LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES A LA COLA DE EUROPA EN FINANCIACIÓN Y COMPETENCIAS.

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Los municipios españoles tienen el menor poder de la Unión Europea

 

Se sitúan en los últimos puestos en todos los ránking que miden el nivel competencial y de gastos e ingresos en las administraciones

 

E. Morales / I. Acosta
Madrid. El poder municipal sigue siendo una quimera en España y, excepto en materia urbanística, son pocas las atribuciones competenciales de las que disfrutan los ayuntamientos. Mientras que en el resto de Europa se afianza la descentralización local —gracias a la cesión de impuestos y competencias a las corporaciones locales por los Estados y las administraciones autonómicas—, en España las comunidades no han sido capaces de ceder parte de su poder, que por otro lado han consolidado en los últimos años.

Las regiones españolas son las que mayores presupuestos gestionan en toda Europa y las que mayor número de políticas públicas manejan, mientras que nuestros municipios permanecen en los últimos puestos en todos los ránking que miden el poder de las administraciones públicas.

Pros y contras

La descentralización, por lo general, mejora el servicio que se presta al ciudadano. Esto sucede en mayor medida cuando las necesidades son diferentes y vinculadas a los lugares donde se reside. Además, incentiva la responsabilidad de los niveles administrativos inferiores, que trabajan para conseguir los objetivos fijados por los niveles superiores.

En principio, los ayuntamientos, por su proximidad a los ciudadanos y por el conocimiento de sus necesidades, son los más capacitados para prestar los servicios. Esta cercanía, además, potencia la transparencia y favorece la gestión y eficiencia de los responsables municipales, que tienen condicionada la continuación en el cargo a su labor.

Sin embargo, esta cercanía también entraña riesgos, ya que los grupos de interés tienen mayor acceso a los empleados locales, lo que facilita la corrupción, un aspecto desgraciadamente demasiado ligado a la gestión municipal y que en la mayoría de los casos está vinculada al suelo y el urbanismo.

En general, la descentralización supone el riesgo de que se incremente el peso del sector público, con más gastos, mayor regulación, creación de nuevas empresas e incremento de la plantilla de funcionarios. Y es evidente que pasa. La cesión de competencias a las comunidades ha disparado el número de funcionarios y multiplicado las sociedades de carácter público, una especie en extinción en el Estado tras el profundo proceso de privatizaciones llevado a cabo en las últimas décadas.

El interés por prestar el mejor servicio también ha incrementado los gastos y, al tiempo, se han forzado nuevos marcos regulatorios a la medida de las CCAA.

Modelos diferentes

En Europa se da una enorme variedad de modelos organizativos y existen importantes diferencias entre los países en cuanto a las competencias asignadas a los gobiernos locales. A esta realidad nos acerca un reciente trabajo publicado por el Círculo de Empresarios titulado Un nuevo modelo para los ayuntamientos españoles, en el que además se constata en el escaso poder de los municipios españoles, sin competencias y que apenas gestionan gastos e ingresos.

Las corporaciones locales españolas tienen un gasto sobre el Producto Interior Bruto (PIB) muy inferior al que se registra en el resto de los países europeos. Desde 1995, permanece prácticamente estancado en el 6% del PIB, frente al 10,1% de la Eurozona o el 11,5% de la UE sin Bulgaria y Rumanía.

El porcentaje de gasto público que gestiona la Administración local española (16%) ha crecido ligeramente en la última década, pero está muy lejos de los valores anotados por los países nórdicos y de la media comunitaria, que ronda el 24%.

En materia de ingresos, la cuota local sobre el conjunto de las administraciones es del 14,9%, con tendencia decreciente y frente al 24,9% en la UE-25. No obstante, a Europa esta situación le está costando un desequilibrio, pues el gasto local rebasa los ingresos, paradójicamente en un contexto de clara apuesta por la estabilidad prespuestaria.

