Mi amigo del alma, Josep Bodí, me envia este documento que ya hemos cumplimentado más de 7.000 ciudadanos.
Quiere demostrar su solidaridad a Montes y su equipo y reclamar un comportamiento digno de los políticos que nos gobiernan.
Un saludo a todos.
Hacérselo llegar a vuestros contactos ¡¡¡¡PÁSALO!!!! http://www.quemeatiendamontes.com/firma.php
Acompañado de otros facultativos apartados de sus puestos en el centro sanitario, Montes aseguró que ahora empieza «el tiempo de la reparación» y exigió que, «al igual que se hizo una campaña de acoso pagada por la Consejería de Sanidad«, haya otra dirigida a «rehabilitar» el buen nombre de los facultativos perjudicados por este caso y también del hospital.
Montes auguró que, tras el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, habrá «denuncias y querellas individuales y colectivas» por las acusaciones de mala práctica médica que pesaron sobre él y otros médicos colaboradores suyos en el Hospital Severo Ochoa.
El caso fue un «ataque contra la sanidad pública«, que ha derivado en una «pérdida de confianza de los pacientes» en el hospital y, en lo referente a la sedación de los enfermos terminales, en «una omisión de tratamientos en los síntomas al final de la vida» que presentan esos enfermos.
Entre los diez desafíos que señala el informe, hay ocho lugares donde la muerte camina entre los vivos: ocho trozos del planeta con dramas ocultos que los medios no conocen. La mitad de ellos están en África, dos en Asia, uno en América y otro en Europa.
Guerra eterna en el cuerno de África
Somalia. En el país, del que no se tienen datos de PIB per cápita, se estima que viven menos de nueve millones de personas. Estados Unidos y Europa apoyaron la lucha entre las fuerzas del país con los reductos islámicos. La situación dejada por el conflicto es aterradora: decenas de miles de desplazados sin comida ni agua, y los que se quedaron en la capital malviven en campos improvisados.
Un cuarto del país, desterrado
Zimbabue. Doce millones de habitantes, de los que se estima que una cuarta parte han abandonado sus tierras. Inflación, desempleo y uno de cada seis habitantes enfermo de sida.
Cuando la democracia no trae la paz
República Democrática del Congo . Eran las primeras elecciones democráticas en décadas y se esperaba que trajeran la conciliación al país, pero no fue así. El Gobierno sigue combatiendo, con el apoyo de la ONU, contra las fuerzas rebeldes. La mayoría de los 60 millones de habitantes se ha exiliado en más de una ocasión. Sobrevivir no es fácil entre los múltiples grupos armados y la amenaza del cólera arrasando los poblados.
Sin atención médica
República Centroafricana. Dos años de guerra abierta con las fuerzas rebeldes dejan un saldo de cientos de miles de desplazados, aldeas arrasadas y una falta absoluta de asistencia médica.
Todo el país fue Tian’anmen
Birmania. Lo que ocurría tras sus fronteras ocupó las portadas de los periódicos durante un par de semanas, pero después de aquellas manifestaciones pacíficas reprimidas con torturas, nada ha cambiado. La misma Junta Militar que gobierna con puño de hierro el país y deja morir de hambre a sus ciudadanos, impide la actuación de la ayuda internacional.
Matanzas en silencio
Sri Lanka. Los bombardeos selectivos, matanzas, ataques suicidas, explosiones de minas, secuestros, reclutamientos forzados, extorsiones, restricciones de movimientos y detenciones arbitrarias son constantes gracias a los combates del Gobierno con los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil.
Paramilitares y narcotraficantes
Colombia. Los grupos paramilitares y el narcotráfico copan portadas en todo el mundo, pero más allá de la noticia, el efecto de sus actuaciones sobre la población civil pasan por alto: cuatro millones de personas, uno de cada diez habitantes, ha tenido que dejar su hogar; además, las guerras internas bloquean gran parte de las zonas rurales del país e impiden el acceso de la atención sanitaria.
Diez años de herida abierta
Chechenia. Una década después de que Grozny entrara en la diana del Kremlin, la zona sigue ofreciendo un panorama devastador. Por más que los refugiados vuelvan, la pequeña república caucásica, como sus vecinas Ingushetia y Daguestán, siguen siendo el enemigo del que el Gobierno ruso tira cuando tiene que huir de sus propios problemas internos.
Muchas son las causas de los conflictos actuales: guerras religiosas, escasez de agua, guerras trivales… Pero dos destacan entre las demás: las enfermedades y el hambre.
