EL PSOE INCORPORARÁ A LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL EL COMPROMISO DE REDUCIR LA CARGA ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS, LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO.

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 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (d), recibió hoy, en el Palacio de La Moncloa, al secretario general de UGT, Cándido Méndez (i). 

EFE – Madrid – 19/02/2008 16:45
El PSOE incorporará a la Mesa de Diálogo Social el compromiso de reducir las cargas administrativas de las empresas, la participación en la gestión de infraestructuras de capital público y privado y la garantía de la unidad de mercado, anunció hoy el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

El ministro dio a conocer la carta entregada hoy por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a los agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME), en la que propone mantener la continuidad del diálogo social, que ha tenido “excelentes resultados” en la anterior legislatura, pero con un enfoque más amplio para la próxima.

Público.es

LOS TRIBUNALES REPRUEBAN EL USO DE DETECTIVES PARA ESPIAR AL TRABAJADOR.

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Los tribunales reprueban el uso de detectives para espiar al trabajador

Publicado el 09/02/2008, por M. Tejo

Las visitas a administradores de otras compañías; las idas y venidas con el coche de la empresa; y, también, el cubo de la basura. Estos son algunos de los espacios privados que, durante cinco meses, mantuvieron ocupado a un detective al que una compañía ordenó el seguimiento de un empleado. Pero su labor sirvió para poco; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de señalar en un fallo que esta actuación es “excesiva” y “vulnera los derechos del trabajador”.

Los límites de actuación de los espías tienen un largo recorrido en la doctrina española. La importancia del fallo (del 5 de febrero) radica en que “el Tribunal aporta una gran claridad expositiva” al detallar los límites de los inspectores, explica Jesús Domingo, experto laboralista socio de Ernst &Young Abogados.

La sentencia recuerda que la actuación de los detectives privados debe estar marcada por el triple principio marcado por el Tribunal Constitucional de “proporcionalidad, idoneidad y necesidad”, una máxima que ahora el TSJM traslada al ámbito empresarial.  
Según Domingo, la proporcionalidad se entiende aquí en que “el seguimiento al trabajador debe durar tan sólo hasta que se tenga un conocimiento cabal, pleno y suficiente de los hechos imputados”. Respecto a este punto, la sentencia revela que el espionaje no se interrumpió tras conocerse el supuesto delito de violación  de confidencialidad.  Además,  para desvelar ese comportamiento “el uso de los detectives debe ser un medio idóneo, de forma que si existen otros menos invasivos de la intimidad de los trabajadores, deberían respetarse primero”. Precisamente, es en este punto donde el Tribunal Superior madrileño carga contra la demandante.

Argumenta que la compañía disponía de “otros medios eficaces para controlar [al empleado], como exigirle los reportes de actividad con mayor insistencia” o “llamándole al orden”, en los casos de faltas injustificadas. Al margen de estas cautelas,  la sentencia subraya que la prueba testifical  del espía “es un medio todavía más perverso que los aparatos de escucha o dispositivos ópticos, porque carece de objetividad y no es imparcial”, al actuar “por órdenes del cliente”.

Es decir, “como verdaderos ojos y oídos del empresario”, que se lanza a husmear lo que hace un trabajador las 24 horas. Y he aquí el segundo argumento de reproche. El fallo dice que “la actividad fuera del centro de trabajo, pertenece a la esfera de la vida privada del trabajador, aun cuando se desarrolle en espacios públicos”. 

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¡QUIERO QUE ME ATIENDA EL DOCTOR MONTES!

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Mi amigo del alma, Josep Bodí,  me envia este documento que ya hemos cumplimentado más de 7.000 ciudadanos.

Quiere demostrar su solidaridad a Montes y su equipo y reclamar un comportamiento digno de los políticos que nos gobiernan.


Un saludo a todos.
Hacérselo llegar a vuestros contactos  ¡¡¡¡PÁSALO!!!!
 http://www.quemeatiendamontes.com/firma.php

AL PP LE IMPORTA UNA HIGA LA JUSTICIA. A PROPOSITO DEL SEVERO OCHOA Y CENTENARES DE CASOS MÁS.

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POLÍTICA

 03/02/2008

La irreal realidad de la derecha española

Cuando el PP se pasa por el forro de sus órganos genitales al Estado de Derecho

La reacción del PP ante la sentencia firme, y no recurrible, de la Audiencia Provincial de Madrid, absolviendo totalmente al doctor Montes y a su equipo de todas las gravísimas acusaciones que pesaban contra ellos, confirma que esta derecha que lidera Mariano Rajoy está dispuesta a pasarse por el forro de sus órganos genitales al Estado de Derecho y, por supuesto, lo que más le convenga en cada momento. El caso del Severo Ochoa lo corrobora.

Lo cierto es que los populares tienden a moldear la realidad, hasta retorcerla sin complejo alguno, en función de sus intereses electorales. Si consideran preciso decir que lo blanco es negro o viceversa, lo dicen y se quedan más largos que anchos. De modo que, por ejemplo, en la actualidad niegan sin pestañear la existencia del proceso de paz que el Gobierno de José María Aznar gestionó durante más de un año, buscando el fin de ETA mediante el diálogo y la adopción de medidas destinadas a contentar o complacer a los terroristas.

Justificaciones falsas
No hubo tal proceso de diálogo con ETA, proclaman desde hace un tiempo aquellos que llegaron a levitar pensando que Aznar podría pasar a la historia de España como el nuevo Príncipe de la Paz. El mismo principito que engañó a la opinión pública sacándose de la manga y esparciendo un repertorio de justificaciones falsas en relación a la guerra de Irak. No sólo dijo esto el gran amigo de Bush, sino que hasta el día de la fecha no ha pedido por sus embustes ni la más mínima disculpa.

El principito
El comportamiento de Aznar y de su corte de palmeros a raíz de la masacre del 11-M fue otra exhibición de irreal realidad. Decidió el principito que lo mejor que se ajustaba a su estrategia para derrotar en las urnas del 14-M a los socialistas era difundir urbe et orbi que los autores de la matanza de casi doscientos ciudadanos habían sido los etarras. Y dicho y hecho. Incluso horas antes del día de las elecciones, el candidato Rajoy declaró en la portada de El Mundo que él tenía la convicción moral de que había sido ETA, lo que completaba el inefable Acebes con otras invenciones.

Teoría maligna
Tras su fracaso, no hubo reconocimiento de culpa, naturalmente. Forjaron entonces los genoveses la teoría de la conspiración sobre la autoría de los atentados de Madrid, teoría maligna que todavía sigue en pie, a pesar de la sentencia del magistrado Gómez Bermúdez que descarta con todo género de precisiones la colaboración incluso indirecta o casual de ETA en el 11-M. Y descarta también, desde luego, la más leve sospecha de que estuvieran involucrados en tan estremecedor crimen policías, guardias civiles, tramas vinculadas al PSOE o los servicios secretos de la República francesa o del Reino de Marruecos, como habían venido afirmando desde los medios afines al PP.

