EL CONSELL SOLO HA TRAMITADO EL 4% DE LAS AYUDAS A LA VIVIENDA PARA JÓVENES POR EL BOICOT A ZAPATERO.

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18/02/2008
EL CONSELL SOLO HA TRAMITADO EL 4% DE LAS AYUDAS A LA VIVIENDA PARA JÓVENES POR EL BOICOT A ZAPATERO
Salvador insta a Camps a que deje de seguir la agenda electoral de Mariano Rajoy y se dedique a gestionar los intereses de los jóvenes valencianos
La Comunitat Valenciana viaja en el furgón de cola en cuanto al número de solicitudes de los jóvenes españoles aprobadas para acceder a las ayudas al alquiler de la primera vivienda por el “boicot” del Consell a las políticas del Gobierno de Rodríguez Zapatero, según denunció hoy la portavoz de Vivienda del PSOE en Les Corts, María José Salvador.El porcentaje de resoluciones aprobadas en el primer mes de aplicación de la renta básica de emancipación no alcanza el 5% (4,69%) porque el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el PP valenciano “se dedican a seguir la agenda del candidato del popular, Mariano Rajoy, en lugar gestionar los intereses de los jóvenes valencianos”, aseguró la portavoz socialista en rueda de prensa.El boicot del Consell a la renta básica de emancipación responde, según Salvador, a una estrategia electoralista conjunta que sigue el PP en toda España de oposición al Gobierno del PSOE. De ahí que la Comunitat, Madrid y La Rioja, gobernadas por el PP, hayan planteado requerimientos de incompetencia y pidan la derogación del plan con el mismo argumento: que el Gobierno va más allá de sus competencias.

Por ello, la portavoz de Vivienda afirmó que “hay un claro interés partidista en la decisión de la Comunitat Valenciana, Madrid y La Rioja, que se dedican a hacer oposición a Rodíguez Zapatero en lugar de gobernar”, como demuestran “los pocos minutos que está decicando Camps y el Consell a gestionar la Comunitat desde el 27 de marzo”.

Salvador comparó al Consell con el perro del hortelano, “ni come ni deja comer” e instó al portavoz del Consell, Vicente Rambla, a que “diga claramente si el Consell y el PP quieren la renta básica de emancipación” en lugar de “confundir a los jóvenes”.

Así, relató cronológicamente la ceremonia de la confusión protagonizada por el Consell. Recordó que el 3 de diciembre de 2007 el conseller de Vivienda, José Ramón García Antón, firmó el convenio con la ministra de la Vivienda, Carmen Chacón, para gestionar las ayudas para el alquiler de primera vivienda previstas en el plan de soporte emancipación. Sin embargo, el 21 de diciembre, el pleno del Consell acordó interponer un recurso de incompetencia al Gobierno y pidió la derogación del plan, para el 8 de febrero plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Pero ahí no acaba, añadió, ya que el día 15 el Consell ratifica el convenio pero mantiene el recurso porque “el Gobierno se extralimita en sus comptencias”.

Salvador denunció que el Consell ha incumplido el convenio que firmó al no habilitar las 17 ventanillas de información, al aprobar el formulario más extenso -17 documentos- de todas las comunidades y al haber cambiado el formulario de acceso en dos ocasiones.

Salvador lamentó que “en lugar de poner los recursos a los 42.000 jóvenes que pueden optar, el Consell se dedica a poner obstáculos y trabas” y le instó a que sigan el ejemplo de Galicia, Andalucia y Asturias, que están al frente de las solicitudes aprobadas con 731, 372 y 255, respectivamente.

Por otra parte, recordó que el plan valenciano de acceso a la vivienda, ha visto reducido su inversión en un 75% y se ha ejecutado el 1,9% como recordó el Sindic. Asimismo denunció que con el dinero del plan estatal de vivienda el Consell ha pagado las indemnizaciones de los propietarios viviendas sociales de Ansaldo, pese a que tiene un caracater finalista para vivienda protegida.

Salvador defendió, por último, que el Gobierno tiene legitimidad para garantizar el acceso a una vivienda, como reconoce una sentencia del Constitucional, e instó de nuevo a Camps y al Consell a que “abandonen la agenda electoral de Rajoy y dejen de hacer oposición al Gobierno y trabajen en la defensa de los inteses de los jóvenes valencianos que tienen derecho a acceder a las ayudas públicas previstas”.

LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER REGISTRA UN AUMENTO DEL 29% EN LA FIRMA DE VIVIENDAS ARRENDADAS.

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La SPA registra un aumento del 29% en la firma de viviendas arrendadas

Redacción fotocasa.es , 12/02/08, 10:54 h

La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) entregó las llaves de 382 viviendas en alquiler en enero, lo que supone un 29% más que en el mismo mes de 2007, cuando se suscribieron 296 contratos de alquiler, según datos del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda

.Por otro lado, la SPA registró la entrada en sus registros de 2477 viviendas en el primer mes del año, lo que supone casi 60% más que en enero de 2007. De estas viviendas, 434 fueron rechazadas antes incluso de ser evaluadas (+92,8%) y otras 1.508 fueron evaluadas (+65,8% más).

