EL PSOE INCORPORARÁ A LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL EL COMPROMISO DE REDUCIR LA CARGA ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS, LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO.

 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (d), recibió hoy, en el Palacio de La Moncloa, al secretario general de UGT, Cándido Méndez (i). 

EFE – Madrid – 19/02/2008 16:45
El PSOE incorporará a la Mesa de Diálogo Social el compromiso de reducir las cargas administrativas de las empresas, la participación en la gestión de infraestructuras de capital público y privado y la garantía de la unidad de mercado, anunció hoy el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

El ministro dio a conocer la carta entregada hoy por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a los agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME), en la que propone mantener la continuidad del diálogo social, que ha tenido «excelentes resultados» en la anterior legislatura, pero con un enfoque más amplio para la próxima.

Público.es

AL PP LE IMPORTA UNA HIGA LA JUSTICIA. A PROPOSITO DEL SEVERO OCHOA Y CENTENARES DE CASOS MÁS.

POLÍTICA

 03/02/2008

La irreal realidad de la derecha española

Cuando el PP se pasa por el forro de sus órganos genitales al Estado de Derecho

La reacción del PP ante la sentencia firme, y no recurrible, de la Audiencia Provincial de Madrid, absolviendo totalmente al doctor Montes y a su equipo de todas las gravísimas acusaciones que pesaban contra ellos, confirma que esta derecha que lidera Mariano Rajoy está dispuesta a pasarse por el forro de sus órganos genitales al Estado de Derecho y, por supuesto, lo que más le convenga en cada momento. El caso del Severo Ochoa lo corrobora.

Lo cierto es que los populares tienden a moldear la realidad, hasta retorcerla sin complejo alguno, en función de sus intereses electorales. Si consideran preciso decir que lo blanco es negro o viceversa, lo dicen y se quedan más largos que anchos. De modo que, por ejemplo, en la actualidad niegan sin pestañear la existencia del proceso de paz que el Gobierno de José María Aznar gestionó durante más de un año, buscando el fin de ETA mediante el diálogo y la adopción de medidas destinadas a contentar o complacer a los terroristas.

Justificaciones falsas
No hubo tal proceso de diálogo con ETA, proclaman desde hace un tiempo aquellos que llegaron a levitar pensando que Aznar podría pasar a la historia de España como el nuevo Príncipe de la Paz. El mismo principito que engañó a la opinión pública sacándose de la manga y esparciendo un repertorio de justificaciones falsas en relación a la guerra de Irak. No sólo dijo esto el gran amigo de Bush, sino que hasta el día de la fecha no ha pedido por sus embustes ni la más mínima disculpa.

El principito
El comportamiento de Aznar y de su corte de palmeros a raíz de la masacre del 11-M fue otra exhibición de irreal realidad. Decidió el principito que lo mejor que se ajustaba a su estrategia para derrotar en las urnas del 14-M a los socialistas era difundir urbe et orbi que los autores de la matanza de casi doscientos ciudadanos habían sido los etarras. Y dicho y hecho. Incluso horas antes del día de las elecciones, el candidato Rajoy declaró en la portada de El Mundo que él tenía la convicción moral de que había sido ETA, lo que completaba el inefable Acebes con otras invenciones.

Teoría maligna
Tras su fracaso, no hubo reconocimiento de culpa, naturalmente. Forjaron entonces los genoveses la teoría de la conspiración sobre la autoría de los atentados de Madrid, teoría maligna que todavía sigue en pie, a pesar de la sentencia del magistrado Gómez Bermúdez que descarta con todo género de precisiones la colaboración incluso indirecta o casual de ETA en el 11-M. Y descarta también, desde luego, la más leve sospecha de que estuvieran involucrados en tan estremecedor crimen policías, guardias civiles, tramas vinculadas al PSOE o los servicios secretos de la República francesa o del Reino de Marruecos, como habían venido afirmando desde los medios afines al PP.

Volvamos a Leganés
Volvamos en todo caso a Leganés y a la infamia perpetrada por el Gobierno de Esperanza Aguirre a través de su consejero de Sanidad Manuel Lamela. Montó el tándem Lamela/Aguirre un auto de fe destinado a destrozar más aún la sanidad pública –en provecho de los negocios privados y en perjuicio de los pacientes madrileños- y a impedir, en paralelo, que prosperara la legalización de la eutanasia. No se anduvieron con chiquitas ni la presidenta por tamayazo ni Lamela, que va diciendo por ahí, tras unos días de holganza, pobrecito, que él volvería a actuar de la misma manera “una y otra vez”, que su proceder fue “impecable” y que no tiene por qué “pedir perdón a nadie”.

¡Quía!
¿Responsabilidades políticas, ésas que exigía Aznar cuando vociferaba en el Congreso aquello de “¡Váyase, Sr. González!” y anunciaba que él regeneraría la política española? ¡Quía! De eso nada, monada. Se habrá equivocado el juez en el asunto del Severo Ochoa. O habrá redactado la sentencia un juez progresista al servicio de Zapatero y de la masonería. ¿Por qué fiarse del criterio de un magistrado, cuando nadie está exento de error? ¿Es que ha de valer más el veredicto de un leguleyo con toga que la palabra de honorables gobernantes como doña Espe y el esquiador Lamela?

