CAMPS ARRUINA UN POCO MÁS A LA GENERALIAT VALENCIANA AL CUBIR UN FIASCO DEL CARDENAL CON 4,5 MILLONES DE EUROS.

domingo, 24 febrero 2008

AL PP VALENCIANO LE SALE CARA LA IGLESIA CATÓLICA: LA GENERALITAT CUBRE CON 4,8 MILLONES DE EUROS UN FIASCO FINANCIERO DEL ARZOBISPO GARCÍA GASCO, DEJANDO EN RUINAS UN CENTRO ECUMÉNICO QUE APADRINO EDUARDO ZAPLANA

El arzobispo de Valencia, Agustín García Gascó, no tiene por costumbre informar a sus feligreses del estado de las finanzas en su diócesis. Por eso no ha extrañado tanto, como hubiera sido normal en otro personaje público, que el prelado católico – recientemente nombrado cardenal por Benedicto XVI – mantenga un absoluto mutismo en torno a un feo asunto, donde sale de protagonista principal, con un fiasco financiero millonario de coletilla. Escribe Ignasi Pellicer, en El Plural.

El descalabro económico se ha producido con la paralización, por falta de financiación, de unas obras para construir un templo ecuménico, cerca de la turística población de Oliva. La Generalitat Valenciana, presidida por Francisco Camps, ha tenido que pagar los platos rotos: 4,8 millones de euros, con cargo al erario público valenciano, se han volatilizado en el fracasado proyecto del purpurado valenciano.

“Incumplimiento de contrato”. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha criticado en una reciente sentencia el proceder de García Gasco en este asunto “por incumplimiento de contrato”. La misma sentencia – a la que cabe un último recurso – obliga a la iglesia católica a devolver los terrenos que debían acoger el edificio religioso al ayuntamiento de Oliva, tal y como lo aprobó un pleno municipal, en marzo de 2006, al constatar que la obra religiosa no iba hacia adelante.

Falta de transparencia. El concejal del Bloc Nacionalista en el ayuntamiento de Oliva, David González, en declaraciones a El Plural defiende la sentencia del alto tribunal, porque “deja claro que el arzobispado de Valencia ha ido incumpliendo, una a una, todas las promesas que hizo desde el principio del proyecto”. Según las cláusulas de este contrato, las obras del templo tenían que haberse empezado en el 2002 para acabarse tres años después, en 2005. No se han cumplido ninguno de estos plazos. La fundación TECSAL (Templo y Centro Ecuménico ‘El Salvador’), creada por el propio García Gasco exclusivamente para este fin y presidida por el jesuita, Vicente Sastre, tampoco ha aportado ninguna información sobre cuáles han sido las aportaciones económicas de iglesia católica, ni de otras confesiones que habían prometido ayudar económicamente. Al parecer, la falta de transparencia ha sido la principal razón para que al proyecto le rechace la Unión Europea subvenciones millonarias. Información completa.

¡QUIERO QUE ME ATIENDA EL DOCTOR MONTES!

Mi amigo del alma, Josep Bodí,  me envia este documento que ya hemos cumplimentado más de 7.000 ciudadanos.

Quiere demostrar su solidaridad a Montes y su equipo y reclamar un comportamiento digno de los políticos que nos gobiernan.

Un saludo a todos.
Hacérselo llegar a vuestros contactos  ¡¡¡¡PÁSALO!!!! http://www.quemeatiendamontes.com/firma.php

FRANCISCO CAMPS SE COME EL TRANSVASE CON PATATAS; EL PP LO DEJA FUERA DEL PROGRAMA ELECTORAL.

EL PRESIDENTE VALENCIANO DEL PP, FRANCISCO CAMPS, SE TIENE QUE “COMER CON PATATAS” EL CACAREADO TRASVASE DEL EBRO, PORQUE SU PARTIDO LO SUPRIME DEFINITIVAMENTE DEL PROGRAMA ELECTORAL…

El programa del PP no incluirá finalmente una referencia al trasvase del Ebro. Así lo aseguró hoy el presidente del PP-Aragón, Gustavo Alcalde, en una rueda de prensa que convocó de urgencia para presentar el programa electoral del PP sobre la política hidráulica, y despejar de paso las dudas en torno a la inclusión efectiva del trasvase del Ebro en este programa, algo que finalmente no ha sucedido. De este modo, Alcalde no dimitirá, tal como había anunciado, y quien pierde en el pulso entre “populares” de Aragón y Valencia es, Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana que hasta ahora había hecho del trasvase su bandera contra el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

