DESCUBIERTAS IRREGULARIDADES EN LA EMPRESA PÚBLICA CREADA POR ESTEBAN GONZALEZ PONS.

gonzalez-pons.jpg

POLÍTICA

Descubiertas irregularidades en la empresa pública creada por Esteban González Pons

El cabeza de lista del PP por Valencia, bajo sospecha

Al cabeza de lista del PP por Valencia, Esteban González Pons, se le ha complicado de mala manera el último tramo de la precampaña electoral. Sobre el político conservador están cayendo serias sospechas por haber sido el promotor de una empresa pública –“Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”- a la que se le han descubierto irregularidades en la adjudicación de contratos públicos millonarios, según consta en las conclusiones de una auditoría independiente. Para el PSOE, no cabe duda de que esta empresa, financiada con fondos públicos, le sirve al PP de “agencia de prensa y de propaganda”.

IGNASI PELLICER/VALENCIA

<!–

A finales de 2005, siendo conseller portavoz del gobierno valenciano, González Pons impulsó la creación de “Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”. La justificó porque era “necesaria” –dijo- para aglutinar las actuaciones de promoción de la XXXII edición de la Copa de América de Vela, que concluyó el año pasado.

A la medida de Fabra
El ahora candidato del PP al Congreso de los Diputados por Valencia se las ingenió también para poner en marcha otras siete empresas públicas más. Diseñó, a la medida del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entidades para financiar los dos proyectos “estrella” que tiene pendientes el sátrapa del PP castellonense: el futuro aeropuerto y el parque temático “Mundo Ilusión”.

Otras actuaciones
También implantó sociedades mercantiles públicas de dudosa legalidad, como las empresas mixtas urbanizadoras -con capital público y privado en la misma cuenta de explotación- ideadas por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. Estas empresas han recibido de la Unión Europea una advertencia por escrito, porque no se ajustan a la normativa comunitaria de libre concurrencia del mercado.

Todo sigue igual
González Pons dejó de ser responsable de Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana a mediados de 2006, al abandonar la portavocía del gobierno regional y pasar a ocuparse del área de Territorio y Vivienda. Le sustituyó el actual conseller-portavoz, Vicente Rambla, sin modificar ninguna de las pautas de actuación de su predecesor, pese a ir en contra de la legislación que regula las empresas públicas.

Preguntas no respondidas
Mucho antes de que la auditoría diera a conocer las irregularidades en la “Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”, el diputado del PSOE en les Corts (legislativo autonómico), José Camarasa, ha estado pidiendo insistentemente tener acceso a las cuentas de explotación y balances de dicha entidad. No lo ha conseguido, con lo que han ido creciendo las sospechas sobre la utilización de fondos públicos a través de esta entidad.

Un detonante
Camarasa insiste, en declaraciones a El Plural, que la “negativa permanente” del PP para conocer las cuentas de la empresa de González Pons ha sido el detonante del actual bloqueo para la elección del “Sindic de Greuges” (Defensor del Pueblo), nombramiento que obligatoriamente necesita el consenso entre la mayoría del PP y la oposición de izquierdas en Les Corts.

Cinco millones
Entre las irregularidades que constan en la auditoría, destaca la aportación de cinco millones de euros de fondos de la Generalitat Valenciana para financiar la prueba de vela “Volvo Ocean Race” en el puerto de Alicante, en otoño de este año. Se trata de comprar los derechos para ser sede de la competición, aunque sólo será para acoger las embarcaciones los días previos y el de salida, porque después la competición velística no volverá nunca más a Alicante.

“Los Borgia”
Se han detectado irregularidades igualmente en la concesión de un millón de euros de subvención pública a la película producida por Antena 3 sobre “Los Borgia” y en otra aportación de 112.765 euros para un torneo de ajedrez, celebrado en Valencia en el verano de 2006, sin que tuviera repercusión ni profesional ni mediática.

Procedimiento “negociado”
En ninguno de los casos auditados se convocaron concursos públicos, ni se dio la publicidad exigida por la ley. Las adjudicaciones se llevaron a cabo por el procedimiento “negociado”, incluido en aquellos casos cuyo importe era superior a los límites establecidos por la ley de Contratos, según se lee en las conclusiones de la auditoría.
–>

A finales de 2005, siendo conseller portavoz del gobierno valenciano, González Pons impulsó la creación de “Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”. La justificó porque era “necesaria” –dijo- para aglutinar las actuaciones de promoción de la XXXII edición de la Copa de América de Vela, que concluyó el año pasado.

