EL PSOE INCORPORARÁ A LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL EL COMPROMISO DE REDUCIR LA CARGA ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS, LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO.

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 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (d), recibió hoy, en el Palacio de La Moncloa, al secretario general de UGT, Cándido Méndez (i). 

EFE – Madrid – 19/02/2008 16:45
El PSOE incorporará a la Mesa de Diálogo Social el compromiso de reducir las cargas administrativas de las empresas, la participación en la gestión de infraestructuras de capital público y privado y la garantía de la unidad de mercado, anunció hoy el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

El ministro dio a conocer la carta entregada hoy por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a los agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME), en la que propone mantener la continuidad del diálogo social, que ha tenido “excelentes resultados” en la anterior legislatura, pero con un enfoque más amplio para la próxima.

Público.es

ACCIDENTE DEL YAK-42. UNO DE LOS FALLECIDOS LLAMABA “PIRATAS AEREOS” A LOS QUE ALQUILABAN EL AVIÓN.

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Uno de los militares fallecidos en el Yak calificó de “piratas aéreos” a quienes alquilaban el avión

Lo ha contado uno de los comandantes que están siendo interrogados por el juez Marlaska. Durante esta semana se recibirá la declaración escrita de Trillo y Bono comparecerá ante el juez. 

EFE – Madrid – 18/02/2008 16:28
El comandante Antonio Bendala ha relatado al juez que recibió un correo electrónico de su compañero José Manuel Ripollés cuatro días antes de morir en el accidente del Yak-42, en el que decía que los aviones de transporte de tropas se alquilaban a “piratas aéreos”.

Antonio Bendala, que esta mañana ha declarado como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga el accidente del Yak-42 en la parte relativa a la contratación del aparato, ha asegurado al magistrado que el comandante Ripollés, jefe de misión e ingeniero, “estaba suficientemente capacitado” para saber en qué condiciones se volaba.

Bendala, según ha comentado a los periodistas, se ha centrado en su comparecencia ante Grande-Marlaska en el correo electrónico que recibió del comandante Ripollés antes de fallecer, en el que aseguraba que los vuelos se estaban realizando “en condiciones límite”, al existir falta de seguridad y mantenimiento deficiente en los aviones.

Ha insistido en que el entonces ministro de Defensa Federico Trillo “abandonó” a los suyos después del accidente, que se produjo en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, pero no se ha referido al ex ministro dentro del despacho del juez en ningún momento, según han señalado fuentes jurídicas.

Faltan las declaraciones de Bono y Trillo  

Queda pendiente el interrogatorio al ex ministro de Defensa José Bono, cuya comparecencia ante el juez, en un principio prevista para hoy, ha sido aplazada hasta que el juez no reciba la declaración escrita de Federico Trillo, la cual le será enviada a lo largo de esta semana y deberá remitirla a la Audiencia Nacional “lo antes posible”, aunque sin fecha fija, han confirmado las mismas fuentes.

También falta por declarar Carol Norma, representante legal de Chapman Freeborn, la compañía británica contratada por la agencia NAMSA de la OTAN, contratista de los aviones, que igualmente se había fijado para hoy, pero que ha sido pospuesta ante la imposibilidad de que esta persona, residente en Londres, pudiera venir esta mañana.

Para facilitarle su comparecencia se le ha dado un plazo de un mes para que establezca en este tiempo el día que le convenga para presentarse en la Audiencia Nacional.

Cuatro mandos militares dijeron no conocer las “quejas” 

El juez Fernando Grande-Marlaska, a quien la Sala de lo Penal obligó a reabrir este procedimiento después de haberlo archivado el pasado junio, ha tomado ya declaración a cuatro mandos militares, quienes aseguraron no tener constancia de que las “quejas” sobre las deficiencias en los vuelos contratados con compañías de la ex Unión Soviética para trasladar tropas llegaran a la mesa de Trillo.

Además han pasado por su despacho el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas Alfonso Agulló, el entonces secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte y al perito aeronáutico designado a petición de las familias, Cecilio Yustas.
Publico.es

¡QUIERO QUE ME ATIENDA EL DOCTOR MONTES!

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Mi amigo del alma, Josep Bodí,  me envia este documento que ya hemos cumplimentado más de 7.000 ciudadanos.

Quiere demostrar su solidaridad a Montes y su equipo y reclamar un comportamiento digno de los políticos que nos gobiernan.


Un saludo a todos.
Hacérselo llegar a vuestros contactos  ¡¡¡¡PÁSALO!!!!
 http://www.quemeatiendamontes.com/firma.php

ESPERANZA AGUIRRE DEBERIA PRESENTAR SU DIMISIÓN Y PEDIR PERDON POR EL CASO DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA DE MADRID.

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Montes: “Habrá denuncias y querellas por las acusaciones de mala práctica”

AGENCIAS. 28.01.2008

  • El caso Severo Ochoa fue una “agresión contra la sanidad pública”.
  • Aseguró que ahora comienza “el tiempo de la reparación”.
  • Él y otros médicos exigen una campaña para rehabilitar su honor.

Minuteca todo sobre:

El doctor Luis Montes, cesado como coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés a raíz de unas denuncias anónimas sobre presuntas sedaciones irregulares, aseguró hoy que, por su parte, “no va a existir perdón” por las acusaciones de mala práctica que se vertieron sobre él y el resto de los médicos imputados por este caso, ya archivado.”A quien deben pedir perdón las autoridades sanitarias y la presidenta regional es a los usuarios”, dijo en rueda de prensa tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que confirma el sobreseimiento de la causa y no advierte una mala práctica médica en los médicos que fueron imputados.

