Obra de urbanización, obra pública… o eso dice el Tribunal Supremo

Julio Tejedor Bielsa   
19.03.2009
ImageEn el foro urbanístico es frecuente escuchar apasionadas defensas de la tradición urbanística española en forma de junta de compensación. Ese peculiar “tú te lo guisas, tú te lo comes” al que la Administración franco-falangista abocó al urbanismo patrio diciendo aquello de que “si ideal en la empresa urbanística pudiera ser que todo el suelo necesario para la expansión de las poblaciones fuera de propiedad pública, mediante justa adquisición, para ofrecerle, una vez urbanizado, a quienes desearen edificar, la solución, sin embargo, no es viable en España. Requeriría fondos extraordinariamente cuantiosos que no pueden ser desviados de otros objetivos nacionales y causaría graves quebrantos a la propiedad y a la iniciativa privadas”, es todavía hoy la base del actual urbanismo. No parece existir un mundo seguro ni seguridad jurídica fuera de la santa compensación, de la remisión a la propiedad de la gestión, de la presunta privatización de lo público, acaso de lo que en mayor medida merece la consideración de esencialmente público, las ciudades y pueblos.Claro que entonces, acaso como ahora, no eran tiempos de provocar graves quebrantos a la propiedad desde los poderes públicos. El hecho es que el sistema genialmente ideado en aquella época como un auténtico instrumento de dominación social (a más propietarios menos revolucionarios) caló en nuestro país, arraigó firmemente en la mentalidad ciudadana y, desde luego, en la práctica urbanística, hoy en extremo condicionada por esa peculiar privatización de la obra pública que hace ciudad so pretexto de peculiar encomienda legal de su gestión a los propietarios del suelo afectado bajo forma de junta de compensación. ¿Quién no ha querido ser propietario en este país nuestro? Tener mi piso, el lugar en el que vivo, fue aspiración tempranamente asumida por el común de los ciudadanos, por las clases medias emergentes del desarrollismo de los sesenta. De ahí, superada la crisis económica coétanea de nuestra democracia, se pasó a la vivienda como inversión, a la vivienda-acción, activo donde colocar los ahorrillos de toda una vida para obtener una “segura” rentabilidad y, de paso, tener un lugar donde pasar las vacaciones. Hoy, ya lo sabemos, la burbuja, que existía, ha explotado, la vivienda-acción ya no es un activo y los próceres que negaban la existencia del bluff inmobiliario hoy se afanan en afirmar que la vivienad no bajará o, al menos, que no lo hará más de lo que ya lo ha hecho (eso decían hace seis meses, un diez por ciento atrás).Pero dejemos los efectos y volvamos al origen. La obra pública urbanizadora no se convierte en privada porque la ejecute un particular. Las cosas no mutan tan fácilmente su auténtica naturaleza. Recordando la soledad de quienes defendimos que la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de julio de 2001 estaba llamada a tener un notable impacto sobre la hispánica compensación no deja de producir un irónico alborozo la jurisprudencia del Tribunal Supremo plasmada ya en diez sentencias, las de 22 de noviembre de 2006, recurso 3961/2003; 28 de diciembre de 2006 (recurso 4245/2003, sentencia por cierto incorrectamente citada en Sentencias posteriores como Sentencia de 28 de octubre de 2006, que no existe), 27 de marzo de 2007 (recurso 6007/2003), 6 de junio de 2007 (recurso 7376/2003), 27 de diciembre de 2007 (recurso 10/2004), 22 de enero de 2008 (recurso 687/2004), 5 de febrero de 2008 (recurso 714/2004), 27 de febrero de 2008 (recurso 6745/2005), 8 de abril de 2008 (recurso 1231/2004) y 27 de enero de 2009 (recurso 8540/2004, la primera sobre legislación castellano-manchega pues todas las anteriores se refieren a la Comunidad Valenciana).

