RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN: COMPILACIÓN.

Renta básica de emancipación

La Renta Básica de Emancipación ayuda a los jóvenes a sufragar los gastos del alquiler de una vivienda, paga el coste de aval y concede préstamos para hacer frente a la fianza,

A partir de hoy los jóvenes lo tienen más fácil para independizarse de sus padres. Al menos, éste es el objetivo que persigue la Renta Básica de Emancipación, una prestación dirigida a jóvenes de entre 22 y 30 años, que recibirán 210 euros mensuales para ayudar a sufragar los gastos que les supone el alquiler. Para acceder a esta prestación los solicitantes, que serán titulares del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que residan habitualmente, han de tener una fuente regular de ingresos inferior a los 22.000 euros brutos anuales. El Estado aportará, además, 120 euros para pagar el coste de los trámites del aval y concederá un préstamo de 600 euros sin intereses para hacer frente a la fianza. Esta medida, en vigor desde hoy, es compatible con las deducciones por alquiler.

  • Autor: Elena V. Izquierdo | 
  • Fecha de publicación: 1 de enero de 2008

Ayudas directas

El incremento de los precios de la vivienda durante la última década ha provocado que los jóvenes de España tengan graves dificultades a la hora de acceder a un piso, ya sea en alquiler o en propiedad. Los españoles son los que registran, con respecto al resto de los ciudadanos europeos, una edad más tardía a la hora de emanciparse. Por este motivo, el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha un paquete integral de medidas que faciliten la posibilidad de acceder a una casa y promuevan una emancipación más temprana, así como crear un equilibrio entre el mercado de la vivienda en propiedad y el alquilado, ya que este último sólo representa el 11% del total del parque de viviendas. Entre estas iniciativas destaca la Renta Básica de Emancipación. Se trata de un conjunto de ayudas directas del Estado destinadas al apoyo económico para el pago del alquiler que constituye el domicilio habitual del beneficiario y que se concreta en tres tipos de ayudas:

  • El joven recibirá una renta mensual de hasta 210 euros que le facilitará el pago de los gastos relacionados con el alquiler de la vivienda. Se percibirá por meses completos desde el mes siguiente a la solicitud y durante un periodo máximo de cuatro años, sean o no consecutivos.
  • Si para poder acceder al arrendamiento de la vivienda necesita un aval, el interesado contará con 120 euros para sufragar los gastos de su tramitación.
  • El Ministerio de Vivienda pone a disposición del joven un préstamo sin intereses de 600 euros para poder hacer frente a la fianza. Ésta es la única cantidad que hay que devolver. Se hará cuando se extinga la fianza, al finalizar el último de los contratos de arrendamiento sucesivos formalizados en el plazo de los cuatro años que, como máximo, puede durar la ayuda o cuando se dejen de reunir los requisitos necesarios para optar a la renta.

Estas ayudas pueden llegar a suponer un ahorro de 2.520 euros al año en el alquiler, lo cual asciende a 10.080 euros durante los cuatro años que dura la prestación. El primer mes de arrendamiento suele ser el más costoso pues al pago de la mensualidad se suele unir el desembolso de una fianza y la tramitación del aval, que en algunos casos es necesario. El ahorro del primer mes puede ascender a 930 euros si se suma la fianza (600 euros), la tramitación del aval (120 euros) y la renta mensual (210 euros).

La ayuda puede suponer un ahorro en el alquiler de 2.520 euros anuales, lo que asciende a 10.080 euros durante los cuatro años que dura la prestación

El joven podrá disfrutar de esta prestación un máximo de cuatro años que no tienen por qué ser consecutivos, ya que la ayuda se puede fraccionar. El beneficiario puede optar, por ejemplo, por percibir la renta durante dos años, dejar de cobrarla y, cuando vuelva a necesitarla, si sigue cumpliendo con los requisitos, recibir de nuevo la prestación durante los dos años restantes.

Los beneficiarios

Para poder recibir la renta básica de emancipación hay que cumplir una serie de requisitos:

  • Tener una edad comprendida entre los 22 y los 30 años. (La ayuda se deja de percibir el mes en el que se cumplen los 30 años).
  • Si hay más de un titular en el contrato de alquiler, la cuantía de la ayuda para cada uno será el resultado de dividir 210 euros entre el número de firmantes

    El joven ha de ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que resida de forma habitual y permanente o, al menos, ser uno de los firmantes. En el caso de que haya más de un titular en el contrato de alquiler, la cuantía de la ayuda a la que cada uno tenga derecho será el resultado de dividir 210 euros entre el número total de titulares. Por ejemplo, en el supuesto de que tres amigos compartan piso y los tres firmen el contrato y cumplan los requisitos, cada uno de ellos recibirá 70 euros.

