ZAPATERO AFIRMA QUE ESPAÑA ESTÁ EN UN “BARCO SEGURO” ANTE LA TORMENTA CREADA POR LA CRISIS HIPOTECARIA DE EE UU.

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Zapatero afirma que España está en un ‘barco seguro’ ante la tormenta creada por la crisis hipotecaria de EEUU

BRAGA (PORTUGAL), 19 (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Beatriz Fernández)


El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió hoy en que España se encuentra en un ‘barco seguro’ ante la tormenta originada en la economía internacional por la crisis hipotecaria de Estados Unidos.En rueda de prensa conjunta con el primer ministro portugués, José Sócrates, al término de la XXIII Cumbre luso española, rehusó avanzar si el programa electoral del PSOE contemplará alguna medida fiscal de choque para devolver dinero a los ciudadanos y evitar la desaceleración económica. ‘Forman parte del programa electoral’, dijo Zapatero por lo que pidió ‘esperar al programa electoral’.El presidente del Gobierno justificó la ‘solidez’ de la economía española en la creación de tres millones de empleos, el ‘aumento del capital físico y en inversión’ y en un superávit de las cuentas del 2% del PIB, elementos, señaló, que dan a España ‘un margen importante de maniobra para reaccionar’.No obstante, admitió que España tiene un ‘problema de precios’ como consecuencia de la subida de la inflación. ‘Es el principal problema, que como ha explicado el vicepresidente económico va a moderarse, especialmente a partir de marzo, para terminar 2008 seguramente por debajo del 3%’, dijo.

En este sentido, recordó que el Gobierno tiene un conjunto de medidas destinado a las familias ‘muy importante, en materia de subida de pensiones, de subida del salario mínimo interprofesional, de prestación por nacimiento’, junto con la rebaja del IRPF o del Impuesto de Sociedades. ‘Por supuesto seguiremos haciendo todas las medidas que sean necesarias’, señaló.

En alusión a la política económica del presidente estadounidense, avalada, dijo, por personas como el ex presidente de Endesa Manuel Pizarro, ‘fichado’ por el PP, aseguró que las recetas que fracasan son las de los neoconservadores, de cuyo modelo Zapatero dijo estar muy lejos y cerca de un ‘modelo productivo, de cohesión, de bienestar’.

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TERMINÓ LA FIESTA DEL LADRILLO. ¿y AHORA QUÉ?.

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La fiesta del ladrillo se terminó de repente. ¿Y ahora qué?

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@Fátima Martín – 24/12/2007

 

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La colosal fiesta del ladrillo español, que ha durado más de una década, disfrutaba de sus últimos compases cuando, de repente, estalló la crisis suprime estadounidense de agosto y secó el mercado inmobiliario español. A muchos les ha pillado con el pie cambiado en medio del baile. El año 2007 nos ha dejado una nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, que, en línea con Zapatero, pretende contentar a todos pero no convence a nadie. Una Ley del Suelo que provoca ojeras a los promotores. Un nuevo lobby, el G-14, apodado ‘el club de los mal pagadores’. Catástrofes bursátiles como la de Astroc. Concursos de acreedores como el de Llanera. El principio de la canibalización del sector. Psicosis entre las entidades financieras. Una demanda insatisfecha y una sobreoferta que no se coloca. Una legión de mileuristas sobreendeudados que comprueban con horror cómo sus cuatro paredes no valen lo que costaron. Un país escandalosamente enladrillado que pretende competir en este mundo global. Y una certeza: la vivienda es el principal problema de los españoles, según el CIS. ¿Y ahora qué?El año que ahora termina nos muestra un rápido deterioro de los elementos que sustentaron el boom y que permitieron a España “salirse de la diapositiva”. La tendencia se pone de manifiesto de manera dramática después del verano. Así, los precios de la vivienda se congelaron en el tercer trimestre, pese a haber subido un 5,3% en términos interanuales. En once provincias y en cuatro comunidades, los pisos se revelaron más baratos en septiembre que en junio. Todos los pronósticos apuntan a caídas de precios reales en los próximos trimestres.

Las cantidades no pintan mucho mejor: el pasado mes de septiembre, se visaron 47.099 viviendas frente a las 130.630 unidades en septiembre de 2006, según los datos del Ministerio de Fomento. Esto es un 63,9% menos. La patronal de la construcción, SEOPAN, estima que cada vivienda que se deje de construir se cobrará dos empleos. El pasado mes de marzo, el recientemente fallecido Enrique de Aldama, ex presidente de la patronal, ya advirtió de que se dejarían de construir 100.000 unidades en 2008, lo que destruiría 200.000 empleos “paulatinamente”.

