EL PSOE INCORPORARÁ A LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL EL COMPROMISO DE REDUCIR LA CARGA ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS, LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO.

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 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (d), recibió hoy, en el Palacio de La Moncloa, al secretario general de UGT, Cándido Méndez (i). 

EFE – Madrid – 19/02/2008 16:45
El PSOE incorporará a la Mesa de Diálogo Social el compromiso de reducir las cargas administrativas de las empresas, la participación en la gestión de infraestructuras de capital público y privado y la garantía de la unidad de mercado, anunció hoy el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

El ministro dio a conocer la carta entregada hoy por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a los agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME), en la que propone mantener la continuidad del diálogo social, que ha tenido “excelentes resultados” en la anterior legislatura, pero con un enfoque más amplio para la próxima.

Público.es

ACCIDENTE DEL YAK-42. UNO DE LOS FALLECIDOS LLAMABA “PIRATAS AEREOS” A LOS QUE ALQUILABAN EL AVIÓN.

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Uno de los militares fallecidos en el Yak calificó de “piratas aéreos” a quienes alquilaban el avión

Lo ha contado uno de los comandantes que están siendo interrogados por el juez Marlaska. Durante esta semana se recibirá la declaración escrita de Trillo y Bono comparecerá ante el juez. 

EFE – Madrid – 18/02/2008 16:28
El comandante Antonio Bendala ha relatado al juez que recibió un correo electrónico de su compañero José Manuel Ripollés cuatro días antes de morir en el accidente del Yak-42, en el que decía que los aviones de transporte de tropas se alquilaban a “piratas aéreos”.

Antonio Bendala, que esta mañana ha declarado como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga el accidente del Yak-42 en la parte relativa a la contratación del aparato, ha asegurado al magistrado que el comandante Ripollés, jefe de misión e ingeniero, “estaba suficientemente capacitado” para saber en qué condiciones se volaba.

Bendala, según ha comentado a los periodistas, se ha centrado en su comparecencia ante Grande-Marlaska en el correo electrónico que recibió del comandante Ripollés antes de fallecer, en el que aseguraba que los vuelos se estaban realizando “en condiciones límite”, al existir falta de seguridad y mantenimiento deficiente en los aviones.

Ha insistido en que el entonces ministro de Defensa Federico Trillo “abandonó” a los suyos después del accidente, que se produjo en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, pero no se ha referido al ex ministro dentro del despacho del juez en ningún momento, según han señalado fuentes jurídicas.

Faltan las declaraciones de Bono y Trillo  

Queda pendiente el interrogatorio al ex ministro de Defensa José Bono, cuya comparecencia ante el juez, en un principio prevista para hoy, ha sido aplazada hasta que el juez no reciba la declaración escrita de Federico Trillo, la cual le será enviada a lo largo de esta semana y deberá remitirla a la Audiencia Nacional “lo antes posible”, aunque sin fecha fija, han confirmado las mismas fuentes.

También falta por declarar Carol Norma, representante legal de Chapman Freeborn, la compañía británica contratada por la agencia NAMSA de la OTAN, contratista de los aviones, que igualmente se había fijado para hoy, pero que ha sido pospuesta ante la imposibilidad de que esta persona, residente en Londres, pudiera venir esta mañana.

Para facilitarle su comparecencia se le ha dado un plazo de un mes para que establezca en este tiempo el día que le convenga para presentarse en la Audiencia Nacional.

Cuatro mandos militares dijeron no conocer las “quejas” 

El juez Fernando Grande-Marlaska, a quien la Sala de lo Penal obligó a reabrir este procedimiento después de haberlo archivado el pasado junio, ha tomado ya declaración a cuatro mandos militares, quienes aseguraron no tener constancia de que las “quejas” sobre las deficiencias en los vuelos contratados con compañías de la ex Unión Soviética para trasladar tropas llegaran a la mesa de Trillo.

Además han pasado por su despacho el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas Alfonso Agulló, el entonces secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte y al perito aeronáutico designado a petición de las familias, Cecilio Yustas.
Publico.es

DEMANDAN A ASTROC POR NO ENTREGAR 550 VIVIENDAS QUE YA HACE UN AÑO QUE ESTÁN ACABADAS.

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Demandan a Astroc por no entregar 550 viviendas acabadas hace un año

CARLOS N. C. 14.02.2008

  • En Almenara, al estar las calles sin acabar, no pueden dar las llaves.
  • Las casas se están deteriorando y los okupas las rondan.
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«Nos sentimos engañados, desinformados e impotentes porque vemos cómo nuestras casas están acabadas desde hace más de un año y no podemos disfrutar de ellas, además de que se están deteriorando por estar en la playa de Almenara».
Es el testimonio de Bruno Rubio, uno de los 550 afectados por la compra de un apartamentos del complejo Nova Almenara, de la antigua inmobiliaria Astroc. La promoción se encuentra a unos 35 kilómetros al norte de Valencia, ya en la provincia de Castellón.

Según los afectados, Astroc ya sabía que no iba a cumplir con el plazo de la entrega de llaves.

Junto a otros 34, la mayoría de Valencia, han presentado una demanda de conciliación para pedir una indemnización por el retraso en la entrega de inmuebles, que llevan más de un año acabados. Sin embargo, hasta que la urbanización del entorno no esté terminada (calles, aceras, saneamiento…), el Ayuntamiento no puede conceder la licencia de habitabilidad, tal y como marca la Ley Urbanística Valenciana.El último plazo de finalización de obras que les han dado es este verano. Mientras, la estructura se deteriora y los ocupas acechan.

Según los abogados de los afectados, tanto urbanizadora como constructora son empresas de Astroc. La urbanizadora solicitó la licencia de las obras del entorno en julio de 2005 y el Ayuntamiento les dió un plazo de ejecución de tres años. De esta forma, según los afectados, Astroc ya sabía que no iba a cumplir con el plazo de la entrega de llaves (julio de 2006). La empresa ha declinado pronunciarse.

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LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER REGISTRA UN AUMENTO DEL 29% EN LA FIRMA DE VIVIENDAS ARRENDADAS.

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La SPA registra un aumento del 29% en la firma de viviendas arrendadas

Redacción fotocasa.es , 12/02/08, 10:54 h

La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) entregó las llaves de 382 viviendas en alquiler en enero, lo que supone un 29% más que en el mismo mes de 2007, cuando se suscribieron 296 contratos de alquiler, según datos del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda

.Por otro lado, la SPA registró la entrada en sus registros de 2477 viviendas en el primer mes del año, lo que supone casi 60% más que en enero de 2007. De estas viviendas, 434 fueron rechazadas antes incluso de ser evaluadas (+92,8%) y otras 1.508 fueron evaluadas (+65,8% más).

 

Esta tendencia al alza en los niveles de actividad de la SPA podría aumentar todavía más a lo largo de 2008, ya que los promotores tienen la intención de apostar por la vivienda en alquiler a través del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda y sobrellevar así la desaceleración de las ventas en el segmento de la vivienda nueva.

EL ICO AVALA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS CON 3.000 MILLONES DE €.

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El ICO destinará 3.000 millones a avalar hipotecas para viviendas protegidas

Redacción fotocasa.es , 28/01/08, 17:30 h

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concederá avales de hasta 3.000 millones de euros para facilitar la adquisición de viviendas protegidas, según el informe que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, transmitió esta semana al Consejo de Ministros.