  • El solicitante debe tener una fuente regular de ingresos que le reporte como máximo 22.000 euros brutos anuales. Esto incluye a los trabajadores por cuenta propia o ajena, a los becarios de investigación y a los jóvenes que perciban una prestación social pública de carácter periódico -puede ser contributiva o asistencial, es decir, que se incluyen prestaciones por desempleo o discapacidad-.
  • El interesado ha de acreditar una vida laboral de, al menos, seis meses de antigüedad, inmediatamente anterior al momento de la solicitud o una duración prevista de la fuente de ingresos de seis meses. Si el joven ha estado trabajando el semestre anterior a la solicitud, se puede comprobar directamente en la Seguridad Social. En el caso de que quiera justificar que va a trabajar los próximos meses, ha de presentar una copia del contrato de trabajo.
  • El solicitante debe tener la nacionalidad española o la de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo -formado por los 27 países de la UE más Islandia, Noruega y Liechtenstein-. También pueden acceder a la renta de emancipación los jóvenes que, sin cumplir este requisito de nacionalidad, acrediten tener residencia legal y permanente en España. Tendrán que justificarlo con la autorización de residencia permanente que se concede a las personas que han vivido de forma continuada en territorio español durante cinco años.

Aunque cumplan todos estos requisitos, hay una serie de jóvenes que no podrán acceder a la concesión de ayudas:

  • Aquellos que tengan parentesco de primer o segundo grado -ya sea de consanguineidad o afinidad- con el arrendador.
  • Los jóvenes que ya tengan una vivienda en propiedad, a no ser que acrediten que no disponen de su uso y disfrute, o que esta vivienda tenga un valor catastral que no exceda el 60% del precio máximo de una vivienda protegida de precio general. Para calcular el precio, quien se encuentre en esta situación, deberá pedir la información en el departamento de Vivienda de la Comunidad autónoma en la que esté ubicada la residencia.
  • Las personas que sean titulares de un patrimonio superior a 108.182’18 euros.

Además de los requisitos personales básicos que ha de cumplir el joven, existen una serie de exigencias específicas:

  • La domiciliación bancaria de esta ayuda se hará en una de las entidades de crédito que colaboren con el Ministerio de Vivienda. -Estas entidades serán seleccionadas previa convocatoria con los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, y podrán acudir tanto entidades públicas como privadas-.
  • El número de cuenta desde el que se paga el alquiler también tendrá que estar domiciliado en un banco o caja de ahorros que colabore con el Ministerio. El listado se encuentra en la página web del Ministerio de Vivienda.
  • Estar al corriente del pago periódico del alquiler del piso con el que se quiere acceder a la prestación.
  • Haber cumplido las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Formulario

La solicitud para percibir la Renta Básica de Emancipación se puede presentar a partir del 1 de enero de 2008, día en el que entra en vigor el Real Decreto que regula la prestación. La información se puede pedir en el departamento de Vivienda autonómico, en la página web del Ministerio www.vivienda.es, o www.alquilerjoven.es y en el número de teléfono 900900707. Para obtener la ayuda hay que presentar la solicitud en la consejería de Vivienda de la comunidad autónoma en la que esté situado el piso de alquiler. Se hará rellenando el impreso que ha establecido el Ministerio. En él se señalará lo siguiente:

  • Datos personales: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección a la que el solicitante quiere que lleguen las notificaciones, DNI o Número de Identificación de Extranjeros y el número de la Seguridad Social. Si el joven no tiene este último dato, ha de aportar el régimen de previsión social al que está adscrito. Quien tenga una vivienda que no sobrepase el precio establecido por la Ley y, por tanto, pueda beneficiarse de la obtención de la renta, indicará el número de referencia catastral del piso. También se puede señalar el número de móvil para que las notificaciones se hagan por SMS.

En otro apartado se señalan los datos relativos al contrato de alquiler. En él se indica la dirección del domicilio arrendado, el número de inquilinos titulares del contrato y la referencia catastral que identifica la vivienda. Este dato aparece en los contratos de alquiler, pero en el caso de que no sea así, se le puede pedir al arrendador u obtenerlo en la Dirección General del Catastro http://ovc.catastro.meh.es

En el apartado sobre el arrendador se señalará su nombre y apellidos, NIF, NIE o CIF y su número de cuenta, a la que mensualmente hace su transferencia el joven para pagar el alquiler. Además hay que indicar la cuenta desde la que el solicitante envía el dinero. Si el número de cuenta en el que se quiere recibir la renta es distinto, se indicará en el formulario.

Si el joven todavía no tiene contrato de alquiler puede indicarlo en el impreso y, de esta manera, puede optar también a recibir la renta.

