EL PSOE INCORPORARÁ A LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL EL COMPROMISO DE REDUCIR LA CARGA ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS, LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO.

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 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (d), recibió hoy, en el Palacio de La Moncloa, al secretario general de UGT, Cándido Méndez (i). 

EFE – Madrid – 19/02/2008 16:45
El PSOE incorporará a la Mesa de Diálogo Social el compromiso de reducir las cargas administrativas de las empresas, la participación en la gestión de infraestructuras de capital público y privado y la garantía de la unidad de mercado, anunció hoy el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

El ministro dio a conocer la carta entregada hoy por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a los agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME), en la que propone mantener la continuidad del diálogo social, que ha tenido “excelentes resultados” en la anterior legislatura, pero con un enfoque más amplio para la próxima.

Público.es

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LOS TRIBUNALES REPRUEBAN EL USO DE DETECTIVES PARA ESPIAR AL TRABAJADOR.

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Los tribunales reprueban el uso de detectives para espiar al trabajador

Publicado el 09/02/2008, por M. Tejo

Las visitas a administradores de otras compañías; las idas y venidas con el coche de la empresa; y, también, el cubo de la basura. Estos son algunos de los espacios privados que, durante cinco meses, mantuvieron ocupado a un detective al que una compañía ordenó el seguimiento de un empleado. Pero su labor sirvió para poco; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de señalar en un fallo que esta actuación es “excesiva” y “vulnera los derechos del trabajador”.

Los límites de actuación de los espías tienen un largo recorrido en la doctrina española. La importancia del fallo (del 5 de febrero) radica en que “el Tribunal aporta una gran claridad expositiva” al detallar los límites de los inspectores, explica Jesús Domingo, experto laboralista socio de Ernst &Young Abogados.

La sentencia recuerda que la actuación de los detectives privados debe estar marcada por el triple principio marcado por el Tribunal Constitucional de “proporcionalidad, idoneidad y necesidad”, una máxima que ahora el TSJM traslada al ámbito empresarial.  
Según Domingo, la proporcionalidad se entiende aquí en que “el seguimiento al trabajador debe durar tan sólo hasta que se tenga un conocimiento cabal, pleno y suficiente de los hechos imputados”. Respecto a este punto, la sentencia revela que el espionaje no se interrumpió tras conocerse el supuesto delito de violación  de confidencialidad.  Además,  para desvelar ese comportamiento “el uso de los detectives debe ser un medio idóneo, de forma que si existen otros menos invasivos de la intimidad de los trabajadores, deberían respetarse primero”. Precisamente, es en este punto donde el Tribunal Superior madrileño carga contra la demandante.

Argumenta que la compañía disponía de “otros medios eficaces para controlar [al empleado], como exigirle los reportes de actividad con mayor insistencia” o “llamándole al orden”, en los casos de faltas injustificadas. Al margen de estas cautelas,  la sentencia subraya que la prueba testifical  del espía “es un medio todavía más perverso que los aparatos de escucha o dispositivos ópticos, porque carece de objetividad y no es imparcial”, al actuar “por órdenes del cliente”.

Es decir, “como verdaderos ojos y oídos del empresario”, que se lanza a husmear lo que hace un trabajador las 24 horas. Y he aquí el segundo argumento de reproche. El fallo dice que “la actividad fuera del centro de trabajo, pertenece a la esfera de la vida privada del trabajador, aun cuando se desarrolle en espacios públicos”. 

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¡QUIERO QUE ME ATIENDA EL DOCTOR MONTES!

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Mi amigo del alma, Josep Bodí,  me envia este documento que ya hemos cumplimentado más de 7.000 ciudadanos.

Quiere demostrar su solidaridad a Montes y su equipo y reclamar un comportamiento digno de los políticos que nos gobiernan.


Un saludo a todos.
Hacérselo llegar a vuestros contactos  ¡¡¡¡PÁSALO!!!!
 http://www.quemeatiendamontes.com/firma.php

AL PP LE IMPORTA UNA HIGA LA JUSTICIA. A PROPOSITO DEL SEVERO OCHOA Y CENTENARES DE CASOS MÁS.

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POLÍTICA

 03/02/2008

La irreal realidad de la derecha española

Cuando el PP se pasa por el forro de sus órganos genitales al Estado de Derecho

La reacción del PP ante la sentencia firme, y no recurrible, de la Audiencia Provincial de Madrid, absolviendo totalmente al doctor Montes y a su equipo de todas las gravísimas acusaciones que pesaban contra ellos, confirma que esta derecha que lidera Mariano Rajoy está dispuesta a pasarse por el forro de sus órganos genitales al Estado de Derecho y, por supuesto, lo que más le convenga en cada momento. El caso del Severo Ochoa lo corrobora.