El azote de los bacilos
Tuberculosis. Nueve millones de casos al año, dos de ellos mortales. La tuberculosis es una enfermedad en la que no se ha avanzado desde la década de los sesenta. Erradicada en el primer mundo, constituye una de las principales causas de mortalidad en las regiones más pobres del planeta.
Cuando los niños mueren de hambre
Desnutrición. Cada año mueren cinco millones de niños menores de cinco años por su culpa. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, unos 800 millones de personas en el mundo sufren hambre y desnutrición.
La Ciudad de las Artes cuesta de más como una nueva Fe y mediaEn el documento que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, el Síndic recomienda evitar modificaciones que alteren los proyectos iniciales, ya que repercuten en el precio y en el plazo de las obras.
Calatrava, dinero extra
Según el informe el creador de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Calatrava, ha cobrado ya, por adelantado, 3.962.125 euros por el proyecto y ejecución del Ágora, la plaza porticada que servirá como punto de esparcimiento de este recinto. Sin embargo, Calatrava debería percibir 3.100.493 euros.
La trampa está en que su retribución se calcula sacando el 7,5% del coste del proyecto y la ejecución de las obra, pero esta cifra ha variado. En un principio, el Consell estimó que rozaría los 53 millones de euros, pero al final se adjudicó por 41,3 millones. Pese a esta rebaja, los honorarios de Calatrava se siguen calculando sobre la cifra superior, con lo que percibe los 3,9 millones, un 25% más de lo que le toca.
Las personas con un grado de discapacidad superior al 33% pueden acceder a subvenciones especiales y ayudas para la compra de un coche o una vivienda
El certificado de minusvalía es el documento que reconoce el grado de discapacidad de una persona. Cuando éste es superior al 33%, se puede acceder a una serie de beneficios, como subvenciones específicas para personas discapacitadas, exención de impuestos en la adquisición de un vehículo y ayudas para la compra de una vivienda. Estas ventajas dependen del grado de minusvalía que se acredite. En total, hay cinco categorías.
El certificado de minusvalía permite a las personas con alguna discapacidad tener derecho a percibir una prestación económica o subsidio. Además, es un documento muy útil para acceder a una vivienda, recibir subvenciones especiales para personas discapacitadas o acceder a un puesto de trabajo. Su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorgan los organismos públicos.
El grado de minusvalía se expresa en un porcentaje entre 0 y 100, si bien la ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía. Además, cuando se supera el 25%, a este porcentaje se pueden sumar hasta un máximo de 15 puntos derivados de los factores sociales complementarios que pueden dificultar la integración social de una persona, es decir, el entorno familiar y la situación laboral, educativa y cultural.
En cuanto a la valoración de las situaciones de minusvalía, el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula este aspecto, establece la necesidad de someterse al examen de un tribunal médico oficial, encargado de emitir el dictamen que reconoce el grado de minusvalía. Este tribunal puede depender del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o de las comunidades autónomas que tengan transferida esta función.
La ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía
En su dictamen, los expertos recogen los informes médicos, psicológicos o sociales necesarios para determinar el grado de minusvalía, que puede ser objeto de revisión en los dos años siguientes a su reconocimiento, siempre que se constate una mejoría razonable, se acredite error de diagnóstico o se produzcan cambios «sustanciales» en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la minusvalía.
Las pautas de valoración no se centran tanto en el alcance de la deficiencia, como en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. En este sentido, también son objeto de valoración las enfermedades que cursan en brotes e interfieren en el día a día de las personas que las padecen. Para solicitar el certificado, hay que acudir al departamento de asuntos sociales correspondiente, recoger un impreso de solicitud y someterse a una revisión médica, en los términos que establece la ley. Posteriormente, la persona interesada queda a la espera de la resolución.
La normativa vigente reconoce cinco categorías o grados de discapacidad, ordenados de menor a mayor porcentaje. Cada categoría reconoce un grado de dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, de manera que el primer grupo incluye las deficiencias permanentes que no producen discapacidad y el último grupo, las deficiencias permanentes severas que suponen, incluso, la dependencia de otras personas.
En esta clasificación se incluye la evaluación de los sistemas musculoesquelético, nervioso, cardiovascular, hematopoyético y endocrino, así como los aparatos respiratorio, digestivo, genitourinario y visual, la piel, el lenguaje, las neoplasias, el oído, la garganta y las estructuras relacionadas. No se incluye a las personas con retraso mental, ya que esta circunstancia cuenta con criterios específicos de evaluación al considerarse que las deficiencias intelectuales, por leves que sean, ocasionan siempre un cierto grado de interferencia en la realización de las actividades de la vida diaria.