Lo que ocurre es, sin embargo, que el Tribunal Supremo, como la Comisión Europea, se están pasando de frenada, y mucho. De ignorar la realidad ontológica de la obra urbanizadora, su carácter público sojuzgado tras la apariencia privada de la junta de compensación (que, recuérdese, siempre ha tenido naturaleza administrativa), pasan ahora a afirmar sin paliativos, sin excepciones que salvaguarden al sistema de compensación o a los regímenes de adjudicación preferente a favor de determinado porcentaje de propietarios (que existía en la legislación valenciana anterior a la actual y se mantiene en Castilla-La Mancha), que la obra de urbanización es obra pública y como tal ha de adjudicarse; pasa a sostener categóricamente, que la legislación básica estatal de contratos administrativos está amparada en el título competencial del artículo 149.1.18 de la Constitución, que es normativa prevalente a la urbanística autonómica y que, además, incorpora al derecho interno el propio de la Unión Europea, especialmente la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Lo que el legislador autonómico diga es casi irrelevante, la obra de urbanización es obra pública… y punto (baste atender a lo que afirma el Tribunal Supremo en el fundamento de derecho noveno de su Sentencia de 27 de enero de 2009).

La cosa no parece gustar en España. En unos sitios porque rompe la inoperancia derivada de la fragmentación de la propiedad, que obstaculiza los procesos urbanísticos en perjuicio del interés general y de los ciudadanos. En otros porque rompe la posición de dominio del mercado de los grandes propietarios monopolistas, sean agentes del sector sean familias o casas que, so pretexto de propiedad, legítima pero no absoluta, pretenden patrimonializar cualquier valor público o privado que el territorio pueda tener. En todos porque genera inseguridad hacia el futuro en los equipos técnicos acomodados en una determinada manera de hacer el urbanismo.

Que lejos de nosotros aquella referencia al territorio como patrimonio común de la nación que hace el primer artículo del Código del Urbanismo francés… Qué lejos de nosotros, incluso, la idea misma de nación o, incluso, la noción de lo común.

Borrador 15/01/09 Estrategia Española de Movilidad Sostenible

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Estrategia Movilidad Sostenible

Borrador 15/01/09 Estrategia Española de Movilidad Sostenible

Uno de los retos de las sociedades desarrolladas en materia de movilidad es evolucionar hacia modelos económicos de bajo consumo de carbono y menor consumo energético, haciéndolo con criterios de equidad social y reparto justo de la riqueza. Es, en suma, el reto de la sostenibilidad. Por ello, una movilidad sostenible implica garantizar que nuestros sistemas de transporte respondan a las necesidades económicas, sociales y medioambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas.

El Borrador se somete a participación pública del día 16 de enero de 2009 al 7 de febrero de 2009 inclusive.

Puede participar enviándonos sus  comentarios a estrategiamovilidadsostenible@mma.es

Ver Borrador Ver Borrador (El pdf se abrirá en una ventana nueva)

El último voto del dimitido alcalde popular de Alicante, beneficioso para el “clan Tabarot”

 

 POLÍTICA

El redactor del plan de Urbanismo trabaja también para la inmobiliaria del que fuera imputado por fraude

V.V.

El arquitecto Jesús Quesada Polo, encargado de redactar el Plan de Urbanismo de Alicante por el que votó a favor el ex alcalde popular Luis Díaz Alperi antes de presentar su dimisión, trabajaba también con la inmobiliaria Riviera Coast. La empresa, propiedad de Claude Roch Tabarot, está acusada de estafar a un millar de familias, por un importe de unos sesenta millones de euros. Él mismo reconoció ante el juez la recalificación de un edificio en la ciudad.

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La última decisión de Luis Díaz Alperi antes de presentar su dimisión como alcalde de Alicante a principios de septiembre fue la de votar a favor en un pleno municipal del Plan de Urbanismo propuesto por el arquitecto Jesús Quesada Polo. El plan incluía la construcción –sin licencia- de un edificio de oficinas sobre la parcela del antiguo Liceo Francés (algo que no llegó a ejecutarse) y otro sobre una residencia de ancianos, Jardines del Edén, propiedad del grupo inmobiliario Riviera Coast.

En el Ayuntamiento y en Riviera Coast
Según un reportaje de la revista Interviú la modificación del edificio de esta constructora no fue casual: Quesada Polo trabajaba, además de para el Ayuntamiento popular, para Riviera Coast a través de su propia empresa, Laboratorio de Proyectos SL.

Por valor de 20 millones
El propietario de la inmobiliaria, Claude Roch Tabarot, reconoció tras ser detenido en septiembre el pelotazo que se avecinaba: “Tenemos como activo un edificio en Alicante que vale 20 millones de euros, y esperamos ponerlo en el Plan General, que se está tramitando normalmente. Esperamos poder utilizarlo como alquiler de despachos en los meses que vienen”, le dijo al juez, según Interviú.

