El empleo mal pagado o precario ya no preocupa a los jóvenes.

Quieren montar su propio negocio

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5/11/2009 | EFE

La mayor inquietud de los jóvenes españoles es el paro e incluso les despreocupa que el empleo esté mal pagado y sea precario, y a más de la mitad le gustaría constituir su propio negocio en detrimento de quienes optarían por ser funcionario, según una encuesta difundida hoy por la Fundación Bertelsmann

El sondeo, presentado en el IV Congreso Diálogo y Acción, que inaugura hoy el Rey Juan Carlos y el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, destaca que el 60 por ciento de los jóvenes españoles han pensado en alguna ocasión en constituir su propio negocio y un 6 por ciento lo ha hecho realidad.Sin embargo, la mayoría no lo consigue, básicamente, por falta de dinero.

Ello demuestra, según la presidenta de la Fundación Bertelsmann, Liz Mohn, la creatividad y espíritu emprendedor de la juventud española que, además, no se siente atraído por trabajar en la Administración pública ni en las organizaciones no gubernamentales.

De una puntuación de cero a diez para describir lo que sería un “trabajo ideal”, la más alta (8,3) corresponde a aquel empleo que más se adecúa a los intereses personales y/o cualificación personal, seguido por un negocio propio (7,3).

Los resultados de la encuesta a mil jóvenes, de 18 a 30 años, reflejan que el paro y la dificultad para hallar un empleo es su primera preocupación (62 por ciento), seguido de la vivienda (30%), drogas (27%), educación (20%), la crisis (18%) y el “botellón” (13).

Porcentualmente queda lejos el problema de la falta de interés, motivación, disciplina y respeto (7 por ciento) y la ausencia de valores (5 por ciento) que ellos perciben entre la propia juventud.

Un 48% de paro juvenil
Según el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Vallespín, que ha dirigido el estudio, la inquietud relativa al paro es lógica, ya que España ocupa los primeros puestos europeos de desempleo juvenil -se sitúa en el 48 por ciento-.

Por ello, ha considerado entendible que sólo a un 4 y 7 por ciento de los jóvenes, respectivamente, les parezca un problema los salarios bajos o los contratos precarios: “hay tal ausencia de empleo que lo único que importa es tener trabajo, da lo mismo que esté mal pagado”.

En el ámbito social, el sondeo de opinión, hecho por Metroscopia, destaca el gran interés de los jóvenes en participar en iniciativas benéficas o en organizaciones ecologistas, con un 72 por ciento en ambos casos, sin embargo, la realidad es que pocos lo llevan a cabo.

De todos modos, la implicación de la juventud en el mundo asociativa es superior al de los adultos, ha recalcado el catedrático de la Autónoma.

Sobre la participación de los jóvenes españoles en iniciativas políticas, un 65 por ciento ha votado en las últimas elecciones, un 45 por ciento ha firmado a favor de alguna causa en el último año y un 29 por ciento ha asistido a alguna manifestación.

La Fundación Bertelsmann fue creada en Barcelona en 1995 por iniciativa de Reinhard Mohn (1921-2009), representante de la quinta generación de las familias Bertelsmann/Mohn, propietarias del grupo de medios de comunicación Bertelsmann, que cuenta con 102.000 empleados

La OCDE pronostica que el paro en España rondará el 20% a finales de 2010.

 

trabajadores

El desempleo aumentará en los próximos meses a un ritmo inferior al registrado hasta ahora

 

17 de septiembre de 2009

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha augurado un oscuro panorama para el mercado laboral español a pesar de los crecientes síntomas de recuperación económica. Según sus previsiones, la tasa de desempleo en nuestro país rondará el 20% a finales de 2010, frente al 18% actual.

El porcentaje previsto del 19,8% -4,47 millones de personas-, el más alto entre los países ricos, duplicará la media de los estados que forman parte de la organización, del 9,9%. Sólo Irlanda se acercará al porcentaje español, con un 15,1%. En términos absolutos, el incremento sólo será superado por Estados Unidos.

Sin embargo, la OCDE matiza que el desempleo aumentará en España en los próximos meses a un ritmo inferior al registrado hasta ahora. Al contrario que en el resto de países europeos, donde todavía se esperan incrementos adicionales del paro.

Estas previsiones están recogidas en el informe anual “Perspectivas del empleo”, presentado ayer en París por la OCDE. La radiografía advierte de que la recesión económica mundial se saldará con la pérdida de 25 millones de empleos hasta finales de 2010, cuando la tasa de paro de la OCDE se sitúe en el 10% (57 millones de desempleados), un nivel que no se alcanzaba desde la Segunda Guerra Mundial.

Medidas del Gobierno

Los analistas de la OCDE creen que las pérdidas de empleo en España habrían sido mucho más importantes sin las medidas macroeconómicas del Gobierno. Mencionan el Fondo Estatal de Inversión Local, que ha contribuido a la creación de unos 400.000 empleos, aunque la mayoría tienen carácter “temporal” y han sido utilizados “más para preservar trabajos existentes que para crear nuevos”.

Los grupos más afectados por el incremento del desempleo en España son inmigrantes, trabajadores poco cualificados, trabajadores temporales y jóvenes, indica la organización, que destaca que sólo en el sector de la construcción el paro alcanzó el 25% en el segundo trimestre.

El informe de la OCDE señala que el desempleo es un factor clave de la pobreza en España, donde antes de la recesión cerca del 50% de los hogares sin trabajo padecían un nivel de pobreza relativo frente a la media del 37% de la OCDE. El dato se hace más preocupante por el fuerte aumento de las familias en las que todos los miembros están parados y no reciben ningún tipo de subsidio, que ya son más de un millón.

La organización cree que la decisión del Gobierno de proporcionar un subsidio de 420 euros a los parados de larga duración puede ser positiva, aunque recomienda acompañar esta medida con “esfuerzos adicionales para promocionar la búsqueda de empleo activa” y así evitar “el riesgo de dependencia de beneficios sociales”. Recomiendan otorgar la ayuda bajo la condición de que los beneficiarios demuestren su disponibilidad para trabajar y se inscriban en programas de formación, lo que ya incorpora la normativa.

Discriminación de las personas discapacitadas.

Discriminación de las personas discapacitadas

A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros

“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA
  • Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008

Contenido de la norma

El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.


(Imagen: Daniel Lobo)

El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.

Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”

La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.

Régimen de infracciones y sanciones

Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales

El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.

  • Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
  • Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
  • Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.

No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Dónde presentar las denuncias

Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia

La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.

Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:

  • Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
  • Fax 91 363 50 74
  • Teléfono 91 363 51 86
  • DTS 91 363 50 93
  • Correo electrónico ope@mtas.es

Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.

“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.

Adaptación de la OPE

En cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, las dependencias de la Oficina Permanente Especializada cumplen todos los requisitos para ser accesibles. Existe un sistema de comunicación multidisciplinar que abarca desde la información telefónica, incluidos un dispositivo telefónico para sordos (DTS) y fax, hasta la información presencial, con un sistema de apoyo a la comunicación oral a través de bucle de inducción, labiolectura y lengua de signos básica.

Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible

Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.

Publicado en CONSUMER Eroski.

BAJA EL EURIBOR Y SE COLOCA EN EL NIVEL MÁS BAJO DESDE ABRIL DE 2007.

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EFE – Madrid – 29/02/2008 11:10
El Euribor, el indicador que más se utiliza en España para fijar el precio de las hipotecas, se situó en febrero en el 4,349%, en su segundo retroceso consecutivo del año tras cerrar enero en el 4,498%.

De este modo el Euribor se sitúa en su nivel más bajo desde abril de 2007, aunque este descenso no supondrá rebaja alguna para las hipotecas que se revisan anualmente, aunque sí reducirá la cuota de las hipotecas con revisión semestral.

Los datos de febrero, que deberán ser ratificados por el Banco de España a mediados de marzo, confirman la tendencia a la baja del indicador desde principios de año, que se ha situado este mes en su nivel más bajo desde abril de 2007. 

Este descenso no supondrá rebaja alguna para las hipotecas que se revisan anualmente, aunque sí reducirá la cuota de las hipotecas con revisión semestral. Esto se debe a que en febrero del año pasado el Euribor estaba al 4,094%, y hace seis meses quedó fijado en el 4,725%. 

Así, para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y con un diferencial del 0,50%, las cuotas que se revisen anualmente subirán de los 797 a los 820 euros, lo que representa un sobre coste mensual de 23 euros y al año representa una carga para las familias de 276 euros. 

Cambio de tendencia en 2008

 Con este descenso, el Euribor termina con la racha alcista que siguió durante todo 2007, cuando llegó en diciembre al 4,793 por ciento desde el 4,064 por ciento de enero. 

El Euribor alcanzó su cota más alta del mes el 26 de febrero (4,394 por ciento), y su nivel más bajo el 8 de febrero (4,290 por ciento), al día siguiente de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera mantener los tipos de interés en la Eurozona en el 45 por ciento. 

Días después, el presidente de la entidad, Jean-Claude Trichet, insistió en que el BCE ha de mantener el papel de “anclaje de las expectativas de inflación en la eurozona” y disipó cualquier esperanza de rebaja de tipos de interés en marzo. 

El consejo de Gobierno del BCE se reunirá el 6 de marzo y, previsiblemente, dejará inalterados los tipos de interés en la Eurozona en el 4 por ciento. 

El Euribor a un año refleja las previsiones del mercado sobre la situación en que se encontrarán los tipos de interés en la Eurozona dentro de doce meses, por lo que, a mayor número de subidas previstas, más se incrementa este indicador. 

El Euribor a 12 meses, el índice más utilizado por los bancos para prestar dinero a sus clientes, comenzó a cotizar en enero de 1999 y, desde entonces, ha oscilado entre un mínimo de 2,014 por ciento y un máximo del 5,248%.

EL CONSEJO DE MINISTROS APROBARÁ HOY LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

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EFE – Madrid – 29/02/2008 08:27
El Consejo de Ministros aprobará hoy la distribución de fondos para el programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas, y tramitará un real decreto que pretende impedir la competencia desleal de productos extranjeros con el textil, el calzado y los juguetes españoles.