A la medida de Fabra
El ahora candidato del PP al Congreso de los Diputados por Valencia se las ingenió también para poner en marcha otras siete empresas públicas más. Diseñó, a la medida del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entidades para financiar los dos proyectos “estrella” que tiene pendientes el sátrapa del PP castellonense: el futuro aeropuerto y el parque temático “Mundo Ilusión”.

Otras actuaciones
También implantó sociedades mercantiles públicas de dudosa legalidad, como las empresas mixtas urbanizadoras -con capital público y privado en la misma cuenta de explotación- ideadas por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. Estas empresas han recibido de la Unión Europea una advertencia por escrito, porque no se ajustan a la normativa comunitaria de libre concurrencia del mercado.

Todo sigue igual
González Pons dejó de ser responsable de Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana a mediados de 2006, al abandonar la portavocía del gobierno regional y pasar a ocuparse del área de Territorio y Vivienda. Le sustituyó el actual conseller-portavoz, Vicente Rambla, sin modificar ninguna de las pautas de actuación de su predecesor, pese a ir en contra de la legislación que regula las empresas públicas.

Preguntas no respondidas
Mucho antes de que la auditoría diera a conocer las irregularidades en la “Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”, el diputado del PSOE en les Corts (legislativo autonómico), José Camarasa, ha estado pidiendo insistentemente tener acceso a las cuentas de explotación y balances de dicha entidad. No lo ha conseguido, con lo que han ido creciendo las sospechas sobre la utilización de fondos públicos a través de esta entidad.

Un detonante
Camarasa insiste, en declaraciones a El Plural, que la “negativa permanente” del PP para conocer las cuentas de la empresa de González Pons ha sido el detonante del actual bloqueo para la elección del “Sindic de Greuges” (Defensor del Pueblo), nombramiento que obligatoriamente necesita el consenso entre la mayoría del PP y la oposición de izquierdas en Les Corts.

Cinco millones
Entre las irregularidades que constan en la auditoría, destaca la aportación de cinco millones de euros de fondos de la Generalitat Valenciana para financiar la prueba de vela “Volvo Ocean Race” en el puerto de Alicante, en otoño de este año. Se trata de comprar los derechos para ser sede de la competición, aunque sólo será para acoger las embarcaciones los días previos y el de salida, porque después la competición velística no volverá nunca más a Alicante.

“Los Borgia”
Se han detectado irregularidades igualmente en la concesión de un millón de euros de subvención pública a la película producida por Antena 3 sobre “Los Borgia” y en otra aportación de 112.765 euros para un torneo de ajedrez, celebrado en Valencia en el verano de 2006, sin que tuviera repercusión ni profesional ni mediática.

Procedimiento “negociado”
En ninguno de los casos auditados se convocaron concursos públicos, ni se dio la publicidad exigida por la ley. Las adjudicaciones se llevaron a cabo por el procedimiento “negociado”, incluido en aquellos casos cuyo importe era superior a los límites establecidos por la ley de Contratos, según se lee en las conclusiones de la auditoría.

ELECCIONES GENERALES 9-M LA LARGA MANO DEL FABRA FABRONE.

fabra.jpg

POLÍTICA

 25/01/2008

La hija de Fabra podría abrirle la puerta del Senado

El ex alcalde de Burriana, de imputado a aforado

ELPLURAL.COM

Muchos han sido los movimientos protagonizados por el Partido Popular de Valencia a la hora de cerrar sus listas electorales. Pero uno de los más destacados es sin duda el de presentar a Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra, como candidata al Congreso. Andrea Fabra deja de este modo un puesto libre en el Senado, al que ahora optará el ex alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, implicado en varios casos de corrupción urbanística, tal y como recoge hoy El País. Y si Ferrada se convierte en senador, gozará de la inmunidad legal propia de su nuevo cargo.

Ferrada es, además, uno de los hombres de Carlos Fabra. Y eso, en una comunidad autónoma azotada por la lucha interna de los populares, es de importancia para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Camps es el adversario político del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que tal y como ya informó El Plural ha perdido la batalla para presentarse como cabeza de lista al Congreso por Valencia.

Presiones
La unión de Fabra y Ferrada ha favorecido el que este último opte a ocupar un cargo en el Senado. Y eso pese a que Ferrada no ha vuelto a presentarse a las elecciones municipales para optar al cargo de alcalde de Burriana, supuestamente por presiones de su popio partido, que veían en los casos de corrupción urbanística en los que se ha visto implicado un obstáculo para obtener el poder en la localidad valenciana.

