El Defensor del Pueblo lleva ante el Tribunal Constitucional a la Generalitat Valenciana.

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recurre una parte de la gestión de la Ley de Dependencia

El Defensor del Pueblo lleva ante el Constitucional a la Generalitat Valenciana

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La institución acusa al Gobierno valenciano de “obstaculizar” la aplicación de la norma

   MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) –

   El Defensor del Pueblo ha presentado esta mañana un Recurso de Inconstitucionalidad contra un aspecto de la gestión de la Generalitat Valenciana sobre la Ley de Dependencia, según informaron a Europa Press fuentes de esta institución.

   En concreto, el Defensor del Pueblo ha interpuesto el recurso contra la disposición adicional 11 de la Ley de Presupuestos de esta comunidad para el ejercicio 2008, que establece que las personas valoradas por la Generalitat deben entender que su solicitud ha sido desestimada si no han recibido respuesta en el plazo de seis meses.

   Esta disposición, introducida en el Parlamento valenciano a través de una enmienda del PP, cambia el concepto de ‘silencio administrativo’, que significa que si la Administración no responde a la solicitud de un ciudadano es que ésta ha sido atendida. Con este cambio, el ‘silencio administrativo’ pasa de ‘positivo’ a convertirse en ‘negativo’ en esta comunidad.

   “Las administraciones tienen la obligación de notificar y explicar por escrito por qué han rechazado un derecho fundamental. Lo que han hecho es completamente ilegal”, señalaron fuentes del Defensor del Pueblo a Europa Press.

“CAMUFLADAMENTE”

   Además, estos mismas fuentes critican que esta reforma se “haya metido en una ley, la de presupuestos, que no tiene absolutamente nada que ver” con la dependencia. “Este cambio lo han metido en una ley distinta, camufladamente, para que no se entere nadie. Esto claramente vulnera el principio de seguridad jurídica”, apostillan.

   Por todo ello, desde el Defensor del Pueblo acusan a la Generalitat Valenciana de “obstaculizar” la aplicación de la Ley de Dependencia, y recuerdan que los dependientes son ciudadanos que por su situación ya se encuentran en condiciones “de especial vulnerabilidad”.

   Igualmente, los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han criticado que la Generalitat, gobernada por el PP, “ha boicoteado” la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 2007.

   El Defensor del Pueblo entiende que “no puede permanecer impasible” ante la entrada en vigor de esta disposición “mediante un procedimiento impropio”, que, además, “afecta a un colectivo de ciudadanos necesitados de especial protección”.

   El recurso ha sido interpuesto a raíz de la queja formal presentada a mediados de enero por el sindicato UGT ante del Defensor del Pueblo, que posteriormente recibió otras dos quejas más de particulares sobre este mismo asunto.

LOS INMIGRANTES SIN PAPELES EN ESPAÑA PODRÁN HACER USO DEL DERECHO DE HUELGA POR RECONOCIMIENTO EXPRESO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

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viernes, 28 diciembre 2007

LOS INMIGRANTES SIN PAPELES EN ESPAÑA PODRAN HACER USO DEL DERECHO DE HUELGA POR RECONOCIMIENTO EXPRESO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE REFORMA LA LEY DE EXTRANJERÍA DEL GOBIERNO CONSERVDOR DEL PP

El Tribunal Constitucional estableció ayer en una sentencia novedosa que todos los extranjeros que trabajan en España, cuenten o no con autorización administrativa para ello, tienen derecho a la huelga. Por ocho votos contra tres, el pleno de esta corte señala que el ejercicio sin matices de este derecho individual, “inherente a cualquier trabajador”, sea de donde sea, se lo garantiza el artículo 28.2 de la Constitución Española y todos los tratados internacionales sobre este derecho fundamental ratificados por España.
Por este motivo, el tribunal declara inconstitucional el artículo 11.2 de la Ley de Extranjería aprobada en 2000 por el Gobierno del PP, que limitaba el ejercicio del derecho a la huelga sólo a los inmigrantes asalariados que contasen con permiso de trabajo y residencia en vigor y se lo negaba a los extranjeros denominados “ilegales”.

Los magistrados, en su resolución, estiman de forma parcial el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Andalucía contra la citada norma y advierten al legislador de que cuando realice la modificación pertinente y urgente de la ley, para adaptarla a la Constitución, deberán garantizar el derecho a todos los trabajadores con independencia de su situación administrativa. Entre tanto se produce el cambio legal, la sentencia declara la nulidad de pleno derecho del inciso “cuando estén autorizados a trabajar”, con el que el artículo 11.2 de la Ley de Extranjería impedía el ejercicio del derecho a la huelga a los ‘sin papeles’.

