Discriminación de las personas discapacitadas.

Discriminación de las personas discapacitadas

A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros

“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA
  • Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008

Contenido de la norma

El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.


(Imagen: Daniel Lobo)

El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.

Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”

La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.

Régimen de infracciones y sanciones

Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales

El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.

  • Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
  • Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
  • Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.

No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Dónde presentar las denuncias

Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia

La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.

Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:

  • Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
  • Fax 91 363 50 74
  • Teléfono 91 363 51 86
  • DTS 91 363 50 93
  • Correo electrónico ope@mtas.es

Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.

“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.

Adaptación de la OPE

En cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, las dependencias de la Oficina Permanente Especializada cumplen todos los requisitos para ser accesibles. Existe un sistema de comunicación multidisciplinar que abarca desde la información telefónica, incluidos un dispositivo telefónico para sordos (DTS) y fax, hasta la información presencial, con un sistema de apoyo a la comunicación oral a través de bucle de inducción, labiolectura y lengua de signos básica.

Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible

Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.

Publicado en CONSUMER Eroski.

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El Defensor del Pueblo lleva ante el Tribunal Constitucional a la Generalitat Valenciana.

EP Social

recurre una parte de la gestión de la Ley de Dependencia

El Defensor del Pueblo lleva ante el Constitucional a la Generalitat Valenciana

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Foto: ep

La institución acusa al Gobierno valenciano de “obstaculizar” la aplicación de la norma

   MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) –

   El Defensor del Pueblo ha presentado esta mañana un Recurso de Inconstitucionalidad contra un aspecto de la gestión de la Generalitat Valenciana sobre la Ley de Dependencia, según informaron a Europa Press fuentes de esta institución.

   En concreto, el Defensor del Pueblo ha interpuesto el recurso contra la disposición adicional 11 de la Ley de Presupuestos de esta comunidad para el ejercicio 2008, que establece que las personas valoradas por la Generalitat deben entender que su solicitud ha sido desestimada si no han recibido respuesta en el plazo de seis meses.

   Esta disposición, introducida en el Parlamento valenciano a través de una enmienda del PP, cambia el concepto de ‘silencio administrativo’, que significa que si la Administración no responde a la solicitud de un ciudadano es que ésta ha sido atendida. Con este cambio, el ‘silencio administrativo’ pasa de ‘positivo’ a convertirse en ‘negativo’ en esta comunidad.

   “Las administraciones tienen la obligación de notificar y explicar por escrito por qué han rechazado un derecho fundamental. Lo que han hecho es completamente ilegal”, señalaron fuentes del Defensor del Pueblo a Europa Press.

“CAMUFLADAMENTE”

   Además, estos mismas fuentes critican que esta reforma se “haya metido en una ley, la de presupuestos, que no tiene absolutamente nada que ver” con la dependencia. “Este cambio lo han metido en una ley distinta, camufladamente, para que no se entere nadie. Esto claramente vulnera el principio de seguridad jurídica”, apostillan.

   Por todo ello, desde el Defensor del Pueblo acusan a la Generalitat Valenciana de “obstaculizar” la aplicación de la Ley de Dependencia, y recuerdan que los dependientes son ciudadanos que por su situación ya se encuentran en condiciones “de especial vulnerabilidad”.

   Igualmente, los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han criticado que la Generalitat, gobernada por el PP, “ha boicoteado” la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 2007.

   El Defensor del Pueblo entiende que “no puede permanecer impasible” ante la entrada en vigor de esta disposición “mediante un procedimiento impropio”, que, además, “afecta a un colectivo de ciudadanos necesitados de especial protección”.

   El recurso ha sido interpuesto a raíz de la queja formal presentada a mediados de enero por el sindicato UGT ante del Defensor del Pueblo, que posteriormente recibió otras dos quejas más de particulares sobre este mismo asunto.

ZAPATERO AFIRMA QUE ESPAÑA ESTÁ EN UN “BARCO SEGURO” ANTE LA TORMENTA CREADA POR LA CRISIS HIPOTECARIA DE EE UU.