Estas son algunas de las cuestiones que, según fuentes del Gobierno, tiene previsto analizar hoy el Consejo de Ministros, que será presidido por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al que sólo faltará el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, por encontrarse de viaje oficial en Bruselas.

Controles más exigentes 

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha avanzado en Valencia la aprobación del real decreto que introduce medidas de control para impedir la competencia desleal de productos extranjeros con el textil, el calzado y los juguetes españoles.

De acuerdo con esta medida, los productos procedentes de terceros países, como alfombras, telas, prendas de vestir o ropa de trabajo, además del calzado o juguetes, van a estar sometidos a medidas de control más exigentes.

Con ello, según la vicepresidenta, se pretende “garantizar que estos productos respeten las normas aplicables en la Unión Europea en materia se seguridad, y que, por tanto, en el mercado español no penetren productos que compitan de manera desleal con los textiles españoles”.

RODRIGUEZ PIÑERO PONE DE MANIFIESTO LA IRRESPONSABILIDAD DEL PP. “SON ESPECIALISTAS DE GENERAR PROBLEMAS DONDE NO LOS HAY”

Rodríguez Piñero critica que el PP genere problemas donde nos los hay para obtener rédito electoral

Rodr�guez Piñero critica que el PP genere problemas donde nos los hay para obtener rédito electoral

La secretaria de Política Económica y de Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, criticó hoy que el Partido Popular “intente generar un problema donde no lo hay, si con eso obtiene réditos electorales”, en referencia a las afirmaciones realizadas ayer por el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, sobre las dificultades económicas por la que atraviesan algunas entidades financieras españolas.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Política Económica y de Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, criticó hoy que el Partido Popular “intente generar un problema donde no lo hay, si con eso obtiene réditos electorales”, en referencia a las afirmaciones realizadas ayer por el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, sobre las dificultades económicas por la que atraviesan algunas entidades financieras españolas.

En un encuentro con empresarios de Aragón, Rodríguez Piñero aseguró que España tiene uno de los sistemas financieros “más eficientes del mundo” gracias a la supervisión de los organismos reguladores. “Nuestro país ya vivió una crisis financiera, de la que aprendimos, y como consecuencia de aquello, la regulación del Banco de España se hizo mucho más exigente”, añadió.

En este sentido, la dirigente socialista señaló que la actitud del Partido Popular “ya no es de irresponsabilidad, sino que es el colmo de los despropósitos”.

Respecto a la coyuntura económica, Rodríguez Piñero reconoció que “hay una cierta desaceleración”, aunque subrayó que España está mejor preparada de lo que lo estaba en la anterior legislatura. En este sentido, criticó que el Partido Popular intente “desdibujar y ocultar la realidad de la economía española para ofrecer un panorama de incertidumbre”, y comentó que esa actitud “sólo es propia de un partido que no tiene responsabilidad”.

Por otro lado, Rodríguez Piñero repasó las políticas de impulso a la productividad de cara a la próxima legislatura y explicó que éstas se organizarán en tres ámbitos: el capital físico, con un plan de infraestructuras y transportes a 15 años, y con especial atención al transporte férreo de mercancías; el capital tecnológico, con la duplicación de los recursos en I+D+i; y el capital humano.

Asimismo, repasó algunas de las propuestas en materia de política fiscal del programa socialista y subrayó el compromiso del PSOE con las Pymes, a las que mejorará las condiciones de tributación “desde la óptica de la simplificación”. En este sentido, hizo referencia al compromiso de que se puedan crear empresas en tan solo 24 horas y con un único trámite burocrático.

En relación al mercado laboral, Rodríguez Piñeiro aseguró que, de ganar las elecciones, el Partido Socialista creará 2 millones de empleos en la próxima legislatura y reducirá la tasa de temporalidad hasta el 25%. Asimismo, señaló que se amplirá la plantilla de inspectores de trabajo en 3.000 efectivos como parte del Plan integral de riesgos laborales que también pondrán en marcha.

EL MINISTRO CALDERA PRESENTARÁ EL VIERNES SU PLAN DE RECOLOCACIÓN EXPRÉS.

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ARTÍCULOS DE OPINIÓN

  • José Garc�a Abad
  • JOSÉ GARCÍA ABAD

    12/02/2008

Ecos de S.A.

Caldera presentará el viernes su plan de recolocación exprés

Hay que reconocer que Jesús Caldera ha reaccionado con buenos reflejos ante la caída de empleo en la construcción y lo ha hecho como hay que hacer estas cosas: consensuándolo con sindicatos y patronal. El ministro de Trabajo pretende con su plan de choque recolocar rápidamente al mayor número posible de los trabajadores que son expulsados de la construcción con no menos rapidez. Ya no vale darle vueltas: no se puede negar, y ni siquiera Solbes lo niega, que los ladrillos no se tienen en pie; no se inician promociones y muchas de las que estaban en marcha se paralizan.

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El vicepresidente económico entonó su mea culpa por no haber previsto una caída tan fulminante y el ministro Caldera ha calificado el dato de paro de enero de “malo, muy malo sin paliativos”. El vicepresidente tendrá que preparar planes anticíclicos de indefinida maduración; Caldera, por su parte, aprovechando los fondos de la hucha del antiguo INEM, está reaccionando con la mayor celeridad, pues su plan de choque será aprobado previsiblemente en el consejo de ministros del próximo viernes.

Conozco a promotores que contaban con solicitudes de compra tres veces superiores a las viviendas en venta y que a la hora de formalizar los contratos se han encontrado con demandas próximas al cero. Puede que la crisis no exista pero lo que está meridianamente claro es que lo que sí existe es el miedo a la crisis, o como queramos llamarla: desaceleración o simple bache en el camino. Por otro lado, estamos en vísperas electorales, lo que genera el aplazamiento de proyectos de inversión que, según demuestra la experiencia, después de los comicios se retoman gane quien gane.

Caldera ha disparado rápido consciente de que los procesos de ajustes de la economía son lentos, inciertos y de plazo indefinido. El parón de la edificación de viviendas se puede compensar con un fuerte incremento de la contratación de obras públicas donde podrían entrar sin mayores adaptaciones obreros que trabajaban en la vivienda. No se trata de abrir zanjas para volverlas a cerrar, de hacer obras innecesarias para tener ocupada al gente. Todavía este país sufre déficit en infraestructuras mucho mayores que los países con los que nos compramos y este es momento para abordarlas. No sería un gasto sino una inversión que generaría efectos inmediatos en los demás sectores. Pero no es un proceso que pueda tener efectos inmediatos.

Las medidas de choque que el ministro negocia con UGT, Comisiones Obreras y CEOE no son una panacea pero paliarán sus efectos más acuciantes ganando tiempo hasta que se produzcan los trasvases esperados a más largo plazo. La obra civil es el primer destino para el excedente del ladrillo pero no basta con ello; lo deseable es que se dirijan también hacia la industria y los servicios y ello exige una preparación que lleva su tiempo.

El Plan Caldera es un caso claro de buena aplicación de las políticas activas de empleo. El ministro se ha puesto a hurgar en los cajones para ver de dónde sacar dinero disponible de forma inmediata y lo ha encontrado en el superávit de que disfruta el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), a lo que antes llamábamos INEM. Son dineros previstos para formación profesional que, como se sabe, sale de las cuotas que pagamos los trabajadores y los empresarios. Caldera sacará de esta hucha 3.000 millones de euros de los 4.500 millones de superávit que se esperan para este año.

El plan exige un tratamiento personalizado de recolocación que llevarán a cabo los técnicos del Servicio Público de Empleo. Ellos estudiarán la forma más adecuada de reinserción laboral según las características de cada desempleado que tendrán nuevas oportunidades en otros sectores y áreas geográficas. En teoría, el procedimiento estaba “inventado” desde la reforma laboral de 2002, pero hasta ahora permanecía prácticamente inédito gracias al buen ritmo del crecimiento económico. La construcción lo absorbía todo sin necesidad de aprendizaje alguno.

José García-Abad es periodista y analista político

LA OBRA PÚBLICA, PROTAGONISTA DE 2008.

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La obra pública, protagonista de 2008

Redacción fotocasa.es , 08/02/08, 10:56 h

La Vivienda de protección Oficial será la protagonista durante 2008. Y es que tanto el Gobierno de Zapatero, como el lobby inmobiliario G-14 consideran que la promoción de este tipo de viviendas será clave en el futuro del sector.

Una tendencia que confirmó esta misma semana el Consejo General de Colegios de Agentes de Propiedad Inmobiliaria (COAPIS), que estima que casi el 90% de la vivienda que se promueva este año corresponderá a pisos de protección oficial. De este modo, de las 500.000 casas que podrían construirse este año, unas 415.000 serán de iniciativa pública. 

 

Consenso total

 

“La vivienda protegida es el futuro”, sostiene Germán Navarro, consejero de comunicación de COAPIS, quien considera que esta opción ganará protagonismo este año porque “da una rentabilidad menor, pero segura, sin riesgo”. Y es que la desaceleración del mercado inmobiliario no sólo hace cambiar las opciones de compra a los consumidores. Las inmobiliarias y los empleados de la construcción son en realidad los más afectados por la nueva situación.

 

Según datos de enero hechos públicos por el Ministerio de Trabajo, el paro aumentó el primer mes del año en 132.000 personas, de las cuales 9.000 corresponden al sector de la construcción. Una situación que el ejecutivo de Zapatero pretende paliar a través de la puesta en marcha de un plan de “recalificación” de estos empleados, que permita su rápida reabsorción en el mercado laboral.

 

Y es aquí donde la promoción de obra pública adquiere protagonismo. Fue el propio presidente del Gobierno quien anunció esta misma semana que ya ha dado orden a los “ministerios inversores” para agilizar este tipo de construcción y garantizar así la actividad en el sector.

 

Una decisión que el G-14, asociación que agrupa a las mayores inmobiliarias del mercado español, ha recibido con total optimismo. “Las comunidades y ayuntamientos pueden hacer mucho para que esta situación dure poco y registremos un cambio de tendencia lo antes posible’, señaló esta semana Pedro Pérez,  Secretario general del grupo, en declaraciones a RNE.

