JULIAN MUÑOZ: CONDENADO A SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN POR PREVARICACIÓN.

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Condenan a Julián Muñoz a siete años de inhabilitación por prevaricación

EFE. 18.12.2007

  • También han sido condenados otros cinco ediles del Ayuntamiento de Marbella (Málaga).
  • La sentencia decreta su inhabilitación para cargo público y doce meses de multa con una cuota de 10 euros diarios.

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El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y otros cinco ediles del Ayuntamiento de la ciudad han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga a siete años de inhabilitación para cargo público y doce meses de multa con cuota de 10 euros diarios por un delito de prevaricación urbanística.

La sentencia decreta asimismo la nulidad de la licencia de obra del proyecto de ejecución a la entidad Artola Inversiones SL, otorgada en la comisión de gobierno de 10 de julio de 1998, de la que formaron parte los concejales condenados, para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable.

El fallo tiene en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la concesión de la licencia y el juicio, celebrado el pasado octubre.

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EL FISCAL PIDE 18 MESES MÁS DE PRISION PARA JULIÁN MÚÑOZ.

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El fiscal pide que el ex alcalde Julián Muñoz sea condenado a 18 meses de prisión

EFE. 09.12.2007

  • Otros cinco ex ediles están acusados de conceder una licencia para la construcción de 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva de uso público.
  • Pueden ser condenados a ocho años de inhabilitación.
  • El fiscal entiende que el uso era “incompatible” con la autorización concedida.

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El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga juzgará esta semana al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a otros cinco ex ediles por conceder una licencia para la construcción de 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva de uso público en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986.

Julián Muñoz y los cinco ex concejales del Gil, miembros de la comisión de gobierno en 1998, están acusados de un delito contra la ordenación del territorio y el fiscal pide que sean condenados a una pena de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación. En el escrito acusatorio, se solicita la nulidad de la licencia y se destaca que el que fuera alcalde de Marbella Jesús Gil fue inductor del delito.

El ministerio público considera que Muñoz, como alcalde accidental, junto a Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo, aprobaron en marzo de dicho año conceder licencia de obras a las entidades Jotsa y Promotorauno para la construcción de un edificio de 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en San Pedro de Alcántara.

Concesión licencia

La fiscalía malagueña entiende que la licencia se otorgó en función a las instrucciones del entonces alcalde de la localidad, Jesús Gil y con un presupuesto de más de quince millones de euros. Dicho permiso se otorgó “pese a que se autorizaba a edificar en un suelo que de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables -que eran el PGOU del 68- estaba clasificado como zona deportiva de uso público”, calificación de la parcela que luego se mantuvo en el plan de 1986.

Por ello el fiscal entiende que el uso era “incompatible” con la autorización concedida, lo que era “conocido por los acusados”, quienes decidieron, conceder la licencia de obra “sobre la base de su adecuación a las determinaciones de un documento de revisión del planeamiento municipal que el equipo de gobierno estaba llevando a cabo”.

Dicha revisión no había sido aprobado definitivamente por el ente supramunicipal competente, en este caso la Junta de Andalucía. El ministerio público recuerda, como en otros escritos acusatorios, que la Comisión Provincial de Urbanismo denegó en 1998 la aprobación definitiva de dicha revisión promovida por la Corporación municipal.

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CONSTRUCCIÓN: EL BATACAZO EMPEZÓ EN LA COSTA.

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El batacazo empezó en la costa

La costa española fue la primera en sufrir los daños. Las ventas están de capa caída desde hace tres años, pero las cosas se han puesto más difíciles y en 2007 las ventas han caído entre el 30% y el 40%. La oferta supera dos veces la demanda y los precios se desaceleran.

SANDRA LÓPEZ LETÓN – Madrid – 23/11/2007

 Todo empezó en la costa española. La vivienda vacacional de playa ha sido la primera en darse de bruces contra el parón inmobiliario. No este año. “El declive empezó hace tres años”, señala Carlos Smerdou, consejero delegado de Foro Consultores. Pero este escenario “se intensificó a partir del mes de agosto”, puntualiza Miguel Pinto, director de la División de Investigación de Grupo i.