Volvamos a Leganés
Volvamos en todo caso a Leganés y a la infamia perpetrada por el Gobierno de Esperanza Aguirre a través de su consejero de Sanidad Manuel Lamela. Montó el tándem Lamela/Aguirre un auto de fe destinado a destrozar más aún la sanidad pública –en provecho de los negocios privados y en perjuicio de los pacientes madrileños- y a impedir, en paralelo, que prosperara la legalización de la eutanasia. No se anduvieron con chiquitas ni la presidenta por tamayazo ni Lamela, que va diciendo por ahí, tras unos días de holganza, pobrecito, que él volvería a actuar de la misma manera “una y otra vez”, que su proceder fue “impecable” y que no tiene por qué “pedir perdón a nadie”.

¡Quía!
¿Responsabilidades políticas, ésas que exigía Aznar cuando vociferaba en el Congreso aquello de “¡Váyase, Sr. González!” y anunciaba que él regeneraría la política española? ¡Quía! De eso nada, monada. Se habrá equivocado el juez en el asunto del Severo Ochoa. O habrá redactado la sentencia un juez progresista al servicio de Zapatero y de la masonería. ¿Por qué fiarse del criterio de un magistrado, cuando nadie está exento de error? ¿Es que ha de valer más el veredicto de un leguleyo con toga que la palabra de honorables gobernantes como doña Espe y el esquiador Lamela?

Según todos los síntomas
¿Y a todo esto qué piensa Rajoy? Habla por teléfono con su primo, luego lo hará con Pizarro y, finalmente, con Aznar. Al fin y al cabo, el doctor Montes es, según todos los síntomas, un rojazo de tomo y lomo.

E.S.

UN EX TRABAJADOR DE POPULAR RETRATA LA HIPOCRESÍA DE ROUCO VARELA Y DENUNCIA LA EXPLOTACION LABORAL DE LOS DEFENSORES DE LA “FAMILIA CRISTIANA”.

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POLÍTICA

 29/12/2007

Un ex trabajador de Popular TV retrata a los defensores de la familia cristiana

“360 euros mensuales: para pocos pecados me daba, señor Rouco”

DANIEL JIMÉNEZ LORENTE

España es el país del mundo con la vivienda más cara en relación a los sala­rios. El Gobierno destina a la protección de las familias el 0,78% del PIB, siendo el segundo país por la cola de la UE en este apartado, por delante tan sólo de Polonia. Además, se estima que alrededor del 40% de los trabaja­dores cobra menos de 1.000 euros, a pesar de las maratonianas jornadas de trabajo de los españoles, que dificultan la conciliación de la vida familiar y labo­ral. La precariedad laboral, el desorbitado precio de la vivienda y la falta de de­sarrollo de verdaderas políticas sociales son los principales problemas a los que se enfrentan las familias españolas. Pero difícilmente veremos este dis­curso el próximo día 30, en la concentración organizada por la alta jerarquía de la Iglesia española y por algunas de las congregaciones más poderosas, como Camino Neocatecumenal. Allí las cuestiones sociales ocuparán, según se de­riva de las declaraciones de sus impulsores, una cuestión secundaria. Las rei­vindicaciones serán antes morales (según la moral católica) y políticas, en clara alineación con el partido de la derecha. En realidad, para la Conferencia Epis­copal Española hablar de familia cristiana es una redundancia, puesto que no admite otro modelo de familia que el suyo.

Pero difícilmente se puede pedir conciencia social a una institución que no pre­dica precisamente con el ejemplo ni siquiera dentro de los organismos y enti­dades que dependen de ella.“En Madrid se peca masivamente”
Esto que voy a contar ahora ocurrió hace casi 3 años, a finales de enero de 2005. El cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, dijo entonces, cuando se celebraba la apertura de la Asamblea Sinodal de la archidiócesis, en la catedral de la Almudena, que en Madrid “se peca ma­sivamente; con osadía, unas veces, y otras con displicente ligereza”. Grabando las imágenes del acto se encontraba un cámara de Popular Televisión, la tele­visión del arzobispado y de la COPE, y un redactor, que es quien está escri­biendo este artículo. A pesar de que me había licenciado hace más de un año, cobraba 360 euros al mes; y podía dar gracias a Dios, porque los 6 meses an­teriores fueron 180 euros mensuales. Mi condición era la de becario, como si todavía fuera estudiante, pero la jornada no se correspondía con mi estado, llegando a alcanzar a menudo las 18 horas al día. Además, trabajaba ese do­mingo porque estaba de guardia, lo cual es bastante irregular, por no decir ile­gal. Un domingo de trabajo, con 360 euros mensuales en el bolsillo: para pocos pecados me daba, señor Rouco.

Los indefinidos morales
La acusada precariedad laboral es la norma dentro de los medios de comuni­cación de los obispos. Pero no se les puede negar cierta creatividad a sus di­rectivos. Popular Televisión ha creado de hecho una nueva categoría de con­tratos, muy acorde con el espíritu de la cadena. Son los llamados “indefinidos morales”. Consiste en mantener el mayor tiempo posible como trabajadores temporales a quienes llevan ya varios años en la empresa. Los contratos se terminan en julio, cuando comienza la programación de verano, que es sacada adelante prácticamente sólo por becarios, para volver a recuperar a “los vete­ranos” en septiembre. Antes de echarles en verano, a estos veteranos se les garantiza su continuidad dentro de la televisión por su ejemplo de esfuerzo y su buen hacer. Lástima que no sean lo suficientemente valiosos como para no pasar el verano en el paro, mientras pagan la hipoteca y no se atreven a pedir el subsidio de desempleo, por si las cuentas de cara a la devolución a la Hacienda Pública se tuercen.

También en la joya de la corona
Esto también pasa con la joya de la corona, esto es, la Cadena COPE, centro de difusión de las tesis ideológicas, nada pías, del ex maoísta y ferviente cre­yente (en el mercado) Federico Jiménez Losantos. Muchos de los redactores empleados en programas nacionales de la radio tampoco son contratados; figu­ran como freelance, aunque en la práctica sólo trabajan para este medio de comunicación, debido a que la fuerte carga de trabajo les imposibilita buscar más colaboraciones en otros medios. El sueldo neto que les quedaba para sus gastos personales, libre ya de impuestos y cotizaciones, no llegaba en 2005 a los 700 euros mensuales. En los corrillos de trabajadores siempre se ha dicho que esto realmente no es culpa de los obispos, que ellos no saben lo que se mueve de­ntro en su casa. Esperemos que ahora las cosas empiecen a cambiar, si quiera sea para que los empleados de Popular Televisión y la Cadena COPE puedan tener un sueldo digno que les permita fundar una familia, cristiana, por su­puesto. Además, si los obispos toman medidas evitarán de paso que los direc­tivos de Popular Televisión y Cadena COPE caigan en el pecado de la codicia.