 

Sin embargo, el primer paso que las instituciones deben hacer según el lobby inmobiliario es poner suelo a disposición de las empresas para reimpulsar el segmento de la vivienda de protección, ya que consideran que la actual demanda embalsada se debe a que “las empresas no han podido disponer de ese suelo en los años pasados”.

 

¿Son posibles estas previsiones?

 

Pese a que tanto instituciones, como organismos implicados parecen caminar en la misma dirección, los datos sobre la gestión de vivienda pública en 2007 frenan este optimismo. Según la patronal de constructoras SEOPAN, la promoción de viviendas de protección oficial se estancó el año pasado. Una situación que la patronal achaca a la celebración de los comicios locales. Y es que según las estadísticas, la promoción de obra pública suele descender un 15% en los años en los que se celebran elecciones. Una situación que podría repetirse en 2008 debido a los comicios generales del 2 de marzo.          

 

 

 

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José Luis Zaragozá, Valencia
La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, asegura que el partido en el Gobierno central garantizará 150.000 viviendas protegidas (VPO) al año, 500.000 rehabilitaciones en la legislatura y mayores inversiones en obra pública -sin concretar esas infraestructuras por comunidades autónomas- ante la desaceleración que sufre el sector de la construcción, “un período de incertidumbres, que no de recesión ni de crisis, del que el Ejecutivo es consciente sin caer en catastrofismo como el PP”, explicaba ayer en Valencia la dirigente socialista al analizar el programa electoral de economía ante las elecciones general del 9 de marzo.
Otro capítulo que el PSOE quiere abordar con detalle es la expansión de los contratos a tiempo parcial, que actualmente sólo representan el 7% del total. Según la dirigentes socialista éstos necesitan más flexibilidad y menores cotizaciones sociales. En su opinión, “es necesario abordar una reforma laboral, consensuada con patronal y sindicatos”. Sobre la prevención de riesgos laborales prometió que el número de inspectores de Trabajo crecerá en 1.000 funcionarios.
IRPF, IVA reducido y loterías
Además de la propuesta de rebaja de 400 euros en la cuota del IRPF (mediante la reducción de las retenciones en la nómina) a asalariados y pensionistas para paliar los efectos negativos del alza de la inflación y de las hipotecas, en materia fiscal los socialistas abogan por plantear en la UE reducir al tipo mínimo el IVA de productos de usos sanitarios, educativos y culturales, entre ellos los preservativos, las compresas o los instrumentos musicales, que bajarían al 4%. Además, el PSOE quiere una mayor control sobre el fraude fiscal, en juegos de Internet y loterías.

TREINTA BANCOS Y CAJAS ESTÁN ATRAPADOS EN LA RED DE LLANERA CON UNA DEUDA DE 432,65 MILLONES DE EUROS.

Treinta bancos y cajas están atrapados en la ‘red’ de Llanera con una deuda de 432,65 millones

Gustavo Granero | 9:45 – 26/12/2007    http://www.ElEconomista.es

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Cuando sonó la flauta de Fernando Gallego, presidente del grupo inmobiliario Llanera -que soporta un concurso de acreedores tras suspender pagos-, todos cayeron rendidos a su música. Los principales bancos y cajas de este país sucumbieron a la llamada del promotor valenciano, aflorando, de paso, fallos masivos en sus sistemas de control de riesgos.

Pero, ¿qué pudo pasar para que una treintena de entidades quedasen hipnotizadas en Llanera? Como en la fábula del flautista de Hamelín, Gallego hizo sonar la música, se rodeó de la banca que opera en España y después la precipitó por el abismo al que conducen los impagos.

Más allá del parecido, por hipnotizador, con la leyenda de los Hermanos Grimm, la inmobiliaria Llanera dejó deudas por 432,65 millones de euros a una treintena de entidades financieras al cierre de 2006, según el último informe de auditoría, que reconoce una deuda total con todos sus acreedores de 748,16 millones. De la financiación con bancos y cajas, 300,78 millones eran a largo plazo, y 131,87 millones a corto plazo.

No sólo eran Bancaja o CAM

En un principio, sólo saltaron a la luz las inversiones de Bancaja, CAM y Lehman Brothers. Aunque es cierto que ellas soportan la mayor parte de la deuda también es verdad que los daños colaterales del hundimiento de Llanera afectó a todo el barco. En concreto, son 13 bancos (Santander, BBVA, Popular, Banesto, Sabadell, Banco de Valencia, Pastor, Guipuzcoano, Gallego, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays y Citi); otras 13 cajas de ahorro (La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, CAM, Caixa Catalunya, Unicaja, Caja España, Cajasol, Cajasur, Sa Nostra, Granada, Caixanova y Ontiyent). Ellos fueron el brazo financiador, aunque la lista de acreedores totales se cuenta por miles.

Un largo y complejo proceso

Bancos y cajas esperan recuperar sus inversiones. Sin embargo, el proceso puede durar un año, ya que el juez y los administradores concursales tienen mucho trabajo por delante: “Hay que analizar bien el convenio que se propondrá para renunciar a una parte de la deuda y valorar adecuadamente los activos de la empresa”, explica a elEconomista Carlos Pavón, letrado de Iure Abogados, que representa a 40 acreedores. Algunas empresas consideran que se está haciendo una liquidación algo prematura.

Según la documentación que obra en poder del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, a la que ha tenido acceso este periódico, Banesto tiene una deuda de 4,8 millones, al menos, con cinco de las seis sociedades del grupo Llanera (ver más en información de recuadro). Según el dossier, Barclays concedió créditos por 900.000 euros, mientras que BBVA reconoce una deuda de casi medio millón de euros con una de las empresas del grupo inmobiliario.

Dentro de las cajas, los destrozos son similares. Las más castigadas por la suspensión de pagos de Llanera -junto a Bancaja y CAM- son Caja Duero y Caja Sur . Les sigue Caixa Catalunya, con más de dos millones en créditos, Caixanova y Sa Nostra (Baleares) con un millón y medio de euros, al menos. Además, Unicaja y Caja España habrían concedido financiación por alrededor de un millón. No podría faltar Caja Madrid, con 305.512 euros.

Pero la mayor inversión la dieron otros. Bancaja reconoció una deuda con las empresas de la inmobiliria de 92 millones, que está regularizando con la promotora. Su participado Banco de Valencia les confió 28 millones, mientras que la CAM le habría otorgado entre 30 millones y 40 millones. No obstante, las cajas dejaron claro que la mayoría de estos créditos contaban con garantías más que reforzadas. Fue un banco extranjero, Lehman Brothers, el que se llevó la palma, con un préstamo de más de 148 millones de euros, que vencía en enero. Pero ha habido acuerdo.

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UN EX TRABAJADOR DE POPULAR RETRATA LA HIPOCRESÍA DE ROUCO VARELA Y DENUNCIA LA EXPLOTACION LABORAL DE LOS DEFENSORES DE LA “FAMILIA CRISTIANA”.

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POLÍTICA

 29/12/2007

Un ex trabajador de Popular TV retrata a los defensores de la familia cristiana

“360 euros mensuales: para pocos pecados me daba, señor Rouco”

DANIEL JIMÉNEZ LORENTE

España es el país del mundo con la vivienda más cara en relación a los sala­rios. El Gobierno destina a la protección de las familias el 0,78% del PIB, siendo el segundo país por la cola de la UE en este apartado, por delante tan sólo de Polonia. Además, se estima que alrededor del 40% de los trabaja­dores cobra menos de 1.000 euros, a pesar de las maratonianas jornadas de trabajo de los españoles, que dificultan la conciliación de la vida familiar y labo­ral. La precariedad laboral, el desorbitado precio de la vivienda y la falta de de­sarrollo de verdaderas políticas sociales son los principales problemas a los que se enfrentan las familias españolas. Pero difícilmente veremos este dis­curso el próximo día 30, en la concentración organizada por la alta jerarquía de la Iglesia española y por algunas de las congregaciones más poderosas, como Camino Neocatecumenal. Allí las cuestiones sociales ocuparán, según se de­riva de las declaraciones de sus impulsores, una cuestión secundaria. Las rei­vindicaciones serán antes morales (según la moral católica) y políticas, en clara alineación con el partido de la derecha. En realidad, para la Conferencia Epis­copal Española hablar de familia cristiana es una redundancia, puesto que no admite otro modelo de familia que el suyo.

Pero difícilmente se puede pedir conciencia social a una institución que no pre­dica precisamente con el ejemplo ni siquiera dentro de los organismos y enti­dades que dependen de ella.“En Madrid se peca masivamente”
Esto que voy a contar ahora ocurrió hace casi 3 años, a finales de enero de 2005. El cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, dijo entonces, cuando se celebraba la apertura de la Asamblea Sinodal de la archidiócesis, en la catedral de la Almudena, que en Madrid “se peca ma­sivamente; con osadía, unas veces, y otras con displicente ligereza”. Grabando las imágenes del acto se encontraba un cámara de Popular Televisión, la tele­visión del arzobispado y de la COPE, y un redactor, que es quien está escri­biendo este artículo. A pesar de que me había licenciado hace más de un año, cobraba 360 euros al mes; y podía dar gracias a Dios, porque los 6 meses an­teriores fueron 180 euros mensuales. Mi condición era la de becario, como si todavía fuera estudiante, pero la jornada no se correspondía con mi estado, llegando a alcanzar a menudo las 18 horas al día. Además, trabajaba ese do­mingo porque estaba de guardia, lo cual es bastante irregular, por no decir ile­gal. Un domingo de trabajo, con 360 euros mensuales en el bolsillo: para pocos pecados me daba, señor Rouco.

