Discriminación de las personas discapacitadas.

Discriminación de las personas discapacitadas

A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros

“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA
  • Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008

Contenido de la norma

El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.


(Imagen: Daniel Lobo)

El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.

Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”

La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.

Régimen de infracciones y sanciones

Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales

El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.

  • Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
  • Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
  • Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.

No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Dónde presentar las denuncias

Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia

La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.

Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:

  • Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
  • Fax 91 363 50 74
  • Teléfono 91 363 51 86
  • DTS 91 363 50 93
  • Correo electrónico ope@mtas.es

Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.

“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.

Adaptación de la OPE

En cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, las dependencias de la Oficina Permanente Especializada cumplen todos los requisitos para ser accesibles. Existe un sistema de comunicación multidisciplinar que abarca desde la información telefónica, incluidos un dispositivo telefónico para sordos (DTS) y fax, hasta la información presencial, con un sistema de apoyo a la comunicación oral a través de bucle de inducción, labiolectura y lengua de signos básica.

Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible

Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.

Publicado en CONSUMER Eroski.

El Defensor del Pueblo lleva ante el Tribunal Constitucional a la Generalitat Valenciana.

EP Social

recurre una parte de la gestión de la Ley de Dependencia

El Defensor del Pueblo lleva ante el Constitucional a la Generalitat Valenciana

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Foto: ep

La institución acusa al Gobierno valenciano de “obstaculizar” la aplicación de la norma

   MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) –

   El Defensor del Pueblo ha presentado esta mañana un Recurso de Inconstitucionalidad contra un aspecto de la gestión de la Generalitat Valenciana sobre la Ley de Dependencia, según informaron a Europa Press fuentes de esta institución.

   En concreto, el Defensor del Pueblo ha interpuesto el recurso contra la disposición adicional 11 de la Ley de Presupuestos de esta comunidad para el ejercicio 2008, que establece que las personas valoradas por la Generalitat deben entender que su solicitud ha sido desestimada si no han recibido respuesta en el plazo de seis meses.

   Esta disposición, introducida en el Parlamento valenciano a través de una enmienda del PP, cambia el concepto de ‘silencio administrativo’, que significa que si la Administración no responde a la solicitud de un ciudadano es que ésta ha sido atendida. Con este cambio, el ‘silencio administrativo’ pasa de ‘positivo’ a convertirse en ‘negativo’ en esta comunidad.

   “Las administraciones tienen la obligación de notificar y explicar por escrito por qué han rechazado un derecho fundamental. Lo que han hecho es completamente ilegal”, señalaron fuentes del Defensor del Pueblo a Europa Press.

“CAMUFLADAMENTE”

   Además, estos mismas fuentes critican que esta reforma se “haya metido en una ley, la de presupuestos, que no tiene absolutamente nada que ver” con la dependencia. “Este cambio lo han metido en una ley distinta, camufladamente, para que no se entere nadie. Esto claramente vulnera el principio de seguridad jurídica”, apostillan.

   Por todo ello, desde el Defensor del Pueblo acusan a la Generalitat Valenciana de “obstaculizar” la aplicación de la Ley de Dependencia, y recuerdan que los dependientes son ciudadanos que por su situación ya se encuentran en condiciones “de especial vulnerabilidad”.

   Igualmente, los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han criticado que la Generalitat, gobernada por el PP, “ha boicoteado” la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 2007.

   El Defensor del Pueblo entiende que “no puede permanecer impasible” ante la entrada en vigor de esta disposición “mediante un procedimiento impropio”, que, además, “afecta a un colectivo de ciudadanos necesitados de especial protección”.

   El recurso ha sido interpuesto a raíz de la queja formal presentada a mediados de enero por el sindicato UGT ante del Defensor del Pueblo, que posteriormente recibió otras dos quejas más de particulares sobre este mismo asunto.

EL PP DE LA COMUNITAT VALENCIANA OBSTRUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.

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POLÍTICA

 17/12/2007

La derecha provoca “una situación social límite” en detrimento de los discapacitados

El bloqueo del PP valenciano a la Ley de Dependencia envía al paro a 186 trabajadores sociales

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El próximo 31 de diciembre se va a llegar en la Comunidad Valenciana a una “situación social límite”, según alerta el sindicato CC.OO. Este punto crítico será el resultado del persistente bloqueo que el gobierno conservador del PP está haciendo a la aplicación de la ley de Dependencia que promueve el ejecutivo socialista.

Según confirma a El Plural la responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Adelaida Vega Roca, en la fecha marcada, los 186 trabajadores sociales que desde septiembre se encargaban en Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de evaluar y redactar informes de las solicitudes de ayudas, irán a engrosar las listas del paro.

Todos al paro
Desde la administración autonómica se justifican los despidos en cadena porque las convocatorias están planificadas para cubrir períodos de seis meses, “dependiendo de que hayan existencias de fondos en los presupuestos”. Esta última condición es la que más inquieta a los afectados por el despido. En las cuentas de la Generalidad Valenciana para 2008 no figuran partidas específicas para estos fines. Se deduce, desde la oposición de izquierdas, que se está pretendiendo cubrir los costes únicamente con las transferencias del gobierno central. Para 2008 rondarán los 80 millones de euros.

Sin garantías
En cualquier caso, los trabajadores sociales cesados no esperaban la carta de despido, sino otra a la inversa que les confirmara en sus puestos automáticamente, para no entorpecer sus tareas con la discontinuidad forzada que ahora tienen que soportar, sin garantía formal de que vuelva al trabajo más adelante algún día.