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La situación en la costa española se ha ido poniendo difícil a lo largo de 2007, tanto que las ventas han caído entre un 30% y un 40% con respecto al año anterior, según Smerdou. El litoral está salpicado de miles de promociones en marcha que no han vendido ni una sola vivienda en lo que llevamos de año y hay algunas zonas donde ni siquiera hay visitas, como Castellón o Marbella, según algunos promotores.

Éstos ahora se enfrentan a una demanda inactiva y, lo que es peor, a un inversor que trata de deshacerse casi a “cualquier precio” de las viviendas compradas tiempo atrás. En la vivienda de costa ha habido siempre mucha inversión especulativa, entre un 20% y un 25% del total, indica Pinto.

El inversor, que ahora está compitiendo con el promotor, está bajando los precios, entre un 10% y un 20%, dependiendo de la oferta de la zona, señala el representante de Grupo i. Muchos son británicos, que buscan nuevos destinos con mayores rentabilidades, como Marruecos o Turquía. Por eso, la costa se mide ahora en función de la sobreoferta. “Actualmente, la oferta supera en dos veces la demanda, que este año no alcanzará las 90.000 viviendas”, añade. No hay que olvidar que el 54% de la nueva construcción se concentra en zonas de costa, algo que confiere al sector un carácter desequilibrado, según BBVA. Aunque, Grupo i avisa: “Si no se compra suelo ahora, en el plazo de dos años la oferta se habrá absorbido, habrá demanda y no habrá nuevos proyectos”.

El problema es que el promotor no lo tiene fácil. Los bancos han cerrado el grifo de la financiación para este tipo de proyectos. Su viabilidad está en tela de juicio.

El mercado ha caído en todas las costas, aunque hay promotores que lo niegan. “Nuestras ventas no han bajado, ni en el caso de clientes españoles ni en el de extranjeros. Lo que ocurre es que tenemos que hacer un mayor esfuerzo de comunicación”, dice José Luis Hernández, presidente de Polaris World, la empresa con más viviendas vacacionales en Murcia.

Las playas peor paradas han sido las de la Costa del Sol oriental, con ritmos de venta inferiores al 2% mensual. En el lado opuesto están Girona, Cádiz, Huelva, y Baleares, con un ritmo de ventas próximo al 5% mensual. En el litoral valenciano los ritmos de venta han pasado del 5,8% al mes al 4,2%, o lo que es lo mismo de 17 meses a casi 24. Se trata de destinos muy densificados de la Costa Blanca y del Azahar, con una gran oferta que genera menor poder vendedor. Murcia se ha convertido en un mercado muy castigado, con algún interrogante sobre la viabilidad de su modelo (resorts de golf).

En la Costa del Sol la oferta de vivienda turística se ha frenado y ha habido un retroceso en los precios. Marbella, Mijas y Estepona son las zonas en las que más se está notando el cambio de tendencia, según Aguirre Newman. La costa norte parecía que se iba a librar de la crisis inmobiliaria, pero no ha sido así, porque son mercados que sufrenmás el recorte en las ventas que destinos turísticos más asentados, explica Pinto. La desaceleración se ha notado más en las plazas clásicas y menos en costas emergentes como la lucense. En Asturias, los incrementos de precios han sido bajos, un 2%, pero han sufrido más en la disminución de ventas.

Precios a la baja

Ante esta situación el sector ha empezado a aflojar, aunque no del todo. El precio medio de un piso nuevo en la playa es de 243.132 euros, 443.551 si se trata de una vivienda unifamiliar. La buena noticia es que a lo largo de este año negociar con el promotor el precio de venta ha sido más fácil que nunca. “Los promotores bajan los precios de forma encubierta, mediante regalos o facilidades, como plaza de garaje gratis. O descuentos, que van del 5% al 10%. Si bajas los precios directamente la gente se espera y no compra”, señala Smerdou. Si en 2006 los precios de la vivienda vacacional en costa subieron un 7,5%, para este año se espera que se mantengan alrededor del 3%, calculan en Grupo i. Y con bajadas en algunos litorales.

