AL PP LE IMPORTA UNA HIGA LA JUSTICIA. A PROPOSITO DEL SEVERO OCHOA Y CENTENARES DE CASOS MÁS.

POLÍTICA

 03/02/2008

La irreal realidad de la derecha española

Cuando el PP se pasa por el forro de sus órganos genitales al Estado de Derecho

La reacción del PP ante la sentencia firme, y no recurrible, de la Audiencia Provincial de Madrid, absolviendo totalmente al doctor Montes y a su equipo de todas las gravísimas acusaciones que pesaban contra ellos, confirma que esta derecha que lidera Mariano Rajoy está dispuesta a pasarse por el forro de sus órganos genitales al Estado de Derecho y, por supuesto, lo que más le convenga en cada momento. El caso del Severo Ochoa lo corrobora.

Lo cierto es que los populares tienden a moldear la realidad, hasta retorcerla sin complejo alguno, en función de sus intereses electorales. Si consideran preciso decir que lo blanco es negro o viceversa, lo dicen y se quedan más largos que anchos. De modo que, por ejemplo, en la actualidad niegan sin pestañear la existencia del proceso de paz que el Gobierno de José María Aznar gestionó durante más de un año, buscando el fin de ETA mediante el diálogo y la adopción de medidas destinadas a contentar o complacer a los terroristas.

Justificaciones falsas
No hubo tal proceso de diálogo con ETA, proclaman desde hace un tiempo aquellos que llegaron a levitar pensando que Aznar podría pasar a la historia de España como el nuevo Príncipe de la Paz. El mismo principito que engañó a la opinión pública sacándose de la manga y esparciendo un repertorio de justificaciones falsas en relación a la guerra de Irak. No sólo dijo esto el gran amigo de Bush, sino que hasta el día de la fecha no ha pedido por sus embustes ni la más mínima disculpa.

El principito
El comportamiento de Aznar y de su corte de palmeros a raíz de la masacre del 11-M fue otra exhibición de irreal realidad. Decidió el principito que lo mejor que se ajustaba a su estrategia para derrotar en las urnas del 14-M a los socialistas era difundir urbe et orbi que los autores de la matanza de casi doscientos ciudadanos habían sido los etarras. Y dicho y hecho. Incluso horas antes del día de las elecciones, el candidato Rajoy declaró en la portada de El Mundo que él tenía la convicción moral de que había sido ETA, lo que completaba el inefable Acebes con otras invenciones.

Teoría maligna
Tras su fracaso, no hubo reconocimiento de culpa, naturalmente. Forjaron entonces los genoveses la teoría de la conspiración sobre la autoría de los atentados de Madrid, teoría maligna que todavía sigue en pie, a pesar de la sentencia del magistrado Gómez Bermúdez que descarta con todo género de precisiones la colaboración incluso indirecta o casual de ETA en el 11-M. Y descarta también, desde luego, la más leve sospecha de que estuvieran involucrados en tan estremecedor crimen policías, guardias civiles, tramas vinculadas al PSOE o los servicios secretos de la República francesa o del Reino de Marruecos, como habían venido afirmando desde los medios afines al PP.

Volvamos a Leganés
Volvamos en todo caso a Leganés y a la infamia perpetrada por el Gobierno de Esperanza Aguirre a través de su consejero de Sanidad Manuel Lamela. Montó el tándem Lamela/Aguirre un auto de fe destinado a destrozar más aún la sanidad pública –en provecho de los negocios privados y en perjuicio de los pacientes madrileños- y a impedir, en paralelo, que prosperara la legalización de la eutanasia. No se anduvieron con chiquitas ni la presidenta por tamayazo ni Lamela, que va diciendo por ahí, tras unos días de holganza, pobrecito, que él volvería a actuar de la misma manera “una y otra vez”, que su proceder fue “impecable” y que no tiene por qué “pedir perdón a nadie”.