Una trabajadora afectada
Una de las trabajadores sociales afectadas por este parón laboral, Virginia Tovar, explica que con esta manera de actuar se ocasiona un mayor retraso en la gestión de las ayudas -“que es lo que persigue la Generalitat Valenciana”, insiste– para que la aplicación de la ley socialista parezca un rotundo fracaso, al menos en la autonomía valenciana.

Todo “en saco roto”
Además del quebranto económico personal, los trabajadores sociales se quejan de que todo lo que han avanzado durante los últimos cuatro meses “caerá en saco roto”. Se tendrá que empezar de nuevo, en detrimento de quienes tienen que percibir las ayudas económicas, es decir las personas mayores con problemas de movilidad y personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Sistema de contratación
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia, Pilar Rueda, reconoce a El Plural que el método de contratación empleado por el Consell para estas taras técnicas en ayuntamientos “no es bueno”. Dice que genera inestabilidad en el técnico y, muy posiblemente, una merma de calidad de servicio, dada su precariedad. Añade otro problema, al denunciar que entre los contratados de la primera convocatoria “muchos no eran titulados sociales”, asegura, dando a entender que ha podido haber mano ancha para el “enchufismo”.

A cuatro meses vista
Pese al malestar y a la incertidumbre general que reinan en los profesionales sociales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), responsable de distribuir en los Ayuntamientos los recursos para cubrir los gastos de personal de atención, ha vuelto a publicar el pasado 10 de diciembre otra convocatoria, idéntica a la que publicó en julio. A ella van a tener que acudir de nuevo los Ayuntamientos, 117 en total, si quieren volver a tener operativos los servicios de atención. Por rápido que se actúe, este duplicado proceso de selección se alargará hasta el mes de abril o mayo, después de las elecciones generales de marzo.

Ritmo lento
Además de este taponamiento en los ayuntamientos, al modelo adoptado por la Generalidad Valenciana le están lloviendo críticas de variada índole. Los sindicatos le acusan de llevar un ritmo muy lento. Hace una semana se publicó un informe de ámbito estatal en el que la Comunidad Valenciana, junto con la madrileña, está a la cola respeto al resto de Gobiernos regionales. En territorio valenciano todavía nadie, de los muchos miles de ciudadanos que tienen derecho a cobrar, ha percibido estas ayudas. En Navarra, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha se han empezado a abonar, con tarifas entorno a los 489 euros mensuales para beneficiarios que viven en el entorno familiar y 657 euros cuando se contrata una persona para su cuidado.

Incumplimiento de una ley estatal
De entre todos los desajustes y errores de aplicación que se achacan a la Generalidad Valenciana, el más grave es el que pone sobre el tapete la trabajadora social, Virginia Tovar. Advierte que de no firmarse el convenio con el Gobierno antes de que finalice este año a la Generalidad Valenciana, se le puede acusar de “incumplimiento de una ley estatal”, con lo que ello significa, si se actúa por la vía judicial.

AGAG, CAMPS Y LA F1 EN VALENCIA: MUCHO MORRO, CARA DURA Y MÁS POCA VERGUENZA. ¡QUE CUADRILLA!.

POLÍTICA

 11/09/2007

El yernísimo se cobra sus favores a Camps

Agag pretende que la Generalitat Valenciana le financie su entrada en la Fórmula 1: ¡40 millones de euros!

IGNASI PELLICER. VALENCIA

El negocio super-millonario que intenta hacer en Valencia Alejandro Agag – el yernísimo del ex presidente del Gobierno José María Aznar – se va perfilando cada día más. Se desdibuja la jugada, aunque últimamente se le haya puesto en sordina, tanto en su vertiente económico-financiero, como en la política.

El socio de Agag en Valencia, el ex piloto de Fórmula 1, Adrián Campos, se mantiene cauto y discreto. Ni uno, ni otro sueltan prenda sobre cómo les va lo que ambos llevan entre manos. El pasado mes de julio, Agag compró al ex piloto valenciano la mayoría de las acciones de su empresa “Campos Grand-Prix” que compite en GP2, la segunda división de carreras de competición automovilísticas. Agag no hacía más que seguir al pie de la letra un plan mucho más ambicioso que había ideado meses antes, con la bendición de su otro socio, el multimillonario Bernie Ecclestone, patrón y amo de la Formula 1 a escala mundial.

¿Cuánto pagó al ex piloto Campos?
Cuál fue el precio de la operación de compra-venta entre Agag y Campos, sigue siendo un auténtico misterio. Tampoco se sabe con certeza si hubo una verdadera derrama de dinero u otras componendas. Lo bien cierto es que, desde entonces, los dos socios andan detrás de entrar en la escudería japonesa, Super Aguri (Suzuki), en horas bajas por problemas financieros.

El salto a la Fórmula 1
Campos y Agag quieren dar juntos el salto de la GP2 -donde ahora compite la marca valenciana- a la Fórmula 1 que es donde de verdad se mueven los negocios millonarios. De negocios de altos vuelos, Agag sabe un rato, desde que fuera uno de los prebostes del PP, con Aznar de padrino, hasta hoy que, se dedica a los negocios personales en exclusiva.

