DESCUBIERTAS IRREGULARIDADES EN LA EMPRESA PÚBLICA CREADA POR ESTEBAN GONZALEZ PONS.

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POLÍTICA

Descubiertas irregularidades en la empresa pública creada por Esteban González Pons

El cabeza de lista del PP por Valencia, bajo sospecha

Al cabeza de lista del PP por Valencia, Esteban González Pons, se le ha complicado de mala manera el último tramo de la precampaña electoral. Sobre el político conservador están cayendo serias sospechas por haber sido el promotor de una empresa pública –“Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”- a la que se le han descubierto irregularidades en la adjudicación de contratos públicos millonarios, según consta en las conclusiones de una auditoría independiente. Para el PSOE, no cabe duda de que esta empresa, financiada con fondos públicos, le sirve al PP de “agencia de prensa y de propaganda”.

IGNASI PELLICER/VALENCIA

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A finales de 2005, siendo conseller portavoz del gobierno valenciano, González Pons impulsó la creación de “Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”. La justificó porque era “necesaria” –dijo- para aglutinar las actuaciones de promoción de la XXXII edición de la Copa de América de Vela, que concluyó el año pasado.

A la medida de Fabra
El ahora candidato del PP al Congreso de los Diputados por Valencia se las ingenió también para poner en marcha otras siete empresas públicas más. Diseñó, a la medida del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entidades para financiar los dos proyectos “estrella” que tiene pendientes el sátrapa del PP castellonense: el futuro aeropuerto y el parque temático “Mundo Ilusión”.

Otras actuaciones
También implantó sociedades mercantiles públicas de dudosa legalidad, como las empresas mixtas urbanizadoras -con capital público y privado en la misma cuenta de explotación- ideadas por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. Estas empresas han recibido de la Unión Europea una advertencia por escrito, porque no se ajustan a la normativa comunitaria de libre concurrencia del mercado.

Todo sigue igual
González Pons dejó de ser responsable de Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana a mediados de 2006, al abandonar la portavocía del gobierno regional y pasar a ocuparse del área de Territorio y Vivienda. Le sustituyó el actual conseller-portavoz, Vicente Rambla, sin modificar ninguna de las pautas de actuación de su predecesor, pese a ir en contra de la legislación que regula las empresas públicas.

Preguntas no respondidas
Mucho antes de que la auditoría diera a conocer las irregularidades en la “Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”, el diputado del PSOE en les Corts (legislativo autonómico), José Camarasa, ha estado pidiendo insistentemente tener acceso a las cuentas de explotación y balances de dicha entidad. No lo ha conseguido, con lo que han ido creciendo las sospechas sobre la utilización de fondos públicos a través de esta entidad.

Un detonante
Camarasa insiste, en declaraciones a El Plural, que la “negativa permanente” del PP para conocer las cuentas de la empresa de González Pons ha sido el detonante del actual bloqueo para la elección del “Sindic de Greuges” (Defensor del Pueblo), nombramiento que obligatoriamente necesita el consenso entre la mayoría del PP y la oposición de izquierdas en Les Corts.

Cinco millones
Entre las irregularidades que constan en la auditoría, destaca la aportación de cinco millones de euros de fondos de la Generalitat Valenciana para financiar la prueba de vela “Volvo Ocean Race” en el puerto de Alicante, en otoño de este año. Se trata de comprar los derechos para ser sede de la competición, aunque sólo será para acoger las embarcaciones los días previos y el de salida, porque después la competición velística no volverá nunca más a Alicante.

“Los Borgia”
Se han detectado irregularidades igualmente en la concesión de un millón de euros de subvención pública a la película producida por Antena 3 sobre “Los Borgia” y en otra aportación de 112.765 euros para un torneo de ajedrez, celebrado en Valencia en el verano de 2006, sin que tuviera repercusión ni profesional ni mediática.

Procedimiento “negociado”
En ninguno de los casos auditados se convocaron concursos públicos, ni se dio la publicidad exigida por la ley. Las adjudicaciones se llevaron a cabo por el procedimiento “negociado”, incluido en aquellos casos cuyo importe era superior a los límites establecidos por la ley de Contratos, según se lee en las conclusiones de la auditoría.
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A finales de 2005, siendo conseller portavoz del gobierno valenciano, González Pons impulsó la creación de “Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”. La justificó porque era “necesaria” –dijo- para aglutinar las actuaciones de promoción de la XXXII edición de la Copa de América de Vela, que concluyó el año pasado.

