DE LA VEGA CARGA CONTRA RAJOY POR CULPAR A ZAPATERO DE LOS ATAQUES A DIEZ, NADALS Y SAN GIL

europapress.es – 2/21/2008 12:02 PM

De la Vega responde a Rajoy que es “mezquino y miserable” culpar a Zapatero de los ataques a Díez, Nadals y San Gil

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tachó hoy de “mezquinas” y “hasta miserables” las acusaciones pronunciadas ayer por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que responsabilizó al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de los altercados sufridos por Rosa Díez, María San Gil y Dolors Nadal en diferentes universidades.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tachó hoy de “mezquinas” y “hasta miserables” las acusaciones pronunciadas ayer por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que responsabilizó al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de los altercados sufridos por Rosa Díez, María San Gil y Dolors Nadal en diferentes universidades.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Fernández de la Vega criticó que el “campeón de la crispación” -refiriéndose a Mariano Rajoy- “intente responsabilizar de esos incidentes al presidente del Gobierno”. Así, denunció que el líder ‘popular’ ha “crispado” la vida política “de forma irresponsable” a lo largo de toda la legislatura, para remachar que no puede ahora “pretender aparecer como el rey de la moderación”.

“Ha estado cuatro años lanzando la piedra y ahora esconde la mano para aparecer como un auténtico corderito, aunque yo le aseguro que no lo es”, afirmó de forma tajante, para recordar que el PSOE ha condenado las “manifestaciones antidemocráticas y autoritarias” sufridas por dirigentes de distintas formaciones políticas en los últimos días.

Tras ello, la ministra de la Presidencia equiparó esta actitud “mezquina” de Rajoy con la “utilización del terrorismo de forma partidaria, la utilización de la imagen de España en el exterior y ahora el hacer creer a la ciudadanía que estamos en una situación de crisis económica que nadie admite”, actuaciones que, dijo, ha mantenido el líder del PP a lo largo de estos cuatro años.

Por ello, De la Vega ve necesaria la existencia de una “derecha de verdad, más moderada y más moderna” en España. “A los que tienen moderados los expulsan, al que discrepa lo echan fuera”, indicó.

PP: LOS “CAMPEONES” DE LA CRISPACIÓN

Por otra parte, la candidata del PSOE al Congreso por Valencia, pidió no confundir el término ‘tensión’ con el de ‘crispación’, como, afirmó, quieren hacer ver “los maestros, los campeones de la crispación” y agregó que los ciudadanos deberán decidir de cara a las elecciones del 9-M entre el “proyecto de crecimiento, estabilidad y bienestar”, representado por el líder de su partido, o el “proyecto muy conservador” de “Rajoy, Acebes y Zaplana”.

Dicho esto, elogió al jefe del Ejecutivo, quien -afirmó- “ha colocado a España en la 8ª potencia del mundo, hemos crecido más que la media de la Unión Europea, ha mejorado la calidad de vida, ha reconocido la igualdad, ha subido las pensiones…”, en definitiva, recalcó, ha hecho posible un proyecto “para que la gente viva mejor y se sienta más persona”.

A juicio de la dirigente socialista, Zapatero es el “mejor” presidente en la historia de la democracia de España, como dijo “han puesto de manifiesto las encuestas” que le han apuntado como el jefe del Ejecutivo “más querido y más valorado”. Ello se debe, según De la Vega, a “sus profundas convicciones democráticas que ha demostrado en su forma de ser y de actuar”.

Frente a ello, en opinión de la vicepresidenta, se encuentra el candidato del PP a La Moncloa, quien tiene la credibilidad “bajo mínimos” y es el líder de la oposición “peor valorado en la historia de la democracia”.

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EL GOBIERNO DEFIENDE A LAS MUJERES LLAMADAS A DECLARAR EN EL CONFLICTO DEL ABORTO.