Habrá denuncias y querellas individuales y colectivas por las acusaciones

Acompañado de otros facultativos apartados de sus puestos en el centro sanitario, Montes aseguró que ahora empieza “el tiempo de la reparación” y exigió que, “al igual que se hizo una campaña de acoso pagada por la Consejería de Sanidad“, haya otra dirigida a “rehabilitar” el buen nombre de los facultativos perjudicados por este caso y también del hospital.

Montes auguró que, tras el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, habrá “denuncias y querellas individuales y colectivas” por las acusaciones de mala práctica médica que pesaron sobre él y otros médicos colaboradores suyos en el Hospital Severo Ochoa.

El caso fue un “ataque contra la sanidad pública“, que ha derivado en una “pérdida de confianza de los pacientes” en el hospital y, en lo referente a la sedación de los enfermos terminales, en “una omisión de tratamientos en los síntomas al final de la vida” que presentan esos enfermos.

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EL GOBIERNO DEFIENDE A LAS MUJERES LLAMADAS A DECLARAR EN EL CONFLICTO DEL ABORTO.

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 15/1/2008 

 CONFLICTOS

El Gobierno sale en defensa de las mujeres citadas por abortar

  1. • “No toleraremos que se vulnere su intimidad”, asegura De la Vega
  2. • La vicepresidenta y el ministro de Justicia abren la puerta a un posible cambio legal
EL PERIÓDICO
MADRID

En un momento en el que colectivos ultracatólicos se dedican a ejercer un pegajoso marcaje sobre las clínicas abortistas –concentraciones a sus puertas, insultos e incluso grabaciones con cámara oculta–, en el que la Iglesia ha renovado su sempiterno ataque contra esta figura, y, sobre todo, en el que un juez de Madrid ha llamado a declarar a 25 mujeres que en el pasado se sometieron a este tipo de intervención, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, denunció ayer todas estas maniobras como propias de una “campaña de intimidación”. El Ejecutivo, dijo en la Cadena Ser, “no va a tolerar que se vulnere la intimidad” de estas mujeres.
Las citadas vieron la pasada semana cómo agentes uniformados de la Guardia Civil llamaban a las puertas de sus casas para decirles que tenían que declarar ante el juez José Sierra, de tendencia conservadora, tras una denuncia de la plataforma católica La Vida Importa por presuntos abortos ilegales realizados en la clínica Isadora, en Madrid. ¿Supuso esa visita de la Benemérita una violación de la intimidad de las mujeres? De la Vega, quien no entró a juzgarla, explicó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado orden a la Fiscalía para que “extreme el control” e investigue esta decisión judicial. El ministerio público también recibió ayer una carta del líder de IU, Gaspar Llamazares, en el que este pide que se “actúe en favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.

PRÓXIMA REUNIÓN Y,
en la jornada que supuso la vuelta al trabajo de las clínicas abortistas, tras la huelga de la semana pasada por la “persecución” a la que están siendo sometidas, tanto De la Vega como el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, abrieron tímidamente el melón de una posible reforma de la ley del aborto, prometida en el 2004 por el presidente del Gobierno, pero nunca llevada a cabo. Aunque explicó que tal modificación no está en la agenda del Ejecutivo, la vicepresidenta dijo que sí “pretende abrir un debate y una reflexión sobre una nueva norma, sobre cómo funciona la actual para ver si hay que promover una nueva”. Algo similar señaló Bermejo: “La ley actual ha funcionado, pero eso no quiere decir que, si las necesidades sociales son otras, haya que replantearse la cuestión”.
Las clínicas abortistas mantendrán esta semana en Madrid un encuentro con Bermejo y el titular del Ministerio de Sanidad, Bernat Soria. El fiscal general del Estado, según dijo ayer De la Vega, estará “vigilante y atento”.

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42.

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martes, 08 enero 2008

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42, EN EL QUE MURIERON 62 MILITARES ESPAÑOLES CUANDO REGRESABAN DE TURQUÍA EN MAYO DE 2003, SIENDO MINISTRO DE DEFENSA FEDERICO TRILLO

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido hoy a la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene reabrir la parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42 -en el que fallecieron 62 militares en Turquía el 26 de mayo de 2003- relativa a la contratación del avión. Cuando se produjo el accidente era ministro de Defensa, Federico Trillo, del Partido Popular. Ahora Trillo es diputado nacional del PP y, posiblemente, sea cabeza de lista del partido conservador por Alicante en las próximas elecciones del 9 de marzo.

Grande-Marlaska había sobreseído el caso. El fiscal Zaragoza pidió hoy que se reabra el caso, teniendo en cuenta los recursos de apelación que interpusieron los familiares de los militares fallecidos, contra el auto en el que juez Fernando Grande-Marlaska sobreseyó el pasado 1 de junio esta parte del procedimiento ante “la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español”. El fiscal, que no recurrió en su día este archivo, optó hoy por apoyar los recursos de las acusaciones particulares al considerar que “las víctimas, los familiares, los militares muertos, merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este tribunal ordenando una investigación”, investigación que cree que hasta ahora ha sido insuficiente.