El pagador, la Generalitat de Camps
El binomio Agag-Campos, si quiere entrar en la Fórmula 1 de la mano de la escudería japonesa Aguri, tiene que desembolsar en torno a los 40 millones de euros, según calculan fuentes muy bien informadas en este sector de negocios. Pero ni Agag, ni el ex piloto Campos, disponen ni juntos ni por separado de tan descomunal cantidad de dinero. Y aquí es donde empiezan, y no acaban, las suspicacias y especulaciones en los mentideros políticos empresariales valencianos sobre la operación de Agag y los posibles soportes financieros para llevarla a buen puerto.

Corren rumores, con sobrado fundamento, de que Agag pretende que sea la Generalitat Valenciana -en manos del PP, bajo la presidencia de Francisco Camps- quien financie los 40 millones de euros que le cuesta la entrada en la Fórmula 1, con Adrián Camps de socio técnico-profesional.

Un convenio en fase de “redacción”
Los millones, se especula, pueden salir de las arcas públicas, mediante un convenio de patrocinio de la Ganeralitat Valenciana. Su contenido se encuentra, al parecer, en la fase de “redacción”. Es muy posible que no se dé a conocer hasta que no estén más avanzadas las obras del circuito urbano de Formula 1, con plazo de ejecución para antes del otoño del 2008 que debe celebrarse la primera competición, tal y como se ha comprometido Ecclestone en persona.

El circuito, arma electoral
Fue precisamente Agag quien ideó el circuito, se lo contó a su socio Ecclestone y al presidente Camps. Estos se las compusieron para utilizar la idea, primero como arma electoral en las últimas elecciones municipales del 27 de mayo, condicionando el proyecto a que saliera reelegido Camps de presidente de las urnas, un caso inédito en la historia de las democracias europeas. Ahora al proyecto urbanístico, se le quiere equipar a la América’s Cup que el PP valenciano le ha sacado todo el rédito electoral, aunque la mayor parte de la inversión económica la haya aportado el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

Agag y Camps, dos PPijos
A la deuda política del PP valenciano, pendiente de saldar a favor de Agag, por ser el padre del muy rentable políticamente hablando circuito de Fórmula Uno, hay que pensar que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, mantiene todavía viva cierta amistad con Agag. Data de la época de las noches del “clan Becerril” que organizaba Agag con “jóvenes promesas” del PP. Las reuniones y sus protagonistas están recopiladas en “Los PPijos. El Turno de la generación de Agag”, obra de los periodistas, Carlos Ribagorda e Ignacio Cardero. De la “fuerte amistad” entre Agag y Eduardo Zaplana, enemigo declarado de Camps en el PP, lógicamente ahora se intenta echar tierra por medio.

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGEN A LAS CORTES GENERALES LA APROBACIÓN DE LA LEY DE SANCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE MINUSVÁLIDOS.

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martes, 14 agosto 2007

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXIGEN AL LEGISLATIVO ESPAÑOL QUE APRUEBE LA LEY DE SANCIONES CONTRA LA DESCRIMINACIÓN DE MINUSVÁLIDOS QUE LLEVA 20 MESES EN LISTA DE ESPERA EN EL PARLAMENTO, SIN MOTIVO JUSTIFICADO…

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) exigió ayer a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que aceleren la tramitación del proyecto de ley anunciado por el Gobierno que establecerá un régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
El proyecto de ley fue presentado el 16 de enero de 2006 y calificado el 24 de ese mismo mes, por lo que lleva casi 20 meses en el Congreso de los Diputados, “tiempo inusualmente dilatado para la tramitación de una iniciativa legislativa de estas características”, a juicio del CERMI. En el nuevo período de sesiones que se inicia en septiembre, la aprobación de esta iniciativa debe ser una prioridad para las Cámaras, pide el CERMI en su comunicado.

Quien discrimine, sancionado. Para las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, la regulación de las infracciones y sanciones resulta absolutamente necesaria para garantizar adecuadamente el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, establecido sustantivamente en la ley 51/2003, de 2 de diciembre, por lo que resulta urgente culminar con rapidez el trámite del proyecto de ley por el que se establece el régimen sancionador en esta materia. El CERMI presentó a todos los grupos parlamentarios del Congreso un documento de enmiendas técnicas que confía en que puedan ser aceptadas para mejorar una iniciativa normativa en la que el sector de la discapacidad “tiene depositadas muchas esperanzas”.

agosto 14, 2007 en DEJACIÓN |

LA CABRA TIRA AL MONTE: EL EX PRESIDENTE AZNAR Y FAMILIA, VUELVEN AL MAR CON ABEL MATUTES.

POLÍTICA

 11/08/2007

El ex presidente y familia vuelven al mar con Abel Matutes

Aznar navega con El Padrino de Ibiza

JESÚS NIETO

Las instantáneas en las que aparece Aznar navegando plácidamente en el yate de su amigo Abel Matutes se han convertido en un clásico del verano. Josemari se tuesta al sol de Formentera mientras el resto de su familia pasea desocupada por Ibiza, portando, eso sí, carísimos complementos que la revista Qué me dices detalla en sus páginas.

Según publica el semanario rosa, Ana Botella, concejala del Ayuntamiento de Madrid y esposa de José María Aznar pasea por Ibiza con un bolso “Carolina Herrera” cuyo coste asciende a 450 euros. Tanto Ana Aznar como su madre, Ana Botella, lucen de blanco ibicenco y hacen alarde de una economía saneada. Para el semanario Qué me dices, que se distribuye junto al conservador diario La Razón, las vacaciones de los Aznar conforma una “estampa” en la que se refleja que “todos somos iguales” por el hecho de que los Aznar, como el resto de los mortales, puedan ir a la playa.

