DEMANDAN A ASTROC POR NO ENTREGAR 550 VIVIENDAS QUE YA HACE UN AÑO QUE ESTÁN ACABADAS.

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Demandan a Astroc por no entregar 550 viviendas acabadas hace un año

CARLOS N. C. 14.02.2008

  • En Almenara, al estar las calles sin acabar, no pueden dar las llaves.
  • Las casas se están deteriorando y los okupas las rondan.
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«Nos sentimos engañados, desinformados e impotentes porque vemos cómo nuestras casas están acabadas desde hace más de un año y no podemos disfrutar de ellas, además de que se están deteriorando por estar en la playa de Almenara».
Es el testimonio de Bruno Rubio, uno de los 550 afectados por la compra de un apartamentos del complejo Nova Almenara, de la antigua inmobiliaria Astroc. La promoción se encuentra a unos 35 kilómetros al norte de Valencia, ya en la provincia de Castellón.

Según los afectados, Astroc ya sabía que no iba a cumplir con el plazo de la entrega de llaves.

Junto a otros 34, la mayoría de Valencia, han presentado una demanda de conciliación para pedir una indemnización por el retraso en la entrega de inmuebles, que llevan más de un año acabados. Sin embargo, hasta que la urbanización del entorno no esté terminada (calles, aceras, saneamiento…), el Ayuntamiento no puede conceder la licencia de habitabilidad, tal y como marca la Ley Urbanística Valenciana.El último plazo de finalización de obras que les han dado es este verano. Mientras, la estructura se deteriora y los ocupas acechan.

Según los abogados de los afectados, tanto urbanizadora como constructora son empresas de Astroc. La urbanizadora solicitó la licencia de las obras del entorno en julio de 2005 y el Ayuntamiento les dió un plazo de ejecución de tres años. De esta forma, según los afectados, Astroc ya sabía que no iba a cumplir con el plazo de la entrega de llaves (julio de 2006). La empresa ha declinado pronunciarse.

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LA OBRA PÚBLICA, PROTAGONISTA DE 2008.

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La obra pública, protagonista de 2008

Redacción fotocasa.es , 08/02/08, 10:56 h

La Vivienda de protección Oficial será la protagonista durante 2008. Y es que tanto el Gobierno de Zapatero, como el lobby inmobiliario G-14 consideran que la promoción de este tipo de viviendas será clave en el futuro del sector.

Una tendencia que confirmó esta misma semana el Consejo General de Colegios de Agentes de Propiedad Inmobiliaria (COAPIS), que estima que casi el 90% de la vivienda que se promueva este año corresponderá a pisos de protección oficial. De este modo, de las 500.000 casas que podrían construirse este año, unas 415.000 serán de iniciativa pública. 

 

Consenso total

 

“La vivienda protegida es el futuro”, sostiene Germán Navarro, consejero de comunicación de COAPIS, quien considera que esta opción ganará protagonismo este año porque “da una rentabilidad menor, pero segura, sin riesgo”. Y es que la desaceleración del mercado inmobiliario no sólo hace cambiar las opciones de compra a los consumidores. Las inmobiliarias y los empleados de la construcción son en realidad los más afectados por la nueva situación.

 

Según datos de enero hechos públicos por el Ministerio de Trabajo, el paro aumentó el primer mes del año en 132.000 personas, de las cuales 9.000 corresponden al sector de la construcción. Una situación que el ejecutivo de Zapatero pretende paliar a través de la puesta en marcha de un plan de “recalificación” de estos empleados, que permita su rápida reabsorción en el mercado laboral.

 

Y es aquí donde la promoción de obra pública adquiere protagonismo. Fue el propio presidente del Gobierno quien anunció esta misma semana que ya ha dado orden a los “ministerios inversores” para agilizar este tipo de construcción y garantizar así la actividad en el sector.

 

Una decisión que el G-14, asociación que agrupa a las mayores inmobiliarias del mercado español, ha recibido con total optimismo. “Las comunidades y ayuntamientos pueden hacer mucho para que esta situación dure poco y registremos un cambio de tendencia lo antes posible’, señaló esta semana Pedro Pérez,  Secretario general del grupo, en declaraciones a RNE.

 

Sin embargo, el primer paso que las instituciones deben hacer según el lobby inmobiliario es poner suelo a disposición de las empresas para reimpulsar el segmento de la vivienda de protección, ya que consideran que la actual demanda embalsada se debe a que “las empresas no han podido disponer de ese suelo en los años pasados”.

 

¿Son posibles estas previsiones?

 

Pese a que tanto instituciones, como organismos implicados parecen caminar en la misma dirección, los datos sobre la gestión de vivienda pública en 2007 frenan este optimismo. Según la patronal de constructoras SEOPAN, la promoción de viviendas de protección oficial se estancó el año pasado. Una situación que la patronal achaca a la celebración de los comicios locales. Y es que según las estadísticas, la promoción de obra pública suele descender un 15% en los años en los que se celebran elecciones. Una situación que podría repetirse en 2008 debido a los comicios generales del 2 de marzo.          

 

 

 

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LOS PROMOTORES RECONOCEN QUE HAN CONSTRUIDO EL DOBLE DE LAS VIVIENDAS NECESARIAS.

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Los promotores reconocen que han construido el doble de las viviendas necesarias

Redacción fotocasa.es , 01/02/08, 09:51 h

En los últimos años la construcción en España se ha realizado de manera desproporcionada o al menos eso es lo que reconoce Josep Donés i Barcons, presidente de la Comisión Técnica de la Asociación de Promotores y Constructores, quien asegura que hay: “el doble de viviendas de las necesarias”.

Además, Donés i Barcons asegura que la mayor parte de estas viviendas construidas “no están en uso”, ya que fueron compradas porque “no había productos de inversión en el mercado que les aseguraran el poder adquisitivo de sus ahorros” y augura que estas viviendas podrían entrar ahora en el mercado de alquiler.

 

Al respecto, el presidente de la Apce asegura que las medidas de avales a los propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler promovidas por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat “están bien”, aunque advierte que “hay una absoluta inseguridad ante los impagos” que requiere más garantías.

 

En cuanto al panorama general del sector de la construcción, considera que “no es verdad” que el cambio de coyuntura económica se traduzca en que “todo el mundo quiere alquilar”, sino que “hay una demanda contenida” que está posponiendo su opción de compra.

 

Ademas considera que el futuro del mercado promotor “pasa por la diversificación” y apuesta por la posibilidad de que los promotores puedan construir promociones de viviendas mixtas de alquiler y de compra, por lo que es necesaria una “seguridad jurídica y económica”.

 

8.000 pisos sin vender en Barcelona

 

Donés también asegura que a partir de mediados de febrero, la Generalitat y la Apce llegarán a un acuerdo para determinar qué hacer con los 8.000 pisos nuevos sin vender que tiene Barcelona, según datos de la propia asociación.

 

Y es que debido a la falta de compradores en el mercado libre, parte de este ‘stock’ podrá recalificarse como vivienda social a precio concertado catalán, que permitirá a los ciudadanos con ingresos superiores acceder a vivienda protegida. Según Donés, esta opción “beneficiará a ambas partes”, promotores y ciudadanos, ya que es vivienda de “acceso directo” porque ya está construida, y aseguró que el precio por metro cuadrado que poseerá esta tipología de vivienda social se hará público de “manera inminente”.

EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
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. Comunitat Valenciana

La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia


El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que “los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad”.
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo “la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas”.

La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde “
no ha existido ningún tipo de publicidad“, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, “los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación“. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, “el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como“, tal como lo denunció en su momento el PSPV. “Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa“.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce “sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública” y “perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación”.


Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba “
disolver estas sociedades mercantiles” porque en algunos casos había quedado “sin contenido el objeto social de las empresas constituidas”.


Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA DA UN NUEVO IMPULSO A SU POLITICA DE VIVIENDA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL.