La responsabilidad del ministerio de Defensa. Zaragoza recordó que esta misma Sala, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, ya ordenó, el 15 de julio de 2003, al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, del que ahora es titular Grande-Marlaska y del que en esa fecha lo era Teresa Palacios, que “era preciso instruir diligencias para investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa” en estos hechos. Según Zaragoza, existen elementos suficientes para volver a ordenar que se haga una investigación porque, hasta ahora, el juez instructor “ha cercenado” la práctica de las diligencias que se le han pedido.

Ni una sola diligencia. En este sentido criticó que Grande-Marlaska, en un año que lleva al frente del juzgado, no ha “practicado una sola diligencia para investigar” el accidente, y consideró que no debió acordar el sobreseimiento libre “cuando existe un hecho delictivo, como reconoce el propio juez en su auto”. En su auto, el juez aseguraba que el avión era “apto para volar” y atribuía el siniestro a la “falta de preparación” de la tripulación, que también falleció en el accidente.

Mucho por  esclarecer. “Si el piloto es culpable, no se puede ordenar el archivo”, indicó Zaragoza, criticando que con esta decisión se dejan de investigar “muchas circunstancias”, como la “falta de preparación de la tripulación”, que no funcionara “el control de voz de la cabina”, que la “carga de combustible fuera insuficiente”, que la compañía a la que se contrató el vuelo “no tuviera licencia comercial”, o que “el avión no tuviera la documentación para aterrizar en España”.

El personal de vuelo embriago. “El personal estaba embriagado, no funcionaba la caja negra…”, prosiguió Zaragoza al insistir en que se dan los elementos “suficientes para hacer una investigación”, porque “¿se imaginan si esto hubiera ocurrido en un vuelo comercial? Se hubiera investigado hasta al apuntador”, sentenció. Las acusaciones particulares que recurrieron el archivo, y que culpan a Defensa de lo ocurrido, expusieron por su parte los mismos argumentos que el fiscal y criticaron que el juez mantuviera que la contratación del vuelo (hecha a través de una agencia de la OTAN llamada NAMSA que luego subcontrató el transporte a la compañía ucraniana Um Air) fue por medio de un contrato privado.

El ministerio de Defensa, al corriente de la contratación del vuelo. “En ningún caso puede ser privado, ya que el Ministerio estaba al tanto de la contratación y subcontratación del vuelo”, manifestaron los abogados de la acusación, que denunciaron además que Defensa consignara un pago de 149.000 dólares por el vuelo pero luego realmente se pagaran por él 41.000 dólares, “de manera que hay 108.000 dólares” que “se perdieron por el camino”. Por su parte, la defensa de Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa cuando Federico Trillo era el ministro de ese departamento, planteó que “cuando se dice que no se ha investigado, me recuerda a lo que dijeron algunos medios sobre el 11-M”. “No hay nada más que saber, el auto del juez es ajustado a derecho. Se sabe que las autoridades y funcionarios de Defensa no tienen ninguna responsabilidad, y se sabe que la causa del accidente es un error humano”, señaló el abogado Joaquín Rodríguez Ramos.
Al archivo de esta parte del procedimiento se sumó después el sobreseimiento que acordó Grande-Marlaska en noviembre respecto a la investigación sobre las irregularidades en la identificación de 30 de los 62 cadáveres, dando así carpetazo a la causa en su totalidad, decisión que, en este caso, ha sido recurrida, además de por los familiares, por la Fiscalía, aunque aún no hay señalamiento para la vista de estos recursos.

COMO SIEMPRE LAS TONTERIAS VICTIMISTAS DEL GOBIERNO DE LA GENERALITAT VALENCIANA CONTRA ZAPATERO, PUEDEN PERJUDICAR A LOS JÓVENES VALENCIANOS. ¡QUE CUADRILLA DE IRRESPONSABLES!

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A PESAR DE TODAS LAS PATALETAS DEL PP LOS JOVENES VALENCIANOS PODEIS PEDIR DESDE HOY LOS BENEFICIOS DEL PLAN JOVEN DE VIVIENDA.
¡QUE NO OS ENGAÑEN, LAS AYUDAS SON ACUMULABLES!
Economía
Las ayudas para alquiler, pendientes del conflicto entre Consell y Ministerio
Unos 42.000 jóvenes valencianos pueden solicitar desde hoy la renta de emancipación

Unos 42.000 jóvenes valencianos pueden solicitar desde hoy las ayudas al alquiler, pese a que Consell y Ministerio de la Vivienda mantienen una disputa sobre la competencia de estas subvenciones.

Según estimaciones del propio Ministerio, en toda España alrededor de 360.000 jóvenes se podrán beneficiar de la Renta Básica de Emancipación, que incluye ayudas al alquiler de 210 euros mensuales, así como un préstamo de 600 euros para cubrir la fianza y 120 euros para el aval, siempre que haya sido contraído con un avalista privado.Las comunidades autónomas serán las encargadas de recibir las solicitudes y comprobar que los demandantes se ajustan a los requisitos fijados. A continuación, remitirán las peticiones al Ministerio de Vivienda, que se encargará del pago a los beneficiarios. Así, el Gabinete de Carme Chacón prevé dar las primeras órdenes de pago a partir del mes de febrero.

Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, las ayudas han dado origen a una disputa entre las administraciones autonómica y central que llevó al Consell a interponer un requerimiento de incompetencia al Gobierno central en relación con el decreto por el se regulan esta Renta Básica por entender que es una injerencia en la competencia autonómica en materia de vivienda. Esta iniciativa de la Generalitat antecede a la interposición del correspondiente conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.En esencia la posición del Gobierno valenciano se circunscribe a que el dinero de las ayudas se transfieran para que sean las autonomías quienes gestionen los fondos destinados por el Estado a subvenciones en una materia en la que la titularidad exclusiva es autonómica, como recoge el artículo 49 del Estatuto de Autonomía.El Ministerio, por su parte, pretende que la cobertura estatal sirva para que los jóvenes puedan acceder a esas ayudas con independencia de la comunidad en la que residan.

