UN FUNCIONARIO DESTRUYE DOCUMENTOS DEL CASO GUATEQUE”

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POLÍTICA

El futuro de la emisión de las licencias municipales, en suspenso

Un funcionario destruye documentos del caso Guateque

ELPLURAL.COM

Documentos destruidos. Ése es el resultado de la operación que supuestamente ha llevado a cabo un funcionario del Ayuntamiento de Madrid, José Antonio Jodar, con el fin de dificultar las investigaciones sobre el caso Guateque. Jodar fue sorprendido el pasado mes de enero en las oficinas de la Gerencia de Urbanismo, manipulando los expedientes. Esto, unido a que Jodar está en libertad provisional y que desde el pasado mes de enero hayan desaparecido varios documentos de la Gerencia de Urbanismo, donde trabaja, hizo sospechar al Ayuntamiento, tal y como informa El País.

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José Antonio Jodar es uno de los funcionarios imputados por el caso Guateque, y presuntamente se llevó varios expedientes relacionados con el caso de la Gerencia de Urbanismo. Uno de los expedientes desaparecidos tiene que ver con la modificación de una licencia a favor de una empresa de la calle Pez, según la cual en el ático de un edificio se habrían construido cuatro viviendas en vez de las dos permitidas.

Reconstrucción de los hechos
Jodar acudió a la Gerencia de Urbanismo el pasado 25 de enero, por lo que el Ayuntamiento ha decidido abrirle un expediente sancionador como medida cautelar. Y es que la presencia del funcionario un viernes por la tarde, así como el que Jodar esté en libertad condicional provisional y que desde entonces hayan desaparecido varios expedientes, hizo sospechar a Urbanismo que Jodar “ha destruido documentación”.

Funcionarios imputados y alejamiento del puesto
Urbanismo decidió denunciar los hechos el pasado 28 de enero, por lo que se le apartó de su puesto de trabajo desde el día siguiente en que le fue notificado el cese. La presunción de inocencia impide al Ayuntamiento, por el momento, evitar que cualquiera de los funcionarios imputados vuelvan a sus puestos de trabajo.

Aceleración de licencias y COAM
Por otra parte, el Ayuntamiento se ha negado a que el Colegio de Arquitectos asuma la emisión de las licencias de obras. Paloma Sobrini, decana del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), mostró la disposición de su colegio para poner en marcha en 2008 una oficina que informara de los proyectos arquitectónicos de obras, remodelaciones o rehabilitaciones presentadas a los ayuntamientos. De este modo se pretendía acelerar la emisión de licencias.

“Evitar responsabilidades”
Pero finalmente el Ayuntamiento ha mostrado su rechazo a la fórmula propuesta por el COAM. Los arquitectos querían, entre otras cuestiones, evitar las “responsabilidades derivadas de sus propios dictámenes al respecto”. Sin embargo, Sobrini aseguró en una rueda de prensa que el Ayuntamiento staba “encantado” con la oficina colegial. Algo que ahora queda desmentido por la actitud consistorial.

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José Antonio Jodar es uno de los funcionarios imputados por el caso Guateque, y presuntamente se llevó varios expedientes relacionados con el caso de la Gerencia de Urbanismo. Uno de los expedientes desaparecidos tiene que ver con la modificación de una licencia a favor de una empresa de la calle Pez, según la cual en el ático de un edificio se habrían construido cuatro viviendas en vez de las dos permitidas.

Reconstrucción de los hechos
Jodar acudió a la Gerencia de Urbanismo el pasado 25 de enero, por lo que el Ayuntamiento ha decidido abrirle un expediente sancionador como medida cautelar. Y es que la presencia del funcionario un viernes por la tarde, así como el que Jodar esté en libertad condicional provisional y que desde entonces hayan desaparecido varios expedientes, hizo sospechar a Urbanismo que Jodar “ha destruido documentación”.

Funcionarios imputados y alejamiento del puesto
Urbanismo decidió denunciar los hechos el pasado 28 de enero, por lo que se le apartó de su puesto de trabajo desde el día siguiente en que le fue notificado el cese. La presunción de inocencia impide al Ayuntamiento, por el momento, evitar que cualquiera de los funcionarios imputados vuelvan a sus puestos de trabajo.