La Iglesia terrateniente
Tampoco podemos exigir a la Iglesia que presione a los poderes públicos para que estos garanticen el derecho a la vivienda. En realidad, la Iglesia es uno de los grandes beneficiados del boom de la construcción de los últimos 10 años, como gran terrateniente que es. La fijación del alcance real de su patrimonio inmobiliario es tarea harto complicada, debido a que cada una de las 67 dióce­sis lleva sus cuentas por separado. Sí sabemos que es la mayor propietaria de tierras en España tras el Ministerio de Defensa. Este último organismo público controla 1.500 millones de metros cuadradazos. El tercer terrateniente, si­guiente en importancia tras la Iglesia, es RENFE, con 450 millones de metros cuadrados; entre esas 2 cantidades debemos situar el patrimonio que reúnen las 67 diócesis, aunque según algunas fuentes las posesiones de la Iglesia se­rían mayores incluso que las del propio Estado. A esto se une el trato fiscal pri­vilegiado de la Conferencia Episcopal, que está exenta de pagar el IVA que le correspondería por la compra de bienes y servicios. Dicha situación ha sido denunciada por la UE, que exige que terminen estas prebendas. Así se hará, pero no sin compensar a la Iglesia económicamente, como ha dejado claro el ministro de Economía, Pedro Solbes. Es decir, el gobierno va a dar más dinero procedente del erario público a los obispos para repararles del cumplimiento de la ley, que por cierto en un estado democrático y laico es igual para todos.

Benigno Blanco y el trasvase del Ebro
El Foro Español de la Familia, presidido por Benigno Blanco, es otro de los grandes impulsores de la concentración del 30 de diciembre. Blanco era una de las cabezas visibles de Iberdrola en el pasado, hasta que el PP se hizo con el poder, tras lo cual entró en la Secretaría de Estado de Aguas. Entonces Blanco pasó de defender los intereses de una gran eléctrica privada a gestionar una entidad pública que debe velar por el interés común en un tema tan primordial como el suministro del agua. A partir de su nombramiento, el PP, que era con­trario a la política de trasvases, decidió cambiar radicalmente su orientación. Blanco estuvo a la cabeza de esta nueva estrategia, apoyando en esos mo­mentos obras relacionadas con el trasvase del río Ebro a la cuenca del Júcar; Iberdrola fue la más beneficiada por esta operación. Blanco también participó en la creación de la sociedad de capital mixto (público y privado) Aguas del Jú­car S.A, encargada de obras relacionadas con el trasvase del Júcar al Vina­lopó. De nuevo todas las concesiones y licencias que se aprobaron al respecto beneficiaron a su antigua empresa. Y fue Blanco también quien envió una carta a la directora general de Presupuestos de entonces para que acometiera la expropiación de la central eléctrica de los Millares, que debía ser inundada por la nueva presa de Tous. El coste de dicha expropiación era de 15.000 millones de las antiguas pesetas. Después se supo que esa presa hubiera recibido el agua pro­cedente del Ebro si se hubiera hecho el trasvase. ¿A quién pertenecía esa central? Curiosamente a Iberdrola. En dicha carta también se pedía la cons­trucción de embalses en Aragón, los cuales no eran para provecho de los pro­pios aragoneses, sino para almacenar también el agua del trasvase, lo cual era ignorado en la región. Y así podríamos seguir rastreando por la biografía del muy católico Benigno Blanco, experto en eso del tráfico de influencias y del “agua para todos”, o más bien del “pasta para todos (sus amigos)”.

Ratzinger y sus amistades peligrosas
La celebración de la familia cristiana que tendrá lugar el próximo 30 de diciem­bre en la Plaza de Colón de Madrid contará con un invitado muy especial. Nada más y nada menos que el propio Benedicto XVI, que se encargará de la aper­tura del acto vía satélite desde Roma. Esperemos que Ratzinger pida por todas las familias, también por las de los desaparecidos en los años de la dictadura chilena. De este asunto sabe muy bien su leal amigo, el cardenal italiano An­gelo Sodano, que también es amigo íntimo del sangriento dictador Augusto Pi­nochet. Sodano formó además parte del cónclave que convirtió en Sumo Pontí­fice al alemán. Asimismo fue ratificado por Benedicto XVI como secretario de Estado del Vaticano en 2005, aunque más tarde, el 22 de junio de 2006, renun­ció a su cargo. El cardenal italiano fue nuncio del Vaticano en Chile entre 1977 y 1988. Jamás movió un dedo contra las violaciones de los derechos humanos protagonizadas por su camarada dictador. Miles y miles de chilenos perecieron en esos años de terror en un país donde se había cercenado de golpe, por la vía de las armas, la esperanza de vivir bajo el amparo de un auténtico Estado social y democrático de derecho. Una de las prioridades del gobierno de Allende era precisamente aumentar el bienestar material de las familias, de esas familias rotas por el amigo de Sodano. Que Dios al menos, si no es el Papa, se apiade de estas familias que ya no podrán reparar nunca esta pér­dida.

La Iglesia de Cristo
La Iglesia, la verdadera Iglesia de Cristo, debería tener una vocación universal y velar por el bien de todos, creyentes y no creyentes. Jesucristo acogió en su seno a delincuentes, publicanos del Imperio Romano y prostitutas. Más de 2.000 años después, Roma es un club de lujo para socios con un perfil muy definido. Seguramente muchas familias jamás podrían ir a un acto como el del 30 de diciembre y explicar abiertamente por qué ellos se consideran también familias, pero no cristianas. No serían comprendidos por los jerarcas de la Igle­sia, estos jamás querrían entender que hay otros modos de hacer las cosas que no hacen ningún daño a sus creencias religiosas. Señores obispos, apren­dan tolerancia; no tienen que ir muy lejos. Como dijo uno de los grandes rebel­des de la historia, “bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanza­rán misericordia”.

Daniel Jiménez Lorente es periodista y activista de V de Vivienda

LOS INMIGRANTES SIN PAPELES EN ESPAÑA PODRÁN HACER USO DEL DERECHO DE HUELGA POR RECONOCIMIENTO EXPRESO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

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viernes, 28 diciembre 2007

LOS INMIGRANTES SIN PAPELES EN ESPAÑA PODRAN HACER USO DEL DERECHO DE HUELGA POR RECONOCIMIENTO EXPRESO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE REFORMA LA LEY DE EXTRANJERÍA DEL GOBIERNO CONSERVDOR DEL PP

El Tribunal Constitucional estableció ayer en una sentencia novedosa que todos los extranjeros que trabajan en España, cuenten o no con autorización administrativa para ello, tienen derecho a la huelga. Por ocho votos contra tres, el pleno de esta corte señala que el ejercicio sin matices de este derecho individual, “inherente a cualquier trabajador”, sea de donde sea, se lo garantiza el artículo 28.2 de la Constitución Española y todos los tratados internacionales sobre este derecho fundamental ratificados por España.
Por este motivo, el tribunal declara inconstitucional el artículo 11.2 de la Ley de Extranjería aprobada en 2000 por el Gobierno del PP, que limitaba el ejercicio del derecho a la huelga sólo a los inmigrantes asalariados que contasen con permiso de trabajo y residencia en vigor y se lo negaba a los extranjeros denominados “ilegales”.

