EL PSOE INCORPORARÁ A LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL EL COMPROMISO DE REDUCIR LA CARGA ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS, LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO.

 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (d), recibió hoy, en el Palacio de La Moncloa, al secretario general de UGT, Cándido Méndez (i). 

EFE – Madrid – 19/02/2008 16:45
El PSOE incorporará a la Mesa de Diálogo Social el compromiso de reducir las cargas administrativas de las empresas, la participación en la gestión de infraestructuras de capital público y privado y la garantía de la unidad de mercado, anunció hoy el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

El ministro dio a conocer la carta entregada hoy por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a los agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME), en la que propone mantener la continuidad del diálogo social, que ha tenido «excelentes resultados» en la anterior legislatura, pero con un enfoque más amplio para la próxima.

Público.es

ZAPATERO AFIRMA QUE ESPAÑA ESTÁ EN UN «BARCO SEGURO» ANTE LA TORMENTA CREADA POR LA CRISIS HIPOTECARIA DE EE UU.

Zapatero afirma que España está en un ‘barco seguro’ ante la tormenta creada por la crisis hipotecaria de EEUU

BRAGA (PORTUGAL), 19 (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Beatriz Fernández)

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió hoy en que España se encuentra en un ‘barco seguro’ ante la tormenta originada en la economía internacional por la crisis hipotecaria de Estados Unidos.En rueda de prensa conjunta con el primer ministro portugués, José Sócrates, al término de la XXIII Cumbre luso española, rehusó avanzar si el programa electoral del PSOE contemplará alguna medida fiscal de choque para devolver dinero a los ciudadanos y evitar la desaceleración económica. ‘Forman parte del programa electoral’, dijo Zapatero por lo que pidió ‘esperar al programa electoral’.El presidente del Gobierno justificó la ‘solidez’ de la economía española en la creación de tres millones de empleos, el ‘aumento del capital físico y en inversión’ y en un superávit de las cuentas del 2% del PIB, elementos, señaló, que dan a España ‘un margen importante de maniobra para reaccionar’.No obstante, admitió que España tiene un ‘problema de precios’ como consecuencia de la subida de la inflación. ‘Es el principal problema, que como ha explicado el vicepresidente económico va a moderarse, especialmente a partir de marzo, para terminar 2008 seguramente por debajo del 3%’, dijo.

En este sentido, recordó que el Gobierno tiene un conjunto de medidas destinado a las familias ‘muy importante, en materia de subida de pensiones, de subida del salario mínimo interprofesional, de prestación por nacimiento’, junto con la rebaja del IRPF o del Impuesto de Sociedades. ‘Por supuesto seguiremos haciendo todas las medidas que sean necesarias’, señaló.

En alusión a la política económica del presidente estadounidense, avalada, dijo, por personas como el ex presidente de Endesa Manuel Pizarro, ‘fichado’ por el PP, aseguró que las recetas que fracasan son las de los neoconservadores, de cuyo modelo Zapatero dijo estar muy lejos y cerca de un ‘modelo productivo, de cohesión, de bienestar’.

EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
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  «¿Si son ilegales por qué nadie denuncia?»

. Comunitat Valenciana

La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia

El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que «los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad».
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo «la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas».
La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde «no ha existido ningún tipo de publicidad«, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, «los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación«. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.La Comisión Europea incide además en otro detalle, «el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como«, tal como lo denunció en su momento el PSPV. «Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa«.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce «sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública» y «perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación».

Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba «disolver estas sociedades mercantiles» porque en algunos casos había quedado «sin contenido el objeto social de las empresas constituidas».

Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.

RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN: COMPILACIÓN.

Renta básica de emancipación

La Renta Básica de Emancipación ayuda a los jóvenes a sufragar los gastos del alquiler de una vivienda, paga el coste de aval y concede préstamos para hacer frente a la fianza,

A partir de hoy los jóvenes lo tienen más fácil para independizarse de sus padres. Al menos, éste es el objetivo que persigue la Renta Básica de Emancipación, una prestación dirigida a jóvenes de entre 22 y 30 años, que recibirán 210 euros mensuales para ayudar a sufragar los gastos que les supone el alquiler. Para acceder a esta prestación los solicitantes, que serán titulares del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que residan habitualmente, han de tener una fuente regular de ingresos inferior a los 22.000 euros brutos anuales. El Estado aportará, además, 120 euros para pagar el coste de los trámites del aval y concederá un préstamo de 600 euros sin intereses para hacer frente a la fianza. Esta medida, en vigor desde hoy, es compatible con las deducciones por alquiler.

