RETOMANDO VIEJOS ESCRITOS PARA PROBLEMAS QUE PERSISTEN

Retomando el hilo del ovillo de la corrupción del PP en la Comunitat Valenciana.

De este post al anterior que le sigue inmediatamente han pasado más de cuatro años. He dejado deliberadamente pasar el tiempo y no escribir una sola palabra de los acontecimientos vergonzantes de corrupción política y económica que se ha producido durante este largo periodo de tiempo para que, con la paciencia y la prudencia necesaria, algún día pudiese escribir este post como confirmación de lo escrito que es solo una de las muchas puntas del iceberg inmenso de basura que subyace en la política del PP en la Comunidad Valenciana y que ha de ser sin duda su tumba política y la de los colaboradores necesarios en este festival de atracadores que han saqueado las arcas públicas valencianas y se disponen a someter a los ciudadanos de este País a la mayor de las humillaciones personales y sociales usufructuando unas instituciones democráticas en las que no creen sino de manera instrumental como elemento necesario para su vil enriquecimiento en un loco proceso de deterioro de los servicios públicos que han colapsado por la voracidad depredadora de los responsables del Gobierno Valenciano que comenzó, sin piedad, en 1975.
La quiebra económica y el deterioro político e institucional hacen que retome este blog personal que ya titulé de manera premonitoria, Al Contragolpe; ese era su espíritu en aquellos momentos y ese continúa siendo en estos. A cada acción una reacción, a cada golpe una respuesta; porque no es posible callar ni estar quieto ante tanta tropelía, tanto desmán y tanto desatino por parte de quienes tienen la responsabilidad de resolver los problemas de los valencianos y están conduciendo al País Valenciano de manera ignominiosa a la precariedad, a la miseria moral y a la humillación de las personas y de sus instituciones soberanas.
El parentesis de cuatro años entre dos entradas ha confirmado mis asertos; la actuación miserable de los gobernantes del PP han confirmado mis valores. Así pues, al contragolpe, hasta enterrarlos en el infierno político de los miserables; un poco más hondo de lo que poetizaba Blas de Otero.

P.S. Este septiembre de 2014 vuelve a se convulso porque la derecha que nos gobierna, atravesada de corrupciones y podrida por el poder que le otorga una inmunidad desconocida desde los tiempos del General Franco y los 40 años de cruel dictadura que sometieron libertades, haciendas y voluntades a la sinrazón de los mediocres ha decidido dar un paso mas y para intentar modificar la ley electoral nacida del pacto democrático y hacerlo de manera que blinde alcaldías y otras mamandurrias. Desde la prepotencia que anima al PP, que ha asimilado su victoria por mayoría absoluta a la victoria por las armas del General Franco en 1936, el pesado rodillo de la misma derecha rancia de siempre se ha puesto en marcha de manera tan inmisericorde como lo vienen haciendo con los recortes de los derechos de ciudadanía y la destrucción de los pilares básicos del Estado de Bienestar, de las personas más débiles y de los colectivos dependientes.

La prudencia me lleva, en demasiadas ocasiones, a no desvelar aspectos de la vida política local, comarcal y valenciana que sacudirían la plácida vida de quienes viven ajenos al sufrimiento de la inmensa mayoría; feroces hienas ahíta de ambición que no ven saciada nunca y gestores ineficaces que no solo ejercen su poder desde la ignominia del desprecio a las personas que representan, sino desde la cobardía de la dejación de funciones, de responsabilidades que no solo no asumen sino que intentan endosar a quienes, con sus errores y aciertos, han gastado los mejores años de su vida sirviendo de manera honesta y honrada al interés público. Pero el tiempo se está agotando y queda ya solo el corto espacio de tiempo que pueda tardar en que la gente despierte para defender su dignidad y un espacio público de convivencia cívica y sin trampas.

Si entráis en mis blogs alcontragolpe.wordpress.com o laveudelpoble.wordpress.com podréis comprobar, por fechas y argumentos, aquello de lo que hablo y de lo que continuaré hablando y escribiendo, sin rehuir nunca el debate sereno sobre las cosas que importan a mi pueblo y la acción política dura cuando la situación política lo requiera. Cerca de cumplir los 64 todavía mi corazón palpita al ritmo de los valores que aprendí en mi casa con mi familia, en la lucha política local en tiempos de la oprobiosa y en la responsabilidad de los gobiernos locales, provinciales y autonómicos en los que tuve el honor de participar.

L’Alcúdia de Crespins, 09 de sepriembre de 2014. En dos días 41 aniversario del asesinato de Salvador Allende.

 

Discriminación de las personas discapacitadas.

Discriminación de las personas discapacitadas

A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros

“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA
  • Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008

Contenido de la norma

El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.


(Imagen: Daniel Lobo)

El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.

Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”

La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.

Régimen de infracciones y sanciones

Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales

El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.

  • Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
  • Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
  • Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.

No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Dónde presentar las denuncias

Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia

La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.

Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:

  • Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
  • Fax 91 363 50 74
  • Teléfono 91 363 51 86
  • DTS 91 363 50 93
  • Correo electrónico ope@mtas.es

Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.

“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.

Adaptación de la OPE

En cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, las dependencias de la Oficina Permanente Especializada cumplen todos los requisitos para ser accesibles. Existe un sistema de comunicación multidisciplinar que abarca desde la información telefónica, incluidos un dispositivo telefónico para sordos (DTS) y fax, hasta la información presencial, con un sistema de apoyo a la comunicación oral a través de bucle de inducción, labiolectura y lengua de signos básica.

Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible

Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.

Publicado en CONSUMER Eroski.

El Érea Metropolitana de Barcelona establece sanciones para quienes malgasten água potable.

abua-potable.jpg

Aprueban sanciones de hasta 3.000 euros en el Área Metropolitana de Barcelona para quien malgaste agua potable

   BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) –   La Entitat del Medi Ambient (EMA), órgano que agrupa a un total de 33 municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aprobó hoy definitivamente una modificación del reglamento de abastecimiento de agua potable, que contempla sanciones de hasta 3.000 euros a quienes malgasten este recurso regando jardines o llenando piscinas con agua de boca.