Concesión de la ayuda

A la hora de hacer la solicitud hay que entregar el formulario debidamente cumplimentado y una fotocopia del contrato de alquiler. Posteriormente, se requerirán los documentos que acrediten que lo incluido en el formulario es cierto, aunque en algunas comunidades pueden pedir que el interesado presente, junto al impreso, otra documentación que demuestre que cumple algún requisito exigido.

El órgano competente de la comunidad autónoma donde se ubique la vivienda comprobará que se cumplen todos los requisitos necesarios para percibir la Renta de Emancipación y lo comunicará en el plazo de dos meses. Si la solicitud se presenta en enero y no se concede hasta marzo, el beneficiario tendrá derecho a recibir la ayuda correspondiente al mes de febrero en adelante. En los convenios de colaboración para la gestión conjunta de esas ayudas se establece que será la comunidad autónoma quien tramite las solicitudes y reconozca el derecho a recibir la prestación. El Ministerio de Vivienda, por su parte, será quien abone directamente las ayudas a los beneficiarios.

A los jóvenes que aún no tengan el piso alquilado, se le concederá la ayuda provisionalmente y, desde ese momento, tendrán tres meses para formalizar un contrato

La comunidad autónoma notificará la resolución al interesado y, simultáneamente, comunicará al Ministerio de Vivienda, a través de un sistema automatizado, el derecho del joven a percibir la renta. Una vez que se compruebe que el solicitante ha realizado la transferencia del pago del alquiler mensual al propietario, se ingresará al joven en su cuenta bancaria el importe de la prestación. La cuenta ha de pertenecer a una de las entidades colaboradoras para que mensualmente se pueda comprobar que se realiza el pago puntual del alquiler. Éste se hará por medio de transferencia bancaria solamente desde esa cuenta en un único pago cada mes, con independencia del número de titulares por contrato. El importe mensual deberá ser fijo y restringido sólo a la mensualidad (sin incluir otros conceptos como gastos de servicio u otros que, en todo caso, deberán hacerse de manera independiente). El pago se realizará mediante una orden permanente de transferencia u orden de transferencia periódica, firmada por todos los inquilinos, que ejecuta el pago periódicamente y evita así olvidos o retrasos.

El joven que quiera acceder la renta y todavía no tenga el piso alquilado lo señalará en la solicitud. Si se comprueba que cumple con todos los requisitos, se le concederá provisionalmente y tendrá, desde ese momento, tres meses para formalizar el contrato de alquiler. Presentará entonces una nueva solicitud y la comunidad autónoma comprobará los datos y comunicará el reconocimiento definitivo de la renta. Inmediatamente, el Ministerio de Vivienda ingresará la ayuda en la cuenta bancaria del solicitante, desde el mes en que se presente el contrato de alquiler.

Compatibilidades e incompatibilidades

La Renta Básica de Emancipación es compatible con la aplicación de las deducciones que se puedan establecer a favor de los inquilinos en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A partir de la declaración de la renta de 2008, que se presenta en 2009, se podrá deducir el hasta el 10’05% de lo que se pague por el alquiler de la vivienda, siempre que se tenga unos ingresos anuales por debajo de los 24.000 euros netos. Está previsto que la entrada en vigor de esta medida beneficie en su primer año a más de 700.000 familias. La Renta de Emancipación también es compatible con las subvenciones o beneficios fiscales que establezcan las comunidades autónomas.

Un joven que reciba la prestación mensual de 210 euros no podrá disfrutar simultáneamente de las ayudas al inquilino financiadas en virtud del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Tampoco podrán acogerse a la prestación los arrendatarios cuyo domicilio habitual esté sometido a algún régimen de protección pública que establezca límites a su renta máxima en alquiler.

Como se trata de una medida de carácter coyuntural, su mantenimiento está supeditado a la valoración periódica de su eficacia para lograr los objetivos para los que ha sido concebida. Por este motivo, antes del 31 de diciembre de cada año, el Ministerio de Vivienda presentará un informe de seguimiento y evaluación ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el plazo máximo de cuatro años, transcurridos desde la entrada en vigor del Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación, es decir, desde el día 1 de enero de 2008, el Ministerio de Vivienda elevará al Consejo de Ministros un informe de seguimiento y evaluación de los resultados de su aplicación proponiendo su mantenimiento, modificación o derogación.

LA MINISTRA DE LA VIVIENDA SE COMPROMETE A ABONAR LA AYUDA A LA VIVIENDA JOVEN 15 DÍAS DESPUÉS DE QUE SEA APROBADA LA SOLICITUD.

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Chacón anuncia que Vivienda abonará la renta 15 días después de aprobar la solicitud

Hasta ayer cerca de 200.000 jóvenes de toda España han adquirido el formulario para conseguir la Renta Básica de Emancipación
El Ministerio de Vivienda abonará las ayudas de la renta básica de emancipación en quince días, una vez sea aprobada la solicitud correspondiente por parte de los servicios de las comunidades autónomas, según afirmó ayer la ministra Carme Chacón.
financiero digital/efe

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Esta renta contempla ayudas de 210 euros mensuales para los jóvenes de entre 22 y 30 años que desean alquilar un piso y dispongan de ingresos regulares de menos de 22.000 euros brutos anuales, entre otras subvenciones, como 600 euros para la fianza del alquiler.

