DESCUBIERTAS IRREGULARIDADES EN LA EMPRESA PÚBLICA CREADA POR ESTEBAN GONZALEZ PONS.

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POLÍTICA

Descubiertas irregularidades en la empresa pública creada por Esteban González Pons

El cabeza de lista del PP por Valencia, bajo sospecha

Al cabeza de lista del PP por Valencia, Esteban González Pons, se le ha complicado de mala manera el último tramo de la precampaña electoral. Sobre el político conservador están cayendo serias sospechas por haber sido el promotor de una empresa pública –“Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”- a la que se le han descubierto irregularidades en la adjudicación de contratos públicos millonarios, según consta en las conclusiones de una auditoría independiente. Para el PSOE, no cabe duda de que esta empresa, financiada con fondos públicos, le sirve al PP de “agencia de prensa y de propaganda”.

IGNASI PELLICER/VALENCIA

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A finales de 2005, siendo conseller portavoz del gobierno valenciano, González Pons impulsó la creación de “Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”. La justificó porque era “necesaria” –dijo- para aglutinar las actuaciones de promoción de la XXXII edición de la Copa de América de Vela, que concluyó el año pasado.

A la medida de Fabra
El ahora candidato del PP al Congreso de los Diputados por Valencia se las ingenió también para poner en marcha otras siete empresas públicas más. Diseñó, a la medida del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entidades para financiar los dos proyectos “estrella” que tiene pendientes el sátrapa del PP castellonense: el futuro aeropuerto y el parque temático “Mundo Ilusión”.

Otras actuaciones
También implantó sociedades mercantiles públicas de dudosa legalidad, como las empresas mixtas urbanizadoras -con capital público y privado en la misma cuenta de explotación- ideadas por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. Estas empresas han recibido de la Unión Europea una advertencia por escrito, porque no se ajustan a la normativa comunitaria de libre concurrencia del mercado.

Todo sigue igual
González Pons dejó de ser responsable de Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana a mediados de 2006, al abandonar la portavocía del gobierno regional y pasar a ocuparse del área de Territorio y Vivienda. Le sustituyó el actual conseller-portavoz, Vicente Rambla, sin modificar ninguna de las pautas de actuación de su predecesor, pese a ir en contra de la legislación que regula las empresas públicas.

Preguntas no respondidas
Mucho antes de que la auditoría diera a conocer las irregularidades en la “Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”, el diputado del PSOE en les Corts (legislativo autonómico), José Camarasa, ha estado pidiendo insistentemente tener acceso a las cuentas de explotación y balances de dicha entidad. No lo ha conseguido, con lo que han ido creciendo las sospechas sobre la utilización de fondos públicos a través de esta entidad.

Un detonante
Camarasa insiste, en declaraciones a El Plural, que la “negativa permanente” del PP para conocer las cuentas de la empresa de González Pons ha sido el detonante del actual bloqueo para la elección del “Sindic de Greuges” (Defensor del Pueblo), nombramiento que obligatoriamente necesita el consenso entre la mayoría del PP y la oposición de izquierdas en Les Corts.

Cinco millones
Entre las irregularidades que constan en la auditoría, destaca la aportación de cinco millones de euros de fondos de la Generalitat Valenciana para financiar la prueba de vela “Volvo Ocean Race” en el puerto de Alicante, en otoño de este año. Se trata de comprar los derechos para ser sede de la competición, aunque sólo será para acoger las embarcaciones los días previos y el de salida, porque después la competición velística no volverá nunca más a Alicante.

“Los Borgia”
Se han detectado irregularidades igualmente en la concesión de un millón de euros de subvención pública a la película producida por Antena 3 sobre “Los Borgia” y en otra aportación de 112.765 euros para un torneo de ajedrez, celebrado en Valencia en el verano de 2006, sin que tuviera repercusión ni profesional ni mediática.

Procedimiento “negociado”
En ninguno de los casos auditados se convocaron concursos públicos, ni se dio la publicidad exigida por la ley. Las adjudicaciones se llevaron a cabo por el procedimiento “negociado”, incluido en aquellos casos cuyo importe era superior a los límites establecidos por la ley de Contratos, según se lee en las conclusiones de la auditoría.
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A finales de 2005, siendo conseller portavoz del gobierno valenciano, González Pons impulsó la creación de “Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”. La justificó porque era “necesaria” –dijo- para aglutinar las actuaciones de promoción de la XXXII edición de la Copa de América de Vela, que concluyó el año pasado.

A la medida de Fabra
El ahora candidato del PP al Congreso de los Diputados por Valencia se las ingenió también para poner en marcha otras siete empresas públicas más. Diseñó, a la medida del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entidades para financiar los dos proyectos “estrella” que tiene pendientes el sátrapa del PP castellonense: el futuro aeropuerto y el parque temático “Mundo Ilusión”.

Otras actuaciones
También implantó sociedades mercantiles públicas de dudosa legalidad, como las empresas mixtas urbanizadoras -con capital público y privado en la misma cuenta de explotación- ideadas por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. Estas empresas han recibido de la Unión Europea una advertencia por escrito, porque no se ajustan a la normativa comunitaria de libre concurrencia del mercado.

Todo sigue igual
González Pons dejó de ser responsable de Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana a mediados de 2006, al abandonar la portavocía del gobierno regional y pasar a ocuparse del área de Territorio y Vivienda. Le sustituyó el actual conseller-portavoz, Vicente Rambla, sin modificar ninguna de las pautas de actuación de su predecesor, pese a ir en contra de la legislación que regula las empresas públicas.

Preguntas no respondidas
Mucho antes de que la auditoría diera a conocer las irregularidades en la “Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”, el diputado del PSOE en les Corts (legislativo autonómico), José Camarasa, ha estado pidiendo insistentemente tener acceso a las cuentas de explotación y balances de dicha entidad. No lo ha conseguido, con lo que han ido creciendo las sospechas sobre la utilización de fondos públicos a través de esta entidad.

Un detonante
Camarasa insiste, en declaraciones a El Plural, que la “negativa permanente” del PP para conocer las cuentas de la empresa de González Pons ha sido el detonante del actual bloqueo para la elección del “Sindic de Greuges” (Defensor del Pueblo), nombramiento que obligatoriamente necesita el consenso entre la mayoría del PP y la oposición de izquierdas en Les Corts.

Cinco millones
Entre las irregularidades que constan en la auditoría, destaca la aportación de cinco millones de euros de fondos de la Generalitat Valenciana para financiar la prueba de vela “Volvo Ocean Race” en el puerto de Alicante, en otoño de este año. Se trata de comprar los derechos para ser sede de la competición, aunque sólo será para acoger las embarcaciones los días previos y el de salida, porque después la competición velística no volverá nunca más a Alicante.

“Los Borgia”
Se han detectado irregularidades igualmente en la concesión de un millón de euros de subvención pública a la película producida por Antena 3 sobre “Los Borgia” y en otra aportación de 112.765 euros para un torneo de ajedrez, celebrado en Valencia en el verano de 2006, sin que tuviera repercusión ni profesional ni mediática.

Procedimiento “negociado”
En ninguno de los casos auditados se convocaron concursos públicos, ni se dio la publicidad exigida por la ley. Las adjudicaciones se llevaron a cabo por el procedimiento “negociado”, incluido en aquellos casos cuyo importe era superior a los límites establecidos por la ley de Contratos, según se lee en las conclusiones de la auditoría.

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