Reparto del gasto

Nuestros socios europeos registran una especial incidencia del gasto local en servicios sociales y educación, mientras que en los ayuntamientos y corporaciones locales españolas se detecta un mínimo gasto en educación y sanidad —competencias atribuidas no hace mucho a las comunidades autónomas—.

Así, los ayuntamientos españoles invierten cinco veces menos que la media comunitaria en sanidad y la mitad en educación.

Sin embargo, la vivienda se lleva prácticamente un 16% del presupuesto de las corporaciones locales españolas, un porcentaje que duplica la media europea, y deja patente la exagerada vinculación a esta política pública, la principal generadora de ingresos de los municipios de España.

(Documento íntegro del Círculo de Empresarios dedicado a los ayuntamientos)

LA IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA.

Certificado de minusvalía

Las personas con un grado de discapacidad superior al 33% pueden acceder a subvenciones especiales y ayudas para la compra de un coche o una vivienda

El certificado de minusvalía es el documento que reconoce el grado de discapacidad de una persona. Cuando éste es superior al 33%, se puede acceder a una serie de beneficios, como subvenciones específicas para personas discapacitadas, exención de impuestos en la adquisición de un vehículo y ayudas para la compra de una vivienda. Estas ventajas dependen del grado de minusvalía que se acredite. En total, hay cinco categorías.

  • Autor: A. García | 
  • Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2007

Valoración de la discapacidad

El certificado de minusvalía permite a las personas con alguna discapacidad tener derecho a percibir una prestación económica o subsidio. Además, es un documento muy útil para acceder a una vivienda, recibir subvenciones especiales para personas discapacitadas o acceder a un puesto de trabajo. Su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorgan los organismos públicos.

Jefa

El grado de minusvalía se expresa en un porcentaje entre 0 y 100, si bien la ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía. Además, cuando se supera el 25%, a este porcentaje se pueden sumar hasta un máximo de 15 puntos derivados de los factores sociales complementarios que pueden dificultar la integración social de una persona, es decir, el entorno familiar y la situación laboral, educativa y cultural.

En cuanto a la valoración de las situaciones de minusvalía, el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula este aspecto, establece la necesidad de someterse al examen de un tribunal médico oficial, encargado de emitir el dictamen que reconoce el grado de minusvalía. Este tribunal puede depender del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o de las comunidades autónomas que tengan transferida esta función.

La ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía

En su dictamen, los expertos recogen los informes médicos, psicológicos o sociales necesarios para determinar el grado de minusvalía, que puede ser objeto de revisión en los dos años siguientes a su reconocimiento, siempre que se constate una mejoría razonable, se acredite error de diagnóstico o se produzcan cambios “sustanciales” en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la minusvalía.

Las pautas de valoración no se centran tanto en el alcance de la deficiencia, como en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. En este sentido, también son objeto de valoración las enfermedades que cursan en brotes e interfieren en el día a día de las personas que las padecen. Para solicitar el certificado, hay que acudir al departamento de asuntos sociales correspondiente, recoger un impreso de solicitud y someterse a una revisión médica, en los términos que establece la ley. Posteriormente, la persona interesada queda a la espera de la resolución.

Grados de minusvalía

La normativa vigente reconoce cinco categorías o grados de discapacidad, ordenados de menor a mayor porcentaje. Cada categoría reconoce un grado de dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, de manera que el primer grupo incluye las deficiencias permanentes que no producen discapacidad y el último grupo, las deficiencias permanentes severas que suponen, incluso, la dependencia de otras personas.

  • Grado 1, discapacidad nula. Aunque la persona presenta una discapacidad, ésta no impide realizar las actividades de la vida diaria. La calificación de esta clase es del 0%.
  • Grado 2, discapacidad leve. Existe dificultad para realizar algunas actividades de la vida diaria, pero el porcentaje de minusvalía está entre el 1% y el 24%.
  • Grado 3, discapacidad moderada. Hay una gran dificultad o imposibilidad para llevar a cabo algunas actividades, aunque la persona se puede cuidar a sí misma. El grado de minusvalía está comprendido entre un 25% y un 49%.
  • Grado 4, discapacidad grave. Existe dificultad para algunas actividades de autocuidado y un porcentaje de minusvalía que oscila entre un 50% y un 70%.
  • Grado 5, discapacidad muy grave. Es el grado más severo. Las personas afectadas no pueden realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria. El porcentaje de minusvalía es del 75%.