Los indefinidos morales
La acusada precariedad laboral es la norma dentro de los medios de comuni­cación de los obispos. Pero no se les puede negar cierta creatividad a sus di­rectivos. Popular Televisión ha creado de hecho una nueva categoría de con­tratos, muy acorde con el espíritu de la cadena. Son los llamados “indefinidos morales”. Consiste en mantener el mayor tiempo posible como trabajadores temporales a quienes llevan ya varios años en la empresa. Los contratos se terminan en julio, cuando comienza la programación de verano, que es sacada adelante prácticamente sólo por becarios, para volver a recuperar a “los vete­ranos” en septiembre. Antes de echarles en verano, a estos veteranos se les garantiza su continuidad dentro de la televisión por su ejemplo de esfuerzo y su buen hacer. Lástima que no sean lo suficientemente valiosos como para no pasar el verano en el paro, mientras pagan la hipoteca y no se atreven a pedir el subsidio de desempleo, por si las cuentas de cara a la devolución a la Hacienda Pública se tuercen.

También en la joya de la corona
Esto también pasa con la joya de la corona, esto es, la Cadena COPE, centro de difusión de las tesis ideológicas, nada pías, del ex maoísta y ferviente cre­yente (en el mercado) Federico Jiménez Losantos. Muchos de los redactores empleados en programas nacionales de la radio tampoco son contratados; figu­ran como freelance, aunque en la práctica sólo trabajan para este medio de comunicación, debido a que la fuerte carga de trabajo les imposibilita buscar más colaboraciones en otros medios. El sueldo neto que les quedaba para sus gastos personales, libre ya de impuestos y cotizaciones, no llegaba en 2005 a los 700 euros mensuales. En los corrillos de trabajadores siempre se ha dicho que esto realmente no es culpa de los obispos, que ellos no saben lo que se mueve de­ntro en su casa. Esperemos que ahora las cosas empiecen a cambiar, si quiera sea para que los empleados de Popular Televisión y la Cadena COPE puedan tener un sueldo digno que les permita fundar una familia, cristiana, por su­puesto. Además, si los obispos toman medidas evitarán de paso que los direc­tivos de Popular Televisión y Cadena COPE caigan en el pecado de la codicia.

La Iglesia terrateniente
Tampoco podemos exigir a la Iglesia que presione a los poderes públicos para que estos garanticen el derecho a la vivienda. En realidad, la Iglesia es uno de los grandes beneficiados del boom de la construcción de los últimos 10 años, como gran terrateniente que es. La fijación del alcance real de su patrimonio inmobiliario es tarea harto complicada, debido a que cada una de las 67 dióce­sis lleva sus cuentas por separado. Sí sabemos que es la mayor propietaria de tierras en España tras el Ministerio de Defensa. Este último organismo público controla 1.500 millones de metros cuadradazos. El tercer terrateniente, si­guiente en importancia tras la Iglesia, es RENFE, con 450 millones de metros cuadrados; entre esas 2 cantidades debemos situar el patrimonio que reúnen las 67 diócesis, aunque según algunas fuentes las posesiones de la Iglesia se­rían mayores incluso que las del propio Estado. A esto se une el trato fiscal pri­vilegiado de la Conferencia Episcopal, que está exenta de pagar el IVA que le correspondería por la compra de bienes y servicios. Dicha situación ha sido denunciada por la UE, que exige que terminen estas prebendas. Así se hará, pero no sin compensar a la Iglesia económicamente, como ha dejado claro el ministro de Economía, Pedro Solbes. Es decir, el gobierno va a dar más dinero procedente del erario público a los obispos para repararles del cumplimiento de la ley, que por cierto en un estado democrático y laico es igual para todos.

Benigno Blanco y el trasvase del Ebro
El Foro Español de la Familia, presidido por Benigno Blanco, es otro de los grandes impulsores de la concentración del 30 de diciembre. Blanco era una de las cabezas visibles de Iberdrola en el pasado, hasta que el PP se hizo con el poder, tras lo cual entró en la Secretaría de Estado de Aguas. Entonces Blanco pasó de defender los intereses de una gran eléctrica privada a gestionar una entidad pública que debe velar por el interés común en un tema tan primordial como el suministro del agua. A partir de su nombramiento, el PP, que era con­trario a la política de trasvases, decidió cambiar radicalmente su orientación. Blanco estuvo a la cabeza de esta nueva estrategia, apoyando en esos mo­mentos obras relacionadas con el trasvase del río Ebro a la cuenca del Júcar; Iberdrola fue la más beneficiada por esta operación. Blanco también participó en la creación de la sociedad de capital mixto (público y privado) Aguas del Jú­car S.A, encargada de obras relacionadas con el trasvase del Júcar al Vina­lopó. De nuevo todas las concesiones y licencias que se aprobaron al respecto beneficiaron a su antigua empresa. Y fue Blanco también quien envió una carta a la directora general de Presupuestos de entonces para que acometiera la expropiación de la central eléctrica de los Millares, que debía ser inundada por la nueva presa de Tous. El coste de dicha expropiación era de 15.000 millones de las antiguas pesetas. Después se supo que esa presa hubiera recibido el agua pro­cedente del Ebro si se hubiera hecho el trasvase. ¿A quién pertenecía esa central? Curiosamente a Iberdrola. En dicha carta también se pedía la cons­trucción de embalses en Aragón, los cuales no eran para provecho de los pro­pios aragoneses, sino para almacenar también el agua del trasvase, lo cual era ignorado en la región. Y así podríamos seguir rastreando por la biografía del muy católico Benigno Blanco, experto en eso del tráfico de influencias y del “agua para todos”, o más bien del “pasta para todos (sus amigos)”.

Ratzinger y sus amistades peligrosas
La celebración de la familia cristiana que tendrá lugar el próximo 30 de diciem­bre en la Plaza de Colón de Madrid contará con un invitado muy especial. Nada más y nada menos que el propio Benedicto XVI, que se encargará de la aper­tura del acto vía satélite desde Roma. Esperemos que Ratzinger pida por todas las familias, también por las de los desaparecidos en los años de la dictadura chilena. De este asunto sabe muy bien su leal amigo, el cardenal italiano An­gelo Sodano, que también es amigo íntimo del sangriento dictador Augusto Pi­nochet. Sodano formó además parte del cónclave que convirtió en Sumo Pontí­fice al alemán. Asimismo fue ratificado por Benedicto XVI como secretario de Estado del Vaticano en 2005, aunque más tarde, el 22 de junio de 2006, renun­ció a su cargo. El cardenal italiano fue nuncio del Vaticano en Chile entre 1977 y 1988. Jamás movió un dedo contra las violaciones de los derechos humanos protagonizadas por su camarada dictador. Miles y miles de chilenos perecieron en esos años de terror en un país donde se había cercenado de golpe, por la vía de las armas, la esperanza de vivir bajo el amparo de un auténtico Estado social y democrático de derecho. Una de las prioridades del gobierno de Allende era precisamente aumentar el bienestar material de las familias, de esas familias rotas por el amigo de Sodano. Que Dios al menos, si no es el Papa, se apiade de estas familias que ya no podrán reparar nunca esta pér­dida.

La Iglesia de Cristo
La Iglesia, la verdadera Iglesia de Cristo, debería tener una vocación universal y velar por el bien de todos, creyentes y no creyentes. Jesucristo acogió en su seno a delincuentes, publicanos del Imperio Romano y prostitutas. Más de 2.000 años después, Roma es un club de lujo para socios con un perfil muy definido. Seguramente muchas familias jamás podrían ir a un acto como el del 30 de diciembre y explicar abiertamente por qué ellos se consideran también familias, pero no cristianas. No serían comprendidos por los jerarcas de la Igle­sia, estos jamás querrían entender que hay otros modos de hacer las cosas que no hacen ningún daño a sus creencias religiosas. Señores obispos, apren­dan tolerancia; no tienen que ir muy lejos. Como dijo uno de los grandes rebel­des de la historia, “bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanza­rán misericordia”.

Daniel Jiménez Lorente es periodista y activista de V de Vivienda

TERMINÓ LA FIESTA DEL LADRILLO. ¿y AHORA QUÉ?.

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La fiesta del ladrillo se terminó de repente. ¿Y ahora qué?

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@Fátima Martín – 24/12/2007

 

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La colosal fiesta del ladrillo español, que ha durado más de una década, disfrutaba de sus últimos compases cuando, de repente, estalló la crisis suprime estadounidense de agosto y secó el mercado inmobiliario español. A muchos les ha pillado con el pie cambiado en medio del baile. El año 2007 nos ha dejado una nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, que, en línea con Zapatero, pretende contentar a todos pero no convence a nadie. Una Ley del Suelo que provoca ojeras a los promotores. Un nuevo lobby, el G-14, apodado ‘el club de los mal pagadores’. Catástrofes bursátiles como la de Astroc. Concursos de acreedores como el de Llanera. El principio de la canibalización del sector. Psicosis entre las entidades financieras. Una demanda insatisfecha y una sobreoferta que no se coloca. Una legión de mileuristas sobreendeudados que comprueban con horror cómo sus cuatro paredes no valen lo que costaron. Un país escandalosamente enladrillado que pretende competir en este mundo global. Y una certeza: la vivienda es el principal problema de los españoles, según el CIS. ¿Y ahora qué?El año que ahora termina nos muestra un rápido deterioro de los elementos que sustentaron el boom y que permitieron a España “salirse de la diapositiva”. La tendencia se pone de manifiesto de manera dramática después del verano. Así, los precios de la vivienda se congelaron en el tercer trimestre, pese a haber subido un 5,3% en términos interanuales. En once provincias y en cuatro comunidades, los pisos se revelaron más baratos en septiembre que en junio. Todos los pronósticos apuntan a caídas de precios reales en los próximos trimestres.

Las cantidades no pintan mucho mejor: el pasado mes de septiembre, se visaron 47.099 viviendas frente a las 130.630 unidades en septiembre de 2006, según los datos del Ministerio de Fomento. Esto es un 63,9% menos. La patronal de la construcción, SEOPAN, estima que cada vivienda que se deje de construir se cobrará dos empleos. El pasado mes de marzo, el recientemente fallecido Enrique de Aldama, ex presidente de la patronal, ya advirtió de que se dejarían de construir 100.000 unidades en 2008, lo que destruiría 200.000 empleos “paulatinamente”.