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Zapatero afirma que España está en un ‘barco seguro’ ante la tormenta creada por la crisis hipotecaria de EEUU

BRAGA (PORTUGAL), 19 (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Beatriz Fernández)


El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió hoy en que España se encuentra en un ‘barco seguro’ ante la tormenta originada en la economía internacional por la crisis hipotecaria de Estados Unidos.En rueda de prensa conjunta con el primer ministro portugués, José Sócrates, al término de la XXIII Cumbre luso española, rehusó avanzar si el programa electoral del PSOE contemplará alguna medida fiscal de choque para devolver dinero a los ciudadanos y evitar la desaceleración económica. ‘Forman parte del programa electoral’, dijo Zapatero por lo que pidió ‘esperar al programa electoral’.El presidente del Gobierno justificó la ‘solidez’ de la economía española en la creación de tres millones de empleos, el ‘aumento del capital físico y en inversión’ y en un superávit de las cuentas del 2% del PIB, elementos, señaló, que dan a España ‘un margen importante de maniobra para reaccionar’.No obstante, admitió que España tiene un ‘problema de precios’ como consecuencia de la subida de la inflación. ‘Es el principal problema, que como ha explicado el vicepresidente económico va a moderarse, especialmente a partir de marzo, para terminar 2008 seguramente por debajo del 3%’, dijo.

En este sentido, recordó que el Gobierno tiene un conjunto de medidas destinado a las familias ‘muy importante, en materia de subida de pensiones, de subida del salario mínimo interprofesional, de prestación por nacimiento’, junto con la rebaja del IRPF o del Impuesto de Sociedades. ‘Por supuesto seguiremos haciendo todas las medidas que sean necesarias’, señaló.

En alusión a la política económica del presidente estadounidense, avalada, dijo, por personas como el ex presidente de Endesa Manuel Pizarro, ‘fichado’ por el PP, aseguró que las recetas que fracasan son las de los neoconservadores, de cuyo modelo Zapatero dijo estar muy lejos y cerca de un ‘modelo productivo, de cohesión, de bienestar’.

EL PP DE LA COMUNITAT VALENCIANA OBSTRUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.

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POLÍTICA

 17/12/2007

La derecha provoca “una situación social límite” en detrimento de los discapacitados

El bloqueo del PP valenciano a la Ley de Dependencia envía al paro a 186 trabajadores sociales

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El próximo 31 de diciembre se va a llegar en la Comunidad Valenciana a una “situación social límite”, según alerta el sindicato CC.OO. Este punto crítico será el resultado del persistente bloqueo que el gobierno conservador del PP está haciendo a la aplicación de la ley de Dependencia que promueve el ejecutivo socialista.

Según confirma a El Plural la responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Adelaida Vega Roca, en la fecha marcada, los 186 trabajadores sociales que desde septiembre se encargaban en Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de evaluar y redactar informes de las solicitudes de ayudas, irán a engrosar las listas del paro.

Todos al paro
Desde la administración autonómica se justifican los despidos en cadena porque las convocatorias están planificadas para cubrir períodos de seis meses, “dependiendo de que hayan existencias de fondos en los presupuestos”. Esta última condición es la que más inquieta a los afectados por el despido. En las cuentas de la Generalidad Valenciana para 2008 no figuran partidas específicas para estos fines. Se deduce, desde la oposición de izquierdas, que se está pretendiendo cubrir los costes únicamente con las transferencias del gobierno central. Para 2008 rondarán los 80 millones de euros.

Sin garantías
En cualquier caso, los trabajadores sociales cesados no esperaban la carta de despido, sino otra a la inversa que les confirmara en sus puestos automáticamente, para no entorpecer sus tareas con la discontinuidad forzada que ahora tienen que soportar, sin garantía formal de que vuelva al trabajo más adelante algún día.

Una trabajadora afectada
Una de las trabajadores sociales afectadas por este parón laboral, Virginia Tovar, explica que con esta manera de actuar se ocasiona un mayor retraso en la gestión de las ayudas -“que es lo que persigue la Generalitat Valenciana”, insiste– para que la aplicación de la ley socialista parezca un rotundo fracaso, al menos en la autonomía valenciana.