Corte de mangas del PP de Aragón a Francisco Camps. En su programa, el PP hace referencia a los acuerdos alcanzados por populares y socialistas en los Estatutos de Autonomía de Aragón y Comunitat Valenciana y, basándose en ellos, se propone «garantizar el derecho de todos a disponer de agua suficiente y de calidad atendiendo en primer lugar a las reservas estratégicas», que en el caso de la comunidad aragonesa son los 6.650 hectómetros cúbicos de la cuenca que garantiza para uso de Aragón el Estatuto de Autonomía.

El cabeza de lista, González Pons, mudo. El documento electoral del PP incluye la posibilidad de realizar transferencias de «los sobrantes de agua» desde las cuencas excedentarias a las deficitarias siempre tras la realización del Pacto del Agua, si se mantiene el «principio de preferencia de uso de los territorios por donde transcurren las cuencas» y si se hacen «en aras al interés de sostenibilidad y del desarrollo de actividades sociales y económicas de los territorios». De momento, el cabeza de lista del PP por Valencia, Esteban González Pons, guarda silencio, sin replicar a sus correligionarios aragoneses.

“Un gran pacto entre todos”. Asimismo el PP considera que la política hidráulica en España requiere «de un gran pacto entre todos» que contenga los criterios de unidad de cuenca, sostenibilidad medioambiental, prioridad de uso en la propia cuenca y garantía de las necesidades presentes y futuras, así como solidaridad interterritorial. El presidente del PP-Aragón insistió en que «cualquier planteamiento de transferencia de agua» pasa «ineludiblemente» por cumplir estos cuatro compromisos que figuran asumidos en el documento y «si hay sobrantes», «si sobra agua», recalcó, es la obligación que otros territorios pudieran usarla.

El Ebro no tiene excedentes. Y aun así, precisó, «habrá que demostrar» que hay caudales sobrantes, porque él no tiene «claro» que haya excedentes en el río Ebro. La transferencia de sobrantes -puntualizó Alcalde para remarcar que el documento no hace referencia expresa al Ebro- podría ser «del Miño, del Duero, del Guadalquivir, del Guadiana, del Sil», porque lo que no ha hecho el PP, aseguró, es «pivotar su política hidráulica sobre un solo río», sino sobre «todos y cada uno de los ríos españoles, incluido el Ebro, por supuesto». En cuanto al «gran pacto» que propone el programa popular, Alcalde lo considera «imprescindible», porque el agua «no puede ser un elemento de confrontación de por vida» entre los españoles o entre territorios vecinos.

Nada que decir de la coalición PSOE-PAR. Se refirió a las afirmaciones del vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, sobre la posibilidad de que se trasvase a la Comunitat Valenciana el agua que el Ebro vierte al mar, una vez superado el Delta, y preguntado por si éstas pudieron deberse a un intento de acercamiento del PAR al PP en Aragón, Alcalde recordó que el Partido Aragonés y el Partido Popular «se han entendido en el pasado».
Ambos «se mueven en un espectro político muy similar de centro, centro-derecha», agregó Alcalde, quien rehusó opinar sobre si en el seno de la coalición del Gobierno en Aragón (PSOE-PAR) podría haberse abierto una brecha.

Contra Camps, pero con Rajoy. Alcalde había anunciado su dimisión en el caso de que el programa incluyera explícitamente el trasvase del Ebro y preguntado por sus intenciones instó a no tener en cuenta ya los rumores e insistió en que él está «en el presente, mirando hacia el futuro», con el «único empeño» de dedicarse «en cuerpo y alma» a que Mariano Rajoy llegue a La Moncloa.

ENFERMOS DEPENDIENTES DENUNCIAN ANTE EL SINDIC QUE LA GENERALITAT VALENCIANA NO APLICA LA LEY DE DEPENDENCIA; ¡DENUNCIALO TU TAMBIEN!

CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL (Mándale una carta al Conseller)

 http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?br=1&re=1&co=es&chflash=true

           

Teléfino Gratuito: 900 21 09 70       correo electrónico: consultas_sindic@gva.es

Defensor del Pueblo: http://www.defensordelpueblo.es                                                                

DENUNCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS AL SINDIC DE CREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

El art. 25 de la Carta de Servicios del Síndic de Greuges reconoce el derecho de la ciudadanía y de las usuarias y usuarios a formular reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios prestados por el Síndic de Greuges:

a) Reclamaciones: en caso de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía relacionada con el funcionamiento de los servicios de esta Institución que suponga una falta de calidad de los mismos, toda persona podrá formular reclamaciones, que se presentarán por escrito y firmadas, en cualquier formato o soporte, y en la que deberán constar los datos identificativos del remitente y la dirección en la que poder contactar.

En el plazo máximo de 15 días desde la presentación de la reclamación, salvo que se hayan solicitado aclaraciones al usuario afectado o a terceros, se comunicarán a la persona reclamante las actuaciones realizadas y, en su caso, las medidas adoptadas.

Reclamaciones (Clic)

b) Sugerencias: todas las personas podrán formular sugerencias e iniciativas relacionadas con el funcionamiento de los servicios de esta Institución, que podrán remitir por cualquier medio o soporte escrito en el que figuren los datos identificativos de la persona que la remite.

En el plazo máximo de 15 días desde la presentación de la sugerencia o iniciativa, salvo que se tengan que realizar otras actuaciones o solicitar aclaraciones, se enviará a la persona remitente el posicionamiento de la Institución sobre la cuestión planteada.

Sugerencias (Clic)

 

CONTRA LA OBSTRUCCIÓN POLÍTICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA, HAY UN ACTO SOLIDARIO Y MANDA TU QUEJA AL SINDIC DE GREUGES.

Dependencia

Enfermos dependientes denuncian al Consell ante el Síndic por no aplicar la ley

Un grupo de afectados de distrofia muscular y otras enfermedades degenerativas con un grado de discapacidad superior al 80 por ciento han denunciado hoy ante el Síndic de Greuges la «pasividad» del Gobierno valenciano en la aplicación de la Ley de Dependencia. Una veintena de enfermos y familiares han presentado esta mañana un escrito de queja ante el Síndic en el que denuncian que el Consell no ha contestado a sus solicitudes y tampoco ha evaluado a los afectados, a pesar de haber difundido informaciones, en su opinión «falsas», diciendo que «a finales de enero» recibirían las prestaciones económicas contempladas en la ley estatal.  EFE/Manuel Lorenzo

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Un grupo de afectados de distrofia muscular y otras enfermedades degenerativas con un grado de discapacidad superior al 80% han denunciado hoy ante el Síndic de Greuges la «pasividad» del Gobierno valenciano en la aplicación de la Ley de Dependencia.

EFE Una veintena de enfermos y familiares han presentado esta mañana un escrito de queja ante el Síndic en el que denuncian que el Consell no ha contestado a sus solicitudes y tampoco ha evaluado a los afectados, a pesar de haber difundido informaciones, en su opinión «falsas», diciendo que «a finales de enero» recibirían las prestaciones económicas contempladas en la ley estatal.Según consta en la queja, en mayo del pasado año presentaron la solicitud para la evaluación y concesión de ayudas para grandes dependientes.Seis meses después presentaron una reclamación administrativa ante la Conselleria de Bienestar Social por la falta de respuesta y hoy continúan sin noticias y sin que la gran mayoría haya sido evaluada, ha explicado la portavoz del grupo y madre de uno de los enfermos, Mercedes Pastor.En opinión de Pastor, el Consell «se burla de nosotros, porque ahora dice que van a pagar las ayudas, pero todavía no nos ha evaluado».La portavoz, madre de un enfermo con distrofia muscular de Duchenne, ha asegurado que la Generalitat todavía no ha examinado a ninguno de los grandes dependientes de Valencia, Castellón y Alicante, aunque sí ha evaluado a «las personas mayores de las residencias».Pastor ha recordado que el Consell ya tiene la competencia sobre la materia y ha aprobado los decretos de aplicación de la ley, y ha criticado que se gobierne «para la Copa del América, el Circuito de Fórmula Uno y la Volvo Ocean Race, pero no para nosotros, las familias».

Emilio Guillén, otro de los enfermos de distrofia muscular, ha considerado que a estas alturas ya «debería haberse agilizado» la tramitación de las solicitudes y ha lamentado que en respuesta a sus demandas sólo reciban «excusas».

Guillén ha señalado que esta ayuda le permitiría contratar a alguna personas para ayudarle en sus quehaceres diarios y «llevar una vida más o menos normalizada».