• Autor: Elena V. Izquierdo | 
• Fecha de publicación: 1 de enero de 2008

Ayudas directas

Jeff

El incremento de los precios de la vivienda durante la última década ha provocado que los jóvenes de España tengan graves dificultades a la hora de acceder a un piso, ya sea en alquiler o en propiedad. Los españoles son los que registran, con respecto al resto de los ciudadanos europeos, una edad más tardía a la hora de emanciparse. Por este motivo, el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha un paquete integral de medidas que faciliten la posibilidad de acceder a una casa y promuevan una emancipación más temprana, así como crear un equilibrio entre el mercado de la vivienda en propiedad y el alquilado, ya que este último sólo representa el 11% del total del parque de viviendas. Entre estas iniciativas destaca la Renta Básica de Emancipación. Se trata de un conjunto de ayudas directas del Estado destinadas al apoyo económico para el pago del alquiler que constituye el domicilio habitual del beneficiario y que se concreta en tres tipos de ayudas:

• El joven recibirá una renta mensual de hasta 210 euros que le facilitará el pago de los gastos relacionados con el alquiler de la vivienda. Se percibirá por meses completos desde el mes siguiente a la solicitud y durante un periodo máximo de cuatro años, sean o no consecutivos.
• Si para poder acceder al arrendamiento de la vivienda necesita un aval, el interesado contará con 120 euros para sufragar los gastos de su tramitación.
• El Ministerio de Vivienda pone a disposición del joven un préstamo sin intereses de 600 euros para poder hacer frente a la fianza. Ésta es la única cantidad que hay que devolver. Se hará cuando se extinga la fianza, al finalizar el último de los contratos de arrendamiento sucesivos formalizados en el plazo de los cuatro años que, como máximo, puede durar la ayuda o cuando se dejen de reunir los requisitos necesarios para optar a la renta.

Estas ayudas pueden llegar a suponer un ahorro de 2.520 euros al año en el alquiler, lo cual asciende a 10.080 euros durante los cuatro años que dura la prestación. El primer mes de arrendamiento suele ser el más costoso pues al pago de la mensualidad se suele unir el desembolso de una fianza y la tramitación del aval, que en algunos casos es necesario. El ahorro del primer mes puede ascender a 930 euros si se suma la fianza (600 euros), la tramitación del aval (120 euros) y la renta mensual (210 euros).

La ayuda puede suponer un ahorro en el alquiler de 2.520 euros anuales, lo que asciende a 10.080 euros durante los cuatro años que dura la prestación

El joven podrá disfrutar de esta prestación un máximo de cuatro años que no tienen por qué ser consecutivos, ya que la ayuda se puede fraccionar. El beneficiario puede optar, por ejemplo, por percibir la renta durante dos años, dejar de cobrarla y, cuando vuelva a necesitarla, si sigue cumpliendo con los requisitos, recibir de nuevo la prestación durante los dos años restantes.

Los beneficiarios

Para poder recibir la renta básica de emancipación hay que cumplir una serie de requisitos:

• Tener una edad comprendida entre los 22 y los 30 años. (La ayuda se deja de percibir el mes en el que se cumplen los 30 años).

• Si hay más de un titular en el contrato de alquiler, la cuantía de la ayuda para cada uno será el resultado de dividir 210 euros entre el número de firmantes

  El joven ha de ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que resida de forma habitual y permanente o, al menos, ser uno de los firmantes. En el caso de que haya más de un titular en el contrato de alquiler, la cuantía de la ayuda a la que cada uno tenga derecho será el resultado de dividir 210 euros entre el número total de titulares. Por ejemplo, en el supuesto de que tres amigos compartan piso y los tres firmen el contrato y cumplan los requisitos, cada uno de ellos recibirá 70 euros.