Las personas discapacitadas a las que se reconoce una minusvalía superior al 33% cuentan con una serie de beneficios. En el ámbito económico, la ley contempla reducciones en la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para trabajadores con una discapacidad superior al 33%. En concreto, El artículo 58 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, establece que los contribuyentes discapacitados pueden reducir la base imponible en 2.000 euros anuales o en 5.000 euros, «si el grado de minusvalía es igual o superior al 65%. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a la hora de adquirir un vehículo sólo deben pagar el 4% en lugar del 16%. Además, las personas discapacitadas están exentas de abonar el impuesto de matriculación y de circulación de vehículos.
Se contemplan reducciones en la base imponible del IRPF, prestaciones económicas y la exención de los impuestos de matriculación y circulación de vehículos
En cuanto a las prestaciones, los progenitores tienen derecho a percibir una asignación económica por cada hijo o hija menor de 18 años con un 33% o más de discapacidad o mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%. Por su parte, las personas entre 18 y 65 años, con una minusvalía reconocida igual o superior al 65% y que carecen de rentas o ingresos suficientes pueden recibir una pensión no contributiva por invalidez. Por último, se reconocen otras prestaciones de integración social de los minusválidos, que comprenden un subsidio de movilidad para gastos de transporte -personas mayores de 3 años con una discapacidad igual o superior al 33%- y asistencia sanitaria y farmacéutica -personas con una discapacidad igual o superior al 33% y que no tienen cubierta esta necesidad-.
Otros beneficios derivados del certificado de minusvalía hacen referencia a la compra de una vivienda, ya que el plan de vivienda 2005-2008 establece la concesión de una ayuda para la compra de viviendas de protección oficial (VPO) y la subsidiación de los intereses del préstamo solicitado. Por su parte, las instituciones autonómicas o locales pueden contemplar otras ayudas individuales para la adaptación del hogar o adquisición de ayudas técnicas, así como zonas de aparcamiento reservado o prioridad en el acceso a un empleo.
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| ENFERMEDADES RARAS |
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| Cuando los pacientes se sienten rechazados por la sanidad |
| Elsemanaldigital.com |
| Una amplia mayoría de los afectados por dolencias minoritarias denuncia el desplazo que sufren por parte de los propios profesionales sanitarios para tratar sus problemas de salud. |
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| 28 de noviembre de 2007. | ||||
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Un estudio llevado a cabo por la Organización Europea de Enfermedades Raras (Eurordis) en 23 países refleja la triste realidad a la que se enfrentan los miles de afectados por enfermedades raras en Europa.
El 69% de los 6.000 pacientes encuestados afirma sentirse rechazado por los profesionales sanitarios, tal y como se recoge en el informe presentado este miércoles en Lisboa. La complejidad de estas enfermedades es la principal causa de este rechazo y quien peor lo tienen son las mujeres, que estarían más discriminadas que los hombres en la búsqueda de una solución a sus problemas.
Sus prioridades están claras: casi la totalidad de los encuestados afirma que una de las claves es compartir información entre los profesionales sanitarios. Y un 92% afirmó que la formación de los médicos locales es otra de las asignaturas pendientes para evitar desplazarse al extranjero a encontrar una atención adaptada.
La necesidad de un enfoque «multidisciplinar» para abordar las enfermedades raras es otra de las demandas de este colectivo.
Uno de los objetivos de los pacientes es buscar apoyos que vayan más allá de lo estrictamente sanitario. Se trata de mejorar la calidad de vida de los propios enfermos y de sus familias facilitándoles servicios especializados, información y asistencia para vencer la soledad. La creación de programas recreativos terapéuticos y centros de atención puede permitir a los enfermos y sus cuidadores tomarse un respiro en su rutina diaria contra la enfermedad.
Son algunas de las conclusiones expuestas hoy en la Cuarta Conferencia sobre Enfermedades Raras celebrada en Lisboa que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea. |
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La distribución desigual de la riqueza en los países del Primer Mundo ha aumentado la distancia que separa a las personas ricas de los grupos más desfavorecidos
El crecimiento económico de los países desarrollados ha dado origen a lo que se conoce como Cuarto Mundo, un término que engloba a todas aquellas personas que residen en los países más avanzados, pero se encuentran excluidas o en riesgo de exclusión social. Esta situación se produce cuando la riqueza se distribuye de manera desigual y la línea que separa a ricos de pobres se convierte en abismo. Como solución, se propone incluir a los grupos más desfavorecidos en el proceso productivo y aumentar las partidas económicas. «Las ayudas nunca son suficientes», se quejan las ONG.