Según señala la revista Qué me dices en su versión digital, Josemari y Ana Botella pudieron ejercer de abuelos cuando “Alejandro Agag, de 36 años, y Ana Aznar, de 25, embarazada de cinco meses, les endosaron a sus hijos, Alejandro y Rodrigo” para poder disfrutar tranquilamente de la madrugada de la Isla.
La prensa del corazón parece haber encontrado en los Aznar una suerte de grimaldis españoles de “andar por casa”. Una familia que todos los veranos opta por pasar las vacaciones en Ibiza.

El barco de Abel
Sin embargo, las reuniones en alta mar entre Aznar y el poder en la sombra de Ibiza, si no de las Baleares, Abel Matutes, no son nada nuevo. La querencia del ex presidente por veranear unos días con su antiguo ministro de Exteriores viene de lejos, y en el yate de Matutes se han tomado algunas decisiones importantes cuando el Partido Popular se encontraba al frente del Gobierno.

En 1998, Abel Matutes invitó al matrimonio Aznar a pasar unos días en su embarcación de recreo, una invitación que, según el libro La vida desconocida de un presidente, suponía un “consuelo” que el ministro de Exteriores ofrecía a Josemari y Ana Botella tras el disgusto que le produjo a la pareja tener que prescindir de Miguel Ángel Rodríguez en la portavocía del Gobierno. La cabeza de Rodríguez, cuya tendencia de ser un bocazas ya le costó el mismo cargo en el Gobierno de Castilla y León, presidido por su amigo Aznar, le fue demandada en esta segunda ocasión por Jordi Pujol debido a unas palabras suyas inconvenientes respecto al catalanismo.

El Rey Midas balear
Matutes acumula un importante caudal de riqueza que le ha llevado a ser considerado como el Rey Midas de Ibiza. Sin embargo, en los últimos tiempos la sombra de la sospecha –que siempre le había revoloteado, se ha ceñido aún más sobre el político ibicenco y su familia. Quien fuera alcalde de Ibiza en el franquismo ha visto su nombre salpicado en algunos casos de corrupción, siendo favorecido en muchos de ellos por la acción del Gobierno autónomo balear, en manos del popular Jaume Matas y de su antecesor Gabriel Cañellas, condenado judicialmente por corrupción.

Según informó elplural.com, las empresas de Abel Matutes compraron en Ibiza una finca como rústica en 2004 y poco después el Gobierno balear se la expropió como urbana, pagando quince veces más. En esos terrenos se construía la polémica autopista al aeropuerto de Ibiza –que levantó las protestas de ecologistas y otros sectores de las islas- curiosamente cuando la hija de Abel Matutes era consellera de Vías y Obras en Ibiza.

La hija de Matutes
José María Aznar ha compartido barco esta vez con Matutes cuando los problemas más apremian al antiguo ministro del PP, especialmente debido a la contestada actitud de su hija Estela, sobre la que se interpuso una demanda por presunto delito de prevaricación al realizar “modificaciones urbanísticas directamente vinculadas a negocios inmobiliarios, tanto propios como de su familia directa”, valiéndose de su cargo en el Consell de Ibiza.

El pasado del patrón del yate
La biografía de Matutes resulta curiosa si de analizar el enriquecimiento del personaje se trata. Abel Matutes, colaborador del franquismo, estuvo en AP -Alianza Popular- desde sus comienzos. Previamente fue alcalde de Ibiza durante la dictadura y precisamente desde ese momento mantiene una sólida amistad con Fraga. Fue comisario europeo en Bruselas y eurodiputado hasta que Aznar lo nombró ministro de Asuntos Exteriores, época en la que, según se comenta, aprovechaba los viajes oficiales para vigilar sus negocios hoteleros en el extranjero.

Tras abandonar la política activa y dedicarse en cuerpo y alma a los negocios, Matutes logró amasar una gran fortuna, hasta el punto en las islas lo comparan con Juan March, el corsario financiero que contribuyó con su dinero a promover el golpe de Estado del 36.

La hospitalidad de Matutes
Nadie duda de que exista una profunda amistad entre Aznar y Matutes. Sin embargo, las hemerotecas advierten de que el político y banquero ibicenco tiene la costumbre de hacer alarde de sus propiedades y su riqueza. Es sonada la invitación que Matutes hizo Manuel Fraga a uno de sus resorts hoteleros en el Caribe, el “Dominican Fiesta” de la República Dominicana, muy poco después de las elecciones generales de 1986 en las que el PSOE venció por segunda vez con mayoría absoluta.

El Padrino balear en la prensa estadounidense
El New York Times, incluso, llegó a publicar un reportaje sobre las dudosas obras de infraestructuras en Ibiza. En él se explicaba que era “una gran coincidencia que el imperio empresarial de Matutes” saliera “beneficiado con estos proyectos”. Para el rotativo estadounidense, “el ex ministro de Exteriores de España es el padrino de Ibiza”, ya que “hay poca cosa que no sea suya o esté bajo su control”.

POLITICA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO CATALÁN: LOS PISOS VACIOS SIN HEREDEROS PARA LOS COLECTIVOS MAS DESFAVORECIDOS.