Aceleración de licencias y COAM
Por otra parte, el Ayuntamiento se ha negado a que el Colegio de Arquitectos asuma la emisión de las licencias de obras. Paloma Sobrini, decana del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), mostró la disposición de su colegio para poner en marcha en 2008 una oficina que informara de los proyectos arquitectónicos de obras, remodelaciones o rehabilitaciones presentadas a los ayuntamientos. De este modo se pretendía acelerar la emisión de licencias.

“Evitar responsabilidades”
Pero finalmente el Ayuntamiento ha mostrado su rechazo a la fórmula propuesta por el COAM. Los arquitectos querían, entre otras cuestiones, evitar las “responsabilidades derivadas de sus propios dictámenes al respecto”. Sin embargo, Sobrini aseguró en una rueda de prensa que el Ayuntamiento staba “encantado” con la oficina colegial. Algo que ahora queda desmentido por la actitud consistorial.

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OPERACION GUATEQUE: VICTORIANO CEBALLOS DECLARA QUE SE HAN ADELANTADO LOS EXPEDIENTES QUE DECÍAN LOS POLÍTICOS.

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Victoriano Ceballos: “Sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos”

AGENCIAS. 04.02.2008

  • El presunto cabecilla de Guateque declaró hoy en Plaza de Castilla.
  • Mantuvo un careo con su ex jefe, Joaquín Fernández de Castro.
  • “Es normal que se adelanten los expedientes”, dijo.

El presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid destapada por el caso Guateque , Victoriano Ceballos, rompió hoy su silencio y aseguró que en la Concejalía de Medio Ambiente “sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos que se adelantaran”.

Si tuviera dinero no tendría a mi hijo poniendo bordillos en la calle desde las 9 hasta las 19 horas”.

“El concejal se lo pedía al director general; el director general a Joaquín (Fernández de Castro, jefe de Departamento de Evaluación Ambiental) y Joaquín a mí”, dijo Ceballos . En los pasillos de los juzgado de Plaza de Castilla, donde acudió convocado por el juez Santiago Torres , Ceballos habló abiertamente con los periodistas sobre las prácticas que se desarrollaban en el Ayuntamiento para la concesión de licencias.Así, explicó que las recomendaciones eran un mecanismo habitual. “Es normal que se adelanten expedientes, eso es normal. La cadena de mando funciona así, preguntádselo a los políticos. Ese poder no lo tenemos los funcionarios”, apuntó al tiempo que señaló que otra de las vías era que “gente pesada” iba a hablar con el director general para “llorarle”.

“Eso era efectivo. De hecho, a veces mandaban que se saltaran los trámites de otros expedientes que iban antes”, apuntó. En cualquier caso, “estoy tranquilo porque no hay nada de lo que se dice“, dijo. “Si tuviera dinero no tendría a mi hijo poniendo bordillos en la calle desde las 9 hasta las 19 horas”, indicó Ceballos, al tiempo que dijo irónicamente, , restando importancia a la investigación: “Soy un corrupto de 3.000 euros”.

Por otra parte, Ceballos criticó que el Ayuntamiento no les haya defendido. “Nos ha dejado solos, y suspendidos de empleo y sueldo “, insistió.

ELECCIONES GENERALES 9-M LA LARGA MANO DEL FABRA FABRONE.

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POLÍTICA

 25/01/2008

La hija de Fabra podría abrirle la puerta del Senado

El ex alcalde de Burriana, de imputado a aforado

ELPLURAL.COM

Muchos han sido los movimientos protagonizados por el Partido Popular de Valencia a la hora de cerrar sus listas electorales. Pero uno de los más destacados es sin duda el de presentar a Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra, como candidata al Congreso. Andrea Fabra deja de este modo un puesto libre en el Senado, al que ahora optará el ex alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, implicado en varios casos de corrupción urbanística, tal y como recoge hoy El País. Y si Ferrada se convierte en senador, gozará de la inmunidad legal propia de su nuevo cargo.

