La derecha política y económica, de nuevo en el monte.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

  • CARLOS CARNICERO

    27/07/2009

El Zumbido

Que el presidente de los empresarios, Gerardo Díaz Ferrán, afirme en una entrevista en El País “que ojala se le pase pronto el berrinche al presidente” indica varias cosas de la personalidad de quien fue propietario de Aerolíneas Argentinas, en donde dejó plantada la sospecha de una descapitalización que está siendo investigada por las autoridades argentinas. Entonces, el Gobierno de España, a través de la embajada, se dejó la piel en defenderle, incluso lo que podría considerarse indefendible. Quizá para que no le diera un berrinche al presidente de la CEOE. Hablar en esos términos del presidente del Gobierno indica un talante y una forma de entender la democracia.

 la “reforma laboral” como condición y motivo de la ruptura de las negociaciones, el presidente de la CEOE pretende que han sido los sindicatos y el Gobierno de forma concertada quienes han dinamitado la negociación.

Hay que tener un plan en la cabeza para ponerse enfrente de los sindicatos y del Boletín Oficial del Estado, sobre todo cuando quien gobierna ha hecho enormes esfuerzos para que el crédito llegue a las empresas con la obstrucción de algunos bancos que inexplicablemente no dan salida a las partidas del ICO y a las medidas para garantizar la fluidez del dinero.

Si lo ocurrido obedece a un plan concertado entre el PP y la CEOE habrán cometido ambos un error estratégico de muy cortas miras. Si la obsesión de ambos es que la derecha recupere el Gobierno de España, se les va a ver el plumero y promoverá una reacción distinta de la que pretenden, que sin duda es el desgaste del Gobierno aunque ello lleve consigo un empeoramiento de la situación económica.

La frase de Díaz Fernán, cuando pensaba que el micrófono estaba cerrado, afirmando por comparación con José Luis Rodríguez Zapatero que la que era “cojonuda” es Esperanza Aguirre” revela una posicionamiento político claro y explicaría por sí sólo lo que acaba de ocurrir.

Quizá Díaz Ferrán no se de cuenta de que puede ocurrir un hartazgo de la mayoría de los españoles al comprobar que todas las medidas de apoyo a la Banca, a las Cajas de Ahorro y a las PYMES y también a los grandes sectores industriales, tiene como respuesta la guerra declarada por la CEOE.

En esas condiciones, unidos el Gobierno y los sindicatos, la CEOE se sentirá arropada por el PP, pero el horizonte que tiene enfrente es el de la indignación de muchos ciudadanos por una actitud tan irresponsable del jefe de los grandes empresarios españoles que durante los últimos quince años no han parado de acumular beneficios sin tener un ápice de generosidad para acercar los salarios a las medias europeas excepto en los segmentos altos de los ejecutivos que no parecen dispuestos a negociar ni sus salarios ni las indemnizaciones por despido.

Carlos Carnicero es periodista y analista político

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Funcionarios de la Comunidad de Madrid, acosados por negarse a hacer de espías.

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POLÍTICA

Una explosiva denuncia de la UGT eleva aún más la temperatura de la presunta trama

ELPLURAL.COM

Conforme avanza la investigación periodística de El País, peor pinta la situación en la Comunidad de Madrid, en relación con la presunta trama de espionaje que habría sido gestionada desde la Consejería de Interior. El diario de PRISA reproduce ahora una explosiva carta de representantes de trabajadores de la seguridad en la Comunidad de Madrid, que denuncia el acoso sufrido por muchos de estos funcionarios al haberse negado a realizar tareas de espionaje. El asunto puede dar mucho más de sí.

