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El Gobierno contempla que las obras del plan de inversión local se prolonguen hasta 2010.

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Víctor Romero, Valencia
El Gobierno central ya tiene Real Decreto que regula el Fondo Estatal de Inversión Local y el de la Dinamización de la Economía y el Empleo. Fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado y presentado por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. El primer plan contempla una inversión total de 8.000 millones de euros de los que 864,5 millones corresponderán a municipios de la Comunitat Valenciana (440 Valencia, 323 Alicante y 101 Castelló) y tiene como objetivo generar entre 200.000 y 300.000 empleos (25.000 directos en la Comunitat) en un momento de crisis económica y fuerte incremento del paro en España. Las asignaciones económicas se han calculado en función de la población de cada municipio (117 euros por habitante) tomando como referencia los datos del padrón recogidos en el último censo del Instituto Nacional de Estadística, con fecha de enero de 2007.
Los ayuntamientos tendrán hasta el 24 de enero para presentar al ministerio (a través de la Dirección General de Cooperación Local) sus solicitudes de financiación a proyectos que no hayan sido presupuestado previamente con cargo a las cuentas de 2009. Una vez autorizados por la Administración central, los municipios disponen de un mes para licitar las obras, que deberán realizarse a lo largo de 2009.
El Gobierno exigirá que se justifique la finalización de las obras en el primer trimestre de 2010, plazo que puede prolongarse seis meses si el retraso es por causas no imputables al contratante. El año 2009 y principios de 2010 es el período en el que según distintos estudios más sufrirá España el impacto de la crisis económica.
El plan anticrisis contempla además otro fondo de 3.000 millones de euros destinados a financiar actuaciones en I+D+i, sector de automoción, acciones medioambientales, mejora de edificios públicos, rehabilitación y pequeñas obras ligadas a infraestructuras de comunicación y trasporte.
Para agilizar la ejecución de las inversiones, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha fijado un máximo de cinco millones de euros por proyecto. De esta forma todos los contratos serán considerados menores y no será necesario completar los trámites de publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE), que retrasa la puesta en marca. Los ayuntamientos podrán elegir la forma de contratación que estimen oportuno. No obstante, la ministra Elena Salgado advirtió ayer que Intervención del Estado supervisará la ejecución de las obras. Los ayuntamientos que no destinen el dinero a las actuaciones previstas deberán reintegrar el dinero al Estado.
En busca de proyectos
Otra de las condiciones incluidas en el plan es que las empresas responsables de la ejecución de las obras se nutran de personal en situación legal de desempleo, a ser posible a través de los servicios públicos de empleo. Esta disposición está comenzando ya a disparar la imaginación de algunos munícipes. Un ejemplo: Al Ayuntamiento de Moncada, con una población de algo más de 21.000 habitantes, le corresponden más de 3,7 millones de euros. El alcalde José Manuel Medina (PP) tiene previsto ejecutar sus proyectos a través de una de sus empresas públicas para garantizar que las contrataciones se realizan a través de las oficinas de empleo de la población. La cuestión ahora para los más de 500 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana es revolver los cajones para encontrar proyectos que se ajusten a las condiciones. Para el caso de ayuntamientos pequeños, el Real Decreto establece que podrán presentar actuaciones agrupaciones de municipios o mancomunidades sumando las cantidades asignadas a los ayuntamientos integrados en ellas.

CONSEJO DE MINISTROS:INVERSIÓN DE 11.000 MILLONES EN SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS Y EN OBRAS A TRAVÉS DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

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  • Se creará un Fondo de inversión municipal, dotado con ocho mil millones de euros, para la realización de actuaciones urgentes en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo.
  • El Fondo sólo financiará obras de nueva planificación y de ejecución inmediata. En la adjudicación de los contratos se tendrán en cuenta los contratos que creen más empleo. Todo el personal que se contrate deberá encontrarse en situación de desempleo
  • El Fondo se repartirá entre los municipios de acuerdo a la población total municipal.
  • Además, se dotará un Fondo del Estado para actuaciones de dinamización de la economía dotado con tres mil millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se crea un Fondo de Inversión Municipal para financiar la realización de actuaciones urgentes en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo, por un importe total de ocho mil millones de euros, con el objetivo de crear doscientos mil puestos de trabajo.

Con este Fondo los municipios podrán financiar sólo obras de nueva planificación y de ejecución inmediata, es decir, obras que no estén previstas en los presupuestos de 2009, y cuya licitación comience antes de que transcurra un mes desde que se publique en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas la resolución de autorización para su financiación por el Fondo.

En la adjudicación de los contratos los Ayuntamientos valorarán aquellas ofertas que más empleo creen y exigirán que el personal contratado para la realización de las obras se encuentre en situación de desempleo.

Las obras deberán sacarse a licitación pública por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público (abierto, restringido o negociado con o sin publicidad) o ser tramitadas como contrato menor. El importe máximo de cada uno de los contratos no podrá superar los cinco millones de euros y no podrán fraccionarse con el fin de no superar esta cantidad.


Obras financiables

Las obras que podrán financiarse a través del Fondo deben encuadrarse en alguna de las siguientes actuaciones:

  • Las de adecuación, rehabilitación o mejora de entornos o espacios públicos urbanos, así como de promoción industrial.
  • Los equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en las redes viarias, de saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones.
  • Las de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, educativos, culturales y deportivos.
  • Las dirigidas a la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, las de gestión de residuos urbanos así como las orientadas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética.
  • Las de supresión de barreras arquitectónicas.
  • Las de conservación del patrimonio municipal y protección y conservación del patrimonio histórico del municipio.
  • Las de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de la red de abastecimiento de agua potable a domicilio y tratamiento de aguas residuales.
  • Las dirigidas a promover la movilidad sostenible urbana y las encaminadas a mejorar la seguridad vial.
  • Las de prevención de incendios.
  • Las destinadas a la promoción del turismo.

El Fondo se repartirá entre los municipios hasta un importe máximo que se determinará de acuerdo a la población total municipal.

Presentación y autorización de solicitudes

Los Ayuntamientos deberán presentar las solicitudes de financiación de sus proyectos entre el 10 de diciembre de 2008 y el 24 de enero de 2009, a través de la página web del Ministerio de Administraciones Públicas: www.map.es.

En las solicitudes se deberá aportar una memoria explicativa del proyecto de inversión en el que se especifique el presupuesto del proyecto, su plazo de adjudicación, el número de personas a ocupar y una certificación de que se trata de una obra no incluida en los Presupuestos para 2009. Además, deberá aportar el Acuerdo del Pleno municipal en el que se apruebe el proyecto.

En un plazo de diez días desde su presentación, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno comprobarán que los proyectos cumplen las condiciones exigidas. En los diez días siguientes, el Secretario de Estado de Cooperación Territorial dictará la autorización, que se publicará en la web del Ministerio de Administraciones Públicas. Con ello, los ayuntamientos podrán iniciar sus obras desde el 11 de enero y nunca más tarde del 13 de abril de 2009.

Los Ayuntamientos recibirán el 70 por 100 del importe de la obra, tras remitir al Ministerio de Administraciones Públicas un certificado en el que se hagan constar, entre otros, los datos de la adjudicación y el número de personas a emplear. El 30 por 100 restante se entregará cuando se certifique la realización de las inversiones y la finalización de las obras. El plazo máximo de presentación de esta certificación será el primer trimestre de 2010.

La Intervención General de la Administración del Estado controlará la correcta aplicación de los recursos del Fondo.

Fondo para actuaciones de dinamización de la economía

El Real Decreto Ley aprobado hoy incluye, además, la dotación de un Fondo Especial del Estado para actuaciones de dinamización de la economía, dotado con tres mil millones de euros. Su destino será la realización de actuaciones de inmediata ejecución, con el fin de mejorar la situación de determinados sectores económicos estratégicos y acometer proyectos de alto impacto en la creación de empleo, con el objetivo de crear unos cien mil puestos de trabajo.

Este Fondo se destinará, entre otras, a las siguientes finalidades:

  • Actuaciones en el sector de la automoción (800 millones de euros).
  • Actuaciones medioambientales, especialmente en paseos marítimos, repoblación forestal, limpieza de montes, etc.(600 millones de euros)
  • Actuaciones de I+D+i ( 500 millones de euros).
  • Dependencia (400 millones de euros).
  • Rehabilitación de casas cuartel y comisarías (400 millones de euros).
  • Rehabilitación de vivienda (120 millones de euros)
  • Turismo social (30 millones de euros).