¡Quía!
¿Responsabilidades políticas, ésas que exigía Aznar cuando vociferaba en el Congreso aquello de “¡Váyase, Sr. González!” y anunciaba que él regeneraría la política española? ¡Quía! De eso nada, monada. Se habrá equivocado el juez en el asunto del Severo Ochoa. O habrá redactado la sentencia un juez progresista al servicio de Zapatero y de la masonería. ¿Por qué fiarse del criterio de un magistrado, cuando nadie está exento de error? ¿Es que ha de valer más el veredicto de un leguleyo con toga que la palabra de honorables gobernantes como doña Espe y el esquiador Lamela?

Según todos los síntomas
¿Y a todo esto qué piensa Rajoy? Habla por teléfono con su primo, luego lo hará con Pizarro y, finalmente, con Aznar. Al fin y al cabo, el doctor Montes es, según todos los síntomas, un rojazo de tomo y lomo.

E.S.

LA URBANIZACIÓN DEL «TERRER ROIG»: EJEMPLO PRACTICO DEL COMPADREO URBANISTICO.

Hace ya diez años, en estos dias, que tuve que soportar como alcalde de L’Alcúdia de Crespins la mayor presión ejercida sobre ningúna autoridad local democráticamente elegida desde que en 1979 se instauraron de nuevo los ayuntamientos democráticos. Quiero, de forma consciente, hacer abstracción de la peligrosa tensión y de las consecuencias políticas posteriores para centrarme en los hechos concretos que dieron lugar a una de las batallas políticas más sucias que haya podido conocer en mi dilatada vida pública.

Pretendiamos desde el ayuntamiento urbanizar el sector urbanistico del Terrer Roig, un Plan Parcial en el que ya existían edificaciones predeterminadas, con una superficie total en torno a los 80.0000 metros y una tipología de baja densidad con parcelas aisladas. El ayuntamiento integraba una empresa mixta que había realizado el desarrorro urbanístico del Polígono Industrial «El Canario» y pretendía hacer lo mismo con este sector, del cual obtendría 8.000 metros cuadrados para la construcción dels Istituto de Secundaria que, después contemplarse en el Mapa Escolar antes de 1995, fué borrado de un plumazo del mismo despues de la victoria electoral del PP en las Elecciones Autonómicas de 1995 en la Generalitat Valenciana.

El tortuoso camino seguido por el expediente urbanístico para hacer realidad la urbanización de un sector al amparo de la Ley, encalló en el unas cuantas querellas penales contra mí, obviando cualquier paso prévio de caracter contencioso-administrativo que era el adecuado para que se subsanaran cualquier tipo de irregularidades que se hubieran podido cometer en el tránsito administrativo. El objetivo era triple: cazar al hombre y arrojar sobre el toda la porquería posible, producir un cámbio político local en el gobierno municipal y que los impulsores de tamañas barbaridades pudiesen  obtener pingües beneficios a través de la urbanización del sedctor y de otros en los que ya operaban. La victoria derl PP y el desconcierto en el PSOE creaba el marco donde se desarrollaron todas aquellas actuaciones perversas y crueles. Situaciones nada diferentes de las que se pudieran educir de mentes adoctrinadas por el fascismo más brutal.

Inoculado con exito el virus de la desconfianza en el seno del PSOE local y puesto en duda el liderazgo del alcalde, era facil e un contexto de debilidad en los ámbirtos de la Dirección Nacional del PSPV-PSOE, rematar ese cometido con unas elecciones primarias extemporáneas. Las querellas penales encadenadas en mi contra que me obligaban a tener que pagar de mi bolsillo particular mi própia y defensa puso en almoneda mi equilibrio económico familiar por los honorarios que tenía que abonar dado que en el tipo de querella elegido por una Asociación de Propietarios del Terer Roig creada al efecto impedía que mi defensa fuera abonada por el ayuntamiento y, por último, el desarrolló del sector urbanístico fué «pactado» con los propietarios.