Información privilegiada
Las polémicas de corrupción urbanística se saldaron con una imputación, después de que el PSOE valenciano presentase una querella contra Ferrada, apoyados por algunos de los afectados por las decisiones urbanísticas del ex alcalde. Según esta querella, el PP mantuvo un año sin tramitar un programa presentado por una constructora local, mientras otras tres empresas empezaron a comprar terrenos en la misma zona sobre la que hablaba dicho programa. Esta zona sería poco después recalificada por el Ayuntamiento. Según los querellantes dichas empresas tuvieron “sin lugar a dudas” información privilegiada.

Programa
Pero la polémica no acaba aquí. Pese al programa presentado por la constructora local, el PP adjudicó dicho programa a una de las tres empresas que habían protagonizado la adquisición de terrenos con supuesta información privilegiada en la mano. Ferrada fue quien tomó esta decisión, y para justificarla contrató un informe jurídico que le avalara. Pero precisamente por esta decisión ha sido imputado por presunta prevaricación, malversación, cohecho y delitos contra los recursos naturales y la ordenación del territorio.

Andorra
Ferrada ya ha declarado ante el juez, admitiendo que tanto su suegro como su esposa tienen cuentas en un paraíso fiscal: Andorra. El popular aspirante a senador justificó estas cuentas sosteniendo que  posee propiedades en dicho país. Sin embargo, y pese a la trama en la que Ferrada parece estar implicado, el PP ha decidido presentarle a las próximas elecciones generales como senador por Valencia. Con la inmunidad legal que ese puesto conlleva.

¨GÜEMES, CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID Y YERNO DE FABRA, LE EXPLOTA UN CASO DE FAVORITISMO EN LA ADJUDICACIÓN DE AMBULANCIAS POR 55,4 MILLONES DE €.

aguirre_guemes.jpg

AL CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID, JUAN JOSÉ GÜEMES, YERNO DEL SOSPECHOSO CARLOS FABRA (PP), LE EXPLOTA UN CASO DE FAVORITISMO EN LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS CON 55,4 MILLONES DE EUROS AL CANTO

El servicio de ambulancias urgentes que ofrece la Comunidad de Madrid (Summa 112) fue adjudicado en 2006 a la única empresa que se presentó al concurso, Isolux Corsan, pese a que ya entonces incumplía el pliego de condiciones. Al hacer su oferta, no tenía plena disposición sobre el centenar de ambulancias que debían prestar el servicio, como exigen los requisitos de dicho pliego. Informa el diario “El País” en su edición madrileña.
El responsable del departamento de Sanidad del gobierno madrileño que preside Esperanza Aguirre es Juan José Güemes, casualmente casado con Andra Fabra, senadora del PP por “obra y gracia” de su padre, Carlos Fabra, imputado por varios delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ley tributaria. El sospechoso político es presidente del PP en Castellón y de la diputación provincial.

Las ambulancias se ahorran 1,2 millones de euros…No es la única irregularidad la del incumplimiento del pliego de condiciones,. Sigue informando El País. Después, esta adjudicataria no ha cumplido el número de horas diarias que según el contrato debía tener disponibles las ambulancias (1.252 horas diarias), sino que se ha ahorrado 92 horas al día, según las tablas que utiliza el centro coordinador del Summa 112. Por esta razón, Isolux Corsan debe este año más de 40.000 horas de servicio, lo que le supone a la empresa un ahorro de 1,2 millones de euros (el coste de cada hora ronda los 30 euros), sin que hasta ahora la Consejería de Sanidad, de la que depende el Summa 112, se las haya reclamado ni descontado de la factura final, como contempla el pliego de condiciones en su apartado 10.2. Éste también prevé “penalizaciones” si se produce una disminución de horas.

Negocio al canto de 55,4 millones en cuatro años.El servicio Summa 112 sacó a concurso a principios de 2006 la prestación del transporte sanitario terrestre urgente. Pedía una disponibilidad de ambulancias de 1.149 horas al día durante cuatro años a cambio de 55,4 millones de euros.
Ninguna de las cinco empresas que ofrecen este tipo de servicios habitualmente en la región se presentó, aunque sí acudió al concurso paralelo de transporte no urgente que también convocó el Summa 112.

