido en aquellos casos cuyo importe era superior a los límites establecidos por la ley de Contratos, según se lee en las conclusiones de la auditoría.

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EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42.

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martes, 08 enero 2008

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42, EN EL QUE MURIERON 62 MILITARES ESPAÑOLES CUANDO REGRESABAN DE TURQUÍA EN MAYO DE 2003, SIENDO MINISTRO DE DEFENSA FEDERICO TRILLO

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido hoy a la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene reabrir la parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42 -en el que fallecieron 62 militares en Turquía el 26 de mayo de 2003- relativa a la contratación del avión. Cuando se produjo el accidente era ministro de Defensa, Federico Trillo, del Partido Popular. Ahora Trillo es diputado nacional del PP y, posiblemente, sea cabeza de lista del partido conservador por Alicante en las próximas elecciones del 9 de marzo.

Grande-Marlaska había sobreseído el caso. El fiscal Zaragoza pidió hoy que se reabra el caso, teniendo en cuenta los recursos de apelación que interpusieron los familiares de los militares fallecidos, contra el auto en el que juez Fernando Grande-Marlaska sobreseyó el pasado 1 de junio esta parte del procedimiento ante “la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español”. El fiscal, que no recurrió en su día este archivo, optó hoy por apoyar los recursos de las acusaciones particulares al considerar que “las víctimas, los familiares, los militares muertos, merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este tribunal ordenando una investigación”, investigación que cree que hasta ahora ha sido insuficiente.

La responsabilidad del ministerio de Defensa. Zaragoza recordó que esta misma Sala, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, ya ordenó, el 15 de julio de 2003, al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, del que ahora es titular Grande-Marlaska y del que en esa fecha lo era Teresa Palacios, que “era preciso instruir diligencias para investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa” en estos hechos. Según Zaragoza, existen elementos suficientes para volver a ordenar que se haga una investigación porque, hasta ahora, el juez instructor “ha cercenado” la práctica de las diligencias que se le han pedido.

Ni una sola diligencia. En este sentido criticó que Grande-Marlaska, en un año que lleva al frente del juzgado, no ha “practicado una sola diligencia para investigar” el accidente, y consideró que no debió acordar el sobreseimiento libre “cuando existe un hecho delictivo, como reconoce el propio juez en su auto”. En su auto, el juez aseguraba que el avión era “apto para volar” y atribuía el siniestro a la “falta de preparación” de la tripulación, que también falleció en el accidente.

Mucho por  esclarecer. “Si el piloto es culpable, no se puede ordenar el archivo”, indicó Zaragoza, criticando que con esta decisión se dejan de investigar “muchas circunstancias”, como la “falta de preparación de la tripulación”, que no funcionara “el control de voz de la cabina”, que la “carga de combustible fuera insuficiente”, que la compañía a la que se contrató el vuelo “no tuviera licencia comercial”, o que “el avión no tuviera la documentación para aterrizar en España”.

El personal de vuelo embriago. “El personal estaba embriagado, no funcionaba la caja negra…”, prosiguió Zaragoza al insistir en que se dan los elementos “suficientes para hacer una investigación”, porque “¿se imaginan si esto hubiera ocurrido en un vuelo comercial? Se hubiera investigado hasta al apuntador”, sentenció. Las acusaciones particulares que recurrieron el archivo, y que culpan a Defensa de lo ocurrido, expusieron por su parte los mismos argumentos que el fiscal y criticaron que el juez mantuviera que la contratación del vuelo (hecha a través de una agencia de la OTAN llamada NAMSA que luego subcontrató el transporte a la compañía ucraniana Um Air) fue por medio de un contrato privado.