 

Esta tendencia al alza en los niveles de actividad de la SPA podría aumentar todavía más a lo largo de 2008, ya que los promotores tienen la intención de apostar por la vivienda en alquiler a través del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda y sobrellevar así la desaceleración de las ventas en el segmento de la vivienda nueva.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA DA UN NUEVO IMPULSO A SU POLITICA DE VIVIENDA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL.

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VIVIENDA

La Reforma del Plan de Vivienda beneficiará a 250.000 familias y costará 75 millones

Chacón destaca que esta reforma “no perjudica a nadie, sino que ayuda a más familias y le da la mano a la iniciativa privada”
11 Enero 08 – Agencia EFE

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Real Decreto que reforma el Plan de Vivienda (PEV) 2005-2008, que tendrá un coste estimado de 75 millones de euros y facilitará el acceso a la vivienda a 250.000 familias, que se suman a las 620.000 que ya se han beneficiado desde el inicio de la legislatura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, aseguró que esta reforma “no perjudica a nadie, sino que ayuda a más familias y le da la mano a la iniciativa privada”, al adecuar las medidas contempladas en el PEV a la realidad de las familias y del mercado.

La reforma aprobada este viernes tiene como principales objetivos facilitar el acceso a las políticas de vivienda a más familias de rentas medias y bajas, incrementar la actividad de los promotores en el mercado de la vivienda protegida e impulsar la rehabilitación y el alquiler.

Entre las principales novedades está la introducción de la figura de alquiler protegido con opción a compra, que hasta ahora sólo existía en algunas comunidades autónomas.

Con esta nueva modalidad, los inquilinos podrán ejercer la opción de compra transcurridos diez años desde la construcción de la vivienda, en tanto que tendrán preferencia para adquirirla quienes hayan permanecido en ella al menos cinco años.

Junto con la inclusión de esta figura, destacan las mayores facilidades que tendrán los promotores para vender, tanto en el mercado libre como en el protegido, sus viviendas en “stock”.

En este sentido, se reducirá a un año (hasta ahora eran dos) el plazo necesario para poder calificar como protegida las viviendas inicialmente concebidas para el mercado libre.

Se reducirán también los precios máximos de viviendas libres cuya compra está subvencionada, con lo que las promotoras que no vendan sus casas en el plazo de un año tendrán la posibilidad de ajustar los precios a los máximos establecidos para vivienda usada, de tal forma que los compradores puedan acogerse a las ventajas establecidas en el PEV.

Asimismo, se actualizan los precios de las viviendas protegidas, las de régimen especial y las de precio concertado, al tiempo que se mejoran las condiciones de financiación para sus compradores, lo que favorecerá la venta de viviendas libres como protegidas.

De esta forma, el precio básico del módulo de vivienda protegida subirá el 4,12 por ciento, al pasar del 728 a 758 euros por metro cuadrado, en tanto que el tipo de interés de los préstamos concertados pasa del 4,35 al 5,09 por ciento y su plazo de amortización se amplía por encima de los 25 años.

El objetivo de la actualización de precios es que se construyan más viviendas de precio concertado, destinadas a familias con rentas medias (hasta 6,5 veces el IPREM, lo que equivale a 3.316 euros mensuales por hogar), y más viviendas de régimen especial, destinadas a rentas más bajas (de menos de 2,5 veces el IPREM, lo que equivale a 1.273 euros al mes por hogar).

Por otra parte, se ampliará el programa de préstamos subvencionados para los constructores que promuevan alquiler protegido, con lo que más empresas podrán beneficiarse de unas condiciones financieras mejores a las del mercado.

Dentro del impulso al alquiler, se eliminará el límite de superficie y aumentará el de renta tanto para acceder a la ayuda de 6.000 euros prevista para quienes alquilen sus pisos vacíos, como para conseguir la ayuda de 240 euros mensuales destinada a los
inquilinos.

En lo que respecta al impulso de la rehabilitación de centros históricos y urbanos, la reforma posibilita a promotores y particulares el acceso a préstamos protegidos, con un interés del 5,09 por ciento.

Además, se amplía el concepto de áreas de rehabilitación, con la creación de la figura de áreas de renovación urbana, en las cuales se podrán derribar viviendas que se encuentran en zonas muy degradadas para construir otras nuevas.

Nota de la Redacción: El Real Decreto Ley que hace efectivo el acuerdo del Consejo de Ministros está yá publicado en el BOE del sábado, dia 12 de enero de 2008.

CARME CHACON ABRE LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LA VIVIENDA A LAS FAMILIAS DE RENTA MEDIA DE ESPAÑA.

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miércoles, 09 enero 2008

LA MINISTRA DE VIVIENDA, CARME CHACÓN, ACUERDA HOY CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LA REFORMA DEL PLAN VIVIENDA 2005-2008 PARA QUE SE BENEFICIEN LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS CON SUELDOS MEDIOS

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, explicará hoy a las comunidades autónomas y a distintos agentes sociales la modificación del Plan Vivienda 2005-2008 para que más familias de rentas medias puedan beneficiarse de las políticas de vivienda e impulsar la oferta de pisos en alquiler. Según informaron desde su Ministerio, Chacón presidirá hoy el Consejo del Plan Estatal de Vivienda, organismo que reúne a distintos agentes como sindicatos, organizaciones juveniles y de consumidores, patronales de banca y cajas de ahorros o promotores inmobiliarios. Por la tarde, la ministra se reunirá con los responsables de Vivienda de las comunidades autónomas en Conferencia Sectorial para abordar también la modificación del Plan.
Carmen Chacón, se ha propuesto con la modificación del Plan de Vivienda 2005-2008 “ampliar el precio de las viviendas que pueden ser subvencionadas”, según sus propias palabras, con precios concertados, a las que podrán acceder las personas cuyos ingresos no superen 6,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem).