Los tres objetivos estaban aparentemente cumplidos. Pero la história se escribe a lo largo del tiempo y en estos momentos, después de todo el dolor que he tenido que soportar, creo que la verdad va emergiendo, las razones se van clarificando y, a pesar de todas las amenazas e insultos de las que he sido objeto en los últimos diez años; de las vejaciones que han tomado cuerpo tipográfico en los medios de comunicación, decidí guardar silencio, esperar el desarrollo de los acontecimientos y actuar en consecuencia en cada uno de ellos. En estos momentos de paralización del proyecto del desarrollo del sector que hace unos meses se adjudicó a Llanera, quiero exumar las notas de resumen de un documento de análisis del expediente urbanístico que pueden arrojar luz sobre lo afirmado más arriba y mostrar a los ciudadanos y ciudadanas que durante veinte años depositaron su confianza en mi gestión al frente del ayuntamiento que, con todas las equivocaciones del mundo, no se equivocaron al depositar la papeleta de voto en 1979, 1983, 1987, 1991 y 1995. Después sacaremos unas breves consecuencias..

Notas sobre el convenio urbanístico “Terrer Roig”

  Se ha sometido a nuestra consideración un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Alcudia de Crespins, representado por su Alcalde Presidente, y el matrimonio formado por D. J.N. y Dñª I.M., propietarios de terrenos en la Unidad de Ejecución del Sector “Terrer Roig”. 

Según se señala en el Convenio, su objeto es el de “agilizar la gestión urbanística y alcanzar conformidad acerca de la totalidad de los parámetros que informan el Proyecto de Reparcelación en periodo de revisión”. 

Se señala también en los antecedentes del mismo que con la ordenación pormenorizada que tiene la Unidad de Actuación, con una parcela mínima de 400 m2 para edificación de vivienda unifamiliar, “no se hace viable la construcción de viviendas sociales”. Tomando como base este inconveniente, se pretende con este convenio “sustituir los terrenos que le corresponden en la actuación (al Ayuntamiento, 10 % de aprovechamiento), por su equivalente económico”. Se pretende conseguir dicha finalidad, agregando a la superficie adjudicable a cada finca aportada “la complementaria resultante de las cesiones a favor del Ayuntamiento, ponderada según la configuración de la parcela y la solicitud de incremento formalizada por los interesados”. Debe entenderse que se trata de un modelo generalizable a todos los distintos propietarios que tienen terreno en la Unidad de Actuación.

 Alcance de estas notas. 

Para la elaboración de estas notas se ha dispuesto únicamente del convenio que analizamos. NO disponemos de ningún otro antecedente, ni documental ni material. Por tanto las consideraciones que aquí se realizan están limitadas por esta circunstancia, pudiendo incluso llegar a ser discordantes con los antecedentes o con la realidad sobre la que se opera. Teniendo en cuenta esta limitación haremos las siguientes, 

Consideraciones 

Primera.- La primera consideración a realizar consiste en el hecho de que si lo que pretende el convenio es salvar el inconveniente de la inviabilidad de promover viviendas protegidas porque la parcela mínima es de 400 m2 para vivienda aislada unifamiliar, desde luego con las medidas que arbitra el convenio esto no se hace posible. Y ello por dos motivos; 

1.- Porque el proyecto de reparcelación es un instrumento de gestión y por su naturaleza no permite determinar la parcela mínima ni la tipología de edificación de la unidad a que se refiere. Esto, parcela, aprovechamiento y tipo de edificación, corresponde a los instrumentos de planeamiento, no a la reparcelación. 

2.- Porque si no es posible la vivienda protegida en parcelas de 400 m2 menos lo será en parcelas con mayor superficie al verse estas incrementadas con la proveniente de añadir el 10 % de aprovechamiento del Ayuntamiento. Salvo que se modificara el aprovechamiento y se incrementara la edificabilidad, pero esto no corresponde al proyecto de reparcelación, sino a un instrumento de planeamiento.

  Segunda.- Con la consideración anterior se hace inviable el convenio que analizamos para la finalidad que el mismo expresa. La ley contempla la posibilidad de que el aprovechamiento del 10 % que corresponde a la Administración se pueda monetarizar y no recibir en terrenos, pero desde luego lo que no tiene amparo legal es que el Ayuntamiento convenga directamente con los particulares, sin concurrencia, para la enajenación de sus suelos, que es lo que se hace en el caso que nos ocupa.