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 15/1/2008 

 CONFLICTOS

El Gobierno sale en defensa de las mujeres citadas por abortar

  1. • “No toleraremos que se vulnere su intimidad”, asegura De la Vega
  2. • La vicepresidenta y el ministro de Justicia abren la puerta a un posible cambio legal
EL PERIÓDICO
MADRID

En un momento en el que colectivos ultracatólicos se dedican a ejercer un pegajoso marcaje sobre las clínicas abortistas –concentraciones a sus puertas, insultos e incluso grabaciones con cámara oculta–, en el que la Iglesia ha renovado su sempiterno ataque contra esta figura, y, sobre todo, en el que un juez de Madrid ha llamado a declarar a 25 mujeres que en el pasado se sometieron a este tipo de intervención, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, denunció ayer todas estas maniobras como propias de una “campaña de intimidación”. El Ejecutivo, dijo en la Cadena Ser, “no va a tolerar que se vulnere la intimidad” de estas mujeres.
Las citadas vieron la pasada semana cómo agentes uniformados de la Guardia Civil llamaban a las puertas de sus casas para decirles que tenían que declarar ante el juez José Sierra, de tendencia conservadora, tras una denuncia de la plataforma católica La Vida Importa por presuntos abortos ilegales realizados en la clínica Isadora, en Madrid. ¿Supuso esa visita de la Benemérita una violación de la intimidad de las mujeres? De la Vega, quien no entró a juzgarla, explicó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado orden a la Fiscalía para que “extreme el control” e investigue esta decisión judicial. El ministerio público también recibió ayer una carta del líder de IU, Gaspar Llamazares, en el que este pide que se “actúe en favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.

PRÓXIMA REUNIÓN Y,
en la jornada que supuso la vuelta al trabajo de las clínicas abortistas, tras la huelga de la semana pasada por la “persecución” a la que están siendo sometidas, tanto De la Vega como el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, abrieron tímidamente el melón de una posible reforma de la ley del aborto, prometida en el 2004 por el presidente del Gobierno, pero nunca llevada a cabo. Aunque explicó que tal modificación no está en la agenda del Ejecutivo, la vicepresidenta dijo que sí “pretende abrir un debate y una reflexión sobre una nueva norma, sobre cómo funciona la actual para ver si hay que promover una nueva”. Algo similar señaló Bermejo: “La ley actual ha funcionado, pero eso no quiere decir que, si las necesidades sociales son otras, haya que replantearse la cuestión”.
Las clínicas abortistas mantendrán esta semana en Madrid un encuentro con Bermejo y el titular del Ministerio de Sanidad, Bernat Soria. El fiscal general del Estado, según dijo ayer De la Vega, estará “vigilante y atento”.

EL ESTADO ANTICIPARÁ LA PENSIÓN DE LOS PADRES DIVORCIADOS QUE NO LA PAGUEN.

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El Estado anticipará la pensión de los padres divorciados que no la paguen

EFE. 07.12.2007 – 14:40h

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De la Vega, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros (EFE)

  • Acuerdo aprobado en la reunión del Consejo de Ministros.
  • Son anticipos reintegrables que se limitarán a 18 meses.
  • El progenitor recibiría una cuantía máxima de 100 euros al mes.

Minuteca todo sobre:

El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que asegurará a las mujeres y hombres con la guarda y custodia de sus hijos una asignación económica en el caso de que el progenitor encargado de abonar la pensión alimenticia no la pague.

Para padres con hijos menores o mayores con discapacidad

Esta norma se aplicará a los padres con hijos menores y/o mayores de edad con una discapacidad superior al 65%, y por cada descendiente beneficiario el progenitor podrá recibir una cuantía máxima de 100 euros al mes.

Las cantidades concedidas por este fondo son anticipos reintegrables que se limitarán a 18 meses, siempre y cuando las pensiones alimenticias hayan sido acordadas en resolución judicial.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado tras el Consejo de Ministros que esta medida, promovida por los Ministerios de Justicia y Economía y Hacienda, ha sido demandada desde hace muchos años.