Reforma para las familias con sueldos medios. Esta reforma pretende poner estas subvenciones al alcance de las “familias con sueldos medios”. El Gobierno subvencionará la compra de viviendas de hasta 316.540 euros, cuando hasta ahora no podían superar los 273.375,65 euros. Estas viviendas, que deben cumplir requisitos como no superar los 90 metros cuadrados, podrán comprarse con precio concertado por parte de personas cuyos sueldos no superen las 6,5 veces el Iprem. Además, las personas cuyo sueldo no supere 3,3 veces el Iprem dispondrán además de una ayuda para la entrada y otras subvenciones.

Muchos propietarios de inmuebles quieren vender a precios concertados. Para poner en el mercado viviendas a precio concertado, el Gobierno deberá ponerse de acuerdo con los propietarios y aseguró que muchos de ellos están dispuestos a vender sus inmuebles como vivienda protegida o concertada. El Iprem anual de 12 pagas para el 2008 será de 6.112,8 euros, mientras que con dos pagas extras de 7.131,80 euros. El mensual será de 509,4 euros.

LA MINISTRA DE LA VIVIENDA SE COMPROMETE A ABONAR LA AYUDA A LA VIVIENDA JOVEN 15 DÍAS DESPUÉS DE QUE SEA APROBADA LA SOLICITUD.

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Chacón anuncia que Vivienda abonará la renta 15 días después de aprobar la solicitud

Hasta ayer cerca de 200.000 jóvenes de toda España han adquirido el formulario para conseguir la Renta Básica de Emancipación
El Ministerio de Vivienda abonará las ayudas de la renta básica de emancipación en quince días, una vez sea aprobada la solicitud correspondiente por parte de los servicios de las comunidades autónomas, según afirmó ayer la ministra Carme Chacón.
financiero digital/efe

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Esta renta contempla ayudas de 210 euros mensuales para los jóvenes de entre 22 y 30 años que desean alquilar un piso y dispongan de ingresos regulares de menos de 22.000 euros brutos anuales, entre otras subvenciones, como 600 euros para la fianza del alquiler.

Chacón indicó que el máximo de tiempo de que dispone el Ministerio para responder a las solicitudes es de dos meses pero que espera puedan reducirse a quince días, tras ser aprobadas por las diversas comunidades autónomas con competencias en vivienda.

Hasta ayer, cerca de 200.000 jóvenes de toda España adquirieron el formulario para conseguir la Renta Básica de Emancipación, la denominada ayuda para el alquiler. A las más de 100.000 descargas que se produjeron el miércoles, ayer hay que sumar otras 34.200 de jóvenes que han accedido a los formularios a través de la página http://www.alquilerjoven.es y otros 30.000 que los han solicitado a través de la web del Ministerio.

A través de los sitios de Moncloa, Consejo de la Juventud de España, Ministerio de Administraciones Públicas y Sociedad Pública de Alquiler, con los que se ha reforzado la red, se han producido más de 8.000 descargas de solicitudes. A esta cifra hay que sumar los 18.000 jóvenes que, según estima el Ministerio, han acudido físicamente a las oficinas de Vivienda de sus respectivas comunidades o ciudades autónomas.

El Ministerio prevé que 360.000 jóvenes españoles accedan a estas ayudas durante este año, pero “si lo piden el doble, se concederá el doble de ayudas”, dijo Chacón, que añadió que “cuantos más jóvenes sean mejor”, porque España está a la cola de Europa en emancipación juvenil.

También se ha reforzado el servicio telefónico, ya que recibió 53.000 llamadas en una mañana, “el doble que en todo el mes de diciembre”, dijo la ministra, que atribuyó la “solicitud masiva de ayer (por el miércoles)” al gran número de jóvenes que “trabajan y quieren emanciparse pero el precio de la vivienda no se lo permite”.

Por otra parte, la ministra de Vivienda aseguró que “no vamos a permitir” que se cometan abusos en el incremento de los alquileres y que, de hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos no permite que se incremente el precio del alquiler más allá del IPC mientras está vigente el contrato.

Además, rechazó que las ayudas al alquiler provoquen un efecto inflacionista en el mercado de la vivienda y que el Plan de la Vivienda facilita ayudas y productos de seguros que garantizan a los arrendatarios posibles impagos y desperfectos.

 

GASPAR LLAMAZARES Y LA POSICIÓN POLÍTICA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA.

POLÍTICA

 03/01/2008

Gaspar Llamazares: “Cría obispos y te sacarán los ojos”

Comienzan a surgir voces que piden revisar los acuerdos con la Santa Sede

V.VADILLO

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, criticó la “actitud benevolente” que a su juicio el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido con los obispos. A su entender, mantener los privilegios de la Iglesia católica no ha conseguido “aplacar, sino enardecer a la jerarquía eclesiástica más ultramontana”. Desde el Gobierno vasco y desde medios de comunicación como El País se ha insistido en que debe incidirse de forma “real” en la separación de poderes y la distinción de Iglesia y Estado.

