Discriminación de las personas discapacitadas.

Discriminación de las personas discapacitadas

A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros

“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA
  • Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008

Contenido de la norma

El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.


(Imagen: Daniel Lobo)

El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.

Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”

La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.

Régimen de infracciones y sanciones

Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales

El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.

  • Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
  • Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
  • Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.

No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Dónde presentar las denuncias

Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia

La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.

Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:

  • Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
  • Fax 91 363 50 74
  • Teléfono 91 363 51 86
  • DTS 91 363 50 93
  • Correo electrónico ope@mtas.es

Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.

“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.

Adaptación de la OPE

En cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, las dependencias de la Oficina Permanente Especializada cumplen todos los requisitos para ser accesibles. Existe un sistema de comunicación multidisciplinar que abarca desde la información telefónica, incluidos un dispositivo telefónico para sordos (DTS) y fax, hasta la información presencial, con un sistema de apoyo a la comunicación oral a través de bucle de inducción, labiolectura y lengua de signos básica.

Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible

Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.

Publicado en CONSUMER Eroski.

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El Defensor del Pueblo lleva ante el Tribunal Constitucional a la Generalitat Valenciana.

EP Social

recurre una parte de la gestión de la Ley de Dependencia

El Defensor del Pueblo lleva ante el Constitucional a la Generalitat Valenciana

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Foto: ep

La institución acusa al Gobierno valenciano de “obstaculizar” la aplicación de la norma

   MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) –

   El Defensor del Pueblo ha presentado esta mañana un Recurso de Inconstitucionalidad contra un aspecto de la gestión de la Generalitat Valenciana sobre la Ley de Dependencia, según informaron a Europa Press fuentes de esta institución.

   En concreto, el Defensor del Pueblo ha interpuesto el recurso contra la disposición adicional 11 de la Ley de Presupuestos de esta comunidad para el ejercicio 2008, que establece que las personas valoradas por la Generalitat deben entender que su solicitud ha sido desestimada si no han recibido respuesta en el plazo de seis meses.

   Esta disposición, introducida en el Parlamento valenciano a través de una enmienda del PP, cambia el concepto de ‘silencio administrativo’, que significa que si la Administración no responde a la solicitud de un ciudadano es que ésta ha sido atendida. Con este cambio, el ‘silencio administrativo’ pasa de ‘positivo’ a convertirse en ‘negativo’ en esta comunidad.

   “Las administraciones tienen la obligación de notificar y explicar por escrito por qué han rechazado un derecho fundamental. Lo que han hecho es completamente ilegal”, señalaron fuentes del Defensor del Pueblo a Europa Press.

“CAMUFLADAMENTE”

   Además, estos mismas fuentes critican que esta reforma se “haya metido en una ley, la de presupuestos, que no tiene absolutamente nada que ver” con la dependencia. “Este cambio lo han metido en una ley distinta, camufladamente, para que no se entere nadie. Esto claramente vulnera el principio de seguridad jurídica”, apostillan.

   Por todo ello, desde el Defensor del Pueblo acusan a la Generalitat Valenciana de “obstaculizar” la aplicación de la Ley de Dependencia, y recuerdan que los dependientes son ciudadanos que por su situación ya se encuentran en condiciones “de especial vulnerabilidad”.

   Igualmente, los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han criticado que la Generalitat, gobernada por el PP, “ha boicoteado” la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 2007.

   El Defensor del Pueblo entiende que “no puede permanecer impasible” ante la entrada en vigor de esta disposición “mediante un procedimiento impropio”, que, además, “afecta a un colectivo de ciudadanos necesitados de especial protección”.

   El recurso ha sido interpuesto a raíz de la queja formal presentada a mediados de enero por el sindicato UGT ante del Defensor del Pueblo, que posteriormente recibió otras dos quejas más de particulares sobre este mismo asunto.

EL PP DE LA COMUNITAT VALENCIANA OBSTRUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.