Edificios “blanqueados”
Y es que la empresa de Tabarot está acusada de haber estafado unos 60 millones de euros a unas mil familias de la región. Según declaró el abogado de los afectados, José Luis Escobar, “Tabarot sabía con antelación que sus edificios ilegales iban a ser ‘blanqueados’ y recalificados en el Plan General un mes después porque el arquitecto del Ayuntamiento y de su empresa era el mismo”.

“Información privilegiada”
Algo similar sostiene la edil socialista Loles Fernández, quien corroboró que Quesada trabajaba tanto para el Ayuntamiento como para Riviera Coast y reconoció que por ello “Tabarot sabía que sus terrenos iban a ser recalificados, poseía información privilegiada”.

Jornadas de presentación del proyecto CINC_VLC.

Los próximos días 22 y 23 de octubre de 2008, organizadas por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, tendrán lugar las jornadas Ciudad e Innovación: el proyecto CINC_VLC en la sede de la Fundación ADEIT Universidad-Empresa.

Estas jornadas tienen el objetivo de analizar las tendencias contemporáneas de planificación estratégica para la generación de entornos urbanos de alta calidad arquitectónica, paisajística y ambiental en los que satisfacer las necesidades de localización y relacionales de empresas innovadoras, centros y laboratorios de investigación y clases creativas. Las jornadas también pretenden servir como marco de presentación del proyecto CINC_VLC, Cluster de la Innovació i la Creativitat, València.

Enlace: http://cincvlc.wordpress.com/2008/09/25/hello-world/

e-mail: cinc.vlc@gmail.com

 


Urbanismo de la Generalitat Valenciana y la Unión Europea: Algo huele mal, señor Camps.

La CE sospecha que empresas creadas por el Instituto Valenciano de la Vivienda y Actuaciones Urbanas de Valencia ganaron contratos sin respetar las disposiciones comunitarias sobre publicidad e igualdad de trato.

EFE La Comisión Europea amenazó hoy con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si no aclara las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos por parte de dos empresas públicas valencianas.

En un “dictamen motivado” -el segundo paso del proceso de infracción comunitario, previo a la denuncia ante la corte de Luxemburgo-, Bruselas pide a Madrid información sobre los contratos públicos concedidos a varias sociedades mixtas creadas por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y la empresa Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA).

Bruselas sospecha que, en algunos casos, las empresas creadas por estos dos entes públicos ganaron contratos sin respetar las disposiciones comunitarias sobre publicidad e igualdad de trato.

Si Madrid no responde de manera satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar el caso al Tribunal de la UE.

El Instituto Valenciano de Vivienda -que controla la Generalitat valenciana- y AUMSA -del Ayuntamiento de Valencia- desarrollan, entre otras actividades, estudios urbanísticos y trabajos de infraestructura y de gestión de la actividad urbanística, incluida la rehabilitación y promoción de viviendas sociales.

En un comunicado, la Comisión explica que han creado sociedades mixtas con accionistas privados, cuyo objeto social es la realización de tareas similares a las citadas (estudios, trabajos de infraestructura, proyectos de reparcelación o de expropiación, adquisición de terrenos y edificios, etc).

Bruselas cree que, al adjudicar contratos a estas nuevas entidades, IVVSA y AUMSA no respetaron las disposiciones de las directivas sobre contratación pública, en particular en materia de publicidad, ni el principio de igualdad de trato recogido en el Tratado.

 

Los vecinos de L’Alfàs se movilizan para evitar 10.000 nuevas viviendas

ARTURO RUIZ – Dénia – 19/08/2008

Vecinos de l’Alfàs del Pi, en La Marina Baixa, plantearon ayer una auténtica demostración de fuerza frente al hormigón indiscriminado al celebrar la primera Conferencia Europea sobre Abusos Urbanísticos, que propuso fórmulas para defender a los propietarios de los excesos de los planes parciales y de las implacables previsiones de crecimiento de esta población, donde hay planificadas 10.000 nuevas viviendas sobre 4 millones de metros cuadrados.

La noticia en otros webs

La conferencia, organizada por la Asociación de Vecinos de l’Alfàs, reunió a representantes de las embajadas de Reino Unido, Noruega y Holanda, ya que muchos de los afectados por estos nuevos planes urbanísticos son residentes extranjeros. También acudió la cúpula del colectivo Abusos Urbanísticos No, con una fuerte implantación en La Marina Alta y La Vega Baja, así como asociaciones vecinales de La Nucia y Altea, Ecologistas en Acción y profesores de la Universidad de Alicante.