   Esta medida sancionadora fue aprobada inicialmente el pasado febrero y, tras el periodo de exposición púlbica, entrará en vigor una vez se publique en el boletín oficial de la província de Barcelona.

   Se prevén sanciones de 30 euros a quien lave el coche en la vía pública utilizando agua potable, y 50 euros a quienes utilicen este recurso para regar jardines pequeños, de menos de 250 metros cuadrados de superficie.

INFRACCIONES LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES

   La gravedad de las sanciones será proporcional al tamaño de la piscina o jardín en cuestión. Así, los multados tendrán que abonar hasta 750 euros por una sanción leve, hasta 1.500 por una grave, y hasta 3.000 euros por una muy grave.

   En el caso de que el sancionado reincida dos veces en un mismo comportamiento por el que ha sido multado, ello se considerará una infracción muy grave, por lo que se podría llegar a ordenar el precinto de la toma de agua potable en cuestión.

   Algunos ejemplos de sanciones leves son, además del lavado de coches con agua potable, el riego de jardines de entre 250 y 1.000 metros cuadrados con agua de boca –200 euros– o llenar piscinas de 12 metros de altura por seis de ancho –20 euros–.

   Si los jardines tienen una extensión de entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados con agua potable, ello se considerará una sanción grave, y la multa será de 800 euros. También se considerará una infracción grave llenar piscinas con agua de boca de 12 metros de alto por 25 de ancho, y en este caso el importe ascenderá a los 700 euros.

   Las sanciones muy graves serán por el riego de jardines de más de 3.000 metros –multa de 2.500 euros– o el llenado de piscinas más grandes de 52 metros de ancho con agua de boca –2.800 euros–.

   El presidente de la EMA, el edil barcelonés Francesc Narváez, explicó hoy que serán los Ayuntamientos quienes “gestionen las sanciones”, y serán los inspectores municipales, policías locales y los Mossos d’Esquadra los que se encargareán de detectar el consumo improcedente de agua de boca.

   Los municipios que forman parte de las EMA son Barcelona, Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat y Viladecans.

WL ALCALDE DE LONDRES, KEN LIVINGSTON, ESTABLECE LA TASA DE ATASCOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.

jueves 7 de febrero de 2008

Ken Livingstone pone el dedo en la llaga


“En una ciudad mundial moderna, la gente debería tener la oportunidad de vivir y trabajar sin temor a ser envenenado por el aire que respira” ha dicho recientemente Ken Livingstone, alcalde de Londres. Esta ciudad mantiene una “congestion charge” (tasa de atascos) de varias libras por vehículo y día, que deben pagar los automóviles que quieren entrar en el centro de la ciudad.

La tasa ha reducido el tráfico en un 20%, con una mejora superior de la calidad del aire (hay menos coches, y por lo tanto el tráfico es más rápido). El dinero recaudado se puede emplear en la mejora del transporte público, y los autobuses urbanos se benefician igualmente de la mayor fluidez del tráfico.

Ninguna ciudad española, que se sepa, ha implantado una medida comparable. En Madrid, un reciente episodio de aire espeso sobre la ciudad obligó a la edil responsable de medio ambiente a declarar que los niveles de contaminación estaban “dentro del límite legal”, para a continuación sugerir algunas vagas medidas de fomento de la bicicleta y apoyo al transporte público. Pero la contaminación, como la enfermedad, nunca puede tener un nivel legalmente aceptable: siempre será algo lamentable a erradicar.

El caso es que Londres no cree que exista un derecho inalienable, superior al derecho a la salud de sus ciudadanos, a conducir coches humeantes por el interior de su casco urbano. Pero no se trata de prohibir nada, como se ha hecho con los fumadores en locales cerrados. Sencillamente, se les dice a los conductores deseosos de recorrer las calles con sus vehículos que espera que tengan una buena razón para ello, porque les va a costar 8 libras (casi 11 euros) cada vez que lo hagan.

En España una medida similar fue rechazada aludiendo a sacrosantas libertades personales o simplemente por miedo a la pérdida de votos. Pero, en realidad, la gente ya está más que harta de los atascos. Sólo esperan una buena excusa para dejar el coche en casa, bien sea una tasa o bien sea cualquier otra cosa.

Folleto en castellano o español de la congestion charge.pdf

OPERACION GUATEQUE: VICTORIANO CEBALLOS DECLARA QUE SE HAN ADELANTADO LOS EXPEDIENTES QUE DECÍAN LOS POLÍTICOS.

04060.jpg

Victoriano Ceballos: “Sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos”

AGENCIAS. 04.02.2008

  • El presunto cabecilla de Guateque declaró hoy en Plaza de Castilla.
  • Mantuvo un careo con su ex jefe, Joaquín Fernández de Castro.
  • “Es normal que se adelanten los expedientes”, dijo.

El presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid destapada por el caso Guateque , Victoriano Ceballos, rompió hoy su silencio y aseguró que en la Concejalía de Medio Ambiente “sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos que se adelantaran”.

Si tuviera dinero no tendría a mi hijo poniendo bordillos en la calle desde las 9 hasta las 19 horas”.

“El concejal se lo pedía al director general; el director general a Joaquín (Fernández de Castro, jefe de Departamento de Evaluación Ambiental) y Joaquín a mí”, dijo Ceballos . En los pasillos de los juzgado de Plaza de Castilla, donde acudió convocado por el juez Santiago Torres , Ceballos habló abiertamente con los periodistas sobre las prácticas que se desarrollaban en el Ayuntamiento para la concesión de licencias.Así, explicó que las recomendaciones eran un mecanismo habitual. “Es normal que se adelanten expedientes, eso es normal. La cadena de mando funciona así, preguntádselo a los políticos. Ese poder no lo tenemos los funcionarios”, apuntó al tiempo que señaló que otra de las vías era que “gente pesada” iba a hablar con el director general para “llorarle”.

“Eso era efectivo. De hecho, a veces mandaban que se saltaran los trámites de otros expedientes que iban antes”, apuntó. En cualquier caso, “estoy tranquilo porque no hay nada de lo que se dice“, dijo. “Si tuviera dinero no tendría a mi hijo poniendo bordillos en la calle desde las 9 hasta las 19 horas”, indicó Ceballos, al tiempo que dijo irónicamente, , restando importancia a la investigación: “Soy un corrupto de 3.000 euros”.