En esta clasificación se incluye la evaluación de los sistemas musculoesquelético, nervioso, cardiovascular, hematopoyético y endocrino, así como los aparatos respiratorio, digestivo, genitourinario y visual, la piel, el lenguaje, las neoplasias, el oído, la garganta y las estructuras relacionadas. No se incluye a las personas con retraso mental, ya que esta circunstancia cuenta con criterios específicos de evaluación al considerarse que las deficiencias intelectuales, por leves que sean, ocasionan siempre un cierto grado de interferencia en la realización de las actividades de la vida diaria.

Beneficios que otorga el certificado

Jurek Durczak

Las personas discapacitadas a las que se reconoce una minusvalía superior al 33% cuentan con una serie de beneficios. En el ámbito económico, la ley contempla reducciones en la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para trabajadores con una discapacidad superior al 33%. En concreto, El artículo 58 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, establece que los contribuyentes discapacitados pueden reducir la base imponible en 2.000 euros anuales o en 5.000 euros, “si el grado de minusvalía es igual o superior al 65%. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a la hora de adquirir un vehículo sólo deben pagar el 4% en lugar del 16%. Además, las personas discapacitadas están exentas de abonar el impuesto de matriculación y de circulación de vehículos.

Se contemplan reducciones en la base imponible del IRPF, prestaciones económicas y la exención de los impuestos de matriculación y circulación de vehículos

En cuanto a las prestaciones, los progenitores tienen derecho a percibir una asignación económica por cada hijo o hija menor de 18 años con un 33% o más de discapacidad o mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%. Por su parte, las personas entre 18 y 65 años, con una minusvalía reconocida igual o superior al 65% y que carecen de rentas o ingresos suficientes pueden recibir una pensión no contributiva por invalidez. Por último, se reconocen otras prestaciones de integración social de los minusválidos, que comprenden un subsidio de movilidad para gastos de transporte -personas mayores de 3 años con una discapacidad igual o superior al 33%- y asistencia sanitaria y farmacéutica -personas con una discapacidad igual o superior al 33% y que no tienen cubierta esta necesidad-.

Otros beneficios derivados del certificado de minusvalía hacen referencia a la compra de una vivienda, ya que el plan de vivienda 2005-2008 establece la concesión de una ayuda para la compra de viviendas de protección oficial (VPO) y la subsidiación de los intereses del préstamo solicitado. Por su parte, las instituciones autonómicas o locales pueden contemplar otras ayudas individuales para la adaptación del hogar o adquisición de ayudas técnicas, así como zonas de aparcamiento reservado o prioridad en el acceso a un empleo.

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EL CIRCUITO URBANO DE FORMULA 1 DE VALENCIA TAPONARÁ LAS SALIDAS NATURALES Y AUMENTA EL RIESGO DE RIADA E INUNDACIONES.

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lunes, 10 diciembre 2007

EL CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA UNO EN VALENCIA AUMENTA LOS PELIGROS DE RIADAS E INUNDACIONES PORQUE IMPIDE EL DESAGÜE NATURAL Y TAPONA LOS OJOS DEL PUENTE DE ASTILLEROS…

La Asociación de Vecinos de Nazaret ha denunciado que la construcción del circuito urbano de Fórmula Uno aumenta el riesgo de inundación de este barrio, al invadir el cauce del río Turia y desnivelar sus márgenes, disminuir su capacidad de desagüe y tapar varios ojos del puente de Astilleros. El portavoz de este colectivo vecinal, Julio Moltó, tras la asamblea informativa que mantuvo con otras asociaciones la semana pasada, en la que se ha analizado el impacto que el circuito urbano de Fórmula Uno tendrá en este barrio valenciano.