Chacón indicó que el máximo de tiempo de que dispone el Ministerio para responder a las solicitudes es de dos meses pero que espera puedan reducirse a quince días, tras ser aprobadas por las diversas comunidades autónomas con competencias en vivienda.

Hasta ayer, cerca de 200.000 jóvenes de toda España adquirieron el formulario para conseguir la Renta Básica de Emancipación, la denominada ayuda para el alquiler. A las más de 100.000 descargas que se produjeron el miércoles, ayer hay que sumar otras 34.200 de jóvenes que han accedido a los formularios a través de la página http://www.alquilerjoven.es y otros 30.000 que los han solicitado a través de la web del Ministerio.

A través de los sitios de Moncloa, Consejo de la Juventud de España, Ministerio de Administraciones Públicas y Sociedad Pública de Alquiler, con los que se ha reforzado la red, se han producido más de 8.000 descargas de solicitudes. A esta cifra hay que sumar los 18.000 jóvenes que, según estima el Ministerio, han acudido físicamente a las oficinas de Vivienda de sus respectivas comunidades o ciudades autónomas.

El Ministerio prevé que 360.000 jóvenes españoles accedan a estas ayudas durante este año, pero “si lo piden el doble, se concederá el doble de ayudas”, dijo Chacón, que añadió que “cuantos más jóvenes sean mejor”, porque España está a la cola de Europa en emancipación juvenil.

También se ha reforzado el servicio telefónico, ya que recibió 53.000 llamadas en una mañana, “el doble que en todo el mes de diciembre”, dijo la ministra, que atribuyó la “solicitud masiva de ayer (por el miércoles)” al gran número de jóvenes que “trabajan y quieren emanciparse pero el precio de la vivienda no se lo permite”.

Por otra parte, la ministra de Vivienda aseguró que “no vamos a permitir” que se cometan abusos en el incremento de los alquileres y que, de hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos no permite que se incremente el precio del alquiler más allá del IPC mientras está vigente el contrato.

Además, rechazó que las ayudas al alquiler provoquen un efecto inflacionista en el mercado de la vivienda y que el Plan de la Vivienda facilita ayudas y productos de seguros que garantizan a los arrendatarios posibles impagos y desperfectos.

 

LA “IGLESIA ROJA” DE VALLECAS RECIBIÓ EL 2008 CON SUS PROPIAS CAMPANADAS.

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03/01/2008

El párroco Enrique de Castro: “Ojalá un obispo nos ayudara alguna vez”

La iglesia roja de Vallecas recibió el 2008 con sus propias campanadas

V.V.

La parroquia del madrileño barrio de Entrevías, San Carlos Borromeo, que se hizo conocida cuando el arzobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela anunció su cierre por no estar de acuerdo con sus métodos litúrgicos, celebró la entrada en 2008 con sus propias campanadas. Medio centenar de fieles se reunieron en torno a la iglesia, convertida ahora en centro parroquial, para celebrar, entre otras cosas, que sus curas seguirán haciéndose cargo de la labor social que hasta ahora han llevado a cabo en el barrio.

Las campanadas que anunciaron el cambio de año en la iglesia roja de Vallecas contaron con la compañía de muchos de los fieles y vecinos, que acudieron a sus puertas a tomarse las uvas. La idea, según informó El País, la tuvo una de las voluntarias de la parroquia, que siso celebrar con el gesto que “los curas se quedan” en San Carlos Borromeo tras la polémica con la jerarquía eclesial, que quiso cerrar esta iglesia por sus métodos poco ortodoxos.

Centro parroquial
Celebrar la liturgia con ropa de calle y con rosquillas en lugar de hostias fueron algunos de los motivos que llevaron a Rouco a pedir el cierre de esta parroquia. Esto desencadenó una fuerte polémica debido a la importante labor social que sus curas realizan en el barrio y la gran implicación de los fieles con su comunidad. Actualmente la parroquia ha pasado a ser un centro pastoral, aunque en la práctica su actividad es la misma, y se continúa celebrando la misa.

“La revolución del abrazo”
Javier Baeza, uno de los sacerdotes, califica de “particular parto de nueve meses” a las disputas con el arzobispado madrileño, mientras que Enrique de Castro, otro de los curas de esta iglesia, desea: “Ojalá un obispo nos ayudara alguna vez”. “Hace más falta la revolución del abrazo y del achuchón que la del poder”, dice este cura que opina de las altas esferas del Vaticano “son de otro planeta”.