Los magistrados, en su resolución, estiman de forma parcial el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Andalucía contra la citada norma y advierten al legislador de que cuando realice la modificación pertinente y urgente de la ley, para adaptarla a la Constitución, deberán garantizar el derecho a todos los trabajadores con independencia de su situación administrativa. Entre tanto se produce el cambio legal, la sentencia declara la nulidad de pleno derecho del inciso “cuando estén autorizados a trabajar”, con el que el artículo 11.2 de la Ley de Extranjería impedía el ejercicio del derecho a la huelga a los ‘sin papeles’.

El tribunal explica que tanto las leyes españolas como los convenios internacionales reconocen el derecho fundamental “de forma general” a todos los trabajadores, por lo que “no es admisible” establecer el acatamiento de la legalidad administrativa como condición para el ejercicio del derecho. La sentencia indica que tampoco se puede admitir el argumento del Abogado del Estado, quien señalaba que la discusión planteada por el recurso no tenía sentido porque para que un extranjero trabaje en España, y por lo tanto pueda ponerse en huelga, debe tener permiso de trabajo. Los magistrados comentan que, de hecho, hay muchos asalariados extranjeros sin papeles y que el derecho de huelga incluso puede ser un recurso de lucha en sus manos para conseguir que sus empleadores legalicen su situación laboral. La sentencia de ayer completa la dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 7 de diciembre sobre la misma ley, en la que declaró inconstitucional la regulación que hace de las condiciones para el ejercicio de los derechos de reunión, asociación y sindicación de los trabajadores extranjeros. La norma impidió su ejercicio a todos los que careciesen de permiso de trabajo.

EL INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM), AFECTA A LA PRESTACION DE DESEMPLEO, SUBIRÁ UN 3,5%.

El Gobierno cumple con su compromiso de que el Salario Mínimo Interprofesional alcance los 600 euros en 2008
 

UGT – 21 de diciembre de 2007

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El Gobierno se ha comprometido, en su reunión de hoy con los interlocutores sociales, a actualizar el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) en 2008, en un 3,5%, teniendo en cuenta la inflación media del año y no la previsión oficial del 2%.

Esta renta afecta, entre otras, a la prestación por desempleo. UGT seguirá insistiendo en la necesidad de que el IPREM incorpore una cláusula de revisión anual, similar a la que se aplica a las pensiones, para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los perceptores de esta renta. Asimismo, se ha fijado la subida del Salario Mínimo Interprofesional, para el próximo año, en un 5,1%, hasta alcanzar los 600 euros mensuales. Se culmina así un compromiso social que adquirió el Gobierno al iniciar esta legislatura.

El SMI alcanzará los 600 euros mensuales (14 pagas) el próximo año, lo que supone un 5,15% respecto a 2007 y el IPREM subirá hasta los 516,17 euros, un 3,5% más que este año. El Gobierno ha trasladado este compromiso a los interlocutores sociales en la reunión que han mantenido esta mañana en el Ministerio de Trabajo.

 La subida del SMI supone el cumplimiento de uno de los compromisos básicos acordados en la mesa de diálogo social en diciembre de 2004. El SMI ha experimentado sucesivos aumentos: un 4,5% en 2005, un 5,4% en 2006, un 5,5% en 2007 y un 5,15% en 2008, creciendo en todo el periodo por encima del IPC y consiguiendo ganar poder de compra en tan sólo tres años.

Igualmente, desde 2004, el SMI se ha incrementado por encima del salario medio, de modo que su cuantía ha pasado de representar el 38% del salario medio neto de nuestro país en 2003, al 42,4% en 2007 y, previsiblemente, alcanzará el 43% el próximo año. Se trata de un avance relativo muy importante, aunque el porcentaje aún se sitúa lejos del 60% que recomienda la Carta Social Europea.

En este sentido, los sindicatos han insistido, en la reunión de hoy, en el planteamiento conjunto de que el SMI continúe creciendo hasta alcanzar el 60% del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea. Para lograr este objetivo, el salario mínimo deberá crecer anualmente un 8% entre 2009 y 2016, bajo el supuesto de que el salario medio crece a un ritmo anual del 3,6%. De esta forma, en el escenario inmediato 2009-2012, se plantea alcanzar un SMI de 817 euros, lo que representa un 50,8% del salario medio neto.

Una subida del SMI en línea con lo ocurrido en el período 2004-2008 es una propuesta razonable que ofrece un escenario de estabilidad a medio y largo plazo y permite, además, evaluar a lo largo del tiempo sus repercusiones sobre el mercado de trabajo.

En cuanto a los criterios a tener en cuenta para la revisión del IPREM, quedaba pendiente la decisión sobre la actualización para 2008 y sus posteriores subidas.  La reivindicación sindical de evitar que el IPREM pierda poder adquisitivo en 2007 ha sido resuelta por el Gobierno con un aumento del 3,5% (crecimiento de la inflación media anual). De esta forma, en enero de 2008 el IPREM se situará finalmente en 516,17 euros /mes.

Para evitar que el indicador pierda poder adquisitivo en el futuro, UGT sigue insistiendo en la necesidad de establecer un método de actualización del IPREM, que mantenga el valor real del indicador a lo largo del tiempo. Para ello, el mecanismo de actualización del IPREM deberá incorporar una cláusula de revisión anual similar a la que se aplica a las pensiones públicas. Es decir, en noviembre de cada año se corregirá, en su caso, la desviación entre el IPC real y la subida inicial del IPREM.

 

AYUDAS A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.

Ayudas a las familias monoparentales

Las familias monoparentales gozarán desde 2008 de las mismas ventajas que las numerosas al solicitar becas y subvenciones, u obtener bonificaciones para el transporte

Las familias que tengan dos o más hijos a su cargo tendrán las mismas ventajas fiscales que las familias numerosas -las formadas por tres o más hijos- a partir de 2008. Además, obtendrán las mismas ventajas que éstas a la hora de solicitar becas, ayudas o subvenciones para la enseñanza y bonificaciones en los transportes. Asimismo, desde el próximo ejercicio se podrán beneficiar de las acciones protectoras que se desarrollen en materia de vivienda y en el ámbito educativo, a través de exenciones y bonificaciones en los precios de los colegios públicos, y se les aplicará, como mínimo, una reducción del 50% en el precio de entrada a los museos de titularidad estatal.

  • Autor: Rosa M. López Maroto | 
  • Fecha de publicación: 12 de diciembre de 2007

M Nota

Las familias compuestas por viudos, personas separadas, divorciadas o solteras que tengan dos o más hijos a su cargo se equiparan a partir de ahora (el próximo mes de enero)a las familias numerosas, ya que gozarán de los mismos beneficios que éstas en materia de transporte, vivienda, colegios o museos. De este modo, cualquier miembro de una familia monoparental tendrá derecho a reducciones en los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo -que oscilan entre el 20% y 50%-, y a bonificaciones, entre el 5% y el 10%, sobre las tarifas por servicios regulares nacionales de transporte aéreo.

