La inversión del Estado en la Comunitat sube un 13% mientras la del Consell baja un 48%

 

Sólo los Gobiernos de Murcia y Canarias redujeron más su licitación pública

Jordi Cuenca, Valencia
La licitación pública de la Administración central en la Comunitat Valenciana en el primer semestre de este año aumentó un 13,5% en relación al mismo período de 2007, al crecer desde 568 hasta 645 millones de euros, según datos de Seopán, la patronal de las grandes constructoras. Esta subida contrasta con el considerable descenso que experimentó en el mismo período la inversión de la Generalitat en la propia autonomía. En un año, el volumen de licitación de la Administración autonómica bajó un 48,1%, desde 1.010 a 523 millones.
La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía, tras Canarias (-81,3%) y Murcia (-76,3%), cuyo Gobierno regional más ha recortado sus inversiones en su territorio en términos porcentuales. En todas ellas gobierna el PP, si bien en la segunda en sociedad con Coalición Canaria. Sólo otras tres comunidades -Madrid, Ceuta y Extremadura- también han recortado este gasto. De ellas, las dos primeras están gobernadas por el PP y la tercera, por el PSOE. Por contra, Cataluña y Andalucía, regidas por los socialistas, aumentan sus inversiones en un 59,1% y un 98,4%, respectivamente.
Como consecuencia del sustancial descenso de la licitación de la Generalitat Valenciana, la inversión del total de Administraciones públicas en la Comunitat registró al finalizar el primer semestre del año un descenso del 45,1% respecto a junio de 2007. En términos absolutos, la caída es de 2,52 a 1,38 millones de euros. En este caso, la Comunitat se ve superada por cuatro autonomías: Murcia (-58,9%), Aragón (-53,9%), Madrid (-52,4%) y Baleares (-53,6%). Además, el porcentaje de descenso es muy superior al 18,4% de la media española. La inversión de la Administración central en la Comunitat fue inferior en el primer semestre a la de Andalucía (1.098 millones), Castilla y León (1.009), Galicia (972) y Cataluña (912).

El PP y sus mentiras repetidas.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

  • 38x38 Coral Bravo
  • CORAL BRAVO

    11/08/2008

 

Decía Goebbels, el responsable del Ministerio de Edcación Popular y Propaganda de la Alemania nazi, o, lo que es lo mismo, el responsable de la manipulación de la sociedad alemana en el nazismo, que “una mentira repetida muchas veces acaba convirtiéndose en una verdad para el que la escucha”. Al parecer, algunos ideólogos del PP son, al menos durante los últimos cuatro años, fieles seguidores de estas doctrinas de manipulación social, e imponen, como una de sus tácticas políticas, la reiteración de afirmaciones falsas para intentar coaccionar el subconsciente colectivo de los españoles.

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Todos recordamos la mentira, repetida hasta lo vomitivo, sobre lo que llamaban “la verdad del 11-M” (que pretendía sembrar una duda siniestra en la opinión ciudadana),  o el ridículo “España se rompe”, o “el gobierno de ZP negocia con ETA”. Ante tanto despropósito, el tiempo y la justicia, además del simple sentido común, han puesto las cosas en su sitio, y los ciudadanos no sólo han hecho caso omiso a tanto infundio canallesco, sino, además, han cobrado en réditos políticos y de  credibilidad al partido liderado por Rajoy; porque es una realidad que la categoría moral (me refiero a la auténtica moralidad y no a otra) del PP ha quedado definitivamente por los suelos.

Pues bien, el descalabro electoral de marzo no les ha hecho cambiar, según parece,  de estrategias. El pasado viernes, ocho de agosto, se reunían los máximos representantes del partido en lo que han llamado un “comité de seguimiento de la crisis” para, según ellos, buscar soluciones a los problemas económicos de los españoles (¿?). Con ninguna dosis de pudor (y menos aún de decencia) se atreven a recitar otro slogan (siguiendo las mencionadas tácticas de Goebbels) para calentar
un poco más el ánimo de los españoles en agosto; “el gobierno no está” repitió hasta tres veces la secretaria general del partido –intentando hacer creer que el PP “trabaja” en agosto y el gobierno está “de rositas”-. Es otra mentira repetida que pretenden pasar, sin serlo, por verdad. Y a los hechos me remito: el diario El País, ante tal “bienintencionada” afirmación, solicitó directamente al gobierno información sobre la actividad de los ministros en ese mismo día; al menos seis ministros, además de la vicepresidenta, se encontraban trabajando.

Pero tratar de rebatir con realidades las falsedades a las que el PP nos tiene acostumbrados es pérdida de tiempo y tarea inútil. Quizás en este caso concreto sería más práctico preguntarles a los populares por qué no organizaron un “comité de seguimiento” similar cuando nos llevaron a los españoles, contra la voluntad de la mayoría, a ser cómplices de una guerra inhumana y genocida, o cuando el presidente Aznar decretó con carácter urgente la liberalización del suelo que fue el inicio de la especulación inmobiliaria y ha supuesto la ruina económica de millones de familias (eso que tanto y tanto les preocupa ahora).