El término ‘Cuarto Mundo’ fue utilizado por primera vez en los años 70 para designar a aquellas personas que viven en situaciones realmente precarias. Su creador fue el padre Joseph Wresinski, criado en un ambiente muy alejado de la opulencia y que fundó en 1957 la primera asociación contra la exclusión de los más pobres. «El Cuarto Mundo es un pueblo formado por hombres, mujeres y niños que, generación tras generación, se ven excluidos de los derechos fundamentales de los que goza el resto de la sociedad. Se ven excluidos de los progresos sociales y de la participación en la vida asociativa, política, religiosa, cultural, sindical… de sus sociedades. No se cuenta con ellos como interlocutores sino, como mucho, como meros beneficiarios de ayudas». Así define el término Beatriz Rodríguez-Viña, voluntaria permanente de Movimiento Cuarto Mundo en Madrid.
El término fue utilizado por primera vez en los años 70 para designar a aquellas personas que viven en situaciones realmente precarias
¿Pero cuál es la principal característica de este denominado Cuarto Mundo? Lo más curioso es que surge dentro de lo que se conoce como Primer Mundo. Es en los países más avanzados donde la gran diferencia en el reparto de la riqueza da lugar a dos grandes grupos que ocupan un mismo espacio físico, pero no social. No son casos aislados. Según datos de Médicos del Mundo, sólo en Europa residen más de 40 millones de personas pobres. «Otro de los paradigmas es Estados Unidos, que tiene una economía puntera, pero también un gran porcentaje de personas pobres que viven por debajo de niveles aceptables. Esto es todavía mucho peor de digerir», reflexiona la vicepresidenta de la ONG, Celina Pereda.
La miseria siempre ha estado presente en nuestra sociedad. Siempre han existido ricos y pobres. Pero es ahora cuando esta diferencia se hace más patente. A medida que la economía del mundo occidental crece, también aumenta el número de personas a las que esta riqueza no llega. Se tiende a pensar que los más pobres viven en los países del Sur. Sorprende reconocer la pobreza ‘al lado de casa’, pero la hay. «En todos los países hay pobres, que son los que menos medios tienen para salir adelante», apunta Rodríguez-Viña.
Combatir la pobreza es uno de los retos de la sociedad en que vivimos. Si no se encuentra una solución, el problema puede cronificarse y entrar en una espiral de difícil salida. Es necesario poner sobre la mesa las diferentes situaciones de exclusión social y afrontar cada una de ellas con las mejores herramientas. Una de las claves podría ser la incorporación de estas personas al proceso productivo o la elaboración de una Ley de Inclusión Social, reclamada desde hace años por la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía. «El crecimiento económico espectacular generado en los últimos años no ha contribuido a garantizar los derechos humanos ni a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos porque el umbral de pobreza no ha descendido», denuncia la APDHA.
La identidad de quienes conforman el Cuarto Mundo ha variado en paralelo a los cambios sociales. Personas sin hogar, mayores sin recursos, drogodependientes, mujeres, niños o inmigrantes son los grupos que se enfrentan con mayor frecuencia a situaciones de precariedad. El X Informe de Exclusión Social, publicado por Médicos del Mundo en 2005 para analizar la evolución de los últimos diez años, reconoce que la exclusión social y la pobreza «comparten rasgos». La primera limita el derecho a participar en la sociedad. La segunda impide acceder a los recursos necesarios para realizar las actividades básicas de la vida.
Personas sin hogar, mayores sin recursos, drogodependientes, mujeres, niños e inmigrantes son los grupos más desfavorecidos
Algunas de las causas que llevan a esta situación son la vulnerabilidad ante las drogas o la dificultad de acceso a una vivienda, a la educación o a un empleo remunerado. Contra todas estas dificultades lucha Médicos del Mundo desde 1992. Esta organización cuenta con varios programas de atención a personas excluidas. Los primeros proyectos tenían como objetivo la prevención de VIH/sida, debido a la alta prevalencia de la infección en España durante aquellos años, aunque en la actualidad la inmigración copa buena parte de sus esfuerzos. «Tenemos una población a la que es necesario prestarle atención», afirma Celina Pereda.