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miércoles, 08 agosto 2007

EL GOBIERNO CATALÁN QUIERE QUE LOS PISOS VACÍOS SIN HEREDEROS SE DESTINEN A VIVIENDAS PARA GRUPOS SOCIALES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN O PARA LOS MÁS DESFAVORECIDOS

Si un testamento no dice lo contrario, los pisos de Cataluña que hayan quedado vacíos tras la muerte de su dueño serán reutilizados para favorecer la inclusión social. Ésta es, al menos, la intención del Ejecutivo catalán, que pretende hacer efectivo este procedimiento en los próximos meses y facilitar, así, el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Informa Victor Mondelo.
Serán indigentes que pernoctan en la calle, toxicómanos en proceso de desintoxicación, jóvenes que hayan sido tutelados por la Administración, presos que buscan reinsertarse, mujeres víctimas de la violencia doméstica o inmigrantes sin papeles los principales beneficiarios de esta medida. Serán los ocupantes de estas viviendas sin heredero. Actualmente, los pisos intestados quedan automáticamente en manos de la Administración pública que, o bien los vende y destina el dinero obtenido a fines sociales, o bien los utiliza para llevar a cabo directamente estos fines.

Red catalana de viviendas de inclusión social. La idea de la Generalitat y, en concreto, de la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, es establecer un protocolo explícito que concrete el fin inclusivo de este conjunto de pisos, haciendo que éstos pasen a una bolsa de viviendas que ya existe y que lleva por nombre red de Viviendas de Inclusión Social. Esta red nació a mediados de 2005 y, actualmente, está formada por 406 pisos –la mayoría, el 56%, ubicados en el Área Metropolitana de Barcelona– que gestionan 80 entidades sociales dedicadas a velar por la reinserción de los más desfavorecidos como Cáritas, Rauxa o la fundación Un Sol Món de Caixa Catalunya. Hasta el momento, muchos de los inmuebles eran alquilados en el mercado libre, con el coste y las limitaciones que ello supone. Trilla considera que esta nueva iniciativa “aportará, inicialmente, bastantes viviendas, una cifra interesante, y después un goteo para alimentar la red”.

700.000 euros de la Generalitat más 500.000 de Caixa Catalunya. El pasado año, la Generalitat invirtió 700.00 euros en mejorar la red de viviendas sociales y Caixa Catalunya otros 500.000, pero, en opinión de Trilla, la inversión nunca será suficiente “por la falta de parques públicos de este tipo de casas, que sí existen en otros países europeos”. Ésta es la razón, según la representante de la Generalitat, para “buscar alternativas” como la reutilización automática de pisos intestados. El modelo de vivienda que más frecuenta dentro de la red y que se espera encontrar entre los inmuebles sin herederos ronda los 80 metros cuadrados y está pensado para ser ocupado por cuatro personas que pagan 194 euros de alquiler al mes para poder habitarlos.

agosto 8, 2007 | Permalink

AZNAR ASESORES, SA

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REPORTAJE

Aznar Asesores, SA

El ex presidente acumula tareas de asesor de empresas, la última de ellas facilitar a Joseph E. Robert, para el que trabaja, una reunión con el presidente argentino, Kirchner

EL PAÍS – Madrid – 29/07/2007

 

España tiene un consultor global que igual habla de vinos en Castilla y León que asesora de inversiones inmobiliarias en Mendoza (Argentina). José María Aznar López (Madrid, 1953), dedicado a la actividad pública de los 22 a los 49 años -funcionario de Hacienda, diputado autonómico, presidente de Castilla y León, diputado nacional y presidente del Gobierno tras las victorias del PP en 1996 y 2000- ha aprovechado al máximo sus tres últimos años de vida privada para hacerse con un abundante y sonoro expediente empresarial.

 

 

La noticia en otros webs

El ex jefe del Ejecutivo preside el consejo asesor latinoamericano de J. E. Robert Companies

En marzo, Aznar viajó a Moscú para reunirse con directivos de Gazprom y Putin

En este corto espacio de tiempo, Aznar ha fichado como asesor de grandes negocios financieros, inmobiliarios y mediáticos en manos de empresarios todopoderosos. Además, preside FAES -fundación del Partido Popular, cuya actividad de elaboración y promoción del pensamiento neoconservador es financiada en parte con fondos públicos- y en sus ratos libres, imparte cursos sobre Europa en la Universidad de Georgetown, da conferencias por todo el mundo sobre materias diversas y ha escrito dos libros con sus memorias de presidente: Ocho años de Gobierno y Retratos y perfiles: De Fraga a Bush.

En sólo tres años de actividad privada se ha colocado en el consejo de administración de News International -el emporio del australiano Rupert Murdoch, firme partidario, como Aznar, de la ocupación de Irak-; en el consejo asesor del fondo de inversiones europeo de alto riesgo Centaurus Capital -especializado en la compraventa de empresas en busca del mayor y más rápido beneficio-; y en el consejo asesor latinoamericano de la compañía estadounidense J. E. Roberts, dedicada a grandes operaciones inmobiliarias.

La aventura latinoamericana del asesor global es la última inmersión conocida del ex presidente español en el océano de los grandes negocios privados del mundo. Aznar apareció hace tres días en una fotografía entre el presidente argentino, Néstor Kirchner, y Joseph E. Robert, dueño de la sociedad norteamericana JER. El desembarco de esta compañía en Argentina hace apenas un mes con una operación valorada en 26 millones de dólares recibió el empujón definitivo de la mano de Aznar, que llevó a Joseph E. Robert, el magnate que le colocó de presidente del consejo asesor latinoamericano de su empresa, hasta el palacio presidencial argentino y le sentó a la mesa junto a Kirchner.

