El Defensor del Pueblo lleva ante el Tribunal Constitucional a la Generalitat Valenciana.

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recurre una parte de la gestión de la Ley de Dependencia

El Defensor del Pueblo lleva ante el Constitucional a la Generalitat Valenciana

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La institución acusa al Gobierno valenciano de “obstaculizar” la aplicación de la norma

   MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) –

   El Defensor del Pueblo ha presentado esta mañana un Recurso de Inconstitucionalidad contra un aspecto de la gestión de la Generalitat Valenciana sobre la Ley de Dependencia, según informaron a Europa Press fuentes de esta institución.

   En concreto, el Defensor del Pueblo ha interpuesto el recurso contra la disposición adicional 11 de la Ley de Presupuestos de esta comunidad para el ejercicio 2008, que establece que las personas valoradas por la Generalitat deben entender que su solicitud ha sido desestimada si no han recibido respuesta en el plazo de seis meses.

   Esta disposición, introducida en el Parlamento valenciano a través de una enmienda del PP, cambia el concepto de ‘silencio administrativo’, que significa que si la Administración no responde a la solicitud de un ciudadano es que ésta ha sido atendida. Con este cambio, el ‘silencio administrativo’ pasa de ‘positivo’ a convertirse en ‘negativo’ en esta comunidad.

   “Las administraciones tienen la obligación de notificar y explicar por escrito por qué han rechazado un derecho fundamental. Lo que han hecho es completamente ilegal”, señalaron fuentes del Defensor del Pueblo a Europa Press.

“CAMUFLADAMENTE”

   Además, estos mismas fuentes critican que esta reforma se “haya metido en una ley, la de presupuestos, que no tiene absolutamente nada que ver” con la dependencia. “Este cambio lo han metido en una ley distinta, camufladamente, para que no se entere nadie. Esto claramente vulnera el principio de seguridad jurídica”, apostillan.

   Por todo ello, desde el Defensor del Pueblo acusan a la Generalitat Valenciana de “obstaculizar” la aplicación de la Ley de Dependencia, y recuerdan que los dependientes son ciudadanos que por su situación ya se encuentran en condiciones “de especial vulnerabilidad”.

   Igualmente, los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han criticado que la Generalitat, gobernada por el PP, “ha boicoteado” la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 2007.

   El Defensor del Pueblo entiende que “no puede permanecer impasible” ante la entrada en vigor de esta disposición “mediante un procedimiento impropio”, que, además, “afecta a un colectivo de ciudadanos necesitados de especial protección”.

   El recurso ha sido interpuesto a raíz de la queja formal presentada a mediados de enero por el sindicato UGT ante del Defensor del Pueblo, que posteriormente recibió otras dos quejas más de particulares sobre este mismo asunto.

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LA OBRA PÚBLICA, PROTAGONISTA DE 2008.

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La obra pública, protagonista de 2008

Redacción fotocasa.es , 08/02/08, 10:56 h

La Vivienda de protección Oficial será la protagonista durante 2008. Y es que tanto el Gobierno de Zapatero, como el lobby inmobiliario G-14 consideran que la promoción de este tipo de viviendas será clave en el futuro del sector.

Una tendencia que confirmó esta misma semana el Consejo General de Colegios de Agentes de Propiedad Inmobiliaria (COAPIS), que estima que casi el 90% de la vivienda que se promueva este año corresponderá a pisos de protección oficial. De este modo, de las 500.000 casas que podrían construirse este año, unas 415.000 serán de iniciativa pública. 

 

Consenso total

 

“La vivienda protegida es el futuro”, sostiene Germán Navarro, consejero de comunicación de COAPIS, quien considera que esta opción ganará protagonismo este año porque “da una rentabilidad menor, pero segura, sin riesgo”. Y es que la desaceleración del mercado inmobiliario no sólo hace cambiar las opciones de compra a los consumidores. Las inmobiliarias y los empleados de la construcción son en realidad los más afectados por la nueva situación.

 

Según datos de enero hechos públicos por el Ministerio de Trabajo, el paro aumentó el primer mes del año en 132.000 personas, de las cuales 9.000 corresponden al sector de la construcción. Una situación que el ejecutivo de Zapatero pretende paliar a través de la puesta en marcha de un plan de “recalificación” de estos empleados, que permita su rápida reabsorción en el mercado laboral.

