RETOMANDO VIEJOS ESCRITOS PARA PROBLEMAS QUE PERSISTEN

Retomando el hilo del ovillo de la corrupción del PP en la Comunitat Valenciana.

De este post al anterior que le sigue inmediatamente han pasado más de cuatro años. He dejado deliberadamente pasar el tiempo y no escribir una sola palabra de los acontecimientos vergonzantes de corrupción política y económica que se ha producido durante este largo periodo de tiempo para que, con la paciencia y la prudencia necesaria, algún día pudiese escribir este post como confirmación de lo escrito que es solo una de las muchas puntas del iceberg inmenso de basura que subyace en la política del PP en la Comunidad Valenciana y que ha de ser sin duda su tumba política y la de los colaboradores necesarios en este festival de atracadores que han saqueado las arcas públicas valencianas y se disponen a someter a los ciudadanos de este País a la mayor de las humillaciones personales y sociales usufructuando unas instituciones democráticas en las que no creen sino de manera instrumental como elemento necesario para su vil enriquecimiento en un loco proceso de deterioro de los servicios públicos que han colapsado por la voracidad depredadora de los responsables del Gobierno Valenciano que comenzó, sin piedad, en 1975.
La quiebra económica y el deterioro político e institucional hacen que retome este blog personal que ya titulé de manera premonitoria, Al Contragolpe; ese era su espíritu en aquellos momentos y ese continúa siendo en estos. A cada acción una reacción, a cada golpe una respuesta; porque no es posible callar ni estar quieto ante tanta tropelía, tanto desmán y tanto desatino por parte de quienes tienen la responsabilidad de resolver los problemas de los valencianos y están conduciendo al País Valenciano de manera ignominiosa a la precariedad, a la miseria moral y a la humillación de las personas y de sus instituciones soberanas.
El parentesis de cuatro años entre dos entradas ha confirmado mis asertos; la actuación miserable de los gobernantes del PP han confirmado mis valores. Así pues, al contragolpe, hasta enterrarlos en el infierno político de los miserables; un poco más hondo de lo que poetizaba Blas de Otero.

P.S. Este septiembre de 2014 vuelve a se convulso porque la derecha que nos gobierna, atravesada de corrupciones y podrida por el poder que le otorga una inmunidad desconocida desde los tiempos del General Franco y los 40 años de cruel dictadura que sometieron libertades, haciendas y voluntades a la sinrazón de los mediocres ha decidido dar un paso mas y para intentar modificar la ley electoral nacida del pacto democrático y hacerlo de manera que blinde alcaldías y otras mamandurrias. Desde la prepotencia que anima al PP, que ha asimilado su victoria por mayoría absoluta a la victoria por las armas del General Franco en 1936, el pesado rodillo de la misma derecha rancia de siempre se ha puesto en marcha de manera tan inmisericorde como lo vienen haciendo con los recortes de los derechos de ciudadanía y la destrucción de los pilares básicos del Estado de Bienestar, de las personas más débiles y de los colectivos dependientes.

La prudencia me lleva, en demasiadas ocasiones, a no desvelar aspectos de la vida política local, comarcal y valenciana que sacudirían la plácida vida de quienes viven ajenos al sufrimiento de la inmensa mayoría; feroces hienas ahíta de ambición que no ven saciada nunca y gestores ineficaces que no solo ejercen su poder desde la ignominia del desprecio a las personas que representan, sino desde la cobardía de la dejación de funciones, de responsabilidades que no solo no asumen sino que intentan endosar a quienes, con sus errores y aciertos, han gastado los mejores años de su vida sirviendo de manera honesta y honrada al interés público. Pero el tiempo se está agotando y queda ya solo el corto espacio de tiempo que pueda tardar en que la gente despierte para defender su dignidad y un espacio público de convivencia cívica y sin trampas.

Si entráis en mis blogs alcontragolpe.wordpress.com o laveudelpoble.wordpress.com podréis comprobar, por fechas y argumentos, aquello de lo que hablo y de lo que continuaré hablando y escribiendo, sin rehuir nunca el debate sereno sobre las cosas que importan a mi pueblo y la acción política dura cuando la situación política lo requiera. Cerca de cumplir los 64 todavía mi corazón palpita al ritmo de los valores que aprendí en mi casa con mi familia, en la lucha política local en tiempos de la oprobiosa y en la responsabilidad de los gobiernos locales, provinciales y autonómicos en los que tuve el honor de participar.

L’Alcúdia de Crespins, 09 de sepriembre de 2014. En dos días 41 aniversario del asesinato de Salvador Allende.

 

Discriminación de las personas discapacitadas.