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El conflicto no supondrá la paralización de las ayudas cuya gestión conjunta Estado-Autonomía se fijó en un convenio suscrito por ambas partes el 3 de diciembre del año pasado.

El acuerdo entre la ministra Chacón y García Antón incluía la creación de oficinas de “Ventanilla Única” de vivienda para la solicitud de estas ayudas en las localidades de Alicante, Castellón, Valencia, Elche, Gandía, Ontinyent, Xàtiva, Morella, Segorbe, Sagunto, Elda, Orihuela, Denia y Liria.Además, los jóvenes podrán acceder al impreso de la solicitud a través de la web del Ministerio de Vivienda (http://www.mviv.es).

OPERACION GUATEQUE. GALLARDON SORPRENDIDO VARIAS VECES COMIENDO CON EL JUEZ QUE INSTRUYE EL CASO.

POLÍTICA

 01/01/2008

Gallardón, sorprendido varias veces comiendo con Miguel Ángel Torres

La imparcialidad del juez que instruye el caso Guateque, en entredicho

ELPLURAL.COM

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el vicealcalde, Manuel Cobo, han sido sorprendidos en varias ocasiones comiendo con el juez que instruye la Operación Guateque, Santiago Torres. Y esto no parece haberles gustado a algunos afiliados al Partido Popular, que consideran que “irse a comer con un juez no es la forma más correcta de colaborar en una investigación”, tal y como recoge La Razón.

Algunos populares han manifestado su “sorpresa” por la relación que mantiene Gallardón con el juez Torres. “El problema es que cuando estás en un restaurante con un juez”, manifiestan las fuentes consultadas por La Razón, “aunque sea con la mejor intención, da pie a que se piense mal y que se cuestione la credibilidad de la investigación”.

APM
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha ido más allá. A juicio de esta agrupación existe un “altísimo riesgo” de que Santiago Torres sea recusado por poner en entredicho su imparcialidad debido a las comidas que comparte con Gallardón y Cobo. La APM considera que un juez que instruye un procedimiento no debería reunirse con personas que pueden ser citadas como testigos en el juicio.

Listas
Pero ni la Operación Guateque, ni las chocantes relaciones de Gallardón y Torres impedirán que el alcalde de Madrid continúe siendo uno de los nombres que posiblemente sean incluidos en las próximas listas electorales del Partido Popular. El líder de los populares, Mariano Rajoy, aclaró que la Operación Guateque “al señor Ruiz-Gallardón ni le perjudica ni le beneficia” de cara a su inclusión en las listas.

Torres
En cuanto a la relación entre Torres y Gallardón, Rajoy declaró que el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto “al frente, a la cabeza” de la operación promovida por el juez “para terminar con estos casos de corrupción, que en ningún caso afectan como es sabido, a dirigentes políticos de ninguna fuerza política”. Rajoy parece, de este modo, alejarse de la “cortina de humo” denunciada por el portavoz socialista en el Consistorio Madrileño, David Lucas. Esta “cortina de humo” fue supuestamente lanzada por Gallardón para tratar de relacionar al PSOE con la trama de corrupción, tal y como ya informó El Plural.

Nuevas detenciones
Mientras, la Guardia Civil continúa haciendo detenciones. Otros treinta funcionarios han sido implicados en la Operación Guateque, después de que fueran intervenidos los datos de varios ordenadores municipales. Al mismo tiempo, la Guardia Civil continúa buscando a dos empresarios supuestamente implicados en la trama, Juan Rubén López y Eduardo Agustinos, que permanecen huidos.

TREINTA BANCOS Y CAJAS ESTÁN ATRAPADOS EN LA RED DE LLANERA CON UNA DEUDA DE 432,65 MILLONES DE EUROS.

Treinta bancos y cajas están atrapados en la ‘red’ de Llanera con una deuda de 432,65 millones

Gustavo Granero | 9:45 – 26/12/2007    http://www.ElEconomista.es

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Cuando sonó la flauta de Fernando Gallego, presidente del grupo inmobiliario Llanera -que soporta un concurso de acreedores tras suspender pagos-, todos cayeron rendidos a su música. Los principales bancos y cajas de este país sucumbieron a la llamada del promotor valenciano, aflorando, de paso, fallos masivos en sus sistemas de control de riesgos.

Pero, ¿qué pudo pasar para que una treintena de entidades quedasen hipnotizadas en Llanera? Como en la fábula del flautista de Hamelín, Gallego hizo sonar la música, se rodeó de la banca que opera en España y después la precipitó por el abismo al que conducen los impagos.

Más allá del parecido, por hipnotizador, con la leyenda de los Hermanos Grimm, la inmobiliaria Llanera dejó deudas por 432,65 millones de euros a una treintena de entidades financieras al cierre de 2006, según el último informe de auditoría, que reconoce una deuda total con todos sus acreedores de 748,16 millones. De la financiación con bancos y cajas, 300,78 millones eran a largo plazo, y 131,87 millones a corto plazo.