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El País continúa destapando lo que promete crecer hasta extremos desconocidos. Según ha informado este diario, el Gobierno de Esperanza Aguirre tiene desde el 22 de enero una denuncia de representantes de trabajadores de la Comunidad de Madrid en la que se sostiene que empleados de la Consejería de Interior “han sufrido hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años por no prestarse a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación”, en referencia al espionaje a políticos destapado por el mencionado diario. Los trabajadores, según la denuncia enviada por el secretario de Administración Autonómica de UGT al director de la Función Pública, Miguel López González, rechazaron esas “tareas” porque “podrían rayar en la ilegalidad”. UGT pide que se aclare quiénes han participado en la “supuesta trama” de espionaje.

Acoso por no espiar
El sindicato UGT ha asegurado contar con 18 de los 40 miembros que conforman el núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior y ha enviado su explosiva carta al mencionado director general. “Como usted sabe”, dice textualmente la misiva, “este colectivo conformado por unas 40 personas y que son empleados públicos de la Comunidad de Madrid, ha sufrido un hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años, por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender estos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación a sus funciones y podrían rayar en ilegalidad”.

Urgente investigación
La carta de UGT agrega: “Como en nuestra opinión es absolutamente incierto que todo el colectivo de seguridad esté o haya participado en los hechos mencionados anteriormente (…), solicitamos de esa dirección general que se abra una investigación desde la Inspección de los Servicios, a los efectos de determinar si los integrantes del servicio de seguridad de la Comunidad han participado de la ‘supuesta trama’ que se plantea, ya sean éstos personal laboral, funcionarios o cargos de confianza y asesores, y se confirme y restituya la honradez y el buen hacer de la mayoría de los integrantes de este colectivo”.

Los “paracaidistas” de Aguirre
Según informa este mismo diario, en una información firmada por el periodista Francisco Mercado, el colectivo de trabajadores de la Comunidad de Madrid mantenía silencio en estos días, pero cuando el consejero de Interior, Francisco Granados, insinuó que poseía la misma estructura de seguridad que el Gobierno socialista de Joaquín Leguina, los agentes perdieron la calma. Porque ellos sabían que las actividades sospechosas no tienen como foco el personal clásico al servicio de la Consejería de Interior, sino a “los paracaidistas” que han puesto pie en ella en calidad de “asesores” fichados por Granados u otros altos cargos del Gobierno, como el ex director general Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre.

UGT REPRESENTA A LOS SINDICATOS ESPAÑOLES EN EL GRUPO DE INTERLOCUTORES SOCIALES QUE REVISARÁN UN ACUERDO COMUNITARIO EN VIGOR DESDE 1995.

Otros datos

LA ACTUAL DIRECTIVA SOBRE PERMISOS PARENTALES FUE APROBADA EN DICIEMBRE DE 1995

GRANDES DIFERENCIAS ENTRE LOS PERMISOS PARENTALES EN LOS DISTINTOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

 

UGT REPRESENTA A LOS SINDICATOS ESPAÑOLES EN EL GRUPO DE INTERLOCUTORES SOCIALES QUE REVISARÁN UN ACUERDO COMUNITARIO EN VIGOR DESDE 1995.

Durante la Cumbre social tripartita, celebrada en el seno de la Unión Europea, se decidió emprender acciones comunes con el fin de mejorar los objetivos de la actual Directiva sobre el Permiso Parental, dentro de un paquete de trabajo más amplio en el ámbito de la conciliación.

Se ha constituido un grupo de trabajo con el objetivo de estudiar las modificaciones necesarias a dicho acuerdo, en el marco del Diálogo Social Europeo, del que UGT forma parte en representación de los sindicatos españoles.

La primera reunión de este grupo se celebró el pasado 17 de septiembre en Bruselas. Durante la misma, se acordó con la patronal europea un documento de trabajo sobre el que UGT, junto con el resto de Interlocutores Sociales, va a trabajar durante los próximos meses, con el fin de perfilar un nuevo Acuerdo.

Se intenta que se establezcan mejoras en algunos principios generales, objetivos y medidas concretas para promover la posibilidad de disfrute y el índice de utilización del permiso parental tanto para los hombres como para las mujeres. Así mismo, contendrá disposiciones relativas a la puesta en marcha, a la supervisión y a la evaluación del dispositivo.