El objetivo de esta medida es estimular el uso de recursos financieros a través del mercado de capitales para financiar la adquisición de viviendas protegidas, y complementar así la política que el Gobierno ha desarrollado desde el inicio de la legislatura.

 

Para obtener estos avales, el activo de los fondos de titulización debe estar constituido, en al menos un 80%, por préstamos y créditos cuya finalidad sea la adquisición de vivienda protegida.  Además, las entidades de crédito que hayan cedido estos préstamos o créditos al fondo deberán comprometerse a reinvertir la liquidez obtenida en un año a partir de la constitución del fondo y a destinar al menos el 80% a financiar la adquisición de viviendas protegidas.

 

Finalmente, si las sociedades gestoras de fondos presentan solicitudes de avales superiores a los 3.000 millones de euros disponibles, se distribuirá entre los solicitantes a prorrata, aunque en ningún caso un solo fondo podrá recibir un aval que suponga más del 25% de la cantidad total disponible. 

OPERACION GUATEQUE: VICTORIANO CEBALLOS DECLARA QUE SE HAN ADELANTADO LOS EXPEDIENTES QUE DECÍAN LOS POLÍTICOS.

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Victoriano Ceballos: “Sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos”

AGENCIAS. 04.02.2008

  • El presunto cabecilla de Guateque declaró hoy en Plaza de Castilla.
  • Mantuvo un careo con su ex jefe, Joaquín Fernández de Castro.
  • “Es normal que se adelanten los expedientes”, dijo.

El presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid destapada por el caso Guateque , Victoriano Ceballos, rompió hoy su silencio y aseguró que en la Concejalía de Medio Ambiente “sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos que se adelantaran”.

Si tuviera dinero no tendría a mi hijo poniendo bordillos en la calle desde las 9 hasta las 19 horas”.

“El concejal se lo pedía al director general; el director general a Joaquín (Fernández de Castro, jefe de Departamento de Evaluación Ambiental) y Joaquín a mí”, dijo Ceballos . En los pasillos de los juzgado de Plaza de Castilla, donde acudió convocado por el juez Santiago Torres , Ceballos habló abiertamente con los periodistas sobre las prácticas que se desarrollaban en el Ayuntamiento para la concesión de licencias.Así, explicó que las recomendaciones eran un mecanismo habitual. “Es normal que se adelanten expedientes, eso es normal. La cadena de mando funciona así, preguntádselo a los políticos. Ese poder no lo tenemos los funcionarios”, apuntó al tiempo que señaló que otra de las vías era que “gente pesada” iba a hablar con el director general para “llorarle”.

“Eso era efectivo. De hecho, a veces mandaban que se saltaran los trámites de otros expedientes que iban antes”, apuntó. En cualquier caso, “estoy tranquilo porque no hay nada de lo que se dice“, dijo. “Si tuviera dinero no tendría a mi hijo poniendo bordillos en la calle desde las 9 hasta las 19 horas”, indicó Ceballos, al tiempo que dijo irónicamente, , restando importancia a la investigación: “Soy un corrupto de 3.000 euros”.

Por otra parte, Ceballos criticó que el Ayuntamiento no les haya defendido. “Nos ha dejado solos, y suspendidos de empleo y sueldo “, insistió.

EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
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. Comunitat Valenciana

La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia


El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que “los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad”.
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo “la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas”.

La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde “
no ha existido ningún tipo de publicidad“, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, “los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación“. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, “el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como“, tal como lo denunció en su momento el PSPV. “Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa“.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce “sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública” y “perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación”.


Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba “
disolver estas sociedades mercantiles” porque en algunos casos había quedado “sin contenido el objeto social de las empresas constituidas”.


Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42.

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martes, 08 enero 2008

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42, EN EL QUE MURIERON 62 MILITARES ESPAÑOLES CUANDO REGRESABAN DE TURQUÍA EN MAYO DE 2003, SIENDO MINISTRO DE DEFENSA FEDERICO TRILLO

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido hoy a la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene reabrir la parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42 -en el que fallecieron 62 militares en Turquía el 26 de mayo de 2003- relativa a la contratación del avión. Cuando se produjo el accidente era ministro de Defensa, Federico Trillo, del Partido Popular. Ahora Trillo es diputado nacional del PP y, posiblemente, sea cabeza de lista del partido conservador por Alicante en las próximas elecciones del 9 de marzo.

Grande-Marlaska había sobreseído el caso. El fiscal Zaragoza pidió hoy que se reabra el caso, teniendo en cuenta los recursos de apelación que interpusieron los familiares de los militares fallecidos, contra el auto en el que juez Fernando Grande-Marlaska sobreseyó el pasado 1 de junio esta parte del procedimiento ante “la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español”. El fiscal, que no recurrió en su día este archivo, optó hoy por apoyar los recursos de las acusaciones particulares al considerar que “las víctimas, los familiares, los militares muertos, merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este tribunal ordenando una investigación”, investigación que cree que hasta ahora ha sido insuficiente.

La responsabilidad del ministerio de Defensa. Zaragoza recordó que esta misma Sala, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, ya ordenó, el 15 de julio de 2003, al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, del que ahora es titular Grande-Marlaska y del que en esa fecha lo era Teresa Palacios, que “era preciso instruir diligencias para investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa” en estos hechos. Según Zaragoza, existen elementos suficientes para volver a ordenar que se haga una investigación porque, hasta ahora, el juez instructor “ha cercenado” la práctica de las diligencias que se le han pedido.

Ni una sola diligencia. En este sentido criticó que Grande-Marlaska, en un año que lleva al frente del juzgado, no ha “practicado una sola diligencia para investigar” el accidente, y consideró que no debió acordar el sobreseimiento libre “cuando existe un hecho delictivo, como reconoce el propio juez en su auto”. En su auto, el juez aseguraba que el avión era “apto para volar” y atribuía el siniestro a la “falta de preparación” de la tripulación, que también falleció en el accidente.

Mucho por  esclarecer. “Si el piloto es culpable, no se puede ordenar el archivo”, indicó Zaragoza, criticando que con esta decisión se dejan de investigar “muchas circunstancias”, como la “falta de preparación de la tripulación”, que no funcionara “el control de voz de la cabina”, que la “carga de combustible fuera insuficiente”, que la compañía a la que se contrató el vuelo “no tuviera licencia comercial”, o que “el avión no tuviera la documentación para aterrizar en España”.

El personal de vuelo embriago. “El personal estaba embriagado, no funcionaba la caja negra…”, prosiguió Zaragoza al insistir en que se dan los elementos “suficientes para hacer una investigación”, porque “¿se imaginan si esto hubiera ocurrido en un vuelo comercial? Se hubiera investigado hasta al apuntador”, sentenció. Las acusaciones particulares que recurrieron el archivo, y que culpan a Defensa de lo ocurrido, expusieron por su parte los mismos argumentos que el fiscal y criticaron que el juez mantuviera que la contratación del vuelo (hecha a través de una agencia de la OTAN llamada NAMSA que luego subcontrató el transporte a la compañía ucraniana Um Air) fue por medio de un contrato privado.