No sólo eran Bancaja o CAM

En un principio, sólo saltaron a la luz las inversiones de Bancaja, CAM y Lehman Brothers. Aunque es cierto que ellas soportan la mayor parte de la deuda también es verdad que los daños colaterales del hundimiento de Llanera afectó a todo el barco. En concreto, son 13 bancos (Santander, BBVA, Popular, Banesto, Sabadell, Banco de Valencia, Pastor, Guipuzcoano, Gallego, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays y Citi); otras 13 cajas de ahorro (La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, CAM, Caixa Catalunya, Unicaja, Caja España, Cajasol, Cajasur, Sa Nostra, Granada, Caixanova y Ontiyent). Ellos fueron el brazo financiador, aunque la lista de acreedores totales se cuenta por miles.

Un largo y complejo proceso

Bancos y cajas esperan recuperar sus inversiones. Sin embargo, el proceso puede durar un año, ya que el juez y los administradores concursales tienen mucho trabajo por delante: “Hay que analizar bien el convenio que se propondrá para renunciar a una parte de la deuda y valorar adecuadamente los activos de la empresa”, explica a elEconomista Carlos Pavón, letrado de Iure Abogados, que representa a 40 acreedores. Algunas empresas consideran que se está haciendo una liquidación algo prematura.

Según la documentación que obra en poder del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, a la que ha tenido acceso este periódico, Banesto tiene una deuda de 4,8 millones, al menos, con cinco de las seis sociedades del grupo Llanera (ver más en información de recuadro). Según el dossier, Barclays concedió créditos por 900.000 euros, mientras que BBVA reconoce una deuda de casi medio millón de euros con una de las empresas del grupo inmobiliario.

Dentro de las cajas, los destrozos son similares. Las más castigadas por la suspensión de pagos de Llanera -junto a Bancaja y CAM- son Caja Duero y Caja Sur . Les sigue Caixa Catalunya, con más de dos millones en créditos, Caixanova y Sa Nostra (Baleares) con un millón y medio de euros, al menos. Además, Unicaja y Caja España habrían concedido financiación por alrededor de un millón. No podría faltar Caja Madrid, con 305.512 euros.

Pero la mayor inversión la dieron otros. Bancaja reconoció una deuda con las empresas de la inmobiliria de 92 millones, que está regularizando con la promotora. Su participado Banco de Valencia les confió 28 millones, mientras que la CAM le habría otorgado entre 30 millones y 40 millones. No obstante, las cajas dejaron claro que la mayoría de estos créditos contaban con garantías más que reforzadas. Fue un banco extranjero, Lehman Brothers, el que se llevó la palma, con un préstamo de más de 148 millones de euros, que vencía en enero. Pero ha habido acuerdo.

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PORTILLO, EL PRIMER LADRILLAZO DE 2008.

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Se confirma el vuelco en el Consejo de Colonial, que acepta la dimisión de Portillo

Agencias | 20:08 – 31/12/2007
INMOBILIARIA COLONIAL

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El Consejo de Administración de la inmobiliaria Colonial aceptó hoy la dimisión de Luis Portillo como miembro de este órgano de dirección y ratificó como presidente de la sociedad a Mariano Miguel, que seguirá ejerciendo el cargo de consejero delegado, informó la compañía a la CNMV. Además, se produce un auténtico vuelco en el Consejo, tal y como adelantó hoy diario elEconomista

El cese de Portillo como consejero de la inmobiliaria se produce tres días después de que fuera relevado como presidente de Colonial (CAR.MC elemento_52_0 = new cotizacionEnNoticia(‘INMOCARAL’, ‘cotizacionINMOCARAL_0’, ‘linkcotINMOCARAL_0’,1); ), en una reunión que el Consejo de Administración celebró el pasado viernes, horas después de que los títulos de la sociedad cayeran el 25,4 por ciento en Bolsa.

La compañía ha indicado que para reforzar la preeminencia de los consejeros independientes “iniciará la búsqueda de un profesional de prestigio que ocupará el puesto de presidente no ejecutivo”.

Salida de otros consejeros significativos

 

Al mismo tiempo que acontecía el cese de Portillo abandonaban también su puesto como consejeros Luis Emilio Nozaleda Arenas, Gema Sólas Navas, José Ramón Carabante Plaza; Óscar Fanjúl Martín; Alberto Cortina Koplowitz y Clara Nozaleda Arenas.

También cesaban en su cargo los representantes de Desarrollo Empresarial Quetro, María Jesús Valero Pérez; Grupo Portival, Yolanda Mayo Ranera; Corporación Indo, Domingo Díaz de Mera Lozano, y Promociones González, Aurelio González Villarejo.

La compañía ha señalado en un comunicado que la “salida del consejo de los accionistas significativos no presupone la intención de reducir su participación en la sociedad”.

Nombramientos de nuevos consejeros

 

Para ocupar parte de las vacantes y para “dotar de la mayor operatividad, eficacia y transparencia posibles a la gestión de la compañía en beneficio de sus accionistas”, la compañía ha nombrado consejeros por cooptación a Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid (consejero ejecutivo); Julián Zamora Saiz (consejero dominical), y Pedro Ruiz-Labourdette Garau (consejero dominical).

Así queda el consejo de Colonial

 

En consecuencia, el consejo de administración queda compuesto por once miembros: Mariano Miguel Velasco; Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Antonio M. López Corral; Javier Sola Teyssiere; Alberto Alonso Lobo; Francisco José Molina Calle; Juan Ramírez Blatuille; Enrique Montero Gómez; Julián Zamora Saiz; Pedro Ruiz-Labourdette Garau y Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid.