Ferrada es, además, uno de los hombres de Carlos Fabra. Y eso, en una comunidad autónoma azotada por la lucha interna de los populares, es de importancia para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Camps es el adversario político del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que tal y como ya informó El Plural ha perdido la batalla para presentarse como cabeza de lista al Congreso por Valencia.

Presiones
La unión de Fabra y Ferrada ha favorecido el que este último opte a ocupar un cargo en el Senado. Y eso pese a que Ferrada no ha vuelto a presentarse a las elecciones municipales para optar al cargo de alcalde de Burriana, supuestamente por presiones de su popio partido, que veían en los casos de corrupción urbanística en los que se ha visto implicado un obstáculo para obtener el poder en la localidad valenciana.

Información privilegiada
Las polémicas de corrupción urbanística se saldaron con una imputación, después de que el PSOE valenciano presentase una querella contra Ferrada, apoyados por algunos de los afectados por las decisiones urbanísticas del ex alcalde. Según esta querella, el PP mantuvo un año sin tramitar un programa presentado por una constructora local, mientras otras tres empresas empezaron a comprar terrenos en la misma zona sobre la que hablaba dicho programa. Esta zona sería poco después recalificada por el Ayuntamiento. Según los querellantes dichas empresas tuvieron “sin lugar a dudas” información privilegiada.

Programa
Pero la polémica no acaba aquí. Pese al programa presentado por la constructora local, el PP adjudicó dicho programa a una de las tres empresas que habían protagonizado la adquisición de terrenos con supuesta información privilegiada en la mano. Ferrada fue quien tomó esta decisión, y para justificarla contrató un informe jurídico que le avalara. Pero precisamente por esta decisión ha sido imputado por presunta prevaricación, malversación, cohecho y delitos contra los recursos naturales y la ordenación del territorio.

Andorra
Ferrada ya ha declarado ante el juez, admitiendo que tanto su suegro como su esposa tienen cuentas en un paraíso fiscal: Andorra. El popular aspirante a senador justificó estas cuentas sosteniendo que  posee propiedades en dicho país. Sin embargo, y pese a la trama en la que Ferrada parece estar implicado, el PP ha decidido presentarle a las próximas elecciones generales como senador por Valencia. Con la inmunidad legal que ese puesto conlleva.

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42.

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martes, 08 enero 2008

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42, EN EL QUE MURIERON 62 MILITARES ESPAÑOLES CUANDO REGRESABAN DE TURQUÍA EN MAYO DE 2003, SIENDO MINISTRO DE DEFENSA FEDERICO TRILLO

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido hoy a la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene reabrir la parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42 -en el que fallecieron 62 militares en Turquía el 26 de mayo de 2003- relativa a la contratación del avión. Cuando se produjo el accidente era ministro de Defensa, Federico Trillo, del Partido Popular. Ahora Trillo es diputado nacional del PP y, posiblemente, sea cabeza de lista del partido conservador por Alicante en las próximas elecciones del 9 de marzo.

Grande-Marlaska había sobreseído el caso. El fiscal Zaragoza pidió hoy que se reabra el caso, teniendo en cuenta los recursos de apelación que interpusieron los familiares de los militares fallecidos, contra el auto en el que juez Fernando Grande-Marlaska sobreseyó el pasado 1 de junio esta parte del procedimiento ante “la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español”. El fiscal, que no recurrió en su día este archivo, optó hoy por apoyar los recursos de las acusaciones particulares al considerar que “las víctimas, los familiares, los militares muertos, merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este tribunal ordenando una investigación”, investigación que cree que hasta ahora ha sido insuficiente.

La responsabilidad del ministerio de Defensa. Zaragoza recordó que esta misma Sala, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, ya ordenó, el 15 de julio de 2003, al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, del que ahora es titular Grande-Marlaska y del que en esa fecha lo era Teresa Palacios, que “era preciso instruir diligencias para investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa” en estos hechos. Según Zaragoza, existen elementos suficientes para volver a ordenar que se haga una investigación porque, hasta ahora, el juez instructor “ha cercenado” la práctica de las diligencias que se le han pedido.