Financiación de las medidas

Ambos fondos se financiarán con un crédito extraordinario por importe de once mil millones de euros, sufragado con Deuda Pública con cargo a los Presupuestos de 2008. Los remanentes de crédito no utilizados en el ejercicio 2008 se podrán incorporar al ejercicio siguiente.

Más información

El Gobierno aprueba medidas para dinamizar el suelo público destinado a vivienda protegida

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BEATRIZ CORREDOR. MINISTRA DE VIVIENDA
Redacción fotocasa.es , 11/11/2008, 11:46 h


El Consejo de Ministros ha acordado la constitución de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre el Suelo y ha autorizado la firma de un convenio por el que el Ministerio de Vivienda comprará al Ministerio de Defensa cuatro cuarteles en cuyo suelo se construirán 1.922 viviendas protegidas.

El objetivo final de las decisiones adoptadas por el Gobierno es incrementar las reservas estratégicas de suelo para que la caída de la actividad en el sector inmobiliario no afecte en el futuro a la promoción de vivienda protegida ni al impulso de otras actividades de interés económico y social.

Comisión Interministerial de Trabajo sobre Suelo

La creación de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre Suelo será un elemento estratégico en la política del Gobierno de suelo y vivienda, que dispondrá de información actualizada sobre el suelo público que haya pasado a ser innecesario para usos administrativos.

Teniendo en cuenta este enfoque, la Comisión Interministerial de Trabajo sobre Suelo será el órgano colegiado responsable de proporcionar, en el ámbito del Estado, criterios sobre el destino y la gestión del suelo público, favoreciendo su movilización.

Las funciones de la Comisión serán:

• La identificación de suelos y edificios del Patrimonio del Estado que ya no sea den uso o servicio público y que puedan ser objeto de nuevos usos de interés social. El destino preferente de estos suelos será la promoción de viviendas protegidas.
• Estudiar y, en su caso, trasladar a la Comisión de Coordinación Financiera de las Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales o al Consejo de Ministros los criterios sobre política de vivienda y suelo aplicables a los terrenos y a los edificios no afectos al uso o servicio público, atendiendo a sus características específicas.
• Promover la concertación de los órganos de la Administración General del Estado con las restantes Administraciones Públicas para dinamizar la gestión del suelo público y el desarrollo urbanístico del mismo.
• Hacer un seguimiento de la evolución o avances que puedan alcanzarse en el desarrollo de sus funciones.

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Convenio entre GIED y SEPES

Oferta Pública de Compra de Suelo

 

El fondo de 30.000 millones para comprar activos fijará límites para que los bancos no concentren el dinero

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Las primeras operaciones se realizarán en el último trimestre de 2008 mediante un crédito extraordinario de 10.000 millones

  • Fecha de publicación: 11 de octubre de 2008

El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación del fondo de financiación de 30.000 millones de euros, con cargo al Tesoro Público, para comprar activos financieros de alta calidad a las entidades financieras españolas. En concreto, invertirá en activos y fondos de titulización de entidades respaldados por créditos a particulares, empresas y entidades no financieras.

Pero este fondo tendrá límites para evitar que algunos bancos concentren la liquidez y estará sometido al control parlamentario cada cuatro meses. «Tendremos que establecer limitaciones a la concentración», recalcó ayer el secretario de Estado de Economía, David Vegara, ya que la compra de activos financieros emitidos por entidades a cambio de efectivo se realizará mediante un proceso competitivo de subasta para la selección de dichos activos a precios de mercado.

En caso de necesidad, el fondo es ampliable hasta 50.000 millones. Las primeras operaciones se realizarán en el último trimestre de este año mediante un crédito extraordinario de 10.000 millones de euros. El próximo año será cuando se concedan los restantes 20.000 millones.

Enajenar activos

Según Vegara, el fondo trata de suplir las irregularidades en los mercados para que las entidades puedan enajenar voluntariamente sus activos y obtener liquidez para normalizar sus actividades de crédito, facilitando el acceso al mismo a empresas y particulares, que deben ser los grandes beneficiarios del plan. No obstante, el secretario de Estado no aclaró qué fórmula se empleará para garantizar que la liquidez de los bancos redunde en beneficio de ciudadanos y compañías. Vegara agregó que ahora se están evaluando los aspectos legales para publicar el nombre de las entidades y en qué cuantía acceden a las subastas del fondo. En estas subastas se tendrán en cuenta los títulos que incorporen las titulizaciones más recientes, y todos tendrán la máxima calificación crediticia que otorgan las agencias de «rating» (AAA), y que podrían ser descontables ante el Banco Central Europeo (BCE).

El fondo tendrá un «coste cero», subrayó el secretario, porque comprará activos «sanos» y de máxima calidad, lo que asegura la recuperación del capital invertido, y prevé obtener rentabilidades superiores al coste de la emisión de la deuda.

El Gobierno podrá obligar a bancos y cajas a dar crédito a partir de diciembre

Vivienda anima a los ciudadanos a comprar pisos ante la «llamativa» moderación del Euribor

  • Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2008

Cuando se realicen las dos subastas de compra de títulos hipotecarios a las entidades financieras por parte del Fondo de Adquisición de Activos -una el próximo 20 de noviembre y la otra el 11 de diciembre-, el Gobierno estará en condiciones de obligar a bancos y cajas a dar crédito. El Ejecutivo «podrá exigir a la banca que haga su trabajo y facilite el crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las familias», afirmó ayer la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

Durante una entrevista en un programa de televisión, Corredor explicó que el objetivo que persigue el Gobierno con estas subastas para la inyección de liquidez en el mercado es que se transmita el crédito a las empresas y a los ciudadanos.

Como en otras ocasiones, la ministra volvió a insistir en que estamos en un momento «bueno» para comprar una vivienda. «Estamos en una situación de serenidad y oferta incomparable respecto a los últimos años», apuntó. Además, destacó la «llamativa» moderación del Euribor y la próxima perspectiva de reducción, ya que el Banco Central Europeo (BCE) «va a seguir bajando el tipo de interés».

El Banco Central Europeo (BCE) «va a seguir bajando el tipo de interés»

Beatriz Corredor también hizo referencia al descenso de los precios de las casas. En este sentido, señaló que las estadísticas apuntan a un descenso global del 15% en el último año, por lo que «los que quieran comprar, que pregunten porque existe una bajada de precio real».

Cierre de inmobiliarias

Por otro lado, la titular de Vivienda reconoció que es previsible que suspendan pagos algunas promotoras creadas en los últimos años al calor del «boom» inmobiliario y que ahora se encuentran con dificultades. De todos modos, afirmó que el sector de la construcción «va a seguir generando empleo y favoreciendo el régimen económico del país».

Según las estimaciones realizadas por la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), siete de cada diez agencias inmobiliarias que operaban en España en el mes de enero de 2007 habrán cerrado sus puertas cuando finalice el presente ejercicio por el descenso de las ventas en el sector residencial. En cifras absolutas, de las 60.000 que operaban a finales de 2006, sólo unas 18.000 seguirán en pie en 2009.

Siete de cada diez agencias inmobiliarias habrán cerrado sus puertas cuando finalice el año

Óscar Martínez Solozábal, presidente de la APEI, señala que las inmobiliarias se han multiplicado en los últimos años entre un 30% y 40%. «Ahora estamos volviendo a las cifras de antes del ‘boom’, pero de una forma muy brusca», afirma.

Además de la subida de los tipos de interés o la restricción del crédito, la APEI ve otros factores que han contribuido a la caída de las ventas de casas, como la marcha de los inmigrantes por la falta de trabajo.

En cambio, se ha producido un incremento entre el 15% y el 20% del alquiler de viviendas, aunque todavía sigue habiendo más demanda que oferta. APEI considera necesario fomentar el alquiler a través de una mayor protección jurídica a los arrendadores y la construcción de más pisos destinados a renta. Esta fórmula, asegura, permitiría que el precio del alquiler acabara bajando y con él también el de la vivienda en venta.