Las compraventas también se deterioran. Entre septiembre de 2006 y el mismo mes de este año, se inscribieron en los registros 830.605 operaciones de compraventas, un 12% menos que entre septiembre de 2005 y 2006, según el Colegio de Registradores. Al igual que el crecimiento hipotecario: el número de viviendas hipotecadas -103.671- se desplomó en septiembre un 10,3% respecto al año anterior, según la Estadística de Hipotecas de septiembre de 2007 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y lo que te rondaré morena.

Citigroup: “está sorprendiendo la vulnerabilidad de España”

La velocidad de crucero a la que ha viajado el sector durante una década y su actual aterrizaje brusco no se pueden entender sin el contexto internacional. Dicho de otro modo, el boom español ha sido desmesurado, pero no ha sido el único. “El sector hipotecario residencial ha sido uno de los motores del crecimiento mundial en los últimos siete u ocho años. Sobre él se ha desarrollado un mercado de créditos estructurados que ha supuesto la mayor innovación de los mercados financieros de los últimos años. Pero en estos momentos asistimos a un proceso de aterrizaje brusco en algunos países, como EEUU. Y estos productos plantean ahora muchas dudas, que son las que explican la sequía, la desconfianza y la crisis en el sector inmobiliario mundial. Hoy por hoy, la desconfianza a nivel hipotecario es mundial.Y la posibilidad de recesión ha aumentado”, explica José Luis Martínez, estratega de Citigroup.

¿Y qué pasa en nuestro país? “En España comenzamos a ver los primeros indicios de una caída fuerte de la actividad. Nos está sorprendiendo su vulnerabilidad, que será más profunda cuanto más dure esta crisis de confianza. Lo cierto es que este país despierta muchos interrogantes para 2009”, añade.

“2007 es el año en que se puede decir que se acabó el pastel. Mientras el mercado habla de si la crisis es brusca o suave, a muchos se les va a llevar por delante”, plantea Mikel Echavarren, consejero delegado de Irea, para quien “se ha producido un cambio radical -a peor- en las expectativas del mercado por la crisis de liquidez del sistema financiero internacional”. Echavarren, desde la consultora inmobiliaria que gestiona, advierte de que el concepto “valor” es enormemente relativo: significa lo que tú está dispuesto a comprar; de que en España se han concedido hipotecas basura sobre suelo rústico; y de que se ha reducido significativamente el número de potenciales inversores.

“Iniciamos 2007 con mucha alegría, pensando que el negocio seguiría, que la vivienda era la inversión más segura y que los precios continuarían creciendo dos dígitos un año más. Por la realidad es que ya en el primer semestre tuvimos que revisar nuestras previsiones a la baja y terminamos el año con caídas reales de los precios en las viviendas de segunda mano. En definitiva, se ha confirmado el fin del ciclo inmobiliario”, es el balance de Fernando Encinar, director de comunicación de Idealista. También él hace referencia al impacto que la crisis de las hipotecas basura estadounidenses ha tenido sobre el sector inmobiliario patrio. “Son unos platos que no hemos roto nosotros pero que han provocado un cambio brusco en el ciclo español”, señala.

La palabra crisis en chino está formada por los caracteres peligro y oportunidad

¿Y ahora qué? La nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, recordó en la puesta de largo del recién creado G-14, Grupo de Inmobiliarias por la excelencia, que “la palabra ‘crisis’ en chino está formada por los caracteres ‘peligro’ y ‘oportunidad’”.

Y oportunidad es la palabra que sale a relucir en estos momentos por doquier en el sector. “Hay margen para gestionar la crisis. Las oportunidades se presentan ahora para quien tenga liquidez. O sea, quienes vendieron sus empresas a tiempo, quienes han sido prudentes y no se han endeudado hasta las cejas y quienes dispongan de patrimonio en renta. En todo caso, las inmobiliarias de toda la vida que han pasado varias crisis, tienen más margen de confianza”, asegura Mikel Echavarren.

Entre los optimistas se sitúa también Frédéric Mangeant, socio propietario de la consultora Knight Frank, para quien la situación que atraviesa el segmento residencial no se trasladará a oficinas o centros comerciales. Mangeant confía en que el panorama se clarifique a partir de marzo, cuando tengan lugar las elecciones generales.