Lo cierto es que los populares tienden a moldear la realidad, hasta retorcerla sin complejo alguno, en función de sus intereses electorales. Si consideran preciso decir que lo blanco es negro o viceversa, lo dicen y se quedan más largos que anchos. De modo que, por ejemplo, en la actualidad niegan sin pestañear la existencia del proceso de paz que el Gobierno de José María Aznar gestionó durante más de un año, buscando el fin de ETA mediante el diálogo y la adopción de medidas destinadas a contentar o complacer a los terroristas.

Justificaciones falsas
No hubo tal proceso de diálogo con ETA, proclaman desde hace un tiempo aquellos que llegaron a levitar pensando que Aznar podría pasar a la historia de España como el nuevo Príncipe de la Paz. El mismo principito que engañó a la opinión pública sacándose de la manga y esparciendo un repertorio de justificaciones falsas en relación a la guerra de Irak. No sólo dijo esto el gran amigo de Bush, sino que hasta el día de la fecha no ha pedido por sus embustes ni la más mínima disculpa.

El principito
El comportamiento de Aznar y de su corte de palmeros a raíz de la masacre del 11-M fue otra exhibición de irreal realidad. Decidió el principito que lo mejor que se ajustaba a su estrategia para derrotar en las urnas del 14-M a los socialistas era difundir urbe et orbi que los autores de la matanza de casi doscientos ciudadanos habían sido los etarras. Y dicho y hecho. Incluso horas antes del día de las elecciones, el candidato Rajoy declaró en la portada de El Mundo que él tenía la convicción moral de que había sido ETA, lo que completaba el inefable Acebes con otras invenciones.

Teoría maligna
Tras su fracaso, no hubo reconocimiento de culpa, naturalmente. Forjaron entonces los genoveses la teoría de la conspiración sobre la autoría de los atentados de Madrid, teoría maligna que todavía sigue en pie, a pesar de la sentencia del magistrado Gómez Bermúdez que descarta con todo género de precisiones la colaboración incluso indirecta o casual de ETA en el 11-M. Y descarta también, desde luego, la más leve sospecha de que estuvieran involucrados en tan estremecedor crimen policías, guardias civiles, tramas vinculadas al PSOE o los servicios secretos de la República francesa o del Reino de Marruecos, como habían venido afirmando desde los medios afines al PP.

Volvamos a Leganés
Volvamos en todo caso a Leganés y a la infamia perpetrada por el Gobierno de Esperanza Aguirre a través de su consejero de Sanidad Manuel Lamela. Montó el tándem Lamela/Aguirre un auto de fe destinado a destrozar más aún la sanidad pública –en provecho de los negocios privados y en perjuicio de los pacientes madrileños- y a impedir, en paralelo, que prosperara la legalización de la eutanasia. No se anduvieron con chiquitas ni la presidenta por tamayazo ni Lamela, que va diciendo por ahí, tras unos días de holganza, pobrecito, que él volvería a actuar de la misma manera “una y otra vez”, que su proceder fue “impecable” y que no tiene por qué “pedir perdón a nadie”.

¡Quía!
¿Responsabilidades políticas, ésas que exigía Aznar cuando vociferaba en el Congreso aquello de “¡Váyase, Sr. González!” y anunciaba que él regeneraría la política española? ¡Quía! De eso nada, monada. Se habrá equivocado el juez en el asunto del Severo Ochoa. O habrá redactado la sentencia un juez progresista al servicio de Zapatero y de la masonería. ¿Por qué fiarse del criterio de un magistrado, cuando nadie está exento de error? ¿Es que ha de valer más el veredicto de un leguleyo con toga que la palabra de honorables gobernantes como doña Espe y el esquiador Lamela?

Según todos los síntomas
¿Y a todo esto qué piensa Rajoy? Habla por teléfono con su primo, luego lo hará con Pizarro y, finalmente, con Aznar. Al fin y al cabo, el doctor Montes es, según todos los síntomas, un rojazo de tomo y lomo.

E.S.

UN EX TRABAJADOR DE POPULAR RETRATA LA HIPOCRESÍA DE ROUCO VARELA Y DENUNCIA LA EXPLOTACION LABORAL DE LOS DEFENSORES DE LA “FAMILIA CRISTIANA”.

