VUELVEN LOS CUERVOS.

POLÍTICA

Se beneficiaría así de una ventajosa recalificación de terrenos

Villalonga, dispuesto a comprar el Valencia C.F.

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, podría dar un pelotazo urbanístico en Valencia si finalmente consigue hacerse con los negocios del Valencia C.F. Según ha podido saber El Plural, ultima con el propietario del club y hasta ayer presidente, Juan Soler, la compraventa de sus acciones. El ex amigo de Aznar se beneficiaria así de una provechosa recalificación de terrenos que la alcaldesa de Valencia regaló a la familia Soler para construir un hotel de lujo al lado del nuevo estadio.

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Si el ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, entra finalmente en la explotación de una parte de los negocios del Valencia C.F. “no vendrá solo”, auguran a El Plural fuentes empresariales valencianas que han seguido de cerca la última etapa del club cuyo presidente, Juan Soler, presentó ayer su dimisión a la junta directiva.

Mismos objetivos
El relevo en la presidencia valencianista -que asume ahora el hasta ayer vicepresidente, Agustín Morera, hombre de confianza de Juan Soler- no cambia en nada los objetivos que persiguen Juan Villalonga y Juan Soler. Aquel quiere comprar acciones y éste tiene ganas de venderlas. Soler, de todas formas, sin ser ya presidente del club, sigue siendo el máximo accionista del Valencia C.F.

400 millones de euros
Para que Juan Villalonga – ex amigo del alma de Aznar que amasó una colosal fortuna en Telefónica – llegue a un acuerdo con la familia Soler, se tienen que ventilar previamente unas compraventas de acciones; renegociar varios derechos adquiridos de suelo y liberar avales de pagos pendientes. En total son 400 millones de euros, más o menos. Se dice que Villalonga “tiene dinero”, pero no tanto como para haberse plantado en Valencia, como lo hizo el pasado 26 de febrero, y negociar directamente con Juan Soler la compra de una parte, o de la totalidad, de las 70.000 acciones propiedad de su familia por unos 65 millones de euros.

Fútbol y promociones urbanísticas
A Villalonga le acompañó en esta negociación el ex directivo del Valencia C.F., Vicente Soriano, promotor urbanístico y gestor de suelo en la costa valenciana. Es el segundo accionista del club “ché”, con 10.000 títulos de la SAD, Sociedad Anónima Deportiva. Villalonga, según se ha sabido, trajo debajo del brazo un ambicioso plan de explotación que apunta a una facturación anual de unos 400 millones de euros, cuatro veces la actual del club valencianista.

Nuevo estadio
Ni Villalonga, ni Soriano dan suficiente caché financiero para asumir las multimillonarias operaciones del Valencia C.F. a corto y medio plazo, se asegura por círculos valencianistas. La joya del club es la construcción del nuevo estadio de Mestalla, con una inversión de 338 millones de euros y que abrirá sus puertas en 2009.

Un regalo del Ayuntamiento
El terreno lo ha cedido al Valencia C.F. el ayuntamiento, a través una ventajosa y “barata permuta”, según denuncia la oposición socialista, rematada con una escandalosa recalificación de terrenos. Éste fue el mejor regalo para la familia Soler del Ayuntamiento, entregándole una parcela, a la vera del flamante estadio futurista, para la construcción de un hotel de lujo de 20 alturas. Su valor, una vez construido, será de 120 millones de euros. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prohibía cualquier cambio de uso, pero la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, le dio la vuelta “por el bien de toda la afición valencianista” se dijo desde el consistorio.

¿Aterrizaje del madridista Baldasano?
En las negociaciones de Villalonga con los Soler, se especula que vaya de “tapado” el conocido madridista, Arturo Baldasano, dos veces candidato frustrado a la presidencia blanca y experto en negocios de banca privada y en inversiones financieras de altos vuelos. Baldasano conoce al ex presidente de Telefónica desde que este le nombrara máximo responsable del Terra. Ambos se beneficiaron del “pelotazo” de las “stock opcions” con 500 millones de euros de plusvalías para directivos de la multinacional tecnológica. Villalonga se embolsó, además, 5.500 millones de pesetas por rescindir su contrato. Desde entonces reside en Londres.