El tribunal explica que tanto las leyes españolas como los convenios internacionales reconocen el derecho fundamental “de forma general” a todos los trabajadores, por lo que “no es admisible” establecer el acatamiento de la legalidad administrativa como condición para el ejercicio del derecho. La sentencia indica que tampoco se puede admitir el argumento del Abogado del Estado, quien señalaba que la discusión planteada por el recurso no tenía sentido porque para que un extranjero trabaje en España, y por lo tanto pueda ponerse en huelga, debe tener permiso de trabajo. Los magistrados comentan que, de hecho, hay muchos asalariados extranjeros sin papeles y que el derecho de huelga incluso puede ser un recurso de lucha en sus manos para conseguir que sus empleadores legalicen su situación laboral. La sentencia de ayer completa la dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 7 de diciembre sobre la misma ley, en la que declaró inconstitucional la regulación que hace de las condiciones para el ejercicio de los derechos de reunión, asociación y sindicación de los trabajadores extranjeros. La norma impidió su ejercicio a todos los que careciesen de permiso de trabajo.

LOS PODERES DEL ESTADO: ¿QUIEN LEGISLA?, ¿QUIEN GOBIERNA?, ¿QUIEN JUZGA?

¿Quién legisla?, ¿el gobierno o los jueces?

Utilizando el llamado voto de calidad y por primera vez en la historia del Tribunal Constitucional, los magistrados elegidos por el PP han expulsado del pleno a la presidenta titular de este Tribunal, y todo esto para poder asegurarse una votación del sector conservador favorable al recurso del PP sobre la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo y el recurso contra el estatut de Cataluña.

Está claro que cuando la derecha pierde el poder en las urnas, sigue tratando de gobernar desde la judicatura, en unas ocasiones valiéndose de arduas triquiñuelas como la de hoy y en otras ocasiones enfrentándose directamente con sus sentencias a leyes que están en vigor.

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LA SOMBRA DEL FRANQUISMO SIGUE EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

LUIS CALVO/ARTURO DÍAZ – Almería – 29/09/2007 22:59

El juez García-Calvo fue nombrado por Arias Navarro gobernador civil de Almería // En su mandato se produjo el asesinato de Javier Verdejo, un joven que estaba haciendo una pintada


Zapatero se juega la legislatura en el Tribunal Constitucional. El Estatuto de Cataluña, los matrimonios gays, la ley de dependencia… dependen de la decisión de los doce magistrados. Y un solo voto puede inclinar la balanza. Roberto García-Calvo (La Bañeza, León, 1942) es uno de los juristas que tendrán en su mano la decisión.
Antiguo gobernador civil en la etapa de Arias Navarro, en Almería su recuerdo se asocia a las actitudes más ultra conservadoras del régimen franquista.

El historiador Rafael Quirosa recuerda que muchos altos cargos aprovecharon los nuevos aires para abrazar el cambio político que se intuía. No fue su caso. Entre sus competencias estaba la de mantener la seguridad y no tuvo concesiones con la oposición política. Estuvo en el cargo menos de un año, entre abril de 1976 y marzo de 1977 pero le bastó para dejar varias huelgas reprimidas sin miramientos y un homicidio sin resolver.

Según el informe oficial, a Javier Verdejo le mató un accidente a los 19 años. La madrugada del 14 de agosto de 1976 el disparo de un guardia civil le abatió entre la playa y la ciudad, mientras pintaba un lema político armado de un espray. Cuando le dieron el aviso, García-Calvo estaba de cena en Cabo de Gata y allí permaneció. Los críticos con la gestión del hoy magistrado mantienen que se limitó a tomar otra copa.

Frenar las protestas

Su reacción pública llegó al día siguiente. La noticia de la muerte del joven había puesto patas arriba a la ciudad, que entonces contaba con 121.000 habitantes. Almería se vuelca en el entierro. Ocurre lo nunca visto aquí desde 1939. Miles de personas acompañan el féretro en un cortejo que desborda el dispositivo de seguridad establecido: las consignas de la izquierda resuenan en los tres kilómetros que separan la iglesia de San Pedro del cementerio.

Vuelan los claveles rojos desde los balcones sobre el ataúd. El Gobierno Civil intenta parar las protestas. Funcionarios cercanos a García-Calvo transmiten su inquietud a la oposición clandestina. Amalia, hija del entonces líder socialista en la provincia, José Tesoro, ya fallecido, cuenta que en el funeral su padre recibe un mensaje claro del Gobierno Civil: “A nadie le gusta lo que ha ocurrido, pero ya está hecho. El presidente Suárez está en la provincia y se va a imponer la calma. Lo mejor es que los líderes controlen a los militantes más jóvenes. Así que tonterías las justas”, recuerda Amalia.