 Todo lo anterior amén de que un instrumento administrativo, la reparcelación, no es el adecuado para la transmisión de inmuebles, pues debería enajenarse con los procedimientos correspondientes de publicidad y concurrencia y posteriormente elevarse a escritura pública como determina el Código Civil. 

Tercera.- Si bien el convenio tiene una redacción confusa e imprecisa técnica y jurídicamente, tenemos que pensar que realmente lo que se pretende es una monetarización del 10 % municipal a favor de todos aquellos propietarios que quieran ampliar sus fincas resultantes. Esta monetarización se hace al precio de 8.500 pesetas, en su equivalente en Euros, el metro cuadrado de suelo. Estas valoraciones tendrán que estar avaladas técnicamente y tendrán que tener reflejo y coincidencia con el proyecto de reparcelación que se apruebe. 

Cuarta.- No se entiende por qué en la última cláusula del convenio se alude a la aprobación del proyecto por parte de los órganos de la Administración autonómica, toda vez que la reparcelación se aprueba definitivamente en sede municipal. Es posible, extremo que desconocemos, que se este refiriendo a la aprobación del plan parcial del programa de actuación que al venir de un expediente de homologación si tendrá que aprobar su modificación los órganos de Generalitat. 

Quinta.- Finalmente, en cuanto al anexo que se une al convenio, se observa que se esta operando con m2 de superficie para referirse al resultado de la reparcelación cuando lo que se atribuye a los propietarios son unidades de aprovechamiento lucrativo.

Creo que, con independéncia del lenguaje farragoso de la jerga urbanística, puede colegirse de manera muy clara:

1. Que, si el proyecto del Plan Parcial se ha abonado a sus autores iniciales es porque las sentencias judiciales así lo han ordenado y si se ha modificado la reparcelación, esta no puede ser base de una modificación del procedimiento de desarrollo ni del propio documento que, sustancialmente, es el mismo que el de 1997.

2. Que la base sobre la que sustenta el convenio que «desbloquea» el desarrollo del sector es la construcción de presuntas viviendas de VPO no cuela, porque no es posible ni lo contempla el uso del suelo del Terrer Roig.

3. Que el 10% de Aprivechamiento Tipo que corresponde que los propietarios cedan al ayuntamiento (es decir a todo el pueblo) e integrar el Inventario de Património Municvipal de Suelo, ha sido vendido directamente a los propietarios para que mejoren sus propiedades y ven, con este convenio, incrementada su superficie, su edificabilidad y el valor monetario de sus propiedades.

4. Que no puede firmarse por la autoridad municipal un convenio enrevesado y fragil cuando está en juego el suelo para las dotaciones e infraestructuras de todos los alcudienses. En el sector las dotaciones incorporadas ya han sido pagadas por el erario púiblicvo porque son la Guardería y todo el complejo del polideportivo que cae dentro de la delimitación del sector.

La adjudicación a Llanera del desarrollo urbanístico del «Terrer Roig» completa el circulo que apuntaba; lo malo es que Llanera se ha roto y el castillo de naipes se cae. Lo que decia en mi comentario de hace algúnas semanas: en política no hay casualidades pero a veces no todo sale bien para quen traza los planes.

Estos son los datos y quean muchos interrogantes en el aire que los responsables tendrán que explicar, porque la evidencia de la premeditación y la alevosía está más que demostrada. Harían bien los ciudadanos en ver el expediente porque la Ley del Suelo permita y anima la participación ciudadana fiscalizadora y actuar en consecuencia, porque es bastante crudo de digerir que Llanera haya pagado a particulares en la REVA a 72.000 pesetas el m2 de suelo rustico con espectativas de recalificación (Ver periodico Las Provincias de hoy) y el ayuntamiento de nuestro pueblo vendiera a palo seco, cada metro cuadrado que corresponde al pueblo al irrisorio precio de 8.500 pesetas de suelo urbanizable con proyecto aprobado.