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POLÍTICA

 29/12/2007

Un ex trabajador de Popular TV retrata a los defensores de la familia cristiana

“360 euros mensuales: para pocos pecados me daba, señor Rouco”

DANIEL JIMÉNEZ LORENTE

España es el país del mundo con la vivienda más cara en relación a los sala­rios. El Gobierno destina a la protección de las familias el 0,78% del PIB, siendo el segundo país por la cola de la UE en este apartado, por delante tan sólo de Polonia. Además, se estima que alrededor del 40% de los trabaja­dores cobra menos de 1.000 euros, a pesar de las maratonianas jornadas de trabajo de los españoles, que dificultan la conciliación de la vida familiar y labo­ral. La precariedad laboral, el desorbitado precio de la vivienda y la falta de de­sarrollo de verdaderas políticas sociales son los principales problemas a los que se enfrentan las familias españolas. Pero difícilmente veremos este dis­curso el próximo día 30, en la concentración organizada por la alta jerarquía de la Iglesia española y por algunas de las congregaciones más poderosas, como Camino Neocatecumenal. Allí las cuestiones sociales ocuparán, según se de­riva de las declaraciones de sus impulsores, una cuestión secundaria. Las rei­vindicaciones serán antes morales (según la moral católica) y políticas, en clara alineación con el partido de la derecha. En realidad, para la Conferencia Epis­copal Española hablar de familia cristiana es una redundancia, puesto que no admite otro modelo de familia que el suyo.

Pero difícilmente se puede pedir conciencia social a una institución que no pre­dica precisamente con el ejemplo ni siquiera dentro de los organismos y enti­dades que dependen de ella.“En Madrid se peca masivamente”
Esto que voy a contar ahora ocurrió hace casi 3 años, a finales de enero de 2005. El cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, dijo entonces, cuando se celebraba la apertura de la Asamblea Sinodal de la archidiócesis, en la catedral de la Almudena, que en Madrid “se peca ma­sivamente; con osadía, unas veces, y otras con displicente ligereza”. Grabando las imágenes del acto se encontraba un cámara de Popular Televisión, la tele­visión del arzobispado y de la COPE, y un redactor, que es quien está escri­biendo este artículo. A pesar de que me había licenciado hace más de un año, cobraba 360 euros al mes; y podía dar gracias a Dios, porque los 6 meses an­teriores fueron 180 euros mensuales. Mi condición era la de becario, como si todavía fuera estudiante, pero la jornada no se correspondía con mi estado, llegando a alcanzar a menudo las 18 horas al día. Además, trabajaba ese do­mingo porque estaba de guardia, lo cual es bastante irregular, por no decir ile­gal. Un domingo de trabajo, con 360 euros mensuales en el bolsillo: para pocos pecados me daba, señor Rouco.

Los indefinidos morales
La acusada precariedad laboral es la norma dentro de los medios de comuni­cación de los obispos. Pero no se les puede negar cierta creatividad a sus di­rectivos. Popular Televisión ha creado de hecho una nueva categoría de con­tratos, muy acorde con el espíritu de la cadena. Son los llamados “indefinidos morales”. Consiste en mantener el mayor tiempo posible como trabajadores temporales a quienes llevan ya varios años en la empresa. Los contratos se terminan en julio, cuando comienza la programación de verano, que es sacada adelante prácticamente sólo por becarios, para volver a recuperar a “los vete­ranos” en septiembre. Antes de echarles en verano, a estos veteranos se les garantiza su continuidad dentro de la televisión por su ejemplo de esfuerzo y su buen hacer. Lástima que no sean lo suficientemente valiosos como para no pasar el verano en el paro, mientras pagan la hipoteca y no se atreven a pedir el subsidio de desempleo, por si las cuentas de cara a la devolución a la Hacienda Pública se tuercen.

También en la joya de la corona
Esto también pasa con la joya de la corona, esto es, la Cadena COPE, centro de difusión de las tesis ideológicas, nada pías, del ex maoísta y ferviente cre­yente (en el mercado) Federico Jiménez Losantos. Muchos de los redactores empleados en programas nacionales de la radio tampoco son contratados; figu­ran como freelance, aunque en la práctica sólo trabajan para este medio de comunicación, debido a que la fuerte carga de trabajo les imposibilita buscar más colaboraciones en otros medios. El sueldo neto que les quedaba para sus gastos personales, libre ya de impuestos y cotizaciones, no llegaba en 2005 a los 700 euros mensuales. En los corrillos de trabajadores siempre se ha dicho que esto realmente no es culpa de los obispos, que ellos no saben lo que se mueve de­ntro en su casa. Esperemos que ahora las cosas empiecen a cambiar, si quiera sea para que los empleados de Popular Televisión y la Cadena COPE puedan tener un sueldo digno que les permita fundar una familia, cristiana, por su­puesto. Además, si los obispos toman medidas evitarán de paso que los direc­tivos de Popular Televisión y Cadena COPE caigan en el pecado de la codicia.