Por otra parte, Ceballos criticó que el Ayuntamiento no les haya defendido. “Nos ha dejado solos, y suspendidos de empleo y sueldo “, insistió.

EL PSOE QUIERE 150.000 VPO AL AÑO Y OBRA CIVIL ANTE LA DESACELERACIÓN.

El PSOE quiere 150.000 VPO al año y obra civil ante la desaceleración

Apuesta por el contrato a tiempo parcial y más flexibilidad laboral

medidas. Inmaculada Rodríguez-Piñero, en la sede del PSPV.
 ferran montenegro
 MULTIMEDIA
 NOTICIAS RELACIONADAS
. Economía

José Luis Zaragozá, Valencia
La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, asegura que el partido en el Gobierno central garantizará 150.000 viviendas protegidas (VPO) al año, 500.000 rehabilitaciones en la legislatura y mayores inversiones en obra pública -sin concretar esas infraestructuras por comunidades autónomas- ante la desaceleración que sufre el sector de la construcción, “un período de incertidumbres, que no de recesión ni de crisis, del que el Ejecutivo es consciente sin caer en catastrofismo como el PP”, explicaba ayer en Valencia la dirigente socialista al analizar el programa electoral de economía ante las elecciones general del 9 de marzo.
Otro capítulo que el PSOE quiere abordar con detalle es la expansión de los contratos a tiempo parcial, que actualmente sólo representan el 7% del total. Según la dirigentes socialista éstos necesitan más flexibilidad y menores cotizaciones sociales. En su opinión, “es necesario abordar una reforma laboral, consensuada con patronal y sindicatos”. Sobre la prevención de riesgos laborales prometió que el número de inspectores de Trabajo crecerá en 1.000 funcionarios.
IRPF, IVA reducido y loterías
Además de la propuesta de rebaja de 400 euros en la cuota del IRPF (mediante la reducción de las retenciones en la nómina) a asalariados y pensionistas para paliar los efectos negativos del alza de la inflación y de las hipotecas, en materia fiscal los socialistas abogan por plantear en la UE reducir al tipo mínimo el IVA de productos de usos sanitarios, educativos y culturales, entre ellos los preservativos, las compresas o los instrumentos musicales, que bajarían al 4%. Además, el PSOE quiere una mayor control sobre el fraude fiscal, en juegos de Internet y loterías.

LA CORRUPCIÓN DEL PP EN MADRID POR EL CASO GUATEQUE ALCANZA DE LLENO AL FRANCISCO CAMPS, PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

camps-paco.jpg

viernes, 18 enero 2008

LA CORRUPCIÓN DEL PP EN MADRID POR EL “CASO GUATEQUE” ALCANZA DE LLENO AL PRESIDENTE VALENCIANO, FRANCISCO CAMPS, TRAS SER IMPUTADO, LUIS ARMADA, VICECONSEJERO DE ESPERANZA AGUIRRE Y TAMBIÉN VICEPRESIDENTE DEL PUERTO DE VALENCIA (APV)…

El “caso Guateque”, de corrupción continuada del PP en Madrid, se ha alargado hoy hasta salpicar de lleno a la mismísima cúpula del PP de la Comunidad Valenciana, (el presidente Francisco Camps, el primero), a raíz de que el juez de instrucción haya citado como imputado al actual vice-consejero de de Urbanismo del gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. Resulta que el mismo sospechoso, Luis Armada, ocupa actualmente una de las vicepresidencias del Puerto de Valencia (APV). Llegó a este cargo- que por estatutos correspondía a un empresario – por deseo expreso de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre y el enchufe directo del presidente Camps.

Según recuerdan a CONFIDENCIAL 7D fuentes de la dirección portuaria en Valencia, el ahora imputado en el “caso Guateque”,  Armada, era antes vocal del consejo de administración del puerto valenciano, desde 2005. Tras una reunión “tête-a-tête”, entre Esperanza Aguirre y Francisco Camps – a principios de 2006 –  la presidenta madrileña le pidió al valenciano Camps que nombrara a Armada vicepresidente “ a la primera ocasión”. Y así sucedió, en marzo de 2007, cuando dejo libre su puesto de vicepresidete el empresario, Francisco Ros.

Dos altos empresarios sacrificados por Armada. Para imponer a Luis Armada en la vicepresidencia portuaria de Valencia se tuvieron que “desactivar” dos candidaturas de peso para el mismo puesto: la del presidente de la patronal regional, Rafael Ferrando y la del presidente de la patronal del sector de la cerámica, el castellonense, Fernando Diago. “Los dos se quedaron rabiando y con las ganas…”, comentan las mismas fuentes a casi un año vista de la componenda entre los presidentes del PP para nombrar a su favorito. Al final, matizan, el presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, cumplió los deseos del presidente, Francisco Camps, quien haciendo este “favor” a Esperanza Aguirre “debió recibir a cambio algunas contrapartidas…”

Protegido por Aguirre y Camps, con un  pie en la cárcel.  Armada, actual viceconsejero de Transportes, que ha sido citado a declarar como imputado por el juez Santiago Torres por su labor entre 1997 y 2003 al frente de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de la capital. El juez Torres dirige la investigación contra una presunta trama de venta de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. La citación judicial recoge que el Juzgado de Instrucción número 32 tomará declaración a Armada el próximo 23 de enero a las 12 del mediodía en calidad de imputado.

De Madrid a Valencia, con una la hoja de servicios sucia. Armada había sido gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en la última etapa de José María Álvarez del Manzano, en cuyo cargo fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 20 “por un delito de desobediencia” a una multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y cuatro meses. Según el juez, Armada no había procedido al derribo parcial de la iglesia Nuestra Señora de las Fuentes, construida de forma ilegal demasiado cerca de un bloque de pisos en Fuencarral. Tras recurrir el fallo judicial, la nueva sentencia firme mantuvo la condena de inhabilitación aunque sólo para ese cargo, lo que le permitió inmediatamente desempeñar el que ocupa en la actualidad con el Gobierno de Esperanza Aguirre.