Se exigirá una “rigurosa” acreditación de la situación económica de la unidad familiar

Los padres que necesiten dirigirse al Fondo deberán tener resoluciones favorables dictadas por tribunales españoles y donde conste la exigencia de haber instado la ejecución de esa sentencia sin haber obtenido el pago. Además, deberá existir una “rigurosa” acreditación de la situación económica de la unidad familiar en la que vivan los menores.

El reconocimiento de los ingresos de la unidad familiar podrá solicitarse de forma “urgente” en el caso de que los ingresos no superen las cuantías previstas para el reconocimiento ordinario o cuando la solicitante sea víctima de violencia de género. Para que los menores comunitarios de la Unión Europea puedan recibir los anticipos, tendrán que ser residentes en España. En el caso de los menores extracomunitarios, se exigirá cinco años de residencia legal y que sus derechos nacionales concedan anticipos similares a los ciudadanos españoles en su territorio.

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SOCIALISMO Y NUEVA CIUDADANÍA.

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Socialismo y nueva ciudadanía

  

(Intervención de la Vicepresidenta Primera del Gobierno

en los Cursos de verano de El Escorial)

19 de julio 2004

      

I

El nuevo socialismo

Una de las señas de identidad de cualquier Gobierno de izquierdas es que no se da por satisfecho con una mera gestión eficaz de la cosa pública. Para serlo de verdad ha de saber vincular dicha gestión a los valores de sus propias convicciones ideológicas, a determinados “principios regulativos” dentro de los cuales enmarcar toda la acción política. Entre éstos están, como no, los principios de la solidaridad y la igualdad, que siempre han distinguido a los socialistas. Valores que enseguida se fusionaron a una concepción progresista de la libertad y la democracia. La proximidad de los poderes públicos a la ciudadanía y la construcción de una sociedad más igualitaria siguen siendo nuestra prioridad y así habrá de ser también en el futuro. El problema que se plantea -y que supongo que constituirá uno de los elementos de reflexión en este seminario-, consiste en ver hasta qué punto pueden realizarse estos principios bajo las difíciles condiciones de una sociedad en plena transformación como la que estamos viviendo en la actualidad. Los principios están claros, no así los medios para llevarlos a efecto.

II

Los nuevos retos

Frente a esta situación, el discurso de izquierdas debe reacomodarse para afrontar el futuro sin negar los valores del pasado. Se ha dicho que la izquierda lleva ya demasiado tiempo “conduciendo con el espejo retrovisor”. Se ha fijado en exceso en el discurso que emana de la Ilustración y en las condiciones específicas que tuvieron su origen en el industrialismo clásico. Si deseamos mirar hacia delante debemos necesariamente asumir tres hechos:

  • Primero, que el corte histórico producido en 1989/90 con la caída del socialismo de Estado ha obligado a un reajuste completo de las ideologías políticas. Aunque esto no equivalga, desde luego, al reconocimiento de su “desaparición”.

  • En segundo lugar, que han cambiado de forma sustancial los presupuestos sobre los que se edificaron las políticas de izquierdas: hemos llegado al fin del industrialismo clásico para encontrarnos ante una sociedad sujeta a nuevas condiciones objetivas. Baste mencionar ahora los efectos de la globalización económica con su continua apertura de los mercados, que ha creado un nuevo paradigma dentro del capitalismo, eso que alguien ha caracterizado como el “capitalismo existencialista”, permanentemente condenado a la innovación. O las dificultades derivadas de los problemas de la nueva complejidad social, que imponen una nueva forma de entender la acción de gobierno y el papel del Estado. Por no entrar en otros cambios sociológicos como el creciente pluralismo moral y de formas de vida, o el aumento de la diversidad social.