¿Que como se llama eso?. Ustedes mismo, respondanse en conciencia y actúen en consecuencia.

VICENT VERCHER GARRIGÓS.

P.D. Por cierto los paguas de los Reyes Magos no hay que devolverlos, Llanera invita. 

NOTICIA DEL PERIODICO «LAS PROVINCIAS»: «L’Alcúdia de Crespins financia, después de 11 años la Casa de la Música»

 

 Publicado 14/08/07 AYUNTAMIENTO , CASA DE LA MÚSICA , DEMOCRACIA , DEUDA MUNICIPAL , FINANCIACIÓN LOCAL , HISTORIA LOCAL , JUSTICIA , L’ALCUDIA DE CRESPINS , MEDIOS DE COMUNICACIÓN , MENTIRAS , PP , PSOE , VICENT VERCHER

 

 

Estado de la Casa de la Música el pasado enero.

L’Alcúdia de Crespins

L’Alcúdia de Crespinsfinancia después de 11 años las obras de la Casa de la Música

El Consistorio paralizó la construcción del edificio público por falta de presupuesto

 

J. SÁNCHEZ/ L’ALCÚDIA DE CRESPINS

El Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins se ha marcado como objetivo finalizar el edificio de la Casa de la Música antes de 2009 y tras once años sin dotar de presupuesto a esta obra, ya que en 1997 se puso en marcha la remodelación del edificio, pero por falta de presupuesto el Consistorio paralizó las obras.

Este edificio cultural, según manifestó el alcalde, Javier Sicluna, conserva su estructura intacta y consolidada. “Lo que falta es habilitarlo totalmente, instalar calefacción, ventanas, puertas y demás elementos necesarios”, agregó.

El proyecto de rehabilitación se inició hace 15 años, por tanto, se ha quedado “anticuado” y “descontextualizado para el municioio”. Ahora, el Ayuntamiento solicitará a la Conselleria de Infraestructuras la elaboración de un plan especial para adecuar el antiguo proyecto.

De este modo, apuntó el alcalde, se debe adaptar el diseño a la legislación actual para poder solicitar subvenciones a la Generalitat Valenciana”.

El presupuesto que preve Sicluna para estas obras ronda los 30 o 40 millones de pesetas, aunque antes de cifrar el valor económico, el Ayuntamiento tendrá que esperar a que la ConsellerIa diseñe el nuevo plan de obras.

El Consistorio señaló que la Casa de la Música es “un emblema y un símbolo para la población, por ello pretendemos que esté finalizada antes de acabar el próximo año 2008”, manifestó el dirigente popular.

La falta de presupuesto provocó que las obras de la construcción se iniciaran y luego quedaran desactivadas. Asimismo, el alcalde destacó que lo primero que tiene que hacer la administración local es pagar todas las deudas para poder sanear las cuentas.

Según Sicluna, estos saldos pendientes “pertenecen al período comprendido entre los años 1979 y 1999 y es necesario que se abonen cuanto antes para que l’Alcúdia de Crespins sea un municipio con futuro”. Miembros de la Corporación afirmaron que terminar esta obra es el objetivo número uno de la actual legislatura, ya que el pueblo “necesita urgentemente este recinto para acoger de forma más efectiva y óptima los actos musicales y culturales que se celebren en el municipio”.

Por otra parte, el Ayuntamiento también pedirá ayudas a la Conselleria de Infraestructuras para la reforma urgente de otro recinto histórico, la Casa de la Cultura.

Esta construcción municipal da cabida actualmente a funciones teatrales y artísticas.