Del consejo asesor que encabeza Aznar forman parte también el ex vicepresidente del Banco Mundial Roberto Dañino; el ex director de la Bolsa de Valores de Chile Álvaro Saieh Bendeck y el ex secretario de Finanzas de México, Pedro Aspe, entre otros.

Las empresas inmobiliarias se han convertido en España en motivo de sospecha si están relacionadas con la financiación de partidos políticos. En los últimos años, jueces y fiscales han destapado múltiples casos de corrupción donde políticos y empresarios inmobiliarios se han enredado en negocios ilegales que han perjudicado a la Hacienda pública. Tanto es así que el PP, el partido de Aznar, ha propuesto, sin éxito, prohibir las donaciones de este tipo de empresas a los partidos políticos.

Sus ocho años al frente del Gobierno español le han dejado a Aznar suficientes contactos y conocimientos como para convertirse en un valor codiciado por empresarios conservadores que mueven su capital por el mundo y se relacionan con los mandatarios de los países donde deciden invertir.

Juan Ramón Caridad, director de productos de Atlas Capital, explicó hace varios meses a este periódico el sentido del fichaje de Aznar por la sociedad del fondo de alto riesgo Centaurus Capital: “Aznar es el Fernando Alonso de Centaurus. Se le ficha por imagen y por marketing más que porque realmente vaya a utilizar su influencia en alguna operación. De la misma forma que el banco Santander utiliza la imagen del piloto de fórmula 1, Centaurus contrata a Aznar, para ganar notoriedad”.

Murdoch también dio notoriedad al consejo de administración de News International cuando decidió fichar a Aznar, el primer consejero no anglosajón que se sentaba en una de las mesas con mayor poder empresarial del planeta. En ese momento, Aznar tenía un puesto en el Consejo de Estado. Cuando se conocieron sus tratos con Murdoch, sin que el ex presidente reparase en la supuesta incompatibilidad de los cargos, saltaron algunas alarmas.

Aznar creó una sociedad (Famaztella, familia Aznar-Botella) para ingresar los beneficios de sus libros… y el sueldo que Murdoch empezó a pagarle apenas seis meses después de salir del Gobierno. Desde septiembre de 2004 hasta junio de 2006, el ex presidente recibió del empresario australiano 10.000 euros mensuales -más de lo que cobraba como jefe del Ejecutivo- por “servicios de asesoría de estrategia corporativa global”.

A partir de esa fecha, el salario creció hasta los 148.000 euros al año porque Aznar fue nombrado consejero de News International. El Consejo de Estado se convirtió entonces en un lugar incompatible con la otra tarea remunerada del ex presidente. Entre esa actividad pública en el Consejo de Estado y los negocios privados, Aznar se inclinó por los últimos.

Sus andanzas por el mundo han dado desde entonces mucho que hablar. Algunos viajes, discretos, sin intervenciones públicas ni fotos en los periódicos, han desatado todo tipo de sospechas. En marzo pasado, Aznar visitó Moscú en dos ocasiones para reunirse con directivos de Gazprom y con el presidente ruso, Vladimir Putin. El dirigente español aseguró a través de sus colaboradores que en ningún caso abordó en sus visitas a Rusia temas relacionados con España.

Ahora ha viajado a Latinoamérica para presentar un estudio de su fundación FAES titulado América Latina, una agenda de libertad. En su estancia por diversos países, concedió entrevistas a distintos medios y habló en varios foros para cargar contra los Gobiernos populistas y criticar especialmente a los gobernantes de Cuba y Venezuela. En esa ronda, visitó a Kirchner, el presidente argentino, y volvió a hablar de libertad.

Sólo un mes después, Aznar se quitó el traje de presidente de FAES y se puso el de consultor global. Entonces, regresó al mismo lugar pero con otro objetivo: asesorar a un grupo inmobiliario que iba a invertir 26 millones de dólares en Argentina y quería un buen trato. Por eso, Aznar se sentó a medio camino entre lo público y lo privado, entre el empresario al que asesora, Joseph E. Robert, y el presidente de Argentina, Néstor Kirchner.

COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP “PASA” DE APLICAR LA LEY DE AYUDA A LAS PERSONAS DEPENCIENTES.

sábado, 28 julio 2007

MÁS DE DOS MIL PERSONAS RECIBEN YA LAS AYUDAS PARA DEPENDIENTES Y FAMILIAS CUIDADORAS EN NAVARRA; NINGUNA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, CON EL PP EN EL GOBIERNO REGIONAL…

Un total de 2.051 personas están recibiendo ya las Ayudas para Personas Dependientes y Familias Cuidadoras, puesto en marcha por el Gobierno de Navarra el 1 de enero de este año, según informó ayer la consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, María Isabel García Malo.
En la Comunidad Valenciana, con el PP en el poder de la Generalitat, todavía no se ha concedido ninguna de estas ayudas que por ley estatal deben iniciarse este año con prioridad para los ciudadanos afectados con mayor grado de dependencia.
Con el Programa Integral para Personas Dependientes y Familias Cuidadoras, el Gobierno de Navarra pretende completar la red de recursos y servicios que en la actualidad está disponible, y ofrecer así una mejor respuesta a las necesidades, tanto de las personas dependientes como de sus familias.