La Iglesia terrateniente
Tampoco podemos exigir a la Iglesia que presione a los poderes públicos para que estos garanticen el derecho a la vivienda. En realidad, la Iglesia es uno de los grandes beneficiados del boom de la construcción de los últimos 10 años, como gran terrateniente que es. La fijación del alcance real de su patrimonio inmobiliario es tarea harto complicada, debido a que cada una de las 67 dióce­sis lleva sus cuentas por separado. Sí sabemos que es la mayor propietaria de tierras en España tras el Ministerio de Defensa. Este último organismo público controla 1.500 millones de metros cuadradazos. El tercer terrateniente, si­guiente en importancia tras la Iglesia, es RENFE, con 450 millones de metros cuadrados; entre esas 2 cantidades debemos situar el patrimonio que reúnen las 67 diócesis, aunque según algunas fuentes las posesiones de la Iglesia se­rían mayores incluso que las del propio Estado. A esto se une el trato fiscal pri­vilegiado de la Conferencia Episcopal, que está exenta de pagar el IVA que le correspondería por la compra de bienes y servicios. Dicha situación ha sido denunciada por la UE, que exige que terminen estas prebendas. Así se hará, pero no sin compensar a la Iglesia económicamente, como ha dejado claro el ministro de Economía, Pedro Solbes. Es decir, el gobierno va a dar más dinero procedente del erario público a los obispos para repararles del cumplimiento de la ley, que por cierto en un estado democrático y laico es igual para todos.

Benigno Blanco y el trasvase del Ebro
El Foro Español de la Familia, presidido por Benigno Blanco, es otro de los grandes impulsores de la concentración del 30 de diciembre. Blanco era una de las cabezas visibles de Iberdrola en el pasado, hasta que el PP se hizo con el poder, tras lo cual entró en la Secretaría de Estado de Aguas. Entonces Blanco pasó de defender los intereses de una gran eléctrica privada a gestionar una entidad pública que debe velar por el interés común en un tema tan primordial como el suministro del agua. A partir de su nombramiento, el PP, que era con­trario a la política de trasvases, decidió cambiar radicalmente su orientación. Blanco estuvo a la cabeza de esta nueva estrategia, apoyando en esos mo­mentos obras relacionadas con el trasvase del río Ebro a la cuenca del Júcar; Iberdrola fue la más beneficiada por esta operación. Blanco también participó en la creación de la sociedad de capital mixto (público y privado) Aguas del Jú­car S.A, encargada de obras relacionadas con el trasvase del Júcar al Vina­lopó. De nuevo todas las concesiones y licencias que se aprobaron al respecto beneficiaron a su antigua empresa. Y fue Blanco también quien envió una carta a la directora general de Presupuestos de entonces para que acometiera la expropiación de la central eléctrica de los Millares, que debía ser inundada por la nueva presa de Tous. El coste de dicha expropiación era de 15.000 millones de las antiguas pesetas. Después se supo que esa presa hubiera recibido el agua pro­cedente del Ebro si se hubiera hecho el trasvase. ¿A quién pertenecía esa central? Curiosamente a Iberdrola. En dicha carta también se pedía la cons­trucción de embalses en Aragón, los cuales no eran para provecho de los pro­pios aragoneses, sino para almacenar también el agua del trasvase, lo cual era ignorado en la región. Y así podríamos seguir rastreando por la biografía del muy católico Benigno Blanco, experto en eso del tráfico de influencias y del “agua para todos”, o más bien del “pasta para todos (sus amigos)”.