Todo “en saco roto”
Además del quebranto económico personal, los trabajadores sociales se quejan de que todo lo que han avanzado durante los últimos cuatro meses “caerá en saco roto”. Se tendrá que empezar de nuevo, en detrimento de quienes tienen que percibir las ayudas económicas, es decir las personas mayores con problemas de movilidad y personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Sistema de contratación
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia, Pilar Rueda, reconoce a El Plural que el método de contratación empleado por el Consell para estas taras técnicas en ayuntamientos “no es bueno”. Dice que genera inestabilidad en el técnico y, muy posiblemente, una merma de calidad de servicio, dada su precariedad. Añade otro problema, al denunciar que entre los contratados de la primera convocatoria “muchos no eran titulados sociales”, asegura, dando a entender que ha podido haber mano ancha para el “enchufismo”.

A cuatro meses vista
Pese al malestar y a la incertidumbre general que reinan en los profesionales sociales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), responsable de distribuir en los Ayuntamientos los recursos para cubrir los gastos de personal de atención, ha vuelto a publicar el pasado 10 de diciembre otra convocatoria, idéntica a la que publicó en julio. A ella van a tener que acudir de nuevo los Ayuntamientos, 117 en total, si quieren volver a tener operativos los servicios de atención. Por rápido que se actúe, este duplicado proceso de selección se alargará hasta el mes de abril o mayo, después de las elecciones generales de marzo.

Ritmo lento
Además de este taponamiento en los ayuntamientos, al modelo adoptado por la Generalidad Valenciana le están lloviendo críticas de variada índole. Los sindicatos le acusan de llevar un ritmo muy lento. Hace una semana se publicó un informe de ámbito estatal en el que la Comunidad Valenciana, junto con la madrileña, está a la cola respeto al resto de Gobiernos regionales. En territorio valenciano todavía nadie, de los muchos miles de ciudadanos que tienen derecho a cobrar, ha percibido estas ayudas. En Navarra, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha se han empezado a abonar, con tarifas entorno a los 489 euros mensuales para beneficiarios que viven en el entorno familiar y 657 euros cuando se contrata una persona para su cuidado.

Incumplimiento de una ley estatal
De entre todos los desajustes y errores de aplicación que se achacan a la Generalidad Valenciana, el más grave es el que pone sobre el tapete la trabajadora social, Virginia Tovar. Advierte que de no firmarse el convenio con el Gobierno antes de que finalice este año a la Generalidad Valenciana, se le puede acusar de “incumplimiento de una ley estatal”, con lo que ello significa, si se actúa por la vía judicial.

LA IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA.

Certificado de minusvalía

Las personas con un grado de discapacidad superior al 33% pueden acceder a subvenciones especiales y ayudas para la compra de un coche o una vivienda

El certificado de minusvalía es el documento que reconoce el grado de discapacidad de una persona. Cuando éste es superior al 33%, se puede acceder a una serie de beneficios, como subvenciones específicas para personas discapacitadas, exención de impuestos en la adquisición de un vehículo y ayudas para la compra de una vivienda. Estas ventajas dependen del grado de minusvalía que se acredite. En total, hay cinco categorías.

  • Autor: A. García | 
  • Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2007

Valoración de la discapacidad

El certificado de minusvalía permite a las personas con alguna discapacidad tener derecho a percibir una prestación económica o subsidio. Además, es un documento muy útil para acceder a una vivienda, recibir subvenciones especiales para personas discapacitadas o acceder a un puesto de trabajo. Su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorgan los organismos públicos.

Jefa

El grado de minusvalía se expresa en un porcentaje entre 0 y 100, si bien la ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía. Además, cuando se supera el 25%, a este porcentaje se pueden sumar hasta un máximo de 15 puntos derivados de los factores sociales complementarios que pueden dificultar la integración social de una persona, es decir, el entorno familiar y la situación laboral, educativa y cultural.

En cuanto a la valoración de las situaciones de minusvalía, el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula este aspecto, establece la necesidad de someterse al examen de un tribunal médico oficial, encargado de emitir el dictamen que reconoce el grado de minusvalía. Este tribunal puede depender del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o de las comunidades autónomas que tengan transferida esta función.

La ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía

En su dictamen, los expertos recogen los informes médicos, psicológicos o sociales necesarios para determinar el grado de minusvalía, que puede ser objeto de revisión en los dos años siguientes a su reconocimiento, siempre que se constate una mejoría razonable, se acredite error de diagnóstico o se produzcan cambios “sustanciales” en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la minusvalía.