  • Y, por último, que hoy nos encontramos también ante la amenaza de desaparición del optimismo ilustrado, que creía en una mejora progresiva de las condiciones de vida de los seres humanos. Hoy se aprecia por doquier un nuevo realismo “posilustrado y “poshumanista”, que parece mostrarse complacido con la afirmación del mundo tal y como es. Y todo empeño por tratar de transformarlo tiende a presentarse como una empresa ilusoria y sin fundamento.

Simultáneamente estamos asistiendo, sin embargo, a una nueva menesterosidad social que exige más que nunca una respuesta de izquierdas. En términos un tanto dramáticos, el sociólogo Zygmunt Bauman ha caracterizado esta nueva realidad como una “situación de vulnerabilidad mutuamente asegurada”, derivada del hecho de haber perdido el “sentido de una misión colectiva”. En una descripción un tanto lúgubre, nos dice que “los derechos económicos están fuera del alcance del Estado; los derechos políticos se han reducido al pensamiento único de mercados desregulados de estilo neoliberal; y los derechos sociales son reemplazados por el “deber individual” de velar por nosotros mismos”. A mi juicio, todavía no estamos ante esto que Bauman nos presenta como un hecho. Pero sería vano ignorar que la amenaza está ahí. El proceso de creciente individualización del que nos hablan algunos sociólogos y los imperativos de la nueva economía  puede revertir, en efecto, sobre la pérdida de una dimensión pública dirigida a enmendar sistemáticamente los problemas sociales en manos del Estado.

   

III

Políticas neo-liberales y socialismo de las libertades

Ésta ha sido la pretensión de las nuevas políticas neoliberales, que parecen darse por satisfechas desafiando el ideal humanista básico de la igualdad moral entre las personas. Se han valido de la economía para desafiar el fundamento moral de la igualdad social. Su objetivo ha sido la “despolitización de la desigualdad”, que la igualdad dejara de ser uno de los fines morales del Estado, y el tratar de reducir la democracia a una mera “democracia delegativa”.  Lo que se pretende al final es una “democracia de consumidores” no de auténticos ciudadanos, así como la ruptura del pacto social montado sobre la idea socialdemócrata clásica de la redistribución de los recursos sociales, el “tomar de los ricos para dárselo a los pobres”.

El socialismo del s. XXI tiene que enfrentarse a estos hechos con soluciones imaginativas y con una nueva conciencia de sus posibilidades; sin traicionar los valores de su tradición ni replegándose sobre las estrategias del pasado. Su éxito ha consistido históricamente en conseguir llevar el bienestar social y la libertad a una mayoría de la población, así como en fomentar la liberación frente a las jerarquías sociales y comunitarias tradicionales. Nuestras sociedades contemporáneas no serían lo que son sin su importante labor a la hora de forjar el consenso socialdemocrático. Por mucho que se hayan transformado las circunstancias sociales, nada impide que podamos seguir avanzando. Para ello debemos concentrarnos en definir nuestro proyecto en positivo, dejar claro qué es lo que favorece y propugna y luchar por ello.

  

IV

El nuevo discurso teórico neo-progresista

A pesar de las dificultades derivadas de la complejidad de la sociedad contemporánea, a nadie se le oculta que el socialismo de hoy sigue perseverando en la construcción de un potente discurso teórico. No hay izquierda sin un proyecto coherente con capacidad de ilusionar. Su superioridad sobre la derecha sigue estando en el campo del pensamiento, en su fuste teórico.