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POLÍTICA

 17/12/2007

La derecha provoca “una situación social límite” en detrimento de los discapacitados

El bloqueo del PP valenciano a la Ley de Dependencia envía al paro a 186 trabajadores sociales

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El próximo 31 de diciembre se va a llegar en la Comunidad Valenciana a una “situación social límite”, según alerta el sindicato CC.OO. Este punto crítico será el resultado del persistente bloqueo que el gobierno conservador del PP está haciendo a la aplicación de la ley de Dependencia que promueve el ejecutivo socialista.

Según confirma a El Plural la responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Adelaida Vega Roca, en la fecha marcada, los 186 trabajadores sociales que desde septiembre se encargaban en Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de evaluar y redactar informes de las solicitudes de ayudas, irán a engrosar las listas del paro.

Todos al paro
Desde la administración autonómica se justifican los despidos en cadena porque las convocatorias están planificadas para cubrir períodos de seis meses, “dependiendo de que hayan existencias de fondos en los presupuestos”. Esta última condición es la que más inquieta a los afectados por el despido. En las cuentas de la Generalidad Valenciana para 2008 no figuran partidas específicas para estos fines. Se deduce, desde la oposición de izquierdas, que se está pretendiendo cubrir los costes únicamente con las transferencias del gobierno central. Para 2008 rondarán los 80 millones de euros.

Sin garantías
En cualquier caso, los trabajadores sociales cesados no esperaban la carta de despido, sino otra a la inversa que les confirmara en sus puestos automáticamente, para no entorpecer sus tareas con la discontinuidad forzada que ahora tienen que soportar, sin garantía formal de que vuelva al trabajo más adelante algún día.

Una trabajadora afectada
Una de las trabajadores sociales afectadas por este parón laboral, Virginia Tovar, explica que con esta manera de actuar se ocasiona un mayor retraso en la gestión de las ayudas -“que es lo que persigue la Generalitat Valenciana”, insiste– para que la aplicación de la ley socialista parezca un rotundo fracaso, al menos en la autonomía valenciana.

Todo “en saco roto”
Además del quebranto económico personal, los trabajadores sociales se quejan de que todo lo que han avanzado durante los últimos cuatro meses “caerá en saco roto”. Se tendrá que empezar de nuevo, en detrimento de quienes tienen que percibir las ayudas económicas, es decir las personas mayores con problemas de movilidad y personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Sistema de contratación
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia, Pilar Rueda, reconoce a El Plural que el método de contratación empleado por el Consell para estas taras técnicas en ayuntamientos “no es bueno”. Dice que genera inestabilidad en el técnico y, muy posiblemente, una merma de calidad de servicio, dada su precariedad. Añade otro problema, al denunciar que entre los contratados de la primera convocatoria “muchos no eran titulados sociales”, asegura, dando a entender que ha podido haber mano ancha para el “enchufismo”.

A cuatro meses vista
Pese al malestar y a la incertidumbre general que reinan en los profesionales sociales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), responsable de distribuir en los Ayuntamientos los recursos para cubrir los gastos de personal de atención, ha vuelto a publicar el pasado 10 de diciembre otra convocatoria, idéntica a la que publicó en julio. A ella van a tener que acudir de nuevo los Ayuntamientos, 117 en total, si quieren volver a tener operativos los servicios de atención. Por rápido que se actúe, este duplicado proceso de selección se alargará hasta el mes de abril o mayo, después de las elecciones generales de marzo.

Ritmo lento
Además de este taponamiento en los ayuntamientos, al modelo adoptado por la Generalidad Valenciana le están lloviendo críticas de variada índole. Los sindicatos le acusan de llevar un ritmo muy lento. Hace una semana se publicó un informe de ámbito estatal en el que la Comunidad Valenciana, junto con la madrileña, está a la cola respeto al resto de Gobiernos regionales. En territorio valenciano todavía nadie, de los muchos miles de ciudadanos que tienen derecho a cobrar, ha percibido estas ayudas. En Navarra, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha se han empezado a abonar, con tarifas entorno a los 489 euros mensuales para beneficiarios que viven en el entorno familiar y 657 euros cuando se contrata una persona para su cuidado.

