Carl Steinitz y Christian Werthmann impartirán una conferencia sobre “Proyectos de Paisaje y Agua” el día 27 de junio

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Carl Steinitz y Christian Werthmann impartirán una conferencia sobre “Proyectos de Paisaje y Agua” el día 27 de junio
en el marco de Expo Zaragoza 2008

 

De izq. a dcha.: el Catedrático Asistente de Arquitectura del Paisaje en la Universidad de Harvard, Christian Werthmann; la Directora General de Planificación Territorial de la JCCM, Bárbara Pons; y el Catedrático de Planeamiento y Arquitectura del Paisaje de Harvard, Carl Steinitz, durante la presentación del Estudio de Paisaje del Tajo el día 11 de enero.

El Catedrático del Departamento de Arquitectura del Paisaje y Planeamiento de la Universidad de Harvard, Carl Steinitz, y el Catedrático Asistente de Arquitectura del Paisaje en la Escuela de Diseño de dicho centro, Christian Werthmann, ofrecerán una conferencia centrada en “Proyectos de Paisaje y Agua” el día 27 de junio dentro de las Jornadas Paisajes 08, en el marco de Expo Zaragoza 2008.

Carl Steinitz y Christian Werthmann han desarrollado, junto a la Fundación Foro Civitas Nova, dos estudios del paisaje con el objetivo de contribuir a asegurar la diversidad y riqueza de los paisajes de Castilla-La Mancha en un período de cambio acelerado económico y social. Así, el año pasado el Foro coordinó el estudio Un futuro alternativo para el paisaje de Castilla-La Mancha, junto a la Escuela Universitaria de la Universidad de Harvard. Este año, se ha repetido la colaboración con este prestigioso centro a través del Estudio territorial y paisajístico en la cuenca media del río Tajo. Ambas investigaciones han sido auspiciadas por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la JCCM.

El programa propuesto en Paisajes 08 se estructura a partir de tres jornadas monográficas (del 26 al 28 de junio) sobre paisaje, agua y sostenibilidad y de las muestras de las comunicaciones presentadas por técnicos, expertos y estudiantes de disciplinas vinculadas al paisaje y a la ordenación del territorio y de sus recursos. Estas comunicaciones deberán ser proyectos, trabajos de investigación o planes en los que el agua constituya uno de los elementos fundamentales dentro del paisaje o espacio a “proteger, gestionar u ordenar-crear”.

Durante estos días se darán cita más de veinte conferenciantes expertos en arquitectura, paisaje y geografía, entre otras disciplinas. Estarán Pablo de la Cal, Iñaki Alday, Mónica Dazzini, Paulo Pellegrino, Gloria Aponte, Anna Ribas Palom, Teresa Andresen, Francisco Pellicer, Cristina Castel, Arancha Muñoz, Joan Busquets, Alfredo Fernández de la Reguera, Víctor Ténez, Mary Bowman, Orlando Borges, Rafael Mata, María Maninni y Enrique Cabrera.

La Asociación Española de Paisajistas ha organizado estas jornadas en colaboración con la Associaçâo Portuguesa dos Arquitectos Paisajistas, el Ministerio de Medio Ambiente, la Universidad Politécnica de Valencia y Expo Zaragoza 2008. Las distintas acciones y actividades que se proponen abarcan desde lo simbólico a lo concreto, desde la escala local a la internacional, desde los paisajes del agua singulares y de excepcional valor, a los cotidianos o a los olvidados.

Consulte más información sobre las jornadas Paisajes 08   

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FORO CIVITAS NOVA: “BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y URBANÍSTICA”

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En nuestra Firma del Día reproducimos la ponencia titulada “Buenas prácticas en materia de política territorial y urbanística” que fue pronunciada por la abogada María Soledad Gallego. La exposición tuvo lugar durante las primeras jornadas de urbanismo para responsables municipales, celebradas en Guadalajara durante los pasados días 25 y 26 de enero.

casita Ponencia “Buenas prácticas en materia de política territorial y urbanística”, de María Soledad Gallego  

Nuestra “Firma del Día” es un espacio destinado a plasmar las contribuciones de destacados profesionales y académicos en torno a relevantes cuestiones de actualidad en al ámbito de la arquitectura, la vivienda, y el urbanismo sostenibles. Si tiene interés en colaborar con nosotros, puede comunicárnoslo por email a foro@forocivitasnova.org.