“Cría obispos y te sacarán los ojos”, ha dicho Gaspar Llamazares en referencia a la manifestación que la jerarquía eclesial celebró el pasado día 30 en Madrid y que tomó un fuerte carácter político de crítica al Gobierno. El coordinador general de IU se preguntó si los socialistas esperaban “aplacar a la jerarquía ultramontana de la Iglesia católica manteniendo sus privilegios” en terrenos como la economía o la educación, y apuntó que esto “no se ha logrado”.

“Recuperar un estado aconfesional”
Por el contrario, advirtió, los obispos “están enardecidos y consideran que sus privilegios son justificación suficiente para cuestionar incluso el derecho a la sociedad civil y de la democracia a desarrollar medidas en materia legislativa”. Llamazares mostró su preocupación porque el Ejecutivo “no ha puesto a la Iglesia en el lugar que le corresponde en una sociedad democrática”, y le instó a “rectificar su política” y “recuperar un Estado aconfesional”.

Modificar los acuerdos con la Santa Sede
Tras conocer el comunicado que el PSOE ha hecho para criticar la actuación de la Iglesia en la manifestación por las familias, Llamazares pidió al Gobierno que reconsidere los acuerdos con la Santa Sede para modificar la situación de privilegio de la jerarquía católica. “Si el Gobierno no hace esto, no tiene razón para protestar”, advirtió.

Secularización
Algo parecido se reivindicaba ayer desde el editorial del diario El País. en este periódico se apunta hacia el deber del Gobierno de “abordar sin dilación” la “revisión de los acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede que sustituyeron, con un espíritu preconstitucional, al Concordato de 1953”. “Defender una secularización estricta del Estado no significa ir contra la Iglesia, sino ponerla en el lugar que le corresponde”, apunta el texto, que asegura que la del día 30 “no fue una manifestación en defensa de la familia -como si el Gobierno la atacara- sino un auténtico acto electoral en apoyo del PP”.

Separación Iglesia-Estado
Ante esto “deben reaccionar no sólo el PSOE y el resto de partidos -no lo hará el PP, por el que esa jerarquía hace campaña a dos meses de las elecciones- sino especialmente el Gobierno, ciñéndose a la Constitución, que proclama la separación Iglesia-Estado, una separación que no acaba de ser real”.

“Sociedad laica en su conjunto”
A esa separación de poderes se refirió también la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, quien apuntó que la Iglesia tiene “derecho a criticar en lo que no esté de acuerdo”, pero siempre que acepte “la separación de poderes” y, por tanto, que el Gobierno “representa a una sociedad civil, laica en su conjunto” y con “más de una creencia religiosa en su seno”.

“Respeto institucional”
Azcarate recordó que el Ejecutivo “legisla de acuerdo a las mayorías y minorías existentes en el Congreso de los Diputados” y que representa “la voluntad de la mayoría de la sociedad”. Esta voluntad, apuntó, “puede coincidir o no con la doctrina de la Iglesia católica”. A su juicio, esta institución tiene “el derecho legítimo a la discrepancia” siempre y cuando se haga desde “el estricto respeto institucional”.

TREINTA BANCOS Y CAJAS ESTÁN ATRAPADOS EN LA RED DE LLANERA CON UNA DEUDA DE 432,65 MILLONES DE EUROS.

Treinta bancos y cajas están atrapados en la ‘red’ de Llanera con una deuda de 432,65 millones

Gustavo Granero | 9:45 – 26/12/2007    http://www.ElEconomista.es

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Cuando sonó la flauta de Fernando Gallego, presidente del grupo inmobiliario Llanera -que soporta un concurso de acreedores tras suspender pagos-, todos cayeron rendidos a su música. Los principales bancos y cajas de este país sucumbieron a la llamada del promotor valenciano, aflorando, de paso, fallos masivos en sus sistemas de control de riesgos.

Pero, ¿qué pudo pasar para que una treintena de entidades quedasen hipnotizadas en Llanera? Como en la fábula del flautista de Hamelín, Gallego hizo sonar la música, se rodeó de la banca que opera en España y después la precipitó por el abismo al que conducen los impagos.

Más allá del parecido, por hipnotizador, con la leyenda de los Hermanos Grimm, la inmobiliaria Llanera dejó deudas por 432,65 millones de euros a una treintena de entidades financieras al cierre de 2006, según el último informe de auditoría, que reconoce una deuda total con todos sus acreedores de 748,16 millones. De la financiación con bancos y cajas, 300,78 millones eran a largo plazo, y 131,87 millones a corto plazo.

No sólo eran Bancaja o CAM

En un principio, sólo saltaron a la luz las inversiones de Bancaja, CAM y Lehman Brothers. Aunque es cierto que ellas soportan la mayor parte de la deuda también es verdad que los daños colaterales del hundimiento de Llanera afectó a todo el barco. En concreto, son 13 bancos (Santander, BBVA, Popular, Banesto, Sabadell, Banco de Valencia, Pastor, Guipuzcoano, Gallego, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays y Citi); otras 13 cajas de ahorro (La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, CAM, Caixa Catalunya, Unicaja, Caja España, Cajasol, Cajasur, Sa Nostra, Granada, Caixanova y Ontiyent). Ellos fueron el brazo financiador, aunque la lista de acreedores totales se cuenta por miles.