Ratzinger y sus amistades peligrosas
La celebración de la familia cristiana que tendrá lugar el próximo 30 de diciem­bre en la Plaza de Colón de Madrid contará con un invitado muy especial. Nada más y nada menos que el propio Benedicto XVI, que se encargará de la aper­tura del acto vía satélite desde Roma. Esperemos que Ratzinger pida por todas las familias, también por las de los desaparecidos en los años de la dictadura chilena. De este asunto sabe muy bien su leal amigo, el cardenal italiano An­gelo Sodano, que también es amigo íntimo del sangriento dictador Augusto Pi­nochet. Sodano formó además parte del cónclave que convirtió en Sumo Pontí­fice al alemán. Asimismo fue ratificado por Benedicto XVI como secretario de Estado del Vaticano en 2005, aunque más tarde, el 22 de junio de 2006, renun­ció a su cargo. El cardenal italiano fue nuncio del Vaticano en Chile entre 1977 y 1988. Jamás movió un dedo contra las violaciones de los derechos humanos protagonizadas por su camarada dictador. Miles y miles de chilenos perecieron en esos años de terror en un país donde se había cercenado de golpe, por la vía de las armas, la esperanza de vivir bajo el amparo de un auténtico Estado social y democrático de derecho. Una de las prioridades del gobierno de Allende era precisamente aumentar el bienestar material de las familias, de esas familias rotas por el amigo de Sodano. Que Dios al menos, si no es el Papa, se apiade de estas familias que ya no podrán reparar nunca esta pér­dida.

La Iglesia de Cristo
La Iglesia, la verdadera Iglesia de Cristo, debería tener una vocación universal y velar por el bien de todos, creyentes y no creyentes. Jesucristo acogió en su seno a delincuentes, publicanos del Imperio Romano y prostitutas. Más de 2.000 años después, Roma es un club de lujo para socios con un perfil muy definido. Seguramente muchas familias jamás podrían ir a un acto como el del 30 de diciembre y explicar abiertamente por qué ellos se consideran también familias, pero no cristianas. No serían comprendidos por los jerarcas de la Igle­sia, estos jamás querrían entender que hay otros modos de hacer las cosas que no hacen ningún daño a sus creencias religiosas. Señores obispos, apren­dan tolerancia; no tienen que ir muy lejos. Como dijo uno de los grandes rebel­des de la historia, “bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanza­rán misericordia”.

Daniel Jiménez Lorente es periodista y activista de V de Vivienda

LOS INMIGRANTES SIN PAPELES EN ESPAÑA PODRÁN HACER USO DEL DERECHO DE HUELGA POR RECONOCIMIENTO EXPRESO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

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viernes, 28 diciembre 2007

LOS INMIGRANTES SIN PAPELES EN ESPAÑA PODRAN HACER USO DEL DERECHO DE HUELGA POR RECONOCIMIENTO EXPRESO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE REFORMA LA LEY DE EXTRANJERÍA DEL GOBIERNO CONSERVDOR DEL PP

El Tribunal Constitucional estableció ayer en una sentencia novedosa que todos los extranjeros que trabajan en España, cuenten o no con autorización administrativa para ello, tienen derecho a la huelga. Por ocho votos contra tres, el pleno de esta corte señala que el ejercicio sin matices de este derecho individual, “inherente a cualquier trabajador”, sea de donde sea, se lo garantiza el artículo 28.2 de la Constitución Española y todos los tratados internacionales sobre este derecho fundamental ratificados por España.
Por este motivo, el tribunal declara inconstitucional el artículo 11.2 de la Ley de Extranjería aprobada en 2000 por el Gobierno del PP, que limitaba el ejercicio del derecho a la huelga sólo a los inmigrantes asalariados que contasen con permiso de trabajo y residencia en vigor y se lo negaba a los extranjeros denominados “ilegales”.

Los magistrados, en su resolución, estiman de forma parcial el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Andalucía contra la citada norma y advierten al legislador de que cuando realice la modificación pertinente y urgente de la ley, para adaptarla a la Constitución, deberán garantizar el derecho a todos los trabajadores con independencia de su situación administrativa. Entre tanto se produce el cambio legal, la sentencia declara la nulidad de pleno derecho del inciso “cuando estén autorizados a trabajar”, con el que el artículo 11.2 de la Ley de Extranjería impedía el ejercicio del derecho a la huelga a los ‘sin papeles’.