Ante centenares de personas, los conferenciantes abogaron por seguir los postulados de la denominada doctrina Parcent. Allí la asociación de vecinos logró hace un año frenar tres planes parciales con más de 2.000 nuevas viviendas impulsadas por el anterior gobierno local del PP a través de dos mecanismos: denuncias ante las principales instituciones europeas y una fuerte movilización social.

La doctrina Parcent se hizo famosa en toda Europa y ahora los vecinos de l’Alfàs pretenden seguir el mismo camino para evitar que en poco tiempo este municipio duplique su población, al pasar de sus actuales 29.000 habitantes a casi 70.000. El presidente del colectivo, Marco Perotti, aseveró que la nueva ley urbanística valenciana (LUV) “no ha frenado los abusos y atropellos a los propietarios y permite además la violación de la actual legislación de la UE”. Y añadió que “residentes europeos que llevan aquí viviendo treinta años se ven obligados a ceder el 40% de sus propiedades y a pagar por ello por culpa de planes parciales como el del PAI de la Serra (que prevé 2.000 nuevas casas) sin que reciban ningún auxilio por parte de la Administración”. Para poner fin a esta situación, preparan denuncias contra el gobierno local de l’Alfàs ante los juzgados españoles y ante los principales organismos de Bruselas y Estrasburgo. También ha recogido 887 firmas contra los abusos urbanísticos y han iniciado, con la celebración de la conferencia de ayer, un amplio programa de movilizaciones sociales en defensa del desarrollo sostenible.

LA PRENSA BRITÁNICA PONE A CALDO LA NEFASTA POLÍTICA URBANÍSTICA DE FRANCISCO CAMPS(PP): LA VINCULA CON LA CORRUPCIÓN Y LA CALIFICA DE “CAPRICHOSA” CON FRAUDES Y ESTAFAS PARA MILES DE DAMNIFICADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS…

martes, 19 agosto 2008

Los británicos que compraron propiedades en la Comunitat están siendo víctimas de un “régimen urbanístico notoriamente corrupto y caprichoso”, se leía en el artículo a cinco columnas del Daily Telegraph con el que el rotativo inglés abrió su sección de revista de fin de semana. El reportaje, un extenso informe sobre los efectos de la crisis crediticia en la construcción de la Costa Blanca, aparecía mencionado en primera página. Informa Victoria Jiménez, en Levantre-EMV.

Bajo el titular de “Sueños que se derrumban al sol“, el periódico con mayor número de lectores en el Reino Unido -supera los 900.000 ejemplares diarios- exponía el drama de miles de sus conciudadanos, que han visto evaporarse la esperanza de un plácido retiro: “la corrupción y la crisis inmobiliaria les ha dejado sin sus ahorros y, en muchos casos, sin su casa”. Así, el Daily Telegraph relataba el caso del Albatera Golf & Country Club, una promoción de 1.500 viviendas bungalow que “nunca se construirán”. Cerca de un millar de británicos desembolsaron en 2005 depósitos por valor de 100.300 euros, pero desde entonces no han podido visitar más que cuatro chalets piloto. “Como otras muchas urbanizaciones a lo largo de la Costa Blanca”, se asegura en el artículo, “los terrenos yacen sin actividad, sin agua ni electricidad, y sin perspectivas de futuro”.

La promotora de Albatera Club, San José Inversiones, presentó la quiebra en mayo al no haber conseguido ampliar su capital en 26 millones de euros para continuar con las obras. A juicio de Gwilym Rhys-Jones, investigador financiero afincado en Alicante, situaciones similares se dan “no sólo con pequeñas firmas sino incluso con constructoras de gran volumen, que han aceptado depósitos para viviendas a sabiendas de no disponer de financiación suficiente”.

Proyecto ilegales. El diario conservador indicó que el desplome de los precios de la nueva vivienda, junto al recorte de los créditos a las constructoras por parte de los bancos, ha dejado al descubierto a “una gran cantidad de proyectos que no tenían ni siquiera permiso del gobierno [de la Generalitat], pero que han contado con el visto bueno de alcaldes corruptos: la costa está superpoblada de este tipo de urbanizaciones”.
Fuentes del Colegio británico de Inspectores de la Propiedad han señalado a Levante-EMV que “con las cifras oficiales en la mano, se ha construído tanta vivienda que incluso con un mercado en condiciones normales hubieran originado una burbuja de precios”.El autor del reportaje, Neil Tweedie, escribió en el Telegraph que la planificación de las autoridades autonómicas ha posibilitado “el nacimiento de un desarrollo que ya ha desfigurado, físicamente, las líneas de la costa mediterránea del país”.