Discriminación de las personas discapacitadas

A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros

“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA
  • Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008

Contenido de la norma

El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.


(Imagen: Daniel Lobo)

El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.

Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”

La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.

Régimen de infracciones y sanciones

Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales

El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.

  • Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
  • Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
  • Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.

No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Dónde presentar las denuncias

Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia

La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.

Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:

  • Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
  • Fax 91 363 50 74
  • Teléfono 91 363 51 86
  • DTS 91 363 50 93
  • Correo electrónico ope@mtas.es

Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.

“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.

Adaptación de la OPE

En cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, las dependencias de la Oficina Permanente Especializada cumplen todos los requisitos para ser accesibles. Existe un sistema de comunicación multidisciplinar que abarca desde la información telefónica, incluidos un dispositivo telefónico para sordos (DTS) y fax, hasta la información presencial, con un sistema de apoyo a la comunicación oral a través de bucle de inducción, labiolectura y lengua de signos básica.

Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible

Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.

Publicado en CONSUMER Eroski.

El Érea Metropolitana de Barcelona establece sanciones para quienes malgasten água potable.

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Aprueban sanciones de hasta 3.000 euros en el Área Metropolitana de Barcelona para quien malgaste agua potable

   BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) –   La Entitat del Medi Ambient (EMA), órgano que agrupa a un total de 33 municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aprobó hoy definitivamente una modificación del reglamento de abastecimiento de agua potable, que contempla sanciones de hasta 3.000 euros a quienes malgasten este recurso regando jardines o llenando piscinas con agua de boca.

   Esta medida sancionadora fue aprobada inicialmente el pasado febrero y, tras el periodo de exposición púlbica, entrará en vigor una vez se publique en el boletín oficial de la província de Barcelona.

   Se prevén sanciones de 30 euros a quien lave el coche en la vía pública utilizando agua potable, y 50 euros a quienes utilicen este recurso para regar jardines pequeños, de menos de 250 metros cuadrados de superficie.

INFRACCIONES LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES

   La gravedad de las sanciones será proporcional al tamaño de la piscina o jardín en cuestión. Así, los multados tendrán que abonar hasta 750 euros por una sanción leve, hasta 1.500 por una grave, y hasta 3.000 euros por una muy grave.

   En el caso de que el sancionado reincida dos veces en un mismo comportamiento por el que ha sido multado, ello se considerará una infracción muy grave, por lo que se podría llegar a ordenar el precinto de la toma de agua potable en cuestión.

   Algunos ejemplos de sanciones leves son, además del lavado de coches con agua potable, el riego de jardines de entre 250 y 1.000 metros cuadrados con agua de boca –200 euros– o llenar piscinas de 12 metros de altura por seis de ancho –20 euros–.

   Si los jardines tienen una extensión de entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados con agua potable, ello se considerará una sanción grave, y la multa será de 800 euros. También se considerará una infracción grave llenar piscinas con agua de boca de 12 metros de alto por 25 de ancho, y en este caso el importe ascenderá a los 700 euros.

   Las sanciones muy graves serán por el riego de jardines de más de 3.000 metros –multa de 2.500 euros– o el llenado de piscinas más grandes de 52 metros de ancho con agua de boca –2.800 euros–.

   El presidente de la EMA, el edil barcelonés Francesc Narváez, explicó hoy que serán los Ayuntamientos quienes “gestionen las sanciones”, y serán los inspectores municipales, policías locales y los Mossos d’Esquadra los que se encargareán de detectar el consumo improcedente de agua de boca.

   Los municipios que forman parte de las EMA son Barcelona, Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat y Viladecans.

WL ALCALDE DE LONDRES, KEN LIVINGSTON, ESTABLECE LA TASA DE ATASCOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.

jueves 7 de febrero de 2008

Ken Livingstone pone el dedo en la llaga


“En una ciudad mundial moderna, la gente debería tener la oportunidad de vivir y trabajar sin temor a ser envenenado por el aire que respira” ha dicho recientemente Ken Livingstone, alcalde de Londres. Esta ciudad mantiene una “congestion charge” (tasa de atascos) de varias libras por vehículo y día, que deben pagar los automóviles que quieren entrar en el centro de la ciudad.

La tasa ha reducido el tráfico en un 20%, con una mejora superior de la calidad del aire (hay menos coches, y por lo tanto el tráfico es más rápido). El dinero recaudado se puede emplear en la mejora del transporte público, y los autobuses urbanos se benefician igualmente de la mayor fluidez del tráfico.