“El 2008 puede ser un año duro, pero también puede ser muy interesante para los demandantes de vivienda. Además, todo el esfuerzo de las administraciones por el alquiler va a dar sus frutos en 2008. Y, por supuesto, va a ser el año de Internet en el sector”, resume Encinar. “España no es sólo ladrillo”, afirma José Luis Martínez.

El arquitecto y economista Ricardo Vergés no es tan benévolo: “en 2007, algo nuevo está ocurriendo. El BCE pone nuestro mercado monetario primario (36m) a cero (somos los únicos). Los bancos ya no prestan a promotores y los visados caen en picado. Los precios empiezan a encogerse. El gobierno cambia a su ministra tapadera. La presión medioambiental se vuelve insostenible. La prensa anglosajona arrecia sus ataques. Francia se queja de las inmobiliarias españolas. La inflación por causa de liquidez se dispara. Aun así, el Banco de España anuncia un nuevo subidón en Oct.-Nov (ver 20.3 BdE. Boletín Estadístico), que llevará el saldo del mercado secundario interbancario de Frankfurt (36n) a rozar el medio billón de euros. Señor Solbes, tengo una pregunta para Ud.: ¿por qué necesitamos tanta liquidez si ya nos la hemos llevado toda?”, se pregunta. A la hora de pedir explicaciones al ministro de Economía, Vergés coincide con la voz de la calle. La Plataforma por una Vivienda Digna pidió la dimisión de Solbes el pasado 12 de diciembre ante el Ministerio de Economía.

CORREOS, TRES DÍAS DE HUELGA.

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Los trabajadores de Correos están llamados a tres días de huelga

20MINUTOS.ES / EFE. 19.12.2007 – 00:00h

Veh�culos de reparto de Correos.

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Vehículos de reparto de Correos.

  • El paro está convocado desde el miércoles hasta el viernes.
  • Piden un incremento retributivo y más diálogo social.
  • Este es el periodo de más trabajo en Correos.

Minuteca todo sobre:

Los trabajadores de todas las áreas de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos están convocados por la Federación de Servicios Públicos de UGT y el Sindicato Libre de Correos a secundar una huelga de tres días ininterrumpidos que comienza a las 00:00 horas del miércoles.

UGT anunció el pasado 5 de diciembre los paros, que finalizarán a las 24.00 horas del viernes 21, con los que reclama un incremento retributivo y la eliminación de los “desajustes salariales” provocados por el ejercicio de nuevas responsabilidades no recompensadas.

Los convocantes también exigen el restablecimiento del diálogo social, “sin discriminación ni favoritismo”, con todos los representantes sindicales.

También se reclama la negociación de un nuevo sistema de acceso a Correos, que elimine la “arbitrariedad” y garantice “la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades”.

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¨GÜEMES, CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID Y YERNO DE FABRA, LE EXPLOTA UN CASO DE FAVORITISMO EN LA ADJUDICACIÓN DE AMBULANCIAS POR 55,4 MILLONES DE €.

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AL CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID, JUAN JOSÉ GÜEMES, YERNO DEL SOSPECHOSO CARLOS FABRA (PP), LE EXPLOTA UN CASO DE FAVORITISMO EN LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS CON 55,4 MILLONES DE EUROS AL CANTO

El servicio de ambulancias urgentes que ofrece la Comunidad de Madrid (Summa 112) fue adjudicado en 2006 a la única empresa que se presentó al concurso, Isolux Corsan, pese a que ya entonces incumplía el pliego de condiciones. Al hacer su oferta, no tenía plena disposición sobre el centenar de ambulancias que debían prestar el servicio, como exigen los requisitos de dicho pliego. Informa el diario “El País” en su edición madrileña.
El responsable del departamento de Sanidad del gobierno madrileño que preside Esperanza Aguirre es Juan José Güemes, casualmente casado con Andra Fabra, senadora del PP por “obra y gracia” de su padre, Carlos Fabra, imputado por varios delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ley tributaria. El sospechoso político es presidente del PP en Castellón y de la diputación provincial.

Las ambulancias se ahorran 1,2 millones de euros…No es la única irregularidad la del incumplimiento del pliego de condiciones,. Sigue informando El País. Después, esta adjudicataria no ha cumplido el número de horas diarias que según el contrato debía tener disponibles las ambulancias (1.252 horas diarias), sino que se ha ahorrado 92 horas al día, según las tablas que utiliza el centro coordinador del Summa 112. Por esta razón, Isolux Corsan debe este año más de 40.000 horas de servicio, lo que le supone a la empresa un ahorro de 1,2 millones de euros (el coste de cada hora ronda los 30 euros), sin que hasta ahora la Consejería de Sanidad, de la que depende el Summa 112, se las haya reclamado ni descontado de la factura final, como contempla el pliego de condiciones en su apartado 10.2. Éste también prevé “penalizaciones” si se produce una disminución de horas.