La lucha continúa
Para Baeza, aunque siguen en Vallecas, la lucha aún no ha terminado, ya que siguen existiendo cárceles de menores, y no se ha solucionado la situación de la Cañada Real, donde miles de personas viven en condiciones de pobreza. Para los tres párrocos de San Carlos Borromeo, estas son las verdaderas batallas que aún les quedan por librar.

PORTILLO, EL PRIMER LADRILLAZO DE 2008.

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Se confirma el vuelco en el Consejo de Colonial, que acepta la dimisión de Portillo

Agencias | 20:08 – 31/12/2007
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El Consejo de Administración de la inmobiliaria Colonial aceptó hoy la dimisión de Luis Portillo como miembro de este órgano de dirección y ratificó como presidente de la sociedad a Mariano Miguel, que seguirá ejerciendo el cargo de consejero delegado, informó la compañía a la CNMV. Además, se produce un auténtico vuelco en el Consejo, tal y como adelantó hoy diario elEconomista

El cese de Portillo como consejero de la inmobiliaria se produce tres días después de que fuera relevado como presidente de Colonial (CAR.MC elemento_52_0 = new cotizacionEnNoticia(‘INMOCARAL’, ‘cotizacionINMOCARAL_0’, ‘linkcotINMOCARAL_0’,1); ), en una reunión que el Consejo de Administración celebró el pasado viernes, horas después de que los títulos de la sociedad cayeran el 25,4 por ciento en Bolsa.

La compañía ha indicado que para reforzar la preeminencia de los consejeros independientes “iniciará la búsqueda de un profesional de prestigio que ocupará el puesto de presidente no ejecutivo”.

Salida de otros consejeros significativos

 

Al mismo tiempo que acontecía el cese de Portillo abandonaban también su puesto como consejeros Luis Emilio Nozaleda Arenas, Gema Sólas Navas, José Ramón Carabante Plaza; Óscar Fanjúl Martín; Alberto Cortina Koplowitz y Clara Nozaleda Arenas.

También cesaban en su cargo los representantes de Desarrollo Empresarial Quetro, María Jesús Valero Pérez; Grupo Portival, Yolanda Mayo Ranera; Corporación Indo, Domingo Díaz de Mera Lozano, y Promociones González, Aurelio González Villarejo.

La compañía ha señalado en un comunicado que la “salida del consejo de los accionistas significativos no presupone la intención de reducir su participación en la sociedad”.

Nombramientos de nuevos consejeros

 

Para ocupar parte de las vacantes y para “dotar de la mayor operatividad, eficacia y transparencia posibles a la gestión de la compañía en beneficio de sus accionistas”, la compañía ha nombrado consejeros por cooptación a Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid (consejero ejecutivo); Julián Zamora Saiz (consejero dominical), y Pedro Ruiz-Labourdette Garau (consejero dominical).

Así queda el consejo de Colonial

 

En consecuencia, el consejo de administración queda compuesto por once miembros: Mariano Miguel Velasco; Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Antonio M. López Corral; Javier Sola Teyssiere; Alberto Alonso Lobo; Francisco José Molina Calle; Juan Ramírez Blatuille; Enrique Montero Gómez; Julián Zamora Saiz; Pedro Ruiz-Labourdette Garau y Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid.

Cambios en la comisión ejecutiva

 

Inmobiliaria Colonial también ha acordado cambios en la comisión ejecutiva, que estará formada por cuatro miembros, y en la comisión de nombramientos y retribuciones, que estará formada por tres personas.

La comisión ejecutiva queda compuesta
por Mariano Miguel Velasco, que ejercerá como presidente; Francisco José Molina Calle; Julián Zamora Saiz y Pedro Ruiz-Labourdette Garau.

Por su parte, la comisión de nombramientos estará integrada por Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Alberto Alonso Lobo y Enrique Montero Gómez.

Sólida “situación patrimonial”

 

Inmobiliaria Colonial también ha señalado que mantiene una sólida “situación patrimonial” que le permite cumplir íntegramente “todas sus obligaciones con las entidades financieras” y ha expresado “su confianza en que la realidad del valor objetivo de la compañía, su solidez patrimonial y su potencial de negocio permitirán superar la situación actual”