En materia de vivienda podrán acogerse a la mejora de las condiciones para acceder a las ayudas financieras para la adquisición de una casa, y a las facilidades que se conceden para el cambio a una vivienda protegida o usada de mayor superficie, cuando se produzca la ampliación del número de miembros de la estructura familiar. Las comunidades autónomas tienen previsto seguir esta misma política y aplicar a la familias monoparentales con dos o más hijos la mismas ventajas que a las numerosas. ¿En qué medidas se concretan estas ayudas autonómicas?

Carné oficial

En Cataluña se creará un carné oficial por el que se acreditará, entre otros, a las madres solteras. Para obtenerlo, los interesados tendrán que cumplir una serie de requisitos como presentar el NIF vigente del solicitante, el libro de familia completo, el certificado de defunción en caso de viudedad, la resolución judicial de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas. Se contemplan situaciones especiales en las que no se podrá acceder a estas ayudas como en el caso que el solicitante reciba una pensión del ex cónyuge.

En Cataluña las familias monoparentales con hijos menores de seis años reciben 700 euros anuales de subvención

Esta medida amplía las prestaciones que hasta ahora recibían las familias monoparentales en Cataluña, en donde se reconocen, sin embargo, algunos derechos específicos a estos núcleos de convivencia. Las familias de este segmento social que tengan hijos menores de seis años reciben una ayuda económica anual de 700 euros, la misma que reciben las familias numerosas. Sin embargo, hasta ahora, no se contemplaba la equiparación en la matriculación de los hijos en los centros escolares, las becas de comedor, o los descuentos en el recibo del agua, por citar solamente algunos ejemplos.

Subvenciones

La gran mayoría de comunidades autónomas españolas dispone de una amplia serie de prestaciones complementarias destinadas a los núcleos monoparentales, que van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas económicamente, a una extensa batería de ayudas y subvenciones para alguno o varios de sus miembros. Guarderías en las que tienen prioridad los hijos de mujeres con cargas familiares o subvenciones de estancias de vacaciones para mujeres con hijos de forma exclusiva son algunos ejemplos de las medidas que contempla la administración autonómica para este segmento social.

La Comunidad andaluza, dentro de las ayudas económicas dirigidas a este núcleo, dispone de programas de ayuda de emergencia social e inserción social, recursos complementarios para cubrir las necesidades de subsistencia, y prestaciones económicas para los gastos de comedor infantil. Las familias monoparentales de Aragón reciben las ayudas generales del Estado, aunque también hay algunas específicamente destinadas a la educación de los hijos. En Asturias, el apoyo se circunscribe al ámbito municipal, como el programa de intervención para mujeres con hijos a su cargo en el municipio de Avilés, y las ayudas económicas para mujeres con cargas familiares que funciona a través del ayuntamiento de Gijón. En Castilla y León, además de las ayudas generales del Estado, cuentan con una red que comprende servicios sociales básicos de ayuda a domicilio y de orientación para el acceso al empleo.

Las ayudas autonómicas van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas a subvenciones para sus miembros

En Baleares y Canarias, además de gestionar estas ayudas generales, ofrecen servicios específicos para las familias monoparentales con menos recursos económicos. Cantabria también contempla apoyo económico a estas familias en diversos ámbitos: guarderías -en las que tienen prioridad de acceso los niños de mujeres con cargas familiares-, y subvenciones para estancias de vacaciones para mujeres solteras, viudas o separadas con hijos.

La Comunidad de Madrid incide en las ayudas extraordinarias dirigidas a personas físicas o unidades familiares que carezcan de medios económicos suficientes con que atender las necesidades básicas. Por su parte, en el País Vasco la Diputación de Vizcaya ofrece ayudas generales a través de los ayuntamientos, mientras que en La Rioja no se contempla ningún programa específico para esta clase de familias, sino que gestionan las ayudas generales a través de los ayuntamientos. La Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Galicia, Extremadura, y Murcia incluyen diversas prestaciones y subvenciones básicas destinadas a este tipo de núcleos familiares.

Acreditación como familia monoparental

La condición de familia monoparental se acreditará mediante el título que establezca y expida la comunidad autónoma donde tenga fijada su residencia la persona solicitante. Las familias que tengan otras nacionalidades y pertenezcan a Estados Miembros de la Unión Europea deberán acudir a la comunidad autónoma en la que el solicitante ejerza su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.

En el caso de los españoles que trabajen en instituciones nacionales fuera del territorio nacional, el título oficial será expedido por las autoridades competentes de la comunidad autónoma en la que se encuentren inscritos los solicitantes a efectos de su participación electoral.

Al igual que ocurre con otros títulos como el de familia numerosa, la acreditación de familia monoparental deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición o posterior renovación del título, y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de este tipo de familia, así como cuando alguno de los hijos deje de reunir las condiciones para figurar como miembro de esta unidad familiar.

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LA IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA.

Certificado de minusvalía

Las personas con un grado de discapacidad superior al 33% pueden acceder a subvenciones especiales y ayudas para la compra de un coche o una vivienda

El certificado de minusvalía es el documento que reconoce el grado de discapacidad de una persona. Cuando éste es superior al 33%, se puede acceder a una serie de beneficios, como subvenciones específicas para personas discapacitadas, exención de impuestos en la adquisición de un vehículo y ayudas para la compra de una vivienda. Estas ventajas dependen del grado de minusvalía que se acredite. En total, hay cinco categorías.

  • Autor: A. García | 
  • Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2007

Valoración de la discapacidad

El certificado de minusvalía permite a las personas con alguna discapacidad tener derecho a percibir una prestación económica o subsidio. Además, es un documento muy útil para acceder a una vivienda, recibir subvenciones especiales para personas discapacitadas o acceder a un puesto de trabajo. Su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorgan los organismos públicos.

Jefa

El grado de minusvalía se expresa en un porcentaje entre 0 y 100, si bien la ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía. Además, cuando se supera el 25%, a este porcentaje se pueden sumar hasta un máximo de 15 puntos derivados de los factores sociales complementarios que pueden dificultar la integración social de una persona, es decir, el entorno familiar y la situación laboral, educativa y cultural.

En cuanto a la valoración de las situaciones de minusvalía, el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula este aspecto, establece la necesidad de someterse al examen de un tribunal médico oficial, encargado de emitir el dictamen que reconoce el grado de minusvalía. Este tribunal puede depender del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o de las comunidades autónomas que tengan transferida esta función.

La ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía

En su dictamen, los expertos recogen los informes médicos, psicológicos o sociales necesarios para determinar el grado de minusvalía, que puede ser objeto de revisión en los dos años siguientes a su reconocimiento, siempre que se constate una mejoría razonable, se acredite error de diagnóstico o se produzcan cambios “sustanciales” en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la minusvalía.

Las pautas de valoración no se centran tanto en el alcance de la deficiencia, como en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. En este sentido, también son objeto de valoración las enfermedades que cursan en brotes e interfieren en el día a día de las personas que las padecen. Para solicitar el certificado, hay que acudir al departamento de asuntos sociales correspondiente, recoger un impreso de solicitud y someterse a una revisión médica, en los términos que establece la ley. Posteriormente, la persona interesada queda a la espera de la resolución.