Salvar Nazaret de riadas. Moltó ha manifestado que obstaculizar las aguas pluviales es un tema “alarmante” para los vecinos y ha advertido de que podría ser un problema “más grave” que el que atañe actualmente al Palau de les Arts. También ha instado al Ayuntamiento de Valencia a que trabaje para que esta nueva situación de Nazaret sea contemplada por el Plan de Acción Territorial Sectorial (PATRICOVA) sobre prevención de riesgos de inundación.
Según Moltó, el circuito urbano “que podría estar en funcionamiento hasta el 2022, supondrá peores condiciones de vida para los vecinos todos los veranos”.

La Fórmula Uno: ruido, contaminación y colapso de tráfico. Entre las causas, se ha referido al ruido “insoportable”, la contaminación atmosférica, el colapso circulatorio “debido a la falta de aparcamientos” y el aislamiento del barrio que supondrá el corte del puente Astilleros durante la celebración del Gran Premio de Europa. Asimismo, ha calificado de “muy preocupante” que esta instalación se esté realizando “sin licencia de obras, sin estudio de impacto ambiental e incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana que indica que el cauce del río es zona verde”. Por último, ha destacado que la actividad de esta instalación es “molesta, contaminante y peligrosa” para los vecinos de Nazaret.

CÓMO LA DERECHA PROYECTA ROMPER ESPAÑA.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

  • Gustavo Vidal Manzanares
  • GUSTAVO VIDAL MANZANARES

    08/12/2007

 

Cómo la derecha proyecta romper España

El lingüista y politólogo Noam Chomsky refiere en Cómo se reparte la tarta la correspondencia entre dos “radicales y marxistas”: James Madison y Thomas Jefferson. Ambos comparten la idea de unos impuestos progresivos que sufraguen las necesidades de todos los ciudadanos. La derecha “neocon” norteamericana siempre ha omitido estas reflexiones de ambos ex Presidentes.

La derecha “neocon” es enemiga de las ayudas al desempleo, las pensiones públicas, las becas a los desfavorecidos, los planes estatales de salud y, en particular, de las medidas atemperadoras de las diferencias de cuna. En este sentido, en un luminoso artículo, Basilio Baltasar acaba de desenmascarar la intención emboscada de nuestra derecha, intoxicada de “neocons”, para constituir un “movimiento populista y antipolítico y desprestigiar a las Instituciones”.

Así, nos encontramos con estas posiciones “neocons” defendidas por voceros mediáticos que fingen ser piadosos pero cuyas soflamas demuestran que no adoran a otro dios que su bolsillo y sus más que delatadoras fobias.

Los osados ataques a la Corona, el Poder Judicial, el Parlamento, las Fuerzas de Seguridad… no son sólo el pataleo por unos comicios perdidos. La finalidad de estos embates no es otra que quebrar nuestro modelo de sociedad, romper España. Con estas acometidas, buscan despedazar el consenso de la Transición, gripar las Instituciones, esclerotizar lo Público y, como objetivo final, desguazar los restos del Estado del Bienestar entregándolo a manos privadas y codiciosas.

Para perpetrar lo anterior les estorba la Justicia (a la que difaman sin tregua), el debate sosegado (que perturban con broncas parlamentarias) y, por supuesto, la Corona (que representa la concordia y el consenso constitucional). Y, sobre todo, les encrespa la razón, el diálogo pacífico, el relativismo ilustrado que desmonte sus mentiras y alerte sobre sus intenciones ocultas. De ahí el concubinato entre los sacerdotes del Índice Down Jones y los del incienso y la superstición. Quienes no pestañearon apoyando una dictadura jalonada de asesinatos, son hoy los cómplices y cooperadores necesarios de los “neocons”. Se necesitan.

La ruptura de España que pretende la derecha persigue el desguace ya citado de nuestro Estado del Bienestar: pensiones públicas, enseñanza estatal de calidad, salarios dignos, sanidad universal del Estado… y están decididos a quebrantar todo lo que les estorbe.