Publicada el http://www.ElEconomista.es

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Nota Bene del editor de este Blog: Seguramente sería éste un momento pertinente para que algún miembro del Gobierno Valenciano experto en privatizaciones, explicara las condiciones en las que Luis Portillo compró por cantidades multimillonarias, en sociedad (Siete Treinta S.L.) con el señor Rosell Recasens, marido o lo que fuese de la Senadora del PP por Almeria, señora Agüero miembro de la comisión de Agricultura del Senado en la etapa del señor Aznar-Fabra (¿también una coincidencia que la empresa del caso Naranjax, Artemis 2000 S.L. y Siete Treinta S.L. procedan del mismo despacho de Ontinyent, ciudad que como saben está pegadita a Sevilla, igual que muchas más con adjudicaciones de la Generalitat Valenciana?). Aclaremos la concesión transmisión posterior de algúnos lotes de las residencias geriatricas del tan famoso como opaco Plan Blasco en su etapa de Conseller de Bienestar Social. Este es el proceso especulativo que ha levantado gigantes de papel que han saqueado las arcas públicas y arden ahora…sin que nadie mueva un dedo. Y el Arzobispo Cardenal diciendo que la politica social de Zapatero sobre la familia, destruye la democrácia. ¡No crean que no llevamos una buena peniténcia con esta cuadrilla!. V.V.G.

LOL MULTIMILLONARIOS SOBRECOSTES DE LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS VAN EN CONTRA DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Y SANITARIOS.

732592.jpgLa Ciudad de las Artes cuesta de más como una nueva Fe y media

J. L. OBRADOR. 21.12.2007

  • El gasto extra que acumula todo el complejo de Calatrava suma 431,4 millones de euros.
  • El presupuesto del futuro hospital que se construye en Valencia es de 269 millones.
  • El Síndic de Comptes denuncia que Calatrava cobra 861.000 euros que no le corresponden.
El sobrecoste que acumula la Ciudad de las Artes y las Ciencias alcanza los 431,4 millones de euros, según el informe de 2006 del Síndic de Greuges. Con este dinero de más gastado (un 238% de incremento respecto al presupuesto inicial) se podría haber construido 1,6 hospitales como la nueva Fe que se está levantando en Malilla. El presupuesto de este macrocentro sanitario es de 269 millones de euros (216 corresponden a la obra y 53 al equipamiento).Sólo en el Palau de les Arts, hasta finales de 2006 (es decir, antes de reparar incidentes como los provocados por las inundaciones de octubre) se llevaban gastados 345 millones (un 316% más de lo previsto), una cantidad por sí sola superior a lo que costará el hospital.

En el documento que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, el Síndic recomienda evitar modificaciones que alteren los proyectos iniciales, ya que repercuten en el precio y en el plazo de las obras.

Calatrava, dinero extra

Según el informe el creador de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Calatrava, ha cobrado ya, por adelantado, 3.962.125 euros por el proyecto y ejecución del Ágora, la plaza porticada que servirá como punto de esparcimiento de este recinto. Sin embargo, Calatrava debería percibir 3.100.493 euros.

La trampa está en que su retribución se calcula sacando el 7,5% del coste del proyecto y la ejecución de las obra, pero esta cifra ha variado. En un principio, el Consell estimó que rozaría los 53 millones de euros, pero al final se adjudicó por 41,3 millones. Pese a esta rebaja, los honorarios de Calatrava se siguen calculando sobre la cifra superior, con lo que percibe los 3,9 millones, un 25% más de lo que le toca.

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EL PP DE LA COMUNITAT VALENCIANA OBSTRUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.

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POLÍTICA

 17/12/2007

La derecha provoca “una situación social límite” en detrimento de los discapacitados

El bloqueo del PP valenciano a la Ley de Dependencia envía al paro a 186 trabajadores sociales

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El próximo 31 de diciembre se va a llegar en la Comunidad Valenciana a una “situación social límite”, según alerta el sindicato CC.OO. Este punto crítico será el resultado del persistente bloqueo que el gobierno conservador del PP está haciendo a la aplicación de la ley de Dependencia que promueve el ejecutivo socialista.

Según confirma a El Plural la responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Adelaida Vega Roca, en la fecha marcada, los 186 trabajadores sociales que desde septiembre se encargaban en Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de evaluar y redactar informes de las solicitudes de ayudas, irán a engrosar las listas del paro.

Todos al paro
Desde la administración autonómica se justifican los despidos en cadena porque las convocatorias están planificadas para cubrir períodos de seis meses, “dependiendo de que hayan existencias de fondos en los presupuestos”. Esta última condición es la que más inquieta a los afectados por el despido. En las cuentas de la Generalidad Valenciana para 2008 no figuran partidas específicas para estos fines. Se deduce, desde la oposición de izquierdas, que se está pretendiendo cubrir los costes únicamente con las transferencias del gobierno central. Para 2008 rondarán los 80 millones de euros.

Sin garantías
En cualquier caso, los trabajadores sociales cesados no esperaban la carta de despido, sino otra a la inversa que les confirmara en sus puestos automáticamente, para no entorpecer sus tareas con la discontinuidad forzada que ahora tienen que soportar, sin garantía formal de que vuelva al trabajo más adelante algún día.

