El Defensor del Pueblo lleva ante el Tribunal Constitucional a la Generalitat Valenciana.

EP Social

recurre una parte de la gestión de la Ley de Dependencia

El Defensor del Pueblo lleva ante el Constitucional a la Generalitat Valenciana

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La institución acusa al Gobierno valenciano de “obstaculizar” la aplicación de la norma

   MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) –

   El Defensor del Pueblo ha presentado esta mañana un Recurso de Inconstitucionalidad contra un aspecto de la gestión de la Generalitat Valenciana sobre la Ley de Dependencia, según informaron a Europa Press fuentes de esta institución.

   En concreto, el Defensor del Pueblo ha interpuesto el recurso contra la disposición adicional 11 de la Ley de Presupuestos de esta comunidad para el ejercicio 2008, que establece que las personas valoradas por la Generalitat deben entender que su solicitud ha sido desestimada si no han recibido respuesta en el plazo de seis meses.

   Esta disposición, introducida en el Parlamento valenciano a través de una enmienda del PP, cambia el concepto de ‘silencio administrativo’, que significa que si la Administración no responde a la solicitud de un ciudadano es que ésta ha sido atendida. Con este cambio, el ‘silencio administrativo’ pasa de ‘positivo’ a convertirse en ‘negativo’ en esta comunidad.

   “Las administraciones tienen la obligación de notificar y explicar por escrito por qué han rechazado un derecho fundamental. Lo que han hecho es completamente ilegal”, señalaron fuentes del Defensor del Pueblo a Europa Press.

“CAMUFLADAMENTE”

   Además, estos mismas fuentes critican que esta reforma se “haya metido en una ley, la de presupuestos, que no tiene absolutamente nada que ver” con la dependencia. “Este cambio lo han metido en una ley distinta, camufladamente, para que no se entere nadie. Esto claramente vulnera el principio de seguridad jurídica”, apostillan.

   Por todo ello, desde el Defensor del Pueblo acusan a la Generalitat Valenciana de “obstaculizar” la aplicación de la Ley de Dependencia, y recuerdan que los dependientes son ciudadanos que por su situación ya se encuentran en condiciones “de especial vulnerabilidad”.

   Igualmente, los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han criticado que la Generalitat, gobernada por el PP, “ha boicoteado” la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 2007.

   El Defensor del Pueblo entiende que “no puede permanecer impasible” ante la entrada en vigor de esta disposición “mediante un procedimiento impropio”, que, además, “afecta a un colectivo de ciudadanos necesitados de especial protección”.

   El recurso ha sido interpuesto a raíz de la queja formal presentada a mediados de enero por el sindicato UGT ante del Defensor del Pueblo, que posteriormente recibió otras dos quejas más de particulares sobre este mismo asunto.

ENFERMOS DEPENDIENTES DENUNCIAN ANTE EL SINDIC QUE LA GENERALITAT VALENCIANA NO APLICA LA LEY DE DEPENDENCIA; ¡DENUNCIALO TU TAMBIEN!

CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL (Mándale una carta al Conseller)
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Teléfino Gratuito: 900 21 09 70       correo electrónico: consultas_sindic@gva.es
Defensor del Pueblo: http://www.defensordelpueblo.es                                                                 escudo-consti-sm.gif
DENUNCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS AL SINDIC DE CREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
El art. 25 de la Carta de Servicios del Síndic de Greuges reconoce el derecho de la ciudadanía y de las usuarias y usuarios a formular reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios prestados por el Síndic de Greuges:

a) Reclamaciones: en caso de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía relacionada con el funcionamiento de los servicios de esta Institución que suponga una falta de calidad de los mismos, toda persona podrá formular reclamaciones, que se presentarán por escrito y firmadas, en cualquier formato o soporte, y en la que deberán constar los datos identificativos del remitente y la dirección en la que poder contactar.

En el plazo máximo de 15 días desde la presentación de la reclamación, salvo que se hayan solicitado aclaraciones al usuario afectado o a terceros, se comunicarán a la persona reclamante las actuaciones realizadas y, en su caso, las medidas adoptadas.

Reclamaciones (Clic)

b) Sugerencias: todas las personas podrán formular sugerencias e iniciativas relacionadas con el funcionamiento de los servicios de esta Institución, que podrán remitir por cualquier medio o soporte escrito en el que figuren los datos identificativos de la persona que la remite.

En el plazo máximo de 15 días desde la presentación de la sugerencia o iniciativa, salvo que se tengan que realizar otras actuaciones o solicitar aclaraciones, se enviará a la persona remitente el posicionamiento de la Institución sobre la cuestión planteada.

Sugerencias (Clic)

 

CONTRA LA OBSTRUCCIÓN POLÍTICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA, HAY UN ACTO SOLIDARIO Y MANDA TU QUEJA AL SINDIC DE GREUGES.