La mayoría de las personas inmigrantes tienen problemas para regularizar su situación, lo que les dificulta el acceso a los recursos sociales, sanitarios, laborales y de vivienda. En el caso de las personas drogodependientes, el consumo de drogas provoca el rechazo de la población y les expone a la marginalidad, el deterioro físico y mental. Por su parte, quienes carecen de hogar son «el conjunto de población más castigado, no sólo por la falta de vivienda, sino también por el desempleo, la desestructuración familiar, el estigma público, el desarraigo social, la enfermedad, el deterioro de su propia identidad y la falta de acceso a los servicios», explican desde Médicos del Mundo.
Si se atiende a las necesidades de los ‘habitantes’ del Cuarto Mundo, las intervenciones con estos grupos están claras. Es necesario resolver cuestiones de tipo sanitario y social, además de fomentar su integración.
Es la eterna pregunta ¿Se puede superar la exclusión social? «La miseria no es una fatalidad y nadie se resigna a ella, ni los que la padecen ni los que la descubren», responde Beatriz Rodríguez-Viña. «Todas las personas vemos que hay realidades sociales diferentes a la nuestra, otra cosa es que las queramos reconocer», añade Celina Pereda. Cada día, somos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. La llegada de personas inmigrantes a las ciudades, por ejemplo, resulta cada vez más familiar puesto que son estas personas las que en muchos casos se encargan de cuidar a nuestros mayores y pequeños, además de realizar tareas de limpieza del hogar o atender comercios, en mayor medida.
«Todas las personas vemos que hay realidades sociales diferentes a la nuestra, otra cosa es que las queramos reconocer»
En cuanto a los instrumentos para combatir la pobreza, principalmente son dos: hace falta incrementar las ayudas económicas e involucrar a las personas afectadas. «Los esfuerzos sólo pueden ser eficaces si las personas que sufren la extrema pobreza toman parte activa en ellos», explica Rodríguez-Viña. Quienes se enfrentan cada día a la exclusión social son quienes mejor la conocen y pueden enseñar a superarla. Por ello, hay que otorgarles los medios necesarios para que den a conocer su experiencia y hagan sus aportaciones para adoptar las medidas pertinentes.
«Por su parte -recomienda Rodríguez-Viña-, el resto de la sociedad debe asumir un compromiso económico, político, social y cultural. Crear espacios de encuentro y participación en la lucha contra la miseria y convertir a los más pobres y excluidos en los principales protagonistas de su desarrollo». El X Informe de Exclusión Social recoge cómo, a lo largo de 2005, se produjo «el más importante proceso de regularización» de inmigrantes en España, aunque el «endurecimiento» de las medidas en las fronteras provocó episodios como la crisis de las vallas en Ceuta y Melilla. Hace hincapié en el alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual por parte de quienes no tienen acceso a medidas tan básicas como la utilización de preservativos. Y anima a adaptar la forma de trabajo de las ONG e instituciones públicas a las distintas realidades existentes.
En concreto, se requieren acciones específicas en los ámbitos que más preocupan en la actualidad:
Personas inmigrantes. La inclusión en el sistema público de sanidad de todas las personas que residen en España permitiría mejorar su salud y la de la comunidad en la que viven. Además, es preciso aumentar la inversión en los países de origen para evitar la salida de ellos en busca de un futuro mejor.
Personas drogodependientes. Los programas de metadona, intercambio de jeringuillas y reducción de daños en general limitan los riesgos del consumo de drogas. También hay que abordar las prácticas sexuales no seguras.
Personas sin hogar. Uno de los problemas más frecuentes es la escasez de plazas en albergues, pero también hay que impulsar el desarrollo de programas de integración social, formación y técnicas de búsqueda de empleo.
CONSUMER.es-ERORSKI
Si en su familia, su abuela, su madre y su hermana han padecido cáncer de mama, sepa que usted puede recibir información sobre la posibilidad de padecer esta enfermedad y otras de base genética, que suponen la primera causa de muerte antes de los 14 años en Andalucía.
Será su médico de cabecera el que le derive a una de las once Unidades de Genética que se van a poner en marcha en la región.
Así lo determina la ley de genética aprobada hoy por el Parlamento. Es pionera en España y otros países de la UE y regula el derecho al consejo genético para dos fines concretos: detectar posibles patologías y la realización de análisis genéticos con fines de asistencia sanitaria e investigación biomédica.