A la medida de Fabra
El ahora candidato del PP al Congreso de los Diputados por Valencia se las ingenió también para poner en marcha otras siete empresas públicas más. Diseñó, a la medida del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entidades para financiar los dos proyectos “estrella” que tiene pendientes el sátrapa del PP castellonense: el futuro aeropuerto y el parque temático “Mundo Ilusión”.

Otras actuaciones
También implantó sociedades mercantiles públicas de dudosa legalidad, como las empresas mixtas urbanizadoras -con capital público y privado en la misma cuenta de explotación- ideadas por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. Estas empresas han recibido de la Unión Europea una advertencia por escrito, porque no se ajustan a la normativa comunitaria de libre concurrencia del mercado.

Todo sigue igual
González Pons dejó de ser responsable de Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana a mediados de 2006, al abandonar la portavocía del gobierno regional y pasar a ocuparse del área de Territorio y Vivienda. Le sustituyó el actual conseller-portavoz, Vicente Rambla, sin modificar ninguna de las pautas de actuación de su predecesor, pese a ir en contra de la legislación que regula las empresas públicas.

Preguntas no respondidas
Mucho antes de que la auditoría diera a conocer las irregularidades en la “Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”, el diputado del PSOE en les Corts (legislativo autonómico), José Camarasa, ha estado pidiendo insistentemente tener acceso a las cuentas de explotación y balances de dicha entidad. No lo ha conseguido, con lo que han ido creciendo las sospechas sobre la utilización de fondos públicos a través de esta entidad.

Un detonante
Camarasa insiste, en declaraciones a El Plural, que la “negativa permanente” del PP para conocer las cuentas de la empresa de González Pons ha sido el detonante del actual bloqueo para la elección del “Sindic de Greuges” (Defensor del Pueblo), nombramiento que obligatoriamente necesita el consenso entre la mayoría del PP y la oposición de izquierdas en Les Corts.

Cinco millones
Entre las irregularidades que constan en la auditoría, destaca la aportación de cinco millones de euros de fondos de la Generalitat Valenciana para financiar la prueba de vela “Volvo Ocean Race” en el puerto de Alicante, en otoño de este año. Se trata de comprar los derechos para ser sede de la competición, aunque sólo será para acoger las embarcaciones los días previos y el de salida, porque después la competición velística no volverá nunca más a Alicante.

“Los Borgia”
Se han detectado irregularidades igualmente en la concesión de un millón de euros de subvención pública a la película producida por Antena 3 sobre “Los Borgia” y en otra aportación de 112.765 euros para un torneo de ajedrez, celebrado en Valencia en el verano de 2006, sin que tuviera repercusión ni profesional ni mediática.

Procedimiento “negociado”
En ninguno de los casos auditados se convocaron concursos públicos, ni se dio la publicidad exigida por la ley. Las adjudicaciones se llevaron a cabo por el procedimiento “negociado”, incluido en aquellos casos cuyo importe era superior a los límites establecidos por la ley de Contratos, según se lee en las conclusiones de la auditoría.

PORTILLO, EL PRIMER LADRILLAZO DE 2008.

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Se confirma el vuelco en el Consejo de Colonial, que acepta la dimisión de Portillo

Agencias | 20:08 – 31/12/2007
INMOBILIARIA COLONIAL

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El Consejo de Administración de la inmobiliaria Colonial aceptó hoy la dimisión de Luis Portillo como miembro de este órgano de dirección y ratificó como presidente de la sociedad a Mariano Miguel, que seguirá ejerciendo el cargo de consejero delegado, informó la compañía a la CNMV. Además, se produce un auténtico vuelco en el Consejo, tal y como adelantó hoy diario elEconomista

El cese de Portillo como consejero de la inmobiliaria se produce tres días después de que fuera relevado como presidente de Colonial (CAR.MC elemento_52_0 = new cotizacionEnNoticia(‘INMOCARAL’, ‘cotizacionINMOCARAL_0’, ‘linkcotINMOCARAL_0’,1); ), en una reunión que el Consejo de Administración celebró el pasado viernes, horas después de que los títulos de la sociedad cayeran el 25,4 por ciento en Bolsa.

La compañía ha indicado que para reforzar la preeminencia de los consejeros independientes “iniciará la búsqueda de un profesional de prestigio que ocupará el puesto de presidente no ejecutivo”.