 

Y es aquí donde la promoción de obra pública adquiere protagonismo. Fue el propio presidente del Gobierno quien anunció esta misma semana que ya ha dado orden a los “ministerios inversores” para agilizar este tipo de construcción y garantizar así la actividad en el sector.

 

Una decisión que el G-14, asociación que agrupa a las mayores inmobiliarias del mercado español, ha recibido con total optimismo. “Las comunidades y ayuntamientos pueden hacer mucho para que esta situación dure poco y registremos un cambio de tendencia lo antes posible’, señaló esta semana Pedro Pérez,  Secretario general del grupo, en declaraciones a RNE.

 

Sin embargo, el primer paso que las instituciones deben hacer según el lobby inmobiliario es poner suelo a disposición de las empresas para reimpulsar el segmento de la vivienda de protección, ya que consideran que la actual demanda embalsada se debe a que “las empresas no han podido disponer de ese suelo en los años pasados”.

 

¿Son posibles estas previsiones?

 

Pese a que tanto instituciones, como organismos implicados parecen caminar en la misma dirección, los datos sobre la gestión de vivienda pública en 2007 frenan este optimismo. Según la patronal de constructoras SEOPAN, la promoción de viviendas de protección oficial se estancó el año pasado. Una situación que la patronal achaca a la celebración de los comicios locales. Y es que según las estadísticas, la promoción de obra pública suele descender un 15% en los años en los que se celebran elecciones. Una situación que podría repetirse en 2008 debido a los comicios generales del 2 de marzo.          

 

 

 

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EL GOBIERNO VALENCIANO OBSTRUYE LA LEY DE DEPENDENCIA Y DEJA INDEFENSOS A MILES DE VALENCIANOS, SEGÚN EL INFORME DE LA SINTICATURA DE GREUGES.

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La demora de Bienestar Social en declarar los grados de minusvalía bloquea ayudas a los discapacitados

La Síndica realiza una crítica “feroz” del tratamiento a enfermos mentales

J. L. G./E. P., Valencia
La vertiente asistencial y sanitaria de la gestión de la Generalitat Valenciana es una de las que peor paradas salen del informe de la Sindicatura de Greuges correspondiente a 2006. La responsable de la institución se muestra crítica por la reiteración, “año tras año”, de las quejas en relación a la tardanza de Bienestar Social en resolver la calificación y establecer el grado de minusvalía de las personas discapacitadas. Se trata de quejas tramitadas en 2006, pero de plena vigencia, en relación con el bloqueo que sufre la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana.
Especialmente gráfica resulta la reflexión de la Síndica, Emilia Caballero, en una queja de oficio: “¿De qué sirven todas las políticas legislativas, organizativas, presupuestarias y de todo tipo a favor de los discapacitados, si la puerta de entrada a ellas está cerrada y tarda más de un año en abrirse desde que se llama?”.
Además, el informe se refiere a quejas de ciudadanos hacia otras administraciones “en las que en realidad la Conselleria de Bienestar Social es la responsable del problema”.
A modo de ejemplo, la Síndica explica que un ayuntamiento no creaba la plaza de aparcamiento que un ciudadano discapacitado le reclamaba: el consistorio alegaba que “todavía no se había dictaminado sobre la minusvalía”.
En definitiva, se constata “no ya una falta de eficacia sino el incumplimiento del plazo máximo para resolver”.
Ante esta situación, la Síndica pide a la Administración en su Informe de 2006 que resuelva la tramitación de los expedientes de calificación del grado de minusvalía “en el menor tiempo posible y, en todo caso, dentro del máximo reglamentario establecido”.
Falta rehabilitación e integración
Además, la Síndica se refiere también a la “ausencia de centros para discapacitados en la Comunitat” y en este sentido, recuerda a la Conselleria de Bienestar Social que la Constitución “encomienda a los poderes públicos la realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos”.
Por otro lado, en el apartado de Atención Socio-Sanitaria recoge quejas relacionadas con la atención a personas convalecientes y terminales, y a aquellas personas que padecen enfermedades mentales, apartado este último en el que realiza una crítica “feroz” a la “carencia” en el ámbito sanitario de programas de tratamiento asertivo, y reconoce que la situación en el caso de los centros residenciales es mejor, aunque “dista mucho de ser óptima”, matiza.

RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN: COMPILACIÓN.

Renta básica de emancipación

La Renta Básica de Emancipación ayuda a los jóvenes a sufragar los gastos del alquiler de una vivienda, paga el coste de aval y concede préstamos para hacer frente a la fianza,

A partir de hoy los jóvenes lo tienen más fácil para independizarse de sus padres. Al menos, éste es el objetivo que persigue la Renta Básica de Emancipación, una prestación dirigida a jóvenes de entre 22 y 30 años, que recibirán 210 euros mensuales para ayudar a sufragar los gastos que les supone el alquiler. Para acceder a esta prestación los solicitantes, que serán titulares del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que residan habitualmente, han de tener una fuente regular de ingresos inferior a los 22.000 euros brutos anuales. El Estado aportará, además, 120 euros para pagar el coste de los trámites del aval y concederá un préstamo de 600 euros sin intereses para hacer frente a la fianza. Esta medida, en vigor desde hoy, es compatible con las deducciones por alquiler.

  • Autor: Elena V. Izquierdo | 
  • Fecha de publicación: 1 de enero de 2008

Ayudas directas

El incremento de los precios de la vivienda durante la última década ha provocado que los jóvenes de España tengan graves dificultades a la hora de acceder a un piso, ya sea en alquiler o en propiedad. Los españoles son los que registran, con respecto al resto de los ciudadanos europeos, una edad más tardía a la hora de emanciparse. Por este motivo, el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha un paquete integral de medidas que faciliten la posibilidad de acceder a una casa y promuevan una emancipación más temprana, así como crear un equilibrio entre el mercado de la vivienda en propiedad y el alquilado, ya que este último sólo representa el 11% del total del parque de viviendas. Entre estas iniciativas destaca la Renta Básica de Emancipación. Se trata de un conjunto de ayudas directas del Estado destinadas al apoyo económico para el pago del alquiler que constituye el domicilio habitual del beneficiario y que se concreta en tres tipos de ayudas:

  • El joven recibirá una renta mensual de hasta 210 euros que le facilitará el pago de los gastos relacionados con el alquiler de la vivienda. Se percibirá por meses completos desde el mes siguiente a la solicitud y durante un periodo máximo de cuatro años, sean o no consecutivos.
  • Si para poder acceder al arrendamiento de la vivienda necesita un aval, el interesado contará con 120 euros para sufragar los gastos de su tramitación.
  • El Ministerio de Vivienda pone a disposición del joven un préstamo sin intereses de 600 euros para poder hacer frente a la fianza. Ésta es la única cantidad que hay que devolver. Se hará cuando se extinga la fianza, al finalizar el último de los contratos de arrendamiento sucesivos formalizados en el plazo de los cuatro años que, como máximo, puede durar la ayuda o cuando se dejen de reunir los requisitos necesarios para optar a la renta.

Estas ayudas pueden llegar a suponer un ahorro de 2.520 euros al año en el alquiler, lo cual asciende a 10.080 euros durante los cuatro años que dura la prestación. El primer mes de arrendamiento suele ser el más costoso pues al pago de la mensualidad se suele unir el desembolso de una fianza y la tramitación del aval, que en algunos casos es necesario. El ahorro del primer mes puede ascender a 930 euros si se suma la fianza (600 euros), la tramitación del aval (120 euros) y la renta mensual (210 euros).

La ayuda puede suponer un ahorro en el alquiler de 2.520 euros anuales, lo que asciende a 10.080 euros durante los cuatro años que dura la prestación

El joven podrá disfrutar de esta prestación un máximo de cuatro años que no tienen por qué ser consecutivos, ya que la ayuda se puede fraccionar. El beneficiario puede optar, por ejemplo, por percibir la renta durante dos años, dejar de cobrarla y, cuando vuelva a necesitarla, si sigue cumpliendo con los requisitos, recibir de nuevo la prestación durante los dos años restantes.