ALVARO CUESTA DENUNCIA LA VULNERACION DEL PACTO ABTITRANSFUGUISMO EN EL PUIG (VALENCIA), EXIGE AL PP LA EXPULSIÓN DE SUS CONCEJALES E INSTA LA INERVENCION DEL MINISTERIO FISCAL.

000000062464.jpg

MOCIÓN DE CENSURA EN EL PUIG (VALENCIA)   Álvaro Cuesta pedirá la intervención del Ministerio Fiscal para investigar los intereses ocultos que podrían existir tras la Moción de Censura de El Puig (Valencia) Cuesta ha denunciado la vulneración por el PP del Pacto Antitranfuguismo en El Puig (Valencia), donde esta mañana ha prosperado una moción de censura presentada contra el edil socialista. Eugenio Ruiz Angresola, alcalde socialista de El Puig, ha perdido la alcaldía tras haber prosperado la moción de censura presentada por los cuatro concejales del PP con el apoyo de dos tránsfugas del PSOE y un independiente. Álvaro Cuesta, Secretario Federal de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, solicitará la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo donde pedirá la intervención del Ministerio Fiscal para investigar los posibles intereses que se ocultan tras la moción, y exige al PP que expulse a sus concejales por haber incurrido en un claro caso de transfuguismo. Tras las elecciones del pasado mes de mayo, Cuesta recuerda, que con este ya son cinco los casos en que el Partido Popular ha vulnerado el Código de Conducta Política en relación con el transfuguismo con el fin de apropiarse de varias alcaldías obtenidas democrática y legítimamente por el PSOE.  

ASÍ COBRABA EL CEREBRO DE LA OPERACION GUATEQUE.

2007111470ayuntamiento_dentro-madrid.jpg

El supuesto cerebro de ‘Guateque’ cobraba a través de empresas por agilizar licencias

R. M.. 14.01.2008

  • “Les pedí un ‘kilito’ para repartir: 2.500 para cada uno y un regalo”.
  • Durante varios meses la Guardia Civil pinchó su teléfono.
  • Está en la cárcel acusado de cohecho y prevaricación.

Minuteca todo sobre:

Victoriano Ceballos, el supuesto cerebro de la operación Guateque, que desde el mes de noviembre se encuentra en prisión por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, cobró dinero cambio de sacar adelante licencias, según informa El País.

Les pedí un ‘kilito’ para repartir: 2.500 para cada uno y un regalo

Durante varios meses la Guardia Civil pinchó su teléfono, de donde obtuvo conversacione con diferentes funcionarios y empresarios y donde se relaciona a Ceballos con el cobro de dinero para agilizar la tramitación de las licencias.

En una de esas conversaciones, publicada hoy por El País, Eduardo Giménez López propietario del pub Jaleo llama a Ceballos para repartirse 6.000 euros (un millón de pesetas) por la licencia del pub, situado en la calle de Orense.

Eduardo Giménez. Oye, qué bueno. Ya sabes que les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 euros cada uno, porque los otros 1.000 euros son para hacerle un regalito a la chica que está en la junta de distrito.

Victoriano Ceballos. Muy bien.

E. G. ¿Te parece correcto?

V. C. ¡¡Correcto!!

Cada vez con más claridad, Victoriano Ceballos parece eregirse en el centro de la trama de corrupción alrededor de la concesión fraudulenta de licencias a locales de ocio. De los 187 expedientes de concesión de licenciasinvestigados, 26 han sido tramitados por Ceballos en tiempo récord.

Artículos relacionados

OTROS CUATRO IMPLICADOS EN LA “OPERACIÓN GUATEQUE” INGRESAN EN PRISIÓN. ¿PARA CUANDO LAS DIMISIONES?. ¡QUE FACIL ES PREDICAR…SEÑORES DEL PP!

aguirrerajoygallardonmayo2006.jpg

Otros cuatro implicados en la ‘operación Guateque’ ingresan en prisión

El juez que instruye este caso tiene previsto ordenar a partir de mañana la detención de más de 20 funcionarios de Urbanismo y de tres Juntas de Distrito

AGENCIAS   02-01-2008

Cuatro de los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos el pasado jueves en la segunda fase de la ‘operación Guateque’ fueron enviados a prisión acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Así lo decidió el juez que instruye la investigación, el magistrado Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 32 del Ayuntamiento de Madrid, que además, en el marco de estas actuaciones, tiene previsto ordenar a partir de mañana la detención de más de 20 funcionarios de Urbanismo y de tres Juntas de Distrito. 

El pasado jueves, la segunda fase de la operación que destapó la trama de corrupción en la que están implicados varios funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que a cambio de una suculenta comisión agilizaban la tramitación de licencias municipales de apertura de locales, se ha saldado con otros cinco empleados públicos detenidos y seis nuevos registros. Tras tomarles declaración el juez ordenó el ingreso en prisión de cuatro de los cinco funcionarios arrestados.Se trata de Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Distrito de Chamartín), Domingo Sánchez Bote (de la Junta de Salamanca), Miguel ngel García Jodar (técnico de la Concejalía de Medio Ambiente) y Fernando Ruiz Torrejón (de la Gerencia de Urbanismo). Además, el juez ha dejado en libertad a Alfonso Clemente García, que trabajó en la Junta Municipal de Carabanchel.

Con ellos ya son nueve los imputados que cumplen prisión preventiva. En la primera fase, el juez envió a la cárcel a los considerados cabecillas de la trama: Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental. Además, el juez instructor ha ordenado la busca y captura de los empresarios Julián López y Eduardo Agustinos, propietarios de la empresa Agustinos y Proyectos S.L. Estos imputados comparecieron ya ante el magistrado, pero les dejó en libertad.

TREINTA BANCOS Y CAJAS ESTÁN ATRAPADOS EN LA RED DE LLANERA CON UNA DEUDA DE 432,65 MILLONES DE EUROS.

Treinta bancos y cajas están atrapados en la ‘red’ de Llanera con una deuda de 432,65 millones

Gustavo Granero | 9:45 – 26/12/2007    http://www.ElEconomista.es

llanera2.jpg

Cuando sonó la flauta de Fernando Gallego, presidente del grupo inmobiliario Llanera -que soporta un concurso de acreedores tras suspender pagos-, todos cayeron rendidos a su música. Los principales bancos y cajas de este país sucumbieron a la llamada del promotor valenciano, aflorando, de paso, fallos masivos en sus sistemas de control de riesgos.