“No nos interesaba”, explicó el gerente de Ambulancias Santa Sofía sobre la convocatoria de ambulancias urgentes. También le pareció inasumible la oferta de Sanidad al gerente de Ambulancias SASU, Maximiliano Alonso, que explicó que sólo el personal que va en la ambulancia ya le suponía un coste de 11,8 millones de euros. “¿Cómo cubría yo el resto: gasoil, personal directivo, los vehículos…?”, se preguntó. “Si hubiera sido por los profesionales del sector, el concurso hubiera quedado desierto”, agregó este directivo.

Una constructora para las ambulancia…Sólo acudió al concurso Isolux Corsan, una compañía dedicada a la construcción, inmobiliaria, ingeniería, concesión y servicios, según figura en su página web. Su portavoz, Jesús Salgado, asegura que han realizado servicios de ambulancia en otras comunidades. Y cita Castilla-León, donde prestan servicio de asistencia a la Tercera Edad. Al presentar su oferta, la empresa redujo el precio de adjudicación del pliego de condiciones en 830.000 euros y aumentó las horas de disponibilidad de ambulancias: se comprometía a proporcionar 1.252 horas al día durante cuatro años por 54,5 millones.

Incumplimiento del artículo 9 del concurso.Con esta oferta ganó el concurso, pese a que incumplía las condiciones: según el pliego de la concesión, en su apartado 9, los licitadores sólo podían ofrecer vehículos sobre los que tuvieran total disponibilidad en el momento de presentar la oferta. Para ello debían contar con permiso de circulación, tarjeta de transporte, certificación sanitaria y seguro, según la convocatoria del concurso.
Pero la adjudicataria se esperó a que le fuera adjudicado el contrato para adquirir el centenar de ambulancias que requería el servicio. Su portavoz lo argumenta así: “Cuando concursamos para hacer una línea de AVE no tenemos todavía la maquinaria necesaria”. Al precisarle que incumple el pliego de condiciones, argumenta que el material móvil estaba disponible días antes de que le fuera adjudicado el concurso. Pero no al presentar su oferta.

GÜEMES Y FABRA, DIOS LOS CRIA Y ELLOS SE JUNTAN. ¡VAYA PAREJITA!

aguirre_guemes.jpg

JUAN JOSÉ GÜEMES, YERNO DEL SOSPECHOSO CACIQUE DEL PP EN CASTELLÓN, CARLOS FABRA, ENCABEZÓ AYER EL “PLANTE” AL MINISTRO DE SANIDAD, BERNAT SORIA

Los consejeros de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Canarias, La Rioja y Castilla y León, todas ellas gobernadas por el PP, decidieron ayer boicotear el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebró en Madrid. Le presionaron al ministro de Sanidad, Bernat Soria, para que tratara en el pleno el tema de la financiación, no previsto en la agenda. Los consejeros del plante pidieron, en su defecto, fijar fecha en enero para convocar una reunión extraordinaria del consejo a dedicar a este tema que consideran “urgente”.

Hijo “político” de Fabra y cabecilla del plante. Quien encabezó el plante al ministro fue, Juan José Güemes, consejero de Sanidad del gobierno regional de Esperanza Aguirre y casado con Andrea Fabra, la hija mayor del sospechoso de corrupción y jefe el PP en Castellón, Carlos Fabra. Ahora, Andrea Fabra es senadora del PP por “obra y gracia” de su padre quien consiguió convencer al PP en el legislativo autonómico valenciano (Les Corts) para que la incluyera en la terna de escaños en la cámara alta legislativa.

En una improvisada rueda de prensa celebrada minutos después de comenzar la reunión, los consejeros de Madrid, Juan José Güemes; de la Comunidad Valenciana, Manuel Cervera; de Murcia, M. Ángeles Palacios; de Canarias, Mercedes Roldós; de La Rioja, José Ignacio Nieto; y de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez, anunciaron que se han visto “obligados” por el ministro a tomar esta determinación, que aseguraron no es “premeditada ni electoralista”, ante su “reiterada negativa” a hablar de financiación.
Güemes criticó duramente el hecho de que Soria “se niegue” a cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a Sanidad a hablar de financiación, un tema importante sobre todo para comunidades como Madrid, donde se ha producido “un aumento extraordinario de la población en esta última legislatura”. Dice que la CAM aporta impuestos al país “por una población de seis millones de personas, que son los habitantes de la comunidad” pero que el Gobierno “se niega a reconocer a la quinta parte de esta población”, es decir, los impuestos que aportan cerca de un millón de madrileños, a la hora de repartir los fondos del Estado, lo que ha motivado el déficit en sanidad que presenta la comunidad de Esperanza Aguirre.