Ayudas más democráticas para personas dependientes. En concreto, sus tres fines fundamentales son dibujar la situación y el mapa real de la dependencia en Navarra, conocer las necesidades reales para diseñar e implementar los recursos y servicios más adecuados para las diferentes casuísticas, y mejorar la atención prestada y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Foral.
La novedad de esta ayuda es que, por primera vez, se tiene en cuenta la renta per cápita y el patrimonio de la unidad familiar de la persona dependiente, y no la de la unidad de convivencia de la familia cuidadora, tal y como se venía haciendo hasta ahora, lo que perjudicaba a las familias que convivían con personas dependientes, a juicio de la consejera, según informa el Gobierno foral.

Durante el primer semestre de este año se han presentado 6.976 solicitudes, de las que 3.734 ya han sido resueltas: 2.260 se han resuelto favorablemente y 1.116 negativamente, 83 se han dado de baja y 275 han quedado archivadas.
Otras 1.127 personas se encuentran en este momento en el proceso establecido al respecto. Por modalidades, el 82% de las solicitudes eligen la modalidad del entorno familiar, mientras que el 18% opta por la de contratar a una persona o servicio. De las 6.976 solicitudes registradas, 4.626 son mujeres, el 66% del total, mientras que los 2.350 hombres representan el 34%. Por edades, las personas mayores de 65 años suponen el 86%, y cabe indicar que los mayores de 80 años son 4.297 solicitudes, el 62%.

La geografía de la dependencia navarra. Por áreas geográficas, de las 6.976 solicitudes registradas, el 40% corresponde a Pamplona y su comarca, el 18% a Tudela, el 16% a Estella, el 10% a Tafalla, otro 10% a la zona noroeste de Navarra, y el 5% a la zona noreste. Hasta el momento se han concedido 2.260 solicitudes, de las que 1.373 han sido valoradas como grandes dependientes y 887 como dependientes severos. De las 1.373 valoradas como grandes dependientes, 1.115 personas han elegido la modalidad de cuidados en el entorno familiar y perciben una media de 489,05 euros mensuales, y 258 personas han optado por la modalidad de contratación de persona o servicio, y perciben una media de 637,62 euros mensuales.

Entre 400 y 500 euros al mes para cada beneficiario. En cuanto a los 887 valorados como dependientes severos, 773 han escogido la modalidad de cuidados en el entorno familiar y perciben una media de 402,89 euros mensuales, y otros 114 la de contratación de personal o servicio y perciben una media de 503,62 euros mensuales.
El Ejecutivo Foral ha destinado a estas ayudas 9.312.177 euros, y el presupuesto global comprometido para este año asciende a 16.872.361 euros.

julio 28, 2007 en SOLIDARIDAD

www.verificar.net TE INFORMA DE LAS MENTIRAS DEL PP ANTES DE IR A VOTAR

viernes, 25 mayo 2007

LA SARTA DE MENTIRAS ELECTORALES DEL PP VALENCIANO ESTÁN RECOPILADAS Y COMENTADAS EN www.verificar.net: RECOMIENDAN SU LECTURA ANTES DE IR A VOTAR PARA QUE NO HAYA DUDAS DE LA NECESIDAD DEL CAMBIO

Un grupo de profesores universitarios valencianos edita la web www.verificar.net que recopila las 100 mentiras electorales más gordas del PP y del presidente, Francisco Camps, desde que llegó al poder en 2003 hasta ahora que está a punto de perderlo.
En el repertorio de embustes de los conservadores hay de todo tipo y naturaleza. Su lectura es amena y aconsejable antes de ir a votar para que no haya ninguna duda de la necesidad de cambio que debe salir de las urnas el próximo domingo, 27 de mayo, dicen.

Algunos ejemplos de las “trolas” de Camps y los suyos. El PP asegura que si gana las elecciones bajará los impuestos. Francisco Camps cifró la promesa electoral en 300 millones de euros y calificó las nuevas rebajas de impuestos “sociales”. Se le ha visto el rabo. La Generalitat del PP ha estado pagando a Santiago Calatrava una gran parte de los trabajos realizados para la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Suiza; un paraíso natural, según publico el diario “El País”. Fue una artimaña para ahorrarse el arquitecto el pago del IVA. Calatrava tiene despacho en Valencia.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias, pagos bajo manga a Julio Iglesias, y Fórmula 1.  El mismo Calatrava ha facturado en concepto de honorarios alrededor de cincuenta millones de euros en la Ciudad de las Arts y de las Ciencias. Por no hablar de los pagos realizados a Julio Iglesias, en paraísos fiscales por gobiernos de Eduardo Zaplana, de los que también formó parte Camps aunque ahora quiera olvidarse de ello.
El compadreo de los dirigentes del PP con los patriotas fiscales es amplio. Ernesto Bertarelli, el gran “almirante” de la Copa del América (asi lo bautiza “El País”), con una fortuna estimada en más de 5.000 millones de euros, ha sido cuestionado por el trato recibido por los responsables de la recaudación fiscal en el cantón suizo de Vaud, donde tiene su residencia. Bertarelli paga alrededor de dos millones de euros en concepto de impuestos cantonales y federales, cuando según las estimaciones del diputado Jean Michel Favez debería abonar más de 13 millones. También en Suiza se ha comprado una casa otro amigo de Camps, el piloto de fórmula 1 Fernando Alonso, según el diario la Tribune de Genève, por motivos fiscales, algo que fue desmentido por el mánager del piloto. Y por seguir en el campo de la formula 1 que tanto le gusta a Camps, habría que recordar que es en otro paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, donde tiene su sede la empresa matriz de Flavio Briatore, Formula FB Business LTD, de la que es filial una sociedad que comparte con Alejandro Agag, yerno de José María Aznar y promotor del proyecto de convertir las calles de Valencia en un circuito de carreras.