Pero, ¿qué pudo pasar para que una treintena de entidades quedasen hipnotizadas en Llanera? Como en la fábula del flautista de Hamelín, Gallego hizo sonar la música, se rodeó de la banca que opera en España y después la precipitó por el abismo al que conducen los impagos.

Más allá del parecido, por hipnotizador, con la leyenda de los Hermanos Grimm, la inmobiliaria Llanera dejó deudas por 432,65 millones de euros a una treintena de entidades financieras al cierre de 2006, según el último informe de auditoría, que reconoce una deuda total con todos sus acreedores de 748,16 millones. De la financiación con bancos y cajas, 300,78 millones eran a largo plazo, y 131,87 millones a corto plazo.

No sólo eran Bancaja o CAM

En un principio, sólo saltaron a la luz las inversiones de Bancaja, CAM y Lehman Brothers. Aunque es cierto que ellas soportan la mayor parte de la deuda también es verdad que los daños colaterales del hundimiento de Llanera afectó a todo el barco. En concreto, son 13 bancos (Santander, BBVA, Popular, Banesto, Sabadell, Banco de Valencia, Pastor, Guipuzcoano, Gallego, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays y Citi); otras 13 cajas de ahorro (La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, CAM, Caixa Catalunya, Unicaja, Caja España, Cajasol, Cajasur, Sa Nostra, Granada, Caixanova y Ontiyent). Ellos fueron el brazo financiador, aunque la lista de acreedores totales se cuenta por miles.

Un largo y complejo proceso

Bancos y cajas esperan recuperar sus inversiones. Sin embargo, el proceso puede durar un año, ya que el juez y los administradores concursales tienen mucho trabajo por delante: “Hay que analizar bien el convenio que se propondrá para renunciar a una parte de la deuda y valorar adecuadamente los activos de la empresa”, explica a elEconomista Carlos Pavón, letrado de Iure Abogados, que representa a 40 acreedores. Algunas empresas consideran que se está haciendo una liquidación algo prematura.

Según la documentación que obra en poder del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, a la que ha tenido acceso este periódico, Banesto tiene una deuda de 4,8 millones, al menos, con cinco de las seis sociedades del grupo Llanera (ver más en información de recuadro). Según el dossier, Barclays concedió créditos por 900.000 euros, mientras que BBVA reconoce una deuda de casi medio millón de euros con una de las empresas del grupo inmobiliario.

Dentro de las cajas, los destrozos son similares. Las más castigadas por la suspensión de pagos de Llanera -junto a Bancaja y CAM- son Caja Duero y Caja Sur . Les sigue Caixa Catalunya, con más de dos millones en créditos, Caixanova y Sa Nostra (Baleares) con un millón y medio de euros, al menos. Además, Unicaja y Caja España habrían concedido financiación por alrededor de un millón. No podría faltar Caja Madrid, con 305.512 euros.

Pero la mayor inversión la dieron otros. Bancaja reconoció una deuda con las empresas de la inmobiliria de 92 millones, que está regularizando con la promotora. Su participado Banco de Valencia les confió 28 millones, mientras que la CAM le habría otorgado entre 30 millones y 40 millones. No obstante, las cajas dejaron claro que la mayoría de estos créditos contaban con garantías más que reforzadas. Fue un banco extranjero, Lehman Brothers, el que se llevó la palma, con un préstamo de más de 148 millones de euros, que vencía en enero. Pero ha habido acuerdo.

meneamedigg itdeliciousenviar por email

EN MADRID SIGUE EL GUATEQUE…Y LAS DETENCIONES.

718486.jpg

Ya van cinco detenidos en la trama de corrupción de la ‘operación Guateque’

EUROPA PRESS. 27.12.2007

  • Los arrestros se han producido a lo largo de la mañana.
  • En los próximos días habrá más registros a sedes municipales.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a lo largo de esta mañana a cinco funcionarios, algunos con órdenes de prisión, en los seis registros efectuados en varias sedes del Ayuntamiento de Madrid ordenados por el juez Santiago Torres, dentro de la segunda fase de la operación Guateque.Los arrestos se han llevado a cabo hasta las 16.00 horas de hoy y señalaron que ya por la tarde “no se practicarán más detenciones ni registros, aunque no se descarta que se produzcan más en los próximos días”.

Es probable que haya más detenciones durante los próximos días

En concreto, las sedes nuevamente registradas son Urbanismo y Medio Ambiente, lugares donde la Benemérita ya realizó varios registros el pasado día 14 de noviembre, cuando salió a la luz la operación Guateque, dirigida por el juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid para investigar una presunta trama ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado la Guardia Civil en esta segunda fase es que muchos funcionarios están actualmente de vacaciones.

Santiago Torres ha comenzado esta semana una nueva ronda de interrogatorios entre los detenidos, comenzando por el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos, uno de los principales  imputados que cumplen prisión provisional por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

El juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos.

La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil. En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez.

Ceballos era una de las personas objeto de las escuchas.

Hasta ahora, el juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos. La marcha de las pesquisas se vio hace unas semanas obstaculizada por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que mantuvo paralizada la actividad de la Justicia.

Artículos relacionados

LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES A LA COLA DE EUROPA EN FINANCIACIÓN Y COMPETENCIAS.

ayuntamiento-2.jpg

Los municipios españoles tienen el menor poder de la Unión Europea

 

Se sitúan en los últimos puestos en todos los ránking que miden el nivel competencial y de gastos e ingresos en las administraciones

 

E. Morales / I. Acosta
Madrid. El poder municipal sigue siendo una quimera en España y, excepto en materia urbanística, son pocas las atribuciones competenciales de las que disfrutan los ayuntamientos. Mientras que en el resto de Europa se afianza la descentralización local —gracias a la cesión de impuestos y competencias a las corporaciones locales por los Estados y las administraciones autonómicas—, en España las comunidades no han sido capaces de ceder parte de su poder, que por otro lado han consolidado en los últimos años.