Salida de otros consejeros significativos

 

Al mismo tiempo que acontecía el cese de Portillo abandonaban también su puesto como consejeros Luis Emilio Nozaleda Arenas, Gema Sólas Navas, José Ramón Carabante Plaza; Óscar Fanjúl Martín; Alberto Cortina Koplowitz y Clara Nozaleda Arenas.

También cesaban en su cargo los representantes de Desarrollo Empresarial Quetro, María Jesús Valero Pérez; Grupo Portival, Yolanda Mayo Ranera; Corporación Indo, Domingo Díaz de Mera Lozano, y Promociones González, Aurelio González Villarejo.

La compañía ha señalado en un comunicado que la “salida del consejo de los accionistas significativos no presupone la intención de reducir su participación en la sociedad”.

Nombramientos de nuevos consejeros

 

Para ocupar parte de las vacantes y para “dotar de la mayor operatividad, eficacia y transparencia posibles a la gestión de la compañía en beneficio de sus accionistas”, la compañía ha nombrado consejeros por cooptación a Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid (consejero ejecutivo); Julián Zamora Saiz (consejero dominical), y Pedro Ruiz-Labourdette Garau (consejero dominical).

Así queda el consejo de Colonial

 

En consecuencia, el consejo de administración queda compuesto por once miembros: Mariano Miguel Velasco; Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Antonio M. López Corral; Javier Sola Teyssiere; Alberto Alonso Lobo; Francisco José Molina Calle; Juan Ramírez Blatuille; Enrique Montero Gómez; Julián Zamora Saiz; Pedro Ruiz-Labourdette Garau y Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid.

Cambios en la comisión ejecutiva

 

Inmobiliaria Colonial también ha acordado cambios en la comisión ejecutiva, que estará formada por cuatro miembros, y en la comisión de nombramientos y retribuciones, que estará formada por tres personas.

La comisión ejecutiva queda compuesta
por Mariano Miguel Velasco, que ejercerá como presidente; Francisco José Molina Calle; Julián Zamora Saiz y Pedro Ruiz-Labourdette Garau.

Por su parte, la comisión de nombramientos estará integrada por Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Alberto Alonso Lobo y Enrique Montero Gómez.

Sólida “situación patrimonial”

 

Inmobiliaria Colonial también ha señalado que mantiene una sólida “situación patrimonial” que le permite cumplir íntegramente “todas sus obligaciones con las entidades financieras” y ha expresado “su confianza en que la realidad del valor objetivo de la compañía, su solidez patrimonial y su potencial de negocio permitirán superar la situación actual”

Publicada el http://www.ElEconomista.es

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Nota Bene del editor de este Blog: Seguramente sería éste un momento pertinente para que algún miembro del Gobierno Valenciano experto en privatizaciones, explicara las condiciones en las que Luis Portillo compró por cantidades multimillonarias, en sociedad (Siete Treinta S.L.) con el señor Rosell Recasens, marido o lo que fuese de la Senadora del PP por Almeria, señora Agüero miembro de la comisión de Agricultura del Senado en la etapa del señor Aznar-Fabra (¿también una coincidencia que la empresa del caso Naranjax, Artemis 2000 S.L. y Siete Treinta S.L. procedan del mismo despacho de Ontinyent, ciudad que como saben está pegadita a Sevilla, igual que muchas más con adjudicaciones de la Generalitat Valenciana?). Aclaremos la concesión transmisión posterior de algúnos lotes de las residencias geriatricas del tan famoso como opaco Plan Blasco en su etapa de Conseller de Bienestar Social. Este es el proceso especulativo que ha levantado gigantes de papel que han saqueado las arcas públicas y arden ahora…sin que nadie mueva un dedo. Y el Arzobispo Cardenal diciendo que la politica social de Zapatero sobre la familia, destruye la democrácia. ¡No crean que no llevamos una buena peniténcia con esta cuadrilla!. V.V.G.

EL ALCALDE DE TOTANA (pp)…PROVISIONALMENTE EN EL TRULLO. UNA METÁFORA POLITICA DE LAS BARBAS DEL VECINO Y EL JABON PARA EL REMOJO.

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La jueza decreta prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana

EFE. 03.12.2007

La titular el Juzgado Número Uno de Totana, María Asunción Navarro, ha decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, del PP, en el marco de la Operación Totem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, informaron fuentes judiciales.

La decisión de la jueza se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de ayer, domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial.

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LLANERA: COMIENZAN LOS DESPIDOS DE LOS TRABAJADORES.