Un largo y complejo proceso

Bancos y cajas esperan recuperar sus inversiones. Sin embargo, el proceso puede durar un año, ya que el juez y los administradores concursales tienen mucho trabajo por delante: “Hay que analizar bien el convenio que se propondrá para renunciar a una parte de la deuda y valorar adecuadamente los activos de la empresa”, explica a elEconomista Carlos Pavón, letrado de Iure Abogados, que representa a 40 acreedores. Algunas empresas consideran que se está haciendo una liquidación algo prematura.

Según la documentación que obra en poder del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, a la que ha tenido acceso este periódico, Banesto tiene una deuda de 4,8 millones, al menos, con cinco de las seis sociedades del grupo Llanera (ver más en información de recuadro). Según el dossier, Barclays concedió créditos por 900.000 euros, mientras que BBVA reconoce una deuda de casi medio millón de euros con una de las empresas del grupo inmobiliario.

Dentro de las cajas, los destrozos son similares. Las más castigadas por la suspensión de pagos de Llanera -junto a Bancaja y CAM- son Caja Duero y Caja Sur . Les sigue Caixa Catalunya, con más de dos millones en créditos, Caixanova y Sa Nostra (Baleares) con un millón y medio de euros, al menos. Además, Unicaja y Caja España habrían concedido financiación por alrededor de un millón. No podría faltar Caja Madrid, con 305.512 euros.

Pero la mayor inversión la dieron otros. Bancaja reconoció una deuda con las empresas de la inmobiliria de 92 millones, que está regularizando con la promotora. Su participado Banco de Valencia les confió 28 millones, mientras que la CAM le habría otorgado entre 30 millones y 40 millones. No obstante, las cajas dejaron claro que la mayoría de estos créditos contaban con garantías más que reforzadas. Fue un banco extranjero, Lehman Brothers, el que se llevó la palma, con un préstamo de más de 148 millones de euros, que vencía en enero. Pero ha habido acuerdo.

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EL PP DE LA COMUNITAT VALENCIANA OBSTRUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.

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POLÍTICA

 17/12/2007

La derecha provoca “una situación social límite” en detrimento de los discapacitados

El bloqueo del PP valenciano a la Ley de Dependencia envía al paro a 186 trabajadores sociales

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El próximo 31 de diciembre se va a llegar en la Comunidad Valenciana a una “situación social límite”, según alerta el sindicato CC.OO. Este punto crítico será el resultado del persistente bloqueo que el gobierno conservador del PP está haciendo a la aplicación de la ley de Dependencia que promueve el ejecutivo socialista.

Según confirma a El Plural la responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Adelaida Vega Roca, en la fecha marcada, los 186 trabajadores sociales que desde septiembre se encargaban en Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de evaluar y redactar informes de las solicitudes de ayudas, irán a engrosar las listas del paro.

Todos al paro
Desde la administración autonómica se justifican los despidos en cadena porque las convocatorias están planificadas para cubrir períodos de seis meses, “dependiendo de que hayan existencias de fondos en los presupuestos”. Esta última condición es la que más inquieta a los afectados por el despido. En las cuentas de la Generalidad Valenciana para 2008 no figuran partidas específicas para estos fines. Se deduce, desde la oposición de izquierdas, que se está pretendiendo cubrir los costes únicamente con las transferencias del gobierno central. Para 2008 rondarán los 80 millones de euros.

Sin garantías
En cualquier caso, los trabajadores sociales cesados no esperaban la carta de despido, sino otra a la inversa que les confirmara en sus puestos automáticamente, para no entorpecer sus tareas con la discontinuidad forzada que ahora tienen que soportar, sin garantía formal de que vuelva al trabajo más adelante algún día.

Una trabajadora afectada
Una de las trabajadores sociales afectadas por este parón laboral, Virginia Tovar, explica que con esta manera de actuar se ocasiona un mayor retraso en la gestión de las ayudas -“que es lo que persigue la Generalitat Valenciana”, insiste– para que la aplicación de la ley socialista parezca un rotundo fracaso, al menos en la autonomía valenciana.

Todo “en saco roto”
Además del quebranto económico personal, los trabajadores sociales se quejan de que todo lo que han avanzado durante los últimos cuatro meses “caerá en saco roto”. Se tendrá que empezar de nuevo, en detrimento de quienes tienen que percibir las ayudas económicas, es decir las personas mayores con problemas de movilidad y personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Sistema de contratación
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia, Pilar Rueda, reconoce a El Plural que el método de contratación empleado por el Consell para estas taras técnicas en ayuntamientos “no es bueno”. Dice que genera inestabilidad en el técnico y, muy posiblemente, una merma de calidad de servicio, dada su precariedad. Añade otro problema, al denunciar que entre los contratados de la primera convocatoria “muchos no eran titulados sociales”, asegura, dando a entender que ha podido haber mano ancha para el “enchufismo”.

A cuatro meses vista
Pese al malestar y a la incertidumbre general que reinan en los profesionales sociales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), responsable de distribuir en los Ayuntamientos los recursos para cubrir los gastos de personal de atención, ha vuelto a publicar el pasado 10 de diciembre otra convocatoria, idéntica a la que publicó en julio. A ella van a tener que acudir de nuevo los Ayuntamientos, 117 en total, si quieren volver a tener operativos los servicios de atención. Por rápido que se actúe, este duplicado proceso de selección se alargará hasta el mes de abril o mayo, después de las elecciones generales de marzo.