Corrupción y sobreexplotación del territorio. Con el artículo Sueños que se derrumban al sol, el Daily Telegraph ha seguido la estela de otros periódicos nacionales publicados desde Londres, que han denunciado el aparente caos del sector inmobiliario valenciano. Apenas hace una semana, The Independent afirmó: “Lo que una vez fue el mercado más potente de la segunda vivienda en Europa, ha sufrido el mayor ‘crash’ del momento, por culpa de la corrupción y la sobreexplotación del territorio”. The Independent, que tiene una circulación aproximada de 234.000 ejemplares, cree que “nadie está seguro de lo que pasará en el futuro”.

“Las inmobiliarias te mienten”. Por su parte, el diario progresista y más cercano al gobierno, “he Guardian con 380.000 ejemplares, ha publicado las historias de varios jubilados británicos que quisieran volver al Reino Unido pero no les llega con la venta de sus actuales propiedades en Torrevieja para costear el traslado: “El valor de nuestras viviendas es bastante inferior al que tuvimos que pagar por ellas”, se duele Gavin Brown, uno de los afectados, “pero los agentes inmobiliarios aquí te mienten con tal de conseguir salirse con la suya”. Sin embargo, no todas las voces son tan pesimistas. Derek Bliney, de Link Estates, confía en la renovación del éxito de la Costa Blanca: “Todos los buenos motivos por los que los europeos del norte han escogido esta área continuan siendo válidos. Tenemos un clima estupendo, las playas son bellísimas, y las conexiones vía aérea han mejorado”. Otros, como Inés Riz, de Direct Auctions, ven además un período de ocasiones para aprovechar. Según Riz, los bancos se están incorporando al mercado de subastas para “deshacerse de las pérdidas que les traen los impagos de las constructoras”.

Las ‘slow cities’ abanderan la utopía del decrecimiento

TENDENCIAS ‘BIO’

Estos municipios buscan el bienestar de sus vecinos primando la calidad de vida frente a la rapidez de las grandes urbes

Pese a que la mayoría de la sociedad se muestra escéptica con teorías económicas como la de Nicholas Georgescu-Roegen, existen grupos que no ven en el cambio de los valores del capitalismo una utopía.

Éste es el caso de las llamadas slow cities, que se encuentran dentro de un movimiento nacido en Italia en 1999 al que diferentes municipios de ese país, Inglaterra y España se están sumando. Las ciudades cittá slow buscan el bienestar de sus vecinos atendiendo a principios alejados de los ritmos habituales de las grandes urbes, en las que prima la rapidez a la calidad de vida entre sus habitantes.

Para conseguir este distintivo, el municipio, entre otras cosas, debe tener una población de menos de 50.000 habitantes, no ser capital de provincia y conservar el casco antiguo cerrado al tráfico. Además, debe cumplir con una serie de requisitos de carácter legislativo, medioambiental y turístico.

Comer bien, disfrutar del silencio, respetar las tradiciones, el patrimonio y el medio ambiente son algunas de las directrices que siguen los ciudadanos que viven en lugares como Begur, Pals y Palafrugell, en la provincia de Girona, los de Mugía, en Vizcaya, y los de Pozo Alcón, en Jaén, y Nigüelas, en Almería.

Cooperativas

En las ciudades también existen iniciativas sociales que buscan cambiar algunos planteamientos capitalistas, como ocurre con las cooperativas de consumidores.

Estos grupos están comprometidos con una alimentación más sana y una producción agraria sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Las cooperativas de consumidores defienden que la acción económica parta del núcleo local, y entienden el crecimiento como un incremento de las relaciones en redes sociales, y no como un beneficio económico. También buscan favorecer el acercamiento entre el mundo rural y el urbano implicando a campesinos, distribuidores y a los mismos consumidores. Su funcionamiento suele consistir en dividir la producción de verduras y hortalizas de la temporada en partes iguales que se reparten entre los socios.