Juez acepta acuerdo Llanera Construcciones para la extinción de 156 empleos

15:37 – 16/11/2007

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Valencia, 16 nov (EFECOM).-

El titular del Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia, Fernando Presencia, ha aceptado el acuerdo alcanzado entre los administradores concursales y los representantes de los trabajadores de la empresa Llanera Construcciones, Obras y Proyectos SL para la extinción de 156 empleos.

El acuerdo alcanzado, el único aportado por las tres empresas que han presentado expedientes de regulación de empleo (ERE), recoge indemnizaciones de 25 días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv).

El pasado 8 de noviembre tres de las seis empresas del grupo Llanera que se encuentran inmersas en concurso de acreedores presentaron solicitud de expediente de regulación de empleo, que plantea la extinción del 72% de los 328 contratos vigentes.

El auto dictado hoy por el juez acepta el acuerdo alcanzado el día 7 y que afecta a 156 de un total de 175 trabajadores, cuyos contratos podrán extinguirse con efectos inmediatos.

Llanera Construcciones, Obras y Proyectos SL es la empresa del grupo que mayor número de trabajadores tiene en plantilla en estos momentos y, tras el ERE, sólo permanecerán en ella 19.

Según el Tsjcv, el magistrado autoriza a la empresa a comenzar a extinguir los contratos de los trabajadores desde hoy mismo con la obligación de adjuntar el auto judicial a la carta de despido.

Contra el acuerdo cabe recurso de suplicación, así como del resto de recursos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos afecte a la tramitación del concurso.

El plazo para el ejercicio de las acciones que los trabajadores puedan ejercer contra este auto empezará a contarse desde la comunicación del despido.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia tiene pendiente de resolver el ERE de Llanera Urbanismo Inmobiliaria SLU, que propone extinguir 46 de los 74 contratos indefinidos que tiene en estos momentos, por lo que su plantilla quedaría reducida a 28 trabajadores.

Por su parte, Llanera SL se quedaría con 45 trabajadores, al extinguir 34 de los 79 contratos vigentes.

En estos dos últimos casos, el juzgado tiene que abrir el período de consultas a las partes (administración concursal y representantes de los trabajadores) para que intenten llegar a un acuerdo y, cuando se alcance, debe ser informado por la autoridad laboral antes de que resuelva el magistrado. EFECOM

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LA URBANIZACIÓN DEL “TERRER ROIG”: EJEMPLO PRACTICO DEL COMPADREO URBANISTICO.

Hace ya diez años, en estos dias, que tuve que soportar como alcalde de L’Alcúdia de Crespins la mayor presión ejercida sobre ningúna autoridad local democráticamente elegida desde que en 1979 se instauraron de nuevo los ayuntamientos democráticos. Quiero, de forma consciente, hacer abstracción de la peligrosa tensión y de las consecuencias políticas posteriores para centrarme en los hechos concretos que dieron lugar a una de las batallas políticas más sucias que haya podido conocer en mi dilatada vida pública.

Pretendiamos desde el ayuntamiento urbanizar el sector urbanistico del Terrer Roig, un Plan Parcial en el que ya existían edificaciones predeterminadas, con una superficie total en torno a los 80.0000 metros y una tipología de baja densidad con parcelas aisladas. El ayuntamiento integraba una empresa mixta que había realizado el desarrorro urbanístico del Polígono Industrial “El Canario” y pretendía hacer lo mismo con este sector, del cual obtendría 8.000 metros cuadrados para la construcción dels Istituto de Secundaria que, después contemplarse en el Mapa Escolar antes de 1995, fué borrado de un plumazo del mismo despues de la victoria electoral del PP en las Elecciones Autonómicas de 1995 en la Generalitat Valenciana.

El tortuoso camino seguido por el expediente urbanístico para hacer realidad la urbanización de un sector al amparo de la Ley, encalló en el unas cuantas querellas penales contra mí, obviando cualquier paso prévio de caracter contencioso-administrativo que era el adecuado para que se subsanaran cualquier tipo de irregularidades que se hubieran podido cometer en el tránsito administrativo. El objetivo era triple: cazar al hombre y arrojar sobre el toda la porquería posible, producir un cámbio político local en el gobierno municipal y que los impulsores de tamañas barbaridades pudiesen  obtener pingües beneficios a través de la urbanización del sedctor y de otros en los que ya operaban. La victoria derl PP y el desconcierto en el PSOE creaba el marco donde se desarrollaron todas aquellas actuaciones perversas y crueles. Situaciones nada diferentes de las que se pudieran educir de mentes adoctrinadas por el fascismo más brutal.

