LA UNIÓN EUROPEA PRESENTA SU PLAN ENERGÉTICO PARA 2020.

Cambio Climático
LA UE PRESENTA SU PLAN ENERGÉTICO PARA 2020

España tendrá que doblar el uso de renovables y emitir un 10% menos de dióxido de carbono

  • Durao Barroso cifra el proyecto en tres euros semanales por europeo
  • Los ecologistas denuncian que los objetivos son arbitrarios
  • Las metas quedan por debajo de lo que exigió la UE en Bali
Aerogeneradores en el monte Oiz, Vizcaya. (Foto: El Mundo)

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Aerogeneradores en el monte Oiz, Vizcaya. (Foto: El Mundo)

Actualizado miércoles 23/01/2008 17:48 (CET)
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MARÍA RAMÍREZ (Bruselas)

BRUSELAS.- En 2020, España deberá producir el 20% de su energía con el Sol, el viento, el agua o la materia orgánica y tendrá que haber cortado sus emisiones de dióxido de carbono al menos un 10% respecto a 2005, según el plan presentado hoy por la Comisión Europea.

Esto supondrá doblar el nivel de energía renovable, que ahora apenas supera el 8%, y pasar del aumento controlado de CO2 a una clara reducción. Según el Protocolo de Kioto, la UE debe rebajar sus gases de efecto invernadero un 8% antes de 2012 en relación a 1990, pero España, por su retraso industrial, puede aumentarlos un 15% -en la actualidad, sin embargo, es el país que más incumple Kioto y ha incremento su producción de dióxido de carbono hasta un 45%.

La receta de la Comisión para la lucha contra el cambio climático es ahora ’20-20-20 para 2020′: no es una cábala, sino el plan para que los Veintisiete consigan en la próxima década ser más limpios, con un 20% de su energía de fuentes renovables, más eficaces, con un quinto de menos de consumo, y menos contaminantes, con una bajada del 20% las emisiones de dióxido de carbono.

En marzo de 2007, los líderes de la UE, presididos por la canciller Angela Merkel, se comprometieron a objetivos vinculantes para la lucha contra el cambio climático, pero su desarrollo concreto por sectores y países ha suscitado la resistencia de los Estados miembros, que quieren que les toque menos en el reparto de medidas con un coste inmediato anual de entre 50.000 y 120.000 millones de euros, es decir hasta el 1% del PIB europeo, y de los grupos ecologistas, que se quejan de la escasa ambición en Bruselas.

“Éste no es un plan por el medioambiente y contra la economía”, aseguró ayer José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión, en una comparencia en la Eurocámara, tras una larga e intensa discusión entre sus comisarios. “Deberíamos hablar más de ganancias que de costes. Estas propuestas van a crear puestos de trabajo y no destruirlos; van a dar a nuestras compañías la ventaja de los primeros en llegar”, dijo en rueda de prensa.

El portugués, que estima el coste del plan en tres euros semanales o lo que cuesta llenar el depósito tres veces al año, recordó que “la inacción” pasaría una factura de entre el 5% y 20% del PIB, de acuerdo al informe del economista Nicholas Stern para el Gobierno británico.

Se calcula que el coste anual del proyecto será de 120.000 millones de euros


Según la batería de propuestas, conocidas entre los funcionarios comunitarios como ‘el paquete’, las industrias más contaminantes, como las eléctricas, las papeleras o las cementeras, estarán obligadas a reducir en toda la UE sus emisiones un 21% respecto a 2005, aunque la Comisión no se ha puesto de acuerdo sobre si tendrán que pagar más por sus permisos de contaminación a partir de 2013 (ahora sólo lo hacen si emiten más del tope asignado en un sistema que, según la propia Comisión, no está funcionando bien); el resto de sectores sectores, como el transporte, la agricultura, la construcción o la gestión de basuras, estarán sometidos al máximo paneuropeo del 10%, dividido por países según su riqueza y sus posibilidades.

Tras las presiones de la industria alemana, bien protegida por su comisario, Günter Verheugen, Barroso reconoció que existe un “riesgo” de que algunas empresas europeas muevan sus divisiones a China u otros países con estándares medioambientales bajos. Por ello, la obligación para algunas industrias de comprar permisos dentro del mercado de emisiones se decidirá en 2010, en función de si existe o no un nuevo acuerdo global para la reducción de emisiones que también obligue a los países en vías de desarrollo.

Además, también se reparte la meta general de lograr que el 20% de la energía renovable. Los países más ricos y que más han desarrollado la tecnología hasta ahora se convertirán en los más limpios, como Suecia, cuya mitad de la energía tendrá que ser renovable –ya roza el 40%-, Dinamarca o Finlandia. Entre los ricos, destaca por su punto de partida tan deficiente, Reino Unido, que deberá llegar sólo al 15% de renovables, porque ahora menos del 2% de su energía deriva de estas fuentes limpias.