El gonbierno local solicitará subvenciones para eliminar las barreras arquitectónicas e instalar ascensores para facilitar el acceso a las slas, especialmente, a las personas con problemas de minusvalía física.. Además, el aire acondicionado está averiado y habría que cambiar toda la instalación, según el alcalde

Esta es la noticia. El mismo día de su publicación, remití a la redacción comarcal del periódico una nota de rectificación, llame a la redactora de la noticia para anunciar la remisión de la misma y…hasta ahora. Dado que mi confianza en que sea publicada se diluye con los días y que a estas alturas de la vida no me pienso callar ni una contestación a las mentiras tanto tiempo incubadas por unos y por otros, transcribo la nota remitida y apelo a la solidaridad de los demócratas de la blogostera para difundir las aclaraciones a tanta mentira torticera.

 

ACOTACIONES A LA NOTICIA APARECIDA EN SU DIARIO, CON FECHA 7 DE AGOSTO DE 2007, CON EL TITULAR “L’ALCÚDIA DE CRESPINS FINANCIA DESPUÉS DE 11 AÑOS LAS OBRAS DE LA CASA DE LA MÚSICA”

 Con referencia a la información aparecida en el periódico diario de su digna dirección, en la edición de La Costera difundido tanto en su edición impresa como digital, con el titular “L’Alcúdia de Crespins financia después de 11 años las obras de la Casa de la Música” y firmado por J.Sánchez/L’Alcúdia de Crespins y al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación aplicada en su sentido estricto como desarrollo del artículo 20.4 de la Constitución Española y dado que es manifiesta la notoriedad de que tanto el titular como la noticia aluden al mandato que como alcalde de L’Alcúdia de Crespins cumplí entre los años 1979 a 1999 y que explícitamente cita D. Javier Sicluna, alcalde de mi pueblo, en sus declaraciones, tengo que realizar algunas acotaciones a lo aparecido como cierto en su periódico y que adolece de falta de rigor en cuanto a los conceptos, las fechas y los aspectos económicos: 

1º. El proyecto de la Casa de la Música fue redactado para su inclusión en el programa del Estado que, con referencia a los eventos del 500 aniversario del descubrimiento de América fue transferido a las diversas Comunidades Autónomas. Su inclusión en el mismo es pues de 1992 y el Gobierno Central realiza una dotación económica de 11.000.000 de pesetas que vienen a sumarse a los que figuran con anterioridad con cargo a subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia en sus programas “Retrobem la Nostra Música” en el epígrafe de construcciones destinadas a instalaciones para agrupaciones musicales y en los diferentes Planes Provinciales de Obras y Servicios  con una subvención del 75% anual a fondo perdido del importe total de la cantidad adjudicada. 

2º. La cantidad de remate del Proyecto modificado y actualizado en el Ejercicio de 1997 fue dotada en su integridad, con inclusión del mobiliario, y la última fase de remate de la obra adjudicada por Resolución del que suscribe la presente, a un constructor local y el mobiliario a una empresa radicada en Ontinyent, si bien no se formalizó el contrato correspondiente debido a diversas circunstancias políticas del momento. 

3º. Debo afirmar, por tanto, que la dotación económica plurianual conseguida de las diferentes administraciones desde 1992 hasta 1999 está documentada en las subvenciones concedidas por el Estado, la Diputación de Valencia y la Conselleria de Cultura, así como en el expediente de la obra en cuestión y, en todo caso, en los archivos municipales. Dado que el señor alcalde declara que, desde hace 11 años no se ha dotado de financiación la Casa de la Música, debería comprobar estos extremos y los de las subvenciones perdidas por falta de diligencia política y administrativa en los meses posteriores al inicio del mandato municipal de 1999, las solicitadas y adjudicadas al efecto para esconder esta desidia y averiguar a través de los servicios técnicos, administrativos y jurídicos donde ha ido a para los recursos efectivamente concedidos por las administraciones públicas.

Creo que es demasiado fácil afirmar las cosas de oídas y extremadamente grave e impropio de quien gobierna el municipio, realizar manifestaciones que no tiene contrastadas con los servicios técnicos, administrativos y jurídicos del ayuntamiento. La circunstancia de que no ha pertenecido a ninguna de las corporaciones anteriores hace que deba extremar la prudencia al trasladar al ámbito público lo que, sin contraste, es una mera opinión en la que subyace un fondo estrictamente político. 