Desde luego, hoy ya no es posible hacerlo en los mismos términos que en otras épocas. Steven Lukes -uno de los politólogos británicos que más ha reflexionado sobre el papel de la izquierda a lo largo del siglo pasado-  decía, que lo que siempre ha caracterizado a la izquierda es su convicción en la importancia de buscar la coherencia en su comprensión del mundo para a partir de ahí actuar sobre él. Esta coherencia se extraía de un análisis evolutivo de la sociedad, como parte de una historia más amplia de progreso real y potencial: una narrativa completa de conquistas acumulativas y de retrocesos, expresada a veces en metáforas militares. Su guía era el principio de rectificación de las injusticias que se iban observando en cada momento histórico, y que se vinculaba a una determinada comprensión de la evolución histórica como dirigida hacia un “estadio final”. Para ello necesitaba valerse siempre de un estándar de la justicia, un contrafáctico frente al cual medir las desventajas y desigualdades que se presentaban como “injustificadas” y promover su abolición.

Según Lukes, la dificultad de mantener este planteamiento en los momentos actuales es que carecemos ya de un claro “principio de rectificación de las injusticias”, observándose una propensión hacia una mayor “tolerancia de la injusticia”. Pero, sobre todo, que no está ya a nuestra disposición ese Estado-nación de hace algunas décadas, capaz de emprender una auténtica transformación de la sociedad “desde arriba”.

Lo que esto nos dice es que es que el mundo ha devenido lo suficientemente complejo como para poder ser abarcado por filosofías de la historia o por la mirada de un gran maître penseur. Y que, comoquiera que elaboremos el discurso, no es fácil “ponerlo a trabajar” sin contar con una más activa participación de la propia sociedad.  La izquierda siempre se había apoyado sobre un fuerte Estado jerárquico conformador de un orden desde un centro y sobre un discurso universalista abstracto. Éstos son los elementos de los que hoy ya no podemos disponer. Y no basta con reaccionar entregándose a un optimismo pragmático que se limita a maquillar la realidad; tampoco sirve de mucho la enmienda a la totalidad que se construye sobre la demonización permanente de todo lo dado o exigir a la política lo que quizá ya no está en condiciones de aportar. La izquierda de hoy es la que se toma la realidad en serio, precisamente porque aspira a su transformación y mayor perfectibilidad. Que en el camino hayamos de fraccionar el discurso hay que interiorizarlo como parte de las nuevas condiciones con las que hay que operar; lo importante es que siga habiendo discurso.

Si miramos la agenda temática de cualesquiera de las reuniones o conferencias europeas o mundiales de los grupos encargados de redefinir y ajustar el discurso socialista enseguida tomamos conciencia de la multiplicidad de los temas que se abordan y de lo formidable del desafío: los mercados financieros y la nueva economía, los problemas de la inmigración, los grupos minoritarios, las nuevas fuentes de marginación creada por la “división digital” de la sociedad, la pobreza, la protecc

ión de la diversidad cultural o los límites de la sociedad civil, además de muchos otros.

De esta reuniones está surgiendo una nueva Internacional Progresista, que está sirviendo para detenerse a pensar sobre los nuevos desafíos, reaccionar frente al entreguismo ante el “orden espontáneo” de los mercados mundiales y sacudirse un poco las inercias del conservadurismo ideológico de la izquierda tradicional. Ya comienzan a verse, además, algunos importantes avances. El primero y fundamental es la recuperación del espíritu internacionalista o cosmopolita y el consiguiente abandono de las soluciones locales. Sólo habrá posibilidades de gobernar la sociedad global desde una colaboración internacional y a partir de un claro diagnóstico sobre lo que está pasando. Pero se aprecian también importantes ideas para sustentar eso que Giddens califica como un discurso neoprogresista, que va bastante más allá de la timidez y la condescendencia con el status quo de las propuestas de la Tercera Vía. Veamos algunas de ellas.