Los países del Este son los que, dado su retraso, tendrán las metas más modestas tanto en renovables como en emisiones totales, aunque a ninguno se le permitirá aumentar sus gases más de un 20% -el caso de los más pobres, Rumanía y Bulgaria. Según el nuevo sistema de comercio de renovables, además, los países que no lleguen a su objetivo, podrán comprar certificados limpios en otros de la UE.

Las industrias más contaminantes tendrán que reducir sus emisiones respecto a 2005


“Si a Luxemburgo, el ejemplo clásico por su tamaño, le sale muy caro instalar un parque eólico, puede gastarse menos financiando la energía renovable en Rumanía”, explica un experto comunitario, responsable del ‘paquete’. Este sistema, que criticaba España, porque quiere seguir manteniendo su modelo de subvención de las renovables y que la distribución quede en manos del Estado y no las industrias, será optativo.

Además, la Comisión añade conserva dos propuestas criticadas, una directiva para permitir que se filtre el carbón de las emisiones y se entierre bajo el suelo y el fondo marino y el 10% obligatorio de biocombustibles para el transporte, pese a la polémica sobre su eficacia y el impacto en el medioambiente.

La Cámara de los Comunes británica critica en un informe la elección “prematura” vistos “los riesgos medioambientales importantes asociados con las tecnologías actuales”. Aunque, la semana pasada, se filtró un informe interno de expertos de la Comisión donde se alertaba de los mismos peligros, el comisario de Energía, Andris Piebalgs, sigue defendiendo la opción, “la única alternativa al petróleo”, que produce más CO2 en su extracción y transporte, daña las economías europeas por su precio en ascenso y, según Barroso, está en manos “de países que no son nuestros amigos”.

Greenpeace se queja de que cuando los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete acordaron, hace casi un año, el objetivo de biocombustibles lo ligaron a que fueran “sostenibles”. “Crecen las evidencias de que esta condición no se puede cumplir”, escribe el grupo, en un análisis de las propuestas de la Comisión, que exige emplear tipos de biocombustibles que supongan un ahorro “sustancial” de emisiones respecto al petróleo, es decir al menos un 35%. Los ecologistas y el Parlamento Europeo recomiendan, al menos, un 60% para que merezca la pena su uso.

Además, Greenpeace y otras ONG aseguran que el “20-20-20” es igual de pegadizo que arbitrario, porque los líderes de la UE se comprometieron a rebajar al menos un 30% las emisiones de efecto invernadero si había un acuerdo global para 2012, cuando caduca el Protocolo de Kioto. Las metas de la UE ahora quedan lejos de los recortes barajados en la conferencia mundial sobre el cambio climático en Bali, en diciembre, entre el 25 y 40%.

El director del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas, el programa receptor del Premio Nobel con Al Gore, considera que el plan europeo aún se ha quedado corto. “Lo que parecería aceptable ahora podría no serlo dentro de cuatro años”, aseguró Rajendra Pachuri en el World Economic Forum de Davos.

En cualquier caso, el plan aún admite debates y cambios, ya que los gobiernos de los Veintisiete y la Eurocámara deben aprobarlo, posiblemente entre este año y el siguiente, en una negociación que los veteranos bruselenses prevén muy larga y de resultado incierto.

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EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
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. Comunitat Valenciana

La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia


El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que “los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad”.
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo “la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas”.

La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde “
no ha existido ningún tipo de publicidad“, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, “los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación“. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, “el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como“, tal como lo denunció en su momento el PSPV. “Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa“.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce “sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública” y “perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación”.


Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba “
disolver estas sociedades mercantiles” porque en algunos casos había quedado “sin contenido el objeto social de las empresas constituidas”.


Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.

BRUSELAS ABRE UN DEBATE EN INTERNET SOBRE LOS CAMBIOS DE LA POLÍTICA AGRARIA.

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Bruselas abre un debate en Internet sobre los cambios de la Política Agraria

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La Comisión Europea de Agricultura organiza hoy un debate público sobre la revisión de la Política Agrícola Común (PAC) que podrá seguirse por Internet, dos semanas después de que Bruselas presentara sus propuestas de cambios para el sector.

En el debate, abierto al público a través del la página web de la dirección general de Agricultura de la Comisión Europea (www.ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm), están llamadas a participar todas las partes interesadas, como los agricultores, los distribuidores, los defensores del medio ambiente, los consumidores¿

Bruselas quiere así organizar un gran debate sobre la reforma de una política, la PAC, que consume casi la mitad del presupuesto comunitario y que necesita adaptarse a los nuevos retos del sigo XXI.

Esos retos son la protección del medio ambiente, el bienestar animal, la promoción de las zonas rurales o la competencia de las potencias emergentes.