¨GÜEMES, CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID Y YERNO DE FABRA, LE EXPLOTA UN CASO DE FAVORITISMO EN LA ADJUDICACIÓN DE AMBULANCIAS POR 55,4 MILLONES DE €.

AL CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID, JUAN JOSÉ GÜEMES, YERNO DEL SOSPECHOSO CARLOS FABRA (PP), LE EXPLOTA UN CASO DE FAVORITISMO EN LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS CON 55,4 MILLONES DE EUROS AL CANTO

El servicio de ambulancias urgentes que ofrece la Comunidad de Madrid (Summa 112) fue adjudicado en 2006 a la única empresa que se presentó al concurso, Isolux Corsan, pese a que ya entonces incumplía el pliego de condiciones. Al hacer su oferta, no tenía plena disposición sobre el centenar de ambulancias que debían prestar el servicio, como exigen los requisitos de dicho pliego. Informa el diario “El País” en su edición madrileña.
El responsable del departamento de Sanidad del gobierno madrileño que preside Esperanza Aguirre es Juan José Güemes, casualmente casado con Andra Fabra, senadora del PP por “obra y gracia” de su padre, Carlos Fabra, imputado por varios delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ley tributaria. El sospechoso político es presidente del PP en Castellón y de la diputación provincial.

Las ambulancias se ahorran 1,2 millones de euros…No es la única irregularidad la del incumplimiento del pliego de condiciones,. Sigue informando El País. Después, esta adjudicataria no ha cumplido el número de horas diarias que según el contrato debía tener disponibles las ambulancias (1.252 horas diarias), sino que se ha ahorrado 92 horas al día, según las tablas que utiliza el centro coordinador del Summa 112. Por esta razón, Isolux Corsan debe este año más de 40.000 horas de servicio, lo que le supone a la empresa un ahorro de 1,2 millones de euros (el coste de cada hora ronda los 30 euros), sin que hasta ahora la Consejería de Sanidad, de la que depende el Summa 112, se las haya reclamado ni descontado de la factura final, como contempla el pliego de condiciones en su apartado 10.2. Éste también prevé «penalizaciones» si se produce una disminución de horas.

Negocio al canto de 55,4 millones en cuatro años.El servicio Summa 112 sacó a concurso a principios de 2006 la prestación del transporte sanitario terrestre urgente. Pedía una disponibilidad de ambulancias de 1.149 horas al día durante cuatro años a cambio de 55,4 millones de euros.
Ninguna de las cinco empresas que ofrecen este tipo de servicios habitualmente en la región se presentó, aunque sí acudió al concurso paralelo de transporte no urgente que también convocó el Summa 112.

«No nos interesaba», explicó el gerente de Ambulancias Santa Sofía sobre la convocatoria de ambulancias urgentes. También le pareció inasumible la oferta de Sanidad al gerente de Ambulancias SASU, Maximiliano Alonso, que explicó que sólo el personal que va en la ambulancia ya le suponía un coste de 11,8 millones de euros. «¿Cómo cubría yo el resto: gasoil, personal directivo, los vehículos…?», se preguntó. «Si hubiera sido por los profesionales del sector, el concurso hubiera quedado desierto», agregó este directivo.

Una constructora para las ambulancia…Sólo acudió al concurso Isolux Corsan, una compañía dedicada a la construcción, inmobiliaria, ingeniería, concesión y servicios, según figura en su página web. Su portavoz, Jesús Salgado, asegura que han realizado servicios de ambulancia en otras comunidades. Y cita Castilla-León, donde prestan servicio de asistencia a la Tercera Edad. Al presentar su oferta, la empresa redujo el precio de adjudicación del pliego de condiciones en 830.000 euros y aumentó las horas de disponibilidad de ambulancias: se comprometía a proporcionar 1.252 horas al día durante cuatro años por 54,5 millones.

Incumplimiento del artículo 9 del concurso.Con esta oferta ganó el concurso, pese a que incumplía las condiciones: según el pliego de la concesión, en su apartado 9, los licitadores sólo podían ofrecer vehículos sobre los que tuvieran total disponibilidad en el momento de presentar la oferta. Para ello debían contar con permiso de circulación, tarjeta de transporte, certificación sanitaria y seguro, según la convocatoria del concurso.
Pero la adjudicataria se esperó a que le fuera adjudicado el contrato para adquirir el centenar de ambulancias que requería el servicio. Su portavoz lo argumenta así: «Cuando concursamos para hacer una línea de AVE no tenemos todavía la maquinaria necesaria». Al precisarle que incumple el pliego de condiciones, argumenta que el material móvil estaba disponible días antes de que le fuera adjudicado el concurso. Pero no al presentar su oferta.

GÜEMES Y FABRA, DIOS LOS CRIA Y ELLOS SE JUNTAN. ¡VAYA PAREJITA!

JUAN JOSÉ GÜEMES, YERNO DEL SOSPECHOSO CACIQUE DEL PP EN CASTELLÓN, CARLOS FABRA, ENCABEZÓ AYER EL “PLANTE” AL MINISTRO DE SANIDAD, BERNAT SORIA

Los consejeros de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Canarias, La Rioja y Castilla y León, todas ellas gobernadas por el PP, decidieron ayer boicotear el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebró en Madrid. Le presionaron al ministro de Sanidad, Bernat Soria, para que tratara en el pleno el tema de la financiación, no previsto en la agenda. Los consejeros del plante pidieron, en su defecto, fijar fecha en enero para convocar una reunión extraordinaria del consejo a dedicar a este tema que consideran «urgente».

Hijo «político» de Fabra y cabecilla del plante. Quien encabezó el plante al ministro fue, Juan José Güemes, consejero de Sanidad del gobierno regional de Esperanza Aguirre y casado con Andrea Fabra, la hija mayor del sospechoso de corrupción y jefe el PP en Castellón, Carlos Fabra. Ahora, Andrea Fabra es senadora del PP por «obra y gracia» de su padre quien consiguió convencer al PP en el legislativo autonómico valenciano (Les Corts) para que la incluyera en la terna de escaños en la cámara alta legislativa.

En una improvisada rueda de prensa celebrada minutos después de comenzar la reunión, los consejeros de Madrid, Juan José Güemes; de la Comunidad Valenciana, Manuel Cervera; de Murcia, M. Ángeles Palacios; de Canarias, Mercedes Roldós; de La Rioja, José Ignacio Nieto; y de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez, anunciaron que se han visto «obligados» por el ministro a tomar esta determinación, que aseguraron no es «premeditada ni electoralista», ante su «reiterada negativa» a hablar de financiación.
Güemes criticó duramente el hecho de que Soria «se niegue» a cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a Sanidad a hablar de financiación, un tema importante sobre todo para comunidades como Madrid, donde se ha producido «un aumento extraordinario de la población en esta última legislatura». Dice que la CAM aporta impuestos al país «por una población de seis millones de personas, que son los habitantes de la comunidad» pero que el Gobierno «se niega a reconocer a la quinta parte de esta población», es decir, los impuestos que aportan cerca de un millón de madrileños, a la hora de repartir los fondos del Estado, lo que ha motivado el déficit en sanidad que presenta la comunidad de Esperanza Aguirre.