La portavoz del grupo ha señalado que esta queja es el primer paso de sus reivindicaciones, pero no descarta ir a juicio si la Generalitat no entrega las ayudas.

SENTENCIA DEL SEVERO OCHOA: ESPERANZA DESVELA SU CARA MÁS INHUMANA.

POLÍTICA

 30/01/2008

Su consejero de Sanidad afirma que «no hay que pedir perdón» al doctor Montes

Aguirre elude hablar sobre la reintegración de los médicos del Severo Ochoa

ELPLURAL.COM

El futuro de los médicos del Severo Ochoa que fueron denunciados por presuntas sedaciones irregulares es todavía una incógnita. Nadie se ha manifestado sobre si podrán reintegrarse a sus puestos de trabajo, y ni siquiera se les ha pedido perdón por las calumnias vertidas contra ellos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha limitado a manifestar que “no podemos sino alegrarnos de que no haya habido mala praxis”, pero al mismo tiempo no ha puesto en marcha ninguna acción para reintegrar a los médicos en sus puestos de trabajo. Y eso pese a que en 2005 declaraba que, en caso de que se hubieran equivocado al expulsarlos del hospital, “esa equivocación es reversible. En cuanto esto se aclare, se vuelve a reponer a esas personas”.

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Tal y como informa El País, Aguirre no ha querido comprometerse en lo que se refiere a la reincorporación de los médicos. “No quiero aventurar nada”, afirmó, “se hará lo que corresponda”. Pero olvidó que en 2005, cuando estalló la polémica, sostuvo que “el consejero de Sanidad (Manuel Lamela) se puede haber equivocado y yo misma también me puedo haber equivocado”. Y ante esta equivocación, ahora demostrada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la que ya informó El Plural, Aguirre estaba dispuesta a dar marcha atrás y devoler a los médicos expulsados sus puestos de trabajo.

Más duro
Pero más duro y claro se ha mostrado el consejero de Sanidad de la Comunidad, Juan José Güemes, que dijo ayer que fue «acertado» destituir al doctor Montes del Hospital y negó que haya motivos para disculparse: «No hay que pedir perdón». Además, aseguró que no se restituirá al médico porque el motivo de su destitución no fue la sanción disciplinaria, sino la falta de confianza de la Consejería en Montes para ocupar el puesto de gerente de Urgencias. Güemes subrayó asimismo que desde que se produjo dicho cese los datos de funcionamiento del servicio muestran una ‘clara mejora’.

COPE
Pero el acoso que sufrieron los médicos del Severo Ochoa de Leganés no vino sólo del entorno de los políticos, representados por los populares Aguirre y Lamela en la Comunidad de Madrid. La COPE criminalizó a los médicos basándose en la denuncia anónima que a su vez habían utilizado Aguirre y Lamela para expulsar al principal imputado en el caso, Luis Montes, y sus otros compañeros. Los abogados de Montes presentaron una querella contra la COPE y sus principales tertulianos, Federico Jiménez Losantos, César Vidal y Cristina López Schlichting, que acusaron a los médicos de “homicidas”, “asesinos” y “sectarios atroces”.

Sin datos
De cualquier modo, y pese la lucha judicial que llevan a sus espaldas, los médicos no han sido reintegrados todavía a sus puestos de trabajo. Ningún cargo político se ha responsabilizado del asunto, y la propia Aguirre ha eludido la cuestión. Pero lo cierto es que en 2005 Lamela hablaba del “relevo temporal” de Luis Montes y de que “ahora no tenemos ningún dato contra el médico”, pero aún así la Comunidad de Madrid decidió actuar en su contra.

Errores
Actuar en su contra y no enmendar el error después de que se haya hecho pública la sentencia de la Audiencia Nacional. Y tampoco se ha enmendado otro error: el de actuar en contra del denunciante anónimo que levantó la polémica sobre las falsas sedaciones mortales en el Severo Ochoa. Pese a que nuevamente en 2005 Lamela afirmaba: “Actuaremos igual contra los denunciantes falsos y los que han participado en una denuncia falsa”.

ESPERANZA AGUIRRE DEBERIA PRESENTAR SU DIMISIÓN Y PEDIR PERDON POR EL CASO DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA DE MADRID.