EL COLMO DEL FACHERÍO: FABRA INTENTA MARCARLE LA RAYA A LA JUEZ DE INSTRUCCIÓN QUE HA DE JUZGAR SUS CASOS DE CORRUPCIÓN POLÍTICA.

POLÍTICA

 07/12/2007

Pretende impedir que investiguen cuentas bancarias de organismos públicos para no perjudicar a “terceras personas”

Fabra intenta marcarle la raya a la juez de instrucción

IGNASI PELLICER/VALENCIA

No es nada corriente que se le diga a un juez qué pruebas debe tener en cuenta – y las que no – en la instrucción de un proceso que está en sus manos. Más raro resulta todavía, si quien marca la raya es el principal imputado y sospechoso del caso. Pues tal y así es como ha actuado el sátrapa del PP en Castellón, Carlos Fabra, presidente bicéfalo del partido conservador y de la diputación.

Según confirman fuentes judiciales, la jueza Lourdes Novarques, que instruye en el juzgado número 1 de Nules el “caso Fabra”, tiene en su poder desde hace meses un escrito del letrado, Javier Boix, pidiéndole que desestime como pruebas testificales, unas cuentas corrientes de organismos públicos y empresas privadas. En ellas Fabra tiene poderes otorgados para ordenar transferencias y pagos a su voluntad. Se trata de cuentas de la diputación, del Hospital provincial de Castellón y de “Aerocas”, empresa promotora del aeropuerto de Castellón. El abogado de Fabra justifica su sorprendente petición porque si se investigan las citadas cuentas corrientes, “podrían resultar perjudicadas terceras personas”, dice el escrito, sin entrar en más detalles.

Retrasar el juicio
Además de sorpresa e indignación, la oposición de izquierdas todavía no tiene claro si Fabra actúa de esta manera tan anodina para retrasar su juicio por todo lo que contiene su voluminoso sumario en ciernes: delitos contra la administración del Estado, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Cacique conservador castellonense
No descartan las mismas fuentes una intención de mayor magnitud, urdida por el cacique conservador castellonense. Sospechan que Fabra se ve solo y con el aliento de la justicia más cerca de su cogote. Denotan que el jefe del PP en Castellón “se siente ahora más abandonado” por quienes antes le protegían en el partido. Por esta razón, “amenaza con poner el ventilador”, comentan. Incluso, puede estar dando el primer aviso, a la desesperada, de que si le salen mal las cosas a él con la justicia, puede llevarse por delante a otros gerifaltes del PP no implicados en este asunto de corrupción, de momento.

Excepción a la regla judicial
El “caso Fabra” está resultando ser una complicada y dudosa excepción a la regla judicial. Llama estrepitosamente la atención en medios jurídicos y políticos la demora en la instrucción sumarial. Está a punto de cumplir cuatro años, desde que en diciembre de 2003, desveló la trama de corruptelas y tráfico de influencias el empresario Vicente Vilar. Acusó a Fabra de haberle entregado cantidades millonarias de dinero, por conseguir del gobierno del PP licencias para productos fitosanitarios. Más tarde se comercializaron en la empresa Artemis, gestionada por las esposas de ambos.

Siete titulares del juzgado trasladados
Es excepcional igualmente que hasta ahora hayan sido siete los titulares del juzgado de Nules los que se han ocupado de la instrucción y dejado a medias después, pidiendo “por causas personales” el traslado a otra jurisdicción. Y serán ocho muy pronto, cuando a la actual jueza, Lourdes Noverques, le confirmen un nuevo destino que ella misma ha solicitado voluntariamente. Han sido cuatro fiscales hasta hoy los que se han encargado de la acusación.

Una realidad
Más pronto o más tarde, el juicio de Carlos Fabra empieza a verse desde el propio PP valenciano como una realidad a la que tendrá que hacer frente. Lo que no quieren sus dirigentes es que los juicios en cascada coincidan con la precampaña electoral. No se descarta que así sea antes de las generales de 2007. Tal eventualidad explica, según se oye decir por cenáculos de Castellón, el actual distanciamiento entre Carlos Fabra y Juan Costa, ex ministro de Aznar, y coordinador del programa del PP. Fabra desea que Costa sea cabeza de lista por Castellón, pero éste intenta incluirse, bien en la de Madrid u otra gran ciudad, lo mas lejos del territorio que controla Fabra.