El ministerio de Defensa, al corriente de la contratación del vuelo. “En ningún caso puede ser privado, ya que el Ministerio estaba al tanto de la contratación y subcontratación del vuelo”, manifestaron los abogados de la acusación, que denunciaron además que Defensa consignara un pago de 149.000 dólares por el vuelo pero luego realmente se pagaran por él 41.000 dólares, “de manera que hay 108.000 dólares” que “se perdieron por el camino”. Por su parte, la defensa de Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa cuando Federico Trillo era el ministro de ese departamento, planteó que “cuando se dice que no se ha investigado, me recuerda a lo que dijeron algunos medios sobre el 11-M”. “No hay nada más que saber, el auto del juez es ajustado a derecho. Se sabe que las autoridades y funcionarios de Defensa no tienen ninguna responsabilidad, y se sabe que la causa del accidente es un error humano”, señaló el abogado Joaquín Rodríguez Ramos.
Al archivo de esta parte del procedimiento se sumó después el sobreseimiento que acordó Grande-Marlaska en noviembre respecto a la investigación sobre las irregularidades en la identificación de 30 de los 62 cadáveres, dando así carpetazo a la causa en su totalidad, decisión que, en este caso, ha sido recurrida, además de por los familiares, por la Fiscalía, aunque aún no hay señalamiento para la vista de estos recursos.

OTROS CUATRO IMPLICADOS EN LA “OPERACIÓN GUATEQUE” INGRESAN EN PRISIÓN. ¿PARA CUANDO LAS DIMISIONES?. ¡QUE FACIL ES PREDICAR…SEÑORES DEL PP!

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Otros cuatro implicados en la ‘operación Guateque’ ingresan en prisión

El juez que instruye este caso tiene previsto ordenar a partir de mañana la detención de más de 20 funcionarios de Urbanismo y de tres Juntas de Distrito

AGENCIAS   02-01-2008

Cuatro de los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos el pasado jueves en la segunda fase de la ‘operación Guateque’ fueron enviados a prisión acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Así lo decidió el juez que instruye la investigación, el magistrado Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 32 del Ayuntamiento de Madrid, que además, en el marco de estas actuaciones, tiene previsto ordenar a partir de mañana la detención de más de 20 funcionarios de Urbanismo y de tres Juntas de Distrito. 

El pasado jueves, la segunda fase de la operación que destapó la trama de corrupción en la que están implicados varios funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que a cambio de una suculenta comisión agilizaban la tramitación de licencias municipales de apertura de locales, se ha saldado con otros cinco empleados públicos detenidos y seis nuevos registros. Tras tomarles declaración el juez ordenó el ingreso en prisión de cuatro de los cinco funcionarios arrestados.Se trata de Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Distrito de Chamartín), Domingo Sánchez Bote (de la Junta de Salamanca), Miguel ngel García Jodar (técnico de la Concejalía de Medio Ambiente) y Fernando Ruiz Torrejón (de la Gerencia de Urbanismo). Además, el juez ha dejado en libertad a Alfonso Clemente García, que trabajó en la Junta Municipal de Carabanchel.

Con ellos ya son nueve los imputados que cumplen prisión preventiva. En la primera fase, el juez envió a la cárcel a los considerados cabecillas de la trama: Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental. Además, el juez instructor ha ordenado la busca y captura de los empresarios Julián López y Eduardo Agustinos, propietarios de la empresa Agustinos y Proyectos S.L. Estos imputados comparecieron ya ante el magistrado, pero les dejó en libertad.

TREINTA BANCOS Y CAJAS ESTÁN ATRAPADOS EN LA RED DE LLANERA CON UNA DEUDA DE 432,65 MILLONES DE EUROS.

Treinta bancos y cajas están atrapados en la ‘red’ de Llanera con una deuda de 432,65 millones

Gustavo Granero | 9:45 – 26/12/2007    http://www.ElEconomista.es

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Cuando sonó la flauta de Fernando Gallego, presidente del grupo inmobiliario Llanera -que soporta un concurso de acreedores tras suspender pagos-, todos cayeron rendidos a su música. Los principales bancos y cajas de este país sucumbieron a la llamada del promotor valenciano, aflorando, de paso, fallos masivos en sus sistemas de control de riesgos.

Pero, ¿qué pudo pasar para que una treintena de entidades quedasen hipnotizadas en Llanera? Como en la fábula del flautista de Hamelín, Gallego hizo sonar la música, se rodeó de la banca que opera en España y después la precipitó por el abismo al que conducen los impagos.

Más allá del parecido, por hipnotizador, con la leyenda de los Hermanos Grimm, la inmobiliaria Llanera dejó deudas por 432,65 millones de euros a una treintena de entidades financieras al cierre de 2006, según el último informe de auditoría, que reconoce una deuda total con todos sus acreedores de 748,16 millones. De la financiación con bancos y cajas, 300,78 millones eran a largo plazo, y 131,87 millones a corto plazo.

No sólo eran Bancaja o CAM

En un principio, sólo saltaron a la luz las inversiones de Bancaja, CAM y Lehman Brothers. Aunque es cierto que ellas soportan la mayor parte de la deuda también es verdad que los daños colaterales del hundimiento de Llanera afectó a todo el barco. En concreto, son 13 bancos (Santander, BBVA, Popular, Banesto, Sabadell, Banco de Valencia, Pastor, Guipuzcoano, Gallego, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays y Citi); otras 13 cajas de ahorro (La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, CAM, Caixa Catalunya, Unicaja, Caja España, Cajasol, Cajasur, Sa Nostra, Granada, Caixanova y Ontiyent). Ellos fueron el brazo financiador, aunque la lista de acreedores totales se cuenta por miles.

Un largo y complejo proceso

Bancos y cajas esperan recuperar sus inversiones. Sin embargo, el proceso puede durar un año, ya que el juez y los administradores concursales tienen mucho trabajo por delante: “Hay que analizar bien el convenio que se propondrá para renunciar a una parte de la deuda y valorar adecuadamente los activos de la empresa”, explica a elEconomista Carlos Pavón, letrado de Iure Abogados, que representa a 40 acreedores. Algunas empresas consideran que se está haciendo una liquidación algo prematura.

Según la documentación que obra en poder del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, a la que ha tenido acceso este periódico, Banesto tiene una deuda de 4,8 millones, al menos, con cinco de las seis sociedades del grupo Llanera (ver más en información de recuadro). Según el dossier, Barclays concedió créditos por 900.000 euros, mientras que BBVA reconoce una deuda de casi medio millón de euros con una de las empresas del grupo inmobiliario.

Dentro de las cajas, los destrozos son similares. Las más castigadas por la suspensión de pagos de Llanera -junto a Bancaja y CAM- son Caja Duero y Caja Sur . Les sigue Caixa Catalunya, con más de dos millones en créditos, Caixanova y Sa Nostra (Baleares) con un millón y medio de euros, al menos. Además, Unicaja y Caja España habrían concedido financiación por alrededor de un millón. No podría faltar Caja Madrid, con 305.512 euros.

Pero la mayor inversión la dieron otros. Bancaja reconoció una deuda con las empresas de la inmobiliria de 92 millones, que está regularizando con la promotora. Su participado Banco de Valencia les confió 28 millones, mientras que la CAM le habría otorgado entre 30 millones y 40 millones. No obstante, las cajas dejaron claro que la mayoría de estos créditos contaban con garantías más que reforzadas. Fue un banco extranjero, Lehman Brothers, el que se llevó la palma, con un préstamo de más de 148 millones de euros, que vencía en enero. Pero ha habido acuerdo.

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ASI DERRUMBÓ LA SOBERBIA DE LUIS PORTILLO SU PARTICULAR TORRE EMPRESARIAL.