Incumplimiento de una ley estatal
De entre todos los desajustes y errores de aplicación que se achacan a la Generalidad Valenciana, el más grave es el que pone sobre el tapete la trabajadora social, Virginia Tovar. Advierte que de no firmarse el convenio con el Gobierno antes de que finalice este año a la Generalidad Valenciana, se le puede acusar de “incumplimiento de una ley estatal”, con lo que ello significa, si se actúa por la vía judicial.

AGAG, CAMPS Y LA F1 EN VALENCIA: MUCHO MORRO, CARA DURA Y MÁS POCA VERGUENZA. ¡QUE CUADRILLA!.

POLÍTICA

 11/09/2007

El yernísimo se cobra sus favores a Camps

Agag pretende que la Generalitat Valenciana le financie su entrada en la Fórmula 1: ¡40 millones de euros!

IGNASI PELLICER. VALENCIA

El negocio super-millonario que intenta hacer en Valencia Alejandro Agag – el yernísimo del ex presidente del Gobierno José María Aznar – se va perfilando cada día más. Se desdibuja la jugada, aunque últimamente se le haya puesto en sordina, tanto en su vertiente económico-financiero, como en la política.

El socio de Agag en Valencia, el ex piloto de Fórmula 1, Adrián Campos, se mantiene cauto y discreto. Ni uno, ni otro sueltan prenda sobre cómo les va lo que ambos llevan entre manos. El pasado mes de julio, Agag compró al ex piloto valenciano la mayoría de las acciones de su empresa “Campos Grand-Prix” que compite en GP2, la segunda división de carreras de competición automovilísticas. Agag no hacía más que seguir al pie de la letra un plan mucho más ambicioso que había ideado meses antes, con la bendición de su otro socio, el multimillonario Bernie Ecclestone, patrón y amo de la Formula 1 a escala mundial.

¿Cuánto pagó al ex piloto Campos?
Cuál fue el precio de la operación de compra-venta entre Agag y Campos, sigue siendo un auténtico misterio. Tampoco se sabe con certeza si hubo una verdadera derrama de dinero u otras componendas. Lo bien cierto es que, desde entonces, los dos socios andan detrás de entrar en la escudería japonesa, Super Aguri (Suzuki), en horas bajas por problemas financieros.

El salto a la Fórmula 1
Campos y Agag quieren dar juntos el salto de la GP2 -donde ahora compite la marca valenciana- a la Fórmula 1 que es donde de verdad se mueven los negocios millonarios. De negocios de altos vuelos, Agag sabe un rato, desde que fuera uno de los prebostes del PP, con Aznar de padrino, hasta hoy que, se dedica a los negocios personales en exclusiva.

El pagador, la Generalitat de Camps
El binomio Agag-Campos, si quiere entrar en la Fórmula 1 de la mano de la escudería japonesa Aguri, tiene que desembolsar en torno a los 40 millones de euros, según calculan fuentes muy bien informadas en este sector de negocios. Pero ni Agag, ni el ex piloto Campos, disponen ni juntos ni por separado de tan descomunal cantidad de dinero. Y aquí es donde empiezan, y no acaban, las suspicacias y especulaciones en los mentideros políticos empresariales valencianos sobre la operación de Agag y los posibles soportes financieros para llevarla a buen puerto.

Corren rumores, con sobrado fundamento, de que Agag pretende que sea la Generalitat Valenciana -en manos del PP, bajo la presidencia de Francisco Camps- quien financie los 40 millones de euros que le cuesta la entrada en la Fórmula 1, con Adrián Camps de socio técnico-profesional.

Un convenio en fase de “redacción”
Los millones, se especula, pueden salir de las arcas públicas, mediante un convenio de patrocinio de la Ganeralitat Valenciana. Su contenido se encuentra, al parecer, en la fase de “redacción”. Es muy posible que no se dé a conocer hasta que no estén más avanzadas las obras del circuito urbano de Formula 1, con plazo de ejecución para antes del otoño del 2008 que debe celebrarse la primera competición, tal y como se ha comprometido Ecclestone en persona.