Ninguna ciudad española, que se sepa, ha implantado una medida comparable. En Madrid, un reciente episodio de aire espeso sobre la ciudad obligó a la edil responsable de medio ambiente a declarar que los niveles de contaminación estaban “dentro del límite legal”, para a continuación sugerir algunas vagas medidas de fomento de la bicicleta y apoyo al transporte público. Pero la contaminación, como la enfermedad, nunca puede tener un nivel legalmente aceptable: siempre será algo lamentable a erradicar.

El caso es que Londres no cree que exista un derecho inalienable, superior al derecho a la salud de sus ciudadanos, a conducir coches humeantes por el interior de su casco urbano. Pero no se trata de prohibir nada, como se ha hecho con los fumadores en locales cerrados. Sencillamente, se les dice a los conductores deseosos de recorrer las calles con sus vehículos que espera que tengan una buena razón para ello, porque les va a costar 8 libras (casi 11 euros) cada vez que lo hagan.

En España una medida similar fue rechazada aludiendo a sacrosantas libertades personales o simplemente por miedo a la pérdida de votos. Pero, en realidad, la gente ya está más que harta de los atascos. Sólo esperan una buena excusa para dejar el coche en casa, bien sea una tasa o bien sea cualquier otra cosa.

Folleto en castellano o español de la congestion charge.pdf

OPERACION GUATEQUE: VICTORIANO CEBALLOS DECLARA QUE SE HAN ADELANTADO LOS EXPEDIENTES QUE DECÍAN LOS POLÍTICOS.

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Victoriano Ceballos: “Sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos”

AGENCIAS. 04.02.2008

  • El presunto cabecilla de Guateque declaró hoy en Plaza de Castilla.
  • Mantuvo un careo con su ex jefe, Joaquín Fernández de Castro.
  • “Es normal que se adelanten los expedientes”, dijo.

El presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid destapada por el caso Guateque , Victoriano Ceballos, rompió hoy su silencio y aseguró que en la Concejalía de Medio Ambiente “sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos que se adelantaran”.

Si tuviera dinero no tendría a mi hijo poniendo bordillos en la calle desde las 9 hasta las 19 horas”.

“El concejal se lo pedía al director general; el director general a Joaquín (Fernández de Castro, jefe de Departamento de Evaluación Ambiental) y Joaquín a mí”, dijo Ceballos . En los pasillos de los juzgado de Plaza de Castilla, donde acudió convocado por el juez Santiago Torres , Ceballos habló abiertamente con los periodistas sobre las prácticas que se desarrollaban en el Ayuntamiento para la concesión de licencias.Así, explicó que las recomendaciones eran un mecanismo habitual. “Es normal que se adelanten expedientes, eso es normal. La cadena de mando funciona así, preguntádselo a los políticos. Ese poder no lo tenemos los funcionarios”, apuntó al tiempo que señaló que otra de las vías era que “gente pesada” iba a hablar con el director general para “llorarle”.

“Eso era efectivo. De hecho, a veces mandaban que se saltaran los trámites de otros expedientes que iban antes”, apuntó. En cualquier caso, “estoy tranquilo porque no hay nada de lo que se dice“, dijo. “Si tuviera dinero no tendría a mi hijo poniendo bordillos en la calle desde las 9 hasta las 19 horas”, indicó Ceballos, al tiempo que dijo irónicamente, , restando importancia a la investigación: “Soy un corrupto de 3.000 euros”.

Por otra parte, Ceballos criticó que el Ayuntamiento no les haya defendido. “Nos ha dejado solos, y suspendidos de empleo y sueldo “, insistió.

EL PSOE QUIERE 150.000 VPO AL AÑO Y OBRA CIVIL ANTE LA DESACELERACIÓN.

El PSOE quiere 150.000 VPO al año y obra civil ante la desaceleración

Apuesta por el contrato a tiempo parcial y más flexibilidad laboral

medidas. Inmaculada Rodríguez-Piñero, en la sede del PSPV.
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. Economía