• El solicitante debe tener una fuente regular de ingresos que le reporte como máximo 22.000 euros brutos anuales. Esto incluye a los trabajadores por cuenta propia o ajena, a los becarios de investigación y a los jóvenes que perciban una prestación social pública de carácter periódico -puede ser contributiva o asistencial, es decir, que se incluyen prestaciones por desempleo o discapacidad-.
• El interesado ha de acreditar una vida laboral de, al menos, seis meses de antigüedad, inmediatamente anterior al momento de la solicitud o una duración prevista de la fuente de ingresos de seis meses. Si el joven ha estado trabajando el semestre anterior a la solicitud, se puede comprobar directamente en la Seguridad Social. En el caso de que quiera justificar que va a trabajar los próximos meses, ha de presentar una copia del contrato de trabajo.
• El solicitante debe tener la nacionalidad española o la de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo -formado por los 27 países de la UE más Islandia, Noruega y Liechtenstein-. También pueden acceder a la renta de emancipación los jóvenes que, sin cumplir este requisito de nacionalidad, acrediten tener residencia legal y permanente en España. Tendrán que justificarlo con la autorización de residencia permanente que se concede a las personas que han vivido de forma continuada en territorio español durante cinco años.

Aunque cumplan todos estos requisitos, hay una serie de jóvenes que no podrán acceder a la concesión de ayudas:

• Aquellos que tengan parentesco de primer o segundo grado -ya sea de consanguineidad o afinidad- con el arrendador.
• Los jóvenes que ya tengan una vivienda en propiedad, a no ser que acrediten que no disponen de su uso y disfrute, o que esta vivienda tenga un valor catastral que no exceda el 60% del precio máximo de una vivienda protegida de precio general. Para calcular el precio, quien se encuentre en esta situación, deberá pedir la información en el departamento de Vivienda de la Comunidad autónoma en la que esté ubicada la residencia.
• Las personas que sean titulares de un patrimonio superior a 108.182’18 euros.

Además de los requisitos personales básicos que ha de cumplir el joven, existen una serie de exigencias específicas:

• La domiciliación bancaria de esta ayuda se hará en una de las entidades de crédito que colaboren con el Ministerio de Vivienda. -Estas entidades serán seleccionadas previa convocatoria con los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, y podrán acudir tanto entidades públicas como privadas-.
• El número de cuenta desde el que se paga el alquiler también tendrá que estar domiciliado en un banco o caja de ahorros que colabore con el Ministerio. El listado se encuentra en la página web del Ministerio de Vivienda.
• Estar al corriente del pago periódico del alquiler del piso con el que se quiere acceder a la prestación.
• Haber cumplido las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Formulario

La solicitud para percibir la Renta Básica de Emancipación se puede presentar a partir del 1 de enero de 2008, día en el que entra en vigor el Real Decreto que regula la prestación. La información se puede pedir en el departamento de Vivienda autonómico, en la página web del Ministerio www.vivienda.es, o www.alquilerjoven.es y en el número de teléfono 900900707. Para obtener la ayuda hay que presentar la solicitud en la consejería de Vivienda de la comunidad autónoma en la que esté situado el piso de alquiler. Se hará rellenando el impreso que ha establecido el Ministerio. En él se señalará lo siguiente:

• Datos personales: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección a la que el solicitante quiere que lleguen las notificaciones, DNI o Número de Identificación de Extranjeros y el número de la Seguridad Social. Si el joven no tiene este último dato, ha de aportar el régimen de previsión social al que está adscrito. Quien tenga una vivienda que no sobrepase el precio establecido por la Ley y, por tanto, pueda beneficiarse de la obtención de la renta, indicará el número de referencia catastral del piso. También se puede señalar el número de móvil para que las notificaciones se hagan por SMS.

En otro apartado se señalan los datos relativos al contrato de alquiler. En él se indica la dirección del domicilio arrendado, el número de inquilinos titulares del contrato y la referencia catastral que identifica la vivienda. Este dato aparece en los contratos de alquiler, pero en el caso de que no sea así, se le puede pedir al arrendador u obtenerlo en la Dirección General del Catastro http://ovc.catastro.meh.es

En el apartado sobre el arrendador se señalará su nombre y apellidos, NIF, NIE o CIF y su número de cuenta, a la que mensualmente hace su transferencia el joven para pagar el alquiler. Además hay que indicar la cuenta desde la que el solicitante envía el dinero. Si el número de cuenta en el que se quiere recibir la renta es distinto, se indicará en el formulario.