Ritmo lento
Además de este taponamiento en los ayuntamientos, al modelo adoptado por la Generalidad Valenciana le están lloviendo críticas de variada índole. Los sindicatos le acusan de llevar un ritmo muy lento. Hace una semana se publicó un informe de ámbito estatal en el que la Comunidad Valenciana, junto con la madrileña, está a la cola respeto al resto de Gobiernos regionales. En territorio valenciano todavía nadie, de los muchos miles de ciudadanos que tienen derecho a cobrar, ha percibido estas ayudas. En Navarra, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha se han empezado a abonar, con tarifas entorno a los 489 euros mensuales para beneficiarios que viven en el entorno familiar y 657 euros cuando se contrata una persona para su cuidado.

Incumplimiento de una ley estatal
De entre todos los desajustes y errores de aplicación que se achacan a la Generalidad Valenciana, el más grave es el que pone sobre el tapete la trabajadora social, Virginia Tovar. Advierte que de no firmarse el convenio con el Gobierno antes de que finalice este año a la Generalidad Valenciana, se le puede acusar de “incumplimiento de una ley estatal”, con lo que ello significa, si se actúa por la vía judicial.

EL PP EN LA GENERALITAT VALENCIANOS: RACANEAN Y MIENTEN PARA NO APLICAR LA LEY DE DEPENDÉNCIA.

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viernes, 14 diciembre 2007

EL GOBIERNO ASEGURA QUE HA TRANSFERIDO A LA GENERALITAT VALENCIANA 21 MILLONES DE EUROS Y ESTA NIEGA HABERLOS RECIBIDO PARA FINANCIAR LA LEY DE DEPENDENCIA…

Según publica hoy el diario Levante-EMV, el vicepresidente valenciano de Bienestar Social, Juan Cotino, afirmó ayer que su departamento ha realizado ya alrededor de 25.000 valoraciones de personas que quieren acogerse a la ley de Dependencia. Insistió en que las resoluciones de ayudas están preparadas para ser emitidas en el momento que el Gobierno estatal firme el convenio previsto con la Comunitat Valenciana (sic).

Según el mismo diario valenciano, fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aseguraron ayer que la Generalitat  Valenciana ya ha cobrado los 21.277.833 euros incluidos en el acuerdo bilateral. No precisaron estas fuentes si el acto formal de la firma se ha llevado ya a cabo, circunstancia que Bienestar Social reiteró más tarde a este diario que no ha tenido lugar.

¿Dónde han ido a parar los 21 millones de euros…? Una portavoz del departamento de Cotino enfatizó asimismo que «los 21,2 millones aquí no han llegado» e instó a ser «absolutamente escrupulosos» en esta cuestión. Gobierno y Generalitat mantienen, por tanto, la confusión y las diferencias sobre el despliegue de la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana. La embarrada situación afecta a miles de personas mayores y discapacitadas que no pueden valerse por sí mismas y a sus familias.

El gobierno valenciano  bloquea intencionadamente la ley socialista. La consecuencia más evidente es el retraso en la entrada en ejecución de la normativa, que contempla la atención a las personas dependientes como un derecho. Así, a falta de 15 días para acabar el año, el convenio entre las dos administraciones continúa sin ser firmado y las ayudas previstas no han empezado a ser pagadas por Bienestar Social. En este sentido, las fuentes del ministerio consultadas ayer por este diario subrayaron que la atención a los dependientes no puede estar supeditada a un convenio: «Es ya un derecho y la ley ampara a los ciudadanos» . Compararon el caso con que se impida a un niño ir a un colegio porque falta un convenio con el Ministerio de Educación. Agregaron además que el convenio es sólo una parte de la financiación; otra se ingresa mensualmente según la cifra de personas atendidas e incluidas en el sistema.

AYUDAS A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.

Ayudas a las familias monoparentales

Las familias monoparentales gozarán desde 2008 de las mismas ventajas que las numerosas al solicitar becas y subvenciones, u obtener bonificaciones para el transporte

Las familias que tengan dos o más hijos a su cargo tendrán las mismas ventajas fiscales que las familias numerosas -las formadas por tres o más hijos- a partir de 2008. Además, obtendrán las mismas ventajas que éstas a la hora de solicitar becas, ayudas o subvenciones para la enseñanza y bonificaciones en los transportes. Asimismo, desde el próximo ejercicio se podrán beneficiar de las acciones protectoras que se desarrollen en materia de vivienda y en el ámbito educativo, a través de exenciones y bonificaciones en los precios de los colegios públicos, y se les aplicará, como mínimo, una reducción del 50% en el precio de entrada a los museos de titularidad estatal.

  • Autor: Rosa M. López Maroto | 
  • Fecha de publicación: 12 de diciembre de 2007

M Nota

Las familias compuestas por viudos, personas separadas, divorciadas o solteras que tengan dos o más hijos a su cargo se equiparan a partir de ahora (el próximo mes de enero)a las familias numerosas, ya que gozarán de los mismos beneficios que éstas en materia de transporte, vivienda, colegios o museos. De este modo, cualquier miembro de una familia monoparental tendrá derecho a reducciones en los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo -que oscilan entre el 20% y 50%-, y a bonificaciones, entre el 5% y el 10%, sobre las tarifas por servicios regulares nacionales de transporte aéreo.