Los beneficiarios

Para poder recibir la renta básica de emancipación hay que cumplir una serie de requisitos:

  • Tener una edad comprendida entre los 22 y los 30 años. (La ayuda se deja de percibir el mes en el que se cumplen los 30 años).
  • Si hay más de un titular en el contrato de alquiler, la cuantía de la ayuda para cada uno será el resultado de dividir 210 euros entre el número de firmantes

    El joven ha de ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que resida de forma habitual y permanente o, al menos, ser uno de los firmantes. En el caso de que haya más de un titular en el contrato de alquiler, la cuantía de la ayuda a la que cada uno tenga derecho será el resultado de dividir 210 euros entre el número total de titulares. Por ejemplo, en el supuesto de que tres amigos compartan piso y los tres firmen el contrato y cumplan los requisitos, cada uno de ellos recibirá 70 euros.

  • El solicitante debe tener una fuente regular de ingresos que le reporte como máximo 22.000 euros brutos anuales. Esto incluye a los trabajadores por cuenta propia o ajena, a los becarios de investigación y a los jóvenes que perciban una prestación social pública de carácter periódico -puede ser contributiva o asistencial, es decir, que se incluyen prestaciones por desempleo o discapacidad-.
  • El interesado ha de acreditar una vida laboral de, al menos, seis meses de antigüedad, inmediatamente anterior al momento de la solicitud o una duración prevista de la fuente de ingresos de seis meses. Si el joven ha estado trabajando el semestre anterior a la solicitud, se puede comprobar directamente en la Seguridad Social. En el caso de que quiera justificar que va a trabajar los próximos meses, ha de presentar una copia del contrato de trabajo.
  • El solicitante debe tener la nacionalidad española o la de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo -formado por los 27 países de la UE más Islandia, Noruega y Liechtenstein-. También pueden acceder a la renta de emancipación los jóvenes que, sin cumplir este requisito de nacionalidad, acrediten tener residencia legal y permanente en España. Tendrán que justificarlo con la autorización de residencia permanente que se concede a las personas que han vivido de forma continuada en territorio español durante cinco años.

Aunque cumplan todos estos requisitos, hay una serie de jóvenes que no podrán acceder a la concesión de ayudas:

  • Aquellos que tengan parentesco de primer o segundo grado -ya sea de consanguineidad o afinidad- con el arrendador.
  • Los jóvenes que ya tengan una vivienda en propiedad, a no ser que acrediten que no disponen de su uso y disfrute, o que esta vivienda tenga un valor catastral que no exceda el 60% del precio máximo de una vivienda protegida de precio general. Para calcular el precio, quien se encuentre en esta situación, deberá pedir la información en el departamento de Vivienda de la Comunidad autónoma en la que esté ubicada la residencia.
  • Las personas que sean titulares de un patrimonio superior a 108.182’18 euros.

Además de los requisitos personales básicos que ha de cumplir el joven, existen una serie de exigencias específicas:

  • La domiciliación bancaria de esta ayuda se hará en una de las entidades de crédito que colaboren con el Ministerio de Vivienda. -Estas entidades serán seleccionadas previa convocatoria con los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, y podrán acudir tanto entidades públicas como privadas-.
  • El número de cuenta desde el que se paga el alquiler también tendrá que estar domiciliado en un banco o caja de ahorros que colabore con el Ministerio. El listado se encuentra en la página web del Ministerio de Vivienda.
  • Estar al corriente del pago periódico del alquiler del piso con el que se quiere acceder a la prestación.
  • Haber cumplido las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Formulario

La solicitud para percibir la Renta Básica de Emancipación se puede presentar a partir del 1 de enero de 2008, día en el que entra en vigor el Real Decreto que regula la prestación. La información se puede pedir en el departamento de Vivienda autonómico, en la página web del Ministerio www.vivienda.es, o www.alquilerjoven.es y en el número de teléfono 900900707. Para obtener la ayuda hay que presentar la solicitud en la consejería de Vivienda de la comunidad autónoma en la que esté situado el piso de alquiler. Se hará rellenando el impreso que ha establecido el Ministerio. En él se señalará lo siguiente:

  • Datos personales: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección a la que el solicitante quiere que lleguen las notificaciones, DNI o Número de Identificación de Extranjeros y el número de la Seguridad Social. Si el joven no tiene este último dato, ha de aportar el régimen de previsión social al que está adscrito. Quien tenga una vivienda que no sobrepase el precio establecido por la Ley y, por tanto, pueda beneficiarse de la obtención de la renta, indicará el número de referencia catastral del piso. También se puede señalar el número de móvil para que las notificaciones se hagan por SMS.