El circuito, arma electoral
Fue precisamente Agag quien ideó el circuito, se lo contó a su socio Ecclestone y al presidente Camps. Estos se las compusieron para utilizar la idea, primero como arma electoral en las últimas elecciones municipales del 27 de mayo, condicionando el proyecto a que saliera reelegido Camps de presidente de las urnas, un caso inédito en la historia de las democracias europeas. Ahora al proyecto urbanístico, se le quiere equipar a la América’s Cup que el PP valenciano le ha sacado todo el rédito electoral, aunque la mayor parte de la inversión económica la haya aportado el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

Agag y Camps, dos PPijos
A la deuda política del PP valenciano, pendiente de saldar a favor de Agag, por ser el padre del muy rentable políticamente hablando circuito de Fórmula Uno, hay que pensar que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, mantiene todavía viva cierta amistad con Agag. Data de la época de las noches del “clan Becerril” que organizaba Agag con “jóvenes promesas” del PP. Las reuniones y sus protagonistas están recopiladas en “Los PPijos. El Turno de la generación de Agag”, obra de los periodistas, Carlos Ribagorda e Ignacio Cardero. De la “fuerte amistad” entre Agag y Eduardo Zaplana, enemigo declarado de Camps en el PP, lógicamente ahora se intenta echar tierra por medio.

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGEN A LAS CORTES GENERALES LA APROBACIÓN DE LA LEY DE SANCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE MINUSVÁLIDOS.

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martes, 14 agosto 2007

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGEN AL LEGISLATIVO ESPAÑOL QUE APRUEBE LA LEY DE SANCIONES CONTRA LA DESCRIMINACIÓN DE MINUSVÁLIDOS QUE LLEVA 20 MESES EN LISTA DE ESPERA EN EL PARLAMENTO, SIN MOTIVO JUSTIFICADO…

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) exigió ayer a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que aceleren la tramitación del proyecto de ley anunciado por el Gobierno que establecerá un régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
El proyecto de ley fue presentado el 16 de enero de 2006 y calificado el 24 de ese mismo mes, por lo que lleva casi 20 meses en el Congreso de los Diputados, “tiempo inusualmente dilatado para la tramitación de una iniciativa legislativa de estas características”, a juicio del CERMI. En el nuevo período de sesiones que se inicia en septiembre, la aprobación de esta iniciativa debe ser una prioridad para las Cámaras, pide el CERMI en su comunicado.

Quien discrimine, sancionado. Para las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, la regulación de las infracciones y sanciones resulta absolutamente necesaria para garantizar adecuadamente el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, establecido sustantivamente en la ley 51/2003, de 2 de diciembre, por lo que resulta urgente culminar con rapidez el trámite del proyecto de ley por el que se establece el régimen sancionador en esta materia. El CERMI presentó a todos los grupos parlamentarios del Congreso un documento de enmiendas técnicas que confía en que puedan ser aceptadas para mejorar una iniciativa normativa en la que el sector de la discapacidad “tiene depositadas muchas esperanzas”.

agosto 14, 2007 en DEJACIÓN |

LA CABRA TIRA AL MONTE: EL EX PRESIDENTE AZNAR Y FAMILIA, VUELVEN AL MAR CON ABEL MATUTES.

POLÍTICA

 11/08/2007

El ex presidente y familia vuelven al mar con Abel Matutes

Aznar navega con El Padrino de Ibiza

JESÚS NIETO

Las instantáneas en las que aparece Aznar navegando plácidamente en el yate de su amigo Abel Matutes se han convertido en un clásico del verano. Josemari se tuesta al sol de Formentera mientras el resto de su familia pasea desocupada por Ibiza, portando, eso sí, carísimos complementos que la revista Qué me dices detalla en sus páginas.

Según publica el semanario rosa, Ana Botella, concejala del Ayuntamiento de Madrid y esposa de José María Aznar pasea por Ibiza con un bolso “Carolina Herrera” cuyo coste asciende a 450 euros. Tanto Ana Aznar como su madre, Ana Botella, lucen de blanco ibicenco y hacen alarde de una economía saneada. Para el semanario Qué me dices, que se distribuye junto al conservador diario La Razón, las vacaciones de los Aznar conforma una “estampa” en la que se refleja que “todos somos iguales” por el hecho de que los Aznar, como el resto de los mortales, puedan ir a la playa.