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 CARMEN CANFRÁN. 31.12.2007 en http://www.ElEconomista.es

“Un apetito desordenado de la propia excelencia”. Así es como definió Santo Tomás al principal de los siete pecados capitales: la soberbia, motivo por el que el hombre fue expulsado del jardín del paraíso. Esta conducta criticada por las enseñanzas cristianas ha llevado a más de uno a lo largo de la historia a salir del Edén. Este es el caso del presidente de Colonial, Luis Portillo, quien ha sido destronado de su Torre de Babel. El empresario sevillano presentó su dimisión el pasado viernes al no contar ya con el apoyo de sus socios, quienes cuestionaron su gestión al frente de Colonial. Una decisión que el Consejo aprobará en breve, informaron a este diario fuentes cercanas

La idea del máximo órgano es remodelar su estructura. Para ello, se reducirá el número de sillones, entrarán consejeros independientes y se prevé la marcha de los socios principales, al igual que la de Portillo. Todo un final con lágrimas de una historia que empezó con sonrisas. Ahora se pretende que esos cambios se adapten más a una empresa que cotiza en el Ibex-35.

Las sonrisas empezaron a principios de 2006 cuando Portillo llamó a algunos colegas del sector para que participaran en su gran proyecto: crear una de las primeras inmobiliarias europeas. En ese momento, Domingo Díaz de Mera, la familia Nozaleda, Rafael Santamaría, José Ramón Carabante y Aurelio González decidieron subirse al barco de Inmocaral. En esta aventura no faltó una de las grandes damas empresariales, Alicia Koplowitz. Con toda su tripulación, Portillo puso rumbo a su nave.

Destinos escalonados

Su primer destino fue Colonial en julio. Una compra aplaudida por el mercado, ya que la inmobiliaria cuenta con unas magníficas propiedades tanto en España como en Francia.

En ese momento, Portillo empezó a ser consciente de que estaba jugando en primera división. “Imagínate, pasas de hablar con los bancos que siempre te han financiado a negociar con importantes entidades financieras extranjeras”, confesó el presidente en una charla en la escuela de negocio ESADE.

FCC

51,40 +0,19% +0,10

 En una semana, Portillo negoció con el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, adquirirle el 15 por ciento del capital del grupo. Un movimiento de ficha que realizó sin consultar a sus socios. Su objetivo era casar Colonial con Realia (inmobiliaria de FCC y Caja Madrid). Un sueño que se vio roto cuando Esther Koplowitz le paró los pies y le dejó bien claro que no tenía nada que hacer con Realia. Fue la primera vez que la soberbia de Portillo saldó su primera cuenta.

Compra de Riofisa

Un mes y medio más tarde, Portillo llegó al Consejo de Colonial con una operación ya cerrada: la compra de Riofisa. De nuevo el ejecutivo hizo lo que quiso sin consultar a sus consejeros. Una actitud que molestó a más de uno, aunque no pasó de un enfado. Al fin y al cabo, todos los tripulantes del barco estaban ganando dinero con las decisiones del capitán del barco.

El promotor sevillano siguió buscando nuevos destinos y siempre al margen de las críticas que iba levantando en el mundo financiero. La deuda crecía en un momento en el que se vislumbraba una desaceleración del mercado inmobiliario.

Una vez más la soberbia le jugó una mala pasada al empresario. En marzo de este año, los analistas del Santander elaboraron un informe en el que decían que la acción de la inmobiliaria estaba sobrevalorada. Ante este asunto el ejecutivo respondió: “El Santander no conoce bien Inmocaral (actual Colonial)”.

Soberbia de Portillo

Con esta contestación Portillo dejaba claro que los informes de analistas no le quitaban el sueño. Su importancia siempre ha sido tan menor que sólo una entidad financiera, La Caixa, seguía con detalle el negocio de la compañía.

Más tarde esta situación cambió cuando Astroc (AST.MC)ASTROC

5,00 +3,31% +0,16

  elemento_11159_0 = new cotizacionEnNoticia(‘ASTROC’, ‘cotizacionASTROC_0’, ‘linkcotASTROC_0’,1); se derrumbó en bolsa. Portillo aprendió de uno de los errores de su colega Enrique Bañuelos, presidente de Astroc, y destinó parte de sus esfuerzos a que los analistas conocieran en detalle su casa. Ahora seis firmas analizan Colonial.

Una decisión que ya llegaba tarde. Las inmobiliarias cotizadas ya estaban siendo castigadas en bolsa y se sumó la crisis de las hipotecas basura de Estados Unidos, lo que derivó en una crisis de liquidez mundial. Los bancos dejaron de financiar operaciones en un momento en el que Colonial debía refinanciar un crédito de más de 7.000 millones de euros.

Al final, consiguió el respaldo de las entidades tras negociar durante meses, lo que provocó el nervisiosismo de los socios, que veían que en los consejos la información que se les daba era bastante sesgada.

El valor cae en picado por la crisis

La crisis inmobiliaria española se recrudeció y, por lo tanto, la situación de Colonial también. El valor en bolsa seguía cayendo en picado por el alto endeudamiento de la compañía. Ante este panorama, Portillo no optó por vender activos para amortizar deuda, como lo han hecho sus colegas del sector (Reyal Urbis o Fadesa).

Fue la gota que colmó el vaso. Además, la situación de algunos accionistas era difícil porque estaban perdiendo mucho dinero con Colonial y la salud financiera de sus propios negocios tampoco era boyante. Por eso, le pidieron que tomara medidas al primer ejecutivo, quien se tomó esos reproches como un ataque personal.

Al final, Portillo perdió el control de su barco y decidió abandonar. Esto demuestra que la historia se repite. La soberbia de Bañuelos también rompió su sueño con Astroc. La única diferencia es que Colonial cuenta con grandes inmuebles, mientras que Astroc tenía, principalmente, suelos sin urbanizar.

PORTILLO, EL PRIMER LADRILLAZO DE 2008.

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Se confirma el vuelco en el Consejo de Colonial, que acepta la dimisión de Portillo

Agencias | 20:08 – 31/12/2007
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El Consejo de Administración de la inmobiliaria Colonial aceptó hoy la dimisión de Luis Portillo como miembro de este órgano de dirección y ratificó como presidente de la sociedad a Mariano Miguel, que seguirá ejerciendo el cargo de consejero delegado, informó la compañía a la CNMV. Además, se produce un auténtico vuelco en el Consejo, tal y como adelantó hoy diario elEconomista

El cese de Portillo como consejero de la inmobiliaria se produce tres días después de que fuera relevado como presidente de Colonial (CAR.MC elemento_52_0 = new cotizacionEnNoticia(‘INMOCARAL’, ‘cotizacionINMOCARAL_0’, ‘linkcotINMOCARAL_0’,1); ), en una reunión que el Consejo de Administración celebró el pasado viernes, horas después de que los títulos de la sociedad cayeran el 25,4 por ciento en Bolsa.

La compañía ha indicado que para reforzar la preeminencia de los consejeros independientes “iniciará la búsqueda de un profesional de prestigio que ocupará el puesto de presidente no ejecutivo”.

Salida de otros consejeros significativos

 

Al mismo tiempo que acontecía el cese de Portillo abandonaban también su puesto como consejeros Luis Emilio Nozaleda Arenas, Gema Sólas Navas, José Ramón Carabante Plaza; Óscar Fanjúl Martín; Alberto Cortina Koplowitz y Clara Nozaleda Arenas.

