FOTO: MÓNICA PATXOT.
VANESA PI – Madrid – 19/10/2008 18:18
Las denuncias por presunta negligencia que derivaron en la muerte de una anciana y la necrosis en la pierna de otra en una residencia concertada de Alcorcón (Madrid) pusieron de relieve la semana pasada, una vez más, la falta de medios de los asilos. El fallecimiento de otra residente del mismo centro, conocido sólo unos días después, precipitó la alarma.
El centro Amma de Alcorcón acaba de cumplir tres años. Sus instalaciones son nuevas. El problema no es la infraestructura. Los familiares de sus residentes llevan tiempo denunciando la falta de personal. Hasta que, el pasado día 7, la Comunidad ordenó una inspección sorpresa.
«Los controles son escasos, se producen cuando ya son problemas gordos», denuncia la secretaria del sector Salud y servicios Sociosanitarios de UGT, Pilar Navarro. «Cuando la administración acredita a una empresa, luego tiene que supervisar si se han modificado los requisitos o no», critica la responsable confederal de Política Social de CCOO, Pura García.
El peso del buen funcionamiento de una residencia recae, en buena medida, sobre quienes escuchan, curan, asean y dan de comer a los ancianos. «La carga del trabajo en este sector es el puntal del sistema; define si se está dando un servicio de calidad al ciudadano o no», explica García.
De ahí, subraya, la importancia de que los centros cumplan con los requisitos mínimos que les exigen las comunidades autónomas, que son las que deben velar por el buen funcionamiento de las residencias, sean públicas, privadas o concertadas.
Diferentes baremos
A la falta de control de las residencias hay que sumar que hay tantos modelos con requisitos mínimos para acreditar a las residencias como comunidades autónomas. Además, las hay que exigen un determinado número de profesionales por cada 100 usuarios pero no especifican cuántos de éstos deben ser los que cuidan y atienden directamente a los residentes, según un estudio elaborado por CCOO.
A este hecho se une que los baremos que utilizan unas comunidades y otras no son siempre comparables. Por ejemplo: Aragón establece que las residencias deberán contar con servicio médico y, a partir de 100 plazas, médico propio. La Comunitat Valenciana, en la orden de diciembre de 2006 de la Consellería de Bienestar Social, exige un médico, y añade que establecerá ratios diferentes según el tamaño del centro residencial. Las exigencias son diferentes sobre papel y también en la práctica. Los sindicatos apuntan que las comunidades no siempre exigen a las residencias el nivel mínimo de profesionales por usuario con que se llenan la boca.
Sólo una de cada cuatro residencias son públicas. En cuanto a las plazas, el 55% son privadas, el 22% concertadas y el 23% públicas, según datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, que agrupa a medio millar de profesionales responsables de centros y de toda la península.
Mejor, pocas inspecciones
La mayoría de residencias que se construyen son privadas, con las que luego las administraciones conciertan plazas. De esta realidad derivan otras perversiones del sistema, que se denuncian en voz baja. Según los sindicatos, es más fácil para las comunidades que no se multipliquen las inspecciones. Si hubiera que clausurar más centros, miles de ciudadanos quedarían en la calle, sin una residencia alternativa a la que acudir.
Por otra parte, algunas comunidades pagan las plazas por debajo de su coste real, lo que les resta autoridad para exigir a los asilos que cumplan con sus exigencias. «Las cosas se pueden hacer mejor», asegura Pura García.
Igualar las ratios, el reto de La Ley de Dependencia
La Ley de Dependencia tiene por delante un reto importante: igualar la calidad de las residencias en toda España. Para ello, es necesario establecer unos requisitos mínimos para conceder la acreditación a los centros. La variedad de modelos que hay sobre la mesa explica las dificultades que tienen las comunidades y el Ministerio de Asuntos Sociales para llegar a un acuerdo. Llevan meses debatiendo y no parece que el debate se vaya a zanjar pronto. Las ratios que se decidan deberán estar aplicadas en 2011. «Se deberían doblar las plantillas», explica Pura García, de CCOO. La Secretaria Confederal para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, explica que el acuerdo es complicado porque hay comunidades que tienen una infraestructura y calidad de residencias muy inferior a otras. Si para llegar a un acuerdo se establecieran requisitos mínimos muy vagos, ambas representantes sindicales coinciden en que se acabaría con el espíritu de la ley.
con caracter retroactivo 