Las compraventas también se deterioran. Entre septiembre de 2006 y el mismo mes de este año, se inscribieron en los registros 830.605 operaciones de compraventas, un 12% menos que entre septiembre de 2005 y 2006, según el Colegio de Registradores. Al igual que el crecimiento hipotecario: el número de viviendas hipotecadas -103.671- se desplomó en septiembre un 10,3% respecto al año anterior, según la Estadística de Hipotecas de septiembre de 2007 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y lo que te rondaré morena.

Citigroup: “está sorprendiendo la vulnerabilidad de España”

La velocidad de crucero a la que ha viajado el sector durante una década y su actual aterrizaje brusco no se pueden entender sin el contexto internacional. Dicho de otro modo, el boom español ha sido desmesurado, pero no ha sido el único. “El sector hipotecario residencial ha sido uno de los motores del crecimiento mundial en los últimos siete u ocho años. Sobre él se ha desarrollado un mercado de créditos estructurados que ha supuesto la mayor innovación de los mercados financieros de los últimos años. Pero en estos momentos asistimos a un proceso de aterrizaje brusco en algunos países, como EEUU. Y estos productos plantean ahora muchas dudas, que son las que explican la sequía, la desconfianza y la crisis en el sector inmobiliario mundial. Hoy por hoy, la desconfianza a nivel hipotecario es mundial.Y la posibilidad de recesión ha aumentado”, explica José Luis Martínez, estratega de Citigroup.

¿Y qué pasa en nuestro país? “En España comenzamos a ver los primeros indicios de una caída fuerte de la actividad. Nos está sorprendiendo su vulnerabilidad, que será más profunda cuanto más dure esta crisis de confianza. Lo cierto es que este país despierta muchos interrogantes para 2009”, añade.

“2007 es el año en que se puede decir que se acabó el pastel. Mientras el mercado habla de si la crisis es brusca o suave, a muchos se les va a llevar por delante”, plantea Mikel Echavarren, consejero delegado de Irea, para quien “se ha producido un cambio radical -a peor- en las expectativas del mercado por la crisis de liquidez del sistema financiero internacional”. Echavarren, desde la consultora inmobiliaria que gestiona, advierte de que el concepto “valor” es enormemente relativo: significa lo que tú está dispuesto a comprar; de que en España se han concedido hipotecas basura sobre suelo rústico; y de que se ha reducido significativamente el número de potenciales inversores.

“Iniciamos 2007 con mucha alegría, pensando que el negocio seguiría, que la vivienda era la inversión más segura y que los precios continuarían creciendo dos dígitos un año más. Por la realidad es que ya en el primer semestre tuvimos que revisar nuestras previsiones a la baja y terminamos el año con caídas reales de los precios en las viviendas de segunda mano. En definitiva, se ha confirmado el fin del ciclo inmobiliario”, es el balance de Fernando Encinar, director de comunicación de Idealista. También él hace referencia al impacto que la crisis de las hipotecas basura estadounidenses ha tenido sobre el sector inmobiliario patrio. “Son unos platos que no hemos roto nosotros pero que han provocado un cambio brusco en el ciclo español”, señala.

La palabra crisis en chino está formada por los caracteres peligro y oportunidad

¿Y ahora qué? La nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, recordó en la puesta de largo del recién creado G-14, Grupo de Inmobiliarias por la excelencia, que “la palabra ‘crisis’ en chino está formada por los caracteres ‘peligro’ y ‘oportunidad’”.

Y oportunidad es la palabra que sale a relucir en estos momentos por doquier en el sector. “Hay margen para gestionar la crisis. Las oportunidades se presentan ahora para quien tenga liquidez. O sea, quienes vendieron sus empresas a tiempo, quienes han sido prudentes y no se han endeudado hasta las cejas y quienes dispongan de patrimonio en renta. En todo caso, las inmobiliarias de toda la vida que han pasado varias crisis, tienen más margen de confianza”, asegura Mikel Echavarren.

Entre los optimistas se sitúa también Frédéric Mangeant, socio propietario de la consultora Knight Frank, para quien la situación que atraviesa el segmento residencial no se trasladará a oficinas o centros comerciales. Mangeant confía en que el panorama se clarifique a partir de marzo, cuando tengan lugar las elecciones generales.

“El 2008 puede ser un año duro, pero también puede ser muy interesante para los demandantes de vivienda. Además, todo el esfuerzo de las administraciones por el alquiler va a dar sus frutos en 2008. Y, por supuesto, va a ser el año de Internet en el sector”, resume Encinar. “España no es sólo ladrillo”, afirma José Luis Martínez.

El arquitecto y economista Ricardo Vergés no es tan benévolo: “en 2007, algo nuevo está ocurriendo. El BCE pone nuestro mercado monetario primario (36m) a cero (somos los únicos). Los bancos ya no prestan a promotores y los visados caen en picado. Los precios empiezan a encogerse. El gobierno cambia a su ministra tapadera. La presión medioambiental se vuelve insostenible. La prensa anglosajona arrecia sus ataques. Francia se queja de las inmobiliarias españolas. La inflación por causa de liquidez se dispara. Aun así, el Banco de España anuncia un nuevo subidón en Oct.-Nov (ver 20.3 BdE. Boletín Estadístico), que llevará el saldo del mercado secundario interbancario de Frankfurt (36n) a rozar el medio billón de euros. Señor Solbes, tengo una pregunta para Ud.: ¿por qué necesitamos tanta liquidez si ya nos la hemos llevado toda?”, se pregunta. A la hora de pedir explicaciones al ministro de Economía, Vergés coincide con la voz de la calle. La Plataforma por una Vivienda Digna pidió la dimisión de Solbes el pasado 12 de diciembre ante el Ministerio de Economía.

EL INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM), AFECTA A LA PRESTACION DE DESEMPLEO, SUBIRÁ UN 3,5%.

El Gobierno cumple con su compromiso de que el Salario Mínimo Interprofesional alcance los 600 euros en 2008
 

UGT – 21 de diciembre de 2007

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El Gobierno se ha comprometido, en su reunión de hoy con los interlocutores sociales, a actualizar el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) en 2008, en un 3,5%, teniendo en cuenta la inflación media del año y no la previsión oficial del 2%.

Esta renta afecta, entre otras, a la prestación por desempleo. UGT seguirá insistiendo en la necesidad de que el IPREM incorpore una cláusula de revisión anual, similar a la que se aplica a las pensiones, para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los perceptores de esta renta. Asimismo, se ha fijado la subida del Salario Mínimo Interprofesional, para el próximo año, en un 5,1%, hasta alcanzar los 600 euros mensuales. Se culmina así un compromiso social que adquirió el Gobierno al iniciar esta legislatura.

El SMI alcanzará los 600 euros mensuales (14 pagas) el próximo año, lo que supone un 5,15% respecto a 2007 y el IPREM subirá hasta los 516,17 euros, un 3,5% más que este año. El Gobierno ha trasladado este compromiso a los interlocutores sociales en la reunión que han mantenido esta mañana en el Ministerio de Trabajo.

 La subida del SMI supone el cumplimiento de uno de los compromisos básicos acordados en la mesa de diálogo social en diciembre de 2004. El SMI ha experimentado sucesivos aumentos: un 4,5% en 2005, un 5,4% en 2006, un 5,5% en 2007 y un 5,15% en 2008, creciendo en todo el periodo por encima del IPC y consiguiendo ganar poder de compra en tan sólo tres años.

Igualmente, desde 2004, el SMI se ha incrementado por encima del salario medio, de modo que su cuantía ha pasado de representar el 38% del salario medio neto de nuestro país en 2003, al 42,4% en 2007 y, previsiblemente, alcanzará el 43% el próximo año. Se trata de un avance relativo muy importante, aunque el porcentaje aún se sitúa lejos del 60% que recomienda la Carta Social Europea.

En este sentido, los sindicatos han insistido, en la reunión de hoy, en el planteamiento conjunto de que el SMI continúe creciendo hasta alcanzar el 60% del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea. Para lograr este objetivo, el salario mínimo deberá crecer anualmente un 8% entre 2009 y 2016, bajo el supuesto de que el salario medio crece a un ritmo anual del 3,6%. De esta forma, en el escenario inmediato 2009-2012, se plantea alcanzar un SMI de 817 euros, lo que representa un 50,8% del salario medio neto.

Una subida del SMI en línea con lo ocurrido en el período 2004-2008 es una propuesta razonable que ofrece un escenario de estabilidad a medio y largo plazo y permite, además, evaluar a lo largo del tiempo sus repercusiones sobre el mercado de trabajo.

En cuanto a los criterios a tener en cuenta para la revisión del IPREM, quedaba pendiente la decisión sobre la actualización para 2008 y sus posteriores subidas.  La reivindicación sindical de evitar que el IPREM pierda poder adquisitivo en 2007 ha sido resuelta por el Gobierno con un aumento del 3,5% (crecimiento de la inflación media anual). De esta forma, en enero de 2008 el IPREM se situará finalmente en 516,17 euros /mes.

Para evitar que el indicador pierda poder adquisitivo en el futuro, UGT sigue insistiendo en la necesidad de establecer un método de actualización del IPREM, que mantenga el valor real del indicador a lo largo del tiempo. Para ello, el mecanismo de actualización del IPREM deberá incorporar una cláusula de revisión anual similar a la que se aplica a las pensiones públicas. Es decir, en noviembre de cada año se corregirá, en su caso, la desviación entre el IPC real y la subida inicial del IPREM.

 

EL PP DE LA COMUNITAT VALENCIANA OBSTRUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.

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POLÍTICA

 17/12/2007

La derecha provoca “una situación social límite” en detrimento de los discapacitados

El bloqueo del PP valenciano a la Ley de Dependencia envía al paro a 186 trabajadores sociales

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El próximo 31 de diciembre se va a llegar en la Comunidad Valenciana a una “situación social límite”, según alerta el sindicato CC.OO. Este punto crítico será el resultado del persistente bloqueo que el gobierno conservador del PP está haciendo a la aplicación de la ley de Dependencia que promueve el ejecutivo socialista.

