ACCIDENTE DEL YAK-42. UNO DE LOS FALLECIDOS LLAMABA “PIRATAS AEREOS” A LOS QUE ALQUILABAN EL AVIÓN.

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Uno de los militares fallecidos en el Yak calificó de “piratas aéreos” a quienes alquilaban el avión

Lo ha contado uno de los comandantes que están siendo interrogados por el juez Marlaska. Durante esta semana se recibirá la declaración escrita de Trillo y Bono comparecerá ante el juez. 

EFE – Madrid – 18/02/2008 16:28
El comandante Antonio Bendala ha relatado al juez que recibió un correo electrónico de su compañero José Manuel Ripollés cuatro días antes de morir en el accidente del Yak-42, en el que decía que los aviones de transporte de tropas se alquilaban a “piratas aéreos”.

Antonio Bendala, que esta mañana ha declarado como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga el accidente del Yak-42 en la parte relativa a la contratación del aparato, ha asegurado al magistrado que el comandante Ripollés, jefe de misión e ingeniero, “estaba suficientemente capacitado” para saber en qué condiciones se volaba.

Bendala, según ha comentado a los periodistas, se ha centrado en su comparecencia ante Grande-Marlaska en el correo electrónico que recibió del comandante Ripollés antes de fallecer, en el que aseguraba que los vuelos se estaban realizando “en condiciones límite”, al existir falta de seguridad y mantenimiento deficiente en los aviones.

Ha insistido en que el entonces ministro de Defensa Federico Trillo “abandonó” a los suyos después del accidente, que se produjo en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, pero no se ha referido al ex ministro dentro del despacho del juez en ningún momento, según han señalado fuentes jurídicas.

Faltan las declaraciones de Bono y Trillo  

Queda pendiente el interrogatorio al ex ministro de Defensa José Bono, cuya comparecencia ante el juez, en un principio prevista para hoy, ha sido aplazada hasta que el juez no reciba la declaración escrita de Federico Trillo, la cual le será enviada a lo largo de esta semana y deberá remitirla a la Audiencia Nacional “lo antes posible”, aunque sin fecha fija, han confirmado las mismas fuentes.

También falta por declarar Carol Norma, representante legal de Chapman Freeborn, la compañía británica contratada por la agencia NAMSA de la OTAN, contratista de los aviones, que igualmente se había fijado para hoy, pero que ha sido pospuesta ante la imposibilidad de que esta persona, residente en Londres, pudiera venir esta mañana.

Para facilitarle su comparecencia se le ha dado un plazo de un mes para que establezca en este tiempo el día que le convenga para presentarse en la Audiencia Nacional.

Cuatro mandos militares dijeron no conocer las “quejas” 

El juez Fernando Grande-Marlaska, a quien la Sala de lo Penal obligó a reabrir este procedimiento después de haberlo archivado el pasado junio, ha tomado ya declaración a cuatro mandos militares, quienes aseguraron no tener constancia de que las “quejas” sobre las deficiencias en los vuelos contratados con compañías de la ex Unión Soviética para trasladar tropas llegaran a la mesa de Trillo.

Además han pasado por su despacho el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas Alfonso Agulló, el entonces secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte y al perito aeronáutico designado a petición de las familias, Cecilio Yustas.
Publico.es

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42.

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martes, 08 enero 2008

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42, EN EL QUE MURIERON 62 MILITARES ESPAÑOLES CUANDO REGRESABAN DE TURQUÍA EN MAYO DE 2003, SIENDO MINISTRO DE DEFENSA FEDERICO TRILLO

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido hoy a la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene reabrir la parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42 -en el que fallecieron 62 militares en Turquía el 26 de mayo de 2003- relativa a la contratación del avión. Cuando se produjo el accidente era ministro de Defensa, Federico Trillo, del Partido Popular. Ahora Trillo es diputado nacional del PP y, posiblemente, sea cabeza de lista del partido conservador por Alicante en las próximas elecciones del 9 de marzo.