Las regiones españolas son las que mayores presupuestos gestionan en toda Europa y las que mayor número de políticas públicas manejan, mientras que nuestros municipios permanecen en los últimos puestos en todos los ránking que miden el poder de las administraciones públicas.

Pros y contras

La descentralización, por lo general, mejora el servicio que se presta al ciudadano. Esto sucede en mayor medida cuando las necesidades son diferentes y vinculadas a los lugares donde se reside. Además, incentiva la responsabilidad de los niveles administrativos inferiores, que trabajan para conseguir los objetivos fijados por los niveles superiores.

En principio, los ayuntamientos, por su proximidad a los ciudadanos y por el conocimiento de sus necesidades, son los más capacitados para prestar los servicios. Esta cercanía, además, potencia la transparencia y favorece la gestión y eficiencia de los responsables municipales, que tienen condicionada la continuación en el cargo a su labor.

Sin embargo, esta cercanía también entraña riesgos, ya que los grupos de interés tienen mayor acceso a los empleados locales, lo que facilita la corrupción, un aspecto desgraciadamente demasiado ligado a la gestión municipal y que en la mayoría de los casos está vinculada al suelo y el urbanismo.

En general, la descentralización supone el riesgo de que se incremente el peso del sector público, con más gastos, mayor regulación, creación de nuevas empresas e incremento de la plantilla de funcionarios. Y es evidente que pasa. La cesión de competencias a las comunidades ha disparado el número de funcionarios y multiplicado las sociedades de carácter público, una especie en extinción en el Estado tras el profundo proceso de privatizaciones llevado a cabo en las últimas décadas.

El interés por prestar el mejor servicio también ha incrementado los gastos y, al tiempo, se han forzado nuevos marcos regulatorios a la medida de las CCAA.

Modelos diferentes

En Europa se da una enorme variedad de modelos organizativos y existen importantes diferencias entre los países en cuanto a las competencias asignadas a los gobiernos locales. A esta realidad nos acerca un reciente trabajo publicado por el Círculo de Empresarios titulado Un nuevo modelo para los ayuntamientos españoles, en el que además se constata en el escaso poder de los municipios españoles, sin competencias y que apenas gestionan gastos e ingresos.

Las corporaciones locales españolas tienen un gasto sobre el Producto Interior Bruto (PIB) muy inferior al que se registra en el resto de los países europeos. Desde 1995, permanece prácticamente estancado en el 6% del PIB, frente al 10,1% de la Eurozona o el 11,5% de la UE sin Bulgaria y Rumanía.

El porcentaje de gasto público que gestiona la Administración local española (16%) ha crecido ligeramente en la última década, pero está muy lejos de los valores anotados por los países nórdicos y de la media comunitaria, que ronda el 24%.

En materia de ingresos, la cuota local sobre el conjunto de las administraciones es del 14,9%, con tendencia decreciente y frente al 24,9% en la UE-25. No obstante, a Europa esta situación le está costando un desequilibrio, pues el gasto local rebasa los ingresos, paradójicamente en un contexto de clara apuesta por la estabilidad prespuestaria.

Reparto del gasto

Nuestros socios europeos registran una especial incidencia del gasto local en servicios sociales y educación, mientras que en los ayuntamientos y corporaciones locales españolas se detecta un mínimo gasto en educación y sanidad —competencias atribuidas no hace mucho a las comunidades autónomas—.

Así, los ayuntamientos españoles invierten cinco veces menos que la media comunitaria en sanidad y la mitad en educación.

Sin embargo, la vivienda se lleva prácticamente un 16% del presupuesto de las corporaciones locales españolas, un porcentaje que duplica la media europea, y deja patente la exagerada vinculación a esta política pública, la principal generadora de ingresos de los municipios de España.

(Documento íntegro del Círculo de Empresarios dedicado a los ayuntamientos)

LAS DICOTOMÍAS DE RUS CON LA EMPRESA LLANERA…¿A QUE SE EXPLICAN POR Sí SOLAS?.

13623187.jpg

Rus anula dos contratos de la Diputación con la empresa de los Gallego y mantiene los de Xàtiva

Como alcalde ha rechazado resolver las adjudicaciones de tres PAI’s y de la plaza de toros

 

Paco Cerdà, Xàtiva

 El presidente de la Diputació n de Valencia, Alfonso Rus, ha firmado dos decretos para iniciar la resolució n de los contratos suscritos con la mercantil Llanera, Construcciones y Proyectos, SLU, para la realizació n de obras en las carreteras de acceso a los municipios de Quesa y Alborache. En ambos casos, Rus alude como causa para la rescisió n de ambos contratos a «la declaracion de concurso del contratista» y a la petició n del diputado del área de carreteras, Enrique Crespo, «por no considerar conveniente su continuación ». Según viene referido en los dos decretos, firmados ambos el pasado 20 de noviembre, a la mercantil se le concedi an 10 días para alegar.


Se trata del proyecto -adju-dicado por 826.511 euros-, con- sistente en el acondicionamiento de los accesos al municipio de Quesa, correspondientes a la carretera CV-580 de Anna a Dos Aguas. La otra obra anulada a Llanera, SL, por la diputació n es la construcció n de una glorieta de acceso a Alborache.
Esta actitud expeditiva de Rus respecto a Llanera, SL, en la di putació n contrasta con las ges tiones realizadas por el tambié n alcalde de Xà tiva para que el juez autorice a la empresa la subcon- tratació n de las obras que tiene pendientes en Xà tiva.
Desde la oposició n socialista se recordó el miércoles que lo mismo que ha hecho en diputació n puede hacerlo en el ayuntamiento y evitar que se demore la finalizació n de los proyectos. Estas fuentes se han preguntado qué le impide a Rus actuar en Xà tiva con Llanera, SL, igual que en la diputació n.
Por el momento, Llanera, SL, continú a siendo la adjudicataria en Xà tiva de tres PAI residencia- les (El Palasiet, Bola I, Bola II) y un PAI industrial (Albaida). En respuesta, ayer el alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, alegó que no anula los contratos firmados entre el ayuntamiento que dirige y la empresa Llanera, SL, porque todos los proyectos adjudicados en la ciudad a la constructora «ya están en marcha» y, según Rus, la resolución de estos contratos requeriría «la autorización del juez» por estar las obras iniciadas.