V

Sector público y mercado

El núcleo de este nuevo pensamiento se centra en la necesidad de instituir un vigoroso sector público ligado a una floreciente economía de mercado; una sociedad pluralista, pero inclusiva; y un ámbito mundial cosmopolita sostenido sobre los principios del derecho internacional. El elemento decisivo es la recuperación de la prioridad de los intereses y bienes públicos. Una economía saludable precisa de mercados que funcionen, pero también de un sector público en condiciones en el que el Estado mantenga un papel esencial. Puede que sea aquí, en el diseño de un nuevo papel para el Estado, donde se encuentre lo más relevante de estas propuestas. Las nuevas tesis de Giddens a este respecto acentúan el cambio de énfasis de que es preciso dotar a esta institución. El período de posguerra fue la era del “Estado burocrático”. Luego vino la fase de la privatización y la desregulación. Ahora deberíamos entrar en una nueva etapa marcada por una renovada atención a lo público, de defensa de la decisiva importancia que tiene el sector público para una sociedad decente y justa.

Aquí no se trata de tomar partido por ver si el Estado es en general superior al mercado o la inversa. Lo importante es sujetar a ambos a la prueba del “interés público”. Hay que abandonar la idea de que sólo puede justificarse aquello “que funciona”, lo que es eficiente en sí; el criterio debe ser más bien la eficacia en la promoción de determinados bienes públicos. Por decirlo en otras palabras, el mercado no funciona más eficientemente por el mero hecho de permitir el libre juego del interés propio. Es más bien al contrario. La aceptación incontrovertible de este hecho en la nueva economía constituye una de las razones de la actual crisis de confianza que ha recaído sobre el mundo de los negocios y sector financiero. Como acertadamente señala John Kay, “no es cierto que el beneficio sea el objetivo de la economía de mercado, y que la producción de bienes y servicios sean el medio para conseguirlo: el objetivo es la producción de bienes y servicios, y el beneficio es el medio”.

   

VI

El Estado asegurador

Estas reflexiones apuntan a un concepto que considero clave, la inmersión del mercado en un contexto político, social y cultural más amplio, que han de marcar los límites sobre los que debe operar. Y a estos efectos los poderes públicos son decisivos como intermediarios y responsables legítimos del bienestar general. Para referirse a ello, el discurso neoprogresista habla de un Estado asegurador. “Asegurador” en el sentido de que su función básica estriba en asumir la responsabilidad por la provisión de políticas y por la coordinación de servicios que en muchos casos no organiza directamente. No sólo es responsable de dotar de determinados recursos a los ciudadanos –el acceso a la educación, la sanidad, u otros servicios sociales- sino de garantizar los estándares o niveles de dicha provisión. Es un Estado regulador, pero su orientación es distinta de la del Estado burocrático del período de posguerra. Dada la amplitud de actores implicados –grupos de la sociedad civil, asociaciones voluntarias, tercer sector, etc.- la regulación no equivale a un “control directo” sino a la fijación de criterios y al establecimiento de incentivos para impulsar comportamientos que se juzgan relevantes a efectos públicos.

Este fomento de una mayor implicación de otros actores de la sociedad civil no significa, sin embargo, que se esté llamando a una “retirada del Estado” o que los cambios en las nuevas formas de gobierno impliquen una disminución de la responsabilidad estatal. Un Estado asegurador debe reconocer que las transformaciones de la forma estatal de hecho generan cambios en los modos, el estilo y los instrumentos del gobierno, pero no un rechazo de su responsabilidad. Permite reforzar la gobernabilidad trabajando en colaboración con la sociedad, pero siempre haciendo posible la prestación de servicios públicos mediante las adecuadas estructuras regulativas. Como se ha dicho, el Estado ha de dar por supuesta su responsabilidad continua en le mantenimiento del bienestar general y en el reforzamiento de la sociedad civil. Desea ser “el Estado de la sociedad civil” y no su mera contraparte. Y esto nos conduce ya más directamente a las relaciones entre poderes públicos y ciudadanía.