Algunos promotores han visto las orejas al lobo y no quieren arriesgar. “Cada vez es más frecuente que, una vez edificada, la promoción la coloquen a los fondos de inversión, que suelen destinarlo a alquileres de tiempo compartido”, señala Grupo i. Otra salida es la de vender el terreno con proyecto incluido, “algo que está ocurriendo en toda la costa”, dicen los expertos, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas promotoras. Son éstas las grandes perjudicadas del batacazo de la segunda residencia en la costa. “Las promotoras locales están cerrando porque el mercado ya no justifica su presencia”, indica Pinto. En las grandes hay más cautela.

Sin embargo, las perspectivas ante el año que viene parecen ser mejores. De momento, la inversión extranjera en inmuebles ha crecido un 19,2% hasta mayo. Y los promotores empiezan a comprender que España ya no es un mercado competitivo con respecto a los precios y que deben aportar al cliente un valor añadido que justifique la compra.

El demandante ya no compra si no se tienen en cuenta sus preferencias, sólo entonces el promotor debe elaborar el proyecto y elegir la ubicación, señala Grupo i. Esto es lo que explica que un promotor haya vendido en una feria en Málaga 12 casas en un fin de semana.

Bajo lupa el urbanismo salvaje

El urbanismo salvaje que ha padecido la costa española durante años también parece haber tocado techo. El Gobierno pretende rescatar concesiones y aplicar expropiaciones y derribos a lo largo de mil kilómetros del Mediterráneo para garantizar el acceso del uso público del litoral. Así lo establece la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, que tardará años en aplicarse.

En todas las costas suenan ecos de derribos. En Benidorm, el Ministerio de Medio Ambiente trata de expropiar una parcela donde se levantan dos torres en primera línea de la playa. En el litoral malagueño, el Gobierno prevé demoler cinco urbanizaciones y un hotel en la Costa del Sol. Ahora cientos de propietarios están a la espera de saber qué pasará con sus viviendas.

LA EVASION FISCAL EN EL SECTOR CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ALCANZA LOS CASI 8.600 MILLONES ANUALES.

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La evasión fiscal en el sector constructor e inmobiliario alcanza los casi 8.600 millones anuales

Terra Actualidad – EFE | 16-11-2007 | Sociedad

Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas que encabezan el fraude fiscal en el sector inmobiliario, según datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) calculan que la evasión fiscal en el sector inmobiliario alcanza los 8.600 millones anuales.

Gestha asegura que la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, aprobada hace un año, no ha servido para atajar las dos grandes bolsas de fraude existentes en España: las operaciones de compra-venta hechas por empresas constructoras e inmobiliarias y las actividades de las profesiones liberales.

En una nota de prensa, los Técnicos de Hacienda hacen un balance del primer año de entrada en vigor de la Ley Antifraude y consideran que esta norma ha supuesto un ’paso adelante poco ambicioso’ en la prevención y lucha contra el fraude.

Gestha acusa a Hacienda de controlar ’de forma masiva’ los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados en lugar de centrarse en los principales focos de economía sumergida.

Así, insiste en que los profesionales liberales que trabajan por su cuenta, en ocasiones, defraudan al Fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.

Respecto al fraude inmobiliario insiste en que Ley Antifraude no ha contribuido a frenar las operaciones inmobiliarias especulativas.

Explican que uno de los modos de fraude en este sector consiste en ’dar el pase’, es decir, efectuar sucesivas transmisiones que no llegan a formalizarse en documento público, de manera que el nuevo comprador paga un precio por la cesión de la posición del anterior comprador en un contrato privado que queda oculto a la Hacienda Pública.

Otro de las formas de defraudar consiste en ’obligar’ al adquiriente a declarar en la escritura un precio inferior al pagado, lo que incide directamente en el fraude en todos los impuestos que no soportan el comprador ni el vendedor.