Negocio al canto de 55,4 millones en cuatro años.El servicio Summa 112 sacó a concurso a principios de 2006 la prestación del transporte sanitario terrestre urgente. Pedía una disponibilidad de ambulancias de 1.149 horas al día durante cuatro años a cambio de 55,4 millones de euros.
Ninguna de las cinco empresas que ofrecen este tipo de servicios habitualmente en la región se presentó, aunque sí acudió al concurso paralelo de transporte no urgente que también convocó el Summa 112.

“No nos interesaba”, explicó el gerente de Ambulancias Santa Sofía sobre la convocatoria de ambulancias urgentes. También le pareció inasumible la oferta de Sanidad al gerente de Ambulancias SASU, Maximiliano Alonso, que explicó que sólo el personal que va en la ambulancia ya le suponía un coste de 11,8 millones de euros. “¿Cómo cubría yo el resto: gasoil, personal directivo, los vehículos…?”, se preguntó. “Si hubiera sido por los profesionales del sector, el concurso hubiera quedado desierto”, agregó este directivo.

Una constructora para las ambulancia…Sólo acudió al concurso Isolux Corsan, una compañía dedicada a la construcción, inmobiliaria, ingeniería, concesión y servicios, según figura en su página web. Su portavoz, Jesús Salgado, asegura que han realizado servicios de ambulancia en otras comunidades. Y cita Castilla-León, donde prestan servicio de asistencia a la Tercera Edad. Al presentar su oferta, la empresa redujo el precio de adjudicación del pliego de condiciones en 830.000 euros y aumentó las horas de disponibilidad de ambulancias: se comprometía a proporcionar 1.252 horas al día durante cuatro años por 54,5 millones.

Incumplimiento del artículo 9 del concurso.Con esta oferta ganó el concurso, pese a que incumplía las condiciones: según el pliego de la concesión, en su apartado 9, los licitadores sólo podían ofrecer vehículos sobre los que tuvieran total disponibilidad en el momento de presentar la oferta. Para ello debían contar con permiso de circulación, tarjeta de transporte, certificación sanitaria y seguro, según la convocatoria del concurso.
Pero la adjudicataria se esperó a que le fuera adjudicado el contrato para adquirir el centenar de ambulancias que requería el servicio. Su portavoz lo argumenta así: “Cuando concursamos para hacer una línea de AVE no tenemos todavía la maquinaria necesaria”. Al precisarle que incumple el pliego de condiciones, argumenta que el material móvil estaba disponible días antes de que le fuera adjudicado el concurso. Pero no al presentar su oferta.

EL PP DE LA COMUNITAT VALENCIANA OBSTRUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.

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POLÍTICA

 17/12/2007

La derecha provoca “una situación social límite” en detrimento de los discapacitados

El bloqueo del PP valenciano a la Ley de Dependencia envía al paro a 186 trabajadores sociales

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El próximo 31 de diciembre se va a llegar en la Comunidad Valenciana a una “situación social límite”, según alerta el sindicato CC.OO. Este punto crítico será el resultado del persistente bloqueo que el gobierno conservador del PP está haciendo a la aplicación de la ley de Dependencia que promueve el ejecutivo socialista.

Según confirma a El Plural la responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Adelaida Vega Roca, en la fecha marcada, los 186 trabajadores sociales que desde septiembre se encargaban en Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de evaluar y redactar informes de las solicitudes de ayudas, irán a engrosar las listas del paro.

Todos al paro
Desde la administración autonómica se justifican los despidos en cadena porque las convocatorias están planificadas para cubrir períodos de seis meses, “dependiendo de que hayan existencias de fondos en los presupuestos”. Esta última condición es la que más inquieta a los afectados por el despido. En las cuentas de la Generalidad Valenciana para 2008 no figuran partidas específicas para estos fines. Se deduce, desde la oposición de izquierdas, que se está pretendiendo cubrir los costes únicamente con las transferencias del gobierno central. Para 2008 rondarán los 80 millones de euros.

