IMPUTADO UN ALTO MCARGO DE ESPARANZA AGUIRRE POR LA OPERACIÓN GUATEQUE.

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Imputado un alto cargo de Esperanza Aguirre por la Operación Guateque

El Confidencial.- 18/01/2008

 

 

 

El viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, declarará el próximo miércoles, ante el juez que investiga el caso Guateque, como imputado en calidad de gerente del Ayuntamiento de la capital entre los años 1997 y 2003, periodo durante el cuál otorgó 36.000 licencias.Así lo han confirmado a Efe fuentes cercanas a Armada, que han asegurado que el juez Santiago Torres no detalla en la citación para que acuda a declarar “ni los cargos que le imputa, ni las licencias sobre las que le va a requerir información”.

Luis Armada, que “esperaba que le citaran” en cualquier momento, dada la responsabilidad que ejerció durante seis años en la Gerencia de Urbanismo, está “muy tranquilo” y “convencido de que hizo las cosas con una corrección escrupulosa y respetando siempre la legalidad”, según las fuentes.

El viceconsejero, que declarará en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid el próximo miércoles, 23 de enero, a mediodía, está dispuesto a proporcionar al juez “todas las explicaciones” que le requiera.

En febrero de 2003, al final de su trabajo como gerente de Urbanismo en la última etapa de José María Álvarez del Manzano, Luis Armada fue inhabilitado por sentencia judicial durante dieciséis meses para ocupar un cargo público, por incumplimiento de la orden de demolición de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes.

Cuando Alberto Ruiz-Gallardón ganó las elecciones municipales en mayo de 2003, Luis Armada fue nombrado consejero-delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), pero en noviembre de ese año, al ganar Esperanza Aguirre las elecciones de octubre en la Comunidad de Madrid, pasó a la Administración regional como consejero de Transportes e Infraestructuras, cargo en el fue reafirmado tras las elecciones autonómicas de 2007. Desde marzo de 2007, Armada es además vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia.

“No es solo una trama que se dedique a licencias”

El portavoz de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Sánchez, señaló que la citación del viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, como imputado por el caso ‘Guateque’ muestra que la operación “no es sólo una trama que se dedica a temas de licencias” sino que tiene “un componente urbanístico indudable”.

Armada, ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, ha sido citado hoy a declarar como imputado por el juez Santiago Torres en relación a una operación urbanística en el distrito de Chamartín.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez criticó el “desgobierno” del Ejecutivo municipal “si se está investigando la concesión de licencia en un hotel en un suelo calificado en principio para constuir un centro sanitario”.

El socialista afirmó que la imputación de Armada desmiente la tesis “defendida por el vicealcalde Manuel Cobo” de que no existe vinculación política en la operación ‘Guateque’ debido al cargo que ostentó Armada en el Ayuntamiento y actualmente en la Comunidad de Madrid. “Las conexiones políticas las tendrá que aclarar el Gobierno municipal”, señaló Pedro Sánche

EN MADRID SIGUE EL GUATEQUE…Y LAS DETENCIONES.

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Ya van cinco detenidos en la trama de corrupción de la ‘operación Guateque’

EUROPA PRESS. 27.12.2007

  • Los arrestros se han producido a lo largo de la mañana.
  • En los próximos días habrá más registros a sedes municipales.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a lo largo de esta mañana a cinco funcionarios, algunos con órdenes de prisión, en los seis registros efectuados en varias sedes del Ayuntamiento de Madrid ordenados por el juez Santiago Torres, dentro de la segunda fase de la operación Guateque.Los arrestos se han llevado a cabo hasta las 16.00 horas de hoy y señalaron que ya por la tarde “no se practicarán más detenciones ni registros, aunque no se descarta que se produzcan más en los próximos días”.

Es probable que haya más detenciones durante los próximos días

En concreto, las sedes nuevamente registradas son Urbanismo y Medio Ambiente, lugares donde la Benemérita ya realizó varios registros el pasado día 14 de noviembre, cuando salió a la luz la operación Guateque, dirigida por el juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid para investigar una presunta trama ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado la Guardia Civil en esta segunda fase es que muchos funcionarios están actualmente de vacaciones.

Santiago Torres ha comenzado esta semana una nueva ronda de interrogatorios entre los detenidos, comenzando por el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos, uno de los principales  imputados que cumplen prisión provisional por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

El juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos.

La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil. En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez.

Ceballos era una de las personas objeto de las escuchas.

Hasta ahora, el juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos. La marcha de las pesquisas se vio hace unas semanas obstaculizada por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que mantuvo paralizada la actividad de la Justicia.

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LA PETICIÓN DE LA COMISIÓN EN EL CASO TOTANA FUÉ GRABADA.