El ministerio de Defensa, al corriente de la contratación del vuelo. “En ningún caso puede ser privado, ya que el Ministerio estaba al tanto de la contratación y subcontratación del vuelo”, manifestaron los abogados de la acusación, que denunciaron además que Defensa consignara un pago de 149.000 dólares por el vuelo pero luego realmente se pagaran por él 41.000 dólares, “de manera que hay 108.000 dólares” que “se perdieron por el camino”. Por su parte, la defensa de Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa cuando Federico Trillo era el ministro de ese departamento, planteó que “cuando se dice que no se ha investigado, me recuerda a lo que dijeron algunos medios sobre el 11-M”. “No hay nada más que saber, el auto del juez es ajustado a derecho. Se sabe que las autoridades y funcionarios de Defensa no tienen ninguna responsabilidad, y se sabe que la causa del accidente es un error humano”, señaló el abogado Joaquín Rodríguez Ramos.
Al archivo de esta parte del procedimiento se sumó después el sobreseimiento que acordó Grande-Marlaska en noviembre respecto a la investigación sobre las irregularidades en la identificación de 30 de los 62 cadáveres, dando así carpetazo a la causa en su totalidad, decisión que, en este caso, ha sido recurrida, además de por los familiares, por la Fiscalía, aunque aún no hay señalamiento para la vista de estos recursos.

GASPAR LLAMAZARES Y LA POSICIÓN POLÍTICA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA.

POLÍTICA

 03/01/2008

Gaspar Llamazares: “Cría obispos y te sacarán los ojos”

Comienzan a surgir voces que piden revisar los acuerdos con la Santa Sede

V.VADILLO

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, criticó la “actitud benevolente” que a su juicio el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido con los obispos. A su entender, mantener los privilegios de la Iglesia católica no ha conseguido “aplacar, sino enardecer a la jerarquía eclesiástica más ultramontana”. Desde el Gobierno vasco y desde medios de comunicación como El País se ha insistido en que debe incidirse de forma “real” en la separación de poderes y la distinción de Iglesia y Estado.

“Cría obispos y te sacarán los ojos”, ha dicho Gaspar Llamazares en referencia a la manifestación que la jerarquía eclesial celebró el pasado día 30 en Madrid y que tomó un fuerte carácter político de crítica al Gobierno. El coordinador general de IU se preguntó si los socialistas esperaban “aplacar a la jerarquía ultramontana de la Iglesia católica manteniendo sus privilegios” en terrenos como la economía o la educación, y apuntó que esto “no se ha logrado”.

“Recuperar un estado aconfesional”
Por el contrario, advirtió, los obispos “están enardecidos y consideran que sus privilegios son justificación suficiente para cuestionar incluso el derecho a la sociedad civil y de la democracia a desarrollar medidas en materia legislativa”. Llamazares mostró su preocupación porque el Ejecutivo “no ha puesto a la Iglesia en el lugar que le corresponde en una sociedad democrática”, y le instó a “rectificar su política” y “recuperar un Estado aconfesional”.

Modificar los acuerdos con la Santa Sede
Tras conocer el comunicado que el PSOE ha hecho para criticar la actuación de la Iglesia en la manifestación por las familias, Llamazares pidió al Gobierno que reconsidere los acuerdos con la Santa Sede para modificar la situación de privilegio de la jerarquía católica. “Si el Gobierno no hace esto, no tiene razón para protestar”, advirtió.

Secularización
Algo parecido se reivindicaba ayer desde el editorial del diario El País. en este periódico se apunta hacia el deber del Gobierno de “abordar sin dilación” la “revisión de los acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede que sustituyeron, con un espíritu preconstitucional, al Concordato de 1953”. “Defender una secularización estricta del Estado no significa ir contra la Iglesia, sino ponerla en el lugar que le corresponde”, apunta el texto, que asegura que la del día 30 “no fue una manifestación en defensa de la familia -como si el Gobierno la atacara- sino un auténtico acto electoral en apoyo del PP”.

Separación Iglesia-Estado
Ante esto “deben reaccionar no sólo el PSOE y el resto de partidos -no lo hará el PP, por el que esa jerarquía hace campaña a dos meses de las elecciones- sino especialmente el Gobierno, ciñéndose a la Constitución, que proclama la separación Iglesia-Estado, una separación que no acaba de ser real”.

“Sociedad laica en su conjunto”
A esa separación de poderes se refirió también la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, quien apuntó que la Iglesia tiene “derecho a criticar en lo que no esté de acuerdo”, pero siempre que acepte “la separación de poderes” y, por tanto, que el Gobierno “representa a una sociedad civil, laica en su conjunto” y con “más de una creencia religiosa en su seno”.