Ayudas del Gobierno a parados, autónomos y pensionistas con hipoteca

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BEATRIZ CORREDOR. MINISTRA DE VIVIENDA
Redacción fotocasa.es , 05/11/2008, 14:07 h


El Gobierno sigue adoptando medidas para ayudar a los ciudadanos a paliar la crisis financiera. Esta vez, las disposiciones están orientadas a apoyar a las familias que, “como consecuencia del desempleo, van a tener o están teniendo dificultades para el pago de sus compromisos hipotecarios”. Un total de cuatro medidas que detallamos para que sepas si puedes ser uno de los beneficiarios.
1. Moratoria de hasta dos años en la obligación del pago de las cuotas hipotecarias
Consiste en facilitar una moratoria temporal y parcial en la obligación del pago de las cuotas hipotecarias. La medida será efectiva durante dos años: desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010 y va dirigida a los titulares de hipotecas que reúnan determinados requisitos.

En concreto, supone el aplazamiento de la obligación del pago del 50% de la cuota mensual de la hipoteca, con un límite máximo de 500 euros mensuales. La moratoria se concederá por un período máximo de 24 mensualidades y las cantidades aplazadas se compensarán a partir del 1 de enero de 2011 mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten para el pago de la hipoteca, con el límite máximo de 10 años. En el caso en que las familias no puedan hacer frente al resto de la cuota aplazada, el Gobierno garantizará estas cantidades a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Aunque se trata de una medida de carácter voluntario, el Gobierno estima que puede beneficiar a más de 500.000 personas.
2. Ampliación del plazo para materializar el saldo de la cuenta ahorro-vivienda

Dadas las dificultades que actualmente existen para acceder a créditos hipotecarios, se ha aprobado la ampliación en dos años

(de cuatro a seis) del plazo para la adquisición de una vivienda, tomando como referencia la fecha de apertura de la cuenta-vivienda. Así se pretende evitar la pérdida de las deducciones practicadas.
La ampliación del plazo sólo será para materializar el saldo, no para efectuar nuevas aportaciones a la cuenta-vivienda. La medida se articulará mediante el establecimiento de una fecha fija de fin de la ampliación; en concreto, el 31 de diciembre de 2010, fecha en la que tendrán que materializar su saldo. De esta forma, las cuentas beneficiarias serán aquellas cuyo plazo de vencimiento sea en los años 2008, 2009 y 2010. El número total de cuentas que pueden favorecerse de esta medida rondará las 180.000.

3. Plazo adicional para vender la vivienda habitual

Se amplía el plazo en dos años para que las familias que hayan adquirido una vivienda con la previsión de vender posteriormente su residencia habitual puedan hacerlo sin que se vean perjudicadas fiscalmente. Así, las viviendas adquiridas en 2006, 2007 y 2008 con anterioridad a la transmisión de la vivienda habitual serán válidas para reinvertir el importe obtenido con ocasión de esta última, siempre que dicha transmisión se efectúe hasta el 31 de diciembre de 2010.

4. Deducción por inversión en vivienda para el cálculo de tipo de retención

Se reducirá el porcentaje de retención de aquellos contribuyentes que, obligados a tributar por el IRPF, estén pagando su vivienda habitual con financiación ajena y voluntariamente así lo soliciten. Dicha medida supondrá una disminución de la retención de dos puntos y tendrá un límite de renta: se trata de rentas inferiores a los 33.000 euros, que según la estimación del Gobierno puede afectar a unos 3 millones y medio de contribuyentes. La ayuda supondrá en torno a dos mil millones de euros de liquidez para las familias beneficiarias.

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La ayuda llega a las familias.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

  • CARLOS CARNICERO

    05/11/2008

El Zumbido

La iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de ofrecer una moratoria sobre el cincuenta por ciento de las hipotecas de los españoles en situación de desempleo llega en el momento preciso. Tiene una importancia práctica pero también simbólica y está lejos de cualquier atisbo de populismo.

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La escalada de los precios de las viviendas, la falta de oferta de alquiler y la instalación de unos tipos de interés bajos durante los últimos años ha funcionado con un imán para que muchas familias españolas se hayan endeudado hasta su límite en situación de normalidad laboral. La eclosión violenta de la crisis económica ha tenido un efecto letal para muchas económicas domésticas españolas: con el mercado inmobiliario paralizado, lo que les impedía de hecho vender la vivienda, con la estampida producida en el desempleo, muchos trabajadores están ahora mismo al borde de perder sus casas por no poder hacer frente a las hipotecas. La moratoria ofrecida por el Gobierno es la justa compensación a las ayudas que se han destinado para ofrecer liquidez a un sistema bancario en apuros. La recuperación de la normalidad crediticia en las entidades financieras no garantiza la recuperación de la capacidad de pago de las hipotecas a quién ha visto disminuidos sus ingresos por una situación de desempleo y no reúne requisitos de solvencia en un mercado que no entiende de piedad sino de garantías.

De la misma manera, favorecer fiscalmente la contratación de desempleados con cargas familiares es una iniciativa también de corte socialdemócrata que reestablece en algo el equilibrio de la igualdad de oportunidades en el mercado laborar tendente siempre a la contratación de los más jóvenes aún con menos experiencia pero con salarios más bajos.

Estas medidas del Gobierno para favorecer a la economía familiar en apuros seguro que no serán las últimas porque las proyecciones de la recesión y, sobre todo, las perspectivas de crecimiento del desempleo son cada vez más pesimistas, por lo que un gobierno socialista tendrá que tener preparados los mecanismos de generación de un déficit fiscal responsable que permita aliviar la situación de los más desfavorecidos.

Carlos Carnicero es periodista y analista político.

El Gobierno abre el plazo para la compra pública de suelo.

Redacción fotocasa.es , 28/10/2008, 9:50 h

 Beatriz Corredor, Ministra de Vivienda

Desde el día 28 de octubre está abierto el plazo para que los promotores puedan acudir a la oferta pública de compra de suelo, a la que el Gobierno destinará inicialmente 300 millones de euros.

 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 29 de diciembre, fecha a partir del cual, la entidad estatal Sepes las evaluará durante un periodo de cuatro meses antes de tomar una decisión de compra. Una vez pasado el primer trámite, la oferta tendrá una vigencia de cuatro años.

 

Corredor señaló que el Gobierno invertirá inicialmente 300 millones de euros, a los que se sumarán otros 130 millones en la urbanización. Esta financiación generará una inversión de 2.400 millones de euros, con un efecto económico de hasta 2.780 millones de euros y permitirá la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas de protección oficial.

 

Según las bases técnicas de oferta aprobadas por Sepes, las parcelas ofrecidas deberán tener una superficie que permita la construcción de al menos 300 viviendas, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde el mínimo será de 150 viviendas. La oferta se destina a municipios de más de 20.000 habitantes, dando prioridad a las propuestas que consoliden zonas urbanas, por lo que se atenderá preferentemente ofertas próximas a núcleos urbanos, zonas degradadas o que unan dos desarrollos. 

 

Corredor también anunció la ampliación a 3.618,3 euros brutos del límite de renta mensual con el que las familias pueden acceder a la compra de una vivienda protegida de precio concertado. Esta medida, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2009 y forma parte del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, pretende hacer frente al stock de inmuebles sin vender generado por el estancamiento del mercado residencial.

 

Zapatero anuncia que el fondo para ayudar a la banca empezará a funcionar en noviembre.

 

 

AGENCIAS / PÚBLICO. ES – Madrid – 20/10/2008 18:15

El pleno del Congreso de los Diputados convalidó este lunes los dos decretos-ley de apoyo a las entidades financiras, dos normas que, según aseguró el presidente del Gobierno en su turno de cierre, José Luis Rodríguez Zapatero, «no son para la banca sino para los 45 millones de españoles». Los dos decretos ley contaron con el voto favorable de una amplísima mayoría de la Cámara Baja, la otorgada por el PSOE, el PP, CiU, PNV, ERC, Coalición Canaria y UPyD. Los diputados del BNG y de IU-ICV votaron en contra del decreto que permite al Estado la adquisición de activos y se abstuvieron en el de la concesión de avales a la banca, mientras que Nafarroa Bai respaldó este último y se abstuvo en el primero.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, empezó su discurso remarcando que el Banco Central Europeo ha remitido al Ejecutivo un «informe favorable» de las medidas financieras tomadas en España para paliar la crisis de los mercados.