Grados de minusvalía

La normativa vigente reconoce cinco categorías o grados de discapacidad, ordenados de menor a mayor porcentaje. Cada categoría reconoce un grado de dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, de manera que el primer grupo incluye las deficiencias permanentes que no producen discapacidad y el último grupo, las deficiencias permanentes severas que suponen, incluso, la dependencia de otras personas.

  • Grado 1, discapacidad nula. Aunque la persona presenta una discapacidad, ésta no impide realizar las actividades de la vida diaria. La calificación de esta clase es del 0%.
  • Grado 2, discapacidad leve. Existe dificultad para realizar algunas actividades de la vida diaria, pero el porcentaje de minusvalía está entre el 1% y el 24%.
  • Grado 3, discapacidad moderada. Hay una gran dificultad o imposibilidad para llevar a cabo algunas actividades, aunque la persona se puede cuidar a sí misma. El grado de minusvalía está comprendido entre un 25% y un 49%.
  • Grado 4, discapacidad grave. Existe dificultad para algunas actividades de autocuidado y un porcentaje de minusvalía que oscila entre un 50% y un 70%.
  • Grado 5, discapacidad muy grave. Es el grado más severo. Las personas afectadas no pueden realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria. El porcentaje de minusvalía es del 75%.

En esta clasificación se incluye la evaluación de los sistemas musculoesquelético, nervioso, cardiovascular, hematopoyético y endocrino, así como los aparatos respiratorio, digestivo, genitourinario y visual, la piel, el lenguaje, las neoplasias, el oído, la garganta y las estructuras relacionadas. No se incluye a las personas con retraso mental, ya que esta circunstancia cuenta con criterios específicos de evaluación al considerarse que las deficiencias intelectuales, por leves que sean, ocasionan siempre un cierto grado de interferencia en la realización de las actividades de la vida diaria.

Beneficios que otorga el certificado

Jurek Durczak

Las personas discapacitadas a las que se reconoce una minusvalía superior al 33% cuentan con una serie de beneficios. En el ámbito económico, la ley contempla reducciones en la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para trabajadores con una discapacidad superior al 33%. En concreto, El artículo 58 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, establece que los contribuyentes discapacitados pueden reducir la base imponible en 2.000 euros anuales o en 5.000 euros, “si el grado de minusvalía es igual o superior al 65%. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a la hora de adquirir un vehículo sólo deben pagar el 4% en lugar del 16%. Además, las personas discapacitadas están exentas de abonar el impuesto de matriculación y de circulación de vehículos.

Se contemplan reducciones en la base imponible del IRPF, prestaciones económicas y la exención de los impuestos de matriculación y circulación de vehículos

En cuanto a las prestaciones, los progenitores tienen derecho a percibir una asignación económica por cada hijo o hija menor de 18 años con un 33% o más de discapacidad o mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%. Por su parte, las personas entre 18 y 65 años, con una minusvalía reconocida igual o superior al 65% y que carecen de rentas o ingresos suficientes pueden recibir una pensión no contributiva por invalidez. Por último, se reconocen otras prestaciones de integración social de los minusválidos, que comprenden un subsidio de movilidad para gastos de transporte -personas mayores de 3 años con una discapacidad igual o superior al 33%- y asistencia sanitaria y farmacéutica -personas con una discapacidad igual o superior al 33% y que no tienen cubierta esta necesidad-.

Otros beneficios derivados del certificado de minusvalía hacen referencia a la compra de una vivienda, ya que el plan de vivienda 2005-2008 establece la concesión de una ayuda para la compra de viviendas de protección oficial (VPO) y la subsidiación de los intereses del préstamo solicitado. Por su parte, las instituciones autonómicas o locales pueden contemplar otras ayudas individuales para la adaptación del hogar o adquisición de ayudas técnicas, así como zonas de aparcamiento reservado o prioridad en el acceso a un empleo.

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VALENCIA: 12 DE DICIEMBRE. CAMPS Y AGUIRRE HABLAN EN VALENCIA DEL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS MIENTRAS LA HUELGA DEL METRO QUE DEPENDE DE LA GENERALITAT PONE EL ÁREA METROPOLITANA AL BORDE DEL COLAPSO.

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EL PRESIDENTE VALENCIANO, FRANCISCO CAMPS, SE REUNE CON SU HOMOLOGA MADRILEÑA, ESPERANZA AGUIRRE, PARA HABLAR DE INFRAESTRUCTURAS MIENTRAS UNA HUELGA TOTAL DEL METRO PARALIZA VALENCIA

La huelga del metro de Valencia sirvió ayer de paradójico telón de fondo. El president de la Generalitat, Francisco Camps, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hablaron ayer en Valencia, en clave electoral conservadora, y exigieron al Gobierno socialista una alternativa de peaje a la A-3. Mientras hablaban de lo que desean en infraestructuras de transporte, fuera del palacio de la Generalitat Valenciana una huelga total del metro dejaba paralizada a la capital, provocando el paro grandes atacascos en las entradas y salidas de la ciudad. Precisamente, Aguirre y Camps, justificaron la petición de una nueva autopista de peaje a la A-3 “para evitar colapsos”.
Camps recibió a Aguirre en el Palau de la Generalitat, donde durante hora y media han tratado sobre la necesidad de reivindicar inversiones en infraestructuras “estratégicas”, como el AVE, un corredor ferroviario de alta capacidad de mercancías, el agua o la necesidad de que el modelo de financiación autonómica tenga en cuenta el incremento de población.

Huelga del metro en horas punta…

VALENCIA: LA HUELGA DEL METRO ES EL TERMOMETRO DEL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

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La huelga del metro de Valencia provoca aglomeraciones en las horas punta

CARLOS N. C.. 11.12.2007

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Los vagones del metro, atabicados por los paros convocados por los sindicatos de FGV.

  • Los apretujones y los retrasos fueron las principales consecuencias de la protesta.
  • Este miércoles vuelve la normalidad al servicio, pero mañana habrá más paros.
  • CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE VALENCIA .

«Este martes por la mañana, a las 8.30 horas era casi imposible subir al metro en Ángel Guimerá. Me he juntado con todo el mogollón y me han subido en volandas». Éste es el testimonio de Javier, a las 14.30 horas a bordo de un convoy (el de la foto) de la Línea 3. Su opinión reflejaba el sentir general, según 20 minutos comprobó.

Así, la primera jornada de huelga convocada por los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se saldó con aglomeraciones a primera hora, a mediodía y por la tarde, con los lógicos retrasos por la reducción al 60% de los servicios, pero sobre todo, con el cabreo de los viajeros. Tanto es así, que algunos optaron por otros medios. FGV perdió el 15% de sus 200.000 viajeros diarios.