Montes: «Habrá denuncias y querellas por las acusaciones de mala práctica»

AGENCIAS. 28.01.2008

• El caso Severo Ochoa fue una «agresión contra la sanidad pública».
• Aseguró que ahora comienza «el tiempo de la reparación».
• Él y otros médicos exigen una campaña para rehabilitar su honor.

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El doctor Luis Montes, cesado como coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés a raíz de unas denuncias anónimas sobre presuntas sedaciones irregulares, aseguró hoy que, por su parte, «no va a existir perdón» por las acusaciones de mala práctica que se vertieron sobre él y el resto de los médicos imputados por este caso, ya archivado.»A quien deben pedir perdón las autoridades sanitarias y la presidenta regional es a los usuarios», dijo en rueda de prensa tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que confirma el sobreseimiento de la causa y no advierte una mala práctica médica en los médicos que fueron imputados.

Habrá denuncias y querellas individuales y colectivas por las acusaciones

Acompañado de otros facultativos apartados de sus puestos en el centro sanitario, Montes aseguró que ahora empieza «el tiempo de la reparación» y exigió que, «al igual que se hizo una campaña de acoso pagada por la Consejería de Sanidad«, haya otra dirigida a «rehabilitar» el buen nombre de los facultativos perjudicados por este caso y también del hospital.

Montes auguró que, tras el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, habrá «denuncias y querellas individuales y colectivas» por las acusaciones de mala práctica médica que pesaron sobre él y otros médicos colaboradores suyos en el Hospital Severo Ochoa.

El caso fue un «ataque contra la sanidad pública«, que ha derivado en una «pérdida de confianza de los pacientes» en el hospital y, en lo referente a la sedación de los enfermos terminales, en «una omisión de tratamientos en los síntomas al final de la vida» que presentan esos enfermos.

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LA CORRUPCIÓN DEL PP EN MADRID POR EL CASO GUATEQUE ALCANZA DE LLENO AL FRANCISCO CAMPS, PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

viernes, 18 enero 2008

LA CORRUPCIÓN DEL PP EN MADRID POR EL “CASO GUATEQUE” ALCANZA DE LLENO AL PRESIDENTE VALENCIANO, FRANCISCO CAMPS, TRAS SER IMPUTADO, LUIS ARMADA, VICECONSEJERO DE ESPERANZA AGUIRRE Y TAMBIÉN VICEPRESIDENTE DEL PUERTO DE VALENCIA (APV)…

El “caso Guateque”, de corrupción continuada del PP en Madrid, se ha alargado hoy hasta salpicar de lleno a la mismísima cúpula del PP de la Comunidad Valenciana, (el presidente Francisco Camps, el primero), a raíz de que el juez de instrucción haya citado como imputado al actual vice-consejero de de Urbanismo del gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. Resulta que el mismo sospechoso, Luis Armada, ocupa actualmente una de las vicepresidencias del Puerto de Valencia (APV). Llegó a este cargo- que por estatutos correspondía a un empresario – por deseo expreso de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre y el enchufe directo del presidente Camps.

Según recuerdan a CONFIDENCIAL 7D fuentes de la dirección portuaria en Valencia, el ahora imputado en el “caso Guateque”,  Armada, era antes vocal del consejo de administración del puerto valenciano, desde 2005. Tras una reunión “tête-a-tête”, entre Esperanza Aguirre y Francisco Camps – a principios de 2006 –  la presidenta madrileña le pidió al valenciano Camps que nombrara a Armada vicepresidente “ a la primera ocasión”. Y así sucedió, en marzo de 2007, cuando dejo libre su puesto de vicepresidete el empresario, Francisco Ros.

Dos altos empresarios sacrificados por Armada. Para imponer a Luis Armada en la vicepresidencia portuaria de Valencia se tuvieron que “desactivar” dos candidaturas de peso para el mismo puesto: la del presidente de la patronal regional, Rafael Ferrando y la del presidente de la patronal del sector de la cerámica, el castellonense, Fernando Diago. “Los dos se quedaron rabiando y con las ganas…”, comentan las mismas fuentes a casi un año vista de la componenda entre los presidentes del PP para nombrar a su favorito. Al final, matizan, el presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, cumplió los deseos del presidente, Francisco Camps, quien haciendo este “favor” a Esperanza Aguirre “debió recibir a cambio algunas contrapartidas…”

Protegido por Aguirre y Camps, con un  pie en la cárcel.  Armada, actual viceconsejero de Transportes, que ha sido citado a declarar como imputado por el juez Santiago Torres por su labor entre 1997 y 2003 al frente de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de la capital. El juez Torres dirige la investigación contra una presunta trama de venta de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. La citación judicial recoge que el Juzgado de Instrucción número 32 tomará declaración a Armada el próximo 23 de enero a las 12 del mediodía en calidad de imputado.