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VIVIENDA

La Reforma del Plan de Vivienda beneficiará a 250.000 familias y costará 75 millones

Chacón destaca que esta reforma “no perjudica a nadie, sino que ayuda a más familias y le da la mano a la iniciativa privada”
11 Enero 08 – Agencia EFE

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Real Decreto que reforma el Plan de Vivienda (PEV) 2005-2008, que tendrá un coste estimado de 75 millones de euros y facilitará el acceso a la vivienda a 250.000 familias, que se suman a las 620.000 que ya se han beneficiado desde el inicio de la legislatura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, aseguró que esta reforma “no perjudica a nadie, sino que ayuda a más familias y le da la mano a la iniciativa privada”, al adecuar las medidas contempladas en el PEV a la realidad de las familias y del mercado.

La reforma aprobada este viernes tiene como principales objetivos facilitar el acceso a las políticas de vivienda a más familias de rentas medias y bajas, incrementar la actividad de los promotores en el mercado de la vivienda protegida e impulsar la rehabilitación y el alquiler.

Entre las principales novedades está la introducción de la figura de alquiler protegido con opción a compra, que hasta ahora sólo existía en algunas comunidades autónomas.

Con esta nueva modalidad, los inquilinos podrán ejercer la opción de compra transcurridos diez años desde la construcción de la vivienda, en tanto que tendrán preferencia para adquirirla quienes hayan permanecido en ella al menos cinco años.

Junto con la inclusión de esta figura, destacan las mayores facilidades que tendrán los promotores para vender, tanto en el mercado libre como en el protegido, sus viviendas en “stock”.

En este sentido, se reducirá a un año (hasta ahora eran dos) el plazo necesario para poder calificar como protegida las viviendas inicialmente concebidas para el mercado libre.

Se reducirán también los precios máximos de viviendas libres cuya compra está subvencionada, con lo que las promotoras que no vendan sus casas en el plazo de un año tendrán la posibilidad de ajustar los precios a los máximos establecidos para vivienda usada, de tal forma que los compradores puedan acogerse a las ventajas establecidas en el PEV.

Asimismo, se actualizan los precios de las viviendas protegidas, las de régimen especial y las de precio concertado, al tiempo que se mejoran las condiciones de financiación para sus compradores, lo que favorecerá la venta de viviendas libres como protegidas.

De esta forma, el precio básico del módulo de vivienda protegida subirá el 4,12 por ciento, al pasar del 728 a 758 euros por metro cuadrado, en tanto que el tipo de interés de los préstamos concertados pasa del 4,35 al 5,09 por ciento y su plazo de amortización se amplía por encima de los 25 años.

El objetivo de la actualización de precios es que se construyan más viviendas de precio concertado, destinadas a familias con rentas medias (hasta 6,5 veces el IPREM, lo que equivale a 3.316 euros mensuales por hogar), y más viviendas de régimen especial, destinadas a rentas más bajas (de menos de 2,5 veces el IPREM, lo que equivale a 1.273 euros al mes por hogar).

Por otra parte, se ampliará el programa de préstamos subvencionados para los constructores que promuevan alquiler protegido, con lo que más empresas podrán beneficiarse de unas condiciones financieras mejores a las del mercado.

Dentro del impulso al alquiler, se eliminará el límite de superficie y aumentará el de renta tanto para acceder a la ayuda de 6.000 euros prevista para quienes alquilen sus pisos vacíos, como para conseguir la ayuda de 240 euros mensuales destinada a los
inquilinos.

En lo que respecta al impulso de la rehabilitación de centros históricos y urbanos, la reforma posibilita a promotores y particulares el acceso a préstamos protegidos, con un interés del 5,09 por ciento.

Además, se amplía el concepto de áreas de rehabilitación, con la creación de la figura de áreas de renovación urbana, en las cuales se podrán derribar viviendas que se encuentran en zonas muy degradadas para construir otras nuevas.

Nota de la Redacción: El Real Decreto Ley que hace efectivo el acuerdo del Consejo de Ministros está yá publicado en el BOE del sábado, dia 12 de enero de 2008.

CARME CHACON ABRE LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LA VIVIENDA A LAS FAMILIAS DE RENTA MEDIA DE ESPAÑA.

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miércoles, 09 enero 2008

LA MINISTRA DE VIVIENDA, CARME CHACÓN, ACUERDA HOY CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LA REFORMA DEL PLAN VIVIENDA 2005-2008 PARA QUE SE BENEFICIEN LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS CON SUELDOS MEDIOS

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, explicará hoy a las comunidades autónomas y a distintos agentes sociales la modificación del Plan Vivienda 2005-2008 para que más familias de rentas medias puedan beneficiarse de las políticas de vivienda e impulsar la oferta de pisos en alquiler. Según informaron desde su Ministerio, Chacón presidirá hoy el Consejo del Plan Estatal de Vivienda, organismo que reúne a distintos agentes como sindicatos, organizaciones juveniles y de consumidores, patronales de banca y cajas de ahorros o promotores inmobiliarios. Por la tarde, la ministra se reunirá con los responsables de Vivienda de las comunidades autónomas en Conferencia Sectorial para abordar también la modificación del Plan.
Carmen Chacón, se ha propuesto con la modificación del Plan de Vivienda 2005-2008 “ampliar el precio de las viviendas que pueden ser subvencionadas”, según sus propias palabras, con precios concertados, a las que podrán acceder las personas cuyos ingresos no superen 6,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem).

Reforma para las familias con sueldos medios. Esta reforma pretende poner estas subvenciones al alcance de las “familias con sueldos medios”. El Gobierno subvencionará la compra de viviendas de hasta 316.540 euros, cuando hasta ahora no podían superar los 273.375,65 euros. Estas viviendas, que deben cumplir requisitos como no superar los 90 metros cuadrados, podrán comprarse con precio concertado por parte de personas cuyos sueldos no superen las 6,5 veces el Iprem. Además, las personas cuyo sueldo no supere 3,3 veces el Iprem dispondrán además de una ayuda para la entrada y otras subvenciones.

Muchos propietarios de inmuebles quieren vender a precios concertados. Para poner en el mercado viviendas a precio concertado, el Gobierno deberá ponerse de acuerdo con los propietarios y aseguró que muchos de ellos están dispuestos a vender sus inmuebles como vivienda protegida o concertada. El Iprem anual de 12 pagas para el 2008 será de 6.112,8 euros, mientras que con dos pagas extras de 7.131,80 euros. El mensual será de 509,4 euros.

RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN: COMPILACIÓN.

Renta básica de emancipación

La Renta Básica de Emancipación ayuda a los jóvenes a sufragar los gastos del alquiler de una vivienda, paga el coste de aval y concede préstamos para hacer frente a la fianza,

A partir de hoy los jóvenes lo tienen más fácil para independizarse de sus padres. Al menos, éste es el objetivo que persigue la Renta Básica de Emancipación, una prestación dirigida a jóvenes de entre 22 y 30 años, que recibirán 210 euros mensuales para ayudar a sufragar los gastos que les supone el alquiler. Para acceder a esta prestación los solicitantes, que serán titulares del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que residan habitualmente, han de tener una fuente regular de ingresos inferior a los 22.000 euros brutos anuales. El Estado aportará, además, 120 euros para pagar el coste de los trámites del aval y concederá un préstamo de 600 euros sin intereses para hacer frente a la fianza. Esta medida, en vigor desde hoy, es compatible con las deducciones por alquiler.