«No queremos nacionalizar la banca», dijo el presidente 

En su intervención para que el Congreso de los Diputados convalidara los dos decretos-ley con medidas de apoyo a la banca, Zapatero también anunció que el fondo para comprar activos de «máxima» calidad a la banca española empezará a operar en noviembre.

Zapatero señaló que los dos decretos-ley son «coherentes» con la coordinación que España ha demandado de la UE, y también las medidas acordadas por el conjunto de los países de la Unión, tanto en las reuniones del Ecofin como del Eurogrupo y el Consejo Europeo.

El presidente aseguró asimismo que el Ejecutivo ha actuado «de acuerdo con la urgencia que requería la gravedad de la situación» y ha adoptado estos «remedios extraordinarios» a las circunstancias específicas.

El origen, en Estados Unidos

«El origen de las turbulencias financieras se sitúa en EE UU». Zapatero repitió esta idea en varias ocasiones a lo largo de su discurso. Las medidas adoptadas están destinadas a «restablecer la confianza» en la economía española, dijo el presidente. El objetivo es «poner a los bancos en situación de poder otorgar el crédito y la financiación necesarios, que son las únicas maneras de crear empleo».

La primera de las normas prevé la creación de un fondo de hasta 50.000 millones de euros para comprar activos a los bancos y eleva de 20.000 a 100.000 euros por cuenta y entidad el aval del Fondo de Garantía. La segunda, permite que el Ejecutivo otorgue avales a las entidades financieras por un máximo de 100.000 millones de euros.

Rajoy apoya por «responsabilidad» 

El presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, ha dado su visto bueno «por responsabilidad» a los dos decretos-leyes del Gobierno con medidas de apoyo a la banca, pero al mismo tiempo ha reclamado un plan de rescate para las familias y pequeñas empresas.

Durante su intervención en el debate en el Congreso de los Diputados, Rajoy ha asegurado que el efecto de las mencionadas iniciativas quedará «en nada» si no se acometen otras reformas «que se necesitan urgentemente».

El líder del PP pidió un mayor control institucional por parte del Banco de España 

Para el líder del principal partido de la oposición, resulta difícil explicar a la ciudadanía que es necesario «apuntalar con dinero público el sistema financiero» si al mismo tiempo no se ayuda a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo o a las familias «asfixiadas» por la hipoteca.

«Los ciudadanos miran con asombro cómo su gobierno les insta a poner encima de la mesa enormes cantidades de dinero, actuando como inversores y avalistas de entidades de crédito», ha dicho Rajoy, que ha pedido al Gobierno que no se olvide de las familias y pequeñas empresas.

Asimismo, reclama un mayor control institucional por parte del Banco de España que, entre otras cosas, deberá ser el agente y depositario del fondo de hasta 50.000 millones de euros para la adquisición de activos financieros.

El Gobierno traspone la directiva de servicios para suprimir cargas administrativas a las empresas.

17 Octubre 08. OTR Press

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la remisión a información pública del anteproyecto de ley que transpone la Directiva de Servicios en el mercado interior. El Gobierno considera que la transposición de esta directiva es una gran oportunidad para nuestro país teniendo en cuenta que las actividades de servicios representan un 68% del PIB español. El Ministerio de Economía asegura que la supresión de cargas administrativas que posibilitará la trasposición permitirá sumar tres décimas al crecimiento del PIB. El titular de Economía, Pedro Solbes, asegura que el «ambicioso reto» es conseguir «una administración más eficiente y menos burocrática que ayude a generar más empleo en el sector servicios en toda Europa».

El Gobierno considera que la trasposición en España de la directiva de servicios europea supone ofrecer más derechos y oportunidades a los ciudadanos españoles en una Europa «fuerte y consolidada». Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega la normativa ayudará a mejorar el crecimiento y la competitividad de la economía española teniendo en cuenta el peso del sector servicios en el PIB español(actualmente del 66,7%).

El ministro de Economía, Pedro Solbes dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la trasposición de esta directiva servirá para preparar a la economía europea y ayudarla a retomar la senda de crecimientos «con rapidez y de forma robusta». El ministro de Economía explicó que, en el caso español es mucho más que una mera trasposición ya que en España supone revisar 80 leyes estatales y más de 370 reales decretos.

Solbes asegura que el objetivo de la legislación es crear un entorno regulador más favorable y transparente para desarrollar actividades de servicios a nivel comunitario «reduciendo las trabas y los obstáculos que restrinjan injustificadamente la puesta en marcha de actividades de servicios»

El ministro de Economía explicó que la simplificación de trámites garantizará la rapidez de todos los procedimientos administrativos necesarios «reforzando los derechos y protección de los consumidores, modernizando la economía y facilitando la vida de los ciudadanos, con todos los beneficios para el empleo y la productividad que esto supone».

SUMAR TRES DECIMAS AL PIB

Según explicó esta mañana el secretario de Estado de Economía, David Vegara, esta normativa aumentará la competitividad de la economía nacional y entre cosas, permitirá sumar tres décimas al crecimiento del PIB, solo por el efecto dinamizador que supone la reducción de cargas administrativas.

La directiva, que previsiblemente entrará en vigor a lo largo de 2009, se verá completada por una ‘Ley Omnibus’, que contemplará la modificación de hasta 7.000 normas actualmente vigentes (80 leyes estatales, 370 con rango inferior y otras normas autonómicas y municipales) para su adecuación al nuevo marco.

Según precisó Vegara, la nueva normativa viene a corregir un marco regulatorio «ineficiente, restrictivo y poco transparente» que explica, por ejemplo, hasta seis décimas del actual diferencial de inflación, de un punto, respecto a la UE-15 y con él de gran parte del deterioro del comercio exterior.

NOVEDADES DE LA NORMATIVA

La principal novedad que aportará es el principio de libre acceso y ejercicio y la prohibición, por regla general, de las restricciones previas a la constitución y desarrollo de cualquier actividad, de modo que éstas se establecerán sólo cuando sean justificadas, proporcionadas y no discriminatorias, a modo de regulación a posteriori. Según este «nuevo enfoque» del marco regulatorio, sólo se establecerán restricciones previas, a modo de excepción, cuando las actividad a regular así lo requieran.

Además, por regla general, se sustituirán las autorizaciones por notificaciones, reduciendo así las trabas y obstáculos al acceso y ejercicio de una actividad. Asimismo, la nueva normativa prevé la simplificación de los trámites administrativos (en beneficio especialmente de las pymes) impulsando la ventanilla única, así como garantías de información a los ciudadanos.

Por otro lado, la normativa garantizará la calidad de la prestación a través del refuerzo de los servicios de inspección y control. En esta línea, se prevé reducir a un mes el plazo máximo para dar respuesta a las reclamaciones presentadas por parte de los consumidores.

La normativa afecta a prácticamente todos los sectores (desde establecimientos comerciales hasta entidades culturales pasando por servicios de reparación), y deja fuera a otros muy específicos que ya cuentan con sus propias directivas a nivel europeo (financiero, transporte, telecomunicaciones, audiovisuales) o a actividades como sanidad, servicios sociales o empresas de trabajo temporal.

Tras dejar claro que la directiva no supone ninguna reorganización competencial entre las administraciones, el secretario de Estado de Economía destacó la importancia de la colaboración de los distintos niveles de la administración. A nivel europeo, las autoridades competentes españolas también estarán obligadas a cooperar con los de los demás Estados miembros y con la Comisión Europea.

El Gobierno aprueba el nuevo régimen económico para las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica.

El Gobierno aprueba el nuevo régimen económico para las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica

29-09-2008
 
El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Real Decreto de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto que constituye la norma vigente por la que se regula esta actividad.
 

El desarrollo de este sector en España ha superado ampliamente las previsiones. En concreto el objetivo fijado para 2010 de alcanzar 371 MW fotovoltaicos fue conseguido en agosto de 2007, y se estima que la potencia instalada al final del año 2008 quintuplicará la potencia objetivo de 2010. Por tanto, una vez superado el objetivo, resulta necesario establecer un nuevo objetivo a más largo plazo y un nuevo marco jurídico que permita dar continuidad del éxito conseguido por este sector en España. Con este fin se aprobado un Real Decreto que permitirá alcanzar unos 3.000 MW en 2010 y alrededor de 10.000 MW en 2020.