Si el joven todavía no tiene contrato de alquiler puede indicarlo en el impreso y, de esta manera, puede optar también a recibir la renta.

Concesión de la ayuda

A la hora de hacer la solicitud hay que entregar el formulario debidamente cumplimentado y una fotocopia del contrato de alquiler. Posteriormente, se requerirán los documentos que acrediten que lo incluido en el formulario es cierto, aunque en algunas comunidades pueden pedir que el interesado presente, junto al impreso, otra documentación que demuestre que cumple algún requisito exigido.

El órgano competente de la comunidad autónoma donde se ubique la vivienda comprobará que se cumplen todos los requisitos necesarios para percibir la Renta de Emancipación y lo comunicará en el plazo de dos meses. Si la solicitud se presenta en enero y no se concede hasta marzo, el beneficiario tendrá derecho a recibir la ayuda correspondiente al mes de febrero en adelante. En los convenios de colaboración para la gestión conjunta de esas ayudas se establece que será la comunidad autónoma quien tramite las solicitudes y reconozca el derecho a recibir la prestación. El Ministerio de Vivienda, por su parte, será quien abone directamente las ayudas a los beneficiarios.

A los jóvenes que aún no tengan el piso alquilado, se le concederá la ayuda provisionalmente y, desde ese momento, tendrán tres meses para formalizar un contrato

La comunidad autónoma notificará la resolución al interesado y, simultáneamente, comunicará al Ministerio de Vivienda, a través de un sistema automatizado, el derecho del joven a percibir la renta. Una vez que se compruebe que el solicitante ha realizado la transferencia del pago del alquiler mensual al propietario, se ingresará al joven en su cuenta bancaria el importe de la prestación. La cuenta ha de pertenecer a una de las entidades colaboradoras para que mensualmente se pueda comprobar que se realiza el pago puntual del alquiler. Éste se hará por medio de transferencia bancaria solamente desde esa cuenta en un único pago cada mes, con independencia del número de titulares por contrato. El importe mensual deberá ser fijo y restringido sólo a la mensualidad (sin incluir otros conceptos como gastos de servicio u otros que, en todo caso, deberán hacerse de manera independiente). El pago se realizará mediante una orden permanente de transferencia u orden de transferencia periódica, firmada por todos los inquilinos, que ejecuta el pago periódicamente y evita así olvidos o retrasos.

El joven que quiera acceder la renta y todavía no tenga el piso alquilado lo señalará en la solicitud. Si se comprueba que cumple con todos los requisitos, se le concederá provisionalmente y tendrá, desde ese momento, tres meses para formalizar el contrato de alquiler. Presentará entonces una nueva solicitud y la comunidad autónoma comprobará los datos y comunicará el reconocimiento definitivo de la renta. Inmediatamente, el Ministerio de Vivienda ingresará la ayuda en la cuenta bancaria del solicitante, desde el mes en que se presente el contrato de alquiler.

Compatibilidades e incompatibilidades

La Renta Básica de Emancipación es compatible con la aplicación de las deducciones que se puedan establecer a favor de los inquilinos en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A partir de la declaración de la renta de 2008, que se presenta en 2009, se podrá deducir el hasta el 10’05% de lo que se pague por el alquiler de la vivienda, siempre que se tenga unos ingresos anuales por debajo de los 24.000 euros netos. Está previsto que la entrada en vigor de esta medida beneficie en su primer año a más de 700.000 familias. La Renta de Emancipación también es compatible con las subvenciones o beneficios fiscales que establezcan las comunidades autónomas.

Un joven que reciba la prestación mensual de 210 euros no podrá disfrutar simultáneamente de las ayudas al inquilino financiadas en virtud del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Tampoco podrán acogerse a la prestación los arrendatarios cuyo domicilio habitual esté sometido a algún régimen de protección pública que establezca límites a su renta máxima en alquiler.