Una trabajadora afectada
Una de las trabajadores sociales afectadas por este parón laboral, Virginia Tovar, explica que con esta manera de actuar se ocasiona un mayor retraso en la gestión de las ayudas -“que es lo que persigue la Generalitat Valenciana”, insiste– para que la aplicación de la ley socialista parezca un rotundo fracaso, al menos en la autonomía valenciana.

Todo “en saco roto”
Además del quebranto económico personal, los trabajadores sociales se quejan de que todo lo que han avanzado durante los últimos cuatro meses “caerá en saco roto”. Se tendrá que empezar de nuevo, en detrimento de quienes tienen que percibir las ayudas económicas, es decir las personas mayores con problemas de movilidad y personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Sistema de contratación
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia, Pilar Rueda, reconoce a El Plural que el método de contratación empleado por el Consell para estas taras técnicas en ayuntamientos “no es bueno”. Dice que genera inestabilidad en el técnico y, muy posiblemente, una merma de calidad de servicio, dada su precariedad. Añade otro problema, al denunciar que entre los contratados de la primera convocatoria “muchos no eran titulados sociales”, asegura, dando a entender que ha podido haber mano ancha para el “enchufismo”.

A cuatro meses vista
Pese al malestar y a la incertidumbre general que reinan en los profesionales sociales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), responsable de distribuir en los Ayuntamientos los recursos para cubrir los gastos de personal de atención, ha vuelto a publicar el pasado 10 de diciembre otra convocatoria, idéntica a la que publicó en julio. A ella van a tener que acudir de nuevo los Ayuntamientos, 117 en total, si quieren volver a tener operativos los servicios de atención. Por rápido que se actúe, este duplicado proceso de selección se alargará hasta el mes de abril o mayo, después de las elecciones generales de marzo.

Ritmo lento
Además de este taponamiento en los ayuntamientos, al modelo adoptado por la Generalidad Valenciana le están lloviendo críticas de variada índole. Los sindicatos le acusan de llevar un ritmo muy lento. Hace una semana se publicó un informe de ámbito estatal en el que la Comunidad Valenciana, junto con la madrileña, está a la cola respeto al resto de Gobiernos regionales. En territorio valenciano todavía nadie, de los muchos miles de ciudadanos que tienen derecho a cobrar, ha percibido estas ayudas. En Navarra, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha se han empezado a abonar, con tarifas entorno a los 489 euros mensuales para beneficiarios que viven en el entorno familiar y 657 euros cuando se contrata una persona para su cuidado.

Incumplimiento de una ley estatal
De entre todos los desajustes y errores de aplicación que se achacan a la Generalidad Valenciana, el más grave es el que pone sobre el tapete la trabajadora social, Virginia Tovar. Advierte que de no firmarse el convenio con el Gobierno antes de que finalice este año a la Generalidad Valenciana, se le puede acusar de “incumplimiento de una ley estatal”, con lo que ello significa, si se actúa por la vía judicial.

LA CARA OCULTA DEL SINDROME DE ULISES.

La cara oculta del Síndrome de Ulises

El síndrome de Ulises se identifica con los problemas psicológicos que padece el inmigrante asociados al estrés crónico que se deriva de su situación

El síndrome de Ulises es una metáfora atribuida a Joseba Achotegui, psiquiatra del Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados (SAPPIR) de Barcelona, para caracterizar la salud de personas expuestas a situaciones límite y en tierra extraña. Insomnio, cefaleas, ansiedad, pérdida de orientación, fatiga crónica, molestias osteomusculares e irritabilidad, son sus síntomas más característicos.

  • Autor: JORDI MONTANER | 
  • Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2007

Cristina M. Ueno

El Canto V de la Odisea, del poeta griego Homero, relata que Ulises «pasaba días sentado en las rocas a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas». Joseba Achotegui, psiquiatra del Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados (SAPPIR), de Barcelona, especifica en su definición del síndrome que no se trata propiamente de una depresión, sino de un trastorno en el límite entre la salud y la enfermedad. Vivir en un país lejano hablando una lengua distinta, practicando otros ritos y luciendo unos rasgos físicos diferentes a los de la población residente, no es fácil.

Recalar en los nichos sociológicos más marginales, acceder al mercado del trabajo por los puestos más despreciados y trabajar con salarios irrisorios o sin vacaciones, no ayuda, insiste el especialista, a estar sano.

Un problema sanitario

Se trata de un reto social que en España tiene todavía mucho camino por delante, pero los médicos advierten de que ya supone un problema asistencial. En los últimos cuatro años se ha incrementado en casi un 4% el número de pacientes inmigrantes atendidos en las consultas de atención primaria por infecciones respiratorias, problemas gastrointestinales, dolores musculares o heridas por accidentes, casi siempre ligados a su precaria situación sociolaboral.