Asimismo, se ha dado un impulso muy importante a las instalaciones sobre tejado frente a las grandes plantas sobre suelo, por sus mayores beneficios económicos y medioambientales.

En cuanto a la retribución, el fuerte desarrollo del sector conseguido en estos dos últimos años ha permitido una importante evolución en la curva de aprendizaje de esta tecnología, alcanzando una significativa reducción de costes. Así, se ha establecido una nueva tarifa con una reducción muy significativa frente a la actual, que será de aplicación únicamente a las nuevas plantas.

Esta propuesta de RD está en línea con la filosofía del Gobierno de conseguir, a través de la regulación, el desarrollo tecnológico que permita que las energías renovables representen un 20 por ciento de nuestro consumo de energía en 2020.

Novedades del Real Decreto

Las novedades introducidas por el Real Decreto aprobado son las siguientes:

•Contempla dos tipologías diferenciadas, suelo y techo (instaladas en edificios), y orienta la inversión privada hacia la tipología en techo por sus mayores beneficios económicos (en cuanto a reducción de pérdidas en la red, reducción de inversiones en infraestructuras) y medioambientales (mejor utilización del suelo y preservación de zonas con un potencial mayor valor natural).

•La nueva retribución es de 320 euros/MWh para suelo y 320 y 340 euros/MWh para techo (mayores y menores de 20 kW, respectivamente).

•Establece un mecanismo de “pre-registro”, de forma que una vez realizados determinados trámites administrativos (autorización administrativa, conexión, etc.), los proyectos se inscriben en un registro, asignándoles en ese momento una tarifa regulada que percibirán una vez esté finalizada la instalación.

•El “pre-registro” tendrá cuatro convocatorias anuales.

•La tarifa regulada de cada convocatoria se calculará en función de la demanda que haya existido en la convocatoria anterior, con bajadas de la retribución si se cubre el cupo completo. Asimismo, podría elevarse la tarifa si en dos convocatorias consecutivas no se alcanza el 50 por ciento del cupo.

•Las bajadas pueden ser de hasta el 10 por ciento anual.

•Beneficia a los consumidores al establecer una retribución ajustada a la curva de aprendizaje de la tecnología y beneficia a los inversores al aportar predictibilidad de las retribuciones futuras.

•Los cupos iniciales serán de 400 MW/año (dos tercios para las instalaciones en edificación y el resto para el suelo).

•Con la finalidad de establecer un régimen transitorio para suavizar la inercia de la industria fotovoltaica actual, se establecen unos cupos extraordinarios adicionales de 100 MW y 60 MW para 2009 y 2010, respectivamente, en suelo y se propondrán unos plazos reducidos para las dos primeras convocatorias.

•Los cupos anuales se incrementarán en la misma tasa porcentual en que se reduzca la retribución en el mismo período.

•Se establecerán mediante Orden Ministerial los requisitos técnicos y de calidad de las instalaciones para contribuir a la seguridad del sistema.

•El plazo de retribución para cada instalación es de 25 años, y la actualización anual de la retribución en función del IPC -0-25 ó -0,50, en ambos casos igual que en el anterior Real Decreto. 
 

Fuente: Ambientum (Mº de Industria, Turismo y Comercio)
 

Zapatero se reune con la Banca.

El presidente del Gobierno está reunido con representantes de las principales entidades. -Blesa aboga por «dar confianza»

EFE / ELPAÍS.com – Madrid – 06/10/2008

El presidente Zapatero afronta una intensa semana de contactos y entrevistas para intentar buscar salidas a la crisis. Hoy mismo, el jefe del Ejecutivo español se está reunido desde las 17.00 en el Palacio de la Moncloa con presidentes de bancos y cajas de ahorro con el objetivo de analizar la situación del sistema financiero español ante la actual situación económica y prevé hacer lo propio el viernes con el Jefe de Estado francés, Nicolas Sarkozy.

 

Miguel Blesa: «Hay que hacer un esfuerzo entre todos para dar confianza»

AUDIO – Cadena Ser – 06-10-2008

El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se mostró hoy partidario de que la banca española «realice un esfuerzo para reactivar la confianza de la sociedad y evitar alarmas innecesarias» sobre la situación del sistema financiero español. –

 José Luis Rodríguez Zapatero

A FONDO

Nacimiento:
04-08-1960
Lugar:
(Valladolid)

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A la reunión asisten representantes del Banco de Santander, BBVA, Banco Popular, Cajamadrid, La Caixa y Unicaja. Sólo en el caso del Santander acude el consejero delegado. La intención de Zapatero, según las fuentes citadas, es escuchar de boca de los representantes de estas entidades el diagnóstico que hacen de la situación.

Cuestión de confianza

Precisamente, Miguel Blesa, presidente de Cajamadrid, ha señalado esta mañana que en el contexto actual de crisis es necesario «dar confianza al sector empresarial y financiero» español y ha defendido que «no hay que tener miedo ni ser alarmista». «No sabemos lo que nos va a pedir Zapatero esta tarde, vamos a escuchar», ha explicado.

La cita de esta tarde abre una semana cargada de compromisos para el gobierno en su intento de transmitir seguridad ante la crisis. La intención del Ejecutivo es concretar también la reunión entre Zapatero y el líder del PP, Mariano Rajoy, que irá precedida de un encuentro entre el ministro de Economía, Pedro Solbes y una delegación de los populares encabezada por Cristóbal Montoro.

Además, el presidente del Gobierno tiene intención de reunirse también con los representantes de los agentes sociales. Tanto el Gobierno como diversos analistas han destacado en los últimos días la fortaleza del sistema financiero español, que se encuentra más protegido que otras entidades europeas que han tenido que ser rescatadas por los Estados.

Cita con Sarkozy

De cara al final de semana, Zapatero se desplazará el viernes a París para almorzar con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien quiere intercambiar puntos de vista con él antes del próximo Consejo Europeo, donde la crisis financiera internacional ocupará un papel relevante, han informado fuentes gubernamentales españolas.

La invitación de Sarkozy llegó ayer por la tarde y el presidente del Gobierno aceptó reunirse con él, ya que el encuentro tendría lugar después de que se hubieran reunido los ministros de Economía de la UE. Según las mismas fuentes, la invitación de Sarkozy llega después de que Francia haya percibido por los medios de comunicación españoles que en el Gobierno español había causado «malestar» la reunión convocada por Sarkozy entre los países europeos que integran el G-8 (Francia, Alemania, Reino Unido e Italia).

Las mismas fuentes han indicado que Sarkozy propuso a Zapatero, antes de que este viajara a San Petersburgo la semana pasada, verse con él en estos días y Zapatero le respondió que prefería esperar a que se reuniera el Ecofin.

El Ministerio de Vivienda aborda esta legislatura con el reto de apoyar los pactos de vivienda de las comunidades autónomas.

El Ministerio de Vivienda aborda esta legislatura con el reto de apoyar los pactos de vivienda de las comunidades autónomas

El secretario general del ministerio de Vivienda, Javier Eugenio Ramos Guallart, junto a la directora general de la Vivienda de Castilla-La Mancha, Rosa Jiménez, durante la clausura del Encuentro Internacional +Vivienda Protegida celebrado en Toledo.

El secretario general del Ministerio de Vivienda, Javier Eugenio Ramos Guallart, aseguró que el Ejecutivo nacional aborda esta legislatura “con un reto importante como es apoyar los pactos de vivienda de las comunidades autónomas, reducir el tiempo de acceso a las mismas y fomentar la cultura del alquiler” . Ramos Guallart realizó estas afirmaciones durante la clausura del Encuentro Internacional +Vivienda Protegida celebrado en Toledo y organizado por la Dirección General de la Vivienda de JCCM en colaboración con la Fundación +SUMA.

El responsable ministerial avanzó que “hay en marcha una revolución, similar a la industrial, que propugna encambio de hábitos del modelo de urbanismo, porque estamos pagando los excesos” . En este sentido, auguró que “se avecinan años de ajuste que afectarán a todos los sectores implicados en la vivienda”.