EL PINCHAZO INMOBILIARIO HACE UN ROTO DE 5.000 MILLONES DE € A LOS INGRESOS DE LAS CC AA.

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El ‘pinchazo’ inmobiliario hace un roto de 5.000 millones a los ingresos de las CCAA

crisis inmobiliaria

 

@Carlos Sánchez.- – 25/01/2008

 

El pinchazo inmobiliario -más evidente en las viviendas nuevas que en las de segunda mano- amenaza los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Según fuentes que conocen muy de cerca las finanzas regionales, el frenazo en precios y, sobre todo, el descenso en el número de transacciones inmobiliarias supondrá una caída de la recaudación del 30% en los dos tributos cedidos totalmente a las CCAA que tienen que ver con el mercado inmobiliario: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados.El IVA, que es el otro gran tributo que grava la adquisición de viviendas, es de carácter estatal, aunque cedido parcialmente a las regiones. Por esta vía, las comunidades también verán también reducidos sus recursos, pero de forma indirecta.Lo más preocupante para las finanzas regionales es que la carga fiscal que sufre la vivienda ha acabado por convertirse en una fuente fundamental respecto de sus ingresos tributarios totales. En particular para algunas regiones. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, donde nada menos que el 21,9% de sus ingresos procede del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos. A continuación se encuentran Murcia (donde el 17,3% de su recaudación depende de la evolución del mercado inmobiliario), Cataluña (16,3%) y Comunidad Valenciana (15,9%). En el lado contrario, las comunidades autónomas menos vulnerables a un parón inmobiliario son Galicia (6,2% de su recaudación) y Extremadura, apenas el 4% de sus ingresos.

VulnerabilidadEl nivel de dependencia de las finanzas regionales ha ido creciendo de una manera exponencial en los últimos años, hasta el punto de que, según lo presupuestado, el año pasado pensaban ingresar 18.120 millones de euros por esos dos conceptos. Es decir, que una caída en torno al 30% en la recaudación supondría una merma de ingresos superior a los 5.000 millones de euros. Mucho dinero que puede poner en peligro los objetivos de equilibrio presupuestario. Hay que tener en cuenta que hace una decena de años los ingresos totales por ambos tributos apenas ascendían a 2.700 millones de euros, lo que significa que desde 1997 la recaudación vinculada al ladrillo se ha multiplicado prácticamente por siete. El motivo hay que vincularlo fundamentalmente al aumento de la base imponible, ya que al encarecerse los pisos también crece la recaudación al aplicarse los tipos impositivos sobre bases más altas.Ahora bien, la vacas gordas parecen haberse acabado, tal y como apuntan dos indicadores extremadamente fiables: el número de transacciones inmobiliarias inscritas en los registros de la propiedad y el volumen de hipotecas constituidas. En el primer caso, los datos indican que si en el primer trimestre de 2006 se registraron 1.009.192 de transacciones inmobiliarias (incluyendo tanto viviendas como usadas), pero es que durante el tercer trimestre de 2007 la cifra ha caído hasta las 830.000 operaciones. Un síntoma inequívoco de que las comunidades autónomas van a tener muchas dificultades para cumplir su presupuesto.

Otro indicador refleja lo que está pasando. El número de fincas hipotecadas cayó en octubre (último mes con datos disponibles) un 7,9% en términos anuales, y eso también pasará factura a las regiones. Las comunidades autónomas gravan la constitución de hipotecas con un tipo impositivo fijado en función de la base imponible del inmueble, y eso se refleja en la recaudación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Un tributo que hace apenas una docena de años era casi marginal en el sistema tributario español pero que a medida que ha ido creciendo el ‘boom’ inmobiliario ha pasado a ocupar un papel cada vez más determinante. Hasta el punto de que para 2007 se presupuestaron unos ingresos de 7.603 millones de euros, once veces más que hace una década.

EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
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. Comunitat Valenciana

La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia


El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que “los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad”.
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo “la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas”.

La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde “
no ha existido ningún tipo de publicidad“, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, “los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación“. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, “el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como“, tal como lo denunció en su momento el PSPV. “Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa“.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce “sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública” y “perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación”.


Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba “
disolver estas sociedades mercantiles” porque en algunos casos había quedado “sin contenido el objeto social de las empresas constituidas”.


Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.

LA PETICIÓN DE LA COMISIÓN EN EL CASO TOTANA FUÉ GRABADA.