Las áreas de contenido en las que se va a trabajar se refieren a la remuneración del permiso, la duración del mismo, la flexibilidad en la utilización (tiempo parcial o fragmentado), derechos laborales y prohibición de discriminaciones, límite superior de la edad del niño que da lugar al permiso, la no transferibilidad del permiso entre ambos progenitores, la extensión del permiso a progenitores con relaciones no convencionales, o la extensión de los derechos en caso de niños o personas a cargo, enfermas o con discapacidad.

Las negociaciones también podrían contemplar otras cuestiones, tales como otras formas de permiso, incluido el permiso de paternidad, el permiso de adopción y el permiso de cuidados de personas dependientes.

El acuerdo promoverá una aproximación de colaboración por parte de los empresarios, los trabajadores y los sindicatos que pretenderán promover la conciliación entre vida profesional, vida privada y vida familiar, y apoyar las negociaciones colectivas y\o las acciones comunes sobre cuestiones conjuntas.

El Acuerdo será vinculante para las partes firmantes y sus organizaciones afiliadas, y contendrá una cláusula relativa a la puesta en marcha, a la supervisión y al seguimiento efectivo del mismo a los niveles nacionales, sectoriales y europeos.

Concluidas las negociaciones, los interlocutores sociales pedirán conjuntamente que el Acuerdo sea introducido en forma de Directiva por decisión del Consejo, a propuesta de la Comisión, como fue el caso del Acuerdo anterior, de forma que sea de obligado cumplimiento por los miembros de la Unión Europea.

LA ACTUAL DIRECTIVA SOBRE PERMISOS PARENTALES FUE APROBADA EN DICIEMBRE DE 1995

El presente Acuerdo establece disposiciones mínimas cuyo objetivo es facilitar la conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares de los padres que trabajan.

Se  aplica a todos los trabajadores, hombres y mujeres, que tengan un contrato o una relación de trabajo definida por la legislación, los convenios colectivos o los usos vigentes en cada Estado miembro.

Se concede un derecho individual de permiso parental a los trabajadores, hombres o mujeres, por motivo de nacimiento o adopción de un hijo, para poder ocuparse del mismo durante un mínimo de tres meses hasta una edad determinada que puede ser de hasta ocho años y que se ha ido definiendo por los Estados miembros y/o los interlocutores sociales. Este derecho es intransferible entre los progenitores.

Las condiciones de acceso y las modalidades del permiso parental se definen por ley y/o convenios colectivos en los Estados miembros de conformidad con las disposiciones mínimas del presente Acuerdo, y cada Estado miembro determina los detalles concretos de la aplicación.

También se establece la necesidad de sistemas de protección de los trabajadores contra posibles despidos que pudieran ejecutarse por haber solicitado o disfrutado un permiso parental. Así mismo, se recoge que al finalizar dicho permiso, el trabajador tiene derecho a ocupar su mismo puesto de trabajo, o un puesto similar o equivalente si no fuera posible recuperar el mismo puesto.

Por otra parte, el Acuerdo inicial reconocía, también, el derecho a ausentarse del trabajo, conforme a la legislación, los convenios colectivos y/o los usos nacionales, por motivos de fuerza mayor vinculados a motivos familiares urgentes en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable la presencia inmediata del trabajador.

GRANDES DIFERENCIAS ENTRE LOS PERMISOS PARENTALES EN LOS DISTINTOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Los distintos permisos parentales se organizan bajo la denominación de “licencias” por razones familiares, como un conjunto de medidas que tienen como objetivo el apoyo a las familias con hijos, fundamentalmente menores de 3 años.

Resulta difícil la comparación de los datos entre los países de la UE, no sólo por las distintas denominaciones de los permisos, sino también por las diferencias en el desarrollo del derecho al permiso parental en cuanto a duración, transferibilidad y remuneración, según un estudio presentado por María Pazos, del Instituto de Estudios Fiscales y Carmen Castro, de SinGenerodeDudas. En todos los países se recogen permisos de maternidad, de paternidad y parentales. En Francia se reconoce un “permiso de complemento de libre elección de actividad”, y en España existe el llamado “permiso por lactancia”.