Como se trata de una medida de carácter coyuntural, su mantenimiento está supeditado a la valoración periódica de su eficacia para lograr los objetivos para los que ha sido concebida. Por este motivo, antes del 31 de diciembre de cada año, el Ministerio de Vivienda presentará un informe de seguimiento y evaluación ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el plazo máximo de cuatro años, transcurridos desde la entrada en vigor del Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación, es decir, desde el día 1 de enero de 2008, el Ministerio de Vivienda elevará al Consejo de Ministros un informe de seguimiento y evaluación de los resultados de su aplicación proponiendo su mantenimiento, modificación o derogación.

LA MINISTRA DE LA VIVIENDA SE COMPROMETE A ABONAR LA AYUDA A LA VIVIENDA JOVEN 15 DÍAS DESPUÉS DE QUE SEA APROBADA LA SOLICITUD.

Chacón anuncia que Vivienda abonará la renta 15 días después de aprobar la solicitud

Hasta ayer cerca de 200.000 jóvenes de toda España han adquirido el formulario para conseguir la Renta Básica de Emancipación

El Ministerio de Vivienda abonará las ayudas de la renta básica de emancipación en quince días, una vez sea aprobada la solicitud correspondiente por parte de los servicios de las comunidades autónomas, según afirmó ayer la ministra Carme Chacón.

financiero digital/efe madri

Esta renta contempla ayudas de 210 euros mensuales para los jóvenes de entre 22 y 30 años que desean alquilar un piso y dispongan de ingresos regulares de menos de 22.000 euros brutos anuales, entre otras subvenciones, como 600 euros para la fianza del alquiler. Chacón indicó que el máximo de tiempo de que dispone el Ministerio para responder a las solicitudes es de dos meses pero que espera puedan reducirse a quince días, tras ser aprobadas por las diversas comunidades autónomas con competencias en vivienda. Hasta ayer, cerca de 200.000 jóvenes de toda España adquirieron el formulario para conseguir la Renta Básica de Emancipación, la denominada ayuda para el alquiler. A las más de 100.000 descargas que se produjeron el miércoles, ayer hay que sumar otras 34.200 de jóvenes que han accedido a los formularios a través de la página http://www.alquilerjoven.es y otros 30.000 que los han solicitado a través de la web del Ministerio. A través de los sitios de Moncloa, Consejo de la Juventud de España, Ministerio de Administraciones Públicas y Sociedad Pública de Alquiler, con los que se ha reforzado la red, se han producido más de 8.000 descargas de solicitudes. A esta cifra hay que sumar los 18.000 jóvenes que, según estima el Ministerio, han acudido físicamente a las oficinas de Vivienda de sus respectivas comunidades o ciudades autónomas. El Ministerio prevé que 360.000 jóvenes españoles accedan a estas ayudas durante este año, pero «si lo piden el doble, se concederá el doble de ayudas», dijo Chacón, que añadió que «cuantos más jóvenes sean mejor», porque España está a la cola de Europa en emancipación juvenil. También se ha reforzado el servicio telefónico, ya que recibió 53.000 llamadas en una mañana, «el doble que en todo el mes de diciembre», dijo la ministra, que atribuyó la «solicitud masiva de ayer (por el miércoles)» al gran número de jóvenes que «trabajan y quieren emanciparse pero el precio de la vivienda no se lo permite». Por otra parte, la ministra de Vivienda aseguró que «no vamos a permitir» que se cometan abusos en el incremento de los alquileres y que, de hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos no permite que se incremente el precio del alquiler más allá del IPC mientras está vigente el contrato. Además, rechazó que las ayudas al alquiler provoquen un efecto inflacionista en el mercado de la vivienda y que el Plan de la Vivienda facilita ayudas y productos de seguros que garantizan a los arrendatarios posibles impagos y desperfectos.

TREINTA BANCOS Y CAJAS ESTÁN ATRAPADOS EN LA RED DE LLANERA CON UNA DEUDA DE 432,65 MILLONES DE EUROS.

Treinta bancos y cajas están atrapados en la ‘red’ de Llanera con una deuda de 432,65 millones

Gustavo Granero | 9:45 – 26/12/2007    http://www.ElEconomista.es

Cuando sonó la flauta de Fernando Gallego, presidente del grupo inmobiliario Llanera -que soporta un concurso de acreedores tras suspender pagos-, todos cayeron rendidos a su música. Los principales bancos y cajas de este país sucumbieron a la llamada del promotor valenciano, aflorando, de paso, fallos masivos en sus sistemas de control de riesgos.