En materia de vivienda podrán acogerse a la mejora de las condiciones para acceder a las ayudas financieras para la adquisición de una casa, y a las facilidades que se conceden para el cambio a una vivienda protegida o usada de mayor superficie, cuando se produzca la ampliación del número de miembros de la estructura familiar. Las comunidades autónomas tienen previsto seguir esta misma política y aplicar a la familias monoparentales con dos o más hijos la mismas ventajas que a las numerosas. ¿En qué medidas se concretan estas ayudas autonómicas?

Carné oficial

En Cataluña se creará un carné oficial por el que se acreditará, entre otros, a las madres solteras. Para obtenerlo, los interesados tendrán que cumplir una serie de requisitos como presentar el NIF vigente del solicitante, el libro de familia completo, el certificado de defunción en caso de viudedad, la resolución judicial de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas. Se contemplan situaciones especiales en las que no se podrá acceder a estas ayudas como en el caso que el solicitante reciba una pensión del ex cónyuge.

En Cataluña las familias monoparentales con hijos menores de seis años reciben 700 euros anuales de subvención

Esta medida amplía las prestaciones que hasta ahora recibían las familias monoparentales en Cataluña, en donde se reconocen, sin embargo, algunos derechos específicos a estos núcleos de convivencia. Las familias de este segmento social que tengan hijos menores de seis años reciben una ayuda económica anual de 700 euros, la misma que reciben las familias numerosas. Sin embargo, hasta ahora, no se contemplaba la equiparación en la matriculación de los hijos en los centros escolares, las becas de comedor, o los descuentos en el recibo del agua, por citar solamente algunos ejemplos.

Subvenciones

La gran mayoría de comunidades autónomas españolas dispone de una amplia serie de prestaciones complementarias destinadas a los núcleos monoparentales, que van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas económicamente, a una extensa batería de ayudas y subvenciones para alguno o varios de sus miembros. Guarderías en las que tienen prioridad los hijos de mujeres con cargas familiares o subvenciones de estancias de vacaciones para mujeres con hijos de forma exclusiva son algunos ejemplos de las medidas que contempla la administración autonómica para este segmento social.

La Comunidad andaluza, dentro de las ayudas económicas dirigidas a este núcleo, dispone de programas de ayuda de emergencia social e inserción social, recursos complementarios para cubrir las necesidades de subsistencia, y prestaciones económicas para los gastos de comedor infantil. Las familias monoparentales de Aragón reciben las ayudas generales del Estado, aunque también hay algunas específicamente destinadas a la educación de los hijos. En Asturias, el apoyo se circunscribe al ámbito municipal, como el programa de intervención para mujeres con hijos a su cargo en el municipio de Avilés, y las ayudas económicas para mujeres con cargas familiares que funciona a través del ayuntamiento de Gijón. En Castilla y León, además de las ayudas generales del Estado, cuentan con una red que comprende servicios sociales básicos de ayuda a domicilio y de orientación para el acceso al empleo.

Las ayudas autonómicas van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas a subvenciones para sus miembros

En Baleares y Canarias, además de gestionar estas ayudas generales, ofrecen servicios específicos para las familias monoparentales con menos recursos económicos. Cantabria también contempla apoyo económico a estas familias en diversos ámbitos: guarderías -en las que tienen prioridad de acceso los niños de mujeres con cargas familiares-, y subvenciones para estancias de vacaciones para mujeres solteras, viudas o separadas con hijos.

La Comunidad de Madrid incide en las ayudas extraordinarias dirigidas a personas físicas o unidades familiares que carezcan de medios económicos suficientes con que atender las necesidades básicas. Por su parte, en el País Vasco la Diputación de Vizcaya ofrece ayudas generales a través de los ayuntamientos, mientras que en La Rioja no se contempla ningún programa específico para esta clase de familias, sino que gestionan las ayudas generales a través de los ayuntamientos. La Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Galicia, Extremadura, y Murcia incluyen diversas prestaciones y subvenciones básicas destinadas a este tipo de núcleos familiares.

Acreditación como familia monoparental

La condición de familia monoparental se acreditará mediante el título que establezca y expida la comunidad autónoma donde tenga fijada su residencia la persona solicitante. Las familias que tengan otras nacionalidades y pertenezcan a Estados Miembros de la Unión Europea deberán acudir a la comunidad autónoma en la que el solicitante ejerza su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.

En el caso de los españoles que trabajen en instituciones nacionales fuera del territorio nacional, el título oficial será expedido por las autoridades competentes de la comunidad autónoma en la que se encuentren inscritos los solicitantes a efectos de su participación electoral.

Al igual que ocurre con otros títulos como el de familia numerosa, la acreditación de familia monoparental deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición o posterior renovación del título, y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de este tipo de familia, así como cuando alguno de los hijos deje de reunir las condiciones para figurar como miembro de esta unidad familiar.

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GARANTÍAS JURIDICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO.