  • Autor: Elena V. Izquierdo | 
  • Fecha de publicación: 1 de enero de 2008

Ayudas directas

El incremento de los precios de la vivienda durante la última década ha provocado que los jóvenes de España tengan graves dificultades a la hora de acceder a un piso, ya sea en alquiler o en propiedad. Los españoles son los que registran, con respecto al resto de los ciudadanos europeos, una edad más tardía a la hora de emanciparse. Por este motivo, el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha un paquete integral de medidas que faciliten la posibilidad de acceder a una casa y promuevan una emancipación más temprana, así como crear un equilibrio entre el mercado de la vivienda en propiedad y el alquilado, ya que este último sólo representa el 11% del total del parque de viviendas. Entre estas iniciativas destaca la Renta Básica de Emancipación. Se trata de un conjunto de ayudas directas del Estado destinadas al apoyo económico para el pago del alquiler que constituye el domicilio habitual del beneficiario y que se concreta en tres tipos de ayudas:

  • El joven recibirá una renta mensual de hasta 210 euros que le facilitará el pago de los gastos relacionados con el alquiler de la vivienda. Se percibirá por meses completos desde el mes siguiente a la solicitud y durante un periodo máximo de cuatro años, sean o no consecutivos.
  • Si para poder acceder al arrendamiento de la vivienda necesita un aval, el interesado contará con 120 euros para sufragar los gastos de su tramitación.
  • El Ministerio de Vivienda pone a disposición del joven un préstamo sin intereses de 600 euros para poder hacer frente a la fianza. Ésta es la única cantidad que hay que devolver. Se hará cuando se extinga la fianza, al finalizar el último de los contratos de arrendamiento sucesivos formalizados en el plazo de los cuatro años que, como máximo, puede durar la ayuda o cuando se dejen de reunir los requisitos necesarios para optar a la renta.

Estas ayudas pueden llegar a suponer un ahorro de 2.520 euros al año en el alquiler, lo cual asciende a 10.080 euros durante los cuatro años que dura la prestación. El primer mes de arrendamiento suele ser el más costoso pues al pago de la mensualidad se suele unir el desembolso de una fianza y la tramitación del aval, que en algunos casos es necesario. El ahorro del primer mes puede ascender a 930 euros si se suma la fianza (600 euros), la tramitación del aval (120 euros) y la renta mensual (210 euros).

La ayuda puede suponer un ahorro en el alquiler de 2.520 euros anuales, lo que asciende a 10.080 euros durante los cuatro años que dura la prestación

El joven podrá disfrutar de esta prestación un máximo de cuatro años que no tienen por qué ser consecutivos, ya que la ayuda se puede fraccionar. El beneficiario puede optar, por ejemplo, por percibir la renta durante dos años, dejar de cobrarla y, cuando vuelva a necesitarla, si sigue cumpliendo con los requisitos, recibir de nuevo la prestación durante los dos años restantes.

Los beneficiarios

Para poder recibir la renta básica de emancipación hay que cumplir una serie de requisitos:

  • Tener una edad comprendida entre los 22 y los 30 años. (La ayuda se deja de percibir el mes en el que se cumplen los 30 años).
  • Si hay más de un titular en el contrato de alquiler, la cuantía de la ayuda para cada uno será el resultado de dividir 210 euros entre el número de firmantes

    El joven ha de ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que resida de forma habitual y permanente o, al menos, ser uno de los firmantes. En el caso de que haya más de un titular en el contrato de alquiler, la cuantía de la ayuda a la que cada uno tenga derecho será el resultado de dividir 210 euros entre el número total de titulares. Por ejemplo, en el supuesto de que tres amigos compartan piso y los tres firmen el contrato y cumplan los requisitos, cada uno de ellos recibirá 70 euros.

  • El solicitante debe tener una fuente regular de ingresos que le reporte como máximo 22.000 euros brutos anuales. Esto incluye a los trabajadores por cuenta propia o ajena, a los becarios de investigación y a los jóvenes que perciban una prestación social pública de carácter periódico -puede ser contributiva o asistencial, es decir, que se incluyen prestaciones por desempleo o discapacidad-.
  • El interesado ha de acreditar una vida laboral de, al menos, seis meses de antigüedad, inmediatamente anterior al momento de la solicitud o una duración prevista de la fuente de ingresos de seis meses. Si el joven ha estado trabajando el semestre anterior a la solicitud, se puede comprobar directamente en la Seguridad Social. En el caso de que quiera justificar que va a trabajar los próximos meses, ha de presentar una copia del contrato de trabajo.
  • El solicitante debe tener la nacionalidad española o la de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo -formado por los 27 países de la UE más Islandia, Noruega y Liechtenstein-. También pueden acceder a la renta de emancipación los jóvenes que, sin cumplir este requisito de nacionalidad, acrediten tener residencia legal y permanente en España. Tendrán que justificarlo con la autorización de residencia permanente que se concede a las personas que han vivido de forma continuada en territorio español durante cinco años.

Aunque cumplan todos estos requisitos, hay una serie de jóvenes que no podrán acceder a la concesión de ayudas:

  • Aquellos que tengan parentesco de primer o segundo grado -ya sea de consanguineidad o afinidad- con el arrendador.
  • Los jóvenes que ya tengan una vivienda en propiedad, a no ser que acrediten que no disponen de su uso y disfrute, o que esta vivienda tenga un valor catastral que no exceda el 60% del precio máximo de una vivienda protegida de precio general. Para calcular el precio, quien se encuentre en esta situación, deberá pedir la información en el departamento de Vivienda de la Comunidad autónoma en la que esté ubicada la residencia.
  • Las personas que sean titulares de un patrimonio superior a 108.182’18 euros.

Además de los requisitos personales básicos que ha de cumplir el joven, existen una serie de exigencias específicas:

  • La domiciliación bancaria de esta ayuda se hará en una de las entidades de crédito que colaboren con el Ministerio de Vivienda. -Estas entidades serán seleccionadas previa convocatoria con los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, y podrán acudir tanto entidades públicas como privadas-.
  • El número de cuenta desde el que se paga el alquiler también tendrá que estar domiciliado en un banco o caja de ahorros que colabore con el Ministerio. El listado se encuentra en la página web del Ministerio de Vivienda.
  • Estar al corriente del pago periódico del alquiler del piso con el que se quiere acceder a la prestación.
  • Haber cumplido las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Formulario

La solicitud para percibir la Renta Básica de Emancipación se puede presentar a partir del 1 de enero de 2008, día en el que entra en vigor el Real Decreto que regula la prestación. La información se puede pedir en el departamento de Vivienda autonómico, en la página web del Ministerio www.vivienda.es, o www.alquilerjoven.es y en el número de teléfono 900900707. Para obtener la ayuda hay que presentar la solicitud en la consejería de Vivienda de la comunidad autónoma en la que esté situado el piso de alquiler. Se hará rellenando el impreso que ha establecido el Ministerio. En él se señalará lo siguiente:

  • Datos personales: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección a la que el solicitante quiere que lleguen las notificaciones, DNI o Número de Identificación de Extranjeros y el número de la Seguridad Social. Si el joven no tiene este último dato, ha de aportar el régimen de previsión social al que está adscrito. Quien tenga una vivienda que no sobrepase el precio establecido por la Ley y, por tanto, pueda beneficiarse de la obtención de la renta, indicará el número de referencia catastral del piso. También se puede señalar el número de móvil para que las notificaciones se hagan por SMS.

En otro apartado se señalan los datos relativos al contrato de alquiler. En él se indica la dirección del domicilio arrendado, el número de inquilinos titulares del contrato y la referencia catastral que identifica la vivienda. Este dato aparece en los contratos de alquiler, pero en el caso de que no sea así, se le puede pedir al arrendador u obtenerlo en la Dirección General del Catastro http://ovc.catastro.meh.es

En el apartado sobre el arrendador se señalará su nombre y apellidos, NIF, NIE o CIF y su número de cuenta, a la que mensualmente hace su transferencia el joven para pagar el alquiler. Además hay que indicar la cuenta desde la que el solicitante envía el dinero. Si el número de cuenta en el que se quiere recibir la renta es distinto, se indicará en el formulario.

Si el joven todavía no tiene contrato de alquiler puede indicarlo en el impreso y, de esta manera, puede optar también a recibir la renta.