Intento de compra del Liverpool
Baldasano fue el factotum y director general del banco de negocios “Promobanc”, de sólida raigambre valenciana. El negocio quebró, tras una serie de operaciones muy arriesgadas de compraventa de suelo y otros activos ligados a la especulación urbanística. A Villalonga y Baldasano, se les recuerda también como “asociados” en una operación fallida, hace dos años, para comprar el club inglés Liverpool, que entrena Rafa Benítez, ex mister del Valencia C.F.

Sin apoyo del campismo
En clave política valenciana, Juan Villalonga dicen que está huérfano. Tiene pocos vínculos con el PP valenciano y son del bando zaplanista, condenado al ostracismo por el campismo, en la lucha fraticida entre Eduardo Zaplana y Francisco Camps. El abogado valenciano, José María Mas Millet, quien fuera secretario del consejo de administración del grupo Telefónica y presidente de Antena 3 con Villalonga, mantiene abierto un despacho profesional en Valencia, pero sin influencia con el campismo triunfante. Prueba de ello, su yerno, José Luis Colvée, antes un “todo terreno” zaplanista, ahora ha abrazado el campismo para siga recibiendo subvenciones públicas una empresa suya de negocios por internet.

LOS PROMOTORES RECONOCEN QUE HAN CONSTRUIDO EL DOBLE DE LAS VIVIENDAS NECESARIAS.

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Los promotores reconocen que han construido el doble de las viviendas necesarias

Redacción fotocasa.es , 01/02/08, 09:51 h

En los últimos años la construcción en España se ha realizado de manera desproporcionada o al menos eso es lo que reconoce Josep Donés i Barcons, presidente de la Comisión Técnica de la Asociación de Promotores y Constructores, quien asegura que hay: “el doble de viviendas de las necesarias”.

Además, Donés i Barcons asegura que la mayor parte de estas viviendas construidas “no están en uso”, ya que fueron compradas porque “no había productos de inversión en el mercado que les aseguraran el poder adquisitivo de sus ahorros” y augura que estas viviendas podrían entrar ahora en el mercado de alquiler.

 

Al respecto, el presidente de la Apce asegura que las medidas de avales a los propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler promovidas por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat “están bien”, aunque advierte que “hay una absoluta inseguridad ante los impagos” que requiere más garantías.

 

En cuanto al panorama general del sector de la construcción, considera que “no es verdad” que el cambio de coyuntura económica se traduzca en que “todo el mundo quiere alquilar”, sino que “hay una demanda contenida” que está posponiendo su opción de compra.

 

Ademas considera que el futuro del mercado promotor “pasa por la diversificación” y apuesta por la posibilidad de que los promotores puedan construir promociones de viviendas mixtas de alquiler y de compra, por lo que es necesaria una “seguridad jurídica y económica”.

 

8.000 pisos sin vender en Barcelona

 

Donés también asegura que a partir de mediados de febrero, la Generalitat y la Apce llegarán a un acuerdo para determinar qué hacer con los 8.000 pisos nuevos sin vender que tiene Barcelona, según datos de la propia asociación.

 

Y es que debido a la falta de compradores en el mercado libre, parte de este ‘stock’ podrá recalificarse como vivienda social a precio concertado catalán, que permitirá a los ciudadanos con ingresos superiores acceder a vivienda protegida. Según Donés, esta opción “beneficiará a ambas partes”, promotores y ciudadanos, ya que es vivienda de “acceso directo” porque ya está construida, y aseguró que el precio por metro cuadrado que poseerá esta tipología de vivienda social se hará público de “manera inminente”.

EL ICO AVALA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS CON 3.000 MILLONES DE €.