En Valladolid se encuentra la cooperativa Bajo el asfalto está la huerta (http://bah.ourproject.org), que fomenta la relación directa entre productores y consumidores. Y en Catalunya, desde la década de los 80 funciona Ecoconsum (http://www.ecoconsum.org), que agrupa a tres cooperativas y varias asociaciones de consumidores.

LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA SE REUNE HOY EN SU III ASAMBLEA PARA RATIFICAR EL MANIFIESTO DE KURSSAAL EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, inaugura hoy, en San Sebastián, la tercera Asamblea de la red española de ciudades por el clima, que concluirá mañana. Con anterioridad, está previsto que la ministra visite la exposición “La pasarela ecológica de Monpás” en el Victoria Eugenia y asista a la firma del manifiesto de ciudades por el clima en el Kursaal. De este modo, Odón Elorza logra otro respaldo a su apuesta por la pasarela de Monpás, que tiene el apoyo del Gobierno central y sufre las reticencias del departamento vasco de Medio Ambiente.

Conflicto Ambiental. Curiosamente, este acto coincidirá con la presencia de la consejera vasca de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, en San Sebastián, donde inaugurará la segunda edición del Seminario del Conflicto Ambiental. La III Asamblea de Ciudades es el foro ideal para conocer y debatir el Pacto de los Alcaldes y otras iniciativas de lucha contra el cambio climático a nivel local que ha puesto en marcha la Unión Europa en el campo de la energía, así como para convocar los II Premios a las Buenas Prácticas Locales por el Clima.

Energía y movilidad sostenibles. La jornada matinal de la asamblea de la red española de ciudades por el clima cuenta con la participación de su presidente, el ex ministro Abel Caballero, además de Pedro Castro, máximo responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por la tarde, se verán varias ponencias, entre ellas la del propio alcalde donsotiarra, Odón Elorza, que hablará sobre el “Plan de lucha contra el cambio climático de San Sebastián” presentado a principios de este año. La jornada técnica de mañana, abierta al público, permitirá conocer las experiencias para alcanzar un modelo de gestión de energía y movilidad sostenibles.

Cuesta reclama a los populares que apliquen la política de “tolerancia cero”.

 

POLÍTICA

Los socialistas imputados por corrupción se ganan la expulsión inmediata, no así en el PP

V. VADILLO

Nada más conocerse la detención del alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, y otros seis ediles de la localidad por un presunto delito de corrupción urbanística, el PSOE ha reaccionado expulsando del partido al mandatario. La inmediatez de esta medida choca con la actitud que viene manteniendo el PP en municipios donde dirigentes de sus filas están también siendo juzgados por asuntos relativos a la corrupción urbanística, algo que ha criticado el secretario de política municipal del PSOE, Álvaro Cuesta.

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Pocas horas después de que comenzara la investigación policial en Estepona contra su alcalde, el socialista Antonio Barrientos, y otros seis concejales presuntamente implicados en una trama de corrupción urbanística, la Ejecutiva regional del PSOE ha iniciado los trámites para la expulsión de Barrientos y de cualquier otro implicado en el caso. Así lo ha confirmado el secretario de Política Municipal socialista, Álvaro Cuesta, quien apuntó que “el PSOE tiene una doctrina de tolerancia cero contra la corrupción” y que, por ello, “siempre ha actuado y actuará con la misma contundencia en los casos en que se han visto implicados militantes del partido”.

Castigos a los socialistas
Este castigo inmediato se ha repetido en otros municipios en los que ediles socialistas se han visto implicados en delitos relacionados con el urbanismo, como en Ciempozuelos (Madrid), donde se apartó del partido a su alcalde, implicado en un presunto delito de cobro de comisiones ilegales. Lo mismo ocurrió en el caso del alcalde de Carral (Alicante), que fue expulsado de las filas socialistas al saberse que permitió en el municipio la construcción irregular.

La actitud del PP
Sin embargo, tal como destacó Cuesta, la actitud mantenida por el PP en los asuntos relacionados con la corrupción urbanística dista mucho de esta: las filas populares acogen entre sus cargos públicos a decenas de imputados por escándalos urbanísticos en toda España. Uno de los casos más llamativos es, por ejemplo, el de el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contra quien hay abiertos varios procesos judiciales.