Dependencia

Enfermos dependientes denuncian al Consell ante el Síndic por no aplicar la ley

Un grupo de afectados de distrofia muscular y otras enfermedades degenerativas con un grado de discapacidad superior al 80 por ciento han denunciado hoy ante el Síndic de Greuges la “pasividad” del Gobierno valenciano en la aplicación de la Ley de Dependencia. Una veintena de enfermos y familiares han presentado esta mañana un escrito de queja ante el Síndic en el que denuncian que el Consell no ha contestado a sus solicitudes y tampoco ha evaluado a los afectados, a pesar de haber difundido informaciones, en su opinión “falsas”, diciendo que “a finales de enero” recibirían las prestaciones económicas contempladas en la ley estatal.  EFE/Manuel Lorenzo
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Un grupo de afectados de distrofia muscular y otras enfermedades degenerativas con un grado de discapacidad superior al 80% han denunciado hoy ante el Síndic de Greuges la “pasividad” del Gobierno valenciano en la aplicación de la Ley de Dependencia.

EFE Una veintena de enfermos y familiares han presentado esta mañana un escrito de queja ante el Síndic en el que denuncian que el Consell no ha contestado a sus solicitudes y tampoco ha evaluado a los afectados, a pesar de haber difundido informaciones, en su opinión “falsas”, diciendo que “a finales de enero” recibirían las prestaciones económicas contempladas en la ley estatal.Según consta en la queja, en mayo del pasado año presentaron la solicitud para la evaluación y concesión de ayudas para grandes dependientes.Seis meses después presentaron una reclamación administrativa ante la Conselleria de Bienestar Social por la falta de respuesta y hoy continúan sin noticias y sin que la gran mayoría haya sido evaluada, ha explicado la portavoz del grupo y madre de uno de los enfermos, Mercedes Pastor.En opinión de Pastor, el Consell “se burla de nosotros, porque ahora dice que van a pagar las ayudas, pero todavía no nos ha evaluado”.La portavoz, madre de un enfermo con distrofia muscular de Duchenne, ha asegurado que la Generalitat todavía no ha examinado a ninguno de los grandes dependientes de Valencia, Castellón y Alicante, aunque sí ha evaluado a “las personas mayores de las residencias”.Pastor ha recordado que el Consell ya tiene la competencia sobre la materia y ha aprobado los decretos de aplicación de la ley, y ha criticado que se gobierne “para la Copa del América, el Circuito de Fórmula Uno y la Volvo Ocean Race, pero no para nosotros, las familias”.

Emilio Guillén, otro de los enfermos de distrofia muscular, ha considerado que a estas alturas ya “debería haberse agilizado” la tramitación de las solicitudes y ha lamentado que en respuesta a sus demandas sólo reciban “excusas”.

Guillén ha señalado que esta ayuda le permitiría contratar a alguna personas para ayudarle en sus quehaceres diarios y “llevar una vida más o menos normalizada”.

La portavoz del grupo ha señalado que esta queja es el primer paso de sus reivindicaciones, pero no descarta ir a juicio si la Generalitat no entrega las ayudas.

EL GOBIERNO VALENCIANO OBSTRUYE LA LEY DE DEPENDENCIA Y DEJA INDEFENSOS A MILES DE VALENCIANOS, SEGÚN EL INFORME DE LA SINTICATURA DE GREUGES.

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La demora de Bienestar Social en declarar los grados de minusvalía bloquea ayudas a los discapacitados

La Síndica realiza una crítica “feroz” del tratamiento a enfermos mentales

J. L. G./E. P., Valencia
La vertiente asistencial y sanitaria de la gestión de la Generalitat Valenciana es una de las que peor paradas salen del informe de la Sindicatura de Greuges correspondiente a 2006. La responsable de la institución se muestra crítica por la reiteración, “año tras año”, de las quejas en relación a la tardanza de Bienestar Social en resolver la calificación y establecer el grado de minusvalía de las personas discapacitadas. Se trata de quejas tramitadas en 2006, pero de plena vigencia, en relación con el bloqueo que sufre la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana.
Especialmente gráfica resulta la reflexión de la Síndica, Emilia Caballero, en una queja de oficio: “¿De qué sirven todas las políticas legislativas, organizativas, presupuestarias y de todo tipo a favor de los discapacitados, si la puerta de entrada a ellas está cerrada y tarda más de un año en abrirse desde que se llama?”.
Además, el informe se refiere a quejas de ciudadanos hacia otras administraciones “en las que en realidad la Conselleria de Bienestar Social es la responsable del problema”.
A modo de ejemplo, la Síndica explica que un ayuntamiento no creaba la plaza de aparcamiento que un ciudadano discapacitado le reclamaba: el consistorio alegaba que “todavía no se había dictaminado sobre la minusvalía”.
En definitiva, se constata “no ya una falta de eficacia sino el incumplimiento del plazo máximo para resolver”.
Ante esta situación, la Síndica pide a la Administración en su Informe de 2006 que resuelva la tramitación de los expedientes de calificación del grado de minusvalía “en el menor tiempo posible y, en todo caso, dentro del máximo reglamentario establecido”.
Falta rehabilitación e integración
Además, la Síndica se refiere también a la “ausencia de centros para discapacitados en la Comunitat” y en este sentido, recuerda a la Conselleria de Bienestar Social que la Constitución “encomienda a los poderes públicos la realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos”.
Por otro lado, en el apartado de Atención Socio-Sanitaria recoge quejas relacionadas con la atención a personas convalecientes y terminales, y a aquellas personas que padecen enfermedades mentales, apartado este último en el que realiza una crítica “feroz” a la “carencia” en el ámbito sanitario de programas de tratamiento asertivo, y reconoce que la situación en el caso de los centros residenciales es mejor, aunque “dista mucho de ser óptima”, matiza.