También cesaban en su cargo los representantes de Desarrollo Empresarial Quetro, María Jesús Valero Pérez; Grupo Portival, Yolanda Mayo Ranera; Corporación Indo, Domingo Díaz de Mera Lozano, y Promociones González, Aurelio González Villarejo.

La compañía ha señalado en un comunicado que la “salida del consejo de los accionistas significativos no presupone la intención de reducir su participación en la sociedad”.

Nombramientos de nuevos consejeros

 

Para ocupar parte de las vacantes y para “dotar de la mayor operatividad, eficacia y transparencia posibles a la gestión de la compañía en beneficio de sus accionistas”, la compañía ha nombrado consejeros por cooptación a Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid (consejero ejecutivo); Julián Zamora Saiz (consejero dominical), y Pedro Ruiz-Labourdette Garau (consejero dominical).

Así queda el consejo de Colonial

 

En consecuencia, el consejo de administración queda compuesto por once miembros: Mariano Miguel Velasco; Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Antonio M. López Corral; Javier Sola Teyssiere; Alberto Alonso Lobo; Francisco José Molina Calle; Juan Ramírez Blatuille; Enrique Montero Gómez; Julián Zamora Saiz; Pedro Ruiz-Labourdette Garau y Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid.

Cambios en la comisión ejecutiva

 

Inmobiliaria Colonial también ha acordado cambios en la comisión ejecutiva, que estará formada por cuatro miembros, y en la comisión de nombramientos y retribuciones, que estará formada por tres personas.

La comisión ejecutiva queda compuesta
por Mariano Miguel Velasco, que ejercerá como presidente; Francisco José Molina Calle; Julián Zamora Saiz y Pedro Ruiz-Labourdette Garau.

Por su parte, la comisión de nombramientos estará integrada por Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Alberto Alonso Lobo y Enrique Montero Gómez.

Sólida “situación patrimonial”

 

Inmobiliaria Colonial también ha señalado que mantiene una sólida “situación patrimonial” que le permite cumplir íntegramente “todas sus obligaciones con las entidades financieras” y ha expresado “su confianza en que la realidad del valor objetivo de la compañía, su solidez patrimonial y su potencial de negocio permitirán superar la situación actual”

Publicada el http://www.ElEconomista.es

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Nota Bene del editor de este Blog: Seguramente sería éste un momento pertinente para que algún miembro del Gobierno Valenciano experto en privatizaciones, explicara las condiciones en las que Luis Portillo compró por cantidades multimillonarias, en sociedad (Siete Treinta S.L.) con el señor Rosell Recasens, marido o lo que fuese de la Senadora del PP por Almeria, señora Agüero miembro de la comisión de Agricultura del Senado en la etapa del señor Aznar-Fabra (¿también una coincidencia que la empresa del caso Naranjax, Artemis 2000 S.L. y Siete Treinta S.L. procedan del mismo despacho de Ontinyent, ciudad que como saben está pegadita a Sevilla, igual que muchas más con adjudicaciones de la Generalitat Valenciana?). Aclaremos la concesión transmisión posterior de algúnos lotes de las residencias geriatricas del tan famoso como opaco Plan Blasco en su etapa de Conseller de Bienestar Social. Este es el proceso especulativo que ha levantado gigantes de papel que han saqueado las arcas públicas y arden ahora…sin que nadie mueva un dedo. Y el Arzobispo Cardenal diciendo que la politica social de Zapatero sobre la familia, destruye la democrácia. ¡No crean que no llevamos una buena peniténcia con esta cuadrilla!. V.V.G.

LOL MULTIMILLONARIOS SOBRECOSTES DE LA CIUDAD DE LAS CIENCIAS VAN EN CONTRA DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Y SANITARIOS.

732592.jpgLa Ciudad de las Artes cuesta de más como una nueva Fe y media

J. L. OBRADOR. 21.12.2007

  • El gasto extra que acumula todo el complejo de Calatrava suma 431,4 millones de euros.
  • El presupuesto del futuro hospital que se construye en Valencia es de 269 millones.
  • El Síndic de Comptes denuncia que Calatrava cobra 861.000 euros que no le corresponden.
El sobrecoste que acumula la Ciudad de las Artes y las Ciencias alcanza los 431,4 millones de euros, según el informe de 2006 del Síndic de Greuges. Con este dinero de más gastado (un 238% de incremento respecto al presupuesto inicial) se podría haber construido 1,6 hospitales como la nueva Fe que se está levantando en Malilla. El presupuesto de este macrocentro sanitario es de 269 millones de euros (216 corresponden a la obra y 53 al equipamiento).Sólo en el Palau de les Arts, hasta finales de 2006 (es decir, antes de reparar incidentes como los provocados por las inundaciones de octubre) se llevaban gastados 345 millones (un 316% más de lo previsto), una cantidad por sí sola superior a lo que costará el hospital.

En el documento que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, el Síndic recomienda evitar modificaciones que alteren los proyectos iniciales, ya que repercuten en el precio y en el plazo de las obras.

Calatrava, dinero extra

Según el informe el creador de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Calatrava, ha cobrado ya, por adelantado, 3.962.125 euros por el proyecto y ejecución del Ágora, la plaza porticada que servirá como punto de esparcimiento de este recinto. Sin embargo, Calatrava debería percibir 3.100.493 euros.

La trampa está en que su retribución se calcula sacando el 7,5% del coste del proyecto y la ejecución de las obra, pero esta cifra ha variado. En un principio, el Consell estimó que rozaría los 53 millones de euros, pero al final se adjudicó por 41,3 millones. Pese a esta rebaja, los honorarios de Calatrava se siguen calculando sobre la cifra superior, con lo que percibe los 3,9 millones, un 25% más de lo que le toca.

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¨GÜEMES, CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID Y YERNO DE FABRA, LE EXPLOTA UN CASO DE FAVORITISMO EN LA ADJUDICACIÓN DE AMBULANCIAS POR 55,4 MILLONES DE €.

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AL CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID, JUAN JOSÉ GÜEMES, YERNO DEL SOSPECHOSO CARLOS FABRA (PP), LE EXPLOTA UN CASO DE FAVORITISMO EN LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS CON 55,4 MILLONES DE EUROS AL CANTO

El servicio de ambulancias urgentes que ofrece la Comunidad de Madrid (Summa 112) fue adjudicado en 2006 a la única empresa que se presentó al concurso, Isolux Corsan, pese a que ya entonces incumplía el pliego de condiciones. Al hacer su oferta, no tenía plena disposición sobre el centenar de ambulancias que debían prestar el servicio, como exigen los requisitos de dicho pliego. Informa el diario “El País” en su edición madrileña.
El responsable del departamento de Sanidad del gobierno madrileño que preside Esperanza Aguirre es Juan José Güemes, casualmente casado con Andra Fabra, senadora del PP por “obra y gracia” de su padre, Carlos Fabra, imputado por varios delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ley tributaria. El sospechoso político es presidente del PP en Castellón y de la diputación provincial.

Las ambulancias se ahorran 1,2 millones de euros…No es la única irregularidad la del incumplimiento del pliego de condiciones,. Sigue informando El País. Después, esta adjudicataria no ha cumplido el número de horas diarias que según el contrato debía tener disponibles las ambulancias (1.252 horas diarias), sino que se ha ahorrado 92 horas al día, según las tablas que utiliza el centro coordinador del Summa 112. Por esta razón, Isolux Corsan debe este año más de 40.000 horas de servicio, lo que le supone a la empresa un ahorro de 1,2 millones de euros (el coste de cada hora ronda los 30 euros), sin que hasta ahora la Consejería de Sanidad, de la que depende el Summa 112, se las haya reclamado ni descontado de la factura final, como contempla el pliego de condiciones en su apartado 10.2. Éste también prevé “penalizaciones” si se produce una disminución de horas.