Cambios en la comisión ejecutiva

 

Inmobiliaria Colonial también ha acordado cambios en la comisión ejecutiva, que estará formada por cuatro miembros, y en la comisión de nombramientos y retribuciones, que estará formada por tres personas.

La comisión ejecutiva queda compuesta
por Mariano Miguel Velasco, que ejercerá como presidente; Francisco José Molina Calle; Julián Zamora Saiz y Pedro Ruiz-Labourdette Garau.

Por su parte, la comisión de nombramientos estará integrada por Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Alberto Alonso Lobo y Enrique Montero Gómez.

Sólida “situación patrimonial”

 

Inmobiliaria Colonial también ha señalado que mantiene una sólida “situación patrimonial” que le permite cumplir íntegramente “todas sus obligaciones con las entidades financieras” y ha expresado “su confianza en que la realidad del valor objetivo de la compañía, su solidez patrimonial y su potencial de negocio permitirán superar la situación actual”

Publicada el http://www.ElEconomista.es

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Nota Bene del editor de este Blog: Seguramente sería éste un momento pertinente para que algún miembro del Gobierno Valenciano experto en privatizaciones, explicara las condiciones en las que Luis Portillo compró por cantidades multimillonarias, en sociedad (Siete Treinta S.L.) con el señor Rosell Recasens, marido o lo que fuese de la Senadora del PP por Almeria, señora Agüero miembro de la comisión de Agricultura del Senado en la etapa del señor Aznar-Fabra (¿también una coincidencia que la empresa del caso Naranjax, Artemis 2000 S.L. y Siete Treinta S.L. procedan del mismo despacho de Ontinyent, ciudad que como saben está pegadita a Sevilla, igual que muchas más con adjudicaciones de la Generalitat Valenciana?). Aclaremos la concesión transmisión posterior de algúnos lotes de las residencias geriatricas del tan famoso como opaco Plan Blasco en su etapa de Conseller de Bienestar Social. Este es el proceso especulativo que ha levantado gigantes de papel que han saqueado las arcas públicas y arden ahora…sin que nadie mueva un dedo. Y el Arzobispo Cardenal diciendo que la politica social de Zapatero sobre la familia, destruye la democrácia. ¡No crean que no llevamos una buena peniténcia con esta cuadrilla!. V.V.G.

LOL MULTIMILLONARIOS SOBRECOSTES DE LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS VAN EN CONTRA DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Y SANITARIOS.

732592.jpgLa Ciudad de las Artes cuesta de más como una nueva Fe y media

J. L. OBRADOR. 21.12.2007

  • El gasto extra que acumula todo el complejo de Calatrava suma 431,4 millones de euros.
  • El presupuesto del futuro hospital que se construye en Valencia es de 269 millones.
  • El Síndic de Comptes denuncia que Calatrava cobra 861.000 euros que no le corresponden.
El sobrecoste que acumula la Ciudad de las Artes y las Ciencias alcanza los 431,4 millones de euros, según el informe de 2006 del Síndic de Greuges. Con este dinero de más gastado (un 238% de incremento respecto al presupuesto inicial) se podría haber construido 1,6 hospitales como la nueva Fe que se está levantando en Malilla. El presupuesto de este macrocentro sanitario es de 269 millones de euros (216 corresponden a la obra y 53 al equipamiento).Sólo en el Palau de les Arts, hasta finales de 2006 (es decir, antes de reparar incidentes como los provocados por las inundaciones de octubre) se llevaban gastados 345 millones (un 316% más de lo previsto), una cantidad por sí sola superior a lo que costará el hospital.

En el documento que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, el Síndic recomienda evitar modificaciones que alteren los proyectos iniciales, ya que repercuten en el precio y en el plazo de las obras.

Calatrava, dinero extra

Según el informe el creador de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Calatrava, ha cobrado ya, por adelantado, 3.962.125 euros por el proyecto y ejecución del Ágora, la plaza porticada que servirá como punto de esparcimiento de este recinto. Sin embargo, Calatrava debería percibir 3.100.493 euros.

La trampa está en que su retribución se calcula sacando el 7,5% del coste del proyecto y la ejecución de las obra, pero esta cifra ha variado. En un principio, el Consell estimó que rozaría los 53 millones de euros, pero al final se adjudicó por 41,3 millones. Pese a esta rebaja, los honorarios de Calatrava se siguen calculando sobre la cifra superior, con lo que percibe los 3,9 millones, un 25% más de lo que le toca.

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LA IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA.

Certificado de minusvalía

Las personas con un grado de discapacidad superior al 33% pueden acceder a subvenciones especiales y ayudas para la compra de un coche o una vivienda

El certificado de minusvalía es el documento que reconoce el grado de discapacidad de una persona. Cuando éste es superior al 33%, se puede acceder a una serie de beneficios, como subvenciones específicas para personas discapacitadas, exención de impuestos en la adquisición de un vehículo y ayudas para la compra de una vivienda. Estas ventajas dependen del grado de minusvalía que se acredite. En total, hay cinco categorías.

  • Autor: A. García | 
  • Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2007

Valoración de la discapacidad

El certificado de minusvalía permite a las personas con alguna discapacidad tener derecho a percibir una prestación económica o subsidio. Además, es un documento muy útil para acceder a una vivienda, recibir subvenciones especiales para personas discapacitadas o acceder a un puesto de trabajo. Su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorgan los organismos públicos.