Ni una sola diligencia. En este sentido criticó que Grande-Marlaska, en un año que lleva al frente del juzgado, no ha “practicado una sola diligencia para investigar” el accidente, y consideró que no debió acordar el sobreseimiento libre “cuando existe un hecho delictivo, como reconoce el propio juez en su auto”. En su auto, el juez aseguraba que el avión era “apto para volar” y atribuía el siniestro a la “falta de preparación” de la tripulación, que también falleció en el accidente.

Mucho por  esclarecer. “Si el piloto es culpable, no se puede ordenar el archivo”, indicó Zaragoza, criticando que con esta decisión se dejan de investigar “muchas circunstancias”, como la “falta de preparación de la tripulación”, que no funcionara “el control de voz de la cabina”, que la “carga de combustible fuera insuficiente”, que la compañía a la que se contrató el vuelo “no tuviera licencia comercial”, o que “el avión no tuviera la documentación para aterrizar en España”.

El personal de vuelo embriago. “El personal estaba embriagado, no funcionaba la caja negra…”, prosiguió Zaragoza al insistir en que se dan los elementos “suficientes para hacer una investigación”, porque “¿se imaginan si esto hubiera ocurrido en un vuelo comercial? Se hubiera investigado hasta al apuntador”, sentenció. Las acusaciones particulares que recurrieron el archivo, y que culpan a Defensa de lo ocurrido, expusieron por su parte los mismos argumentos que el fiscal y criticaron que el juez mantuviera que la contratación del vuelo (hecha a través de una agencia de la OTAN llamada NAMSA que luego subcontrató el transporte a la compañía ucraniana Um Air) fue por medio de un contrato privado.

El ministerio de Defensa, al corriente de la contratación del vuelo. “En ningún caso puede ser privado, ya que el Ministerio estaba al tanto de la contratación y subcontratación del vuelo”, manifestaron los abogados de la acusación, que denunciaron además que Defensa consignara un pago de 149.000 dólares por el vuelo pero luego realmente se pagaran por él 41.000 dólares, “de manera que hay 108.000 dólares” que “se perdieron por el camino”. Por su parte, la defensa de Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa cuando Federico Trillo era el ministro de ese departamento, planteó que “cuando se dice que no se ha investigado, me recuerda a lo que dijeron algunos medios sobre el 11-M”. “No hay nada más que saber, el auto del juez es ajustado a derecho. Se sabe que las autoridades y funcionarios de Defensa no tienen ninguna responsabilidad, y se sabe que la causa del accidente es un error humano”, señaló el abogado Joaquín Rodríguez Ramos.
Al archivo de esta parte del procedimiento se sumó después el sobreseimiento que acordó Grande-Marlaska en noviembre respecto a la investigación sobre las irregularidades en la identificación de 30 de los 62 cadáveres, dando así carpetazo a la causa en su totalidad, decisión que, en este caso, ha sido recurrida, además de por los familiares, por la Fiscalía, aunque aún no hay señalamiento para la vista de estos recursos.

EN MADRID SIGUE EL GUATEQUE…Y LAS DETENCIONES.

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Ya van cinco detenidos en la trama de corrupción de la ‘operación Guateque’

EUROPA PRESS. 27.12.2007

  • Los arrestros se han producido a lo largo de la mañana.
  • En los próximos días habrá más registros a sedes municipales.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a lo largo de esta mañana a cinco funcionarios, algunos con órdenes de prisión, en los seis registros efectuados en varias sedes del Ayuntamiento de Madrid ordenados por el juez Santiago Torres, dentro de la segunda fase de la operación Guateque.Los arrestos se han llevado a cabo hasta las 16.00 horas de hoy y señalaron que ya por la tarde “no se practicarán más detenciones ni registros, aunque no se descarta que se produzcan más en los próximos días”.