Inoculado con exito el virus de la desconfianza en el seno del PSOE local y puesto en duda el liderazgo del alcalde, era facil e un contexto de debilidad en los ámbirtos de la Dirección Nacional del PSPV-PSOE, rematar ese cometido con unas elecciones primarias extemporáneas. Las querellas penales encadenadas en mi contra que me obligaban a tener que pagar de mi bolsillo particular mi própia y defensa puso en almoneda mi equilibrio económico familiar por los honorarios que tenía que abonar dado que en el tipo de querella elegido por una Asociación de Propietarios del Terer Roig creada al efecto impedía que mi defensa fuera abonada por el ayuntamiento y, por último, el desarrolló del sector urbanístico fué “pactado” con los propietarios.

Los tres objetivos estaban aparentemente cumplidos. Pero la história se escribe a lo largo del tiempo y en estos momentos, después de todo el dolor que he tenido que soportar, creo que la verdad va emergiendo, las razones se van clarificando y, a pesar de todas las amenazas e insultos de las que he sido objeto en los últimos diez años; de las vejaciones que han tomado cuerpo tipográfico en los medios de comunicación, decidí guardar silencio, esperar el desarrollo de los acontecimientos y actuar en consecuencia en cada uno de ellos. En estos momentos de paralización del proyecto del desarrollo del sector que hace unos meses se adjudicó a Llanera, quiero exumar las notas de resumen de un documento de análisis del expediente urbanístico que pueden arrojar luz sobre lo afirmado más arriba y mostrar a los ciudadanos y ciudadanas que durante veinte años depositaron su confianza en mi gestión al frente del ayuntamiento que, con todas las equivocaciones del mundo, no se equivocaron al depositar la papeleta de voto en 1979, 1983, 1987, 1991 y 1995. Después sacaremos unas breves consecuencias..

Notas sobre el convenio urbanístico “Terrer Roig”

  Se ha sometido a nuestra consideración un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Alcudia de Crespins, representado por su Alcalde Presidente, y el matrimonio formado por D. J.N. y Dñª I.M., propietarios de terrenos en la Unidad de Ejecución del Sector “Terrer Roig”. 

Según se señala en el Convenio, su objeto es el de “agilizar la gestión urbanística y alcanzar conformidad acerca de la totalidad de los parámetros que informan el Proyecto de Reparcelación en periodo de revisión”. 

Se señala también en los antecedentes del mismo que con la ordenación pormenorizada que tiene la Unidad de Actuación, con una parcela mínima de 400 m2 para edificación de vivienda unifamiliar, “no se hace viable la construcción de viviendas sociales”. Tomando como base este inconveniente, se pretende con este convenio “sustituir los terrenos que le corresponden en la actuación (al Ayuntamiento, 10 % de aprovechamiento), por su equivalente económico”. Se pretende conseguir dicha finalidad, agregando a la superficie adjudicable a cada finca aportada “la complementaria resultante de las cesiones a favor del Ayuntamiento, ponderada según la configuración de la parcela y la solicitud de incremento formalizada por los interesados”. Debe entenderse que se trata de un modelo generalizable a todos los distintos propietarios que tienen terreno en la Unidad de Actuación.

 Alcance de estas notas. 

Para la elaboración de estas notas se ha dispuesto únicamente del convenio que analizamos. NO disponemos de ningún otro antecedente, ni documental ni material. Por tanto las consideraciones que aquí se realizan están limitadas por esta circunstancia, pudiendo incluso llegar a ser discordantes con los antecedentes o con la realidad sobre la que se opera. Teniendo en cuenta esta limitación haremos las siguientes, 

Consideraciones 

Primera.- La primera consideración a realizar consiste en el hecho de que si lo que pretende el convenio es salvar el inconveniente de la inviabilidad de promover viviendas protegidas porque la parcela mínima es de 400 m2 para vivienda aislada unifamiliar, desde luego con las medidas que arbitra el convenio esto no se hace posible. Y ello por dos motivos; 

1.- Porque el proyecto de reparcelación es un instrumento de gestión y por su naturaleza no permite determinar la parcela mínima ni la tipología de edificación de la unidad a que se refiere. Esto, parcela, aprovechamiento y tipo de edificación, corresponde a los instrumentos de planeamiento, no a la reparcelación. 