Garantías jurídicas, planificación y desarrollo urbano PDF Imprimir E-mail
Ignacio Pérez Sarrión   
28.11.2007

ImageVivimos en un estado de derecho, un estado quizás –en mi opinión, en algunos aspectos- excesivamente garantista. Digo esto porque la cantidad de normas, procedimientos, plazos y recursos, pueden legar a provocar inseguridades jurídicas e impiden en ocasiones un funcionamiento mínimamente ágil de la administración si se pretende ser eficaz, como por otra parte se demanda por los ciudadanos. Uno nunca está seguro de estar cumpliendo meticulosamente todos y cada uno de los matices de los procedimientos de aplicación del derecho, dada la estructura de personal existente, el escaso tiempo con que se cuenta por las personas que tienen que tratar multitud de tareas diferentes en soledad (FHE) y los medios materiales con que se cuenta.

Resulta curiosa  oír en los pueblos la expresión “te denunciaré”, o “le denunciaré“, cuando se piensa que si es el Ayuntamiento la administración responsable de sancionar una transgresión determinada y éste no tiene ni funcionarios, ni medios adecuados, ni ordenanzas tipificadoras de las conductas sancionables  ni por su puesto sanciones previstas, difícilmente, por no decir de manera prácticamente imposible, se tramitarán procedimientos sancionadores. Ejemplo de la situación sin ir más allá es las infracciones de tráfico que se cometen continuamente en todos los pequeños pueblos y que quedan impunes. Cuantitativamente no son muchas, pero cualitativamente pueden ser muy importantes y resulta penoso que en muchas ocasiones haya que transigir con comportamientos sumamente inapropiados.  

En los pequeños pueblos no hay policía local ni medios para tramitar los procedimientos sancionadores. Así, uno puede aparcar su vehículo en medio de la plaza, hacer ruido a las dos de la mañana, echar las basuras al contenedor sin bolsa y muchas otras conductas reprobables sin que, jurídicamente, pase nada.

Habría que en alguna ocasión hacer un estudio sociológico –quizás se haya hecho- del efecto que para la convivencia puede ejercer el control social de una comunidad pequeña o mediana, porque en estos lugares, es la reprobación social la que sirve de control y no evidentemente el control jurídico. Es el vecino de al lado, que conoce quién eres, de quién eres hijo, en qué trabajas, cuando sales y entras, en fin, tu vida de pé a pá, quien a corto o medio plazo te llegará a hacer algún comentario sobre lo inadecuado de tu comportamiento. SI eres normal y no te habías dado cuenta, te sonrojas y cambias. En otro caso, está servido el inicio seguro de una rencilla que perdurará en el tiempo.

Sin embargo los pueblos de la periferia de las ciudades crecen muy rápido. Como consecuencia de la carestía de la vivienda en la ciudad, la gente joven se desplaza a estos pueblos a vivir en los típicos adosados, prohibitivos veinte kilómetros más cerca del centro de la ciudad. Así, sin darse cuenta apenas, municipios muy pequeños en los que todos se conocían, pasan de repente a convertirse casi en ciudades-dormitorio a los que se acude sólo por la noche. Desparece (o es mucho más difícil) el control social moderador de conductas, porque no se sabe quién es el que vive al lado ni a qué se dedica. Estas personas están tan ocupadas trabajando que tampoco se integran apenas en la vida social del pueblo.

Creo que estos efectos no se tienen en cuenta en la práctica a la hora de permitir o promover el crecimiento de los municipios aledaños a las metrópolis. Allí, en la ciudad, miles de policías vigilan y sancionan. En ese pueblo, apenas treinta kilómetros alejado de aquélla, casi no hay normas (un amigo mío decía parafraseando los western que esto es el oeste, “no hay ley al oeste del Río Pecos”), sólo casi hay miradas de reproche o censura si uno no se comporta normalmente. Afortunadamente ese control social es en muchos casos suficiente para lograr una convivencia adecuada. Pero no en otras ocasiones.

Las cosas cambian rápidamente y son conocidos los casos de municipios que han pasado de ochocientos o mil habitantes a más de cuatro mil o más en menos de una década. Ese fenómeno, de forma inmediata, supone riqueza económica de poblaciones hasta hacía poco depauperadas, en forma de ingresos derivados de la actividad urbanística y poblacional: operaciones urbanísticas, convenios, permutas, IBI, plusvalías, aumento de participación en el FNCM, aumento del IVTM, etc. Si por una parte se dispone entonces de mayores recursos obteniendo nuevos equipamientos y optimizando los existentes, por otra parte se pierde esa cohesión social que como comunidad pequeña se tenía.

Creo que es importante que los gobiernos locales, antes de fomentar un desarrollo desmedido, decidiesen reflexivamente si es conveniente ese crecimiento, hasta qué límite, con qué previsiones, qué medios se van a necesitar y, en definitiva, planificar a medio plazo. Yo creo que en ocasiones sólo se actúa por intuición, simplemente se da por supuesto que aumentar población es en sí mismo lo correcto, sin tener en cuenta otras implicaciones a valorar cuidadosamente. E igual que se planifica el crecimiento urbanístico a través de un PGOU, habría que planificar los equipamientos necesarios según población y a medida que se vaya creciendo, necesidades de nuevos servicios, supuestos de pirámides poblacionales, dónde está el umbral en el que será necesario y sostenible económicamente disponer de algunos servicios, cuándo será necesario disponer de policía local (a reservas de las previsiones legales sobre el particular), qué medios jurídicos y técnicos se necesitarán, y un largo etcétera de cuestiones que me da la impresión que se van solucionando sobre el momento.

Visto en el Blog esPublico