Concesión de la ayuda

A la hora de hacer la solicitud hay que entregar el formulario debidamente cumplimentado y una fotocopia del contrato de alquiler. Posteriormente, se requerirán los documentos que acrediten que lo incluido en el formulario es cierto, aunque en algunas comunidades pueden pedir que el interesado presente, junto al impreso, otra documentación que demuestre que cumple algún requisito exigido.

El órgano competente de la comunidad autónoma donde se ubique la vivienda comprobará que se cumplen todos los requisitos necesarios para percibir la Renta de Emancipación y lo comunicará en el plazo de dos meses. Si la solicitud se presenta en enero y no se concede hasta marzo, el beneficiario tendrá derecho a recibir la ayuda correspondiente al mes de febrero en adelante. En los convenios de colaboración para la gestión conjunta de esas ayudas se establece que será la comunidad autónoma quien tramite las solicitudes y reconozca el derecho a recibir la prestación. El Ministerio de Vivienda, por su parte, será quien abone directamente las ayudas a los beneficiarios.

A los jóvenes que aún no tengan el piso alquilado, se le concederá la ayuda provisionalmente y, desde ese momento, tendrán tres meses para formalizar un contrato

La comunidad autónoma notificará la resolución al interesado y, simultáneamente, comunicará al Ministerio de Vivienda, a través de un sistema automatizado, el derecho del joven a percibir la renta. Una vez que se compruebe que el solicitante ha realizado la transferencia del pago del alquiler mensual al propietario, se ingresará al joven en su cuenta bancaria el importe de la prestación. La cuenta ha de pertenecer a una de las entidades colaboradoras para que mensualmente se pueda comprobar que se realiza el pago puntual del alquiler. Éste se hará por medio de transferencia bancaria solamente desde esa cuenta en un único pago cada mes, con independencia del número de titulares por contrato. El importe mensual deberá ser fijo y restringido sólo a la mensualidad (sin incluir otros conceptos como gastos de servicio u otros que, en todo caso, deberán hacerse de manera independiente). El pago se realizará mediante una orden permanente de transferencia u orden de transferencia periódica, firmada por todos los inquilinos, que ejecuta el pago periódicamente y evita así olvidos o retrasos.

El joven que quiera acceder la renta y todavía no tenga el piso alquilado lo señalará en la solicitud. Si se comprueba que cumple con todos los requisitos, se le concederá provisionalmente y tendrá, desde ese momento, tres meses para formalizar el contrato de alquiler. Presentará entonces una nueva solicitud y la comunidad autónoma comprobará los datos y comunicará el reconocimiento definitivo de la renta. Inmediatamente, el Ministerio de Vivienda ingresará la ayuda en la cuenta bancaria del solicitante, desde el mes en que se presente el contrato de alquiler.

Compatibilidades e incompatibilidades

La Renta Básica de Emancipación es compatible con la aplicación de las deducciones que se puedan establecer a favor de los inquilinos en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A partir de la declaración de la renta de 2008, que se presenta en 2009, se podrá deducir el hasta el 10’05% de lo que se pague por el alquiler de la vivienda, siempre que se tenga unos ingresos anuales por debajo de los 24.000 euros netos. Está previsto que la entrada en vigor de esta medida beneficie en su primer año a más de 700.000 familias. La Renta de Emancipación también es compatible con las subvenciones o beneficios fiscales que establezcan las comunidades autónomas.

Un joven que reciba la prestación mensual de 210 euros no podrá disfrutar simultáneamente de las ayudas al inquilino financiadas en virtud del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Tampoco podrán acogerse a la prestación los arrendatarios cuyo domicilio habitual esté sometido a algún régimen de protección pública que establezca límites a su renta máxima en alquiler.

Como se trata de una medida de carácter coyuntural, su mantenimiento está supeditado a la valoración periódica de su eficacia para lograr los objetivos para los que ha sido concebida. Por este motivo, antes del 31 de diciembre de cada año, el Ministerio de Vivienda presentará un informe de seguimiento y evaluación ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el plazo máximo de cuatro años, transcurridos desde la entrada en vigor del Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación, es decir, desde el día 1 de enero de 2008, el Ministerio de Vivienda elevará al Consejo de Ministros un informe de seguimiento y evaluación de los resultados de su aplicación proponiendo su mantenimiento, modificación o derogación.

TREINTA BANCOS Y CAJAS ESTÁN ATRAPADOS EN LA RED DE LLANERA CON UNA DEUDA DE 432,65 MILLONES DE EUROS.

Treinta bancos y cajas están atrapados en la ‘red’ de Llanera con una deuda de 432,65 millones

Gustavo Granero | 9:45 – 26/12/2007    http://www.ElEconomista.es

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Cuando sonó la flauta de Fernando Gallego, presidente del grupo inmobiliario Llanera -que soporta un concurso de acreedores tras suspender pagos-, todos cayeron rendidos a su música. Los principales bancos y cajas de este país sucumbieron a la llamada del promotor valenciano, aflorando, de paso, fallos masivos en sus sistemas de control de riesgos.

Pero, ¿qué pudo pasar para que una treintena de entidades quedasen hipnotizadas en Llanera? Como en la fábula del flautista de Hamelín, Gallego hizo sonar la música, se rodeó de la banca que opera en España y después la precipitó por el abismo al que conducen los impagos.

Más allá del parecido, por hipnotizador, con la leyenda de los Hermanos Grimm, la inmobiliaria Llanera dejó deudas por 432,65 millones de euros a una treintena de entidades financieras al cierre de 2006, según el último informe de auditoría, que reconoce una deuda total con todos sus acreedores de 748,16 millones. De la financiación con bancos y cajas, 300,78 millones eran a largo plazo, y 131,87 millones a corto plazo.

No sólo eran Bancaja o CAM

En un principio, sólo saltaron a la luz las inversiones de Bancaja, CAM y Lehman Brothers. Aunque es cierto que ellas soportan la mayor parte de la deuda también es verdad que los daños colaterales del hundimiento de Llanera afectó a todo el barco. En concreto, son 13 bancos (Santander, BBVA, Popular, Banesto, Sabadell, Banco de Valencia, Pastor, Guipuzcoano, Gallego, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays y Citi); otras 13 cajas de ahorro (La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, CAM, Caixa Catalunya, Unicaja, Caja España, Cajasol, Cajasur, Sa Nostra, Granada, Caixanova y Ontiyent). Ellos fueron el brazo financiador, aunque la lista de acreedores totales se cuenta por miles.

Un largo y complejo proceso

Bancos y cajas esperan recuperar sus inversiones. Sin embargo, el proceso puede durar un año, ya que el juez y los administradores concursales tienen mucho trabajo por delante: “Hay que analizar bien el convenio que se propondrá para renunciar a una parte de la deuda y valorar adecuadamente los activos de la empresa”, explica a elEconomista Carlos Pavón, letrado de Iure Abogados, que representa a 40 acreedores. Algunas empresas consideran que se está haciendo una liquidación algo prematura.

Según la documentación que obra en poder del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, a la que ha tenido acceso este periódico, Banesto tiene una deuda de 4,8 millones, al menos, con cinco de las seis sociedades del grupo Llanera (ver más en información de recuadro). Según el dossier, Barclays concedió créditos por 900.000 euros, mientras que BBVA reconoce una deuda de casi medio millón de euros con una de las empresas del grupo inmobiliario.

Dentro de las cajas, los destrozos son similares. Las más castigadas por la suspensión de pagos de Llanera -junto a Bancaja y CAM- son Caja Duero y Caja Sur . Les sigue Caixa Catalunya, con más de dos millones en créditos, Caixanova y Sa Nostra (Baleares) con un millón y medio de euros, al menos. Además, Unicaja y Caja España habrían concedido financiación por alrededor de un millón. No podría faltar Caja Madrid, con 305.512 euros.