El tribunal explica que tanto las leyes españolas como los convenios internacionales reconocen el derecho fundamental “de forma general” a todos los trabajadores, por lo que “no es admisible” establecer el acatamiento de la legalidad administrativa como condición para el ejercicio del derecho. La sentencia indica que tampoco se puede admitir el argumento del Abogado del Estado, quien señalaba que la discusión planteada por el recurso no tenía sentido porque para que un extranjero trabaje en España, y por lo tanto pueda ponerse en huelga, debe tener permiso de trabajo. Los magistrados comentan que, de hecho, hay muchos asalariados extranjeros sin papeles y que el derecho de huelga incluso puede ser un recurso de lucha en sus manos para conseguir que sus empleadores legalicen su situación laboral. La sentencia de ayer completa la dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 7 de diciembre sobre la misma ley, en la que declaró inconstitucional la regulación que hace de las condiciones para el ejercicio de los derechos de reunión, asociación y sindicación de los trabajadores extranjeros. La norma impidió su ejercicio a todos los que careciesen de permiso de trabajo.

EL INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM), AFECTA A LA PRESTACION DE DESEMPLEO, SUBIRÁ UN 3,5%.

El Gobierno cumple con su compromiso de que el Salario Mínimo Interprofesional alcance los 600 euros en 2008
 

UGT – 21 de diciembre de 2007

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El Gobierno se ha comprometido, en su reunión de hoy con los interlocutores sociales, a actualizar el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) en 2008, en un 3,5%, teniendo en cuenta la inflación media del año y no la previsión oficial del 2%.

Esta renta afecta, entre otras, a la prestación por desempleo. UGT seguirá insistiendo en la necesidad de que el IPREM incorpore una cláusula de revisión anual, similar a la que se aplica a las pensiones, para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los perceptores de esta renta. Asimismo, se ha fijado la subida del Salario Mínimo Interprofesional, para el próximo año, en un 5,1%, hasta alcanzar los 600 euros mensuales. Se culmina así un compromiso social que adquirió el Gobierno al iniciar esta legislatura.

El SMI alcanzará los 600 euros mensuales (14 pagas) el próximo año, lo que supone un 5,15% respecto a 2007 y el IPREM subirá hasta los 516,17 euros, un 3,5% más que este año. El Gobierno ha trasladado este compromiso a los interlocutores sociales en la reunión que han mantenido esta mañana en el Ministerio de Trabajo.

 La subida del SMI supone el cumplimiento de uno de los compromisos básicos acordados en la mesa de diálogo social en diciembre de 2004. El SMI ha experimentado sucesivos aumentos: un 4,5% en 2005, un 5,4% en 2006, un 5,5% en 2007 y un 5,15% en 2008, creciendo en todo el periodo por encima del IPC y consiguiendo ganar poder de compra en tan sólo tres años.

Igualmente, desde 2004, el SMI se ha incrementado por encima del salario medio, de modo que su cuantía ha pasado de representar el 38% del salario medio neto de nuestro país en 2003, al 42,4% en 2007 y, previsiblemente, alcanzará el 43% el próximo año. Se trata de un avance relativo muy importante, aunque el porcentaje aún se sitúa lejos del 60% que recomienda la Carta Social Europea.

En este sentido, los sindicatos han insistido, en la reunión de hoy, en el planteamiento conjunto de que el SMI continúe creciendo hasta alcanzar el 60% del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea. Para lograr este objetivo, el salario mínimo deberá crecer anualmente un 8% entre 2009 y 2016, bajo el supuesto de que el salario medio crece a un ritmo anual del 3,6%. De esta forma, en el escenario inmediato 2009-2012, se plantea alcanzar un SMI de 817 euros, lo que representa un 50,8% del salario medio neto.

Una subida del SMI en línea con lo ocurrido en el período 2004-2008 es una propuesta razonable que ofrece un escenario de estabilidad a medio y largo plazo y permite, además, evaluar a lo largo del tiempo sus repercusiones sobre el mercado de trabajo.

En cuanto a los criterios a tener en cuenta para la revisión del IPREM, quedaba pendiente la decisión sobre la actualización para 2008 y sus posteriores subidas.  La reivindicación sindical de evitar que el IPREM pierda poder adquisitivo en 2007 ha sido resuelta por el Gobierno con un aumento del 3,5% (crecimiento de la inflación media anual). De esta forma, en enero de 2008 el IPREM se situará finalmente en 516,17 euros /mes.

Para evitar que el indicador pierda poder adquisitivo en el futuro, UGT sigue insistiendo en la necesidad de establecer un método de actualización del IPREM, que mantenga el valor real del indicador a lo largo del tiempo. Para ello, el mecanismo de actualización del IPREM deberá incorporar una cláusula de revisión anual similar a la que se aplica a las pensiones públicas. Es decir, en noviembre de cada año se corregirá, en su caso, la desviación entre el IPC real y la subida inicial del IPREM.