A pesar de que las normas europeas apuntan a su drástica reducción, los vertederos recogen la mitad de los residuos urbanos, en algunos casos de forma irregular y con problemas de saturación
La imagen de Nápoles inundada de residuos puede parecer un caso extremo, pero da cuenta de un problema que crece y se amontona sin cesar, de manera especial en los vertederos. Y es que con un escaso 10% de reciclaje general , en ellos se tira hasta la conciencia ecológica de nuestra sociedad. La legislación europea establece que los vertederos deben ser la última opción para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) y apunta a 2009 para reducir a la mitad la basura orgánica respecto a 1995. Sin embargo, según los últimos datos oficiales disponibles, de 2005, cada español genera al día 1,4 kilos de RSU (en total, más de 25 millones de toneladas), una cantidad que ha crecido un 46% en la última década. La mitad acaba en el vertedero.
Bien es verdad que estas instalaciones nada tienen que ver con aquellos lugares en los que se abandonaban los residuos sin ningún control, con los consecuentes riesgos para el medio ambiente y la salud. En la actualidad, son depósitos en la superficie o bajo tierra impermeabilizados y vigilados, con sofisticados sistemas de control para los lixiviados (líquidos nocivos generados en el propio vertedero) y gases tóxicos que emiten. En algunos casos incorporan incluso tecnologías que aprovechan estos gases para la generación de energía.
Asimismo, la legislación especifica el tipo de residuos que pueden aceptar y rechazar, así como su ubicación, lejos de zonas habitadas o con riesgo de alto impacto ambiental. En este sentido, desde la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), se afirma que la eliminación controlada de residuos en vertedero es un procedimiento de gestión que cuenta con la suficiente normativa.
Una vez que ya se tiene previsto el cierre de un vertedero, se regulan diversas actuaciones para evitar su impacto ambiental. En este caso, se suelen llevar a cabo planes de vigilancia post-sellado y clausura, medidas de revegetación y de recuperación para su uso agrícola e incluso lúdico (conversión en parques o instalaciones deportivas).
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente (hoy también del Medio Rural y Marino) (MMA) presentaba el año pasado el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), que se marca hasta 2015 unos objetivos para adaptarse a las directrices de la Unión Europea en esta materia.
Problemas de los vertederos
El Observatorio de la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS) sobre Vertederos Controlados de residuos no peligrosos, peligrosos e inertes (2005-2007) no deja en muy buen lugar el funcionamiento de estas instalaciones en España. Entre las diversas conclusiones, afirma que la valorización del gas de vertedero es aún muy insuficiente, aunque reconoce un «lento» avance; se realizan pocos controles ambientales; el drenaje de los lixiviados es aún inadecuado en muchos casos; el revestimiento de los vertederos puede resultar insuficiente; se necesitan más medidas para reducir la cantidad de materia orgánica depositada en vertedero y los vertederos de menor tamaño son los que más incumplimientos registran.
Asimismo, los responsables de ATEGRUS aseveran que el vertido será la principal solución ante los residuos, ya que continúa la tendencia de construir vertederos provinciales o supra-comarcales más grandes y cerrar los vertederos más pequeños.
Sin embargo, otros expertos también advierten de que algunos de estos vertederos se encuentran llenos, aunque siguen funcionando, y apuntan a la Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia como los lugares donde se concentran la mayoría de los vertederos saturados. Asimismo, también se alerta de que la numerosa legislación europea, nacional y autonómica es compleja, e incluso, a menudo confusa, y no ha sido desarrollada de manera efectiva, lo que representa un obstáculo para poner en marcha su aplicación real.
Vertederos ilegales y disparidad de datos
La falta de información actualizada y contrastada es otro de los problemas que impide conocer con exactitud su situación real. Un ejemplo de ello es el número de vertederos que hay en nuestro país. Según datos del Ministerio, a finales de 2006 se contabilizaban 869 vertederos activos en España, de los que veinte se destinaron a residuos peligrosos, 248 a no peligrosos y 601 a inertes y otros. Por su parte, ATEGRUS afirma que en 2007 había en España 415 vertederos controlados, de los que catorce recogieron residuos peligrosos, 207 residuos no peligrosos y 194 residuos inertes.
En cuanto a los vertederos incontrolados, salvajes o no autorizados, la disparidad de los datos también es evidente. Ecologistas en Acción alaba el esfuerzo que el MMA ha hecho desde el año 2000 para eliminarlos y reconoce que se han reducido mucho, pero sostiene que en 2005 había entre 4.000 y 90.000, «dependiendo de las fuentes consultadas».
Este problema en la verificación de datos es un elemento más que pone en evidencia, como subrayan diversos expertos, la falta de coordinación entre las distintas administraciones responsables. Desde el propio ministerio admiten que las tarifas que se cobran por los residuos urbanos registran importantes diferencias de unas comunidades a otras e incluso en distintas instalaciones de una misma comunidad, con un rango que puede ir de los 10 a los 60 euros. En algunos casos, los precios incluso no cubren todos los costes de vertido.
Qué pueden hacer los consumidores
La jerarquía general en la gestión de los residuos establece cinco pasos, de más a menos importante: minimización, reutilización, recuperación, valorización y eliminación. Por lo tanto, los consumidores deben concienciarse para reducir en todo lo posible su generación de residuos (el único residuo que no impacta al medio ambiente es el que no se genera); reutilizar antes de tirar; y, en tal caso, asumir el objetivo del «vertido cero», es decir, que los vertederos reciban únicamente los residuos que no se puedan reciclar.
Asimismo, los consumidores también pueden exigir a sus responsables institucionales, tanto locales, como autonómicos, nacionales y europeos, que asuman y apliquen sin ambigüedades las normativas sobre gestión de residuos. Para ello deben asumir las medidas necesarias y permitir un mayor acceso a la información sobre este campo.
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