La directora de FGV, Marisa Gracia, volvió a pedir la desconvocatoria de la huelga y aseguró que las posibles privatizaciones no afectarán a los trabajadores. Sin embargo, la huelga sigue adelante. Este miércoles, el servicio irá con normalidad, pero el jueves se reducirá al 60% de 9.50 a 12.50 horas.

Así opinan los viajeros

Antonia Grimandi – 39 años, empresaria.

«Son las 14 horas, llevo un cuarto de hora en Colón y aún no ha pasado el metro. Esta mañana, cuando lo he cogido a las 10, los trenes iban a tope. No sé por qué es el huelga, pero, al final, pagamos el pato nosotros».

César Fuentes – 41 años, agente comercial.

«Yo no lo noto demasiado porque me he informado de los horarios antes de coger el metro. No lo he visto mucho más lleno que otros días. Si tienen algo lógico que reclamar tienen derecho a hacer huelga».

Laura Muñoz – 17 años, estudia Estética.

«Iba hacia Manises con tres amigas, pero no he podido subir al metro porque no cabía más gente. Vamos a esperar al siguiente a ver si va más vacío. No sé por qué es la huelga, pero subir a los trenes es casi imposible».

Anuncian paros también en Renfe

Los trabajadores de Renfe y de sus estaciones, que gestiona la empresa estatal ADIF , se han sumado a la moda de las huelgas. Los pioneros fueron un par de sindicatos de la EMT la semana pasada para pedir más seguridad (el miércoles habrá paros de 7 a 8 h y de 19 a 20 h), ahora se han unido los de FGV por las privatizaciones, y el martes fue CC OO el que convocó huelga para el 21 y 28 en Renfe y ADIF.

Las paradas del metro dirán cuándo llega el bus de la EMT

Los viajeros de Metrovalencia sabrán nada más bajar del tren cuánto tardarán en pasar los autobuses de la EMT de la parada más cercana a las estaciones del suburbano.

El concejal de Transportes, Alfonso Novo, informó ayer que «en unos 10 días, instalarán un panel a modo de prueba piloto en la estación de metro de Xàtiva, informando de las líneas de la EMT de la parada de esta misma calle. El objetivo es que el usuario tenga la máxima información para fomentar el intermodalidad».

El edil explicó que en un futuro se extenderán a otras estaciones. Novo presentó oficialmente la nueva web de la EMT, que permite saber a qué hora pasan los buses por cada parada de forma gratuita.

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INMIGRACIÓN: LEGALIZAR LA RESIDENCIA EN ESPAÑA.

 

Legalizar la residencia en España

Los extranjeros regulares deben tener un número de identificación que figure en todos los documentos que se les expiden o tramitan

  • Autor: A. García | 
  • Fecha de publicación: 4 de diciembre de 2007

KRC

El Número de Identificación de Extranjero (NIE) es un número personal, único y exclusivo que se asigna a las personas extranjeras que legalizan su situación en España. Su solicitud es obligatoria para todos los extranjeros que, por intereses “económicos, profesionales o sociales, se relacionen con España”, sean de régimen comunitario o no. Por ello, debe figurar en todos los documentos que estas personas tramiten o se les expidan, así como en las diligencias recogidas en su tarjeta de identidad o pasaporte.

El NIE se puede solicitar tanto en las Representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares españolas del país de residencia del solicitante, como en la Dirección General de Policía u Oficina de Extranjeros de España. Para ello, la Ley autoriza a realizar este trámite a la persona interesada o a un representante con poder. Es imprescindible, eso sí, presentar un impreso de solicitud, el pasaporte, la tarjeta de identidad o un documento que acredite la nacionalidad del interesado.

Hay que acreditar que la estancia en España es legal y presentar los documentos que justifiquen el motivo de la petición del NIE

Además, hay que acreditar que la estancia en España es legal y presentar los documentos que justifiquen el motivo por el que se pide el NIE. Estos documentos pueden provenir de la Administración Tributaria, Registros de la propiedad o mercantiles, notarios, Tráfico, Seguridad Social o Instituto Nacional de Empleo, entre otras instituciones.

En cuanto a su utilidad, el NIE sirve para expedir el certificado de registro y la tarjeta de residencia, así como para obtener el permiso de conducir y matricular un vehículo, abrir una cuenta bancaria, comprar una vivienda, recibir asistencia psicosocial o psicopedagógica en caso de necesitarla, resarcimiento por daños corporales, materiales o en establecimientos mercantiles o industriales…

En definitiva, cualquier trámite que se realice en España requiere la presentación del NIE, por lo que si este número se pierde es necesario poner una denuncia de pérdida en la comisaría de policía y solicitar un duplicado por extravío en la oficina de extranjeros correspondiente. Para tramitar el nuevo NIE, hay que presentar el pasaporte y la denuncia.

Documentación de las personas extranjeras

Daimalu

El NIE está regulado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En esta norma se recogen, además, el resto de documentos que deben tener las personas extranjeras para acreditar su situación legal en España y que son:

  • Pasaporte o documento de viaje y visado. En el pasaporte debe constar el sello de entrada, la identidad y la situación de estancia en España, siempre que no se necesite un visado de estancia. En cuanto al visado, acredita la situación para la que se otorga y la validez.
  • Tarjeta de Extranjero. Según la ley, “todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses” tienen el derecho y la obligación de obtener la tarjeta de identidad de extranjero. Esta tarjeta acredita la situación legal en España y se debe solicitar personalmente en el plazo de un mes desde la entrada en España o desde que se concede la autorización para permanecer en el país. Los titulares de la Tarjeta de Extranjero están obligados a llevarla siempre consigo, por lo que su extravío, destrucción o inutilización requiere la solicitud inmediata de un nuevo documento con la misma validez y vigencia.
  • Tarjetas de trabajador transfronterizo y de estudiante. Los extranjeros que se encuentren en España por estudios o investigación durante un periodo superior a seis meses, así como los trabajadores transfronterizos, deben contar con la tarjeta de estudiante y de trabajador transfronterizo, respectivamente.

Infracciones y sanciones

El hecho de no disponer de esta documentación puede acarrear infracciones y sanciones de carácter leve, grave o muy grave. En concreto, el Ministerio del Interior recuerda que se considera infracción leve no comunicar a las autoridades españolas, o hacerlo con posterioridad a los plazos legales, el cambio de nacionalidad, estado civil, domicilio o situación laboral. También se penaliza el retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones que han caducado o trabajar por cuenta propia sin el permiso correspondiente. La multa asciende a un máximo de 300 euros.

Entre las infracciones graves destacan: encontrarse de manera irregular en territorio español, trabajar en España sin la autorización requerida, el incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública (presentación periódica o alejamiento de fronteras o núcleos de población), la comisión de una tercera infracción leve y ocultar o falsear la nacionalidad, el estado civil o el domicilio. Estas infracciones acarrean multas de 301 hasta 6.000 euros.

Por último, se catalogan como infracciones muy graves participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países; inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro la inmigración clandestina; conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos; contratación de trabajadores extranjeros sin la correspondiente autorización de trabajo; y comisión de una tercera infracción grave, entre otras. La multa va desde 6.001 hasta 60.000 euros.