Por ello, en marzo de 2008 no están en juego sólo cuatro años de legislatura. Ni tan siquiera unas leyes que podrían derogarse. No. En el envite del próximo marzo nos jugamos el espíritu de la Transición, el respeto y la concordia entre los españoles, la defensa de España… es decir, las Instituciones (Justicia, Parlamento… Corona), la verdadera integridad nacional.
Arriesgamos, en el desafío de marzo, nuestro jugo vital: el triunfo del bienestar, el diálogo sereno y la razón frente a la discordia, la codicia y el fanatismo.

gvidalmanzanares@gmail.com

EL ALCALDE DE TOTANA (PP) DETENIDO POR SU PRESUNTA RELACIÓN CON UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN.

 

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El diputado del PP Juan Morales, principal responsable de la trama de corrupción urbanística de Totana

Se investiga si cobró cantidades millonarias por la firma de un convenio urbanístico

PILAR VELASCO / CADENA SER   28-11-2007

Fuentes judiciales señalan al diputado del PP, Juan Morales, como el principal sospechoso de la trama de corrupción urbanística del Ayuntamiento de Totana en Murcia. Según ha sabido la SER, Morales es -según la investigación- quien habría acordado el cobro de una comisión a cambio de la recalificación de 200 hectáreas de suelo a una constructora de Galicia.

Según fuentes cercanas a la investigación, consultadas por la SER, Juan Morales, diputado del PP en Murcia y alcalde de Totana hasta el pasado mes de mayo es el principal sospechoso de la trama de corrupción urbanística de Murcia y si no ha sido detenido es por su condición de aforado. Es más, el objeto de la investigación es el presunto cobro de comisiones de Morales a cambio de facilitar la firma de un convenio urbanístico con una empresa constructora gallega para recalificar 200 hectáreas de terreno.

Las mismas fuentes aseguran a la SER que se ha intervenido a la actual compañera sentimental del diputado 55.000 euros en metálico. Esta mujer, ciudadana brasileña, es sospechosa de -entre otros presuntos delitos- blanqueo de capitales.

El pasado lunes, la Guardia Civil interceptó el coche de un abogado relacionado con Morales cuando salía del domicilio del diputado. Lo hacía con un maletín que contenía documentos de interés para la investigación. Este abogado es además el letrado del Ayuntamiento de Totana.

La investigación da ahora un giro y señala como presunto cabecilla de la trama al diputado del PP en Murcia Juan Morales que no está detenido. Junto a él y en libertad con cargos están su ex mujer, acusada de los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, y su actual compañera sentimental.

Ayer mismo, Juan Morales -en conversación con la Cadena SER- negó tener nada que ver con este caso de presunta corrupción.

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EL PSOE DENUNCIA CON UN VÍDEO LAS INUNDACIONES DEL PALAU DE LES ARTS DE VALENCIA.

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El PSOE de Valencia difunde un vídeo sobre las inundaciones del Palau de les Arts

CARLOS N. C.. 28.11.2007

  • Pide una comisión de investigación sobre el coliseo diseñado por Calatrava.
  • También quiere saber quién va a pagar las obras de la muralla de contención.
  • El Palau costó 330 millones de euros y el montante de las reparaciones puede ascender a tres millones.

El PSPV-PSOE ha difundido un vídeo con imágenes de las inundaciones que se produjeron en el Palau de les Arts de Valencia el pasado mes de octubre, que obligaron a retrasar el inicio de la temporada de ópera.

Concretamente, las imágenes corresponden a la noche del día 12, cuando el agua entró de forma violenta al foso del escenario de la sala principal del coliseo diseñado por el valenciano Santiago Calatrava.

Las escaleras auxiliares con acceso a diferentes salas de acopio de material tampoco se libraron de la tromba de agua, según se puede apreciar en el vídeo, el primero que muestra los destrozos, ya que el Palau impidió a la prensa tomar imágenes del interior.