LA PETICIÓN DE LA COMISIÓN EN EL CASO TOTANA FUÉ GRABADA.

totana-conection.jpg

corrupción urbanística La petición de la comisión del caso Totana fue grabada

Al parecer, el anterior alcalde aludió al pago de tres millones de euros para recalificar suelo rústico

Autor:
La Voz var d = new Date(1197500400000);
Fecha de publicación:
document.write(d.getDate() + “/” + (parseInt(d.getMonth())+1) + “/” + d.getFullYear());13/12/2007

La exigencia del pago de comisiones a cambio de proceder a la recalificación masiva de suelo rústico en el municipio murciano de Totana cuenta con respaldo pericial determinante, según reconocen fuentes del caso por el que están imputadas más de una docena de personas, entre ellas un abogado y promotor vigués y uno de sus ex empleados. Tal y como adelantó La Voz de Galicia el pasado 30 de noviembre, desde los entornos del anterior y actual gobierno municipal de Totana -del PP- se pudo haber reclamado el pago de tres millones de euros a una de las empresas del letrado gallego Manuel Núñez a cambio de que el Ayuntamiento murciano modificase en su nuevo plan general la calificación de 2,2 millones de metros cuadrados de carácter rústico, para que la empresa viguesa Inmonuar pudiese levantar 5.040 viviendas, un campo de golf, dos spa y un hotel en el municipio.

Diversas fuentes aluden incluso a la existencia de cintas telefónicas grabadas donde algunos de los imputados hacían mención a dicho «cazo», y a la exigencia de que la comisión fuese abonada en varios pagos.

Operación respaldada

Pese al secreto de sumario decretado, hasta ahora ha trascendido que el empresario murciano que fue detenido el día en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil puso en marcha la operación Tótem hizo supuestamente de puente entre los implicados del Ayuntamiento de Totana y la empresa promotora viguesa.

La operación urbanística fue en todo momento saludada por el equipo del anterior alcalde y ahora diputado regional del PP, Juan Morales, así como por su sucesor en la alcaldía, al suponer la construcción de más de cinco mil viviendas en una localidad que agrupa a poco más de veinte mil vecinos. A cambio de la recalificación de las parcelas adquiridas por la firma viguesa en la pedanía del Reiguero, el Ayuntamiento totanés iba a recibir un total de 4,9 millones de euros, tal y como aprobó la corporación, solo con los votos del PP en una sesión en la que también recibieron el visto bueno otros 48 convenios. En la mayoría de ellos el consistorio pudo haber recibido dinero en metálico por parte de los promotores, en lugar de obras o infraestructuras para el municipio, como es más habitual.

Pagos al Ayuntamiento

La firma viguesa Inmonuar ya había ingresado en las arcas municipales 2,4 millones de euros, la mitad de ellos en el momento de la firma del convenio y la otra mitad tras la aprobación inicial del nuevo plan. El montante restante estaba estipulado que se pagase cuando se aprobase definitivamente el plan totanés el próximo mes de enero.

El dinero rodeó la operación de una forma constante, ya que además de ser abonados a todos los propietarios de las fincas rústicas 24 euros por metro cuadrado, donde solo valía 6, la promotora viguesa pagó también 18.000 euros en mano y como señal a todos los dueños que accedieron a vender su suelo, según admitieron varios de ellos.

EL GUATEQUE, LA TABERNA Y LAS LICENCIAS: LA CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DEL PP CERCA A LOS MANDAMASES DE GENOVA 13.

POLÍTICA

 12/12/2007

El Plural muestra los documentos que certifican la ilegalidad de Génova 13

El PP y la FAES, sin licencia municipal de funcionamiento

ELPLURAL.COM

La sede del Partido Popular en Génova 13 en Madrid no cuenta con la preceptiva licencia municipal de funcionamiento. Así lo consignan unos documentos a los que ha accedio El Plural. Este periódico ha podido saber además que la FAES de Aznar se encuentra también al margen de la ley, simplemente porque nunca solicitó la licencia de funcionamiento.

Un documento firmado por el secretario del distrito de Chamberí, Javier Machetti, advierte a los populares de que en caso de que no se solicite la licencia de funcionamiento para Génova 13, la licencia de actividad, que ya había sido concedida, “caducará”.

“Sin preceptiva licencia”
“Se advierte expresamente que en caso de inicio de actividad sin la preceptiva licencia de funcionamiento se procederá a la clausura de la misma”. Ésta era la advertencia lanzada sobre los populares por Machetti, después de que el PP, habiendo cumplido con todos los trámites legales para las obras realizadas en Génova, obviase la petición de la licencia de funcionamiento necesaria para su sede.

Licencias
Esta polémica surgió cuando la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Gallardón, Pilar Martínez, afirmase que la sede del PSOE en Ferraz no cuenta con licencias de funcionamiento desde 1981. Los socialistas han negado en todo momento que esto sea cierto y anunciaron una investigación sobre Génova 12 para comprobar si la sede popular se encuentra “en perfecto estado de revista, al igual que lo está el PSOE”, tal y como manifestó el portavoz municipal socialista, David Lucas.

Desautorización

Pero la acusación de Martínez ha caído en saco roto, pues la sede del PSOE no será registrada, tal y como habían anunciado los populares. De hecho, Alberto Ruiz-Gallardón ha desautorizado el comportamiento de Pilar Martínez, tal y como ha podido saber El Plural. Gallardón también ha asegurado que de él no va a partir ninguna investigación hacia Ferraz.

“Se le ha vuelto en contra”
Los socialistas ya denunciaron las irregularidades cometidas por el PP en torno a Génova 13, ahora demostradas por El Plural con documentos en la mano. A juicio de Pedro Sánchez, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, las acusaciones del PP sobre las licencias de Ferraz 70 son “una nueva cortina de humo Gallardón” con el fin de ocultar su responsabilidad en el caso Guateque. Pero la “cortina de humo” se “le ha vuelto en contra”, ya que ahora salen a la luz datos que confirman que la sede de los populares no está funcionando conforme a la legalidad.