Pero, ¿qué pudo pasar para que una treintena de entidades quedasen hipnotizadas en Llanera? Como en la fábula del flautista de Hamelín, Gallego hizo sonar la música, se rodeó de la banca que opera en España y después la precipitó por el abismo al que conducen los impagos.

Más allá del parecido, por hipnotizador, con la leyenda de los Hermanos Grimm, la inmobiliaria Llanera dejó deudas por 432,65 millones de euros a una treintena de entidades financieras al cierre de 2006, según el último informe de auditoría, que reconoce una deuda total con todos sus acreedores de 748,16 millones. De la financiación con bancos y cajas, 300,78 millones eran a largo plazo, y 131,87 millones a corto plazo.

No sólo eran Bancaja o CAM

En un principio, sólo saltaron a la luz las inversiones de Bancaja, CAM y Lehman Brothers. Aunque es cierto que ellas soportan la mayor parte de la deuda también es verdad que los daños colaterales del hundimiento de Llanera afectó a todo el barco. En concreto, son 13 bancos (Santander, BBVA, Popular, Banesto, Sabadell, Banco de Valencia, Pastor, Guipuzcoano, Gallego, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays y Citi); otras 13 cajas de ahorro (La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, CAM, Caixa Catalunya, Unicaja, Caja España, Cajasol, Cajasur, Sa Nostra, Granada, Caixanova y Ontiyent). Ellos fueron el brazo financiador, aunque la lista de acreedores totales se cuenta por miles.

Un largo y complejo proceso

Bancos y cajas esperan recuperar sus inversiones. Sin embargo, el proceso puede durar un año, ya que el juez y los administradores concursales tienen mucho trabajo por delante: «Hay que analizar bien el convenio que se propondrá para renunciar a una parte de la deuda y valorar adecuadamente los activos de la empresa», explica a elEconomista Carlos Pavón, letrado de Iure Abogados, que representa a 40 acreedores. Algunas empresas consideran que se está haciendo una liquidación algo prematura.

Según la documentación que obra en poder del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, a la que ha tenido acceso este periódico, Banesto tiene una deuda de 4,8 millones, al menos, con cinco de las seis sociedades del grupo Llanera (ver más en información de recuadro). Según el dossier, Barclays concedió créditos por 900.000 euros, mientras que BBVA reconoce una deuda de casi medio millón de euros con una de las empresas del grupo inmobiliario.

Dentro de las cajas, los destrozos son similares. Las más castigadas por la suspensión de pagos de Llanera -junto a Bancaja y CAM- son Caja Duero y Caja Sur . Les sigue Caixa Catalunya, con más de dos millones en créditos, Caixanova y Sa Nostra (Baleares) con un millón y medio de euros, al menos. Además, Unicaja y Caja España habrían concedido financiación por alrededor de un millón. No podría faltar Caja Madrid, con 305.512 euros.

Pero la mayor inversión la dieron otros. Bancaja reconoció una deuda con las empresas de la inmobiliria de 92 millones, que está regularizando con la promotora. Su participado Banco de Valencia les confió 28 millones, mientras que la CAM le habría otorgado entre 30 millones y 40 millones. No obstante, las cajas dejaron claro que la mayoría de estos créditos contaban con garantías más que reforzadas. Fue un banco extranjero, Lehman Brothers, el que se llevó la palma, con un préstamo de más de 148 millones de euros, que vencía en enero. Pero ha habido acuerdo.

LOL MULTIMILLONARIOS SOBRECOSTES DE LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS VAN EN CONTRA DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Y SANITARIOS.

La Ciudad de las Artes cuesta de más como una nueva Fe y media

J. L. OBRADOR. 21.12.2007

• El gasto extra que acumula todo el complejo de Calatrava suma 431,4 millones de euros.
• El presupuesto del futuro hospital que se construye en Valencia es de 269 millones.
• El Síndic de Comptes denuncia que Calatrava cobra 861.000 euros que no le corresponden.