Hace esto referencia a la afirmación posterior sobre las deudas del ayuntamiento que, como el monstruo del lago Ness aparece en cada arranque de mandato municipal y queda ahí como una coartada nebulosa de máxima utilidad para todos los ediles que lo han sido desde 1999. Al respecto seré más conciso: 

1º. En 1999 el que suscribe no concurrió a las elecciones municipales y acabó su mandato el 4 de julio de ese mismo año. 

2º. En el pleno del mes de junio, es decir en pleno ejercicio de mi responsabilidad de alcalde, se solicitó una Auditoria de Cuentas a la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana que fue realizada por el órgano fiscalizador oficial y me fue entregada legalmente el mismo día y hora que al ayuntamiento en la persona de su alcalde. La situación económica quedaba fijada oficialmente por el organismo competente. 

3º. El ayuntamiento realizó, a pesar de todo, una supuesta auditoria privada por la que se pagaron en total casi 10.000.000 de pesetas y de cuyo avance se dio cuenta en un boletín municipal a finales del mes de agosto: en un mes se daban cifras de deuda municipal cuando la Sindicatura de Cuentas todavía no había comenzado sus trabajos. Contrasta tanta rapidez con el año largo que tardó el organismo oficial a entregar su dictamen que, como puede suponer, no tenía nada que ver con el trabajo privado: ni en el fondo, ni en la forma, ni en los resultados.      

4º. El 14 de Octubre de 1999 solicité oficialmente al ayuntamiento mediante escrito dirigido a su alcalde presidente (D. Juan Melo Faus) una serie de documentos municipales que legalmente tenían que haber contestado a los 45 días. Mi persistencia en el tema ha dado sus frutos el pasado mes de mayo en el que se me entregaron por la Secretaría General del ayuntamiento adjuntados a un oficio de remisión de la alcaldía en mayo de 2007. Ocho años para obtener unos datos que, de ser ciertas las afirmaciones que ahora realiza D. Javier Sicluna, deberían de haber estado listos al principio del ejercicio económico de 2000.

 5º. Como de los documentos que oficialmente se me ha dado traslado se deduce que no existió tal auditoria privada que en su momento se publicitó, ni se habían determinado los saldos pendientes que, según las manifestaciones de D. Javier Sicluna en esta noticia “pertenecen al periodo comprendido entre los años 1979 y 1999…”, he dispuesto a una firma auditora competente, reconocida por el Ministerio de Economía y Hacienda, el análisis de la documentación que me ha sido entregada y que, en su caso trasladaré a la Fiscalia del TSJCV para que entienda del delito correspondiente, incluido el de prevaricación y actúe, si procede, contra todos los autores de la patraña que ha pasado de corporación a corporación como una verdad evidente, dejándome en la indefensión mas absoluta al no disponer de los documentos que me permitieran, al menos replicar con base documental las reiteradas insidias y acusaciones veladas o explicitas.

 Lo contenido en el articulo del que reclamo la rectificación es una buena muestra y la gota que colma el vaso de mi prudencia y de mi respeto a las autoridades que han sido democráticamente elegidas para gobernar un municipio de cuyo ayuntamiento he sido alcalde veinte años por la mayoría absoluta de sus electores en cada una de las ocasiones. 

Quiero manifestarle mi agradecimiento y mi respeto a su trabajo de información y, en aras de la veracidad y de la información objetiva, ruego publique estas acotaciones de la manera que entienda más conveniente, porque también están hechas desde el respeto a todos y la ausencia de rencor alguno, pero creo que ha llegado el momento de poner cada cosa en su sitio y rehabilitar una etapa apasionante de mi pueblo que algunos vivimos en primera persona y nadie está legitimado para destruirla o desvirtuarla. 

Fdo. Vicent Vercher Garrigós

Alcalde de L’Alcúdia de Crespins 1979-1999

Director de Programas de la FVMP

Coordinador de Política Municipal de la CEN del PSPV-PSOE