Negocio al canto de 55,4 millones en cuatro años.El servicio Summa 112 sacó a concurso a principios de 2006 la prestación del transporte sanitario terrestre urgente. Pedía una disponibilidad de ambulancias de 1.149 horas al día durante cuatro años a cambio de 55,4 millones de euros.
Ninguna de las cinco empresas que ofrecen este tipo de servicios habitualmente en la región se presentó, aunque sí acudió al concurso paralelo de transporte no urgente que también convocó el Summa 112.

“No nos interesaba”, explicó el gerente de Ambulancias Santa Sofía sobre la convocatoria de ambulancias urgentes. También le pareció inasumible la oferta de Sanidad al gerente de Ambulancias SASU, Maximiliano Alonso, que explicó que sólo el personal que va en la ambulancia ya le suponía un coste de 11,8 millones de euros. “¿Cómo cubría yo el resto: gasoil, personal directivo, los vehículos…?”, se preguntó. “Si hubiera sido por los profesionales del sector, el concurso hubiera quedado desierto”, agregó este directivo.

Una constructora para las ambulancia…Sólo acudió al concurso Isolux Corsan, una compañía dedicada a la construcción, inmobiliaria, ingeniería, concesión y servicios, según figura en su página web. Su portavoz, Jesús Salgado, asegura que han realizado servicios de ambulancia en otras comunidades. Y cita Castilla-León, donde prestan servicio de asistencia a la Tercera Edad. Al presentar su oferta, la empresa redujo el precio de adjudicación del pliego de condiciones en 830.000 euros y aumentó las horas de disponibilidad de ambulancias: se comprometía a proporcionar 1.252 horas al día durante cuatro años por 54,5 millones.

Incumplimiento del artículo 9 del concurso.Con esta oferta ganó el concurso, pese a que incumplía las condiciones: según el pliego de la concesión, en su apartado 9, los licitadores sólo podían ofrecer vehículos sobre los que tuvieran total disponibilidad en el momento de presentar la oferta. Para ello debían contar con permiso de circulación, tarjeta de transporte, certificación sanitaria y seguro, según la convocatoria del concurso.
Pero la adjudicataria se esperó a que le fuera adjudicado el contrato para adquirir el centenar de ambulancias que requería el servicio. Su portavoz lo argumenta así: “Cuando concursamos para hacer una línea de AVE no tenemos todavía la maquinaria necesaria”. Al precisarle que incumple el pliego de condiciones, argumenta que el material móvil estaba disponible días antes de que le fuera adjudicado el concurso. Pero no al presentar su oferta.

EL PP DE LA COMUNITAT VALENCIANA OBSTRUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.

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POLÍTICA

 17/12/2007

La derecha provoca “una situación social límite” en detrimento de los discapacitados

El bloqueo del PP valenciano a la Ley de Dependencia envía al paro a 186 trabajadores sociales

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El próximo 31 de diciembre se va a llegar en la Comunidad Valenciana a una “situación social límite”, según alerta el sindicato CC.OO. Este punto crítico será el resultado del persistente bloqueo que el gobierno conservador del PP está haciendo a la aplicación de la ley de Dependencia que promueve el ejecutivo socialista.

Según confirma a El Plural la responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Adelaida Vega Roca, en la fecha marcada, los 186 trabajadores sociales que desde septiembre se encargaban en Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de evaluar y redactar informes de las solicitudes de ayudas, irán a engrosar las listas del paro.

Todos al paro
Desde la administración autonómica se justifican los despidos en cadena porque las convocatorias están planificadas para cubrir períodos de seis meses, “dependiendo de que hayan existencias de fondos en los presupuestos”. Esta última condición es la que más inquieta a los afectados por el despido. En las cuentas de la Generalidad Valenciana para 2008 no figuran partidas específicas para estos fines. Se deduce, desde la oposición de izquierdas, que se está pretendiendo cubrir los costes únicamente con las transferencias del gobierno central. Para 2008 rondarán los 80 millones de euros.

Sin garantías
En cualquier caso, los trabajadores sociales cesados no esperaban la carta de despido, sino otra a la inversa que les confirmara en sus puestos automáticamente, para no entorpecer sus tareas con la discontinuidad forzada que ahora tienen que soportar, sin garantía formal de que vuelva al trabajo más adelante algún día.

Una trabajadora afectada
Una de las trabajadores sociales afectadas por este parón laboral, Virginia Tovar, explica que con esta manera de actuar se ocasiona un mayor retraso en la gestión de las ayudas -“que es lo que persigue la Generalitat Valenciana”, insiste– para que la aplicación de la ley socialista parezca un rotundo fracaso, al menos en la autonomía valenciana.

Todo “en saco roto”
Además del quebranto económico personal, los trabajadores sociales se quejan de que todo lo que han avanzado durante los últimos cuatro meses “caerá en saco roto”. Se tendrá que empezar de nuevo, en detrimento de quienes tienen que percibir las ayudas económicas, es decir las personas mayores con problemas de movilidad y personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Sistema de contratación
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia, Pilar Rueda, reconoce a El Plural que el método de contratación empleado por el Consell para estas taras técnicas en ayuntamientos “no es bueno”. Dice que genera inestabilidad en el técnico y, muy posiblemente, una merma de calidad de servicio, dada su precariedad. Añade otro problema, al denunciar que entre los contratados de la primera convocatoria “muchos no eran titulados sociales”, asegura, dando a entender que ha podido haber mano ancha para el “enchufismo”.

A cuatro meses vista
Pese al malestar y a la incertidumbre general que reinan en los profesionales sociales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), responsable de distribuir en los Ayuntamientos los recursos para cubrir los gastos de personal de atención, ha vuelto a publicar el pasado 10 de diciembre otra convocatoria, idéntica a la que publicó en julio. A ella van a tener que acudir de nuevo los Ayuntamientos, 117 en total, si quieren volver a tener operativos los servicios de atención. Por rápido que se actúe, este duplicado proceso de selección se alargará hasta el mes de abril o mayo, después de las elecciones generales de marzo.

Ritmo lento
Además de este taponamiento en los ayuntamientos, al modelo adoptado por la Generalidad Valenciana le están lloviendo críticas de variada índole. Los sindicatos le acusan de llevar un ritmo muy lento. Hace una semana se publicó un informe de ámbito estatal en el que la Comunidad Valenciana, junto con la madrileña, está a la cola respeto al resto de Gobiernos regionales. En territorio valenciano todavía nadie, de los muchos miles de ciudadanos que tienen derecho a cobrar, ha percibido estas ayudas. En Navarra, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha se han empezado a abonar, con tarifas entorno a los 489 euros mensuales para beneficiarios que viven en el entorno familiar y 657 euros cuando se contrata una persona para su cuidado.

Incumplimiento de una ley estatal
De entre todos los desajustes y errores de aplicación que se achacan a la Generalidad Valenciana, el más grave es el que pone sobre el tapete la trabajadora social, Virginia Tovar. Advierte que de no firmarse el convenio con el Gobierno antes de que finalice este año a la Generalidad Valenciana, se le puede acusar de “incumplimiento de una ley estatal”, con lo que ello significa, si se actúa por la vía judicial.