El Palau ha costado 330 millones que hemos pagado todos los valencianos y los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado

La portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Alborch, ha informado de que pedirá en el pleno del Ayuntamiento de este viernes la constitución de una comisión para aclarar las causas de las inundaciones, los costes de las reparaciones y quién debe sufragarlos: “El Palau ha costado 330 millones que hemos pagado todos los valencianos y los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado y cuánto dinero se va a gastar para pagar los daños, que podrían ascender a tres millones de euros“, ha dicho.

Mientras, siguen los trabajos para levantar un montículo ajardinado de 1,25 metros de alto que separará las zonas verdes de todo el recinto de la Ciudad de las Ciencias, a modo de muralla de contención ante futuras lluvias. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, aseguró el pasado día 11 que “si se repitieran los diluvios, el Palau ya no se inundaría”.

Por su parte, desde el Palau aseguran que un seguro cubrirá los gastos de los daños interiores y exteriores del recinto.

http://www.20minutos.es/noticia/313747/0/palau/arts/valencia/ (clic aqui, mira el vídeo y piensa en Camps)

Artículos relacionados

EL ALCALDE DE MADRID, ALBERTO RUIZ GALLARDÓN, SALPICADO POR LA TRAMA DE LA “OPERACIÓN GUATEQUE”

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sábado, 24 noviembre 2007

AL ALCALDE DE MADRID, ALBERTO RUIZ GALLARDÓN, LE SALPICA DE LLENO LA TRAMA FRAUDULENTA DE FUNCIONARIOS, DESMONTADA POR LA “OPERACIÓN GUATEQUE”: DOS DETENIDOS HAN SIDO CARGOS DE SU CONFIANZA…

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid denunció ayer que dos funcionarios encarcelados por su relación con la “Operación Guateque” fueron “cargos de confianza” del alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, ya que se encargaban de vigilar la concesión de licencias en la capital.
El portavoz municipal socialista, David Lucas, considera que Gallardón “no puede seguir afirmando que no tiene responsabilidad en el asunto”, porque ambos funcionarios formaron parte de la Comisión Técnica que debía interpretar la Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas.

¿Lo sabía el alcalde desde el 2005…?. La Comisión, creada en mayo de 2005, estaba integrada por personal de las concejalías de Urbanismo, Coordinación Territorial y dos miembros de Medio Ambiente, Carmen Ibáñez Martínez y Joaquín Fernández de Castro. Ambos formaban parte de la Ponencia Técnica y ahora están en prisión, según informó el Grupo Municipal Socialista en un comunicado en el que detalla que los dos funcionarios figuran en el acta de la primera sesión de la Comisión Técnica, celebrada en junio de 2005.

Hechos investigados de la legislatura anterior. En la segunda sesión, correspondiente a octubre del mismo año, vuelve a figurar Carmen Ibáñez. Entre otros temas debían tratar las actuaciones sujetas a licencias urbanísticas, los procedimientos de solicitud de licencia y la documentación exigible en obras de edificios catalogados o elementos expresamente protegidos. Joaquín Fernández de Castro excusó ese día su asistencia, según declaró David Lucas, quien considera “inaceptable que se esté mirando 20 años atrás, cuando los hechos investigados se han producido durante la legislatura anterior”.

Las “patrullas de vigilancia” para despistar al personal. Asimismo, Lucas reiteró que los ascensos de Victoriano Ceballos, “funcionario y ex cuñado de un ex concejal socialista, al que repetidamente se ha recurrido para intentar ligarlo con el PSOE, se produjeron durante el Gobierno de José María Álvarez del Manzano, del PP”, aseguró. Por otra parte, el anuncio de la concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, de crear Patrullas de Vigilancia, le parece una maniobra de “despiste”, así como la de externalizar los procesos de concesión de licencias.
Finalmente, Lucas dijo que está convencido de que el alcalde está ausente de la gestión municipal porque “trabaja exclusivamente para ganarse la sucesión de Mariano Rajoy”.
Ruiz Gallardón, ¿corrupto por omisión?