“La vivienda protegida, que ha sido la hermana fea durante mucho tiempo, es ahora un ejemplo a seguir para el sector privado por la alta calidad que las construcciones de este tipo han alcanzado y por ser una alternativa de futuro para garantizar el acceso a la vivienda de los ciudadanos” , subrayó Ramos Guallart.

Ante la situación actual, el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria celebrada el pasado día 14 de agosto, aprobó, a propuesta de los ministros de Justicia y de Vivienda, el Anteproyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas y la Eficiencia Energética de los Edificios. El cambio normativo viene motivado por la necesidad de dar un mayor impulso al mercado del alquiler en España, especialmente a través de medidas destinadas a fortalecer la seguridad jurídica de las partes y a incrementar la oferta de viviendas en régimen de alquiler.

Partiendo de esta premisa, las reformas introducidas por el Anteproyecto de Ley tienen como finalidad agilizar los procesos judiciales de desahucio y de reclamación de rentas derivadas del alquiler. Asimismo, va a permitir que las comunidades de propietarios adopten con más facilidad acuerdos para la realización de obras y la instalación de equipos o sistemas que mejoren la eficiencia energética de los edificios.

El Anteproyecto, que será sometido a consultas y a diversos informes antes de que el Gobierno lo apruebe definitivamente y lo remita a las Cortes, va a introducir cambios en tres Leyes: la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Propiedad Horizontal.[]

Cooperación entre el Gobierno y la FEMP para intensificar la lucha contra la violencia de género


La FEMP y el Ministerio de Igualdad firmarán en este año un convenio de colaboración para intensificar la lucha contra la violencia de género desde los Gobiernos Locles. Así lo han acordado el Presidente de la FEMP, Pedro Castro, y la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en una entrevista mantenida el 28 de agosto en Madrid.

Ambos calificaron esta reunión como “muy positiva”, ya que en ella se han sentado las bases de una colaboración más estrecha e intensa entre los Gobiernos Locales y el Gobierno de España.

El convenio de colaboración que acordaron poner en marcha se basará en dos líneas de actuación. Por un lado, medidas dirigidas contra la violencia de género, y por otro, las políticas activas de empleo para las mujeres.

El acuerdo hará especial hincapié en la prevención de la violencia de género en los municipios, sobre todo en el mundo rural, mediante la aplicación de medidas que fomenten la formación específica de´miembros de la policía local y de los servicios sociales municipales.

La segunda línea de acción es la puesta en marcha de políticas activas de empleo para las mujeres a través de cursos de capacitación y formación que les permitan acceder al mercado laborar en igualdad de oportunidades y alcanzar la autonomía personal que les permita vivir sin dependencias.

En este sentido, el Presidente de la FEMP apostó, en su comparecencia ante los medios de comunicación, por la «discriminación positiva», y consideró «vital» que las mujeres estén formadas para poder acceder a cualquier puesto laboral sin que exista discriminación por cuestión de sexo.

Castro recalcó que lo que se pretende es que «no haya ningún municipio, por pequeño que sea, en el que una mujer no esté capacitada para optar a un puesto de trabajo».

Finalmente, respecto a la financiación de estas medidas, el Presidentede la FEMP afirmó que el Ministerio cuantificará el coste de las mismas y las financiará.


Zapatero anuncia nuevas medidas para recolocar a los parados de la construcción

POLÍTICA

El presidente comparecerá en el Congreso el día 10 para explicar la situación económica

 

EL PLURAL / EFE

José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que el Gobierno adoptará nuevas medidas para recolocar a los trabajadores de la construcción. Los detalles los dará a conocer el próximo día en su comparecencia en el Congreso para explicar la situación económica.

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El presidente del Gobierno, que ha comparecido ante los periodistas tras reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moo, ha asegurado que el dato del paro conocido hoy es «objetivamente malo» y supone una muestra más del «evidente proceso de frenazo y estancamiento de las economías europea y española».

Agentes sociales
Zapatero explicará en su comparecencia en el Congreso las medidas ya adoptadas y pondrá sobre la mesa otras singulares sobre «políticas activas de empleo pensadas para trabajadores de la construcción» que han perdido su trabajo. Según aclaró a los periodistas, el Gobierno evalúa estas medidas con los agentes sociales, con los que mañana se reúne el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en el marco del diálogo social.

Inicio del nuevo período de sesiones
La sesión monográfica sobre economía que se celebrará a petición del Gobierno se antepone a la primera sesión de control al Ejecutivo del presente periodo de sesiones, que, de acuerdo con la planificación de Bono, iba a pasar de los miércoles por la tarde a los miércoles por la mañana. Como está previsto que la sesión sobre economía del próximo día 10 tenga una amplia duración, fuentes parlamentarias presentes en la Junta de Portavoces han indicado que la sesión de control al Gobierno de la semana que viene tendrá lugar el jueves por la mañana.

Segunda comparecencia sobre economía
La comparecencia de Zapatero, que él mismo anunció ayer, será la segunda que efectúe desde las elecciones generales del pasado mes de marzo, ya que antes de las vacaciones de verano el presidente del Gobierno se vio obligado a comparecer en una sesión plenaria del Congreso por las actuaciones de su Gabinete en materia económica. Entonces, fue una intervención propiciada por el resto de los grupos, menos el PSOE, que se quedó solo en la oposición a la asistencia de Zapatero.

Paquete de medidas
Esta segunda comparecencia se produce casi un mes después de que el Gobierno interrumpiera el descanso estival para celebrar un Consejo de Ministros extraordinario, íntegramente dedicado a afrontar la situación económica. Zapatero anunció entonces la puesta en marcha de un amplio paquete de medidas para hacer frente a la coyuntura. Tal y como dijo el mismo jefe del Ejecutivo, quiere debatir sobre los efectos de esas iniciativas, «muy especialmente» sobre las relativas a las políticas de empleo.

El Gobierno se «pone las pilas» ante la crisis.

Redacción fotocasa.es , 21/08/2008, 13:38 h

 

El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Justicia y de Vivienda, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas.

 

Este cambio normativo está motivado por la necesidad de dar un mayor impulso al mercado del alquiler en España, especialmente a través de medidas destinadas a fortalecer la seguridad jurídica de las partes y a incrementar la oferta de viviendas en régimen de alquiler.

 

Así, las reformas introducidas por el Anteproyecto de Ley tienen como finalidad agilizar los procesos judiciales de desahucio y de reclamación de rentas derivadas del alquiler. Además, permitirá que las comunidades de propietarios adopten con más facilidad acuerdos para la realización de obras y la instalación de equipos o sistemas que mejoren la eficiencia energética de los edificios.

 

El anteproyecto, que será sometido a consultas y a diversos informes antes de que el Gobierno lo apruebe definitivamente y lo remita a las Cortes, introducirá cambios en tres Leyes: la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Enjuiciamiento Civil y la de Propiedad Horizontal.

 

En el caso de la Ley de Arrendamientos Urbanos se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. En la actualidad, el propietario sólo puede rescindir el contrato en el caso de que necesite ocupar la vivienda para uso propio. El Anteproyecto de Ley extiende este derecho para sus familiares en primer grado de consanguinidad (padres o hijos).

 

En el caso de los procesos judiciales, la solicitud del desahucio o el abono de rentas adeudadas terminan siendo largos y onerosos para las partes. Así, el Anteproyecto de Ley de Medidas adopta una serie de cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil que dan más agilidad e imprimen más eficacia a las causas. Estos cambios se hacen siguiendo dos premisas básicas: dar mayor seguridad jurídica a los arrendadores y salvaguardar los derechos de los inquilinos de buena fe.

 

El presidente de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Santiago Baena, valora positivamente que se agilicen los procesos de desahucio y el cobro de impagados, ya que hasta ahora «echar al mal pagador era un proceso largo y costoso y recuperar las cantidades adeudadas era imposible». No obstante, Baena sostiene que la crisis financiera que ha agudizado la desaceleración del sector inmobiliario «no se arregla con reformas jurídicas», por lo que demanda medidas para solventar la crisis de confianza que atraviesa la banca y que ha provocado una falta de liquidez a nivel internacional y un parón en los créditos a familias y empresas.