Además, Gestha que la Ley Antifraude no ha solventado las graves deficiencias organizativas que existen en la Agencia Tributaria e impide a los Técnicos de Hacienda investigar a las empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros.

Recuerdan que en la actualidad, el 95,85 por ciento de las compañías asentadas en España con estos ingresos (57.700 empresas) escapan al plan de lucha contra el fraude.

También se refieren a las aduanas españolas y aseguran que no se han reforzado los filtros de control y seguridad, de manera que son auténticos ’coladeros’ de mercancía de todo tipo de productos procedentes de terceros países.

Ante esta situación, Gestha consideran ’prioritario’ que los esfuerzos de la Agencia Tributaria se centren en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, con medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.

Entre estas medidas insisten en habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación.

Gestha estima que con esta medida y un plan eficaz de lucha contra el fraude, el fraude y la economía sumergida en España -que según sus cálculos supera el 23 por ciento del PIB (207.000 millones euros)- se reduciría en diez puntos porcentuales hasta niveles similares a los Francia o Alemania.

Además, para desincentivar la emisión de facturas falsas, los Técnicos de Hacienda proponen reservar el régimen de la estimación objetiva a aquellos empresarios que destinan su actividad exclusivamente al consumidor final.

También sugieren que se consideren transmisiones especulativas de inmuebles todas las que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años con el fin de que tributen como renta general y no al tipo actual del 18 por ciento como si fuera renta del ahorro.

Además, plantea propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial con el fin de detectar los citados ’pases’ y establecer, para las transmisiones de viviendas no terminadas, la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación.

Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen.

Publicado en La Tercera Información.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA PREPARA UN PLAN PARA INVERTIR LA DESTRUCCIÓN DEL LITORAL ESPAÑOL.

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El Gobierno prepara un plan para invertir la destrucción del litoral español

20MINUTOS.ES. 29.10.2007 – 20:18h

  • Ha elaborado una Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa (PDF).
  • El miércoles buscará el consenso de las comunidades Autónomas.
  • Frenar la urbanización y derribar construcciones, dos pilares.
  • Inicialmente, para el Mediterráneo, el Atlántico andaluz y Canarias.

Contra la verdad inconstestable de la urbanización generalizada del litoral español, el Gobierno propone revertir radicalmente el proceso: recuperar la costa donde ya se ha construido.

Desde Ayamonte a Figueres, la franja marítima española muestra cientos de ejemplos del destrozo producido por la construcción masiva que comenzó con los planes de desarrollo turístico en los 60 y que no ha dejado de crecer con el boom inmobiliario de las últimas dos décadas.

La dispersión de competencias entre las instituciones locales, autonómicas y centrales obliga a un pacto para hacer frente a esta situación. El Ministerio de Medio Ambiente planteará este miércoles a las Comunidades Autónomas su ambicioso plan, que no sólo quiere frenar la expansión del hormigón sino incluso demoler parte de lo construido en las costas españolas.

5.000 millones de euros para la costa

La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa (PDF) es el documento de análisis que sirve de partida para esta iniciativa y que precisa de un amplio consenso por parte de todos los agentes, según reconoce el Ministerio.

El 70% de espacios dunares y el 50% de playas necesitan actuaciones de recuperación

“En este primer diagnóstico se pone de manifiesto que el 70% de los espacios dunares, aproximadamente el 50% de nuestras playas y el 32% del resto del espacio costero requieren actuaciones para su recuperación”, apuntó Narbona en la presentación del proyecto.

Según cálculos del departamento de Medio Ambiente, las actuaciones necesarias para evitar el aumento de la ocupación en el litoral y para la restauración de la costa requerirán una inversión cercana a los 5.000 millones de euros, “que suponen menos del 3% de los ingresos que genera el sector turístico en la costa”, sostuvo la Ministra.

Dejar de construir y derribar

El documento base se fija cuatro grandes retos. El primero de ellos es “frenar la ocupación masiva de la franja costera“. La propuesta aspira a frenar el desarrollo urbano de la costa, que “mantiene ratios de crecimiento similares a los existentes hace 10 o 15 años”.