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El ICO destinará 3.000 millones a avalar hipotecas para viviendas protegidas

Redacción fotocasa.es , 28/01/08, 17:30 h

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concederá avales de hasta 3.000 millones de euros para facilitar la adquisición de viviendas protegidas, según el informe que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, transmitió esta semana al Consejo de Ministros.

El objetivo de esta medida es estimular el uso de recursos financieros a través del mercado de capitales para financiar la adquisición de viviendas protegidas, y complementar así la política que el Gobierno ha desarrollado desde el inicio de la legislatura.

 

Para obtener estos avales, el activo de los fondos de titulización debe estar constituido, en al menos un 80%, por préstamos y créditos cuya finalidad sea la adquisición de vivienda protegida.  Además, las entidades de crédito que hayan cedido estos préstamos o créditos al fondo deberán comprometerse a reinvertir la liquidez obtenida en un año a partir de la constitución del fondo y a destinar al menos el 80% a financiar la adquisición de viviendas protegidas.

 

Finalmente, si las sociedades gestoras de fondos presentan solicitudes de avales superiores a los 3.000 millones de euros disponibles, se distribuirá entre los solicitantes a prorrata, aunque en ningún caso un solo fondo podrá recibir un aval que suponga más del 25% de la cantidad total disponible. 

EL PSOE QUIERE 150.000 VPO AL AÑO Y OBRA CIVIL ANTE LA DESACELERACIÓN.

El PSOE quiere 150.000 VPO al año y obra civil ante la desaceleración

Apuesta por el contrato a tiempo parcial y más flexibilidad laboral

medidas. Inmaculada Rodríguez-Piñero, en la sede del PSPV.
 ferran montenegro
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José Luis Zaragozá, Valencia
La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, asegura que el partido en el Gobierno central garantizará 150.000 viviendas protegidas (VPO) al año, 500.000 rehabilitaciones en la legislatura y mayores inversiones en obra pública -sin concretar esas infraestructuras por comunidades autónomas- ante la desaceleración que sufre el sector de la construcción, “un período de incertidumbres, que no de recesión ni de crisis, del que el Ejecutivo es consciente sin caer en catastrofismo como el PP”, explicaba ayer en Valencia la dirigente socialista al analizar el programa electoral de economía ante las elecciones general del 9 de marzo.
Otro capítulo que el PSOE quiere abordar con detalle es la expansión de los contratos a tiempo parcial, que actualmente sólo representan el 7% del total. Según la dirigentes socialista éstos necesitan más flexibilidad y menores cotizaciones sociales. En su opinión, “es necesario abordar una reforma laboral, consensuada con patronal y sindicatos”. Sobre la prevención de riesgos laborales prometió que el número de inspectores de Trabajo crecerá en 1.000 funcionarios.
IRPF, IVA reducido y loterías
Además de la propuesta de rebaja de 400 euros en la cuota del IRPF (mediante la reducción de las retenciones en la nómina) a asalariados y pensionistas para paliar los efectos negativos del alza de la inflación y de las hipotecas, en materia fiscal los socialistas abogan por plantear en la UE reducir al tipo mínimo el IVA de productos de usos sanitarios, educativos y culturales, entre ellos los preservativos, las compresas o los instrumentos musicales, que bajarían al 4%. Además, el PSOE quiere una mayor control sobre el fraude fiscal, en juegos de Internet y loterías.

EL PINCHAZO INMOBILIARIO HACE UN ROTO DE 5.000 MILLONES DE € A LOS INGRESOS DE LAS CC AA.