2.- Porque si no es posible la vivienda protegida en parcelas de 400 m2 menos lo será en parcelas con mayor superficie al verse estas incrementadas con la proveniente de añadir el 10 % de aprovechamiento del Ayuntamiento. Salvo que se modificara el aprovechamiento y se incrementara la edificabilidad, pero esto no corresponde al proyecto de reparcelación, sino a un instrumento de planeamiento.

  Segunda.- Con la consideración anterior se hace inviable el convenio que analizamos para la finalidad que el mismo expresa. La ley contempla la posibilidad de que el aprovechamiento del 10 % que corresponde a la Administración se pueda monetarizar y no recibir en terrenos, pero desde luego lo que no tiene amparo legal es que el Ayuntamiento convenga directamente con los particulares, sin concurrencia, para la enajenación de sus suelos, que es lo que se hace en el caso que nos ocupa.

 Todo lo anterior amén de que un instrumento administrativo, la reparcelación, no es el adecuado para la transmisión de inmuebles, pues debería enajenarse con los procedimientos correspondientes de publicidad y concurrencia y posteriormente elevarse a escritura pública como determina el Código Civil. 

Tercera.- Si bien el convenio tiene una redacción confusa e imprecisa técnica y jurídicamente, tenemos que pensar que realmente lo que se pretende es una monetarización del 10 % municipal a favor de todos aquellos propietarios que quieran ampliar sus fincas resultantes. Esta monetarización se hace al precio de 8.500 pesetas, en su equivalente en Euros, el metro cuadrado de suelo. Estas valoraciones tendrán que estar avaladas técnicamente y tendrán que tener reflejo y coincidencia con el proyecto de reparcelación que se apruebe. 

Cuarta.- No se entiende por qué en la última cláusula del convenio se alude a la aprobación del proyecto por parte de los órganos de la Administración autonómica, toda vez que la reparcelación se aprueba definitivamente en sede municipal. Es posible, extremo que desconocemos, que se este refiriendo a la aprobación del plan parcial del programa de actuación que al venir de un expediente de homologación si tendrá que aprobar su modificación los órganos de Generalitat. 

Quinta.- Finalmente, en cuanto al anexo que se une al convenio, se observa que se esta operando con m2 de superficie para referirse al resultado de la reparcelación cuando lo que se atribuye a los propietarios son unidades de aprovechamiento lucrativo.

Creo que, con independéncia del lenguaje farragoso de la jerga urbanística, puede colegirse de manera muy clara:

1. Que, si el proyecto del Plan Parcial se ha abonado a sus autores iniciales es porque las sentencias judiciales así lo han ordenado y si se ha modificado la reparcelación, esta no puede ser base de una modificación del procedimiento de desarrollo ni del propio documento que, sustancialmente, es el mismo que el de 1997.

2. Que la base sobre la que sustenta el convenio que “desbloquea” el desarrollo del sector es la construcción de presuntas viviendas de VPO no cuela, porque no es posible ni lo contempla el uso del suelo del Terrer Roig.

3. Que el 10% de Aprivechamiento Tipo que corresponde que los propietarios cedan al ayuntamiento (es decir a todo el pueblo) e integrar el Inventario de Património Municvipal de Suelo, ha sido vendido directamente a los propietarios para que mejoren sus propiedades y ven, con este convenio, incrementada su superficie, su edificabilidad y el valor monetario de sus propiedades.

4. Que no puede firmarse por la autoridad municipal un convenio enrevesado y fragil cuando está en juego el suelo para las dotaciones e infraestructuras de todos los alcudienses. En el sector las dotaciones incorporadas ya han sido pagadas por el erario púiblicvo porque son la Guardería y todo el complejo del polideportivo que cae dentro de la delimitación del sector.

La adjudicación a Llanera del desarrollo urbanístico del “Terrer Roig” completa el circulo que apuntaba; lo malo es que Llanera se ha roto y el castillo de naipes se cae. Lo que decia en mi comentario de hace algúnas semanas: en política no hay casualidades pero a veces no todo sale bien para quen traza los planes.

Estos son los datos y quean muchos interrogantes en el aire que los responsables tendrán que explicar, porque la evidencia de la premeditación y la alevosía está más que demostrada. Harían bien los ciudadanos en ver el expediente porque la Ley del Suelo permita y anima la participación ciudadana fiscalizadora y actuar en consecuencia, porque es bastante crudo de digerir que Llanera haya pagado a particulares en la REVA a 72.000 pesetas el m2 de suelo rustico con espectativas de recalificación (Ver periodico Las Provincias de hoy) y el ayuntamiento de nuestro pueblo vendiera a palo seco, cada metro cuadrado que corresponde al pueblo al irrisorio precio de 8.500 pesetas de suelo urbanizable con proyecto aprobado.