Pero la mayor inversión la dieron otros. Bancaja reconoció una deuda con las empresas de la inmobiliria de 92 millones, que está regularizando con la promotora. Su participado Banco de Valencia les confió 28 millones, mientras que la CAM le habría otorgado entre 30 millones y 40 millones. No obstante, las cajas dejaron claro que la mayoría de estos créditos contaban con garantías más que reforzadas. Fue un banco extranjero, Lehman Brothers, el que se llevó la palma, con un préstamo de más de 148 millones de euros, que vencía en enero. Pero ha habido acuerdo.

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PORTILLO, EL PRIMER LADRILLAZO DE 2008.

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Se confirma el vuelco en el Consejo de Colonial, que acepta la dimisión de Portillo

Agencias | 20:08 – 31/12/2007
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El Consejo de Administración de la inmobiliaria Colonial aceptó hoy la dimisión de Luis Portillo como miembro de este órgano de dirección y ratificó como presidente de la sociedad a Mariano Miguel, que seguirá ejerciendo el cargo de consejero delegado, informó la compañía a la CNMV. Además, se produce un auténtico vuelco en el Consejo, tal y como adelantó hoy diario elEconomista

El cese de Portillo como consejero de la inmobiliaria se produce tres días después de que fuera relevado como presidente de Colonial (CAR.MC elemento_52_0 = new cotizacionEnNoticia(‘INMOCARAL’, ‘cotizacionINMOCARAL_0’, ‘linkcotINMOCARAL_0’,1); ), en una reunión que el Consejo de Administración celebró el pasado viernes, horas después de que los títulos de la sociedad cayeran el 25,4 por ciento en Bolsa.

La compañía ha indicado que para reforzar la preeminencia de los consejeros independientes “iniciará la búsqueda de un profesional de prestigio que ocupará el puesto de presidente no ejecutivo”.

Salida de otros consejeros significativos

 

Al mismo tiempo que acontecía el cese de Portillo abandonaban también su puesto como consejeros Luis Emilio Nozaleda Arenas, Gema Sólas Navas, José Ramón Carabante Plaza; Óscar Fanjúl Martín; Alberto Cortina Koplowitz y Clara Nozaleda Arenas.

También cesaban en su cargo los representantes de Desarrollo Empresarial Quetro, María Jesús Valero Pérez; Grupo Portival, Yolanda Mayo Ranera; Corporación Indo, Domingo Díaz de Mera Lozano, y Promociones González, Aurelio González Villarejo.

La compañía ha señalado en un comunicado que la “salida del consejo de los accionistas significativos no presupone la intención de reducir su participación en la sociedad”.

Nombramientos de nuevos consejeros

 

Para ocupar parte de las vacantes y para “dotar de la mayor operatividad, eficacia y transparencia posibles a la gestión de la compañía en beneficio de sus accionistas”, la compañía ha nombrado consejeros por cooptación a Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid (consejero ejecutivo); Julián Zamora Saiz (consejero dominical), y Pedro Ruiz-Labourdette Garau (consejero dominical).

Así queda el consejo de Colonial

 

En consecuencia, el consejo de administración queda compuesto por once miembros: Mariano Miguel Velasco; Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Antonio M. López Corral; Javier Sola Teyssiere; Alberto Alonso Lobo; Francisco José Molina Calle; Juan Ramírez Blatuille; Enrique Montero Gómez; Julián Zamora Saiz; Pedro Ruiz-Labourdette Garau y Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid.

Cambios en la comisión ejecutiva

 

Inmobiliaria Colonial también ha acordado cambios en la comisión ejecutiva, que estará formada por cuatro miembros, y en la comisión de nombramientos y retribuciones, que estará formada por tres personas.

La comisión ejecutiva queda compuesta
por Mariano Miguel Velasco, que ejercerá como presidente; Francisco José Molina Calle; Julián Zamora Saiz y Pedro Ruiz-Labourdette Garau.

Por su parte, la comisión de nombramientos estará integrada por Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Alberto Alonso Lobo y Enrique Montero Gómez.

Sólida “situación patrimonial”

 

Inmobiliaria Colonial también ha señalado que mantiene una sólida “situación patrimonial” que le permite cumplir íntegramente “todas sus obligaciones con las entidades financieras” y ha expresado “su confianza en que la realidad del valor objetivo de la compañía, su solidez patrimonial y su potencial de negocio permitirán superar la situación actual”

Publicada el http://www.ElEconomista.es

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Nota Bene del editor de este Blog: Seguramente sería éste un momento pertinente para que algún miembro del Gobierno Valenciano experto en privatizaciones, explicara las condiciones en las que Luis Portillo compró por cantidades multimillonarias, en sociedad (Siete Treinta S.L.) con el señor Rosell Recasens, marido o lo que fuese de la Senadora del PP por Almeria, señora Agüero miembro de la comisión de Agricultura del Senado en la etapa del señor Aznar-Fabra (¿también una coincidencia que la empresa del caso Naranjax, Artemis 2000 S.L. y Siete Treinta S.L. procedan del mismo despacho de Ontinyent, ciudad que como saben está pegadita a Sevilla, igual que muchas más con adjudicaciones de la Generalitat Valenciana?). Aclaremos la concesión transmisión posterior de algúnos lotes de las residencias geriatricas del tan famoso como opaco Plan Blasco en su etapa de Conseller de Bienestar Social. Este es el proceso especulativo que ha levantado gigantes de papel que han saqueado las arcas públicas y arden ahora…sin que nadie mueva un dedo. Y el Arzobispo Cardenal diciendo que la politica social de Zapatero sobre la familia, destruye la democrácia. ¡No crean que no llevamos una buena peniténcia con esta cuadrilla!. V.V.G.

LOL MULTIMILLONARIOS SOBRECOSTES DE LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS VAN EN CONTRA DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Y SANITARIOS.

732592.jpgLa Ciudad de las Artes cuesta de más como una nueva Fe y media

J. L. OBRADOR. 21.12.2007

  • El gasto extra que acumula todo el complejo de Calatrava suma 431,4 millones de euros.
  • El presupuesto del futuro hospital que se construye en Valencia es de 269 millones.
  • El Síndic de Comptes denuncia que Calatrava cobra 861.000 euros que no le corresponden.
El sobrecoste que acumula la Ciudad de las Artes y las Ciencias alcanza los 431,4 millones de euros, según el informe de 2006 del Síndic de Greuges. Con este dinero de más gastado (un 238% de incremento respecto al presupuesto inicial) se podría haber construido 1,6 hospitales como la nueva Fe que se está levantando en Malilla. El presupuesto de este macrocentro sanitario es de 269 millones de euros (216 corresponden a la obra y 53 al equipamiento).Sólo en el Palau de les Arts, hasta finales de 2006 (es decir, antes de reparar incidentes como los provocados por las inundaciones de octubre) se llevaban gastados 345 millones (un 316% más de lo previsto), una cantidad por sí sola superior a lo que costará el hospital.

En el documento que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, el Síndic recomienda evitar modificaciones que alteren los proyectos iniciales, ya que repercuten en el precio y en el plazo de las obras.

Calatrava, dinero extra

Según el informe el creador de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Calatrava, ha cobrado ya, por adelantado, 3.962.125 euros por el proyecto y ejecución del Ágora, la plaza porticada que servirá como punto de esparcimiento de este recinto. Sin embargo, Calatrava debería percibir 3.100.493 euros.

La trampa está en que su retribución se calcula sacando el 7,5% del coste del proyecto y la ejecución de las obra, pero esta cifra ha variado. En un principio, el Consell estimó que rozaría los 53 millones de euros, pero al final se adjudicó por 41,3 millones. Pese a esta rebaja, los honorarios de Calatrava se siguen calculando sobre la cifra superior, con lo que percibe los 3,9 millones, un 25% más de lo que le toca.

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JULIAN MUÑOZ: CONDENADO A SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN POR PREVARICACIÓN.