Según señala la revista Qué me dices en su versión digital, Josemari y Ana Botella pudieron ejercer de abuelos cuando “Alejandro Agag, de 36 años, y Ana Aznar, de 25, embarazada de cinco meses, les endosaron a sus hijos, Alejandro y Rodrigo” para poder disfrutar tranquilamente de la madrugada de la Isla.
La prensa del corazón parece haber encontrado en los Aznar una suerte de grimaldis españoles de “andar por casa”. Una familia que todos los veranos opta por pasar las vacaciones en Ibiza.

El barco de Abel
Sin embargo, las reuniones en alta mar entre Aznar y el poder en la sombra de Ibiza, si no de las Baleares, Abel Matutes, no son nada nuevo. La querencia del ex presidente por veranear unos días con su antiguo ministro de Exteriores viene de lejos, y en el yate de Matutes se han tomado algunas decisiones importantes cuando el Partido Popular se encontraba al frente del Gobierno.

En 1998, Abel Matutes invitó al matrimonio Aznar a pasar unos días en su embarcación de recreo, una invitación que, según el libro La vida desconocida de un presidente, suponía un “consuelo” que el ministro de Exteriores ofrecía a Josemari y Ana Botella tras el disgusto que le produjo a la pareja tener que prescindir de Miguel Ángel Rodríguez en la portavocía del Gobierno. La cabeza de Rodríguez, cuya tendencia de ser un bocazas ya le costó el mismo cargo en el Gobierno de Castilla y León, presidido por su amigo Aznar, le fue demandada en esta segunda ocasión por Jordi Pujol debido a unas palabras suyas inconvenientes respecto al catalanismo.

El Rey Midas balear
Matutes acumula un importante caudal de riqueza que le ha llevado a ser considerado como el Rey Midas de Ibiza. Sin embargo, en los últimos tiempos la sombra de la sospecha –que siempre le había revoloteado, se ha ceñido aún más sobre el político ibicenco y su familia. Quien fuera alcalde de Ibiza en el franquismo ha visto su nombre salpicado en algunos casos de corrupción, siendo favorecido en muchos de ellos por la acción del Gobierno autónomo balear, en manos del popular Jaume Matas y de su antecesor Gabriel Cañellas, condenado judicialmente por corrupción.

Según informó elplural.com, las empresas de Abel Matutes compraron en Ibiza una finca como rústica en 2004 y poco después el Gobierno balear se la expropió como urbana, pagando quince veces más. En esos terrenos se construía la polémica autopista al aeropuerto de Ibiza –que levantó las protestas de ecologistas y otros sectores de las islas- curiosamente cuando la hija de Abel Matutes era consellera de Vías y Obras en Ibiza.

La hija de Matutes
José María Aznar ha compartido barco esta vez con Matutes cuando los problemas más apremian al antiguo ministro del PP, especialmente debido a la contestada actitud de su hija Estela, sobre la que se interpuso una demanda por presunto delito de prevaricación al realizar “modificaciones urbanísticas directamente vinculadas a negocios inmobiliarios, tanto propios como de su familia directa”, valiéndose de su cargo en el Consell de Ibiza.

El pasado del patrón del yate
La biografía de Matutes resulta curiosa si de analizar el enriquecimiento del personaje se trata. Abel Matutes, colaborador del franquismo, estuvo en AP -Alianza Popular- desde sus comienzos. Previamente fue alcalde de Ibiza durante la dictadura y precisamente desde ese momento mantiene una sólida amistad con Fraga. Fue comisario europeo en Bruselas y eurodiputado hasta que Aznar lo nombró ministro de Asuntos Exteriores, época en la que, según se comenta, aprovechaba los viajes oficiales para vigilar sus negocios hoteleros en el extranjero.

Tras abandonar la política activa y dedicarse en cuerpo y alma a los negocios, Matutes logró amasar una gran fortuna, hasta el punto en las islas lo comparan con Juan March, el corsario financiero que contribuyó con su dinero a promover el golpe de Estado del 36.