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El ‘pinchazo’ inmobiliario hace un roto de 5.000 millones a los ingresos de las CCAA

crisis inmobiliaria

 

@Carlos Sánchez.- – 25/01/2008

 

El pinchazo inmobiliario -más evidente en las viviendas nuevas que en las de segunda mano- amenaza los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Según fuentes que conocen muy de cerca las finanzas regionales, el frenazo en precios y, sobre todo, el descenso en el número de transacciones inmobiliarias supondrá una caída de la recaudación del 30% en los dos tributos cedidos totalmente a las CCAA que tienen que ver con el mercado inmobiliario: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados.El IVA, que es el otro gran tributo que grava la adquisición de viviendas, es de carácter estatal, aunque cedido parcialmente a las regiones. Por esta vía, las comunidades también verán también reducidos sus recursos, pero de forma indirecta.Lo más preocupante para las finanzas regionales es que la carga fiscal que sufre la vivienda ha acabado por convertirse en una fuente fundamental respecto de sus ingresos tributarios totales. En particular para algunas regiones. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, donde nada menos que el 21,9% de sus ingresos procede del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos. A continuación se encuentran Murcia (donde el 17,3% de su recaudación depende de la evolución del mercado inmobiliario), Cataluña (16,3%) y Comunidad Valenciana (15,9%). En el lado contrario, las comunidades autónomas menos vulnerables a un parón inmobiliario son Galicia (6,2% de su recaudación) y Extremadura, apenas el 4% de sus ingresos.

VulnerabilidadEl nivel de dependencia de las finanzas regionales ha ido creciendo de una manera exponencial en los últimos años, hasta el punto de que, según lo presupuestado, el año pasado pensaban ingresar 18.120 millones de euros por esos dos conceptos. Es decir, que una caída en torno al 30% en la recaudación supondría una merma de ingresos superior a los 5.000 millones de euros. Mucho dinero que puede poner en peligro los objetivos de equilibrio presupuestario. Hay que tener en cuenta que hace una decena de años los ingresos totales por ambos tributos apenas ascendían a 2.700 millones de euros, lo que significa que desde 1997 la recaudación vinculada al ladrillo se ha multiplicado prácticamente por siete. El motivo hay que vincularlo fundamentalmente al aumento de la base imponible, ya que al encarecerse los pisos también crece la recaudación al aplicarse los tipos impositivos sobre bases más altas.Ahora bien, la vacas gordas parecen haberse acabado, tal y como apuntan dos indicadores extremadamente fiables: el número de transacciones inmobiliarias inscritas en los registros de la propiedad y el volumen de hipotecas constituidas. En el primer caso, los datos indican que si en el primer trimestre de 2006 se registraron 1.009.192 de transacciones inmobiliarias (incluyendo tanto viviendas como usadas), pero es que durante el tercer trimestre de 2007 la cifra ha caído hasta las 830.000 operaciones. Un síntoma inequívoco de que las comunidades autónomas van a tener muchas dificultades para cumplir su presupuesto.

Otro indicador refleja lo que está pasando. El número de fincas hipotecadas cayó en octubre (último mes con datos disponibles) un 7,9% en términos anuales, y eso también pasará factura a las regiones. Las comunidades autónomas gravan la constitución de hipotecas con un tipo impositivo fijado en función de la base imponible del inmueble, y eso se refleja en la recaudación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Un tributo que hace apenas una docena de años era casi marginal en el sistema tributario español pero que a medida que ha ido creciendo el ‘boom’ inmobiliario ha pasado a ocupar un papel cada vez más determinante. Hasta el punto de que para 2007 se presupuestaron unos ingresos de 7.603 millones de euros, once veces más que hace una década.

EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
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La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia


El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que “los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad”.
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo “la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas”.

La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde “
no ha existido ningún tipo de publicidad“, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, “los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación“. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, “el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como“, tal como lo denunció en su momento el PSPV. “Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa“.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce “sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública” y “perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación”.


Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba “
disolver estas sociedades mercantiles” porque en algunos casos había quedado “sin contenido el objeto social de las empresas constituidas”.


Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA DA UN NUEVO IMPULSO A SU POLITICA DE VIVIENDA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL.