¿Que como se llama eso?. Ustedes mismo, respondanse en conciencia y actúen en consecuencia.

VICENT VERCHER GARRIGÓS.

P.D. Por cierto los paguas de los Reyes Magos no hay que devolverlos, Llanera invita. 

LA PARONAL CALCULA QUE EL PARÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DURARÁ TRES AÑOS.

La patronal calcula que el parón en la construcción de pisos durará tres años

El presidente Juan Eloy Durá estima en 30.000 los empleos afectados por el cambio de ciclo

C. VÁZQUEZ – Valencia – 12/10/2007

 

No quieren hablar de crisis, pero sí reconocen que en los próximos dos o tres años la construcción de viviendas caerá después de 10 años de expansión. “Son momentos de recesión, en los que se crecerá poco e incluso se bajará con respecto a 2006”, declaró ayer el presidente de Fevec, asociación valenciana de pequeños y medianos constructores, Juan Eloy Durá. El presidente estimó en 30.000 los empleos que pueden verse afectados por esta desaceleración si no son absorbidos por otras actividades. La patronal trabaja ahora por introducirse en mercados como el rumano, el ruso o el marroquí.

 

 

La noticia en otros webs

Aidico se unirá al Gobierno rumano para gestionar fondos europeos

El director del Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico), Ramón Congost, negó que el sector se encuentre en crisis. “Los datos de Aidico muestran un aumento de la inversión inmobiliaria en España”, por tanto, añadió, la sensación de alarma es injustificada. “Es un cambio de ciclo normal y corriente y no debe de ser traumático”, agregó.

Eloy Durá, por los mismos derroteros, insistió en que la solidez de la mayoría de promotores inmobiliarios valencianos está fuera de toda duda, aunque siempre existen empresas con rápidos crecimientos, pero que no son representativas del sector. “El auténtico varapalo ha sido la subida de las hipotecas”, apostilló el responsable de Aidico, quien subrayó que las empresas no están “para nada” alarmadas.

El presidente de Fevec agregó que en 2007 se levantarán unas 30.000 viviendas menos y que esta reducción afectará a otros tantos empleos directos, en el aire si no son reabsorbidos por la reactivación de la vivienda protegida y a precio tasado, o por la industria. Eloy Durá pidió a la Administración que impulse este tipo de viviendas para evitar males mayores.

Por si las moscas, Fevec ha apostado por tantear los mercados extranjeros en busca de nuevas oportunidades de negocio. Así, han visitado dos veces Marruecos, se han entrevistado con autoridades rusas, han viajado a Miami y más recientemente a Rumanía. En unos meses recorrerán algunas zonas de China.

En Rumanía, país al que la UE ha asignado 38.000 millones de euros de fondos europeos para el periodo 2007-2013, los constructores valencianos ven grandes posibilidades de inversión, sobre todo en vivienda y en obra pública. “Existe una auténtica euforia. Todo está en venta, sobre todo el suelo, y la falta de infraestructuras, de hoteles y otros equipamientos es notoria”, agregó Congost. Este dijo que el mercado de Bucarest, la capital del país, no es barato. Los alquileres oscilan entre los 1.200 y los 2.500 euros mensuales.

Aidico ha ofrecido al Gobierno rumano su experiencia en gestión de suelo y en construcción. De hecho, tiene prevista la creación de una fundación con el Gobierno rumano para gestionar estos fondos europeos. “El puerto de Constanza se tiene que ampliar, también hay en cartera proyectos de nuevos puertos deportivos e incluso la instalación de pistas de esquí en los Cárpatos”, abrevió el director de Aidico.

Los contactos con Rumanía se extienden también al intercambio de formación y de personal. Según el presidente de Fevec, los 75.000 rumanos que trabajan en la construcción valenciana serían un activo más a la hora de introducirse en el mercado del este. Las oportunidades de inversión en vivienda no llegarán antes de dos o tres años, predijeron los constructores.

El plan de internacionalización de 2008 de Fevec incluye misiones a otros destinos del este de Europa, Marruecos, Ucrania, Brasil, Emiratos Árabes y Rusia. En Nueva York proseguirán con los contactos necesarios para que los asociados obtengan la clasificación para optar a los concursos internacionales de adjudicación de obras que convoca la ONU.