La hospitalidad de Matutes
Nadie duda de que exista una profunda amistad entre Aznar y Matutes. Sin embargo, las hemerotecas advierten de que el político y banquero ibicenco tiene la costumbre de hacer alarde de sus propiedades y su riqueza. Es sonada la invitación que Matutes hizo Manuel Fraga a uno de sus resorts hoteleros en el Caribe, el “Dominican Fiesta” de la República Dominicana, muy poco después de las elecciones generales de 1986 en las que el PSOE venció por segunda vez con mayoría absoluta.

El Padrino balear en la prensa estadounidense
El New York Times, incluso, llegó a publicar un reportaje sobre las dudosas obras de infraestructuras en Ibiza. En él se explicaba que era “una gran coincidencia que el imperio empresarial de Matutes” saliera “beneficiado con estos proyectos”. Para el rotativo estadounidense, “el ex ministro de Exteriores de España es el padrino de Ibiza”, ya que “hay poca cosa que no sea suya o esté bajo su control”.

POLITICA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO CATALÁN: LOS PISOS VACIOS SIN HEREDEROS PARA LOS COLECTIVOS MAS DESFAVORECIDOS.

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miércoles, 08 agosto 2007

EL GOBIERNO CATALÁN QUIERE QUE LOS PISOS VACÍOS SIN HEREDEROS SE DESTINEN A VIVIENDAS PARA GRUPOS SOCIALES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN O PARA LOS MÁS DESFAVORECIDOS

Si un testamento no dice lo contrario, los pisos de Cataluña que hayan quedado vacíos tras la muerte de su dueño serán reutilizados para favorecer la inclusión social. Ésta es, al menos, la intención del Ejecutivo catalán, que pretende hacer efectivo este procedimiento en los próximos meses y facilitar, así, el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Informa Victor Mondelo.
Serán indigentes que pernoctan en la calle, toxicómanos en proceso de desintoxicación, jóvenes que hayan sido tutelados por la Administración, presos que buscan reinsertarse, mujeres víctimas de la violencia doméstica o inmigrantes sin papeles los principales beneficiarios de esta medida. Serán los ocupantes de estas viviendas sin heredero. Actualmente, los pisos intestados quedan automáticamente en manos de la Administración pública que, o bien los vende y destina el dinero obtenido a fines sociales, o bien los utiliza para llevar a cabo directamente estos fines.

Red catalana de viviendas de inclusión social. La idea de la Generalitat y, en concreto, de la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, es establecer un protocolo explícito que concrete el fin inclusivo de este conjunto de pisos, haciendo que éstos pasen a una bolsa de viviendas que ya existe y que lleva por nombre red de Viviendas de Inclusión Social. Esta red nació a mediados de 2005 y, actualmente, está formada por 406 pisos –la mayoría, el 56%, ubicados en el Área Metropolitana de Barcelona– que gestionan 80 entidades sociales dedicadas a velar por la reinserción de los más desfavorecidos como Cáritas, Rauxa o la fundación Un Sol Món de Caixa Catalunya. Hasta el momento, muchos de los inmuebles eran alquilados en el mercado libre, con el coste y las limitaciones que ello supone. Trilla considera que esta nueva iniciativa “aportará, inicialmente, bastantes viviendas, una cifra interesante, y después un goteo para alimentar la red”.

700.000 euros de la Generalitat más 500.000 de Caixa Catalunya. El pasado año, la Generalitat invirtió 700.00 euros en mejorar la red de viviendas sociales y Caixa Catalunya otros 500.000, pero, en opinión de Trilla, la inversión nunca será suficiente “por la falta de parques públicos de este tipo de casas, que sí existen en otros países europeos”. Ésta es la razón, según la representante de la Generalitat, para “buscar alternativas” como la reutilización automática de pisos intestados. El modelo de vivienda que más frecuenta dentro de la red y que se espera encontrar entre los inmuebles sin herederos ronda los 80 metros cuadrados y está pensado para ser ocupado por cuatro personas que pagan 194 euros de alquiler al mes para poder habitarlos.

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