 

Por otra parte, se establece que la sentencia de condena al pago de rentas debidas incluya también las rentas que se hayan dejado de pagar con posterioridad al momento en que el arrendador interpuso la demanda. Actualmente, estas resoluciones judiciales sólo obligan al pago de las rentas no satisfechas hasta que se ha interpuesto la demanda, de manera que si desde ese momento se acumulan nuevas mensualidades sin pagar, el arrendador se ve obligado a ir de nuevo a juicio.
Otras medidas

Por otro lado, el Gobierno planea que la banca pueda emitir cédulas y bonos hipotecarios que estén respaldados por créditos para construcción de viviendas en alquiler y Vivienda de Protección Oficial (VPO), con el objetivo de que las entidades aumenten la financiación a promotores que se decanten por este negocio.

 

El Consejo de Ministros estudia la modificación de la normativa que regula las emisiones de estos títulos de deuda hipotecaria, que al ser vendidos a los inversores permiten a las entidades financieras encontrar financiación para seguir concediendo créditos hipotecarios.

 

Según la referencia oficial del Consejo de Ministros, «al ampliar la posibilidad de refinanciación a través del mercado de capitales de este tipo de préstamos, se facilita que las entidades de crédito puedan concederlos con condiciones más favorables, redundando en unos menores costes para la construcción de vivienda en alquiler».

El desierto avanza sobre España.

La sequía extrema acecha al 37% del territorio – El Gobierno tarda cinco años en aprobar el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación

E. DE BENITO – Madrid – 20/08/2008

España se seca. Un 18% del territorio corre un riesgo alto o muy alto de desertificación; otro 19%, un peligro medio. Ésa es la realidad y el punto de partida del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAND) del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que acaba de entrar en vigor tras su publicación ayer en el BOE. La iniciativa, sin nueva dotación presupuestaria, llevaba desde 2003 en manos del Gobierno, cuando la sequía acechaba a un 31% de la superficie, y ya entonces acumulaba un importante retraso. Ahora la amenaza de la desertificación alcanza el 37%.

 

El Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación

DOCUMENTO (PDF – 8,33Mb) – 20-08-2008

 

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Ya en 1996 la Administración se comprometió a tomar medidas

España firmó junto con otros 70 países el Convenio de Naciones Unidas vigente desde 1996 que obligaba a diseñar planes nacionales para combatir lo que era obvio; que la sobreexplotación de los recursos, el cambio en la agricultura y lo que entonces se esbozaba como un inicio del calentamiento global estaba cambiando el paisaje. Once años después, en 2007, se presentó sin los deberes hechos en la cumbre mundial sobre desertificación que acogió Madrid. El documento que ahora presenta, de 262 páginas, parte de una radiografía clara de la situación. Las zonas más problemáticas son las cuatro Islas Canarias orientales (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), Murcia, Alicante, Almería y el este de Castilla-La Mancha (Albacete y Ciudad Real). Ninguna sorpresa. Todas coinciden con aquéllas, también recogidas en el informe, en las que se ha observado una mayor sobreexplotación y salinización de los acuíferos. Tanto que los científicos de la Unesco han debatido retirar la catalogación de Zona de Interés a las Tablas de Daimiel.

Tampoco sorprenden las medidas propuestas. La parte más concreta del texto trata de la recuperación de la cubierta vegetal y de los cauces de los ríos, primeras medidas para combatir el avance del desierto. Para ello se sugiere lo siguiente: «Repoblación forestal con especies autóctonas» para «contribuir a la reconstrucción de una vegetación estable y madura con respecto a las condiciones del lugar» y «tratamientos selvícolas de las masas forestales protectoras existentes» para «mejorar el tamaño, la densidad y la cobertura del suelo que proporciona la vegetación, garantizando su estabilidad, calidad y diversidad». Se propone además la «gestión del matorral mediterráneo», la «ordenación del pastoreo», la protección de los «buenos suelos productivos» o los «suelos en cultivos de áreas de montaña mantenidos por razones sociales», y la construcción de «diques y otras obras de estabilización de cauces torrenciales».

Las explotaciones deberán presentar planes de sostenibilidad. El programa estipula condiciones para el manejo de pastos y rastrojos, matorrales, qué superficies se pueden arar y cuáles no. También se estipula un número de animales para cada superficie, con el objetivo de evitar la sobreexplotación.

El objetivo no es sólo estético (si se puede considerar así la predilección de un paisaje más verde frente a otro más seco). La falta de una vegetación estable, que nunca podrá ser demasiado frondosa por el régimen de lluvias del sureste español, tiene consecuencias directas en el aprovechamiento del terreno.

El informe recoge los datos, aún incompletos, de la pérdida de suelo según el tipo de vegetación o cultivo. La erosión es un problema asociado a la desertificación: la agrava y acelera. En este caso, el mapa correspondiente muestra las mayores tasas en el valle del Guadalquivir, aunque toda España se ve moteada por los puntos rojos que indican pérdidas de más de 25 toneladas de suelo por hectárea al año, siendo las más afectadas las zonas con cultivos arbóreos y viñedos de secano, y las que menos, las que tienen un arbolado más frondoso.

En el documento se recogen partidas ya invertidas en el Plan Hidrológico Nacional y el de Desarrollo Rural, pero no se da una cifra de lo que costará. Sólo en esos dos campos la inversión llegará a los 26.000 millones de euros, aunque no toda tendrá que ser una nueva aportación, porque parte ya estaba presupuestada en esos planes.

Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, destacó «el retraso en la aprobación pese a ser uno de los países más afectados por la desertificación». «El plan no aborda la pérdida de suelo fértil por la urbanización masiva. Se está infravalorando el impacto del urbanismo en la desertificación», dijo. Y concluyó: «Llega tarde y es insuficiente pero es mejor que nada, ya que sí aborda algunas prácticas agrarias que provocan desertificación».

Iniciativas nuevas y antiguas

La lucha contra la desertificación no se puede abordar sólo desde el Gobierno central. El nuevo programa incluye iniciativas que ya estaban en marcha y otras de nueva creación. Éstas son algunas.

– Plan Hidrológico Nacional. La gestión del agua es clave. Sus actuaciones se centran en dos aspectos: modernización de regadíos, para consumir menos y mejor, y la restauración hidrológico-forestal (repoblaciones, limpieza de cauces). Las partidas para 2008-2010 suman 6.533 millones de euros.

– Observatorio de la desertificación. De nueva creación, será el encargado de vigilar, alertar y diseñar actuaciones para corregir las situaciones que se vayan detectando. Estará compuesto por «miembros de las administraciones públicas, estatales y autonómicas, grupos sociales, profesionales, técnicos y científicos».

– Plan de Gestión Agroambiental. Todas las explotaciones deberán presentar a las comunidades este plan. En él, se indicará la explotación de los rastrojos, se incluye la prohibición de roturar en zonas con más del 10% de pendiente, o limitar el número de animales por hectárea.

EL MINISTRO SOLBES PIDE A LAS EMPRESAS QUE INVIERTAN «ANTES DE REPARTIR BENEFICIOS» PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS QUE EN ESPAÑA «ROZA EL LARGUERO», DICE

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, rechaza que el país se haya paralizado por la crisis y prevé un crecimiento «algo mejor» en el tercer trimestre, e insiste en que ahora es necesaria la moderación salarial y que las empresas inviertan en lugar de repartir beneficios.

Solbes reconoce que la economía española está «rozando el larguero» de la recesión pero, asegura, no llegará a sufrirla, y cree que «tan importante o más» que tomar medidas para paliar la crisis es seguir «modernizando el país» y corregir sus desequilibrios para que cuando lleguen épocas mejores se vuelva a registrar un crecimiento elevado. Informa EFE.

Petroleo más barato. Además, está convencido de que la rebaja fiscal de 400 euros va a tener un impacto positivo «claro» en el consumo privado, y así se va a notar en este tercer trimestre. Este efecto y otros factores como las recientes bajadas del precio del petróleo, otras rebajas fiscales como la del Impuesto sobre Sociedades y el «buen año agrícola» ayudarán, en su opinión, a que en el tercer trimestre haya un aumento del PIB «algo mejor» al registrado entre abril y junio, que fue de sólo del 0,1 por ciento intertrimestral y del 1,8 por ciento interanual.