El pasado 9 de noviembre, en Valladolid, la sociedad profesional española de médicos de familia hizo público un informe en el que se especifica que los centros de salud y los servicios de urgencias son los primeros puntos de acceso a los servicios sanitarios de los inmigrantes, y que el idioma y las diferencias culturales exigen que el médico invierta más tiempo en estas entrevistas clínicas que en las demás.

Los expertos aclaran que, aunque una mala calidad de vida condiciona por igual la salud de un nacional que la de un inmigrante, es este último quien enferma haciendo frente a problemas como una situación irregular de residencia, condiciones laborales de alto riesgo, convivencia en zonas conflictivas, difícil acceso a los servicios sanitarios, falta de información y educación (el índice de analfabetismo no es nada despreciable) o problemas de comunicación relacionados con el idioma.

La atención sanitaria de los inmigrantes está limitada, entre otras, por diferencias de género culturales y dificultades idiomáticas

«A las enfermedades relacionadas con el trabajo», explica José Vázquez, coordinador del Grupo de Atención al Inmigrante de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, semFYC, «hay que añadir las psicosomáticas y reactivas, que se derivan del proceso migratorio y que abarcan trastornos pseudodepresivos, insomnio y ansiedad, que en muchos casos no pueden superar por simple falta de recursos».

Vázquez anima a los médicos de atención primaria a «aprovechar cualquier contacto con el sistema sanitario para realizar actividades de prevención y promoción de la salud», y recuerda que en 2002 la proporción de pacientes inmigrantes atendidos era sólo del 1,65% respecto al total de las consultas, mientras que en 2006 pasó a un 5,08%.

Necesidad de cambios

En general, suscribe Vázquez, las condiciones de vivienda de estos pacientes suelen ser nefastas, y es muy frecuente que el inmigrante desarrolle empleos temporales y en muy malas condiciones, convirtiéndose en víctima propicia de accidentes laborales. Sin embargo, a pesar del aumento de la presencia de inmigrantes en las consultas, los médicos se quejan de que su atención no puede ser homogénea y que está condicionada por un origen geográfico indeterminado, situación administrativa confusa, diferencias de género culturales y dificultades idiomáticas.

En este sentido, Vázquez ve prioritaria la elaboración de planes de formación que faciliten el conocimiento de todos estos factores. «En la semFYC hemos elaborado un documento sobre atención al inmigrante que incluye un protocolo de atención inicial a estos pacientes en función de la zona de procedencia previsible y del tiempo que lleve en nuestro país». Dicho documento, explica, ofrece soluciones globales y facilita la labor del médico de familia con estas personas.

Los médicos de familia consideran que es muy importante desterrar el falso mito de que el paciente inmigrante importa enfermedades raras, «ya que el perfil que predomina es el de una persona joven y sana». Vázquez admite que la llegada masiva de inmigrantes desde países con elevada prevalencia de enfermedades o sin programas extendidos de control sanitario y vacunación, favorece la creencia de que pueden introducir patologías exóticas a nuestro país.

No obstante, los datos de que disponen los especialistas apuntan en la dirección contraria. «La salud de los inmigrantes que atendemos en España es normalmente superior a la de la población media existente en su país de origen, y si subrayamos que aquí es más frágil es por problemas relacionados con la diferencia de costumbres o de idioma, y con escasos conocimientos sobre el uso del sistema sanitario que aquí rige, lo que lleva tanto a situaciones de infrautilización como de uso excesivo», declara Vázquez.

PROPUESTA DE MEJORA

Tanya McConnell

Entre las propuestas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) para mejorar la atención sanitaria del paciente inmigrante, destacan su plena integración en el sistema nacional de salud, la dotación de recursos humanos y económicos en atención primaria con este fin concreto, la colaboración de mediadores interculturales e intérpretes y la creación de la denominada ‘carpeta del inmigrante’. Esta iniciativa funciona ya en Andalucía.

La Junta dota de ‘carpetas’ a una serie de inmigrantes con gran movilidad geográfica, redactadas en cinco idiomas diferentes y con información sobre estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que opera en toda España, sobre organismos a los que acudir para solucionar otros problemas de índole no estrictamente sanitaria y una historia clínica portátil (cibernética), cuyo objetivo es la transmisión correcta de información entre profesionales sanitarios que atienden en diferentes puntos geográficos, evitando una duplicidad de pruebas diagnósticas y terapéuticas.

«Pero si se quiere proporcionar una atención de calidad a los inmigrantes», reivindica José Vázquez, coordinador del Grupo de Atención al Inmigrante de la semFYC, «se deben conocer las características culturales que los definen». Para ello son imprescindibles estudios epidemiológicos en el ámbito de la atención primaria, centrados en la heterogeneidad existente entre los distintos grupos de inmigrantes, sus riesgos de salud específicos, sus actitudes ante la enfermedad o en qué medida aceptan o rechazan los servicios de salud.