Según todos los síntomas
¿Y a todo esto qué piensa Rajoy? Habla por teléfono con su primo, luego lo hará con Pizarro y, finalmente, con Aznar. Al fin y al cabo, el doctor Montes es, según todos los síntomas, un rojazo de tomo y lomo.

E.S.

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42.

martes, 08 enero 2008

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42, EN EL QUE MURIERON 62 MILITARES ESPAÑOLES CUANDO REGRESABAN DE TURQUÍA EN MAYO DE 2003, SIENDO MINISTRO DE DEFENSA FEDERICO TRILLO

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido hoy a la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene reabrir la parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42 -en el que fallecieron 62 militares en Turquía el 26 de mayo de 2003- relativa a la contratación del avión. Cuando se produjo el accidente era ministro de Defensa, Federico Trillo, del Partido Popular. Ahora Trillo es diputado nacional del PP y, posiblemente, sea cabeza de lista del partido conservador por Alicante en las próximas elecciones del 9 de marzo.

Grande-Marlaska había sobreseído el caso. El fiscal Zaragoza pidió hoy que se reabra el caso, teniendo en cuenta los recursos de apelación que interpusieron los familiares de los militares fallecidos, contra el auto en el que juez Fernando Grande-Marlaska sobreseyó el pasado 1 de junio esta parte del procedimiento ante «la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español». El fiscal, que no recurrió en su día este archivo, optó hoy por apoyar los recursos de las acusaciones particulares al considerar que «las víctimas, los familiares, los militares muertos, merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este tribunal ordenando una investigación», investigación que cree que hasta ahora ha sido insuficiente.

La responsabilidad del ministerio de Defensa. Zaragoza recordó que esta misma Sala, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, ya ordenó, el 15 de julio de 2003, al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, del que ahora es titular Grande-Marlaska y del que en esa fecha lo era Teresa Palacios, que «era preciso instruir diligencias para investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa» en estos hechos. Según Zaragoza, existen elementos suficientes para volver a ordenar que se haga una investigación porque, hasta ahora, el juez instructor «ha cercenado» la práctica de las diligencias que se le han pedido.

Ni una sola diligencia. En este sentido criticó que Grande-Marlaska, en un año que lleva al frente del juzgado, no ha «practicado una sola diligencia para investigar» el accidente, y consideró que no debió acordar el sobreseimiento libre «cuando existe un hecho delictivo, como reconoce el propio juez en su auto». En su auto, el juez aseguraba que el avión era «apto para volar» y atribuía el siniestro a la «falta de preparación» de la tripulación, que también falleció en el accidente.

Mucho por  esclarecer. «Si el piloto es culpable, no se puede ordenar el archivo», indicó Zaragoza, criticando que con esta decisión se dejan de investigar «muchas circunstancias», como la «falta de preparación de la tripulación», que no funcionara «el control de voz de la cabina», que la «carga de combustible fuera insuficiente», que la compañía a la que se contrató el vuelo «no tuviera licencia comercial», o que «el avión no tuviera la documentación para aterrizar en España».

El personal de vuelo embriago. «El personal estaba embriagado, no funcionaba la caja negra…», prosiguió Zaragoza al insistir en que se dan los elementos «suficientes para hacer una investigación», porque «¿se imaginan si esto hubiera ocurrido en un vuelo comercial? Se hubiera investigado hasta al apuntador», sentenció. Las acusaciones particulares que recurrieron el archivo, y que culpan a Defensa de lo ocurrido, expusieron por su parte los mismos argumentos que el fiscal y criticaron que el juez mantuviera que la contratación del vuelo (hecha a través de una agencia de la OTAN llamada NAMSA que luego subcontrató el transporte a la compañía ucraniana Um Air) fue por medio de un contrato privado.

El ministerio de Defensa, al corriente de la contratación del vuelo. «En ningún caso puede ser privado, ya que el Ministerio estaba al tanto de la contratación y subcontratación del vuelo», manifestaron los abogados de la acusación, que denunciaron además que Defensa consignara un pago de 149.000 dólares por el vuelo pero luego realmente se pagaran por él 41.000 dólares, «de manera que hay 108.000 dólares» que «se perdieron por el camino». Por su parte, la defensa de Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa cuando Federico Trillo era el ministro de ese departamento, planteó que «cuando se dice que no se ha investigado, me recuerda a lo que dijeron algunos medios sobre el 11-M». “No hay nada más que saber, el auto del juez es ajustado a derecho. Se sabe que las autoridades y funcionarios de Defensa no tienen ninguna responsabilidad, y se sabe que la causa del accidente es un error humano», señaló el abogado Joaquín Rodríguez Ramos.
Al archivo de esta parte del procedimiento se sumó después el sobreseimiento que acordó Grande-Marlaska en noviembre respecto a la investigación sobre las irregularidades en la identificación de 30 de los 62 cadáveres, dando así carpetazo a la causa en su totalidad, decisión que, en este caso, ha sido recurrida, además de por los familiares, por la Fiscalía, aunque aún no hay señalamiento para la vista de estos recursos.