José Luis Zaragozá, Valencia
La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, asegura que el partido en el Gobierno central garantizará 150.000 viviendas protegidas (VPO) al año, 500.000 rehabilitaciones en la legislatura y mayores inversiones en obra pública -sin concretar esas infraestructuras por comunidades autónomas- ante la desaceleración que sufre el sector de la construcción, “un período de incertidumbres, que no de recesión ni de crisis, del que el Ejecutivo es consciente sin caer en catastrofismo como el PP”, explicaba ayer en Valencia la dirigente socialista al analizar el programa electoral de economía ante las elecciones general del 9 de marzo.
Otro capítulo que el PSOE quiere abordar con detalle es la expansión de los contratos a tiempo parcial, que actualmente sólo representan el 7% del total. Según la dirigentes socialista éstos necesitan más flexibilidad y menores cotizaciones sociales. En su opinión, “es necesario abordar una reforma laboral, consensuada con patronal y sindicatos”. Sobre la prevención de riesgos laborales prometió que el número de inspectores de Trabajo crecerá en 1.000 funcionarios.
IRPF, IVA reducido y loterías
Además de la propuesta de rebaja de 400 euros en la cuota del IRPF (mediante la reducción de las retenciones en la nómina) a asalariados y pensionistas para paliar los efectos negativos del alza de la inflación y de las hipotecas, en materia fiscal los socialistas abogan por plantear en la UE reducir al tipo mínimo el IVA de productos de usos sanitarios, educativos y culturales, entre ellos los preservativos, las compresas o los instrumentos musicales, que bajarían al 4%. Además, el PSOE quiere una mayor control sobre el fraude fiscal, en juegos de Internet y loterías.

LA CORRUPCIÓN DEL PP EN MADRID POR EL CASO GUATEQUE ALCANZA DE LLENO AL FRANCISCO CAMPS, PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

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viernes, 18 enero 2008

LA CORRUPCIÓN DEL PP EN MADRID POR EL “CASO GUATEQUE” ALCANZA DE LLENO AL PRESIDENTE VALENCIANO, FRANCISCO CAMPS, TRAS SER IMPUTADO, LUIS ARMADA, VICECONSEJERO DE ESPERANZA AGUIRRE Y TAMBIÉN VICEPRESIDENTE DEL PUERTO DE VALENCIA (APV)…

El “caso Guateque”, de corrupción continuada del PP en Madrid, se ha alargado hoy hasta salpicar de lleno a la mismísima cúpula del PP de la Comunidad Valenciana, (el presidente Francisco Camps, el primero), a raíz de que el juez de instrucción haya citado como imputado al actual vice-consejero de de Urbanismo del gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. Resulta que el mismo sospechoso, Luis Armada, ocupa actualmente una de las vicepresidencias del Puerto de Valencia (APV). Llegó a este cargo- que por estatutos correspondía a un empresario – por deseo expreso de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre y el enchufe directo del presidente Camps.

Según recuerdan a CONFIDENCIAL 7D fuentes de la dirección portuaria en Valencia, el ahora imputado en el “caso Guateque”,  Armada, era antes vocal del consejo de administración del puerto valenciano, desde 2005. Tras una reunión “tête-a-tête”, entre Esperanza Aguirre y Francisco Camps – a principios de 2006 –  la presidenta madrileña le pidió al valenciano Camps que nombrara a Armada vicepresidente “ a la primera ocasión”. Y así sucedió, en marzo de 2007, cuando dejo libre su puesto de vicepresidete el empresario, Francisco Ros.

Dos altos empresarios sacrificados por Armada. Para imponer a Luis Armada en la vicepresidencia portuaria de Valencia se tuvieron que “desactivar” dos candidaturas de peso para el mismo puesto: la del presidente de la patronal regional, Rafael Ferrando y la del presidente de la patronal del sector de la cerámica, el castellonense, Fernando Diago. “Los dos se quedaron rabiando y con las ganas…”, comentan las mismas fuentes a casi un año vista de la componenda entre los presidentes del PP para nombrar a su favorito. Al final, matizan, el presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, cumplió los deseos del presidente, Francisco Camps, quien haciendo este “favor” a Esperanza Aguirre “debió recibir a cambio algunas contrapartidas…”

Protegido por Aguirre y Camps, con un  pie en la cárcel.  Armada, actual viceconsejero de Transportes, que ha sido citado a declarar como imputado por el juez Santiago Torres por su labor entre 1997 y 2003 al frente de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de la capital. El juez Torres dirige la investigación contra una presunta trama de venta de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. La citación judicial recoge que el Juzgado de Instrucción número 32 tomará declaración a Armada el próximo 23 de enero a las 12 del mediodía en calidad de imputado.

De Madrid a Valencia, con una la hoja de servicios sucia. Armada había sido gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en la última etapa de José María Álvarez del Manzano, en cuyo cargo fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 20 “por un delito de desobediencia” a una multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y cuatro meses. Según el juez, Armada no había procedido al derribo parcial de la iglesia Nuestra Señora de las Fuentes, construida de forma ilegal demasiado cerca de un bloque de pisos en Fuencarral. Tras recurrir el fallo judicial, la nueva sentencia firme mantuvo la condena de inhabilitación aunque sólo para ese cargo, lo que le permitió inmediatamente desempeñar el que ocupa en la actualidad con el Gobierno de Esperanza Aguirre.