LLANERA: COMIENZAN LOS DESPIDOS DE LOS TRABAJADORES.

Juez acepta acuerdo Llanera Construcciones para la extinción de 156 empleos

15:37 – 16/11/2007

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Valencia, 16 nov (EFECOM).-

El titular del Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia, Fernando Presencia, ha aceptado el acuerdo alcanzado entre los administradores concursales y los representantes de los trabajadores de la empresa Llanera Construcciones, Obras y Proyectos SL para la extinción de 156 empleos.

El acuerdo alcanzado, el único aportado por las tres empresas que han presentado expedientes de regulación de empleo (ERE), recoge indemnizaciones de 25 días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv).

El pasado 8 de noviembre tres de las seis empresas del grupo Llanera que se encuentran inmersas en concurso de acreedores presentaron solicitud de expediente de regulación de empleo, que plantea la extinción del 72% de los 328 contratos vigentes.

El auto dictado hoy por el juez acepta el acuerdo alcanzado el día 7 y que afecta a 156 de un total de 175 trabajadores, cuyos contratos podrán extinguirse con efectos inmediatos.

Llanera Construcciones, Obras y Proyectos SL es la empresa del grupo que mayor número de trabajadores tiene en plantilla en estos momentos y, tras el ERE, sólo permanecerán en ella 19.

Según el Tsjcv, el magistrado autoriza a la empresa a comenzar a extinguir los contratos de los trabajadores desde hoy mismo con la obligación de adjuntar el auto judicial a la carta de despido.

Contra el acuerdo cabe recurso de suplicación, así como del resto de recursos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos afecte a la tramitación del concurso.

El plazo para el ejercicio de las acciones que los trabajadores puedan ejercer contra este auto empezará a contarse desde la comunicación del despido.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia tiene pendiente de resolver el ERE de Llanera Urbanismo Inmobiliaria SLU, que propone extinguir 46 de los 74 contratos indefinidos que tiene en estos momentos, por lo que su plantilla quedaría reducida a 28 trabajadores.

Por su parte, Llanera SL se quedaría con 45 trabajadores, al extinguir 34 de los 79 contratos vigentes.

En estos dos últimos casos, el juzgado tiene que abrir el período de consultas a las partes (administración concursal y representantes de los trabajadores) para que intenten llegar a un acuerdo y, cuando se alcance, debe ser informado por la autoridad laboral antes de que resuelva el magistrado. EFECOM

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FUNDAR NO ES DE FONFRIA.

Internet, a la caza de Fonfria.

Os sugiero que entreis en el enlace que acompaña este post para que podais comprobar hasta que punto, en la Comunidad Valenciana, son perpretadas las atrocidades más inmorales en nombre de los más debiles y de los más necesitados. La Generalitat Valenciana y el Gobierno del PP están consintiendo la mayor perversión que se puede cometer desde el poder. Bien haría en nuevo Conseller del ramo, tan conspícuo él i tan católico practicante, en echarle una miradita a lo que dicen las personas que, con toda la razón del mundo, denuncian los escandalos y los abusos que se cometen en nesta supuesta ONG o fundación o…lo que sea; porque el asunto es de pura moralidad pública y para mandar a los juzgados a los responsables de este fondo de reptiles.

http://fundarnoesdefonfria.blogspot.com/2007/10/internet-la-caza-de-fonfria.html

Pasen y vean. Vale la pena.

NUEVA REGULACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO.

17 de octubre de 2007

NUEVA REGULACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO

􀂆 El Gobierno prepara una norma para que el colectivo de trabajadoras del

servicio doméstico se integre de lleno en el Régimen General de Seguridad

Social, para terminar con la discriminación que sufren estas trabajadoras.

􀂆 Esta nueva medida se enmarca dentro del compromiso del Gobierno socialista

para conseguir que la igualdad sea real y efectiva.

􀂆 Dará solución a la situación laboral de más de 600.000 personas de las cualesmás del 90% son mujeres y en torno al 50% son inmigrantes. Actualmente

muchas de ellas están dentro de un Régimen Especial bastante restrictivo y

arcaico, que no alcanza las condiciones recogidas en el Estatuto de los

Trabajadores.

􀂆 La nueva norma será pactada con los Sindicatos y las Empresas y conseguirá

que el servicio doméstico deje de ser el único sector sin cobertura por accidente de

trabajo.

􀂆 Tanto la CEOE como los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han recibido ya el

texto, que esperan negociar en breve con el secretario de Estado de Seguridad

Social, Octavio Granado.

􀂆 La trabajadora tendrá derecho a exigir un contrato por escrito, frente a la

regulación actual, que permite que sea verbal. Salvo que se pacte con el

empleador lo contrario, se entenderá que es de carácter indefinido (hasta ahora

era de un año, prorrogable por acuerdo de las partes). El contrato fijará la jornada

laboral, la remuneración y el resto de condiciones de trabajo.

􀂆 Nuevos derechos. Por primera vez, las empleadas recibirán una prestación

cuando estén de baja por haber sufrido un accidente laboral. También

mejorarán sus condiciones si la enfermedad que padecen es común. Ahora sólo

cobran a partir del 29º día de baja; con la nueva regulación, cobrarán como el resto

de los trabajadores, a partir del día 15º (las dos primeras semanas corren siempre

a cargo del empleador).

􀂆 No se podrá prescindir de la empleada sin causa justificada, como permite la

norma actual. En caso de despido, regirá la indemnización que se aplica al resto

de los trabajadores. En la actualidad, tienen derecho a siete días, aunque la

opacidad en que se desenvuelve el sector convierte casi en inaplicable esta

cláusula.

􀂆 Se fijan dos tipos de jornada: a tiempo completo y a tiempo parcial. Se

entiende por trabajadora/or a tiempo completo el que realice más de 20 horas a la

semana si acude a un único domicilio. Si se reparte entre varios, harán falta 40

horas semanales para considerar la jornada completa. En este tipo de jornada, es

el empleador/a quien está obligado a cotizar a la Seguridad Social, ya sean uno o

varios. Se entenderá por jornada parcial la que comprenda entre 20 y 40 horas

semanales si se realiza para distintos hogares. En ese supuesto, es la empleada

de hogar la que tiene que cotizar. Si se trabajan menos de 20 horas no habrá

obligación de cotizar.

􀂆 Se acaba con el salario en especie. Hasta ahora, la familia que emplee a una

trabajadora doméstica puede restarle hasta un 45% de su salario por alojamiento o

manutención. La nueva norma destierra esa posibilidad.

􀂆 El periodo de descanso: será de 36 horas semanales consecutivas (hasta

ahora podían partirse), preferentemente el domingo y la tarde del sábado o la

mañana del lunes. El descanso mínimo entre jornadas será de 12 horas (10 para

las internas), dos más que ahora. Y la jornada se pactará (ahora es potestad del

empleador). Donde no habrá cambio es en las vacaciones. Tendrán 30 días, pero

solo podrán exigis 15 initerrumpidos.

(Fuente CEF del PSOE)