La duración más frecuente del permiso de maternidad oscila entre las 16 y las 24 semanas, pudiéndose iniciar el permiso antes del nacimiento. La compensación económica varía entre el 80 % y el 100 %, o bien una cantidad fija estipulada. El permiso de paternidad tiene una duración mayoritaria de 15 días.

Dentro de los países que contemplan los permisos parentales, España, Portugal y Reino Unido son los tres que no incluyen remuneración económica alguna durante el tiempo de permiso. En el extremo opuesto, Dinamarca y Noruega reconocen el 100 % del salario como remuneración a percibir.

A pesar de mostrar una situación similar, España y Portugal siguen reglas diferentes. Por su parte, Portugal ha reforzado el carácter intransferible del permiso dirigido a los padres, y es el único país europeo que incluye una parte del permiso de paternidad como obligatoria. Sin embargo, España mantiene la transferibilidad en los permisos de maternidad, incluso el de lactancia, pero no en los de paternidad.

El permiso de lactancia de España proviene de un derecho originariamente de la madre, pero que actualmente pueden disfrutar ambos progenitores mediante un acuerdo. Por otra parte, la denominada en España “excedencia por cuidado de hijos menores de 3 años” corresponde con el llamado “permiso parental no remunerado” de otros países.

Destaca, como una de las conclusiones más importantes, que la maternidad supone un alejamiento de las mujeres del mundo laboral, mientras que los hombres se afianzan en el empleo con la paternidad. En los países en los que las tasas de empleo femenino son más bajas, como es el caso de España, también es menor la diferencia entre el empleo de mujeres con hijos respecto a las mujeres sin hijos. Además de la menor tasa de empleo, uno de los factores determinantes es la diferencia por niveles de cualificación por la que las mujeres con educación superior se retiran del empleo en menor medida, aunque también debe tenerse en cuenta que las facilidades para retirase temporalmente del trabajo son menores.

Habrá que esperar a la aprobación del nuevo Acuerdo Comunitario, que modificará la actual Directiva de 1995, para conocer las mejoras de los permisos parentales entre otros detalles del paquete de trabajo más amplio en el ámbito de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

La Fiscalía investiga las protestas de los trabajadores sanitarios contra el consejero Güemes

POLÍTICA

Los sindicatos le acusan de criminalizar su actividad en lugar de solventar los conflictos laborales

 

V.V.

La Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación para identificar a los posibles autores del altercado que protagonizó ayer el consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, durante su visita al hospital Clínico San Carlos. Güemes fue abucheado por quinta vez en once días por un centenar de trabajadores del centro. El choque entre el político y el personal sanitario acabó en un rifirrafe que se saldó con tres detenidos. Los sindicatos lamentan que se criminalice su acción en lugar de poner fin al conflicto laboral que vive la sanidad en la región.

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Las últimas cinco visitas a hospitales del consejero madrileño de Sanidad han acabado de la misma manera: con abucheos y gritos contra la privatización del sistema sanitario por parte de trabajadores y sindicatos. La protesta de ayer durante la inauguración de la nueva sala de cardiología del hospital Clínico San Carlos llegó más lejos y acabó con la detención de tres de los manifestantes: un trabajador de mantenimiento, un celador y un delegado del sindicatos MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad).

Mera “oposición política”
La Fiscalía ha anunciado que abrirá diligencias para esclarecer los hechos que, según el consejero, responden a una mera “oposición política” al Ejecutivo de Aguirre. A su juicio, las constantes manifestaciones a favor de la sanidad pública en la región no responden a reivindicaciones laborales propias de los sindicatos, de quienes ya había asegurado que con sus sueldos podría construirse un nuevo hospital.