En otro apartado se señalan los datos relativos al contrato de alquiler. En él se indica la dirección del domicilio arrendado, el número de inquilinos titulares del contrato y la referencia catastral que identifica la vivienda. Este dato aparece en los contratos de alquiler, pero en el caso de que no sea así, se le puede pedir al arrendador u obtenerlo en la Dirección General del Catastro http://ovc.catastro.meh.es

En el apartado sobre el arrendador se señalará su nombre y apellidos, NIF, NIE o CIF y su número de cuenta, a la que mensualmente hace su transferencia el joven para pagar el alquiler. Además hay que indicar la cuenta desde la que el solicitante envía el dinero. Si el número de cuenta en el que se quiere recibir la renta es distinto, se indicará en el formulario.

Si el joven todavía no tiene contrato de alquiler puede indicarlo en el impreso y, de esta manera, puede optar también a recibir la renta.

Concesión de la ayuda

A la hora de hacer la solicitud hay que entregar el formulario debidamente cumplimentado y una fotocopia del contrato de alquiler. Posteriormente, se requerirán los documentos que acrediten que lo incluido en el formulario es cierto, aunque en algunas comunidades pueden pedir que el interesado presente, junto al impreso, otra documentación que demuestre que cumple algún requisito exigido.

El órgano competente de la comunidad autónoma donde se ubique la vivienda comprobará que se cumplen todos los requisitos necesarios para percibir la Renta de Emancipación y lo comunicará en el plazo de dos meses. Si la solicitud se presenta en enero y no se concede hasta marzo, el beneficiario tendrá derecho a recibir la ayuda correspondiente al mes de febrero en adelante. En los convenios de colaboración para la gestión conjunta de esas ayudas se establece que será la comunidad autónoma quien tramite las solicitudes y reconozca el derecho a recibir la prestación. El Ministerio de Vivienda, por su parte, será quien abone directamente las ayudas a los beneficiarios.

A los jóvenes que aún no tengan el piso alquilado, se le concederá la ayuda provisionalmente y, desde ese momento, tendrán tres meses para formalizar un contrato

La comunidad autónoma notificará la resolución al interesado y, simultáneamente, comunicará al Ministerio de Vivienda, a través de un sistema automatizado, el derecho del joven a percibir la renta. Una vez que se compruebe que el solicitante ha realizado la transferencia del pago del alquiler mensual al propietario, se ingresará al joven en su cuenta bancaria el importe de la prestación. La cuenta ha de pertenecer a una de las entidades colaboradoras para que mensualmente se pueda comprobar que se realiza el pago puntual del alquiler. Éste se hará por medio de transferencia bancaria solamente desde esa cuenta en un único pago cada mes, con independencia del número de titulares por contrato. El importe mensual deberá ser fijo y restringido sólo a la mensualidad (sin incluir otros conceptos como gastos de servicio u otros que, en todo caso, deberán hacerse de manera independiente). El pago se realizará mediante una orden permanente de transferencia u orden de transferencia periódica, firmada por todos los inquilinos, que ejecuta el pago periódicamente y evita así olvidos o retrasos.

El joven que quiera acceder la renta y todavía no tenga el piso alquilado lo señalará en la solicitud. Si se comprueba que cumple con todos los requisitos, se le concederá provisionalmente y tendrá, desde ese momento, tres meses para formalizar el contrato de alquiler. Presentará entonces una nueva solicitud y la comunidad autónoma comprobará los datos y comunicará el reconocimiento definitivo de la renta. Inmediatamente, el Ministerio de Vivienda ingresará la ayuda en la cuenta bancaria del solicitante, desde el mes en que se presente el contrato de alquiler.

Compatibilidades e incompatibilidades

La Renta Básica de Emancipación es compatible con la aplicación de las deducciones que se puedan establecer a favor de los inquilinos en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A partir de la declaración de la renta de 2008, que se presenta en 2009, se podrá deducir el hasta el 10’05% de lo que se pague por el alquiler de la vivienda, siempre que se tenga unos ingresos anuales por debajo de los 24.000 euros netos. Está previsto que la entrada en vigor de esta medida beneficie en su primer año a más de 700.000 familias. La Renta de Emancipación también es compatible con las subvenciones o beneficios fiscales que establezcan las comunidades autónomas.