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corrupción urbanística La petición de la comisión del caso Totana fue grabada

Al parecer, el anterior alcalde aludió al pago de tres millones de euros para recalificar suelo rústico

Autor:
La Voz var d = new Date(1197500400000);
Fecha de publicación:
document.write(d.getDate() + “/” + (parseInt(d.getMonth())+1) + “/” + d.getFullYear());13/12/2007

La exigencia del pago de comisiones a cambio de proceder a la recalificación masiva de suelo rústico en el municipio murciano de Totana cuenta con respaldo pericial determinante, según reconocen fuentes del caso por el que están imputadas más de una docena de personas, entre ellas un abogado y promotor vigués y uno de sus ex empleados. Tal y como adelantó La Voz de Galicia el pasado 30 de noviembre, desde los entornos del anterior y actual gobierno municipal de Totana -del PP- se pudo haber reclamado el pago de tres millones de euros a una de las empresas del letrado gallego Manuel Núñez a cambio de que el Ayuntamiento murciano modificase en su nuevo plan general la calificación de 2,2 millones de metros cuadrados de carácter rústico, para que la empresa viguesa Inmonuar pudiese levantar 5.040 viviendas, un campo de golf, dos spa y un hotel en el municipio.

Diversas fuentes aluden incluso a la existencia de cintas telefónicas grabadas donde algunos de los imputados hacían mención a dicho «cazo», y a la exigencia de que la comisión fuese abonada en varios pagos.

Operación respaldada

Pese al secreto de sumario decretado, hasta ahora ha trascendido que el empresario murciano que fue detenido el día en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil puso en marcha la operación Tótem hizo supuestamente de puente entre los implicados del Ayuntamiento de Totana y la empresa promotora viguesa.

La operación urbanística fue en todo momento saludada por el equipo del anterior alcalde y ahora diputado regional del PP, Juan Morales, así como por su sucesor en la alcaldía, al suponer la construcción de más de cinco mil viviendas en una localidad que agrupa a poco más de veinte mil vecinos. A cambio de la recalificación de las parcelas adquiridas por la firma viguesa en la pedanía del Reiguero, el Ayuntamiento totanés iba a recibir un total de 4,9 millones de euros, tal y como aprobó la corporación, solo con los votos del PP en una sesión en la que también recibieron el visto bueno otros 48 convenios. En la mayoría de ellos el consistorio pudo haber recibido dinero en metálico por parte de los promotores, en lugar de obras o infraestructuras para el municipio, como es más habitual.

Pagos al Ayuntamiento

La firma viguesa Inmonuar ya había ingresado en las arcas municipales 2,4 millones de euros, la mitad de ellos en el momento de la firma del convenio y la otra mitad tras la aprobación inicial del nuevo plan. El montante restante estaba estipulado que se pagase cuando se aprobase definitivamente el plan totanés el próximo mes de enero.

El dinero rodeó la operación de una forma constante, ya que además de ser abonados a todos los propietarios de las fincas rústicas 24 euros por metro cuadrado, donde solo valía 6, la promotora viguesa pagó también 18.000 euros en mano y como señal a todos los dueños que accedieron a vender su suelo, según admitieron varios de ellos.

GARANTÍAS JURIDICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO.

Garantías jurídicas, planificación y desarrollo urbano PDF Imprimir E-mail
Ignacio Pérez Sarrión   
28.11.2007

ImageVivimos en un estado de derecho, un estado quizás –en mi opinión, en algunos aspectos- excesivamente garantista. Digo esto porque la cantidad de normas, procedimientos, plazos y recursos, pueden legar a provocar inseguridades jurídicas e impiden en ocasiones un funcionamiento mínimamente ágil de la administración si se pretende ser eficaz, como por otra parte se demanda por los ciudadanos. Uno nunca está seguro de estar cumpliendo meticulosamente todos y cada uno de los matices de los procedimientos de aplicación del derecho, dada la estructura de personal existente, el escaso tiempo con que se cuenta por las personas que tienen que tratar multitud de tareas diferentes en soledad (FHE) y los medios materiales con que se cuenta.

