La evasión fiscal en el sector constructor e inmobiliario alcanza los casi 8.600 millones anuales
Terra Actualidad – EFE | 16-11-2007 | Sociedad
Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas que encabezan el fraude fiscal en el sector inmobiliario, según datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) calculan que la evasión fiscal en el sector inmobiliario alcanza los 8.600 millones anuales.
Gestha asegura que la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, aprobada hace un año, no ha servido para atajar las dos grandes bolsas de fraude existentes en España: las operaciones de compra-venta hechas por empresas constructoras e inmobiliarias y las actividades de las profesiones liberales.
En una nota de prensa, los Técnicos de Hacienda hacen un balance del primer año de entrada en vigor de la Ley Antifraude y consideran que esta norma ha supuesto un ’paso adelante poco ambicioso’ en la prevención y lucha contra el fraude.
Gestha acusa a Hacienda de controlar ’de forma masiva’ los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados en lugar de centrarse en los principales focos de economía sumergida.
Así, insiste en que los profesionales liberales que trabajan por su cuenta, en ocasiones, defraudan al Fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.
Respecto al fraude inmobiliario insiste en que Ley Antifraude no ha contribuido a frenar las operaciones inmobiliarias especulativas.
Explican que uno de los modos de fraude en este sector consiste en ’dar el pase’, es decir, efectuar sucesivas transmisiones que no llegan a formalizarse en documento público, de manera que el nuevo comprador paga un precio por la cesión de la posición del anterior comprador en un contrato privado que queda oculto a la Hacienda Pública.
Otro de las formas de defraudar consiste en ’obligar’ al adquiriente a declarar en la escritura un precio inferior al pagado, lo que incide directamente en el fraude en todos los impuestos que no soportan el comprador ni el vendedor.
Además, Gestha que la Ley Antifraude no ha solventado las graves deficiencias organizativas que existen en la Agencia Tributaria e impide a los Técnicos de Hacienda investigar a las empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros.
Recuerdan que en la actualidad, el 95,85 por ciento de las compañías asentadas en España con estos ingresos (57.700 empresas) escapan al plan de lucha contra el fraude.
También se refieren a las aduanas españolas y aseguran que no se han reforzado los filtros de control y seguridad, de manera que son auténticos ’coladeros’ de mercancía de todo tipo de productos procedentes de terceros países.
Ante esta situación, Gestha consideran ’prioritario’ que los esfuerzos de la Agencia Tributaria se centren en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, con medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.
Entre estas medidas insisten en habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación.
Gestha estima que con esta medida y un plan eficaz de lucha contra el fraude, el fraude y la economía sumergida en España -que según sus cálculos supera el 23 por ciento del PIB (207.000 millones euros)- se reduciría en diez puntos porcentuales hasta niveles similares a los Francia o Alemania.
Además, para desincentivar la emisión de facturas falsas, los Técnicos de Hacienda proponen reservar el régimen de la estimación objetiva a aquellos empresarios que destinan su actividad exclusivamente al consumidor final.
También sugieren que se consideren transmisiones especulativas de inmuebles todas las que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años con el fin de que tributen como renta general y no al tipo actual del 18 por ciento como si fuera renta del ahorro.
Además, plantea propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial con el fin de detectar los citados ’pases’ y establecer, para las transmisiones de viviendas no terminadas, la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación.
Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen.
Publicado en La Tercera Información.