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corrupción urbanística La petición de la comisión del caso Totana fue grabada

Al parecer, el anterior alcalde aludió al pago de tres millones de euros para recalificar suelo rústico

Autor:
La Voz var d = new Date(1197500400000);
Fecha de publicación:
document.write(d.getDate() + “/” + (parseInt(d.getMonth())+1) + “/” + d.getFullYear());13/12/2007

La exigencia del pago de comisiones a cambio de proceder a la recalificación masiva de suelo rústico en el municipio murciano de Totana cuenta con respaldo pericial determinante, según reconocen fuentes del caso por el que están imputadas más de una docena de personas, entre ellas un abogado y promotor vigués y uno de sus ex empleados. Tal y como adelantó La Voz de Galicia el pasado 30 de noviembre, desde los entornos del anterior y actual gobierno municipal de Totana -del PP- se pudo haber reclamado el pago de tres millones de euros a una de las empresas del letrado gallego Manuel Núñez a cambio de que el Ayuntamiento murciano modificase en su nuevo plan general la calificación de 2,2 millones de metros cuadrados de carácter rústico, para que la empresa viguesa Inmonuar pudiese levantar 5.040 viviendas, un campo de golf, dos spa y un hotel en el municipio.

Diversas fuentes aluden incluso a la existencia de cintas telefónicas grabadas donde algunos de los imputados hacían mención a dicho «cazo», y a la exigencia de que la comisión fuese abonada en varios pagos.

Operación respaldada

Pese al secreto de sumario decretado, hasta ahora ha trascendido que el empresario murciano que fue detenido el día en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil puso en marcha la operación Tótem hizo supuestamente de puente entre los implicados del Ayuntamiento de Totana y la empresa promotora viguesa.

La operación urbanística fue en todo momento saludada por el equipo del anterior alcalde y ahora diputado regional del PP, Juan Morales, así como por su sucesor en la alcaldía, al suponer la construcción de más de cinco mil viviendas en una localidad que agrupa a poco más de veinte mil vecinos. A cambio de la recalificación de las parcelas adquiridas por la firma viguesa en la pedanía del Reiguero, el Ayuntamiento totanés iba a recibir un total de 4,9 millones de euros, tal y como aprobó la corporación, solo con los votos del PP en una sesión en la que también recibieron el visto bueno otros 48 convenios. En la mayoría de ellos el consistorio pudo haber recibido dinero en metálico por parte de los promotores, en lugar de obras o infraestructuras para el municipio, como es más habitual.

Pagos al Ayuntamiento

La firma viguesa Inmonuar ya había ingresado en las arcas municipales 2,4 millones de euros, la mitad de ellos en el momento de la firma del convenio y la otra mitad tras la aprobación inicial del nuevo plan. El montante restante estaba estipulado que se pagase cuando se aprobase definitivamente el plan totanés el próximo mes de enero.

El dinero rodeó la operación de una forma constante, ya que además de ser abonados a todos los propietarios de las fincas rústicas 24 euros por metro cuadrado, donde solo valía 6, la promotora viguesa pagó también 18.000 euros en mano y como señal a todos los dueños que accedieron a vender su suelo, según admitieron varios de ellos.

LA OPERACION GUATEQUE PUEDE ACABAR EN UNA COGORZA MONUMENTAL.

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Publicado 10-12-2007

La investigación del ‘caso Guateque’ podría extenderse a las ‘Cuatro Torres’ de la Castellana

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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El sindicato de funcionarios Manos Limpias prevé solicitar al juez Santiago Torres que extienda la investigación sobre el mayor caso de corrupción destapado en el Ayuntamiento de Madrid a la tramitación del Plan Especial para la puesta en marcha de las ‘Cuatro Torres’ que se levantan en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, las pertenecientes a Caja Madrid, al grupo Villar Mir, a la Mutua Madrileña y a Sacyr Vallehermoso.

Manos Limpias pedirá al magistrado que ponga su punto de mira en las presuntas irregularidades detectadas en los expedientes para la concesión de estas licencias tramitadas por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento. Esta petición se incluirá en la querella que presentará en los próximos días ante el Juzgado de Instrucción número 32 para personarse como acusación popular en la causa.

Según el sindicato, las llamadas Torre Sacyr, Torre de Cristal, Torre Espacio y la Torre Caja Madrid cuentan con licencias de funcionamiento “atípicas” para este tipo de construcciones, que podrían responder a presuntas “presiones” por parte de “grupos económicos”.

Por otro lado, otra de las peticiones de Manos Limpias se refiere al concejal de la Junta del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo. Este edil estaría supuestamente implicado en el entramado de concejales que realizaban recomendaciones a los funcionarios para priorizar determinados expedientes.