VALENCIA: 12 DE DICIEMBRE. CAMPS Y AGUIRRE HABLAN EN VALENCIA DEL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS MIENTRAS LA HUELGA DEL METRO QUE DEPENDE DE LA GENERALITAT PONE EL ÁREA METROPOLITANA AL BORDE DEL COLAPSO.

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EL PRESIDENTE VALENCIANO, FRANCISCO CAMPS, SE REUNE CON SU HOMOLOGA MADRILEÑA, ESPERANZA AGUIRRE, PARA HABLAR DE INFRAESTRUCTURAS MIENTRAS UNA HUELGA TOTAL DEL METRO PARALIZA VALENCIA

La huelga del metro de Valencia sirvió ayer de paradójico telón de fondo. El president de la Generalitat, Francisco Camps, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hablaron ayer en Valencia, en clave electoral conservadora, y exigieron al Gobierno socialista una alternativa de peaje a la A-3. Mientras hablaban de lo que desean en infraestructuras de transporte, fuera del palacio de la Generalitat Valenciana una huelga total del metro dejaba paralizada a la capital, provocando el paro grandes atacascos en las entradas y salidas de la ciudad. Precisamente, Aguirre y Camps, justificaron la petición de una nueva autopista de peaje a la A-3 “para evitar colapsos”.
Camps recibió a Aguirre en el Palau de la Generalitat, donde durante hora y media han tratado sobre la necesidad de reivindicar inversiones en infraestructuras “estratégicas”, como el AVE, un corredor ferroviario de alta capacidad de mercancías, el agua o la necesidad de que el modelo de financiación autonómica tenga en cuenta el incremento de población.

Huelga del metro en horas punta…

VALENCIA: LA HUELGA DEL METRO ES EL TERMOMETRO DEL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

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La huelga del metro de Valencia provoca aglomeraciones en las horas punta

CARLOS N. C.. 11.12.2007

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Los vagones del metro, atabicados por los paros convocados por los sindicatos de FGV.

  • Los apretujones y los retrasos fueron las principales consecuencias de la protesta.
  • Este miércoles vuelve la normalidad al servicio, pero mañana habrá más paros.
  • CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE VALENCIA .

«Este martes por la mañana, a las 8.30 horas era casi imposible subir al metro en Ángel Guimerá. Me he juntado con todo el mogollón y me han subido en volandas». Éste es el testimonio de Javier, a las 14.30 horas a bordo de un convoy (el de la foto) de la Línea 3. Su opinión reflejaba el sentir general, según 20 minutos comprobó.

Así, la primera jornada de huelga convocada por los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se saldó con aglomeraciones a primera hora, a mediodía y por la tarde, con los lógicos retrasos por la reducción al 60% de los servicios, pero sobre todo, con el cabreo de los viajeros. Tanto es así, que algunos optaron por otros medios. FGV perdió el 15% de sus 200.000 viajeros diarios.

La directora de FGV, Marisa Gracia, volvió a pedir la desconvocatoria de la huelga y aseguró que las posibles privatizaciones no afectarán a los trabajadores. Sin embargo, la huelga sigue adelante. Este miércoles, el servicio irá con normalidad, pero el jueves se reducirá al 60% de 9.50 a 12.50 horas.

Así opinan los viajeros

Antonia Grimandi – 39 años, empresaria.

«Son las 14 horas, llevo un cuarto de hora en Colón y aún no ha pasado el metro. Esta mañana, cuando lo he cogido a las 10, los trenes iban a tope. No sé por qué es el huelga, pero, al final, pagamos el pato nosotros».

César Fuentes – 41 años, agente comercial.

«Yo no lo noto demasiado porque me he informado de los horarios antes de coger el metro. No lo he visto mucho más lleno que otros días. Si tienen algo lógico que reclamar tienen derecho a hacer huelga».

Laura Muñoz – 17 años, estudia Estética.

«Iba hacia Manises con tres amigas, pero no he podido subir al metro porque no cabía más gente. Vamos a esperar al siguiente a ver si va más vacío. No sé por qué es la huelga, pero subir a los trenes es casi imposible».

Anuncian paros también en Renfe

Los trabajadores de Renfe y de sus estaciones, que gestiona la empresa estatal ADIF , se han sumado a la moda de las huelgas. Los pioneros fueron un par de sindicatos de la EMT la semana pasada para pedir más seguridad (el miércoles habrá paros de 7 a 8 h y de 19 a 20 h), ahora se han unido los de FGV por las privatizaciones, y el martes fue CC OO el que convocó huelga para el 21 y 28 en Renfe y ADIF.

Las paradas del metro dirán cuándo llega el bus de la EMT

Los viajeros de Metrovalencia sabrán nada más bajar del tren cuánto tardarán en pasar los autobuses de la EMT de la parada más cercana a las estaciones del suburbano.

El concejal de Transportes, Alfonso Novo, informó ayer que «en unos 10 días, instalarán un panel a modo de prueba piloto en la estación de metro de Xàtiva, informando de las líneas de la EMT de la parada de esta misma calle. El objetivo es que el usuario tenga la máxima información para fomentar el intermodalidad».

El edil explicó que en un futuro se extenderán a otras estaciones. Novo presentó oficialmente la nueva web de la EMT, que permite saber a qué hora pasan los buses por cada parada de forma gratuita.

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EL CIRCUITO URBANO DE FORMULA 1 DE VALENCIA TAPONARÁ LAS SALIDAS NATURALES Y AUMENTA EL RIESGO DE RIADA E INUNDACIONES.

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lunes, 10 diciembre 2007

EL CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA UNO EN VALENCIA AUMENTA LOS PELIGROS DE RIADAS E INUNDACIONES PORQUE IMPIDE EL DESAGÜE NATURAL Y TAPONA LOS OJOS DEL PUENTE DE ASTILLEROS…

La Asociación de Vecinos de Nazaret ha denunciado que la construcción del circuito urbano de Fórmula Uno aumenta el riesgo de inundación de este barrio, al invadir el cauce del río Turia y desnivelar sus márgenes, disminuir su capacidad de desagüe y tapar varios ojos del puente de Astilleros. El portavoz de este colectivo vecinal, Julio Moltó, tras la asamblea informativa que mantuvo con otras asociaciones la semana pasada, en la que se ha analizado el impacto que el circuito urbano de Fórmula Uno tendrá en este barrio valenciano.

Salvar Nazaret de riadas. Moltó ha manifestado que obstaculizar las aguas pluviales es un tema “alarmante” para los vecinos y ha advertido de que podría ser un problema “más grave” que el que atañe actualmente al Palau de les Arts. También ha instado al Ayuntamiento de Valencia a que trabaje para que esta nueva situación de Nazaret sea contemplada por el Plan de Acción Territorial Sectorial (PATRICOVA) sobre prevención de riesgos de inundación.
Según Moltó, el circuito urbano “que podría estar en funcionamiento hasta el 2022, supondrá peores condiciones de vida para los vecinos todos los veranos”.

La Fórmula Uno: ruido, contaminación y colapso de tráfico. Entre las causas, se ha referido al ruido “insoportable”, la contaminación atmosférica, el colapso circulatorio “debido a la falta de aparcamientos” y el aislamiento del barrio que supondrá el corte del puente Astilleros durante la celebración del Gran Premio de Europa. Asimismo, ha calificado de “muy preocupante” que esta instalación se esté realizando “sin licencia de obras, sin estudio de impacto ambiental e incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana que indica que el cauce del río es zona verde”. Por último, ha destacado que la actividad de esta instalación es “molesta, contaminante y peligrosa” para los vecinos de Nazaret.