Las “rebajas fiscales” de Camps, mientras los valencianos se endeudan hasta las cejas. Camps anuncia rebajas fiscales de 300 millones de euros, mientras el Banco de España recuerda que sólo el pasado año la deuda de la Generalitat que preside creció en 576 millones, situándose en la nada desdeñable cifra de 10.759 millones de euros. Una cifra que vuelve a situar a la Comunidad Valenciana como la más endeudada de España en relación al PIB y la segunda en términos absolutos. Pero siempre hay un roto para un descosido y no son fórmulas imaginativas las que faltan al Gobierno de Camps: Terra Mítica revienta los precios de los banquetes de comuniones (para desesperación de los hosteleros locales) y la Ciudad de las Artes y las Ciencias alquila el Umbracle para abrir una discoteca y una terraza de copas. ¿Impuestos para qué? Son sólo 500.000 personas las que viven en la pobreza en las 240 zonas desfavorecidas del territorio valenciano identificadas en un estudio de la propia Generalitat.

mayo 25, 2007 en NUEVAS TECNOLOGÍAS

COMUNIDAD VALENCIANA: EL 27-M TODOS A VOTAR PARA MANDAR AL PP A SU CASA. ¡JA HI A PROU!

lunes, 21 mayo 2007

LA CLAVE PARA QUE FRANCISCO CAMPS Y LOS SUYOS SALGAN DE LA GENERALITAT ESTÁ EN NO QUEDARSE EN CASA E IR A VOTAR EL 27 M:SUPERANDO EL 72% DE PARTICIPACÍÓN, EL PP EMPIEZA A HACER LAS MALETAS…

En el alud de sondeos y pronósticos de voto para el 27 M, hay un factor clave y determinante para que el PP, su jefe Francisco Camps y lo suyos, salgan de la Generalitat Valenciana. Según coinciden expertos valencianos curtidos en lides electorales, superando un 72% de participación en las urnas, la derecha empieza a hacer las maletas y deja paso a un gobierno progresista de izquierdas.
Según destaca una encuesta del Grupo Marest para el diario valenciano LEVANTE-EMV, el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Francisco Camps, perderá la mayoría absoluta. El PP obtendrá 49 de los 99 escaños en Les Corts (en las anteriores legislaturas eran 89 diputados). El PSPV, siempre según el mismo sondeo, saldría con 40 diputados. Como tercera fuerza, el Bloc Nacionalista y EU, en su plataforma “Compromís pel País Valencià” sumarían 11 diputados. El estudio señala además que el voto regionalista quedaría dividido entre Coalición Valenciana y Unión Valenciana y que ninguno de los dos obtendría representación parlamentaria.
Todas estas previsiones están supeditas a que se supera el listón del 72% de participación. Por esta razón, el PP piensa que cuanto menos movilización ciudadana haya en la campaña mejor le irá, porque su electorado conservador y ultra conservador ya esta movilizado.   

Las urnas democráticas en la Comunitat Valenciana han sido más veces de izquierdas que de derechas. La Comunitat Valenciana ha celebrado seis elecciones autonómicas desde la aprobación de su Estatut de Autonomía en 1982, en cuatro de las cuales se obtuvo mayoría absoluta: en 1983 y 1991 por parte del PSPV-PSOE, y en 1999 y 2003 por el Partido Popular. Además, en 1987 el PSPV-PSOE fue el partido más votado, pero se quedó a falta de tres diputados para la mayoría absoluta, y en 1995 esta situación se repitió con los populares, que consiguieron 42 escaños. En las primeras elecciones, celebradas el 8 de mayo de 1983, el PSPV obtuvo 982.567 sufragios (el 52%), que le supusieron 51 escaños, frente a los 32 de Alianza Popular (AP), que logró 609.519 votos (el 32%). En las siguientes elecciones, las del 10 de junio de 1987, el PSPV volvió a ser el partido más votado, con 829.023 sufragios (42%) y 42 diputados, seguido por AP, que con 475.419 votos (24%) obtuvo 25 escaños.
Las terceras elecciones autonómicas se celebraron el 26 de mayo de 1991 y dieron de nuevo la mayoría absoluta al PSPV, que con 860.429 votos (43%) consiguió 45 escaños. Le siguió el Partido Popular, con 558.617 votos (28%) y 31 diputados.

EL PP llegó a la Generalitat en 1995 con el apoyo de Unió Valenciana. El 28 de mayo de 1995 se celebraron las cuartas elecciones autonómicas, en las que el PP se convirtió por primera vez en el partido más votado, con 1.013.859 votos (43,3%) y 42 diputados, a falta de tres para la mayoría absoluta. En las quintas elecciones, celebradas el 13 de junio de 1999, el PP obtuvo su primera mayoría absoluta en les Corts Valencianes, al conseguir 1.085.011 votos (48,6%) y 49 escaños. El PSPV logró 768.548 sufragios (34,4%) y 35 diputados. El 25 de mayo de 2003 tuvieron lugar las sextas elecciones autonómicas, en las que el PP revalidó la mayoría absoluta, con 48 escaños y 1.146.780 votos (47,90%). El PSPV-PSOE logró 874.288 votos (36,52%) y 35 diputados, seguido de L’Entesa (coalición formada por Esquerra Unida, Els Verds y Esquerra Valenciana), que consiguió 154.494 votos (el 6,45%) y 6 escaños.