Según confirma a El Plural la responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Adelaida Vega Roca, en la fecha marcada, los 186 trabajadores sociales que desde septiembre se encargaban en Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de evaluar y redactar informes de las solicitudes de ayudas, irán a engrosar las listas del paro.

Todos al paro
Desde la administración autonómica se justifican los despidos en cadena porque las convocatorias están planificadas para cubrir períodos de seis meses, “dependiendo de que hayan existencias de fondos en los presupuestos”. Esta última condición es la que más inquieta a los afectados por el despido. En las cuentas de la Generalidad Valenciana para 2008 no figuran partidas específicas para estos fines. Se deduce, desde la oposición de izquierdas, que se está pretendiendo cubrir los costes únicamente con las transferencias del gobierno central. Para 2008 rondarán los 80 millones de euros.

Sin garantías
En cualquier caso, los trabajadores sociales cesados no esperaban la carta de despido, sino otra a la inversa que les confirmara en sus puestos automáticamente, para no entorpecer sus tareas con la discontinuidad forzada que ahora tienen que soportar, sin garantía formal de que vuelva al trabajo más adelante algún día.

Una trabajadora afectada
Una de las trabajadores sociales afectadas por este parón laboral, Virginia Tovar, explica que con esta manera de actuar se ocasiona un mayor retraso en la gestión de las ayudas -“que es lo que persigue la Generalitat Valenciana”, insiste– para que la aplicación de la ley socialista parezca un rotundo fracaso, al menos en la autonomía valenciana.

Todo “en saco roto”
Además del quebranto económico personal, los trabajadores sociales se quejan de que todo lo que han avanzado durante los últimos cuatro meses “caerá en saco roto”. Se tendrá que empezar de nuevo, en detrimento de quienes tienen que percibir las ayudas económicas, es decir las personas mayores con problemas de movilidad y personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Sistema de contratación
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia, Pilar Rueda, reconoce a El Plural que el método de contratación empleado por el Consell para estas taras técnicas en ayuntamientos “no es bueno”. Dice que genera inestabilidad en el técnico y, muy posiblemente, una merma de calidad de servicio, dada su precariedad. Añade otro problema, al denunciar que entre los contratados de la primera convocatoria “muchos no eran titulados sociales”, asegura, dando a entender que ha podido haber mano ancha para el “enchufismo”.

A cuatro meses vista
Pese al malestar y a la incertidumbre general que reinan en los profesionales sociales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), responsable de distribuir en los Ayuntamientos los recursos para cubrir los gastos de personal de atención, ha vuelto a publicar el pasado 10 de diciembre otra convocatoria, idéntica a la que publicó en julio. A ella van a tener que acudir de nuevo los Ayuntamientos, 117 en total, si quieren volver a tener operativos los servicios de atención. Por rápido que se actúe, este duplicado proceso de selección se alargará hasta el mes de abril o mayo, después de las elecciones generales de marzo.

Ritmo lento
Además de este taponamiento en los ayuntamientos, al modelo adoptado por la Generalidad Valenciana le están lloviendo críticas de variada índole. Los sindicatos le acusan de llevar un ritmo muy lento. Hace una semana se publicó un informe de ámbito estatal en el que la Comunidad Valenciana, junto con la madrileña, está a la cola respeto al resto de Gobiernos regionales. En territorio valenciano todavía nadie, de los muchos miles de ciudadanos que tienen derecho a cobrar, ha percibido estas ayudas. En Navarra, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha se han empezado a abonar, con tarifas entorno a los 489 euros mensuales para beneficiarios que viven en el entorno familiar y 657 euros cuando se contrata una persona para su cuidado.

Incumplimiento de una ley estatal
De entre todos los desajustes y errores de aplicación que se achacan a la Generalidad Valenciana, el más grave es el que pone sobre el tapete la trabajadora social, Virginia Tovar. Advierte que de no firmarse el convenio con el Gobierno antes de que finalice este año a la Generalidad Valenciana, se le puede acusar de “incumplimiento de una ley estatal”, con lo que ello significa, si se actúa por la vía judicial.

JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, PROMETE DOS MILLONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y MILLÓN Y MEDIOS DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.

POLÍTICA

 16/12/2007

http://www.20minutos.tv/index.php?v=NoPnLitBul

Solbes destaca la aproximación a los grandes países de la UE por el crecimiento económico durante la legislatura

ZP promete dos millones de puestos de trabajo y 1,5 VPO

L. B. / EFE

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que entre los objetivos del Gobierno para la próxima legislatura se encuentra la creación de dos millones de puestos de trabajo y 1,5 millones de viviendas de protección oficial (VPO) en diez años. El ministro de Economía, Pedro Solbes, por su parte, ha destacado que se ha producido una aceleración económica que ha permitido aumentar la renta per cápita y aproximarse gradualmente a los grandes países de la Unión Europea.

Durante su intervención en el Foro Economía en Progreso, Zapatero ha anunciado algunos de los principales compromisos que el PSOE se ha marcado de cara a la próxima legislatura. Los ejes principales de estos compromisos son el empleo donde Zapatero ha promtetido dos millones de puestos de trabajo; la estabilidad laboral, para lo que el PSOE se ha propuesto reducir el empleo precario por debajo del 25%; y la vivienda en cuyo ámbito el presidente del Gobierno ha expresado el compromiso de promover “un millón y medio de viviendas en los próximos diez años”,

Integración plena de la mujer
Zapatero ha indicado que espera reducir la tasa de paro hasta el 7 por ciento y la temporalidad hasta el 25 por ciento, además de reducir las cargas administrativas en otro 25 por ciento. El jefe del ejecutivo aspira a que en la próxima legislatura la actividad media se sitúe por encima del 70 por ciento y que la tasa de actividad de las mujeres esté por encima del 60 por ciento, ya que se ha marcado como objetivo prioritario la “integración plena de la mujer al mercado de trabajo”

“Un optimismo fundamentado”
En cuanto a la creación de viviendas, Zapatero ha señalado que se trata de un proyecto para los próximos diez años. De los 1,5 millones de viviendas que se pretenden crear, un 40 por ciento (600.000) serán de alquiler. El jefe del Ejecutivo, que se ha mostrado muy optimista en cuanto al futuro económico de España señaló que no se trata de “un optimismo sin fundamento” sino que es el resultado del trabajo de los cuatro años que lleva gobernando el PSOE y de “la confianza que tenemos en la sociedad española”.

Llegar al pleno empleo real
A ese crecimiento contribuirán, según ha señalado Zapatero, el aumento de la población española, las consecuencias de la aplicación del Plan de Infraestructura del Transporte, el incremento inversión en I+D+i, la extensión de las escuelas infantiles de cero a tres años, las mejoras en la calidad educativa y el desarrollo efectivo del sistema de atención a la dependencia. La aspiración del Gobierno es llegar al pleno empleo real “más empleo estable y de calidad”, ha dicho Zapatero que ha añadido que, en el ámbito laboral, “pondrá su empeño” en lograr que el trabajo no suponga un peligro para la salud y la seguridad de los trabajadores y por ello se propone reducir el índice de siniestralidad y situarlo en la media de la Unión Europea.

Observatorio informativo en la red
Una de las novedades que ha anunciado el presidente del Gobierno, es la puesta en marcha de un Observatorio que facilitará a los ciudadanos información en la red sobre los productos y servicios que ofrecen las distintas empresas y podrán saber, por ejemplo, los precios de la gasolina o de la leche en supermercados distintos. Esta es una de las medidas que Zapatero impulsará para fomentar la productividad, uno de los grandes objetivos de la política económica del Gobierno, junto a la plena incorporación de la mujer en el ámbito laboral. El presidente ha destacado la necesidad de profundizar en el cambio de modelo de crecimiento económico ya que en esta década se decide quién contará más adelante y “España contará de verdad y en buenas condiciones”.

Acercamiento a los grandes de la UE
El ministro de Economía, Pedro Solbes, por su parte ha señalado que la desaceleración del sector inmobiliario y el complicado contexto financiero internacional afectarán al crecimiento español a muy corto plazo, aunque señaló que se trata de circunstancias coyunturales. Solbes, señaló que no tardando mucho el crecimiento de la economía española volverá a las tasas que hemos visto en la legislatura. El ministro de economía ha recordado que la legislatura ha sido “positiva” desde el punto de vista económico, con cifras de crecimiento superiores al 4 por ciento en trimestres recientes y del 3,8 por ciento en el último. Tras una legislatura anterior “de crecimiento a la baja y partiendo de niveles inferiores al 3 por ciento”, se ha producido una aceleración económica que ha permitido aumentar la renta per cápita y aproximarse gradualmente a los grandes países de la Unión Europea.

Hacia la convergencia “real”
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha señalado que la creación de empleo durante la legislatura ha permitido dirigir una parte del buen resultado de la economía a fortalecer la protección social y hacerla compatible con el crecimiento económico. Caldera considera que se ha “dignificado” la vida de colectivos con poca renta, como pensionistas o trabajadores con poco salario, lo que significa, en su opinión, que se está avanzando hacia el modelo de convergencia “real” con Europa.

INMIGRACIÓN: LEGALIZAR LA RESIDENCIA EN ESPAÑA.

 

Legalizar la residencia en España

Los extranjeros regulares deben tener un número de identificación que figure en todos los documentos que se les expiden o tramitan

  • Autor: A. García | 
  • Fecha de publicación: 4 de diciembre de 2007

KRC

El Número de Identificación de Extranjero (NIE) es un número personal, único y exclusivo que se asigna a las personas extranjeras que legalizan su situación en España. Su solicitud es obligatoria para todos los extranjeros que, por intereses “económicos, profesionales o sociales, se relacionen con España”, sean de régimen comunitario o no. Por ello, debe figurar en todos los documentos que estas personas tramiten o se les expidan, así como en las diligencias recogidas en su tarjeta de identidad o pasaporte.