Sin garantías
En cualquier caso, los trabajadores sociales cesados no esperaban la carta de despido, sino otra a la inversa que les confirmara en sus puestos automáticamente, para no entorpecer sus tareas con la discontinuidad forzada que ahora tienen que soportar, sin garantía formal de que vuelva al trabajo más adelante algún día.

Una trabajadora afectada
Una de las trabajadores sociales afectadas por este parón laboral, Virginia Tovar, explica que con esta manera de actuar se ocasiona un mayor retraso en la gestión de las ayudas -“que es lo que persigue la Generalitat Valenciana”, insiste– para que la aplicación de la ley socialista parezca un rotundo fracaso, al menos en la autonomía valenciana.

Todo “en saco roto”
Además del quebranto económico personal, los trabajadores sociales se quejan de que todo lo que han avanzado durante los últimos cuatro meses “caerá en saco roto”. Se tendrá que empezar de nuevo, en detrimento de quienes tienen que percibir las ayudas económicas, es decir las personas mayores con problemas de movilidad y personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Sistema de contratación
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia, Pilar Rueda, reconoce a El Plural que el método de contratación empleado por el Consell para estas taras técnicas en ayuntamientos “no es bueno”. Dice que genera inestabilidad en el técnico y, muy posiblemente, una merma de calidad de servicio, dada su precariedad. Añade otro problema, al denunciar que entre los contratados de la primera convocatoria “muchos no eran titulados sociales”, asegura, dando a entender que ha podido haber mano ancha para el “enchufismo”.

A cuatro meses vista
Pese al malestar y a la incertidumbre general que reinan en los profesionales sociales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), responsable de distribuir en los Ayuntamientos los recursos para cubrir los gastos de personal de atención, ha vuelto a publicar el pasado 10 de diciembre otra convocatoria, idéntica a la que publicó en julio. A ella van a tener que acudir de nuevo los Ayuntamientos, 117 en total, si quieren volver a tener operativos los servicios de atención. Por rápido que se actúe, este duplicado proceso de selección se alargará hasta el mes de abril o mayo, después de las elecciones generales de marzo.

Ritmo lento
Además de este taponamiento en los ayuntamientos, al modelo adoptado por la Generalidad Valenciana le están lloviendo críticas de variada índole. Los sindicatos le acusan de llevar un ritmo muy lento. Hace una semana se publicó un informe de ámbito estatal en el que la Comunidad Valenciana, junto con la madrileña, está a la cola respeto al resto de Gobiernos regionales. En territorio valenciano todavía nadie, de los muchos miles de ciudadanos que tienen derecho a cobrar, ha percibido estas ayudas. En Navarra, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha se han empezado a abonar, con tarifas entorno a los 489 euros mensuales para beneficiarios que viven en el entorno familiar y 657 euros cuando se contrata una persona para su cuidado.

Incumplimiento de una ley estatal
De entre todos los desajustes y errores de aplicación que se achacan a la Generalidad Valenciana, el más grave es el que pone sobre el tapete la trabajadora social, Virginia Tovar. Advierte que de no firmarse el convenio con el Gobierno antes de que finalice este año a la Generalidad Valenciana, se le puede acusar de “incumplimiento de una ley estatal”, con lo que ello significa, si se actúa por la vía judicial.

GARANTÍAS JURIDICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO.

Garantías jurídicas, planificación y desarrollo urbano PDF Imprimir E-mail
Ignacio Pérez Sarrión   
28.11.2007

ImageVivimos en un estado de derecho, un estado quizás –en mi opinión, en algunos aspectos- excesivamente garantista. Digo esto porque la cantidad de normas, procedimientos, plazos y recursos, pueden legar a provocar inseguridades jurídicas e impiden en ocasiones un funcionamiento mínimamente ágil de la administración si se pretende ser eficaz, como por otra parte se demanda por los ciudadanos. Uno nunca está seguro de estar cumpliendo meticulosamente todos y cada uno de los matices de los procedimientos de aplicación del derecho, dada la estructura de personal existente, el escaso tiempo con que se cuenta por las personas que tienen que tratar multitud de tareas diferentes en soledad (FHE) y los medios materiales con que se cuenta.