Horas más tarde se difunde una nota por la radio. La manifestación convocada para el día siguiente es ilegal y se aconseja no pasear cerca del lugar. El Gobierno Civil no duda en amenazar con el uso de la fuerza y la utiliza cuando la gente empieza a reunirse. Se detuvo a diez personas, cuatro de ellos menores de edad.Ante la rabia de muchos, García-Calvo ordenó una investigación por la muerte del joven, y la causa recayó en el juzgado militar de la plaza. Nunca más se supo del final de este proceso.

El mutismo fue completo y el guardia civil fue apartado. Martirio Tesoro, otra de las hijas del dirigente del PSOE, recuerda que ante la convocatoria de una manifestación de la izquierda, el gobernador llamó a su padre “para advertirle seriamente del riesgo que supondría acusar a un guardia civil sin pruebas ya que en las octavillas se hablaba de asesinato”.

Propósitos fracasados

En julio de ese mismo año Almería había vivido una durísima huelga de pescadores, una pequeña guerra en el deprimido barrio de La Chanca. En este dédalo de callejas de origen andalusí, pervivía una pobreza descarnada. La prensa de la época recogió en múltiples ocasiones los deseos de García-Calvo de “mejorar las condiciones de vida de la provincia”, propósito en el que aquí fracasó.

La policía había cercado una de las asambleas del gremio de pescadores, de los más reivindicativos de la ciudad. Cuando el primer asistente cogió el micro intervinieron los agentes. Francisco Mayor, un marinero ahora patrón mayor de la Cofradía, recuerda que fueron especialmente duros con las mujeres. “Había algunas inertes en el suelo y la policía seguía golpeando con las porras”, cuenta.

Entonces, la violencia explotó. Cuando los pescadores se atrincheraron en el barrio, la Policía cargó con toda su fuerza. Sindicalistas presosAún más dura fue la reacción durante la segunda huelga de pescadores, entre diciembre de 1976 y enero del siguiente año. García-Calvo reprimió el movimiento atacando a los cabecillas. Javier Ayestarán, hoy líder de CC.OO. y entonces perteneciente a la Organización de la Izquierda Comunista, fue encerrado.

Poco después llegaron también a los calabozos Francisco Mayor y otros dos líderes sindicales. Se les acusó de sedición y a los pocos días estaban en la cárcel. Por las calles y el puerto empezó a correr el rumor de que la libertad de los cuatro detenidos dependía del final de las movilizaciones. “Un antiguo fiscal utilizó al Poder Judicial para acabar con una huelga, sin importar los hechos en sí. Todos los estamentos del Estado funcionaban al capricho de García-Calvo”, asegura Ayestarán. Aunque en ningún momento fueron sometidos a golpes, en la celda el líder comunista fueencañonado por un agente mientras le amenazaba: “Que sepas que aún quedan policías franquistas”.

Así, el sindicalista no duda en calificar a García-Calvo de “represor”. “Lo digo claro porque lo he sufrido en mis carnes”, zanja. Rafael Quirosa, profesor de Historia en la Universidad de Almería y uno de los que más ha estudiado la transición en Almería, es más suave en su valoración. “El gobernador civil era un hombre gris, un funcionario que no supo cambiar la inercia de los tiempos antiguos”, cuenta, mientras que el patrón de la Cofradía, recuerda “los malos modos, la chulería” con la que se conducía García-Calvo. El gobernador “más que negociar, amenazaba”, según asegura Mayor.

Los tiempos cambian

Cuando García-Calvo deja el sillón en 1977, vuelve a ejercer distintos puestos en la judicatura. El fiscal de carrera presenta su dimisión, que fue aceptada. Los opositores del momento afirman que la acumulación de crisis en un mandato tan corto fue la causa de su caída. Él, sin embargo, decía en 2001 ante en el Congreso que no fue cesado ni destituido por ninguna razón, “porque mantenía unas excelentes relaciones con el presidente del Gobierno de entonces, Adolfo Suárez”. García Calvo abandona Almería para tomar posesión de una plaza como magistrado de Trabajo en Guadalajara.

El Franquismo va quedando lejos y cambian las actitudes. García-Calvo se adapta y deja de presidir procesiones al Valle de Los Caídos. Igual que había jurado los Principios Fundamentales del Movimiento, jura la Constitución. Cuando fue elegido magistrado del TC, y en el trámite parlamentario previo, su paso por el Gobierno Civil de Almería era para él un “episodio anecdótico”.