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Condenan a Julián Muñoz a siete años de inhabilitación por prevaricación

EFE. 18.12.2007

  • También han sido condenados otros cinco ediles del Ayuntamiento de Marbella (Málaga).
  • La sentencia decreta su inhabilitación para cargo público y doce meses de multa con una cuota de 10 euros diarios.

Minuteca todo sobre:

El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y otros cinco ediles del Ayuntamiento de la ciudad han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga a siete años de inhabilitación para cargo público y doce meses de multa con cuota de 10 euros diarios por un delito de prevaricación urbanística.

La sentencia decreta asimismo la nulidad de la licencia de obra del proyecto de ejecución a la entidad Artola Inversiones SL, otorgada en la comisión de gobierno de 10 de julio de 1998, de la que formaron parte los concejales condenados, para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable.

El fallo tiene en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la concesión de la licencia y el juicio, celebrado el pasado octubre.

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LA PETICIÓN DE LA COMISIÓN EN EL CASO TOTANA FUÉ GRABADA.

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corrupción urbanística La petición de la comisión del caso Totana fue grabada

Al parecer, el anterior alcalde aludió al pago de tres millones de euros para recalificar suelo rústico

Autor:
La Voz var d = new Date(1197500400000);
Fecha de publicación:
document.write(d.getDate() + “/” + (parseInt(d.getMonth())+1) + “/” + d.getFullYear());13/12/2007

La exigencia del pago de comisiones a cambio de proceder a la recalificación masiva de suelo rústico en el municipio murciano de Totana cuenta con respaldo pericial determinante, según reconocen fuentes del caso por el que están imputadas más de una docena de personas, entre ellas un abogado y promotor vigués y uno de sus ex empleados. Tal y como adelantó La Voz de Galicia el pasado 30 de noviembre, desde los entornos del anterior y actual gobierno municipal de Totana -del PP- se pudo haber reclamado el pago de tres millones de euros a una de las empresas del letrado gallego Manuel Núñez a cambio de que el Ayuntamiento murciano modificase en su nuevo plan general la calificación de 2,2 millones de metros cuadrados de carácter rústico, para que la empresa viguesa Inmonuar pudiese levantar 5.040 viviendas, un campo de golf, dos spa y un hotel en el municipio.

Diversas fuentes aluden incluso a la existencia de cintas telefónicas grabadas donde algunos de los imputados hacían mención a dicho «cazo», y a la exigencia de que la comisión fuese abonada en varios pagos.

Operación respaldada

Pese al secreto de sumario decretado, hasta ahora ha trascendido que el empresario murciano que fue detenido el día en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil puso en marcha la operación Tótem hizo supuestamente de puente entre los implicados del Ayuntamiento de Totana y la empresa promotora viguesa.

La operación urbanística fue en todo momento saludada por el equipo del anterior alcalde y ahora diputado regional del PP, Juan Morales, así como por su sucesor en la alcaldía, al suponer la construcción de más de cinco mil viviendas en una localidad que agrupa a poco más de veinte mil vecinos. A cambio de la recalificación de las parcelas adquiridas por la firma viguesa en la pedanía del Reiguero, el Ayuntamiento totanés iba a recibir un total de 4,9 millones de euros, tal y como aprobó la corporación, solo con los votos del PP en una sesión en la que también recibieron el visto bueno otros 48 convenios. En la mayoría de ellos el consistorio pudo haber recibido dinero en metálico por parte de los promotores, en lugar de obras o infraestructuras para el municipio, como es más habitual.

Pagos al Ayuntamiento

La firma viguesa Inmonuar ya había ingresado en las arcas municipales 2,4 millones de euros, la mitad de ellos en el momento de la firma del convenio y la otra mitad tras la aprobación inicial del nuevo plan. El montante restante estaba estipulado que se pagase cuando se aprobase definitivamente el plan totanés el próximo mes de enero.

El dinero rodeó la operación de una forma constante, ya que además de ser abonados a todos los propietarios de las fincas rústicas 24 euros por metro cuadrado, donde solo valía 6, la promotora viguesa pagó también 18.000 euros en mano y como señal a todos los dueños que accedieron a vender su suelo, según admitieron varios de ellos.

GARANTÍAS JURIDICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO.

Garantías jurídicas, planificación y desarrollo urbano PDF Imprimir E-mail
Ignacio Pérez Sarrión   
28.11.2007

ImageVivimos en un estado de derecho, un estado quizás –en mi opinión, en algunos aspectos- excesivamente garantista. Digo esto porque la cantidad de normas, procedimientos, plazos y recursos, pueden legar a provocar inseguridades jurídicas e impiden en ocasiones un funcionamiento mínimamente ágil de la administración si se pretende ser eficaz, como por otra parte se demanda por los ciudadanos. Uno nunca está seguro de estar cumpliendo meticulosamente todos y cada uno de los matices de los procedimientos de aplicación del derecho, dada la estructura de personal existente, el escaso tiempo con que se cuenta por las personas que tienen que tratar multitud de tareas diferentes en soledad (FHE) y los medios materiales con que se cuenta.

Resulta curiosa  oír en los pueblos la expresión “te denunciaré”, o “le denunciaré“, cuando se piensa que si es el Ayuntamiento la administración responsable de sancionar una transgresión determinada y éste no tiene ni funcionarios, ni medios adecuados, ni ordenanzas tipificadoras de las conductas sancionables  ni por su puesto sanciones previstas, difícilmente, por no decir de manera prácticamente imposible, se tramitarán procedimientos sancionadores. Ejemplo de la situación sin ir más allá es las infracciones de tráfico que se cometen continuamente en todos los pequeños pueblos y que quedan impunes. Cuantitativamente no son muchas, pero cualitativamente pueden ser muy importantes y resulta penoso que en muchas ocasiones haya que transigir con comportamientos sumamente inapropiados.  

En los pequeños pueblos no hay policía local ni medios para tramitar los procedimientos sancionadores. Así, uno puede aparcar su vehículo en medio de la plaza, hacer ruido a las dos de la mañana, echar las basuras al contenedor sin bolsa y muchas otras conductas reprobables sin que, jurídicamente, pase nada.

Habría que en alguna ocasión hacer un estudio sociológico –quizás se haya hecho- del efecto que para la convivencia puede ejercer el control social de una comunidad pequeña o mediana, porque en estos lugares, es la reprobación social la que sirve de control y no evidentemente el control jurídico. Es el vecino de al lado, que conoce quién eres, de quién eres hijo, en qué trabajas, cuando sales y entras, en fin, tu vida de pé a pá, quien a corto o medio plazo te llegará a hacer algún comentario sobre lo inadecuado de tu comportamiento. SI eres normal y no te habías dado cuenta, te sonrojas y cambias. En otro caso, está servido el inicio seguro de una rencilla que perdurará en el tiempo.

Sin embargo los pueblos de la periferia de las ciudades crecen muy rápido. Como consecuencia de la carestía de la vivienda en la ciudad, la gente joven se desplaza a estos pueblos a vivir en los típicos adosados, prohibitivos veinte kilómetros más cerca del centro de la ciudad. Así, sin darse cuenta apenas, municipios muy pequeños en los que todos se conocían, pasan de repente a convertirse casi en ciudades-dormitorio a los que se acude sólo por la noche. Desparece (o es mucho más difícil) el control social moderador de conductas, porque no se sabe quién es el que vive al lado ni a qué se dedica. Estas personas están tan ocupadas trabajando que tampoco se integran apenas en la vida social del pueblo.

Creo que estos efectos no se tienen en cuenta en la práctica a la hora de permitir o promover el crecimiento de los municipios aledaños a las metrópolis. Allí, en la ciudad, miles de policías vigilan y sancionan. En ese pueblo, apenas treinta kilómetros alejado de aquélla, casi no hay normas (un amigo mío decía parafraseando los western que esto es el oeste, “no hay ley al oeste del Río Pecos”), sólo casi hay miradas de reproche o censura si uno no se comporta normalmente. Afortunadamente ese control social es en muchos casos suficiente para lograr una convivencia adecuada. Pero no en otras ocasiones.