Represión “franquista”
Según el MATS, los detenidos fueron arrestados por la policía en medio de una “inusitada violencia” y después de haber sido “agredidos por antidisturbios”. El sindicato mostró su indignación por la “represión policial ejercida contra los trabajadores”, a la que tacharon de ser “propia de los tiempos del franquismo”.

“Campaña de provocación sistemática”
También CC.OO. y UGT criticaron el conflicto y aseguraron que “nunca se gestionaron tan mal las relaciones laborales en el sector sanitario como en esta legislatura”. A su juicio, Güemes “ha optado por la huída hacia delante” ante las protestas de los trabajadores y ha iniciado una “campaña de provocación sistemática a los trabajadores sanitarios y sus representantes sindicales” para generar “un conflicto de orden público que enmascare el conflicto laboral que es incapaz de abordar”.

Las causas del conflicto
Para estos sindicatos, no existen motivaciones políticas en las protestas como apunta el consejero, sino que “los causantes de los conflictos” son la apertura de nuevos hospitales “sin incremento de personal” modificando “las condiciones laborales de los trabajadores” y el “boicot que está practicando el señor Güemes a la negociación colectiva y el escaso respeto a los acuerdos vigentes”.

“Gravísima responsabilidad de los sindicatos”
El vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, en cambio, culpó a los sindicatos de la tensa situación que vive la sanidad y aseguró que estas agrupaciones “tienen una gravísima responsabilidad en este punto”. A su juicio, las protestas en los hospitales no son comprensibles, porque el consistorio de Aguirre “lleva cinco años haciendo una apuesta decidida por la sanidad madrileña” y ha hecho “una inversión brutal para mejorar las infraestructuras.

EL 20% DE LA POBLACIÓN VALENCIANA VIVE POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA

 SIN QUE EL GOBIERNO DEL PP DESARROLLE LA LEY DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA, DENUNCIA UGT

El sindicato UGT-PV ha exigido a la Generalitat la “inmediata aplicación” de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía en la Comunitat Valenciana, donde el 19,6 por ciento de los ciudadanos se encuentra por debajo del umbral de la pobreza relativa.

En un comunicado, UGT-PV insta a que se den los últimos pasos para su puesta en marcha, como la aprobación de la Orden que fija el modelo de solicitud y el procedimiento para acogerse, y la creación de las Comisiones Mixtas que se encargan de realizar el Plan de Reinserción Laboral de las personas beneficiadas de la Ley.

Decreto paralizado. La UGT-PV recuerda que el pasado 8 de julio fue aprobado el Decreto que regula la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, recogida en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y que reconoce el derecho a una renta para aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión social. En la Comunitat Valenciana, según el sindicato, un 19,6% de los ciudadanos se encuentra por debajo del umbral de la pobreza relativa, es decir que uno de cada cinco ciudadanos y ciudadanas valencianas vive con menos de 565 euros mensuales.

Ayudas de hasta 603 euros en el aire. Con esta ley, aquellas personas que tengan una edad entre 25 y 65 años y que se encuentren en situación de exclusión social tendrán derecho a recibir una renta mensual que oscilará entre los 373,89 euros y los 603,05, siempre y cuando exista voluntad por parte de la persona destinataria a seguir un itinerario de inserción sociolaboral, con el objeto de evitar su permanencia en la situación de exclusión social.

El PP vulnera un derecho universal. No obstante, ha criticado que de la lectura del Decreto aprobado se intuye que se tratará de una Orden que regulará una convocatoria, por lo que de ser así se abriría un plazo de tiempo determinado para solicitar la renta garantizada limitándola en el tiempo. Para la UGT-PV, este hecho “entraría en contradicción con el reconocimiento de un derecho, que es de carácter universal y que no puede verse vulnerado, ni por un Decreto ni por una Orden. “Si cuando hablamos de Renta Garantizada de Ciudadanía hablamos de un derecho, no deben haber ni plazos ni limitaciones de tiempo para acogerse a ella”, ha considerado el sindicato.