EL FISCAL PIDE 18 MESES MÁS DE PRISION PARA JULIÁN MÚÑOZ.

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El fiscal pide que el ex alcalde Julián Muñoz sea condenado a 18 meses de prisión

EFE. 09.12.2007

  • Otros cinco ex ediles están acusados de conceder una licencia para la construcción de 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva de uso público.
  • Pueden ser condenados a ocho años de inhabilitación.
  • El fiscal entiende que el uso era “incompatible” con la autorización concedida.

Minuteca todo sobre:

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga juzgará esta semana al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a otros cinco ex ediles por conceder una licencia para la construcción de 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva de uso público en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986.

Julián Muñoz y los cinco ex concejales del Gil, miembros de la comisión de gobierno en 1998, están acusados de un delito contra la ordenación del territorio y el fiscal pide que sean condenados a una pena de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación. En el escrito acusatorio, se solicita la nulidad de la licencia y se destaca que el que fuera alcalde de Marbella Jesús Gil fue inductor del delito.

El ministerio público considera que Muñoz, como alcalde accidental, junto a Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo, aprobaron en marzo de dicho año conceder licencia de obras a las entidades Jotsa y Promotorauno para la construcción de un edificio de 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en San Pedro de Alcántara.

Concesión licencia

La fiscalía malagueña entiende que la licencia se otorgó en función a las instrucciones del entonces alcalde de la localidad, Jesús Gil y con un presupuesto de más de quince millones de euros. Dicho permiso se otorgó “pese a que se autorizaba a edificar en un suelo que de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables -que eran el PGOU del 68- estaba clasificado como zona deportiva de uso público”, calificación de la parcela que luego se mantuvo en el plan de 1986.

Por ello el fiscal entiende que el uso era “incompatible” con la autorización concedida, lo que era “conocido por los acusados”, quienes decidieron, conceder la licencia de obra “sobre la base de su adecuación a las determinaciones de un documento de revisión del planeamiento municipal que el equipo de gobierno estaba llevando a cabo”.

Dicha revisión no había sido aprobado definitivamente por el ente supramunicipal competente, en este caso la Junta de Andalucía. El ministerio público recuerda, como en otros escritos acusatorios, que la Comisión Provincial de Urbanismo denegó en 1998 la aprobación definitiva de dicha revisión promovida por la Corporación municipal.

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EL COLMO DEL FACHERÍO: FABRA INTENTA MARCARLE LA RAYA A LA JUEZ DE INSTRUCCIÓN QUE HA DE JUZGAR SUS CASOS DE CORRUPCIÓN POLÍTICA.

POLÍTICA

 07/12/2007

Pretende impedir que investiguen cuentas bancarias de organismos públicos para no perjudicar a “terceras personas”

Fabra intenta marcarle la raya a la juez de instrucción

IGNASI PELLICER/VALENCIA

No es nada corriente que se le diga a un juez qué pruebas debe tener en cuenta – y las que no – en la instrucción de un proceso que está en sus manos. Más raro resulta todavía, si quien marca la raya es el principal imputado y sospechoso del caso. Pues tal y así es como ha actuado el sátrapa del PP en Castellón, Carlos Fabra, presidente bicéfalo del partido conservador y de la diputación.

Según confirman fuentes judiciales, la jueza Lourdes Novarques, que instruye en el juzgado número 1 de Nules el “caso Fabra”, tiene en su poder desde hace meses un escrito del letrado, Javier Boix, pidiéndole que desestime como pruebas testificales, unas cuentas corrientes de organismos públicos y empresas privadas. En ellas Fabra tiene poderes otorgados para ordenar transferencias y pagos a su voluntad. Se trata de cuentas de la diputación, del Hospital provincial de Castellón y de “Aerocas”, empresa promotora del aeropuerto de Castellón. El abogado de Fabra justifica su sorprendente petición porque si se investigan las citadas cuentas corrientes, “podrían resultar perjudicadas terceras personas”, dice el escrito, sin entrar en más detalles.

Retrasar el juicio
Además de sorpresa e indignación, la oposición de izquierdas todavía no tiene claro si Fabra actúa de esta manera tan anodina para retrasar su juicio por todo lo que contiene su voluminoso sumario en ciernes: delitos contra la administración del Estado, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Cacique conservador castellonense
No descartan las mismas fuentes una intención de mayor magnitud, urdida por el cacique conservador castellonense. Sospechan que Fabra se ve solo y con el aliento de la justicia más cerca de su cogote. Denotan que el jefe del PP en Castellón “se siente ahora más abandonado” por quienes antes le protegían en el partido. Por esta razón, “amenaza con poner el ventilador”, comentan. Incluso, puede estar dando el primer aviso, a la desesperada, de que si le salen mal las cosas a él con la justicia, puede llevarse por delante a otros gerifaltes del PP no implicados en este asunto de corrupción, de momento.

Excepción a la regla judicial
El “caso Fabra” está resultando ser una complicada y dudosa excepción a la regla judicial. Llama estrepitosamente la atención en medios jurídicos y políticos la demora en la instrucción sumarial. Está a punto de cumplir cuatro años, desde que en diciembre de 2003, desveló la trama de corruptelas y tráfico de influencias el empresario Vicente Vilar. Acusó a Fabra de haberle entregado cantidades millonarias de dinero, por conseguir del gobierno del PP licencias para productos fitosanitarios. Más tarde se comercializaron en la empresa Artemis, gestionada por las esposas de ambos.

Siete titulares del juzgado trasladados
Es excepcional igualmente que hasta ahora hayan sido siete los titulares del juzgado de Nules los que se han ocupado de la instrucción y dejado a medias después, pidiendo “por causas personales” el traslado a otra jurisdicción. Y serán ocho muy pronto, cuando a la actual jueza, Lourdes Noverques, le confirmen un nuevo destino que ella misma ha solicitado voluntariamente. Han sido cuatro fiscales hasta hoy los que se han encargado de la acusación.

Una realidad
Más pronto o más tarde, el juicio de Carlos Fabra empieza a verse desde el propio PP valenciano como una realidad a la que tendrá que hacer frente. Lo que no quieren sus dirigentes es que los juicios en cascada coincidan con la precampaña electoral. No se descarta que así sea antes de las generales de 2007. Tal eventualidad explica, según se oye decir por cenáculos de Castellón, el actual distanciamiento entre Carlos Fabra y Juan Costa, ex ministro de Aznar, y coordinador del programa del PP. Fabra desea que Costa sea cabeza de lista por Castellón, pero éste intenta incluirse, bien en la de Madrid u otra gran ciudad, lo mas lejos del territorio que controla Fabra.

Se le han complicado las cosas
De puertas para dentro en el PP de Castellón, a su presidente Fabra se le han ido complicando las cosas últimamente. Antes de las elecciones del 27-M, su hombre de confianza, Victor Campos, a la sazón miembro del gobierno de Francisco Camps, le dio brutalmente la espalda, anunciando que dejaba la secretaria general provincial y la política activa. Para esta vacante, Fabra ha tenido que echar mano de una dirigente “popular” que no es de su cuerda, la diputada autonómica, Marisol Linares. Esta le hizo guiños en su día al zaplanismo, a través de un grupo que controla el dirigente popular valenciano, Serafín Castellano con su tentáculo en Castellón a cargo del diputado nacional, Miguel Barrachina.