VII

Poderes públicos y ciudadanía

El compromiso que adquirimos con los ciudadanos tras el triunfo en las últimas elecciones generales es un compromiso a favor de la política y de un mayor acercamiento entre gobernantes y gobernados. Este compromiso busca instituir un auténtico contrato entre los poderes públicos y los ciudadanos dirigido a crear un sentimiento de responsabilidad compartida.  Sin él no será posible enfrentar los formidables desafíos que están ante nosotros y precisan de soluciones colectivas. Si la mayoría de los ciudadanos se apartan del sistema político como un instrumento de cambio social, se desvanece la capacidad de la política para influenciar a la sociedad y transformarla en una dirección progresista. Reintegrar a los ciudadanos en la vida política se convierte en la máxima prioridad.  Hay que imaginar nuevas vías para conseguirlo mediante la revitalización de las instituciones, la potenciación de la cultura cívica y el desarrollo de nuevas prácticas para la deliberación democrática y la adopción de las decisiones políticas. En suma, buscar una nueva ruta para recobrar la confianza en la política y en la legitimidad de la acción pública.

Como es bien sabido, la confianza en la política es un recurso que parece más escaso cada vez.  Como observa Fareed Zakaria respecto de Estados Unidos, las instituciones que gozan de la mayor confianza –los jueces del Tribunal Supremo, la dirección de la Reserva Federal o el ejército- tienen algo en común, y es que están aisladas de la presión pública y operan de forma no democrática. El Congreso, por el contrario, la institución política más representativa y deliberativa de todas, siempre se sitúa al final de las preferencias ciudadanas. Con referencia e ese mismo país, Robert Putnam, quizá el máximo experto en capital social, ha calculado que el compromiso de los ciudadanos con los asuntos públicos o civiles ha descendido un cuarenta por ciento desde mediados de la década de los sesenta. Pero esta tendencia no es exclusiva de los Estados Unidos.  Basta seguir las encuestas del Eurobarómetro para darse cuenta de que los partidos políticos siguen siendo las instituciones que gozan de la menor confianza en Europa, y que, salvo en los países escandinavos, los parlamentos nacionales están también en la parte bajo de la tabla.

¿Significa esto que disminuye la legitimidad de la democracia, o más bien que aumenta la exigencia de los ciudadanos sobre sus instituciones representativas? Seguramente no se trate de una cosa ni de otra. La legitimidad de la democracia está asegurada, sobre esto también hay unanimidad en las encuestas, y la exigencia ciudadana sobre la clase política sigue diferentes oscilaciones que no son siempre fáciles de establecer. La causa última puede que resida en la nueva situación de inseguridad y precariedad que caracteriza a este nuevo mundo globalizado, en la percepción de que los poderes públicos ya no son capaces de controlar nuestro destino, y que el compromiso moral con la provisión de ciertas prestaciones imprescindibles para llevar a cabo una vida digna y segura es una cosa del pasado.

Esta situación de incertidumbre ante el futuro y de inseguridad ante el presente hay que imputarla a la expansión del neoliberalismo y a la nueva naturaleza fragmentaria de los vínculos sociales y de la propia identidad individual. El Estado Social de posguerra sostuvo el principio de la responsabilidad colectiva por el bienestar individual, de la seguridad colectiva frente a la necesidad individual. Hoy se ha invertido la ecuación. Lo que predomina es la tendencia a buscar “soluciones biográficas, individuales, para males colectivos” (Ulrico Beck). Hay dificultades crecientes para traducir los problemas privados en cuestiones públicas.

En el análisis que el ya citado Z. Bauman hace al respecto, la causa de esta situación depende del hecho de que las sociedades de hoy se integran mediante el consumo más que a través de la producción. La libertad ha dejado de ser un concepto con una dimensión pública para reducirse al modelo de la libertad de elegir cómo satisfacer deseos individuales, del mismo modo que la propia identidad personal se construye también a través del mercado. La libertad y el destino personal se han privatizado. Y “una libertad crecientemente privatizada alimenta el desinterés por la política”. Aquellos gobiernos que han cedido la mayoría de sus recursos a fuerzas no elegidas y no controlables políticamente, tienen cada vez menos que ofrecer.