“Respeto institucional”
Azcarate recordó que el Ejecutivo “legisla de acuerdo a las mayorías y minorías existentes en el Congreso de los Diputados” y que representa “la voluntad de la mayoría de la sociedad”. Esta voluntad, apuntó, “puede coincidir o no con la doctrina de la Iglesia católica”. A su juicio, esta institución tiene “el derecho legítimo a la discrepancia” siempre y cuando se haga desde “el estricto respeto institucional”.

TREINTA BANCOS Y CAJAS ESTÁN ATRAPADOS EN LA RED DE LLANERA CON UNA DEUDA DE 432,65 MILLONES DE EUROS.

Treinta bancos y cajas están atrapados en la ‘red’ de Llanera con una deuda de 432,65 millones

Gustavo Granero | 9:45 – 26/12/2007    http://www.ElEconomista.es

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Cuando sonó la flauta de Fernando Gallego, presidente del grupo inmobiliario Llanera -que soporta un concurso de acreedores tras suspender pagos-, todos cayeron rendidos a su música. Los principales bancos y cajas de este país sucumbieron a la llamada del promotor valenciano, aflorando, de paso, fallos masivos en sus sistemas de control de riesgos.

Pero, ¿qué pudo pasar para que una treintena de entidades quedasen hipnotizadas en Llanera? Como en la fábula del flautista de Hamelín, Gallego hizo sonar la música, se rodeó de la banca que opera en España y después la precipitó por el abismo al que conducen los impagos.

Más allá del parecido, por hipnotizador, con la leyenda de los Hermanos Grimm, la inmobiliaria Llanera dejó deudas por 432,65 millones de euros a una treintena de entidades financieras al cierre de 2006, según el último informe de auditoría, que reconoce una deuda total con todos sus acreedores de 748,16 millones. De la financiación con bancos y cajas, 300,78 millones eran a largo plazo, y 131,87 millones a corto plazo.

No sólo eran Bancaja o CAM

En un principio, sólo saltaron a la luz las inversiones de Bancaja, CAM y Lehman Brothers. Aunque es cierto que ellas soportan la mayor parte de la deuda también es verdad que los daños colaterales del hundimiento de Llanera afectó a todo el barco. En concreto, son 13 bancos (Santander, BBVA, Popular, Banesto, Sabadell, Banco de Valencia, Pastor, Guipuzcoano, Gallego, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays y Citi); otras 13 cajas de ahorro (La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, CAM, Caixa Catalunya, Unicaja, Caja España, Cajasol, Cajasur, Sa Nostra, Granada, Caixanova y Ontiyent). Ellos fueron el brazo financiador, aunque la lista de acreedores totales se cuenta por miles.

Un largo y complejo proceso

Bancos y cajas esperan recuperar sus inversiones. Sin embargo, el proceso puede durar un año, ya que el juez y los administradores concursales tienen mucho trabajo por delante: “Hay que analizar bien el convenio que se propondrá para renunciar a una parte de la deuda y valorar adecuadamente los activos de la empresa”, explica a elEconomista Carlos Pavón, letrado de Iure Abogados, que representa a 40 acreedores. Algunas empresas consideran que se está haciendo una liquidación algo prematura.

Según la documentación que obra en poder del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, a la que ha tenido acceso este periódico, Banesto tiene una deuda de 4,8 millones, al menos, con cinco de las seis sociedades del grupo Llanera (ver más en información de recuadro). Según el dossier, Barclays concedió créditos por 900.000 euros, mientras que BBVA reconoce una deuda de casi medio millón de euros con una de las empresas del grupo inmobiliario.

Dentro de las cajas, los destrozos son similares. Las más castigadas por la suspensión de pagos de Llanera -junto a Bancaja y CAM- son Caja Duero y Caja Sur . Les sigue Caixa Catalunya, con más de dos millones en créditos, Caixanova y Sa Nostra (Baleares) con un millón y medio de euros, al menos. Además, Unicaja y Caja España habrían concedido financiación por alrededor de un millón. No podría faltar Caja Madrid, con 305.512 euros.