De Madrid a Valencia, con una la hoja de servicios sucia. Armada había sido gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en la última etapa de José María Álvarez del Manzano, en cuyo cargo fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 20 «por un delito de desobediencia» a una multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y cuatro meses. Según el juez, Armada no había procedido al derribo parcial de la iglesia Nuestra Señora de las Fuentes, construida de forma ilegal demasiado cerca de un bloque de pisos en Fuencarral. Tras recurrir el fallo judicial, la nueva sentencia firme mantuvo la condena de inhabilitación aunque sólo para ese cargo, lo que le permitió inmediatamente desempeñar el que ocupa en la actualidad con el Gobierno de Esperanza Aguirre.

EL GOBIERNO VALENCIANO OBSTRUYE LA LEY DE DEPENDENCIA Y DEJA INDEFENSOS A MILES DE VALENCIANOS, SEGÚN EL INFORME DE LA SINTICATURA DE GREUGES.

La demora de Bienestar Social en declarar los grados de minusvalía bloquea ayudas a los discapacitados

La Síndica realiza una crítica «feroz» del tratamiento a enfermos mentales

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  La Sindicatura responde que la dimisión de Caballero no desbloquearía la institución. 

Comunitat Valenciana

J. L. G./E. P., Valencia
La vertiente asistencial y sanitaria de la gestión de la Generalitat Valenciana es una de las que peor paradas salen del informe de la Sindicatura de Greuges correspondiente a 2006. La responsable de la institución se muestra crítica por la reiteración, «año tras año», de las quejas en relación a la tardanza de Bienestar Social en resolver la calificación y establecer el grado de minusvalía de las personas discapacitadas. Se trata de quejas tramitadas en 2006, pero de plena vigencia, en relación con el bloqueo que sufre la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana.
Especialmente gráfica resulta la reflexión de la Síndica, Emilia Caballero, en una queja de oficio: «¿De qué sirven todas las políticas legislativas, organizativas, presupuestarias y de todo tipo a favor de los discapacitados, si la puerta de entrada a ellas está cerrada y tarda más de un año en abrirse desde que se llama?».
Además, el informe se refiere a quejas de ciudadanos hacia otras administraciones «en las que en realidad la Conselleria de Bienestar Social es la responsable del problema».
A modo de ejemplo, la Síndica explica que un ayuntamiento no creaba la plaza de aparcamiento que un ciudadano discapacitado le reclamaba: el consistorio alegaba que «todavía no se había dictaminado sobre la minusvalía».
En definitiva, se constata «no ya una falta de eficacia sino el incumplimiento del plazo máximo para resolver».
Ante esta situación, la Síndica pide a la Administración en su Informe de 2006 que resuelva la tramitación de los expedientes de calificación del grado de minusvalía «en el menor tiempo posible y, en todo caso, dentro del máximo reglamentario establecido».
Falta rehabilitación e integración
Además, la Síndica se refiere también a la «ausencia de centros para discapacitados en la Comunitat» y en este sentido, recuerda a la Conselleria de Bienestar Social que la Constitución «encomienda a los poderes públicos la realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos».
Por otro lado, en el apartado de Atención Socio-Sanitaria recoge quejas relacionadas con la atención a personas convalecientes y terminales, y a aquellas personas que padecen enfermedades mentales, apartado este último en el que realiza una crítica «feroz» a la «carencia» en el ámbito sanitario de programas de tratamiento asertivo, y reconoce que la situación en el caso de los centros residenciales es mejor, aunque «dista mucho de ser óptima», matiza.

EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
 levante-emv

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  «¿Si son ilegales por qué nadie denuncia?»

. Comunitat Valenciana

La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia

El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que «los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad».
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo «la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas».
La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde «no ha existido ningún tipo de publicidad«, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, «los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación«. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.La Comisión Europea incide además en otro detalle, «el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como«, tal como lo denunció en su momento el PSPV. «Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa«.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce «sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública» y «perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación».

Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba «disolver estas sociedades mercantiles» porque en algunos casos había quedado «sin contenido el objeto social de las empresas constituidas».

Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.