Vacaciones con menos alegría. «Cuando veo el comportamiento de la gente a lo largo del verano es verdad que no existe la alegría de otros años, pero tampoco hay una sensación de paralización del país», señala el ministro de Economía, para quien lo importante es «no perder este tiempo» con medidas puntuales sino impulsar otras «estructurales» que refuercen los cimientos económicos de cara al futuro. En cualquier caso, insiste en recordar que la batalla contra la crisis no la, debe librar sólo el Gobierno, y que empresarios, trabajadores y ciudadanos en general deben adaptarse a la nueva coyuntura.

Negociación salarial. «Todos hemos estado subidos al carro de trece años de crecimiento», pero ahora las circunstancias «han cambiado» y hay que hacer las cosas «de otra forma», añade. A los primeros a los que dirige este mensaje es a los empresarios, a los que recuerda que «no tiene sentido» que repartan beneficios de la forma en que lo hicieron en los años de bonanza y ahora es «importantísimo» que inviertan en sus actividades para impulsar el crecimiento. A los trabajadores les recuerda que lo importante es mantener el empleo, y pide que esa premisa se tenga en cuenta en la negociación salarial. «No hay que trazar grandes líneas aplicables automáticamente a todos, sino tener un comportamiento de moderación salarial. Eso hay que defenderlo en función de la situación de cada empresa», concluye.

El Gobierno aprueba la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y 24 reformas destinadas a la recuperación económica

jueves, 14 de agosto de 2008

 

El presidente del Gobierno ha comparecido tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado hoy para explicar el programa de reformas económicas que se centran en seis sectores estratégicos: financiación de pequeñas y medianas empresas, vivienda, transporte, energía, cambio climático, telecomunicaciones y sociedad de la información, y servicios. Estas reformas se llevarán a cabo en 2008 y 2009 y su finalidad es ayudar a las familias y a las empresas y preparar la recuperación económica.

 

 José Luis Rodríguez Zapatero comenzó su intervención reconociendo el «estancamiento y frenazo» de la situación económica internacional y su efecto en España, y subrayó que desde el primer día de la legislatura y dentro del margen de sus posibilidades, el Gobierno viene trabajando para paliar estos efectos.

«Tenemos una situación económica difícil», dijo, pero también tenemos «fortaleza», prueba de ello es que estamos resistiendo mejor que los países de la Unión Europea.

En este sentido detalló que, según los datos conocidos hoy, en el segundo semestre de 2008 la economía ha decrecido en la zona euro (-0,2%), y en el conjunto de la Unión Europea (-0,1%), mientras que en España ha crecido (0,1%).

El Consejo de Ministros extraordinario de hoy, explicó el Presidente, ha concretado compromisos ya enunciados, adoptado nuevas iniciativas y tomado en consideración otras futuras medidas con el objetivo de continuar con la «agenda permanente de reformas económicas» destinadas a impulsar la recuperación y a mantener las políticas sociales.

Medidas adoptadas

El jefe del Ejecutivo anunció que se ha remitido al Parlamento el Proyecto de Ley por el que se suprime el Impuesto sobre el Patrimonio con efectos desde el 1de enero de 2008. Esto representa una mejora fiscal de 1.800 millones de euros para alrededor de un millón de contribuyentes.

También se ha acordado modificar el sistema de devoluciones del IVA que desde enero de 2009 será mensual y supondrá que 1,2 millones de empresas ingresarán en torno a 6.000 millones de euros de manera anticipada durante 2009. Las principales beneficiadas serán las empresas de nueva creación y las que realicen inversiones, especificó el Presidente.

Ambas medidas supondrán una inyección de liquidez a la economía de 7.800 millones de euros, añadió Rodríguez Zapatero.

En este Proyecto de Ley se han recogido, además, los compromisos acordados el pasado mes de junio entre el Gobierno y el sector del transporte por carretera para paliar los efectos de la subida del precio del petróleo en este sector.

El Proyecto de Ley también determina el tipo aplicable al impuesto de matriculación de las motocicletas en función de la emisión de CO2.

PYMES y Vivienda

La vivienda protegida y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) contarán con 20.000 millones de euros de financiación adicional en 2009 y 2010.

El Presidente anunció que se mantendrán en 2009 y 2010 los avales destinados a facilitar la financiación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y, además, que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) renovará la mediación para su financiación por un importe máximo de dos mil millones de euros en 2009 y otros tantos en 2010.

Para facilitar vivienda a las familias e impulsar el sector, el ICO renovará en 2009 y 2010 la línea de avales por un importe de cinco mil millones de euros en cada ejercicio.

Con el fin de potenciar el mercado de alquiler de viviendas se introducirán reformas legales en favor de los arrendatarios al reducir los trámites en caso de desahucio e impago de rentas, aumentar los supuestos de cancelación de contratos de alquiler y facilitar los acuerdos en las comunidades de propietarios para efectuar obras o reformas.

Como apoyo a la inversión en viviendas y obra pública, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha presentado un informe para reducir sustancialmente, a no más de seis meses, el tiempo de valoración para declarar el impacto medioambiental de una obra. Actualmente, según ha comentado el Presidente, la media el tiempo es de 760 días y hay más de 3.000 obras sometidas a evaluación.

Además, antes del 31 de diciembre de este año, deberán presentarse una serie de propuestas que afectan a varios ministerios y que tienen que ver con el impulso a la renovación y rehabilitación de edificios y viviendas, a su eficiencia energética y al Plan Renove de infraestructuras hoteleras.

Impulso a la economía

El Impulso al transporte de mercancías por ferrocarril, la reforma completa de un nuevo modelo de gestión aeroportuaria, el impulso en la aplicación de las líneas estratégicas de lucha contra el cambio climático, la dinamización del sector de las telecomunicaciones, la reducción de trámites administrativos, la rebaja de aranceles de registradores y notarios y la mejora de la competencia del sector servicios forman parte también de las 24 medidas aprobadas por el Ejecutivo para incentivar la actividad económica.

Acuerdo sobre el diálogo social

El Gobierno abordó en su reunión el Acuerdo alcanzado con los agentes sociales a finales del pasado mes de julio y ha decidido entregarles el próximo día 3 de septiembre la «hoja de ruta» para la reforma de la formación profesional.

La otra gran prioridad de la «hoja de ruta» del diálogo social es «mejorar y fortalecer las políticas activas de empleo» y ser más eficaces a la hora de recolocar a los trabajadores desempleados, especialmente a los de la construcción que son los más afectados, ha declarado el Presidente.

En este punto el Presidente recordó que el Gobierno ha mantenido sus compromisos sociales para 2008 y que lo hará en 2009. Como ejemplo citó, entre otros, las 400.000 familias que han recibido la ayuda por nacimiento o adopción de hijo, los 325.000 permisos de paternidad, las 325.000 situaciones de dependencia reconocidas o las 70.000 rentas de emancipación reconocidas a los jóvenes.

Financiación autonómica

A preguntas de los periodistas, el Presidente se mostró confiado en alcanzar un acuerdo sobre la financiación con todas las Comunidades Autónomas porque la propuesta realizada por el Vicepresidente económico, Pedro Solbes, supone su mejora.

Además, es positivo, como defendía el Ejecutivo, que todo el mundo asuma ahora la necesidad de modificar el modelo de financiación aprobado en 2001, añadió.

Sobre el Estatuto de Cataluña subrayó que el Gobierno lo cumple con rigor, como ocurre con cualquier otro Estatuto, y aclaró que la Ley Orgánica que lo aprobó determina un plazo de dos años para llegar a un acuerdo y eso es lo que aún no se ha producido, pero no por causa del Gobierno que ya ha presentado su propuesta de financiación.

No obstante, mostró su deseo de seguir dialogando y trabajando para conseguir el acuerdo.

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Hacienda ha pagado a los nuevos padres españoles algo más de 1.000 millones de euros

CADENASER.com   07-08-2008

La Agencia Tributaria ha pagado algo más de 1.000 millones de euros a las 401.371 familias que han recibido la paga de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijos hasta el 30 de junio de 2008.

 

Andalucía, Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas con mayor número de familias beneficiadas por la ayuda prometida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la anterior legislatura.

El ‘cheque-bebé’ se paga a los padres de aquellos niños, tanto naturales como adoptados, que hayan nacido a partir d del 3 de julio de 2007. Existe un modelo impreso disponible en las oficinas de la Agencia Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social y en las páginas web de ambos, para solitar el cheque