Pero la mayor inversión la dieron otros. Bancaja reconoció una deuda con las empresas de la inmobiliria de 92 millones, que está regularizando con la promotora. Su participado Banco de Valencia les confió 28 millones, mientras que la CAM le habría otorgado entre 30 millones y 40 millones. No obstante, las cajas dejaron claro que la mayoría de estos créditos contaban con garantías más que reforzadas. Fue un banco extranjero, Lehman Brothers, el que se llevó la palma, con un préstamo de más de 148 millones de euros, que vencía en enero. Pero ha habido acuerdo.

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PORTILLO, EL PRIMER LADRILLAZO DE 2008.

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Se confirma el vuelco en el Consejo de Colonial, que acepta la dimisión de Portillo

Agencias | 20:08 – 31/12/2007
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El Consejo de Administración de la inmobiliaria Colonial aceptó hoy la dimisión de Luis Portillo como miembro de este órgano de dirección y ratificó como presidente de la sociedad a Mariano Miguel, que seguirá ejerciendo el cargo de consejero delegado, informó la compañía a la CNMV. Además, se produce un auténtico vuelco en el Consejo, tal y como adelantó hoy diario elEconomista

El cese de Portillo como consejero de la inmobiliaria se produce tres días después de que fuera relevado como presidente de Colonial (CAR.MC elemento_52_0 = new cotizacionEnNoticia(‘INMOCARAL’, ‘cotizacionINMOCARAL_0’, ‘linkcotINMOCARAL_0’,1); ), en una reunión que el Consejo de Administración celebró el pasado viernes, horas después de que los títulos de la sociedad cayeran el 25,4 por ciento en Bolsa.

La compañía ha indicado que para reforzar la preeminencia de los consejeros independientes “iniciará la búsqueda de un profesional de prestigio que ocupará el puesto de presidente no ejecutivo”.

Salida de otros consejeros significativos

 

Al mismo tiempo que acontecía el cese de Portillo abandonaban también su puesto como consejeros Luis Emilio Nozaleda Arenas, Gema Sólas Navas, José Ramón Carabante Plaza; Óscar Fanjúl Martín; Alberto Cortina Koplowitz y Clara Nozaleda Arenas.

También cesaban en su cargo los representantes de Desarrollo Empresarial Quetro, María Jesús Valero Pérez; Grupo Portival, Yolanda Mayo Ranera; Corporación Indo, Domingo Díaz de Mera Lozano, y Promociones González, Aurelio González Villarejo.

La compañía ha señalado en un comunicado que la “salida del consejo de los accionistas significativos no presupone la intención de reducir su participación en la sociedad”.

Nombramientos de nuevos consejeros

 

Para ocupar parte de las vacantes y para “dotar de la mayor operatividad, eficacia y transparencia posibles a la gestión de la compañía en beneficio de sus accionistas”, la compañía ha nombrado consejeros por cooptación a Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid (consejero ejecutivo); Julián Zamora Saiz (consejero dominical), y Pedro Ruiz-Labourdette Garau (consejero dominical).

Así queda el consejo de Colonial

 

En consecuencia, el consejo de administración queda compuesto por once miembros: Mariano Miguel Velasco; Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Antonio M. López Corral; Javier Sola Teyssiere; Alberto Alonso Lobo; Francisco José Molina Calle; Juan Ramírez Blatuille; Enrique Montero Gómez; Julián Zamora Saiz; Pedro Ruiz-Labourdette Garau y Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid.

Cambios en la comisión ejecutiva

 

Inmobiliaria Colonial también ha acordado cambios en la comisión ejecutiva, que estará formada por cuatro miembros, y en la comisión de nombramientos y retribuciones, que estará formada por tres personas.

La comisión ejecutiva queda compuesta
por Mariano Miguel Velasco, que ejercerá como presidente; Francisco José Molina Calle; Julián Zamora Saiz y Pedro Ruiz-Labourdette Garau.

Por su parte, la comisión de nombramientos estará integrada por Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Alberto Alonso Lobo y Enrique Montero Gómez.