Es probable que haya más detenciones durante los próximos días

En concreto, las sedes nuevamente registradas son Urbanismo y Medio Ambiente, lugares donde la Benemérita ya realizó varios registros el pasado día 14 de noviembre, cuando salió a la luz la operación Guateque, dirigida por el juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid para investigar una presunta trama ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado la Guardia Civil en esta segunda fase es que muchos funcionarios están actualmente de vacaciones.

Santiago Torres ha comenzado esta semana una nueva ronda de interrogatorios entre los detenidos, comenzando por el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos, uno de los principales  imputados que cumplen prisión provisional por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

El juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos.

La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil. En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez.

Ceballos era una de las personas objeto de las escuchas.

Hasta ahora, el juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos. La marcha de las pesquisas se vio hace unas semanas obstaculizada por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que mantuvo paralizada la actividad de la Justicia.

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EL PP PUSO EN MARCHA EL VENTILADOR DE LA IGNOMINIA SOBRE EL 11-M Y, AHORA, DEBERA RESPONDER ANTE EL ELECTORADO.

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POLÍTICA

 27/12/2007

El PP actuó como ventilador de la conspiración del 11-M y tendrá que responder por ello el 9-M

El año en que se disolvió la ignominia

No existen antecedentes en ningún país de la Europa Occidental, en ninguna democracia estable. Lo ocurrido durante tres años y medio, desde la mañana del 11 de marzo de 2004, cuando estallaró el racimo de bombas en la estación de Atocha, hasta la publicación de la sentencia del 11-M, pasará a la historia de la ignominia, quedando retratados para siempre los políticos y periodistas que pasando por encima de la dignidad de las víctimas, intentaron que la mentira quedase establecida como verdad. Su pretensión ha quedado frustrada por la contundencia de los hechos. Pero no han pedido perdón ni piensan hacerlo.

Ha existido una mixtura de cobardía colectiva y una ley del silencio impuesta por los poderosos medios de comunicación que han participado en la conjura. La ignominia se ha disuelto en la contundencia de la sentencia judicial, pero los culpables de esta conspiración todavía no han pagado sus fechorías. La estrategia emprendida ahora por los oficiantes de esta confabulación es dejar que el tiempo pase y suavice los efectos insoportables de la vergüenza. Pero ellos no se dan por aludidos.Estrategia del olvido
La gran tragedia de España es que no existe todavía un Rubicón que determine la imposibilidad de retorno en las conductas como las que estamos analizando. El miedo a los poderosos medios de comunicación ultra conservadores, al poder de la Iglesia Católica, a las practicas abominables del periodismo que realiza El Mundo, ha impedido una respuesta de repudio a estas formas de actuación. Y ahora el silencio y la retirada paulatina, sin reconocer los hechos, pretende que mediante el olvido se evite la petición de responsabilidades.El PP, con los conspiradores
Las próximas elecciones del mes de marzo son un factor decisivo para la exigencia de responsabilidades políticas. El PP ha desarrollado las dos terceras partes de la legislatura apoyando sus políticas en dos pilares indignos. De una parte, la teoría de la conspiración pretendía una sórdida empresa de encubrimiento de la presencia de ETA en el atentado de Atocha. No importó sembrar la sospecha sobre policías, guardias civiles, fiscales y jueces. Sin aportar ni siquiera una prueba o un indicio razonable, el ventilador de la sospecha la extendía recurriendo a inventos periodísticos, a pruebas fabricadas y pagadas a delincuentes que finalmente quedaron condenados.

Pretendida rendición ante ETA
La otra pieza fundamental de la estrategia del PP era la pretendida rendición del Gobierno a ETA. Sucesivas manifestaciones convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) increpaban al Gobierno, fortalecían a ETA y sembraban la división entre los españoles. Los hechos también se han impuesto sobre estas pretensiones. Ahora, la firmeza del Gobierno en la lucha contra ETA, la eficacia policial y la excelente colaboración francesa son un rotundo desmentido de esta parte de la estrategia del Partido Popular.