Es posible que haya, en efecto, un nuevo espíritu de “desapego cívico” o de desconfianza en algunas instituciones, pero sería erróneo identificarlo sin más a una retirada de la política. Como demuestra el último triunfo de la izquierda en nuestro país, es posible recuperar para la política a los ciudadanos desencantados. No debería ser una situación coyuntural, sino parte de ese contrato entre poderes públicos y ciudadanía del que hablaba antes. La cuestión que habría que suscitar es, por tanto, la relativa a cómo apuntalar de modo estable esa corresponsabilidad entre poderes públicos y ciudadanos. Algo hemos dicho ya al respecto al hablar del nuevo compromiso del Estado con la sociedad. Pero es preciso insistir también en la necesidad de dar de un nuevo contenido a las instituciones democráticas.

Nuestra democracia representativa debe abrirse para acoger una democracia más participativa y abierta a la discusión. Una democracia que, además, deberá ser inclusiva. Debe prestar la mayor atención posible al pluralismo de nuestra sociedad y a su acomodación en el sistema político.  A nadie se le escapa que no todos los grupos sociales tienen la misma capacidad de entrada al sistema político o al espacio público. Nuestra sociedad tiene importantes bolsas de marginalidad social que es también marginalidad política. Podemos pensar en grupos sociales minoritarios como los inmigrantes o los gitanos. Pero también en los jóvenes o en los miembros de movimientos sociales, cuyo activismo político muchas veces sólo encuentra un cauce de participación fuera de los canales del sistema político. Hay que darles nuevas vías de acceso al escenario de la política institucional. Que su voz pueda ser escuchada y procesada en su interior. No estamos precisamente sobrados de energías democráticas como para poder prescindir de esta base social inquieta e innovadora. Sin ellos no hay un auténtico proyecto de apertura a toda la sociedad.

                Durante demasiado tiempo la ciudadanía se ha asociado a estructuras constitucionales formales y estáticas. Pero si deseamos afianzar el poder de los ciudadanos para producir soluciones políticas estables, los socialistas debemos combinar estos fundamentos tradicionales e imprescindibles del Estado de derecho con un nuevo énfasis sobre la cultura y la participación y con una adaptación institucional dinámica. Sin ese poder que emerge de la ciudadanía difícilmente podrán clarificar los poderes públicos sus límites y objetivos. Pensemos, por poner un ejemplo, en el actual debate sobre la dimensión que ha de cobrar la gestión de recursos públicos escasos en áreas como la educación, la sanidad u otras prestaciones sociales. Y esto se extiende a cualquier cuestión de naturaleza política. Las instancias públicas –y también los propios partidos políticos- deben dejar de contemplarse tanto a sí mismos y más a la sociedad.

 Concluyo. Hay cuestiones que a mi juicio no ofrecen muchas dudas: siempre es mejor un debate de ideas que las luchas personalistas o las inercias programáticas. Pero este debate no puede quedar confinado a los límites de un seminario, debe abrirse también a la sociedad como un todo. No hemos dejado de insistir en que nuestro objetivo es tratar de recuperar el espacio público para la política. Habremos de hacerlo también para incorporar el contraste de pareceres y los desafíos provenientes del nuevo pensamiento político. ¿De qué sirven las ideas si luego no pueden ser debatidas? Nadie ignora que la mayor amenaza para que nuestra sociedad cobre una mayor madurez en su discurso público deriva del escaso espacio dedicado a las cuestiones políticas en determinados medios de comunicación. Tengo para mí, que los ciudadanos sólo comenzarán a cobrar una mayor conciencia de su dimensión ciudadana  cuando pueda reconocerse como tales en un espacio público con mayor capacidad de acogida de sus inquietudes políticas, por muy latentes que éstas sean. Y una ciudadanía crítica y activa es la mejor garantía para un gobierno responsable.