Sólida “situación patrimonial”

 

Inmobiliaria Colonial también ha señalado que mantiene una sólida “situación patrimonial” que le permite cumplir íntegramente “todas sus obligaciones con las entidades financieras” y ha expresado “su confianza en que la realidad del valor objetivo de la compañía, su solidez patrimonial y su potencial de negocio permitirán superar la situación actual”

Publicada el http://www.ElEconomista.es

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Nota Bene del editor de este Blog: Seguramente sería éste un momento pertinente para que algún miembro del Gobierno Valenciano experto en privatizaciones, explicara las condiciones en las que Luis Portillo compró por cantidades multimillonarias, en sociedad (Siete Treinta S.L.) con el señor Rosell Recasens, marido o lo que fuese de la Senadora del PP por Almeria, señora Agüero miembro de la comisión de Agricultura del Senado en la etapa del señor Aznar-Fabra (¿también una coincidencia que la empresa del caso Naranjax, Artemis 2000 S.L. y Siete Treinta S.L. procedan del mismo despacho de Ontinyent, ciudad que como saben está pegadita a Sevilla, igual que muchas más con adjudicaciones de la Generalitat Valenciana?). Aclaremos la concesión transmisión posterior de algúnos lotes de las residencias geriatricas del tan famoso como opaco Plan Blasco en su etapa de Conseller de Bienestar Social. Este es el proceso especulativo que ha levantado gigantes de papel que han saqueado las arcas públicas y arden ahora…sin que nadie mueva un dedo. Y el Arzobispo Cardenal diciendo que la politica social de Zapatero sobre la familia, destruye la democrácia. ¡No crean que no llevamos una buena peniténcia con esta cuadrilla!. V.V.G.

LOL MULTIMILLONARIOS SOBRECOSTES DE LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS VAN EN CONTRA DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Y SANITARIOS.

732592.jpgLa Ciudad de las Artes cuesta de más como una nueva Fe y media

J. L. OBRADOR. 21.12.2007

  • El gasto extra que acumula todo el complejo de Calatrava suma 431,4 millones de euros.
  • El presupuesto del futuro hospital que se construye en Valencia es de 269 millones.
  • El Síndic de Comptes denuncia que Calatrava cobra 861.000 euros que no le corresponden.
El sobrecoste que acumula la Ciudad de las Artes y las Ciencias alcanza los 431,4 millones de euros, según el informe de 2006 del Síndic de Greuges. Con este dinero de más gastado (un 238% de incremento respecto al presupuesto inicial) se podría haber construido 1,6 hospitales como la nueva Fe que se está levantando en Malilla. El presupuesto de este macrocentro sanitario es de 269 millones de euros (216 corresponden a la obra y 53 al equipamiento).Sólo en el Palau de les Arts, hasta finales de 2006 (es decir, antes de reparar incidentes como los provocados por las inundaciones de octubre) se llevaban gastados 345 millones (un 316% más de lo previsto), una cantidad por sí sola superior a lo que costará el hospital.

En el documento que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, el Síndic recomienda evitar modificaciones que alteren los proyectos iniciales, ya que repercuten en el precio y en el plazo de las obras.

Calatrava, dinero extra

Según el informe el creador de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Calatrava, ha cobrado ya, por adelantado, 3.962.125 euros por el proyecto y ejecución del Ágora, la plaza porticada que servirá como punto de esparcimiento de este recinto. Sin embargo, Calatrava debería percibir 3.100.493 euros.

La trampa está en que su retribución se calcula sacando el 7,5% del coste del proyecto y la ejecución de las obra, pero esta cifra ha variado. En un principio, el Consell estimó que rozaría los 53 millones de euros, pero al final se adjudicó por 41,3 millones. Pese a esta rebaja, los honorarios de Calatrava se siguen calculando sobre la cifra superior, con lo que percibe los 3,9 millones, un 25% más de lo que le toca.

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¨GÜEMES, CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID Y YERNO DE FABRA, LE EXPLOTA UN CASO DE FAVORITISMO EN LA ADJUDICACIÓN DE AMBULANCIAS POR 55,4 MILLONES DE €.