Las cosas cambian rápidamente y son conocidos los casos de municipios que han pasado de ochocientos o mil habitantes a más de cuatro mil o más en menos de una década. Ese fenómeno, de forma inmediata, supone riqueza económica de poblaciones hasta hacía poco depauperadas, en forma de ingresos derivados de la actividad urbanística y poblacional: operaciones urbanísticas, convenios, permutas, IBI, plusvalías, aumento de participación en el FNCM, aumento del IVTM, etc. Si por una parte se dispone entonces de mayores recursos obteniendo nuevos equipamientos y optimizando los existentes, por otra parte se pierde esa cohesión social que como comunidad pequeña se tenía.

Creo que es importante que los gobiernos locales, antes de fomentar un desarrollo desmedido, decidiesen reflexivamente si es conveniente ese crecimiento, hasta qué límite, con qué previsiones, qué medios se van a necesitar y, en definitiva, planificar a medio plazo. Yo creo que en ocasiones sólo se actúa por intuición, simplemente se da por supuesto que aumentar población es en sí mismo lo correcto, sin tener en cuenta otras implicaciones a valorar cuidadosamente. E igual que se planifica el crecimiento urbanístico a través de un PGOU, habría que planificar los equipamientos necesarios según población y a medida que se vaya creciendo, necesidades de nuevos servicios, supuestos de pirámides poblacionales, dónde está el umbral en el que será necesario y sostenible económicamente disponer de algunos servicios, cuándo será necesario disponer de policía local (a reservas de las previsiones legales sobre el particular), qué medios jurídicos y técnicos se necesitarán, y un largo etcétera de cuestiones que me da la impresión que se van solucionando sobre el momento.

Visto en el Blog esPublico

EL CIRCUITO URBANO DE FORMULA 1 DE VALENCIA TAPONARÁ LAS SALIDAS NATURALES Y AUMENTA EL RIESGO DE RIADA E INUNDACIONES.

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lunes, 10 diciembre 2007

EL CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA UNO EN VALENCIA AUMENTA LOS PELIGROS DE RIADAS E INUNDACIONES PORQUE IMPIDE EL DESAGÜE NATURAL Y TAPONA LOS OJOS DEL PUENTE DE ASTILLEROS…

La Asociación de Vecinos de Nazaret ha denunciado que la construcción del circuito urbano de Fórmula Uno aumenta el riesgo de inundación de este barrio, al invadir el cauce del río Turia y desnivelar sus márgenes, disminuir su capacidad de desagüe y tapar varios ojos del puente de Astilleros. El portavoz de este colectivo vecinal, Julio Moltó, tras la asamblea informativa que mantuvo con otras asociaciones la semana pasada, en la que se ha analizado el impacto que el circuito urbano de Fórmula Uno tendrá en este barrio valenciano.

Salvar Nazaret de riadas. Moltó ha manifestado que obstaculizar las aguas pluviales es un tema “alarmante” para los vecinos y ha advertido de que podría ser un problema “más grave” que el que atañe actualmente al Palau de les Arts. También ha instado al Ayuntamiento de Valencia a que trabaje para que esta nueva situación de Nazaret sea contemplada por el Plan de Acción Territorial Sectorial (PATRICOVA) sobre prevención de riesgos de inundación.
Según Moltó, el circuito urbano “que podría estar en funcionamiento hasta el 2022, supondrá peores condiciones de vida para los vecinos todos los veranos”.

La Fórmula Uno: ruido, contaminación y colapso de tráfico. Entre las causas, se ha referido al ruido “insoportable”, la contaminación atmosférica, el colapso circulatorio “debido a la falta de aparcamientos” y el aislamiento del barrio que supondrá el corte del puente Astilleros durante la celebración del Gran Premio de Europa. Asimismo, ha calificado de “muy preocupante” que esta instalación se esté realizando “sin licencia de obras, sin estudio de impacto ambiental e incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana que indica que el cauce del río es zona verde”. Por último, ha destacado que la actividad de esta instalación es “molesta, contaminante y peligrosa” para los vecinos de Nazaret.

LOS ACIVOS DE LAS INMOBILIARIAS SE REDUCIRAN UN 10% DE MEDIA AL FINALIZAR EL AÑO.

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Los activos de las inmobiliarias se reducirán un 10% de media al finalizar el año.

La Comisión Europea vaticina un descenso de hasta el 10% en la inversión en vivienda nueva para el 2009
Las principales inmobiliarias españolas verán cómo durante este año la valoración de sus activos se reducirá un 10%, según las principales firmas tasadoras. En los últimos doce años, estas empresas han visto cómo su patrimonio se incrementaba anualmente, pero la fuerte caída de las ventas, el encarecimiento y las restricciones de los créditos a promotores, y la subida de los tipos de interés, han provocado esta situación. Pero el futuro no parece mucho más positivo para el sector, a tenor de un estudio de la Comisión Europea, que asegura que la inversión en construcción de vivienda caerá un 1,2% en el 2008, y hasta un 10% en el 2009.
Las Claves
 La caída de ventas, la subida de tipos y la restricción de crédito a promotores provocan la reducción de activos
 Las firmas aseguran que la menor valoración afectará más a los grupos con promociones
 Los mayores recortes se producirán en las unidades pendientes de venta, en las promociones, el suelo y la segunda residencia
Los Datos
 Para el 2007, se espera que la inversión en construcción de vivienda nueva crezca un 3,5%
 Bruselas estima que las promociones en los países del Este se multiplicarán en los próximos años
 Las promotoras sin patrimonio pueden sufrir caídas de hasta un 30% en sus libros contables al cierre del ejercicio del 2007
Financiero Digital/Efe

Madrid

EL FISCAL PIDE 18 MESES MÁS DE PRISION PARA JULIÁN MÚÑOZ.

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El fiscal pide que el ex alcalde Julián Muñoz sea condenado a 18 meses de prisión

EFE. 09.12.2007

  • Otros cinco ex ediles están acusados de conceder una licencia para la construcción de 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva de uso público.
  • Pueden ser condenados a ocho años de inhabilitación.
  • El fiscal entiende que el uso era “incompatible” con la autorización concedida.

Minuteca todo sobre:

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga juzgará esta semana al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a otros cinco ex ediles por conceder una licencia para la construcción de 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva de uso público en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986.

Julián Muñoz y los cinco ex concejales del Gil, miembros de la comisión de gobierno en 1998, están acusados de un delito contra la ordenación del territorio y el fiscal pide que sean condenados a una pena de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación. En el escrito acusatorio, se solicita la nulidad de la licencia y se destaca que el que fuera alcalde de Marbella Jesús Gil fue inductor del delito.

El ministerio público considera que Muñoz, como alcalde accidental, junto a Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo, aprobaron en marzo de dicho año conceder licencia de obras a las entidades Jotsa y Promotorauno para la construcción de un edificio de 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en San Pedro de Alcántara.

Concesión licencia

La fiscalía malagueña entiende que la licencia se otorgó en función a las instrucciones del entonces alcalde de la localidad, Jesús Gil y con un presupuesto de más de quince millones de euros. Dicho permiso se otorgó “pese a que se autorizaba a edificar en un suelo que de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables -que eran el PGOU del 68- estaba clasificado como zona deportiva de uso público”, calificación de la parcela que luego se mantuvo en el plan de 1986.

Por ello el fiscal entiende que el uso era “incompatible” con la autorización concedida, lo que era “conocido por los acusados”, quienes decidieron, conceder la licencia de obra “sobre la base de su adecuación a las determinaciones de un documento de revisión del planeamiento municipal que el equipo de gobierno estaba llevando a cabo”.