El sobrecoste que acumula la Ciudad de las Artes y las Ciencias alcanza los 431,4 millones de euros, según el informe de 2006 del Síndic de Greuges. Con este dinero de más gastado (un 238% de incremento respecto al presupuesto inicial) se podría haber construido 1,6 hospitales como la nueva Fe que se está levantando en Malilla. El presupuesto de este macrocentro sanitario es de 269 millones de euros (216 corresponden a la obra y 53 al equipamiento).Sólo en el Palau de les Arts, hasta finales de 2006 (es decir, antes de reparar incidentes como los provocados por las inundaciones de octubre) se llevaban gastados 345 millones (un 316% más de lo previsto), una cantidad por sí sola superior a lo que costará el hospital.

En el documento que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, el Síndic recomienda evitar modificaciones que alteren los proyectos iniciales, ya que repercuten en el precio y en el plazo de las obras.

Calatrava, dinero extra

Según el informe el creador de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Calatrava, ha cobrado ya, por adelantado, 3.962.125 euros por el proyecto y ejecución del Ágora, la plaza porticada que servirá como punto de esparcimiento de este recinto. Sin embargo, Calatrava debería percibir 3.100.493 euros.

La trampa está en que su retribución se calcula sacando el 7,5% del coste del proyecto y la ejecución de las obra, pero esta cifra ha variado. En un principio, el Consell estimó que rozaría los 53 millones de euros, pero al final se adjudicó por 41,3 millones. Pese a esta rebaja, los honorarios de Calatrava se siguen calculando sobre la cifra superior, con lo que percibe los 3,9 millones, un 25% más de lo que le toca.

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AL CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID, JUAN JOSÉ GÜEMES, YERNO DEL SOSPECHOSO CARLOS FABRA (PP), LE EXPLOTA UN CASO DE FAVORITISMO EN LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS CON 55,4 MILLONES DE EUROS AL CANTO

El servicio de ambulancias urgentes que ofrece la Comunidad de Madrid (Summa 112) fue adjudicado en 2006 a la única empresa que se presentó al concurso, Isolux Corsan, pese a que ya entonces incumplía el pliego de condiciones. Al hacer su oferta, no tenía plena disposición sobre el centenar de ambulancias que debían prestar el servicio, como exigen los requisitos de dicho pliego. Informa el diario “El País” en su edición madrileña.
El responsable del departamento de Sanidad del gobierno madrileño que preside Esperanza Aguirre es Juan José Güemes, casualmente casado con Andra Fabra, senadora del PP por “obra y gracia” de su padre, Carlos Fabra, imputado por varios delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ley tributaria. El sospechoso político es presidente del PP en Castellón y de la diputación provincial.

Las ambulancias se ahorran 1,2 millones de euros…No es la única irregularidad la del incumplimiento del pliego de condiciones,. Sigue informando El País. Después, esta adjudicataria no ha cumplido el número de horas diarias que según el contrato debía tener disponibles las ambulancias (1.252 horas diarias), sino que se ha ahorrado 92 horas al día, según las tablas que utiliza el centro coordinador del Summa 112. Por esta razón, Isolux Corsan debe este año más de 40.000 horas de servicio, lo que le supone a la empresa un ahorro de 1,2 millones de euros (el coste de cada hora ronda los 30 euros), sin que hasta ahora la Consejería de Sanidad, de la que depende el Summa 112, se las haya reclamado ni descontado de la factura final, como contempla el pliego de condiciones en su apartado 10.2. Éste también prevé «penalizaciones» si se produce una disminución de horas.

Negocio al canto de 55,4 millones en cuatro años.El servicio Summa 112 sacó a concurso a principios de 2006 la prestación del transporte sanitario terrestre urgente. Pedía una disponibilidad de ambulancias de 1.149 horas al día durante cuatro años a cambio de 55,4 millones de euros.
Ninguna de las cinco empresas que ofrecen este tipo de servicios habitualmente en la región se presentó, aunque sí acudió al concurso paralelo de transporte no urgente que también convocó el Summa 112.

«No nos interesaba», explicó el gerente de Ambulancias Santa Sofía sobre la convocatoria de ambulancias urgentes. También le pareció inasumible la oferta de Sanidad al gerente de Ambulancias SASU, Maximiliano Alonso, que explicó que sólo el personal que va en la ambulancia ya le suponía un coste de 11,8 millones de euros. «¿Cómo cubría yo el resto: gasoil, personal directivo, los vehículos…?», se preguntó. «Si hubiera sido por los profesionales del sector, el concurso hubiera quedado desierto», agregó este directivo.