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AL CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID, JUAN JOSÉ GÜEMES, YERNO DEL SOSPECHOSO CARLOS FABRA (PP), LE EXPLOTA UN CASO DE FAVORITISMO EN LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS CON 55,4 MILLONES DE EUROS AL CANTO

El servicio de ambulancias urgentes que ofrece la Comunidad de Madrid (Summa 112) fue adjudicado en 2006 a la única empresa que se presentó al concurso, Isolux Corsan, pese a que ya entonces incumplía el pliego de condiciones. Al hacer su oferta, no tenía plena disposición sobre el centenar de ambulancias que debían prestar el servicio, como exigen los requisitos de dicho pliego. Informa el diario “El País” en su edición madrileña.
El responsable del departamento de Sanidad del gobierno madrileño que preside Esperanza Aguirre es Juan José Güemes, casualmente casado con Andra Fabra, senadora del PP por “obra y gracia” de su padre, Carlos Fabra, imputado por varios delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ley tributaria. El sospechoso político es presidente del PP en Castellón y de la diputación provincial.

Las ambulancias se ahorran 1,2 millones de euros…No es la única irregularidad la del incumplimiento del pliego de condiciones,. Sigue informando El País. Después, esta adjudicataria no ha cumplido el número de horas diarias que según el contrato debía tener disponibles las ambulancias (1.252 horas diarias), sino que se ha ahorrado 92 horas al día, según las tablas que utiliza el centro coordinador del Summa 112. Por esta razón, Isolux Corsan debe este año más de 40.000 horas de servicio, lo que le supone a la empresa un ahorro de 1,2 millones de euros (el coste de cada hora ronda los 30 euros), sin que hasta ahora la Consejería de Sanidad, de la que depende el Summa 112, se las haya reclamado ni descontado de la factura final, como contempla el pliego de condiciones en su apartado 10.2. Éste también prevé “penalizaciones” si se produce una disminución de horas.

Negocio al canto de 55,4 millones en cuatro años.El servicio Summa 112 sacó a concurso a principios de 2006 la prestación del transporte sanitario terrestre urgente. Pedía una disponibilidad de ambulancias de 1.149 horas al día durante cuatro años a cambio de 55,4 millones de euros.
Ninguna de las cinco empresas que ofrecen este tipo de servicios habitualmente en la región se presentó, aunque sí acudió al concurso paralelo de transporte no urgente que también convocó el Summa 112.

“No nos interesaba”, explicó el gerente de Ambulancias Santa Sofía sobre la convocatoria de ambulancias urgentes. También le pareció inasumible la oferta de Sanidad al gerente de Ambulancias SASU, Maximiliano Alonso, que explicó que sólo el personal que va en la ambulancia ya le suponía un coste de 11,8 millones de euros. “¿Cómo cubría yo el resto: gasoil, personal directivo, los vehículos…?”, se preguntó. “Si hubiera sido por los profesionales del sector, el concurso hubiera quedado desierto”, agregó este directivo.

Una constructora para las ambulancia…Sólo acudió al concurso Isolux Corsan, una compañía dedicada a la construcción, inmobiliaria, ingeniería, concesión y servicios, según figura en su página web. Su portavoz, Jesús Salgado, asegura que han realizado servicios de ambulancia en otras comunidades. Y cita Castilla-León, donde prestan servicio de asistencia a la Tercera Edad. Al presentar su oferta, la empresa redujo el precio de adjudicación del pliego de condiciones en 830.000 euros y aumentó las horas de disponibilidad de ambulancias: se comprometía a proporcionar 1.252 horas al día durante cuatro años por 54,5 millones.

Incumplimiento del artículo 9 del concurso.Con esta oferta ganó el concurso, pese a que incumplía las condiciones: según el pliego de la concesión, en su apartado 9, los licitadores sólo podían ofrecer vehículos sobre los que tuvieran total disponibilidad en el momento de presentar la oferta. Para ello debían contar con permiso de circulación, tarjeta de transporte, certificación sanitaria y seguro, según la convocatoria del concurso.
Pero la adjudicataria se esperó a que le fuera adjudicado el contrato para adquirir el centenar de ambulancias que requería el servicio. Su portavoz lo argumenta así: “Cuando concursamos para hacer una línea de AVE no tenemos todavía la maquinaria necesaria”. Al precisarle que incumple el pliego de condiciones, argumenta que el material móvil estaba disponible días antes de que le fuera adjudicado el concurso. Pero no al presentar su oferta.