Fabra, absuelto por las urnas
Pese a estar imputado como presunto autor de delitos de tráfico de influencias, fraude fiscal y falsedad documental, mantiene todos sus cargos en el PP de Castellón y ha recibido en todo momento el apoyo de la dirección nacional de la formación, hasta el punto de haber dirigido en las pasadas elecciones la campaña del partido en su provincia. Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, en las que el PP castellonense consiguió mejorar sus resultados, el político aseguró que los electores le había “absuelto con sobresaliente cum laude

El caso de Totana
Además, el PP mantiene al frente de varios Ayuntamientos a dirigentes que, de uno u otro modo, están siendo investigados por la justicia. Así ocurrió recientemente en Totana (Murcia), donde su alcalde, José Martínez Andreo, fue detenido en 2007 por el presunto pago de comisiones millonarias ilegales. El dirigente continúa a día de hoy siendo alcalde con el respaldo de los populares.

Otros Ayuntamientos populares
Esta situación se repite en otros municipios como Telde (Gran Canaria), cuyo alcalde no dimitirá ni será expulsado pese a que varios miembros de su equipo están implicados en una red de cobro de comisiones ilegales. En Orihuela (Alicante), el alcalde popular continúa dirigiendo el Ayuntamiento, aunque reconoció ante el juez que benefició a un promotor, y tiene otras quince denuncias abiertas relacionadas con el urbanismo. Torrevieja (Alicante) es otro ejemplo: su alcalde sigue en su cargo, y se presentó a las municipales de 2007 aunque en ese momento estaba imputado por varios delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Alcaldes imputados
En este sentido, Cuesta exigió “que el Partido Popular explique a todos los ciudadanos por qué no actúa con la misma contundencia contra los casos de corrupción surgidos en sus filas”. En los dos últimos años, seis alcaldes populares (los de Telde, Andratx, Alhaurín el Grande, Mogán, Totana y Torre Pacheco) han sido detenidos por casos de corrupción.

Ayuntamiento de Mogán, corrupción al por mayor.

 

 

 

 POLÍTICA

Delitos económicos, fraude electoral, trato de favor…

El Ayuntamiento popular de Mogán practicaba todas las modalidades de corrupción

ELPLURAL.COM

La investigación de la trama de corrupción descubierta en Mogán ha sacado a la luz todas las modalidades de corrupción que se practicaban en dicho ayuntamiento canario, gobernado por el PP. Su alcalde, Francisco González, permanece en su cargo pese a estar imputado. El País ha difundido el contenido de varias llamadas que demuestran los tejemanejes del alcalde y su edil Onalia Nieto.

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El alcalde pactó con Nieto crear una sociedad a nombre del padre de la segunda. “Nos hacemos una sociedad, a tu padre lo ponemos y tal, nada más que para la compra y el año que viene pues lo quitamos de eso…y nos ponemos nosotros”, expuso González, lo que aprobó su edil con un “vale, vale”.

Tráfico de influencias
González habla con Marcelino Martín, jefe del departamento técnico y responsable de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Éste le comunica que una inmobiliaria le ha solicitado mayor edificabilidad sin más precisión. “No se justifica la petición. No dicen ni por qué, ni cuánto, ni cómo”. El alcalde concluye: “Esto es de un diputado del PP que me está llamando; se lo haces”

Trato de favor
El empresario Luis Perdomo le expresa su temor por unas sanciones contra sus obras, y el alcalde le tranquiliza: “Las paré todas (…) Está todo parado y bloqueado. No te preocupes”.

Fraude electoral
Los ediles populares son también autores de un presunto fraude electoral, tanto mediante empadronamientos masivos como con la compra de votos. La concejal Nieto se lo exponía así a una funcionaria: “Los voy a derivar a ti, empadronar gente que son de otros municipios, pero que me interesa que voten, que van a llevar un contratillo de nada que les estoy haciendo yo”. También contrataba a gente si le aseguraban que eso reportaría un puñado de votos.

Votos a 30 euros
El fraude consiste en alojar y empadronar a foráneos durante un fin de semana en los apartamentos que maneja para votar al PP a costa de ayudas económicas a personas necesitadas, especialmente inmigrantes. Dos colaboradores de Nieto [May y Armando] conversan sobre el precio del voto.

Armando: Sí, pero el problema es de cuántos votos estamos hablando.

May: No, tú dime a cuánto está el voto y yo te digo cuántos tenemos.

Armando: Ponle de 20 a 30 euros.

May: ¿Entonces puedes conseguir por 30 euros cada voto?

Armando: Sí.