Un joven que reciba la prestación mensual de 210 euros no podrá disfrutar simultáneamente de las ayudas al inquilino financiadas en virtud del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Tampoco podrán acogerse a la prestación los arrendatarios cuyo domicilio habitual esté sometido a algún régimen de protección pública que establezca límites a su renta máxima en alquiler.

Como se trata de una medida de carácter coyuntural, su mantenimiento está supeditado a la valoración periódica de su eficacia para lograr los objetivos para los que ha sido concebida. Por este motivo, antes del 31 de diciembre de cada año, el Ministerio de Vivienda presentará un informe de seguimiento y evaluación ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el plazo máximo de cuatro años, transcurridos desde la entrada en vigor del Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación, es decir, desde el día 1 de enero de 2008, el Ministerio de Vivienda elevará al Consejo de Ministros un informe de seguimiento y evaluación de los resultados de su aplicación proponiendo su mantenimiento, modificación o derogación.

LA MINISTRA DE LA VIVIENDA SE COMPROMETE A ABONAR LA AYUDA A LA VIVIENDA JOVEN 15 DÍAS DESPUÉS DE QUE SEA APROBADA LA SOLICITUD.

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Chacón anuncia que Vivienda abonará la renta 15 días después de aprobar la solicitud

Hasta ayer cerca de 200.000 jóvenes de toda España han adquirido el formulario para conseguir la Renta Básica de Emancipación
El Ministerio de Vivienda abonará las ayudas de la renta básica de emancipación en quince días, una vez sea aprobada la solicitud correspondiente por parte de los servicios de las comunidades autónomas, según afirmó ayer la ministra Carme Chacón.
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Esta renta contempla ayudas de 210 euros mensuales para los jóvenes de entre 22 y 30 años que desean alquilar un piso y dispongan de ingresos regulares de menos de 22.000 euros brutos anuales, entre otras subvenciones, como 600 euros para la fianza del alquiler.

Chacón indicó que el máximo de tiempo de que dispone el Ministerio para responder a las solicitudes es de dos meses pero que espera puedan reducirse a quince días, tras ser aprobadas por las diversas comunidades autónomas con competencias en vivienda.

Hasta ayer, cerca de 200.000 jóvenes de toda España adquirieron el formulario para conseguir la Renta Básica de Emancipación, la denominada ayuda para el alquiler. A las más de 100.000 descargas que se produjeron el miércoles, ayer hay que sumar otras 34.200 de jóvenes que han accedido a los formularios a través de la página http://www.alquilerjoven.es y otros 30.000 que los han solicitado a través de la web del Ministerio.

A través de los sitios de Moncloa, Consejo de la Juventud de España, Ministerio de Administraciones Públicas y Sociedad Pública de Alquiler, con los que se ha reforzado la red, se han producido más de 8.000 descargas de solicitudes. A esta cifra hay que sumar los 18.000 jóvenes que, según estima el Ministerio, han acudido físicamente a las oficinas de Vivienda de sus respectivas comunidades o ciudades autónomas.

El Ministerio prevé que 360.000 jóvenes españoles accedan a estas ayudas durante este año, pero “si lo piden el doble, se concederá el doble de ayudas”, dijo Chacón, que añadió que “cuantos más jóvenes sean mejor”, porque España está a la cola de Europa en emancipación juvenil.

También se ha reforzado el servicio telefónico, ya que recibió 53.000 llamadas en una mañana, “el doble que en todo el mes de diciembre”, dijo la ministra, que atribuyó la “solicitud masiva de ayer (por el miércoles)” al gran número de jóvenes que “trabajan y quieren emanciparse pero el precio de la vivienda no se lo permite”.

Por otra parte, la ministra de Vivienda aseguró que “no vamos a permitir” que se cometan abusos en el incremento de los alquileres y que, de hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos no permite que se incremente el precio del alquiler más allá del IPC mientras está vigente el contrato.

Además, rechazó que las ayudas al alquiler provoquen un efecto inflacionista en el mercado de la vivienda y que el Plan de la Vivienda facilita ayudas y productos de seguros que garantizan a los arrendatarios posibles impagos y desperfectos.