En esta ofensiva internacional, el instituto Aidico ha estrechado lazos con la Universidad de Florida, con la que ha suscrito un convenio sobre nuevos materiales y sostenibilidad. Ramón Congost explicó que el instituto valenciano es pionero en nanotecnología (investigación en nuevos materiales) y anunció que si la Generalitat proporciona los solares, se creará un centro especializado en nanotecnología en el Parque Tecnológico de Paterna, en el que trabajarán 150 investigadores de las cinco universidades valencianas. Mientras tanto, el instituto ha convocado para los próximos 5 y 6 de noviembre el primer congreso internacional de esta especialidad en Valencia.

“Luchamos con Barcelona y Madrid y, de momento, sólo hay inscritas 40 empresas valencianas y nos gustaría que hubiera 200”, fue la llamada de Congost. Los nuevos materiales y la sostenibilidad serán la clave del sector de la construcción.

El País. Comunidad Valenciana.

VALENCIA: ¿FORMULA 1 O FORMULA MAGISTRAL PARA FORRARSE LOS AMIGOS DEL PP?

lunes, 08 octubre 2007

“elplural.com” DENUNCIA “TRAMPAS DE SALIDA” EN LAS OBRAS DEL CIRCUITO DE FÓRMULA 1 EN VALENCIA, PORQUE FRANCISCO CAMPS Y RITA BARBERÁ SE SALTAN LAS REGLAS Y FAVORECEN A EMPRESAS AMIGAS

Han sido muchas las voces de colectivos vecinales y ecologistas las que se han hecho oír estos días con fuerza en Valencia, en contra del polémico circuito urbano de Fórmula Uno. En declaraciones a “elplural.com”, Julio Antonio Moltó, representante de la comisión “El litoral que volem” (El litoral que queremos”), de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, resume lo que está sucediendo con estas claras y contundentes palabras: “Se está utilizando el dinero público para intereses privados”.
Cuanto habla y critica este representante vecinal lo apoya en pruebas que considera “irrefutables”. Todas están resumidas en un escrito-denuncia, depositado en la Generalitat y entregado a los medios de comunicación valencianos para que salgan a luz pública los entresijos que se intentan esconder desde el gobierno regional conservador.

Greenpeace y Ecologistas en Acción se suman a las protestas. El glosario de críticas vecinales, además, cuentan con el respaldo expreso de organizaciones ecologistas, como Greenpeace y “Ecologista en Acción”. Se pide, antes que nada, a la Consellería de Infraestructuras que explique por qué no se ha llevado a cabo un estudio del impacto ambiental, como suele ser preceptivo en este tipo de obras urbanísticas.

Camps y Barberá ponen la “primera piedra”. La Generalitat Valenciana y el ayuntamiento de la ciudad, que preside la alcaldesa “popular” Rita Barberá, intentan saltarse este requisito por una pirueta administrativa. Pese a que Barberá y Camps, pusieron el pasado lunes la primera piedra del futuro circuito en un acto público a bombo y platillo, no consta en ningún documento oficial administrativo que las obras cuestionadas sirvan para construir un circuito, sino como “remodelación y mejoras de barrios”. De esta manera, “se hace la trampa”, señala Julio Antonio Moltó y remacha que son “artimañas” que utiliza el gobierno regional del PP, sin que el ayuntamiento le diga nada “porque es de la misma cuerda política”.

Las obras para empresas amigas. Para colmo de lo que se considera una “actuación fraudulenta” de la Generalitat, desde las asociaciones de vecinos se pone también de relieve que los 41,2 millones de euros – coste de las obras de las dos fases del circuito Fórmula 1 – van a parar directamente a la facturación de empresas, la mayoría de constructores valencianos afines al PP.

El patrón de patronos valenciano, Rafael Ferrando, factura por las obras. Una de estas empresas es Pavasal. Tiene de accionista a Rafael Ferrando, actual presidente de Cierval, la patronal regional valenciana. Este empresario cuenta con la plena confianza del presidente Camps. Lo ha utilizado en sus batallas para reivindicar agua del Ebro, en el seno de la CEOE, de la que es vicepresidente. Además, Ferrando es ahora miembro de la junta de gobierno de la Autoridad Portuaria de Valencia, una de las partes interesadas en las obras del circuito automovilístico. Información completa