Resulta curiosa  oír en los pueblos la expresión “te denunciaré”, o “le denunciaré“, cuando se piensa que si es el Ayuntamiento la administración responsable de sancionar una transgresión determinada y éste no tiene ni funcionarios, ni medios adecuados, ni ordenanzas tipificadoras de las conductas sancionables  ni por su puesto sanciones previstas, difícilmente, por no decir de manera prácticamente imposible, se tramitarán procedimientos sancionadores. Ejemplo de la situación sin ir más allá es las infracciones de tráfico que se cometen continuamente en todos los pequeños pueblos y que quedan impunes. Cuantitativamente no son muchas, pero cualitativamente pueden ser muy importantes y resulta penoso que en muchas ocasiones haya que transigir con comportamientos sumamente inapropiados.  

En los pequeños pueblos no hay policía local ni medios para tramitar los procedimientos sancionadores. Así, uno puede aparcar su vehículo en medio de la plaza, hacer ruido a las dos de la mañana, echar las basuras al contenedor sin bolsa y muchas otras conductas reprobables sin que, jurídicamente, pase nada.

Habría que en alguna ocasión hacer un estudio sociológico –quizás se haya hecho- del efecto que para la convivencia puede ejercer el control social de una comunidad pequeña o mediana, porque en estos lugares, es la reprobación social la que sirve de control y no evidentemente el control jurídico. Es el vecino de al lado, que conoce quién eres, de quién eres hijo, en qué trabajas, cuando sales y entras, en fin, tu vida de pé a pá, quien a corto o medio plazo te llegará a hacer algún comentario sobre lo inadecuado de tu comportamiento. SI eres normal y no te habías dado cuenta, te sonrojas y cambias. En otro caso, está servido el inicio seguro de una rencilla que perdurará en el tiempo.

Sin embargo los pueblos de la periferia de las ciudades crecen muy rápido. Como consecuencia de la carestía de la vivienda en la ciudad, la gente joven se desplaza a estos pueblos a vivir en los típicos adosados, prohibitivos veinte kilómetros más cerca del centro de la ciudad. Así, sin darse cuenta apenas, municipios muy pequeños en los que todos se conocían, pasan de repente a convertirse casi en ciudades-dormitorio a los que se acude sólo por la noche. Desparece (o es mucho más difícil) el control social moderador de conductas, porque no se sabe quién es el que vive al lado ni a qué se dedica. Estas personas están tan ocupadas trabajando que tampoco se integran apenas en la vida social del pueblo.

Creo que estos efectos no se tienen en cuenta en la práctica a la hora de permitir o promover el crecimiento de los municipios aledaños a las metrópolis. Allí, en la ciudad, miles de policías vigilan y sancionan. En ese pueblo, apenas treinta kilómetros alejado de aquélla, casi no hay normas (un amigo mío decía parafraseando los western que esto es el oeste, “no hay ley al oeste del Río Pecos”), sólo casi hay miradas de reproche o censura si uno no se comporta normalmente. Afortunadamente ese control social es en muchos casos suficiente para lograr una convivencia adecuada. Pero no en otras ocasiones.

Las cosas cambian rápidamente y son conocidos los casos de municipios que han pasado de ochocientos o mil habitantes a más de cuatro mil o más en menos de una década. Ese fenómeno, de forma inmediata, supone riqueza económica de poblaciones hasta hacía poco depauperadas, en forma de ingresos derivados de la actividad urbanística y poblacional: operaciones urbanísticas, convenios, permutas, IBI, plusvalías, aumento de participación en el FNCM, aumento del IVTM, etc. Si por una parte se dispone entonces de mayores recursos obteniendo nuevos equipamientos y optimizando los existentes, por otra parte se pierde esa cohesión social que como comunidad pequeña se tenía.

Creo que es importante que los gobiernos locales, antes de fomentar un desarrollo desmedido, decidiesen reflexivamente si es conveniente ese crecimiento, hasta qué límite, con qué previsiones, qué medios se van a necesitar y, en definitiva, planificar a medio plazo. Yo creo que en ocasiones sólo se actúa por intuición, simplemente se da por supuesto que aumentar población es en sí mismo lo correcto, sin tener en cuenta otras implicaciones a valorar cuidadosamente. E igual que se planifica el crecimiento urbanístico a través de un PGOU, habría que planificar los equipamientos necesarios según población y a medida que se vaya creciendo, necesidades de nuevos servicios, supuestos de pirámides poblacionales, dónde está el umbral en el que será necesario y sostenible económicamente disponer de algunos servicios, cuándo será necesario disponer de policía local (a reservas de las previsiones legales sobre el particular), qué medios jurídicos y técnicos se necesitarán, y un largo etcétera de cuestiones que me da la impresión que se van solucionando sobre el momento.

Visto en el Blog esPublico