 

BAJATE EL FORMULARIO EN pdf PARA SOLICITAR LAS AYUDAS DEL PLAN DE VIVIENDA JOVEN SI VIVES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

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formulario-renta-emancipacion.pdf       (descarga en pdf y presentalo en las Ventanillas Únicas de los ayuntamientos conveniados)

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El convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Conseller Garcia Antón se firmó el pasado día 3 de diciembre en la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, en el se establecen las siguientes VENTANILLAS ÚNICAS en los ayuntamientos de:

 Alicante, Castellón, Valencia, Elche, Gandía, Ontinyent, Xàtiva, Morella, Segorbe, Sagunto, Elda, Orihuela, Denia y Liria.Además, los jóvenes podrán acceder al impreso de la solicitud a través de la web del Ministerio de Vivienda (http://www.mviv.es).  Para cualquier trámite del Plan de Vivienda Joven.

COMO SIEMPRE LAS TONTERIAS VICTIMISTAS DEL GOBIERNO DE LA GENERALITAT VALENCIANA CONTRA ZAPATERO, PUEDEN PERJUDICAR A LOS JÓVENES VALENCIANOS. ¡QUE CUADRILLA DE IRRESPONSABLES!

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A PESAR DE TODAS LAS PATALETAS DEL PP LOS JOVENES VALENCIANOS PODEIS PEDIR DESDE HOY LOS BENEFICIOS DEL PLAN JOVEN DE VIVIENDA.
¡QUE NO OS ENGAÑEN, LAS AYUDAS SON ACUMULABLES!
Economía
Las ayudas para alquiler, pendientes del conflicto entre Consell y Ministerio
Unos 42.000 jóvenes valencianos pueden solicitar desde hoy la renta de emancipación

Unos 42.000 jóvenes valencianos pueden solicitar desde hoy las ayudas al alquiler, pese a que Consell y Ministerio de la Vivienda mantienen una disputa sobre la competencia de estas subvenciones.

Según estimaciones del propio Ministerio, en toda España alrededor de 360.000 jóvenes se podrán beneficiar de la Renta Básica de Emancipación, que incluye ayudas al alquiler de 210 euros mensuales, así como un préstamo de 600 euros para cubrir la fianza y 120 euros para el aval, siempre que haya sido contraído con un avalista privado.Las comunidades autónomas serán las encargadas de recibir las solicitudes y comprobar que los demandantes se ajustan a los requisitos fijados. A continuación, remitirán las peticiones al Ministerio de Vivienda, que se encargará del pago a los beneficiarios. Así, el Gabinete de Carme Chacón prevé dar las primeras órdenes de pago a partir del mes de febrero.

Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, las ayudas han dado origen a una disputa entre las administraciones autonómica y central que llevó al Consell a interponer un requerimiento de incompetencia al Gobierno central en relación con el decreto por el se regulan esta Renta Básica por entender que es una injerencia en la competencia autonómica en materia de vivienda. Esta iniciativa de la Generalitat antecede a la interposición del correspondiente conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.En esencia la posición del Gobierno valenciano se circunscribe a que el dinero de las ayudas se transfieran para que sean las autonomías quienes gestionen los fondos destinados por el Estado a subvenciones en una materia en la que la titularidad exclusiva es autonómica, como recoge el artículo 49 del Estatuto de Autonomía.El Ministerio, por su parte, pretende que la cobertura estatal sirva para que los jóvenes puedan acceder a esas ayudas con independencia de la comunidad en la que residan.

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El conflicto no supondrá la paralización de las ayudas cuya gestión conjunta Estado-Autonomía se fijó en un convenio suscrito por ambas partes el 3 de diciembre del año pasado.

El acuerdo entre la ministra Chacón y García Antón incluía la creación de oficinas de “Ventanilla Única” de vivienda para la solicitud de estas ayudas en las localidades de Alicante, Castellón, Valencia, Elche, Gandía, Ontinyent, Xàtiva, Morella, Segorbe, Sagunto, Elda, Orihuela, Denia y Liria.Además, los jóvenes podrán acceder al impreso de la solicitud a través de la web del Ministerio de Vivienda (http://www.mviv.es).