Jefa

El grado de minusvalía se expresa en un porcentaje entre 0 y 100, si bien la ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía. Además, cuando se supera el 25%, a este porcentaje se pueden sumar hasta un máximo de 15 puntos derivados de los factores sociales complementarios que pueden dificultar la integración social de una persona, es decir, el entorno familiar y la situación laboral, educativa y cultural.

En cuanto a la valoración de las situaciones de minusvalía, el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula este aspecto, establece la necesidad de someterse al examen de un tribunal médico oficial, encargado de emitir el dictamen que reconoce el grado de minusvalía. Este tribunal puede depender del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o de las comunidades autónomas que tengan transferida esta función.

La ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía

En su dictamen, los expertos recogen los informes médicos, psicológicos o sociales necesarios para determinar el grado de minusvalía, que puede ser objeto de revisión en los dos años siguientes a su reconocimiento, siempre que se constate una mejoría razonable, se acredite error de diagnóstico o se produzcan cambios “sustanciales” en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la minusvalía.

Las pautas de valoración no se centran tanto en el alcance de la deficiencia, como en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. En este sentido, también son objeto de valoración las enfermedades que cursan en brotes e interfieren en el día a día de las personas que las padecen. Para solicitar el certificado, hay que acudir al departamento de asuntos sociales correspondiente, recoger un impreso de solicitud y someterse a una revisión médica, en los términos que establece la ley. Posteriormente, la persona interesada queda a la espera de la resolución.

Grados de minusvalía

La normativa vigente reconoce cinco categorías o grados de discapacidad, ordenados de menor a mayor porcentaje. Cada categoría reconoce un grado de dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, de manera que el primer grupo incluye las deficiencias permanentes que no producen discapacidad y el último grupo, las deficiencias permanentes severas que suponen, incluso, la dependencia de otras personas.

  • Grado 1, discapacidad nula. Aunque la persona presenta una discapacidad, ésta no impide realizar las actividades de la vida diaria. La calificación de esta clase es del 0%.
  • Grado 2, discapacidad leve. Existe dificultad para realizar algunas actividades de la vida diaria, pero el porcentaje de minusvalía está entre el 1% y el 24%.
  • Grado 3, discapacidad moderada. Hay una gran dificultad o imposibilidad para llevar a cabo algunas actividades, aunque la persona se puede cuidar a sí misma. El grado de minusvalía está comprendido entre un 25% y un 49%.
  • Grado 4, discapacidad grave. Existe dificultad para algunas actividades de autocuidado y un porcentaje de minusvalía que oscila entre un 50% y un 70%.
  • Grado 5, discapacidad muy grave. Es el grado más severo. Las personas afectadas no pueden realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria. El porcentaje de minusvalía es del 75%.

En esta clasificación se incluye la evaluación de los sistemas musculoesquelético, nervioso, cardiovascular, hematopoyético y endocrino, así como los aparatos respiratorio, digestivo, genitourinario y visual, la piel, el lenguaje, las neoplasias, el oído, la garganta y las estructuras relacionadas. No se incluye a las personas con retraso mental, ya que esta circunstancia cuenta con criterios específicos de evaluación al considerarse que las deficiencias intelectuales, por leves que sean, ocasionan siempre un cierto grado de interferencia en la realización de las actividades de la vida diaria.

Beneficios que otorga el certificado

Jurek Durczak

Las personas discapacitadas a las que se reconoce una minusvalía superior al 33% cuentan con una serie de beneficios. En el ámbito económico, la ley contempla reducciones en la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para trabajadores con una discapacidad superior al 33%. En concreto, El artículo 58 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, establece que los contribuyentes discapacitados pueden reducir la base imponible en 2.000 euros anuales o en 5.000 euros, “si el grado de minusvalía es igual o superior al 65%. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a la hora de adquirir un vehículo sólo deben pagar el 4% en lugar del 16%. Además, las personas discapacitadas están exentas de abonar el impuesto de matriculación y de circulación de vehículos.

Se contemplan reducciones en la base imponible del IRPF, prestaciones económicas y la exención de los impuestos de matriculación y circulación de vehículos

En cuanto a las prestaciones, los progenitores tienen derecho a percibir una asignación económica por cada hijo o hija menor de 18 años con un 33% o más de discapacidad o mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%. Por su parte, las personas entre 18 y 65 años, con una minusvalía reconocida igual o superior al 65% y que carecen de rentas o ingresos suficientes pueden recibir una pensión no contributiva por invalidez. Por último, se reconocen otras prestaciones de integración social de los minusválidos, que comprenden un subsidio de movilidad para gastos de transporte -personas mayores de 3 años con una discapacidad igual o superior al 33%- y asistencia sanitaria y farmacéutica -personas con una discapacidad igual o superior al 33% y que no tienen cubierta esta necesidad-.

Otros beneficios derivados del certificado de minusvalía hacen referencia a la compra de una vivienda, ya que el plan de vivienda 2005-2008 establece la concesión de una ayuda para la compra de viviendas de protección oficial (VPO) y la subsidiación de los intereses del préstamo solicitado. Por su parte, las instituciones autonómicas o locales pueden contemplar otras ayudas individuales para la adaptación del hogar o adquisición de ayudas técnicas, así como zonas de aparcamiento reservado o prioridad en el acceso a un empleo.

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GARANTÍAS JURIDICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO.