EL PP DE LA COMUNITAT VALENCIANA OBSTRUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.

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POLÍTICA

 17/12/2007

La derecha provoca “una situación social límite” en detrimento de los discapacitados

El bloqueo del PP valenciano a la Ley de Dependencia envía al paro a 186 trabajadores sociales

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El próximo 31 de diciembre se va a llegar en la Comunidad Valenciana a una “situación social límite”, según alerta el sindicato CC.OO. Este punto crítico será el resultado del persistente bloqueo que el gobierno conservador del PP está haciendo a la aplicación de la ley de Dependencia que promueve el ejecutivo socialista.

Según confirma a El Plural la responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Adelaida Vega Roca, en la fecha marcada, los 186 trabajadores sociales que desde septiembre se encargaban en Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de evaluar y redactar informes de las solicitudes de ayudas, irán a engrosar las listas del paro.

Todos al paro
Desde la administración autonómica se justifican los despidos en cadena porque las convocatorias están planificadas para cubrir períodos de seis meses, “dependiendo de que hayan existencias de fondos en los presupuestos”. Esta última condición es la que más inquieta a los afectados por el despido. En las cuentas de la Generalidad Valenciana para 2008 no figuran partidas específicas para estos fines. Se deduce, desde la oposición de izquierdas, que se está pretendiendo cubrir los costes únicamente con las transferencias del gobierno central. Para 2008 rondarán los 80 millones de euros.

Sin garantías
En cualquier caso, los trabajadores sociales cesados no esperaban la carta de despido, sino otra a la inversa que les confirmara en sus puestos automáticamente, para no entorpecer sus tareas con la discontinuidad forzada que ahora tienen que soportar, sin garantía formal de que vuelva al trabajo más adelante algún día.

Una trabajadora afectada
Una de las trabajadores sociales afectadas por este parón laboral, Virginia Tovar, explica que con esta manera de actuar se ocasiona un mayor retraso en la gestión de las ayudas -“que es lo que persigue la Generalitat Valenciana”, insiste– para que la aplicación de la ley socialista parezca un rotundo fracaso, al menos en la autonomía valenciana.

Todo “en saco roto”
Además del quebranto económico personal, los trabajadores sociales se quejan de que todo lo que han avanzado durante los últimos cuatro meses “caerá en saco roto”. Se tendrá que empezar de nuevo, en detrimento de quienes tienen que percibir las ayudas económicas, es decir las personas mayores con problemas de movilidad y personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Sistema de contratación
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia, Pilar Rueda, reconoce a El Plural que el método de contratación empleado por el Consell para estas taras técnicas en ayuntamientos “no es bueno”. Dice que genera inestabilidad en el técnico y, muy posiblemente, una merma de calidad de servicio, dada su precariedad. Añade otro problema, al denunciar que entre los contratados de la primera convocatoria “muchos no eran titulados sociales”, asegura, dando a entender que ha podido haber mano ancha para el “enchufismo”.

A cuatro meses vista
Pese al malestar y a la incertidumbre general que reinan en los profesionales sociales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), responsable de distribuir en los Ayuntamientos los recursos para cubrir los gastos de personal de atención, ha vuelto a publicar el pasado 10 de diciembre otra convocatoria, idéntica a la que publicó en julio. A ella van a tener que acudir de nuevo los Ayuntamientos, 117 en total, si quieren volver a tener operativos los servicios de atención. Por rápido que se actúe, este duplicado proceso de selección se alargará hasta el mes de abril o mayo, después de las elecciones generales de marzo.