Rajoy baja en popularidad
La tozudez de las encuestas sitúan a Mariano Rajoy en los límites más bajos de la popularidad en los que nunca se ha asentado un líder de la oposición. La angustia en el PP ante las próximas elecciones es tanta que el debate se centra en si Alberto Ruiz-Gallardón ira o no en las listas electorales. Lo que pudiera colaborar en la salvación de Mariano Rajoy es al mismo tiempo la máxima amenaza para su futuro.

El PP no tiene nada que ofrecer
Con las dos piezas básicas de la estrategia popular –la teoría de la conspiración sobre el 11-M y la rendición del Gobierno a ETA- totalmente diluidas por la rotundidad de los hechos, el PP se presenta a las próximas elecciones sin nada que ofrecer. Lo peor que tienen las catástrofes anunciadas y los Apocalipsis amenazadores es que tienen que cumplirse para que surtan efectos. Y aquí, de lo que predicaban estos amorales, no se ha cumplido nada.

C.C.

LA PETICIÓN DE LA COMISIÓN EN EL CASO TOTANA FUÉ GRABADA.

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corrupción urbanística La petición de la comisión del caso Totana fue grabada

Al parecer, el anterior alcalde aludió al pago de tres millones de euros para recalificar suelo rústico

Autor:
La Voz var d = new Date(1197500400000);
Fecha de publicación:
document.write(d.getDate() + “/” + (parseInt(d.getMonth())+1) + “/” + d.getFullYear());13/12/2007

La exigencia del pago de comisiones a cambio de proceder a la recalificación masiva de suelo rústico en el municipio murciano de Totana cuenta con respaldo pericial determinante, según reconocen fuentes del caso por el que están imputadas más de una docena de personas, entre ellas un abogado y promotor vigués y uno de sus ex empleados. Tal y como adelantó La Voz de Galicia el pasado 30 de noviembre, desde los entornos del anterior y actual gobierno municipal de Totana -del PP- se pudo haber reclamado el pago de tres millones de euros a una de las empresas del letrado gallego Manuel Núñez a cambio de que el Ayuntamiento murciano modificase en su nuevo plan general la calificación de 2,2 millones de metros cuadrados de carácter rústico, para que la empresa viguesa Inmonuar pudiese levantar 5.040 viviendas, un campo de golf, dos spa y un hotel en el municipio.

Diversas fuentes aluden incluso a la existencia de cintas telefónicas grabadas donde algunos de los imputados hacían mención a dicho «cazo», y a la exigencia de que la comisión fuese abonada en varios pagos.

Operación respaldada

Pese al secreto de sumario decretado, hasta ahora ha trascendido que el empresario murciano que fue detenido el día en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil puso en marcha la operación Tótem hizo supuestamente de puente entre los implicados del Ayuntamiento de Totana y la empresa promotora viguesa.

La operación urbanística fue en todo momento saludada por el equipo del anterior alcalde y ahora diputado regional del PP, Juan Morales, así como por su sucesor en la alcaldía, al suponer la construcción de más de cinco mil viviendas en una localidad que agrupa a poco más de veinte mil vecinos. A cambio de la recalificación de las parcelas adquiridas por la firma viguesa en la pedanía del Reiguero, el Ayuntamiento totanés iba a recibir un total de 4,9 millones de euros, tal y como aprobó la corporación, solo con los votos del PP en una sesión en la que también recibieron el visto bueno otros 48 convenios. En la mayoría de ellos el consistorio pudo haber recibido dinero en metálico por parte de los promotores, en lugar de obras o infraestructuras para el municipio, como es más habitual.

Pagos al Ayuntamiento

La firma viguesa Inmonuar ya había ingresado en las arcas municipales 2,4 millones de euros, la mitad de ellos en el momento de la firma del convenio y la otra mitad tras la aprobación inicial del nuevo plan. El montante restante estaba estipulado que se pagase cuando se aprobase definitivamente el plan totanés el próximo mes de enero.

El dinero rodeó la operación de una forma constante, ya que además de ser abonados a todos los propietarios de las fincas rústicas 24 euros por metro cuadrado, donde solo valía 6, la promotora viguesa pagó también 18.000 euros en mano y como señal a todos los dueños que accedieron a vender su suelo, según admitieron varios de ellos.