Garantías jurídicas, planificación y desarrollo urbano PDF Imprimir E-mail
Ignacio Pérez Sarrión   
28.11.2007

ImageVivimos en un estado de derecho, un estado quizás –en mi opinión, en algunos aspectos- excesivamente garantista. Digo esto porque la cantidad de normas, procedimientos, plazos y recursos, pueden legar a provocar inseguridades jurídicas e impiden en ocasiones un funcionamiento mínimamente ágil de la administración si se pretende ser eficaz, como por otra parte se demanda por los ciudadanos. Uno nunca está seguro de estar cumpliendo meticulosamente todos y cada uno de los matices de los procedimientos de aplicación del derecho, dada la estructura de personal existente, el escaso tiempo con que se cuenta por las personas que tienen que tratar multitud de tareas diferentes en soledad (FHE) y los medios materiales con que se cuenta.

Resulta curiosa  oír en los pueblos la expresión “te denunciaré”, o “le denunciaré“, cuando se piensa que si es el Ayuntamiento la administración responsable de sancionar una transgresión determinada y éste no tiene ni funcionarios, ni medios adecuados, ni ordenanzas tipificadoras de las conductas sancionables  ni por su puesto sanciones previstas, difícilmente, por no decir de manera prácticamente imposible, se tramitarán procedimientos sancionadores. Ejemplo de la situación sin ir más allá es las infracciones de tráfico que se cometen continuamente en todos los pequeños pueblos y que quedan impunes. Cuantitativamente no son muchas, pero cualitativamente pueden ser muy importantes y resulta penoso que en muchas ocasiones haya que transigir con comportamientos sumamente inapropiados.  

En los pequeños pueblos no hay policía local ni medios para tramitar los procedimientos sancionadores. Así, uno puede aparcar su vehículo en medio de la plaza, hacer ruido a las dos de la mañana, echar las basuras al contenedor sin bolsa y muchas otras conductas reprobables sin que, jurídicamente, pase nada.

Habría que en alguna ocasión hacer un estudio sociológico –quizás se haya hecho- del efecto que para la convivencia puede ejercer el control social de una comunidad pequeña o mediana, porque en estos lugares, es la reprobación social la que sirve de control y no evidentemente el control jurídico. Es el vecino de al lado, que conoce quién eres, de quién eres hijo, en qué trabajas, cuando sales y entras, en fin, tu vida de pé a pá, quien a corto o medio plazo te llegará a hacer algún comentario sobre lo inadecuado de tu comportamiento. SI eres normal y no te habías dado cuenta, te sonrojas y cambias. En otro caso, está servido el inicio seguro de una rencilla que perdurará en el tiempo.

Sin embargo los pueblos de la periferia de las ciudades crecen muy rápido. Como consecuencia de la carestía de la vivienda en la ciudad, la gente joven se desplaza a estos pueblos a vivir en los típicos adosados, prohibitivos veinte kilómetros más cerca del centro de la ciudad. Así, sin darse cuenta apenas, municipios muy pequeños en los que todos se conocían, pasan de repente a convertirse casi en ciudades-dormitorio a los que se acude sólo por la noche. Desparece (o es mucho más difícil) el control social moderador de conductas, porque no se sabe quién es el que vive al lado ni a qué se dedica. Estas personas están tan ocupadas trabajando que tampoco se integran apenas en la vida social del pueblo.

Creo que estos efectos no se tienen en cuenta en la práctica a la hora de permitir o promover el crecimiento de los municipios aledaños a las metrópolis. Allí, en la ciudad, miles de policías vigilan y sancionan. En ese pueblo, apenas treinta kilómetros alejado de aquélla, casi no hay normas (un amigo mío decía parafraseando los western que esto es el oeste, “no hay ley al oeste del Río Pecos”), sólo casi hay miradas de reproche o censura si uno no se comporta normalmente. Afortunadamente ese control social es en muchos casos suficiente para lograr una convivencia adecuada. Pero no en otras ocasiones.

Las cosas cambian rápidamente y son conocidos los casos de municipios que han pasado de ochocientos o mil habitantes a más de cuatro mil o más en menos de una década. Ese fenómeno, de forma inmediata, supone riqueza económica de poblaciones hasta hacía poco depauperadas, en forma de ingresos derivados de la actividad urbanística y poblacional: operaciones urbanísticas, convenios, permutas, IBI, plusvalías, aumento de participación en el FNCM, aumento del IVTM, etc. Si por una parte se dispone entonces de mayores recursos obteniendo nuevos equipamientos y optimizando los existentes, por otra parte se pierde esa cohesión social que como comunidad pequeña se tenía.

Creo que es importante que los gobiernos locales, antes de fomentar un desarrollo desmedido, decidiesen reflexivamente si es conveniente ese crecimiento, hasta qué límite, con qué previsiones, qué medios se van a necesitar y, en definitiva, planificar a medio plazo. Yo creo que en ocasiones sólo se actúa por intuición, simplemente se da por supuesto que aumentar población es en sí mismo lo correcto, sin tener en cuenta otras implicaciones a valorar cuidadosamente. E igual que se planifica el crecimiento urbanístico a través de un PGOU, habría que planificar los equipamientos necesarios según población y a medida que se vaya creciendo, necesidades de nuevos servicios, supuestos de pirámides poblacionales, dónde está el umbral en el que será necesario y sostenible económicamente disponer de algunos servicios, cuándo será necesario disponer de policía local (a reservas de las previsiones legales sobre el particular), qué medios jurídicos y técnicos se necesitarán, y un largo etcétera de cuestiones que me da la impresión que se van solucionando sobre el momento.

Visto en el Blog esPublico