“Desgobierno”
Pedro Sánchez considera que Gallardón, en su “huida hacia delante”, no ha dudado en arremeter “tanto contra el PSOE como contra el PP”, pues el ataque que ha lanzado contra los socialistas, acusándolos de no contar con las licencias necesarias en Ferraz, se vuelve ahora en contra de los populares. Sin embargo, Sánchez cree que no hay que “culpar tanto al PP como al Ayuntamiento”, pues los populares, como otros ciudadanos, han sido “víctimas del desgobierno” consistorial.

GARANTÍAS JURIDICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO.

Garantías jurídicas, planificación y desarrollo urbano PDF Imprimir E-mail
Ignacio Pérez Sarrión   
28.11.2007

ImageVivimos en un estado de derecho, un estado quizás –en mi opinión, en algunos aspectos- excesivamente garantista. Digo esto porque la cantidad de normas, procedimientos, plazos y recursos, pueden legar a provocar inseguridades jurídicas e impiden en ocasiones un funcionamiento mínimamente ágil de la administración si se pretende ser eficaz, como por otra parte se demanda por los ciudadanos. Uno nunca está seguro de estar cumpliendo meticulosamente todos y cada uno de los matices de los procedimientos de aplicación del derecho, dada la estructura de personal existente, el escaso tiempo con que se cuenta por las personas que tienen que tratar multitud de tareas diferentes en soledad (FHE) y los medios materiales con que se cuenta.

Resulta curiosa  oír en los pueblos la expresión “te denunciaré”, o “le denunciaré“, cuando se piensa que si es el Ayuntamiento la administración responsable de sancionar una transgresión determinada y éste no tiene ni funcionarios, ni medios adecuados, ni ordenanzas tipificadoras de las conductas sancionables  ni por su puesto sanciones previstas, difícilmente, por no decir de manera prácticamente imposible, se tramitarán procedimientos sancionadores. Ejemplo de la situación sin ir más allá es las infracciones de tráfico que se cometen continuamente en todos los pequeños pueblos y que quedan impunes. Cuantitativamente no son muchas, pero cualitativamente pueden ser muy importantes y resulta penoso que en muchas ocasiones haya que transigir con comportamientos sumamente inapropiados.  

En los pequeños pueblos no hay policía local ni medios para tramitar los procedimientos sancionadores. Así, uno puede aparcar su vehículo en medio de la plaza, hacer ruido a las dos de la mañana, echar las basuras al contenedor sin bolsa y muchas otras conductas reprobables sin que, jurídicamente, pase nada.

Habría que en alguna ocasión hacer un estudio sociológico –quizás se haya hecho- del efecto que para la convivencia puede ejercer el control social de una comunidad pequeña o mediana, porque en estos lugares, es la reprobación social la que sirve de control y no evidentemente el control jurídico. Es el vecino de al lado, que conoce quién eres, de quién eres hijo, en qué trabajas, cuando sales y entras, en fin, tu vida de pé a pá, quien a corto o medio plazo te llegará a hacer algún comentario sobre lo inadecuado de tu comportamiento. SI eres normal y no te habías dado cuenta, te sonrojas y cambias. En otro caso, está servido el inicio seguro de una rencilla que perdurará en el tiempo.

Sin embargo los pueblos de la periferia de las ciudades crecen muy rápido. Como consecuencia de la carestía de la vivienda en la ciudad, la gente joven se desplaza a estos pueblos a vivir en los típicos adosados, prohibitivos veinte kilómetros más cerca del centro de la ciudad. Así, sin darse cuenta apenas, municipios muy pequeños en los que todos se conocían, pasan de repente a convertirse casi en ciudades-dormitorio a los que se acude sólo por la noche. Desparece (o es mucho más difícil) el control social moderador de conductas, porque no se sabe quién es el que vive al lado ni a qué se dedica. Estas personas están tan ocupadas trabajando que tampoco se integran apenas en la vida social del pueblo.

Creo que estos efectos no se tienen en cuenta en la práctica a la hora de permitir o promover el crecimiento de los municipios aledaños a las metrópolis. Allí, en la ciudad, miles de policías vigilan y sancionan. En ese pueblo, apenas treinta kilómetros alejado de aquélla, casi no hay normas (un amigo mío decía parafraseando los western que esto es el oeste, “no hay ley al oeste del Río Pecos”), sólo casi hay miradas de reproche o censura si uno no se comporta normalmente. Afortunadamente ese control social es en muchos casos suficiente para lograr una convivencia adecuada. Pero no en otras ocasiones.

Las cosas cambian rápidamente y son conocidos los casos de municipios que han pasado de ochocientos o mil habitantes a más de cuatro mil o más en menos de una década. Ese fenómeno, de forma inmediata, supone riqueza económica de poblaciones hasta hacía poco depauperadas, en forma de ingresos derivados de la actividad urbanística y poblacional: operaciones urbanísticas, convenios, permutas, IBI, plusvalías, aumento de participación en el FNCM, aumento del IVTM, etc. Si por una parte se dispone entonces de mayores recursos obteniendo nuevos equipamientos y optimizando los existentes, por otra parte se pierde esa cohesión social que como comunidad pequeña se tenía.

Creo que es importante que los gobiernos locales, antes de fomentar un desarrollo desmedido, decidiesen reflexivamente si es conveniente ese crecimiento, hasta qué límite, con qué previsiones, qué medios se van a necesitar y, en definitiva, planificar a medio plazo. Yo creo que en ocasiones sólo se actúa por intuición, simplemente se da por supuesto que aumentar población es en sí mismo lo correcto, sin tener en cuenta otras implicaciones a valorar cuidadosamente. E igual que se planifica el crecimiento urbanístico a través de un PGOU, habría que planificar los equipamientos necesarios según población y a medida que se vaya creciendo, necesidades de nuevos servicios, supuestos de pirámides poblacionales, dónde está el umbral en el que será necesario y sostenible económicamente disponer de algunos servicios, cuándo será necesario disponer de policía local (a reservas de las previsiones legales sobre el particular), qué medios jurídicos y técnicos se necesitarán, y un largo etcétera de cuestiones que me da la impresión que se van solucionando sobre el momento.

Visto en el Blog esPublico