Las pautas de valoración no se centran tanto en el alcance de la deficiencia, como en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. En este sentido, también son objeto de valoración las enfermedades que cursan en brotes e interfieren en el día a día de las personas que las padecen. Para solicitar el certificado, hay que acudir al departamento de asuntos sociales correspondiente, recoger un impreso de solicitud y someterse a una revisión médica, en los términos que establece la ley. Posteriormente, la persona interesada queda a la espera de la resolución.

Grados de minusvalía

La normativa vigente reconoce cinco categorías o grados de discapacidad, ordenados de menor a mayor porcentaje. Cada categoría reconoce un grado de dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, de manera que el primer grupo incluye las deficiencias permanentes que no producen discapacidad y el último grupo, las deficiencias permanentes severas que suponen, incluso, la dependencia de otras personas.

  • Grado 1, discapacidad nula. Aunque la persona presenta una discapacidad, ésta no impide realizar las actividades de la vida diaria. La calificación de esta clase es del 0%.
  • Grado 2, discapacidad leve. Existe dificultad para realizar algunas actividades de la vida diaria, pero el porcentaje de minusvalía está entre el 1% y el 24%.
  • Grado 3, discapacidad moderada. Hay una gran dificultad o imposibilidad para llevar a cabo algunas actividades, aunque la persona se puede cuidar a sí misma. El grado de minusvalía está comprendido entre un 25% y un 49%.
  • Grado 4, discapacidad grave. Existe dificultad para algunas actividades de autocuidado y un porcentaje de minusvalía que oscila entre un 50% y un 70%.
  • Grado 5, discapacidad muy grave. Es el grado más severo. Las personas afectadas no pueden realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria. El porcentaje de minusvalía es del 75%.

En esta clasificación se incluye la evaluación de los sistemas musculoesquelético, nervioso, cardiovascular, hematopoyético y endocrino, así como los aparatos respiratorio, digestivo, genitourinario y visual, la piel, el lenguaje, las neoplasias, el oído, la garganta y las estructuras relacionadas. No se incluye a las personas con retraso mental, ya que esta circunstancia cuenta con criterios específicos de evaluación al considerarse que las deficiencias intelectuales, por leves que sean, ocasionan siempre un cierto grado de interferencia en la realización de las actividades de la vida diaria.

Beneficios que otorga el certificado

Jurek Durczak

Las personas discapacitadas a las que se reconoce una minusvalía superior al 33% cuentan con una serie de beneficios. En el ámbito económico, la ley contempla reducciones en la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para trabajadores con una discapacidad superior al 33%. En concreto, El artículo 58 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, establece que los contribuyentes discapacitados pueden reducir la base imponible en 2.000 euros anuales o en 5.000 euros, “si el grado de minusvalía es igual o superior al 65%. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a la hora de adquirir un vehículo sólo deben pagar el 4% en lugar del 16%. Además, las personas discapacitadas están exentas de abonar el impuesto de matriculación y de circulación de vehículos.

Se contemplan reducciones en la base imponible del IRPF, prestaciones económicas y la exención de los impuestos de matriculación y circulación de vehículos

En cuanto a las prestaciones, los progenitores tienen derecho a percibir una asignación económica por cada hijo o hija menor de 18 años con un 33% o más de discapacidad o mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%. Por su parte, las personas entre 18 y 65 años, con una minusvalía reconocida igual o superior al 65% y que carecen de rentas o ingresos suficientes pueden recibir una pensión no contributiva por invalidez. Por último, se reconocen otras prestaciones de integración social de los minusválidos, que comprenden un subsidio de movilidad para gastos de transporte -personas mayores de 3 años con una discapacidad igual o superior al 33%- y asistencia sanitaria y farmacéutica -personas con una discapacidad igual o superior al 33% y que no tienen cubierta esta necesidad-.

Otros beneficios derivados del certificado de minusvalía hacen referencia a la compra de una vivienda, ya que el plan de vivienda 2005-2008 establece la concesión de una ayuda para la compra de viviendas de protección oficial (VPO) y la subsidiación de los intereses del préstamo solicitado. Por su parte, las instituciones autonómicas o locales pueden contemplar otras ayudas individuales para la adaptación del hogar o adquisición de ayudas técnicas, así como zonas de aparcamiento reservado o prioridad en el acceso a un empleo.

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