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VIVIENDA

La Reforma del Plan de Vivienda beneficiará a 250.000 familias y costará 75 millones

Chacón destaca que esta reforma “no perjudica a nadie, sino que ayuda a más familias y le da la mano a la iniciativa privada”
11 Enero 08 – Agencia EFE

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Real Decreto que reforma el Plan de Vivienda (PEV) 2005-2008, que tendrá un coste estimado de 75 millones de euros y facilitará el acceso a la vivienda a 250.000 familias, que se suman a las 620.000 que ya se han beneficiado desde el inicio de la legislatura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, aseguró que esta reforma “no perjudica a nadie, sino que ayuda a más familias y le da la mano a la iniciativa privada”, al adecuar las medidas contempladas en el PEV a la realidad de las familias y del mercado.

La reforma aprobada este viernes tiene como principales objetivos facilitar el acceso a las políticas de vivienda a más familias de rentas medias y bajas, incrementar la actividad de los promotores en el mercado de la vivienda protegida e impulsar la rehabilitación y el alquiler.

Entre las principales novedades está la introducción de la figura de alquiler protegido con opción a compra, que hasta ahora sólo existía en algunas comunidades autónomas.

Con esta nueva modalidad, los inquilinos podrán ejercer la opción de compra transcurridos diez años desde la construcción de la vivienda, en tanto que tendrán preferencia para adquirirla quienes hayan permanecido en ella al menos cinco años.

Junto con la inclusión de esta figura, destacan las mayores facilidades que tendrán los promotores para vender, tanto en el mercado libre como en el protegido, sus viviendas en “stock”.

En este sentido, se reducirá a un año (hasta ahora eran dos) el plazo necesario para poder calificar como protegida las viviendas inicialmente concebidas para el mercado libre.

Se reducirán también los precios máximos de viviendas libres cuya compra está subvencionada, con lo que las promotoras que no vendan sus casas en el plazo de un año tendrán la posibilidad de ajustar los precios a los máximos establecidos para vivienda usada, de tal forma que los compradores puedan acogerse a las ventajas establecidas en el PEV.

Asimismo, se actualizan los precios de las viviendas protegidas, las de régimen especial y las de precio concertado, al tiempo que se mejoran las condiciones de financiación para sus compradores, lo que favorecerá la venta de viviendas libres como protegidas.

De esta forma, el precio básico del módulo de vivienda protegida subirá el 4,12 por ciento, al pasar del 728 a 758 euros por metro cuadrado, en tanto que el tipo de interés de los préstamos concertados pasa del 4,35 al 5,09 por ciento y su plazo de amortización se amplía por encima de los 25 años.

El objetivo de la actualización de precios es que se construyan más viviendas de precio concertado, destinadas a familias con rentas medias (hasta 6,5 veces el IPREM, lo que equivale a 3.316 euros mensuales por hogar), y más viviendas de régimen especial, destinadas a rentas más bajas (de menos de 2,5 veces el IPREM, lo que equivale a 1.273 euros al mes por hogar).

Por otra parte, se ampliará el programa de préstamos subvencionados para los constructores que promuevan alquiler protegido, con lo que más empresas podrán beneficiarse de unas condiciones financieras mejores a las del mercado.

Dentro del impulso al alquiler, se eliminará el límite de superficie y aumentará el de renta tanto para acceder a la ayuda de 6.000 euros prevista para quienes alquilen sus pisos vacíos, como para conseguir la ayuda de 240 euros mensuales destinada a los
inquilinos.

En lo que respecta al impulso de la rehabilitación de centros históricos y urbanos, la reforma posibilita a promotores y particulares el acceso a préstamos protegidos, con un interés del 5,09 por ciento.

Además, se amplía el concepto de áreas de rehabilitación, con la creación de la figura de áreas de renovación urbana, en las cuales se podrán derribar viviendas que se encuentran en zonas muy degradadas para construir otras nuevas.

Nota de la Redacción: El Real Decreto Ley que hace efectivo el acuerdo del Consejo de Ministros está yá publicado en el BOE del sábado, dia 12 de enero de 2008.