Ritmo lento
Además de este taponamiento en los ayuntamientos, al modelo adoptado por la Generalidad Valenciana le están lloviendo críticas de variada índole. Los sindicatos le acusan de llevar un ritmo muy lento. Hace una semana se publicó un informe de ámbito estatal en el que la Comunidad Valenciana, junto con la madrileña, está a la cola respeto al resto de Gobiernos regionales. En territorio valenciano todavía nadie, de los muchos miles de ciudadanos que tienen derecho a cobrar, ha percibido estas ayudas. En Navarra, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha se han empezado a abonar, con tarifas entorno a los 489 euros mensuales para beneficiarios que viven en el entorno familiar y 657 euros cuando se contrata una persona para su cuidado.

Incumplimiento de una ley estatal
De entre todos los desajustes y errores de aplicación que se achacan a la Generalidad Valenciana, el más grave es el que pone sobre el tapete la trabajadora social, Virginia Tovar. Advierte que de no firmarse el convenio con el Gobierno antes de que finalice este año a la Generalidad Valenciana, se le puede acusar de “incumplimiento de una ley estatal”, con lo que ello significa, si se actúa por la vía judicial.

NUEVA REGULACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO.

17 de octubre de 2007

NUEVA REGULACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO

􀂆 El Gobierno prepara una norma para que el colectivo de trabajadoras del

servicio doméstico se integre de lleno en el Régimen General de Seguridad

Social, para terminar con la discriminación que sufren estas trabajadoras.

􀂆 Esta nueva medida se enmarca dentro del compromiso del Gobierno socialista

para conseguir que la igualdad sea real y efectiva.

􀂆 Dará solución a la situación laboral de más de 600.000 personas de las cualesmás del 90% son mujeres y en torno al 50% son inmigrantes. Actualmente

muchas de ellas están dentro de un Régimen Especial bastante restrictivo y

arcaico, que no alcanza las condiciones recogidas en el Estatuto de los

Trabajadores.

􀂆 La nueva norma será pactada con los Sindicatos y las Empresas y conseguirá

que el servicio doméstico deje de ser el único sector sin cobertura por accidente de

trabajo.

􀂆 Tanto la CEOE como los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han recibido ya el

texto, que esperan negociar en breve con el secretario de Estado de Seguridad

Social, Octavio Granado.

􀂆 La trabajadora tendrá derecho a exigir un contrato por escrito, frente a la

regulación actual, que permite que sea verbal. Salvo que se pacte con el

empleador lo contrario, se entenderá que es de carácter indefinido (hasta ahora

era de un año, prorrogable por acuerdo de las partes). El contrato fijará la jornada

laboral, la remuneración y el resto de condiciones de trabajo.

􀂆 Nuevos derechos. Por primera vez, las empleadas recibirán una prestación

cuando estén de baja por haber sufrido un accidente laboral. También

mejorarán sus condiciones si la enfermedad que padecen es común. Ahora sólo

cobran a partir del 29º día de baja; con la nueva regulación, cobrarán como el resto

de los trabajadores, a partir del día 15º (las dos primeras semanas corren siempre

a cargo del empleador).

􀂆 No se podrá prescindir de la empleada sin causa justificada, como permite la

norma actual. En caso de despido, regirá la indemnización que se aplica al resto

de los trabajadores. En la actualidad, tienen derecho a siete días, aunque la

opacidad en que se desenvuelve el sector convierte casi en inaplicable esta

cláusula.

􀂆 Se fijan dos tipos de jornada: a tiempo completo y a tiempo parcial. Se

entiende por trabajadora/or a tiempo completo el que realice más de 20 horas a la

semana si acude a un único domicilio. Si se reparte entre varios, harán falta 40

horas semanales para considerar la jornada completa. En este tipo de jornada, es

el empleador/a quien está obligado a cotizar a la Seguridad Social, ya sean uno o

varios. Se entenderá por jornada parcial la que comprenda entre 20 y 40 horas

semanales si se realiza para distintos hogares. En ese supuesto, es la empleada

de hogar la que tiene que cotizar. Si se trabajan menos de 20 horas no habrá

obligación de cotizar.

􀂆 Se acaba con el salario en especie. Hasta ahora, la familia que emplee a una

trabajadora doméstica puede restarle hasta un 45% de su salario por alojamiento o

manutención. La nueva norma destierra esa posibilidad.

􀂆 El periodo de descanso: será de 36 horas semanales consecutivas (hasta

ahora podían partirse), preferentemente el domingo y la tarde del sábado o la

mañana del lunes. El descanso mínimo entre jornadas será de 12 horas (10 para

las internas), dos más que ahora. Y la jornada se pactará (ahora es potestad del

empleador). Donde no habrá cambio es en las vacaciones. Tendrán 30 días, pero

solo podrán exigis 15 initerrumpidos.

(Fuente CEF del PSOE)