Dicha revisión no había sido aprobado definitivamente por el ente supramunicipal competente, en este caso la Junta de Andalucía. El ministerio público recuerda, como en otros escritos acusatorios, que la Comisión Provincial de Urbanismo denegó en 1998 la aprobación definitiva de dicha revisión promovida por la Corporación municipal.

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EL MINISTERIO DE VIVIENDA FIRMA CONVENIOS PARA QUE LOS PARTICULARES ALQUILEN SIS PISOS.

carme_chacon_rodriguez_zaptero_presentacion_plan_vivienda_jovenes.jpgCon el fin de animar a los propietarios a poner en alquiler sus viviendas vacías, el Ministerio de Vivienda firmó ayer dos convenios de colaboración con el Consejo General de Administradores de Fincas y el Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

Todas las partes se comprometen mediante estos acuerdos a trabajar conjuntamente en la distribución de 2.150.000 folletos informativos entre propietarios y 6.000 carteles para las agencias inmobiliarias de toda España. En este material se informa de las nuevas garantías que ofrecen las medidas puestas en marcha por el Gobierno dentro del Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso al Alquiler, que fue presentado por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, el pasado mes de septiembre. Asimismo, se ha puesto en marcha una web Alquile su Vivienda donde está contenida toda la información.

Las ventajas de alquilar a jóvenes y la flexibilización de las condiciones para recibir la subvención de 6.000 euros para los propietarios que pongan sus viviendas vacías en arrendamiento son algunas de las medidas adoptadas para impulsar el alquiler. También se informará de las nuevas garantías que ofrece el sello “Alquiler Seguro” de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que incluye seguros contra daños e impagos, así como la agilización de los desahucios gracias a la puesta en marcha, a partir del próximo mes de enero, de 10 nuevos juzgados de lo civil. A ello se suma la exención fiscal para los propietarios del cien por cien de las rentas por alquiler percibidas si el inquilino es menor de 35 años y del 50% en el resto de los casos.

EL ALQUILER, LA OTRA OPCIÓN A LA CRISIS INMOBILIARIA.

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El alquiler, la otra opción ante la crisis inmobiliaria
 Rebajas en las polízas de seguros de alquiler
ESPERANZA BUITRAGO
30 de noviembre de 2007El mercado de alquiler repunta obligado por los altos precios de las viviendas. Una familia media destina hasta el 70 por ciento de sus ingresos al pago mensual de la hipoteca. Así, expertos inmobiliarios aseguran que la compraventa de casas de segunda mano “está parada” y auguran una “reducción de los precios de las viviendas de nueva construcción”.

Marcelo tiene una segunda vivienda en Madrid. Lleva un año intentando venderla, pero asegura que “está muy difícil”. Aunque le han recomendado que baje el precio, se resiste. De momento intenta alquilarla. Afirma que prefiere una renta mensual y “esperar un poco para ver si la situación del mercado mejora”.

Las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad, las medidas impulsadas por el Gobierno para fomentar el alquiler y el aumento de población de las grandes ciudades ha hecho que los españoles se planteen esta opción. Un estudio de la consultora DBK sostiene que en 2007 habrá un 4,7 por ciento más de casas alquiladas que en 2006. El volumen de negocio de este mercado crecerá alrededor de un 8% este año.

El aumento desmesurado de los precios de las viviendas en los últimos años hace fácilmente comprensible la ya sabida crisis del sector. Un ejemplo: con una casa de 100 metros cuadrados y un préstamo del 80 por ciento, una familia media con un único perceptor de salario, gastaría el 70 por ciento de sus ingresos en el pago del préstamo. Con dos salarios destinaría a la casa el 35 por ciento, cantidad adecuada, según los analistas, para no ahogar la renta familiar.


Los pisos de obra nueva tardan en venderse el doble que hace un año.

No sólo los ciudadanos pasan aprietos, también los constructores y promotores. La inmobiliaria Llanera ha presentado un ERE hace unas semanas que afecta a más de 200 trabajadores. Otras compañías como Tecnocasa o Century 21 han cerrado un número importante de sus oficinas.

A pesar de estos datos, las asociaciones empresariales prefieren no crear demasiado debate sobre el asunto. Con la boca pequeña, algunos empresarios sí reconocen que los pisos nuevos tardan más tiempo en venderse, casi el doble. Además, sostienen que las casas de segunda mano han comenzado a bajar notablemente sus precios. Problemas para Marcelo.

EL ALCALDE DE TOTANA (pp)…PROVISIONALMENTE EN EL TRULLO. UNA METÁFORA POLITICA DE LAS BARBAS DEL VECINO Y EL JABON PARA EL REMOJO.

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La jueza decreta prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana

EFE. 03.12.2007

La titular el Juzgado Número Uno de Totana, María Asunción Navarro, ha decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, del PP, en el marco de la Operación Totem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, informaron fuentes judiciales.

La decisión de la jueza se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de ayer, domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial.

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Ocho detenidos en Murcia, Galicia y Madrid por presunta corrupción urbanística

20MINUTOS.ES/AGENCIAS. 26.11.2007

Paraje donde se pensaba construir, según IU.

  • Entre ellos, la ex mujer y la compañera del ex alcalde de Totana (Murcia)
  • Registran en Totana una oficina de Cajamurcia, una fábrica de huevos y una asesoría.
  • La operación está relacionada con la recalificación de suelo rústico en urbanizable.

Agentes de la Guardia Civil han detenido hoy a al menos ocho personas por su presunta relación con un delito urbanístico cometido en la localidad murciana de Totana. La operación está relacionada con la recalificación de más de dos millones de hectáreas de suelo rústico en urbanizable para que una empresa gallega construyese miles de viviendas.

Entre los detenidos se encuentran el director de la empresa gallega y uno de sus ayudantes, habiéndose producido ambos arrestos en Nigrán (Pontevedra). Asimismo, ha sido detenido en Totana el dueño de una empresa de productos agrícolas con sede en esa localidad, acusado de actuar de intermediador entre la empresa y las personas que podrían haber recibido sobornos para recalificar el terreno.

Además, según informa la Cadena Ser entre los detenidos se encuentran la ex mujer y la actual compañera sentimental del hasta hace unos meses alcalde de Totana, Juan Morales, del Partido Popular. Morales es actualmente diputado regional.

La nómina de detenidos se completa con otros dos arrestos en Murcia capital y otro en Madrid. Las investigaciones corren a cargo del Grupo de Delitos Urbanísticos creado este mismo año en el seno de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ya lo denunció IU

El grupo de IU en Totana dio la voz de alarma en septiembre calificando de “disparate la macrourbanización anunciada por el grupo gallego Nuaria con la que pretendían construir 5.000 viviendas“.

“Los propietarios de terrenos en la zona están siendo presionados y amenazados para que vendan unas propiedades que les pertenecen desde hace generaciones”, explicó el concejal de IU en Totana, Juan José Cánovas.

“Este proyecto duplicaría la población de Totana, con la urbanización de más de 2 millones de m2 y la construcción de un campo de golf“.

“Son varios los vecinos propietarios de la zona que se han dirigido a IU para manifestar las presiones que vienen sufriendo para que vendan sus propiedades, bajo amenazas de expropiación”.

El Ayuntamiento pide que se aclaren los hechos

El Ayuntamiento de Totana, gobernado por el Partido Popular, asegura que está prestando toda su colaboración a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para facilitar el esclarecimiento de los hechos.

“El Ayuntamiento de Totana desea apelar a la responsabilidad de todos los agentes sociales y políticos en sus declaraciones y actuaciones públicas para no manchar el nombre de Totana y evitar entorpecer la investigación en curso. Por otra parte, los hechos no han modificado la agenda de los miembros del equipo de Gobierno y ninguno va a realizar valoraciones públicas para no interferir en la investigación”.

Además, solicita que se agilicen al máximo las investigaciones para evitar cualquier sospecha infundada.

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