El NIE se puede solicitar tanto en las Representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares españolas del país de residencia del solicitante, como en la Dirección General de Policía u Oficina de Extranjeros de España. Para ello, la Ley autoriza a realizar este trámite a la persona interesada o a un representante con poder. Es imprescindible, eso sí, presentar un impreso de solicitud, el pasaporte, la tarjeta de identidad o un documento que acredite la nacionalidad del interesado.

Hay que acreditar que la estancia en España es legal y presentar los documentos que justifiquen el motivo de la petición del NIE

Además, hay que acreditar que la estancia en España es legal y presentar los documentos que justifiquen el motivo por el que se pide el NIE. Estos documentos pueden provenir de la Administración Tributaria, Registros de la propiedad o mercantiles, notarios, Tráfico, Seguridad Social o Instituto Nacional de Empleo, entre otras instituciones.

En cuanto a su utilidad, el NIE sirve para expedir el certificado de registro y la tarjeta de residencia, así como para obtener el permiso de conducir y matricular un vehículo, abrir una cuenta bancaria, comprar una vivienda, recibir asistencia psicosocial o psicopedagógica en caso de necesitarla, resarcimiento por daños corporales, materiales o en establecimientos mercantiles o industriales…

En definitiva, cualquier trámite que se realice en España requiere la presentación del NIE, por lo que si este número se pierde es necesario poner una denuncia de pérdida en la comisaría de policía y solicitar un duplicado por extravío en la oficina de extranjeros correspondiente. Para tramitar el nuevo NIE, hay que presentar el pasaporte y la denuncia.

Documentación de las personas extranjeras

Daimalu

El NIE está regulado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En esta norma se recogen, además, el resto de documentos que deben tener las personas extranjeras para acreditar su situación legal en España y que son:

  • Pasaporte o documento de viaje y visado. En el pasaporte debe constar el sello de entrada, la identidad y la situación de estancia en España, siempre que no se necesite un visado de estancia. En cuanto al visado, acredita la situación para la que se otorga y la validez.
  • Tarjeta de Extranjero. Según la ley, “todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses” tienen el derecho y la obligación de obtener la tarjeta de identidad de extranjero. Esta tarjeta acredita la situación legal en España y se debe solicitar personalmente en el plazo de un mes desde la entrada en España o desde que se concede la autorización para permanecer en el país. Los titulares de la Tarjeta de Extranjero están obligados a llevarla siempre consigo, por lo que su extravío, destrucción o inutilización requiere la solicitud inmediata de un nuevo documento con la misma validez y vigencia.
  • Tarjetas de trabajador transfronterizo y de estudiante. Los extranjeros que se encuentren en España por estudios o investigación durante un periodo superior a seis meses, así como los trabajadores transfronterizos, deben contar con la tarjeta de estudiante y de trabajador transfronterizo, respectivamente.

Infracciones y sanciones

El hecho de no disponer de esta documentación puede acarrear infracciones y sanciones de carácter leve, grave o muy grave. En concreto, el Ministerio del Interior recuerda que se considera infracción leve no comunicar a las autoridades españolas, o hacerlo con posterioridad a los plazos legales, el cambio de nacionalidad, estado civil, domicilio o situación laboral. También se penaliza el retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones que han caducado o trabajar por cuenta propia sin el permiso correspondiente. La multa asciende a un máximo de 300 euros.

Entre las infracciones graves destacan: encontrarse de manera irregular en territorio español, trabajar en España sin la autorización requerida, el incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública (presentación periódica o alejamiento de fronteras o núcleos de población), la comisión de una tercera infracción leve y ocultar o falsear la nacionalidad, el estado civil o el domicilio. Estas infracciones acarrean multas de 301 hasta 6.000 euros.

Por último, se catalogan como infracciones muy graves participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países; inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro la inmigración clandestina; conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos; contratación de trabajadores extranjeros sin la correspondiente autorización de trabajo; y comisión de una tercera infracción grave, entre otras. La multa va desde 6.001 hasta 60.000 euros.

LOS JÓVENES DEDICAN DOS TERCIOS DE SUS INGRESOS PARA LA COMPRA DE VIVIENDA.

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Los jóvenes dedican dos tercios de sus ingresos para la compra de vivienda

Según el Consejo de la Juventud esto hace prácticamente imposible el acceso a la vivienda de esta capa de población, ya que el esfuerzo económico dedicado a este fin no debe superar el 30%

EFE Madrid | 04/12/2007 | 2 comentarios | + 0 – 0 (0 votos)

La vivienda más buscada es un piso de 90 m2 y 3 habitaciones por 180.000 euros EFE

Los jóvenes españoles tienen que dedicar en la actualidad de promedio el 67,8% de sus ingresos a la compra de vivienda libre, según el Observatorio Joven de Vivienda elaborado por el Consejo de la Juventud de España.

Este porcentaje, en opinión de Mario Esteban Ruiz, presidente del Consejo de la Juventud, hace prácticamente imposible el acceso a la vivienda de esta capa de la población, puesto que el esfuerzo económico dedicado a este menester no debe superar el 30%.

El esfuerzo económico de los jóvenes para la compra de vivienda es, incluso superior, en zonas como Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, Barcelona y Baleares donde este registro supera el 80%, aunque se contrapone, en parte, con el 45% o menos que tienen que dedicar los jóvenes de Teruel, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Lérida, Badajoz y Palencia.

Deberían cobrar un 126% más para poder comprar

Conforme a este cálculo el observatorio establece que un joven en España debería ingresar un 126% más para poder atender a la demanda e vivienda en las condiciones que actualmente se encuentra en España, lo que implicaría ganar 36.678,27 euros anuales, frente al salario medio real de 16.225,46 euros.

Nuevamente, según zonas geográficas, las necesidades salariales aumentan o se reducen. De este modo, en Baleares y en Madrid, los jóvenes tendrían que atender a la vivienda con ingresos superiores en un 179,5% y en un 176,3%, respectivamente, frente al 38,8% de Extremadura ó el 72% de Navarra.

40m2 por persona

Un dato que también pone de manifiesto las dificultades de los jóvenes en el acceso a este bien de primera necesidad es que, de acuerdo con sus ingresos y las condiciones del mercado, dedicando sólo el 30% de sus ingresos, la superficie máxima tolerable se sitúa en 46,8 m2 construidos (unos 40 m2 habitables).

La emancipación es la principal causa-efecto de la compra de vivienda, y en este sentido, la tasa se sitúa de media en España en un 44,8%, aunque se trata de un fenómeno muy ligado a la inmigración, cuya población se considera casi toda emancipada. Por tramos de edad, entre los 18 y 24 años, dicha tasa llega al 13,3%; entre 25 y 29 en el 45,7%; y entre los 30-34 en el 73,7%.

Los responsables del Consejo de la Juventud de España calificaron los datos del Observatorio de “preocupantes” y dignos de hacer reflexionar a las autoridades públicas en pro de soluciones válidas para resolver los problemas de la vivienda en este colectivo.

Fomentar el alquiler público

A este respecto concretan algunas reivindicaciones como la promoción de planes de emancipación juvenil, la creación de instituto públicos de vivienda, promoción de un número suficiente de viviendas con precios asequibles que no detraigan más del 20% de los ingresos, mayor construcción de viviendas públicas y establecer cupos obligatorios de reserva de vivienda protegida.

Sobre las nuevas medidas promovidas por el Ministerio de la Vivienda, Mario Esteban las consideró positivas, por lo que tienen de mejoría de la situación, pero necesitan de un entorno administrativo favorable para que no se queden aisladas.

En cuanto al alquiler como fórmula alternativa al problema los responsables del Consejo de la Juventud, insistieron en la necesidad de la promoción pública, porque los precios en el mercado libre hacen, por ahora, inviable esta posibilidad con los actuales ingresos de los jóvenes.

LA POBREZA EN LOS PAISES DESARROLLADOS: EL CUARTO MUNDO.

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Cuarto Mundo: pobreza en los países desarrollados

La distribución desigual de la riqueza en los países del Primer Mundo ha aumentado la distancia que separa a las personas ricas de los grupos más desfavorecidos

El crecimiento económico de los países desarrollados ha dado origen a lo que se conoce como Cuarto Mundo, un término que engloba a todas aquellas personas que residen en los países más avanzados, pero se encuentran excluidas o en riesgo de exclusión social. Esta situación se produce cuando la riqueza se distribuye de manera desigual y la línea que separa a ricos de pobres se convierte en abismo. Como solución, se propone incluir a los grupos más desfavorecidos en el proceso productivo y aumentar las partidas económicas. “Las ayudas nunca son suficientes”, se quejan las ONG.

  • Autor: Azucena García | 
  • Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2007

¿Por qué surge?

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El término ‘Cuarto Mundo’ fue utilizado por primera vez en los años 70 para designar a aquellas personas que viven en situaciones realmente precarias. Su creador fue el padre Joseph Wresinski, criado en un ambiente muy alejado de la opulencia y que fundó en 1957 la primera asociación contra la exclusión de los más pobres. “El Cuarto Mundo es un pueblo formado por hombres, mujeres y niños que, generación tras generación, se ven excluidos de los derechos fundamentales de los que goza el resto de la sociedad. Se ven excluidos de los progresos sociales y de la participación en la vida asociativa, política, religiosa, cultural, sindical… de sus sociedades. No se cuenta con ellos como interlocutores sino, como mucho, como meros beneficiarios de ayudas”. Así define el término Beatriz Rodríguez-Viña, voluntaria permanente de Movimiento Cuarto Mundo en Madrid.

El término fue utilizado por primera vez en los años 70 para designar a aquellas personas que viven en situaciones realmente precarias

¿Pero cuál es la principal característica de este denominado Cuarto Mundo? Lo más curioso es que surge dentro de lo que se conoce como Primer Mundo. Es en los países más avanzados donde la gran diferencia en el reparto de la riqueza da lugar a dos grandes grupos que ocupan un mismo espacio físico, pero no social. No son casos aislados. Según datos de Médicos del Mundo, sólo en Europa residen más de 40 millones de personas pobres. “Otro de los paradigmas es Estados Unidos, que tiene una economía puntera, pero también un gran porcentaje de personas pobres que viven por debajo de niveles aceptables. Esto es todavía mucho peor de digerir”, reflexiona la vicepresidenta de la ONG, Celina Pereda.