La norma, compuesta por 34 artículos, es pionera en el conjunto del Estado y otros países de la U
Esto significa que los andaluces podrán recibir información sobre la posibilidad de padecer una enfermedad de base genética y tendrán derecho al consejo sobre las ventajas y consecuencias de realizarse dichos análisis para identificar si existen problemas para desarrollar dicha patología.
Un vez recibido el consejo, el paciente otorgará un consentimiento informado «por escrito, aunque con carácter revocable», previo a la realización de los análisis.
Igualmente, la nueva ley establece el derecho del paciente a no ser informado de los resultados obtenidos. Todos los datos quedarán sujetos a requisitos de protección y, por tanto, de confidencialidad.
Un Banco Público de ADN
Además, recoge también la creación de un Banco Público de ADN de Andalucía que trabajará en red y tendrá su sede central en Granada.
El texto también regula la realización de cribados genéticos, es decir, pruebas dirigidas a grupos de población que puedan también beneficiarse de intervenciones médicas preventivas.
La polémica en torno a los estudios de Medicina en la Universidad Católica de Valencia (UCV) que regenta el arzobispo Agustín García Gasco sigue abierta. El último coletazo ha venido tras la petición del conseller de Sanidad del Gobierno regional, Manuel Cervera, que exige ahora que el Ejecutivo central amplíe las plazas en centros públicos para cursar Medicina. Escribe V. Vadillo de “elplural.com”.
El Partido Socialista de Valencia(PSPV) y Compromís del País Valencià denunciaron que fue el propio equipo de Camps quien impidió esa ampliación de plazas para beneficiar a la UCV, que, aun sin tener sus títulos homologados por el Ministerio de Educación, cuenta con los permisos legales de la Generalitat para impartir las clases.
En junio, cuando tocaba, el PP valenciano no pidió más plazas de medicina en la pública…En el último consejo de Universidades, celebrado en junio, el Gobierno valenciano no reivindicó ninguna ampliación de plazas en sus universidades públicas para la oferta de titulaciones de la rama de Sanidad, pese a las constantes peticiones formuladas por los partidos de la oposición. Sin embargo, ayer mismo el conseller Manuel Cervera pidió al Ejecutivo de Zapatero que “abra la mano” para aumentar las plazas de las universidades de Alicante y Valencia, así como para autorizar a la Universidad Jaume I de Castellón a impartir estos estudios.
La Generalitat de Camps financia con dinero público centros universitarios privados de raigambre católica-conservadora. Sus exigencias han despertado un profundo malestar entre los grupos de la oposición, que vienen denunciando desde hace meses a esta Consejería por no impulsar las universidades públicas mientras que financia y pone todas las facilidades a centros privados y católicos. El último ejemplo fue el de la UCV, donde este curso comienza a impartirse la titulación de Medicina gracias al apoyo de la Generalitat, aunque sin tener los títulos homologados por Educación. El secretario de Educación del PSPV, Miguel Soler, apuntó que esta petición es un “retraso intencionado” por parte del Govern que “esconde la voluntad del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su séquito de beneficiar a la UCV en detrimento de la pública”. Según explicó, el Consell debía haber solicitado el aumento de plazas en julio, pero “no lo hizo y ahora tiene la desfachatez de clamar al Gobierno de España que le solucione la papeleta”.
La actitud “hipócrita” del conseller de Sanidad, Manuel Cervera. Igual enfado mostró la diputada autonómica de Compromís del País Valencià Marina Albiol, quien calificó de “hipócrita” la tardía petición de Cervera, que hace esta solicitud “pocos meses después” de otorgarles “estos estudios a una universidad privada católica”, la de García Gasco. A su entender, el PP es responsable de que los estudios de medicina no se cursen aún en Castellón ya que, en lugar de impulsar la educación pública, el Govern ha “financiado y potenciado a un sector privado en manos de una confesión religiosa vinculada en muchos casos a sectores extremistas”. Criticó además que mientras las universidades privadas en Valencia “se subvencionan así de las arcas públicas”, los centros públicos “sufren las continuas embestidas del PP”.
La oposición de izquierdas quiere que se cree un área de Ciencias de la Salud en Castellón que el PP desoye. Ambos partidos recordaron que hace al menos un año que la oposición pide que se potencien las universidades de Valencia y Alicante en el terreno sanitario y que se cree un área de Ciencias de la Salud en Castellón, por lo que apoyarán esta petición, aún considerando que “llega tarde” y que es “intolerable” esta “vena reivindicativa” después de haber “impedido” que otras universidades disfrutaran de estos títulos.
septiembre 11, 2007 en DOSSIERS
con caracter retroactivo 