Una constructora para las ambulancia…Sólo acudió al concurso Isolux Corsan, una compañía dedicada a la construcción, inmobiliaria, ingeniería, concesión y servicios, según figura en su página web. Su portavoz, Jesús Salgado, asegura que han realizado servicios de ambulancia en otras comunidades. Y cita Castilla-León, donde prestan servicio de asistencia a la Tercera Edad. Al presentar su oferta, la empresa redujo el precio de adjudicación del pliego de condiciones en 830.000 euros y aumentó las horas de disponibilidad de ambulancias: se comprometía a proporcionar 1.252 horas al día durante cuatro años por 54,5 millones.

Incumplimiento del artículo 9 del concurso.Con esta oferta ganó el concurso, pese a que incumplía las condiciones: según el pliego de la concesión, en su apartado 9, los licitadores sólo podían ofrecer vehículos sobre los que tuvieran total disponibilidad en el momento de presentar la oferta. Para ello debían contar con permiso de circulación, tarjeta de transporte, certificación sanitaria y seguro, según la convocatoria del concurso.
Pero la adjudicataria se esperó a que le fuera adjudicado el contrato para adquirir el centenar de ambulancias que requería el servicio. Su portavoz lo argumenta así: «Cuando concursamos para hacer una línea de AVE no tenemos todavía la maquinaria necesaria». Al precisarle que incumple el pliego de condiciones, argumenta que el material móvil estaba disponible días antes de que le fuera adjudicado el concurso. Pero no al presentar su oferta.

LAS DICOTOMÍAS DE RUS CON LA EMPRESA LLANERA…¿A QUE SE EXPLICAN POR Sí SOLAS?.

Rus anula dos contratos de la Diputación con la empresa de los Gallego y mantiene los de Xàtiva

Como alcalde ha rechazado resolver las adjudicaciones de tres PAI’s y de la plaza de toros

 

Paco Cerdà, Xàtiva

 El presidente de la Diputació n de Valencia, Alfonso Rus, ha firmado dos decretos para iniciar la resolució n de los contratos suscritos con la mercantil Llanera, Construcciones y Proyectos, SLU, para la realizació n de obras en las carreteras de acceso a los municipios de Quesa y Alborache. En ambos casos, Rus alude como causa para la rescisió n de ambos contratos a «la declaracion de concurso del contratista» y a la petició n del diputado del área de carreteras, Enrique Crespo, «por no considerar conveniente su continuación ». Según viene referido en los dos decretos, firmados ambos el pasado 20 de noviembre, a la mercantil se le concedi an 10 días para alegar.

Se trata del proyecto -adju-dicado por 826.511 euros-, con- sistente en el acondicionamiento de los accesos al municipio de Quesa, correspondientes a la carretera CV-580 de Anna a Dos Aguas. La otra obra anulada a Llanera, SL, por la diputació n es la construcció n de una glorieta de acceso a Alborache.
Esta actitud expeditiva de Rus respecto a Llanera, SL, en la di putació n contrasta con las ges tiones realizadas por el tambié n alcalde de Xà tiva para que el juez autorice a la empresa la subcon- tratació n de las obras que tiene pendientes en Xà tiva.
Desde la oposició n socialista se recordó el miércoles que lo mismo que ha hecho en diputació n puede hacerlo en el ayuntamiento y evitar que se demore la finalizació n de los proyectos. Estas fuentes se han preguntado qué le impide a Rus actuar en Xà tiva con Llanera, SL, igual que en la diputació n.
Por el momento, Llanera, SL, continú a siendo la adjudicataria en Xà tiva de tres PAI residencia- les (El Palasiet, Bola I, Bola II) y un PAI industrial (Albaida). En respuesta, ayer el alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, alegó que no anula los contratos firmados entre el ayuntamiento que dirige y la empresa Llanera, SL, porque todos los proyectos adjudicados en la ciudad a la constructora «ya están en marcha» y, según Rus, la resolución de estos contratos requeriría «la autorización del juez» por estar las obras iniciadas.