La miseria siempre ha estado presente en nuestra sociedad. Siempre han existido ricos y pobres. Pero es ahora cuando esta diferencia se hace más patente. A medida que la economía del mundo occidental crece, también aumenta el número de personas a las que esta riqueza no llega. Se tiende a pensar que los más pobres viven en los países del Sur. Sorprende reconocer la pobreza ‘al lado de casa’, pero la hay. “En todos los países hay pobres, que son los que menos medios tienen para salir adelante”, apunta Rodríguez-Viña.

Combatir la pobreza es uno de los retos de la sociedad en que vivimos. Si no se encuentra una solución, el problema puede cronificarse y entrar en una espiral de difícil salida. Es necesario poner sobre la mesa las diferentes situaciones de exclusión social y afrontar cada una de ellas con las mejores herramientas. Una de las claves podría ser la incorporación de estas personas al proceso productivo o la elaboración de una Ley de Inclusión Social, reclamada desde hace años por la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía. “El crecimiento económico espectacular generado en los últimos años no ha contribuido a garantizar los derechos humanos ni a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos porque el umbral de pobreza no ha descendido”, denuncia la APDHA.

Grupos que lo integran

La identidad de quienes conforman el Cuarto Mundo ha variado en paralelo a los cambios sociales. Personas sin hogar, mayores sin recursos, drogodependientes, mujeres, niños o inmigrantes son los grupos que se enfrentan con mayor frecuencia a situaciones de precariedad. El X Informe de Exclusión Social, publicado por Médicos del Mundo en 2005 para analizar la evolución de los últimos diez años, reconoce que la exclusión social y la pobreza “comparten rasgos”. La primera limita el derecho a participar en la sociedad. La segunda impide acceder a los recursos necesarios para realizar las actividades básicas de la vida.

Personas sin hogar, mayores sin recursos, drogodependientes, mujeres, niños e inmigrantes son los grupos más desfavorecidos

Algunas de las causas que llevan a esta situación son la vulnerabilidad ante las drogas o la dificultad de acceso a una vivienda, a la educación o a un empleo remunerado. Contra todas estas dificultades lucha Médicos del Mundo desde 1992. Esta organización cuenta con varios programas de atención a personas excluidas. Los primeros proyectos tenían como objetivo la prevención de VIH/sida, debido a la alta prevalencia de la infección en España durante aquellos años, aunque en la actualidad la inmigración copa buena parte de sus esfuerzos. “Tenemos una población a la que es necesario prestarle atención”, afirma Celina Pereda.

La mayoría de las personas inmigrantes tienen problemas para regularizar su situación, lo que les dificulta el acceso a los recursos sociales, sanitarios, laborales y de vivienda. En el caso de las personas drogodependientes, el consumo de drogas provoca el rechazo de la población y les expone a la marginalidad, el deterioro físico y mental. Por su parte, quienes carecen de hogar son “el conjunto de población más castigado, no sólo por la falta de vivienda, sino también por el desempleo, la desestructuración familiar, el estigma público, el desarraigo social, la enfermedad, el deterioro de su propia identidad y la falta de acceso a los servicios”, explican desde Médicos del Mundo.

Intervenciones

Mattias Barthel

Si se atiende a las necesidades de los ‘habitantes’ del Cuarto Mundo, las intervenciones con estos grupos están claras. Es necesario resolver cuestiones de tipo sanitario y social, además de fomentar su integración.

  • Atención sanitaria. Con frecuencia, las personas que se mueven en ambientes marginales no tienen acceso al sistema público de sanidad, por lo que es prioritario atender estas necesidades. A veces, se trata de personas mayores con los achaques típicos de la edad o trastornos psicológicos motivados por la dureza de la vida en la calle. Otras son personas drogodependientes con VIH y enfermedades de transmisión sexual, debido a la falta de precauciones. La medida más habitual es el uso de unidades móviles, ya que permiten acercarse a estos grupos sin provocar el rechazo que les causa acudir a un hospital por su cuenta.
  • Atención social. Los trámites burocráticos son una de las principales preocupaciones de quienes quieren superar la marginalidad. En el caso de los inmigrantes, desean regularizar su situación, pero la mayoría desconoce cómo hacerlo. Hay que orientarles en este aspecto y explicar, en general, cómo obtener la tarjeta sanitaria, dónde acudir para recibir ayudas sociales o qué programas de desintoxicación de drogas existen.
  • Fomentar la integración. El primer paso para conseguir este objetivo es garantizar el acceso de todas las personas a los derechos fundamentales. Hay que desarrollar programas que les permitan la integración social, regularizar su situación administrativa o superar los problemas con las drogas y el alcohol, pero también son necesarios programas de sensibilización para que toda la sociedad se implique en este objetivo.

Se puede combatir

Es la eterna pregunta ¿Se puede superar la exclusión social? “La miseria no es una fatalidad y nadie se resigna a ella, ni los que la padecen ni los que la descubren”, responde Beatriz Rodríguez-Viña. “Todas las personas vemos que hay realidades sociales diferentes a la nuestra, otra cosa es que las queramos reconocer”, añade Celina Pereda. Cada día, somos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. La llegada de personas inmigrantes a las ciudades, por ejemplo, resulta cada vez más familiar puesto que son estas personas las que en muchos casos se encargan de cuidar a nuestros mayores y pequeños, además de realizar tareas de limpieza del hogar o atender comercios, en mayor medida.

“Todas las personas vemos que hay realidades sociales diferentes a la nuestra, otra cosa es que las queramos reconocer”

En cuanto a los instrumentos para combatir la pobreza, principalmente son dos: hace falta incrementar las ayudas económicas e involucrar a las personas afectadas. “Los esfuerzos sólo pueden ser eficaces si las personas que sufren la extrema pobreza toman parte activa en ellos”, explica Rodríguez-Viña. Quienes se enfrentan cada día a la exclusión social son quienes mejor la conocen y pueden enseñar a superarla. Por ello, hay que otorgarles los medios necesarios para que den a conocer su experiencia y hagan sus aportaciones para adoptar las medidas pertinentes.

“Por su parte -recomienda Rodríguez-Viña-, el resto de la sociedad debe asumir un compromiso económico, político, social y cultural. Crear espacios de encuentro y participación en la lucha contra la miseria y convertir a los más pobres y excluidos en los principales protagonistas de su desarrollo”. El X Informe de Exclusión Social recoge cómo, a lo largo de 2005, se produjo “el más importante proceso de regularización” de inmigrantes en España, aunque el “endurecimiento” de las medidas en las fronteras provocó episodios como la crisis de las vallas en Ceuta y Melilla. Hace hincapié en el alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual por parte de quienes no tienen acceso a medidas tan básicas como la utilización de preservativos. Y anima a adaptar la forma de trabajo de las ONG e instituciones públicas a las distintas realidades existentes.

En concreto, se requieren acciones específicas en los ámbitos que más preocupan en la actualidad:

Personas inmigrantes. La inclusión en el sistema público de sanidad de todas las personas que residen en España permitiría mejorar su salud y la de la comunidad en la que viven. Además, es preciso aumentar la inversión en los países de origen para evitar la salida de ellos en busca de un futuro mejor.

Personas drogodependientes. Los programas de metadona, intercambio de jeringuillas y reducción de daños en general limitan los riesgos del consumo de drogas. También hay que abordar las prácticas sexuales no seguras.

Personas sin hogar. Uno de los problemas más frecuentes es la escasez de plazas en albergues, pero también hay que impulsar el desarrollo de programas de integración social, formación y técnicas de búsqueda de empleo.

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LLANERA: COMIENZAN LOS DESPIDOS DE LOS TRABAJADORES.

Juez acepta acuerdo Llanera Construcciones para la extinción de 156 empleos

15:37 – 16/11/2007

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Valencia, 16 nov (EFECOM).-

El titular del Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia, Fernando Presencia, ha aceptado el acuerdo alcanzado entre los administradores concursales y los representantes de los trabajadores de la empresa Llanera Construcciones, Obras y Proyectos SL para la extinción de 156 empleos.

El acuerdo alcanzado, el único aportado por las tres empresas que han presentado expedientes de regulación de empleo (ERE), recoge indemnizaciones de 25 días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv).

El pasado 8 de noviembre tres de las seis empresas del grupo Llanera que se encuentran inmersas en concurso de acreedores presentaron solicitud de expediente de regulación de empleo, que plantea la extinción del 72% de los 328 contratos vigentes.

El auto dictado hoy por el juez acepta el acuerdo alcanzado el día 7 y que afecta a 156 de un total de 175 trabajadores, cuyos contratos podrán extinguirse con efectos inmediatos.

Llanera Construcciones, Obras y Proyectos SL es la empresa del grupo que mayor número de trabajadores tiene en plantilla en estos momentos y, tras el ERE, sólo permanecerán en ella 19.

Según el Tsjcv, el magistrado autoriza a la empresa a comenzar a extinguir los contratos de los trabajadores desde hoy mismo con la obligación de adjuntar el auto judicial a la carta de despido.

Contra el acuerdo cabe recurso de suplicación, así como del resto de recursos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos afecte a la tramitación del concurso.

El plazo para el ejercicio de las acciones que los trabajadores puedan ejercer contra este auto empezará a contarse desde la comunicación del despido.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia tiene pendiente de resolver el ERE de Llanera Urbanismo Inmobiliaria SLU, que propone extinguir 46 de los 74 contratos indefinidos que tiene en estos momentos, por lo que su plantilla quedaría reducida a 28 trabajadores.

Por su parte, Llanera SL se quedaría con 45 trabajadores, al extinguir 34 de los 79 contratos vigentes.

En estos dos últimos casos, el juzgado tiene que abrir el período de consultas a las partes (administración concursal y representantes de los trabajadores) para que intenten llegar a un acuerdo y, cuando se alcance, debe ser informado por la autoridad laboral antes de que resuelva el magistrado. EFECOM

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