Pero el segundo objetivo es aún más ambicioso: “Recuperar la funcionalidad física y natural del litoral“. Es decir: invertir los desmanes realizados. Derribar no sólo las construcciones ilegales, sino también aquellas que aún estando construidas antes de la aprobación en 1988 de la Ley de Costas están muy cerca de la línea de playa. Puertos, diques y espigones tampoco se libran.

El Gobierno no quiere recurrir a la expropiación, sino negociar con los propietarios

Es el mayor reto, sobre todo teniendo en cuenta que, según señala el diario El País, el Gobierno pretende negociar con los propietarios, en lugar de recurrir a la expropiación, para ganar territorio público protegido. Todo ello con el horizonte del año 2018 a la vista, fecha en la que caduca la concesión que la Ley de Costas daba a las construcciones que ya existían.

El Mediterráneo, Baleares, Canarias, Cádiz y Huelva son los primeros objetivos de esta medida. Pese a que, por ejemplo, en Cantabria haya una veintena de sentencias de demolición, Medio Ambiente considera que el Cantábrico no está tan urbanizado como para requerir actuaciones inmediatas.

Ante el cambio climático

Con estas y otras actuaciones también se intenta “paliar los efectos del cambio climático“, el tercer reto de la Estrategia, de especial incidencia en las zonas costeras por el aumento del nivel de las aguas.

El documento que tendrán sobre sus mesas las Autonomías el próximo miércoles concluye con un cuarto reto: “Cambiar el modelo de gestión de la costa“. Esta aspiración tan abstracta es en realidad un argumento dirigido a los organismos involucrados en esta cuestión: si no se alcanza un amplio consenso, dada la distribución de competencias, la costa seguirá siendo conquistada por el ladrillo y el hormigón. Hasta que se agote.

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CUANDO “CORRER DEPRISA” EN LA CONSTRUCIÓN ES SINÓNIMO DE “FUERTE ESPECULACIÓN”: LOS CASOS DE ASTROC Y LLANERA.

Llanera y Astroc corrieron “muy deprisa”, según Durá

EL PAÍS – Valencia – 12/10/2007

 

Juan Eloy Durá defendió ayer la solidez económica de las compañías de este sector que llevan tiempo en el mercado frente a otras empresas más jóvenes, que han empezado “a correr muy deprisa”, dijo en alusión a las constructoras Astroc y Llanera.

 

 

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El responsable de la federación comentó que “hasta ahora [tanto por parte de los empresarios como de particulares que contaban con ahorros], se invertía en el sector de la construcción porque daba mejor rentabilidad” que otras operaciones, pero señaló que ahora quienes elegían esta opción, “se han ido”. Estimó que “en este momento, la especulación en el sector se ha terminado totalmente” y apuntó que los particulares que invertían en este campo son ahora “competencia directa de los constructores” porque también sacan al mercado sus inmuebles, aunque “a un precio más barato”.

Respecto a las inversiones en suelo llevadas a cabo por empresas constructoras, manifestó que este era el ámbito en el que se producía “una especulación más fuerte”, por encima de las obras realizadas, ya que el suelo se compraba a un precio y poco tiempo después se vendía más caro, incluso “sin estar clasificado”, matizó.

Eloy Durá explicó que “el problema que han tenido algunas empresas es que dentro del balance ponían un precio de suelo como si estuviera ya clasificado”, cuando “realmente no lo tenían” así.

En este sentido, manifestó que hay sociedades que “han invertido mucho, gracias a los créditos que los bancos concedían fácilmente a quien quería entrar en el sector. Ahora se encuentran con una falta de liquidez total” y la negativa de los bancos a renovarles los créditos. Esto es lo que “ha pasado a estas dos empresas en concreto”, agregó Eloy Durá en alusión a Astroc y a Llanera. El presidente de Fevec señaló que hay otras firmas con más solidez y experiencia en el mercado que “no han entrado en esa vorágine de ser número uno”.