Manos Limpias sostiene que Izquierdo desoyó a un técnico municipal que desaprobó la autorización de varias licencias, entre ellas una de un bar y otras dos de pubs de copas. Así, el concejal apartó de su puesto a dicho funcionario, que declarará como testigo ante el juez, y ordenó agilizar estas licencias de funcionamiento para poner en marcha estos locales de ocio.

Además de Izquierdo, el sindicato pedirá al juez instructor que investigue a los antiguos concejales de Chamberí, Ángel Garrido, de Centro, Luis Asúa, de Retiro, Elena González, de Tetuán, Dolores Navarro, de Chamartín, Luis Miguel Boto, entre otros.

POLÍTICA

Un edil de Gallardón figura en tres empresas

Luis Asúa arguye que dos de ellas son sociedades “muertas”    

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Luis Asúa, en la presentación de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, en 2005, cuando aún era concejal-presidente del distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid. – MUNIMADRID

JUANMA ROMERO / MANUEL RICO – Madrid – 11/12/2007 07:30

La operación Guateque ha puesto en el disparadero a los ediles de Alberto Ruiz-Gallardón. Partidos y medios miran hasta dónde llegaría la mano política en la agilización de las licencias. Y uno de los citados es Luis Asúa Brunt, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid desde 1999 y, hasta el pasado mes de junio, responsable del distrito de Centro, una de las zonas calientes de la Guateque. Allí se tramitaban más expedientes y allí hay, supuestamente, más puntos negros en el caso.

Asúa aparece en los archivos del Registro Mercantil, según ha comprobado Público, como apoderado o administrador solidario de tres empresas: Marbeland, SL; Mosi Guard España, SL, y Ediciones Egunon, SL. Y aparece como tal a día de hoy, en diciembre de 2007.

El edil popular reconoce su participación en las tres compañías. En conversación con este diario, aseguró que sólo hay una empresa “plenamente activa”, Marbeland. “Las demás no registran actividad desde hace años. Pero no es tan fácil matar a una persona jurídica. Hacer los asientos de cancelación a veces cuesta más”. Asúa argumenta que no declaró la actividad en tales empresas al ingresar en el Ayuntamiento porque “estaban muertas”. “Sociedades residuales hay miles”, añade, “y en aquel tiempo [1999] no existían herramientas informáticas tan completas como las actuales para rastrear en qué empresas figuraba yo”.

“Me di de baja”

El edil recuerda que el pequeño bufete de letrados en el que trabajaba –que tenía su nombre, Luis Asúa– gestionaba “infinidad de apoderamientos de otras empresas”. El concejal subraya que se dio de baja en el Colegio de Abogados de Madrid como profesional ejerciente “entre 1999 y 2000”.

De las tres empresas citadas, no se puede decir que tengan mucho en común. La primera de ellas, Marbeland, es una promotora inmobiliaria que opera básicamente en Madrid, Valladolid y Marbella. “Pertenecía a mi suegro y, a través de él, a mi esposa, que ya falleció. Es de mi familia política”.

Asúa remacha que figura como apoderado desde 1997 porque así se le habilitó en un pleito contra la Cámara de Comercio de Madrid. “Pero ni cobro ni firmo ningún documento”. Tampoco, dice, de las otras dos compañías.

Mosi Guard se montó en en el año 1995 como empresa que gestionaba en España la licencia del repelente de mosquitos homónimo, líder de ventas en el Reino Unido, y que todavía comercializan los laboratorios OTC Ibérica.

La tercera compañía, Egunon, también de la añada de 1995, se proyectó como una empresa editorial, pero “ni se llegó a levantar”, insiste Asúa. Nada sabe de los socios capitalistas.

LAS COMPAÑÍAS
Desde vender pisos al antimosquitos

1. Marbeland, SA //  Luis Asúa figura como apoderado de la inmobiliaria desde 1997, según él, por un pleito antiguo contra la Cámara de Comercio de Madrid. La empresa continúa en activo. Se trata de una sociedad patrimonial que pertenecía, “al 100%”, a su suegro, que luego heredó su mujer (ya fallecida) y que ahora poseen sus cuñados y sus hijos. Asúa asegura que nada le liga a ella. “Creía que mis poderes estaban completamente revocados”, afirma el edil.

2. Mosi Guard, SL //  En 1995 todavía hacía falta para poder distribuir un fármaco en España, cuenta Asúa, un laboratorio y una empresa que gestionase la licencia. De esto último se encargó Mosi Guard, compañía en la que el edil aún figura como apoderado. Mosi Guard da nombre a un ahuyentador de insectos.

3. Ediciones Egunon, SL // A comienzos de 1995 se montó Ediciones Egunon, que pretendía sacar al mercado varios proyectos editoriales. “Nunca llegó a tener actividad”, relata el edil del PP, vigente administrador solidario. “No sé ni dónde pararán los socios capitalistas”.