Resulta curiosa  oír en los pueblos la expresión “te denunciaré”, o “le denunciaré“, cuando se piensa que si es el Ayuntamiento la administración responsable de sancionar una transgresión determinada y éste no tiene ni funcionarios, ni medios adecuados, ni ordenanzas tipificadoras de las conductas sancionables  ni por su puesto sanciones previstas, difícilmente, por no decir de manera prácticamente imposible, se tramitarán procedimientos sancionadores. Ejemplo de la situación sin ir más allá es las infracciones de tráfico que se cometen continuamente en todos los pequeños pueblos y que quedan impunes. Cuantitativamente no son muchas, pero cualitativamente pueden ser muy importantes y resulta penoso que en muchas ocasiones haya que transigir con comportamientos sumamente inapropiados.  

En los pequeños pueblos no hay policía local ni medios para tramitar los procedimientos sancionadores. Así, uno puede aparcar su vehículo en medio de la plaza, hacer ruido a las dos de la mañana, echar las basuras al contenedor sin bolsa y muchas otras conductas reprobables sin que, jurídicamente, pase nada.

Habría que en alguna ocasión hacer un estudio sociológico –quizás se haya hecho- del efecto que para la convivencia puede ejercer el control social de una comunidad pequeña o mediana, porque en estos lugares, es la reprobación social la que sirve de control y no evidentemente el control jurídico. Es el vecino de al lado, que conoce quién eres, de quién eres hijo, en qué trabajas, cuando sales y entras, en fin, tu vida de pé a pá, quien a corto o medio plazo te llegará a hacer algún comentario sobre lo inadecuado de tu comportamiento. SI eres normal y no te habías dado cuenta, te sonrojas y cambias. En otro caso, está servido el inicio seguro de una rencilla que perdurará en el tiempo.

Sin embargo los pueblos de la periferia de las ciudades crecen muy rápido. Como consecuencia de la carestía de la vivienda en la ciudad, la gente joven se desplaza a estos pueblos a vivir en los típicos adosados, prohibitivos veinte kilómetros más cerca del centro de la ciudad. Así, sin darse cuenta apenas, municipios muy pequeños en los que todos se conocían, pasan de repente a convertirse casi en ciudades-dormitorio a los que se acude sólo por la noche. Desparece (o es mucho más difícil) el control social moderador de conductas, porque no se sabe quién es el que vive al lado ni a qué se dedica. Estas personas están tan ocupadas trabajando que tampoco se integran apenas en la vida social del pueblo.

Creo que estos efectos no se tienen en cuenta en la práctica a la hora de permitir o promover el crecimiento de los municipios aledaños a las metrópolis. Allí, en la ciudad, miles de policías vigilan y sancionan. En ese pueblo, apenas treinta kilómetros alejado de aquélla, casi no hay normas (un amigo mío decía parafraseando los western que esto es el oeste, “no hay ley al oeste del Río Pecos”), sólo casi hay miradas de reproche o censura si uno no se comporta normalmente. Afortunadamente ese control social es en muchos casos suficiente para lograr una convivencia adecuada. Pero no en otras ocasiones.

Las cosas cambian rápidamente y son conocidos los casos de municipios que han pasado de ochocientos o mil habitantes a más de cuatro mil o más en menos de una década. Ese fenómeno, de forma inmediata, supone riqueza económica de poblaciones hasta hacía poco depauperadas, en forma de ingresos derivados de la actividad urbanística y poblacional: operaciones urbanísticas, convenios, permutas, IBI, plusvalías, aumento de participación en el FNCM, aumento del IVTM, etc. Si por una parte se dispone entonces de mayores recursos obteniendo nuevos equipamientos y optimizando los existentes, por otra parte se pierde esa cohesión social que como comunidad pequeña se tenía.

Creo que es importante que los gobiernos locales, antes de fomentar un desarrollo desmedido, decidiesen reflexivamente si es conveniente ese crecimiento, hasta qué límite, con qué previsiones, qué medios se van a necesitar y, en definitiva, planificar a medio plazo. Yo creo que en ocasiones sólo se actúa por intuición, simplemente se da por supuesto que aumentar población es en sí mismo lo correcto, sin tener en cuenta otras implicaciones a valorar cuidadosamente. E igual que se planifica el crecimiento urbanístico a través de un PGOU, habría que planificar los equipamientos necesarios según población y a medida que se vaya creciendo, necesidades de nuevos servicios, supuestos de pirámides poblacionales, dónde está el umbral en el que será necesario y sostenible económicamente disponer de algunos servicios, cuándo será necesario disponer de policía local (a reservas de las previsiones legales sobre el particular), qué medios jurídicos y técnicos se necesitarán, y un largo etcétera de cuestiones que me da la impresión que se van solucionando sobre el momento.

Visto en el Blog esPublico