Se le han complicado las cosas
De puertas para dentro en el PP de Castellón, a su presidente Fabra se le han ido complicando las cosas últimamente. Antes de las elecciones del 27-M, su hombre de confianza, Victor Campos, a la sazón miembro del gobierno de Francisco Camps, le dio brutalmente la espalda, anunciando que dejaba la secretaria general provincial y la política activa. Para esta vacante, Fabra ha tenido que echar mano de una dirigente “popular” que no es de su cuerda, la diputada autonómica, Marisol Linares. Esta le hizo guiños en su día al zaplanismo, a través de un grupo que controla el dirigente popular valenciano, Serafín Castellano con su tentáculo en Castellón a cargo del diputado nacional, Miguel Barrachina.

EL ALCALDE DE TOTANA (pp)…PROVISIONALMENTE EN EL TRULLO. UNA METÁFORA POLITICA DE LAS BARBAS DEL VECINO Y EL JABON PARA EL REMOJO.

totana-conection.jpg

La jueza decreta prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana

EFE. 03.12.2007

La titular el Juzgado Número Uno de Totana, María Asunción Navarro, ha decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, del PP, en el marco de la Operación Totem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, informaron fuentes judiciales.

La decisión de la jueza se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de ayer, domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial.

Artículos relacionados

FABRA Y SUS ASUNTOS TURBIOS, DE NUEVO EN LA PALESTRA.

fabra.jpg

07/09/2007

Fabra, de nuevo en el punto de mira

Denuncian que su chófer recogía “sobres y cajas” de la emrpesa Naranjax a cambio de favores políticos

V.V.

El conocido como caso Naranjax vuelve a salpicar una vez más al popular Carlos Fabra. La declaración como testigo de la secretaria personal del empresario Vicente Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, ha dejado claro que el coger oficial de la Diputación de Castellón acudió en varias ocasiones a recoger “sobres y cajas” en nombre de su presidente. La Justicia continúa investigando al dirigente del PP y a otros altos cargos del Gobierno de Aznar presuntamente implicados en este caso por una supuesta trama de falsificación.

Tras la victoria en las municipales del 27 de mayo del PP en Castellón, Carlos Fabra insinuó que las urnas habían demostrado su no implicación en ninguna de las tramas de presunta corrupción que le han salpicado durante los últimos años. Sin embargo, el caso Naranjax ha vuelto a salir a la luz y, con él, el nombre del presidente de la Diputación de Castellón.

Falsificación de documentos
A finales de 2003 el empresario propietario de las firmas Naranjax y Artemis, Vicente Vilar, denunció los pagos de más de 48.000 euros a una sociedad propiedad de Fabra, Carmacas, por supuestos asesoramientos técnicos que nunca se recibieron. Según las investigaciones, Vilar, Fabra y otros altos cargos del Gobierno del PP podrían haber pactado la falsificación de analíticas y documentos oficiales de los ministerios de Agricultura y Sanidad para conseguir aprobar al margen del cauce legal un gran número de insecticidas agrícolas y productos fitosanitarios.

Recogía “sobres y cartas”
Vanesa Vilar, secretaria personal del empresario, reconoció ante el juzgado número 2 de Nules que lleva el caso que el chófer oficial de la Diputación había acudido en varias ocasiones a la empresa para recoger “sobres y cartas” a nombre de Fabra, aunque aseguró que desconoce el contenido de dichos paquetes, porque nunca llegó a verlos, según informó Levante.

Amistad entre Fabra y Vilar
La administrativa confirmó que tanto Fabra como su mujer, Mª Amparo Fernández, visitaban a menudo la fábrica de Naranjax ya que tenían “una estrecha relación de amistad” con Vilar y su esposa, Montserrat Vives. La secretaria relató también que Vives le “daba las memorias” de los productos fitosanitarios que se iban a comercializar, y posteriormente “las firmaba” antes de entregarlas al Ministerio.

Cuños falsificados
Para ello supuestamente habrían empleado unos cuños falsos para tratar de autentificar documentos que posteriormente se presentaban ante la administración para poder comercializar los productos fitosanitarios. Según la denuncia de Vilar, Fabra no sólo sabía de la existencia de estos cuños falsificados sino que colaboró en su elaboración. Cuando se le enseñaron a Vanesa Vilar durante el juicio, esta apuntó: “Supongo que son esos, si no, no estarían en el juzgado.

Más investigaciones
Tras estas acusaciones, el juzgado abrió la causa al margen de la iniciada por otro juzgado de Nules, que investiga al presidente de la Diputación de Castellón ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal en el llamado caso Fabra.