Grande-Marlaska había sobreseído el caso. El fiscal Zaragoza pidió hoy que se reabra el caso, teniendo en cuenta los recursos de apelación que interpusieron los familiares de los militares fallecidos, contra el auto en el que juez Fernando Grande-Marlaska sobreseyó el pasado 1 de junio esta parte del procedimiento ante “la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español”. El fiscal, que no recurrió en su día este archivo, optó hoy por apoyar los recursos de las acusaciones particulares al considerar que “las víctimas, los familiares, los militares muertos, merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este tribunal ordenando una investigación”, investigación que cree que hasta ahora ha sido insuficiente.

La responsabilidad del ministerio de Defensa. Zaragoza recordó que esta misma Sala, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, ya ordenó, el 15 de julio de 2003, al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, del que ahora es titular Grande-Marlaska y del que en esa fecha lo era Teresa Palacios, que “era preciso instruir diligencias para investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa” en estos hechos. Según Zaragoza, existen elementos suficientes para volver a ordenar que se haga una investigación porque, hasta ahora, el juez instructor “ha cercenado” la práctica de las diligencias que se le han pedido.

Ni una sola diligencia. En este sentido criticó que Grande-Marlaska, en un año que lleva al frente del juzgado, no ha “practicado una sola diligencia para investigar” el accidente, y consideró que no debió acordar el sobreseimiento libre “cuando existe un hecho delictivo, como reconoce el propio juez en su auto”. En su auto, el juez aseguraba que el avión era “apto para volar” y atribuía el siniestro a la “falta de preparación” de la tripulación, que también falleció en el accidente.

Mucho por  esclarecer. “Si el piloto es culpable, no se puede ordenar el archivo”, indicó Zaragoza, criticando que con esta decisión se dejan de investigar “muchas circunstancias”, como la “falta de preparación de la tripulación”, que no funcionara “el control de voz de la cabina”, que la “carga de combustible fuera insuficiente”, que la compañía a la que se contrató el vuelo “no tuviera licencia comercial”, o que “el avión no tuviera la documentación para aterrizar en España”.

El personal de vuelo embriago. “El personal estaba embriagado, no funcionaba la caja negra…”, prosiguió Zaragoza al insistir en que se dan los elementos “suficientes para hacer una investigación”, porque “¿se imaginan si esto hubiera ocurrido en un vuelo comercial? Se hubiera investigado hasta al apuntador”, sentenció. Las acusaciones particulares que recurrieron el archivo, y que culpan a Defensa de lo ocurrido, expusieron por su parte los mismos argumentos que el fiscal y criticaron que el juez mantuviera que la contratación del vuelo (hecha a través de una agencia de la OTAN llamada NAMSA que luego subcontrató el transporte a la compañía ucraniana Um Air) fue por medio de un contrato privado.

El ministerio de Defensa, al corriente de la contratación del vuelo. “En ningún caso puede ser privado, ya que el Ministerio estaba al tanto de la contratación y subcontratación del vuelo”, manifestaron los abogados de la acusación, que denunciaron además que Defensa consignara un pago de 149.000 dólares por el vuelo pero luego realmente se pagaran por él 41.000 dólares, “de manera que hay 108.000 dólares” que “se perdieron por el camino”. Por su parte, la defensa de Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa cuando Federico Trillo era el ministro de ese departamento, planteó que “cuando se dice que no se ha investigado, me recuerda a lo que dijeron algunos medios sobre el 11-M”. “No hay nada más que saber, el auto del juez es ajustado a derecho. Se sabe que las autoridades y funcionarios de Defensa no tienen ninguna responsabilidad, y se sabe que la causa del accidente es un error humano”, señaló el abogado Joaquín Rodríguez Ramos.
Al archivo de esta parte del procedimiento se sumó después el sobreseimiento que acordó Grande-Marlaska en noviembre respecto a la investigación sobre las irregularidades en la identificación de 30 de los 62 cadáveres, dando así carpetazo a la causa en su totalidad, decisión que, en este caso, ha sido recurrida, además de por los familiares, por la Fiscalía, aunque aún no hay señalamiento para la vista de estos recursos.