Habría que preguntarles por qué no se han reunido con carácter urgente para salvar la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, o para poner freno al desastre urbanístico y medioambiental de la Comunidad Valenciana; o para poner orden en sus élites y deshacerse de la alianza que mantienen con aquéllos con los que, nunca,
bajo ningún concepto, se pueden aliar los que defienden un Estado democrático.

Como son preguntas retóricas, es decir, sin respuesta, lo mejor que podemos hacer los ciudadanos es informarnos bien y conocer esas técnicas manipulativas que algunos utilizan para someternos a la esclavitud de sus intereses. Una vez más, y no me canso de repetirlo, el laicismo y el librepensamiento son la clave; y son la mejor
defensa de los ciudadanos ante las grotescas falsedades y las manipulaciones de los que no respetan los postulados democráticos más básicos.

Coral BravoDoctora en filología, máster en psicología, miembro de Europa Laica.

 

 

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Todos recordamos la mentira, repetida hasta lo vomitivo, sobre lo que llamaban “la verdad del 11-M” (que pretendía sembrar una duda siniestra en la opinión ciudadana),  o el ridículo “España se rompe”, o “el gobierno de ZP negocia con ETA”. Ante tanto despropósito, el tiempo y la justicia, además del simple sentido común, han puesto las cosas en su sitio, y los ciudadanos no sólo han hecho caso omiso a tanto infundio canallesco, sino, además, han cobrado en réditos políticos y de  credibilidad al partido liderado por Rajoy; porque es una realidad que la categoría moral (me refiero a la auténtica moralidad y no a otra) del PP ha quedado definitivamente por los suelos.

Pues bien, el descalabro electoral de marzo no les ha hecho cambiar, según parece,  de estrategias. El pasado viernes, ocho de agosto, se reunían los máximos representantes del partido en lo que han llamado un “comité de seguimiento de la crisis” para, según ellos, buscar soluciones a los problemas económicos de los españoles (¿?). Con ninguna dosis de pudor (y menos aún de decencia) se atreven a recitar otro slogan (siguiendo las mencionadas tácticas de Goebbels) para calentar un poco más el ánimo de los españoles en agosto; “el gobierno no está” repitió hasta tres veces la secretaria general del partido –intentando hacer creer que el PP “trabaja” en agosto y el gobierno está “de rositas”-.

Es otra mentira repetida que pretenden pasar, sin serlo, por verdad. Y a los hechos me remito: el diario El País, ante tal “bienintencionada” afirmación, solicitó directamente al gobierno información sobre la actividad de los ministros en ese mismo día; al menos seis ministros, además de la vicepresidenta, se encontraban trabajando.

Pero tratar de rebatir con realidades las falsedades a las que el PP nos tiene acostumbrados es pérdida de tiempo y tarea inútil. Quizás en este caso concreto sería más práctico preguntarles a los populares por qué no organizaron un “comité de seguimiento” similar cuando nos llevaron a los españoles, contra la voluntad de la mayoría, a ser cómplices de una guerra inhumana y genocida, o cuando el presidente Aznar decretó con carácter urgente la liberalización del suelo que fue el inicio de la especulación inmobiliaria y ha supuesto la ruina económica de millones de familias (eso que tanto y tanto les preocupa ahora).

Habría que preguntarles por qué no se han reunido con carácter urgente para salvar la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, o para poner freno al desastre urbanístico y medioambiental de la Comunidad Valenciana; o para poner orden en sus élites y deshacerse de la alianza que mantienen con aquéllos con los que, nunca, bajo ningún concepto, se pueden aliar los que defienden un Estado democrático.

Como son preguntas retóricas, es decir, sin respuesta, lo mejor que podemos hacer los ciudadanos es informarnos bien y conocer esas técnicas manipulativas que algunos utilizan para someternos a la esclavitud de sus intereses. Una vez más, y no me canso de repetirlo, el laicismo y el librepensamiento son la clave; y son la mejor defensa de los ciudadanos ante las grotescas falsedades y las manipulaciones de los que no respetan los postulados democráticos más básicos.

Coral BravoDoctora en filología, máster en psicología, miembro de Europa Laica.

 

UGT denuncia que el 72% de las prestaciones de dependencia no corresponden a lo que dice la ley

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha vuelto a poner el dedo en la llaga al afirmar que el 72% de las prestaciones que la Conselleria de Bienestar Social ha reconocido bajo el paraguas de la ley de dependencia no se corresponden con el catálogo de servicios que establece la citada norma.

Pilar G. del Burgo, Valencia

De hecho, los datos recogidos por el Imserso a finales de julio dan a conocer que 18.012 de las 25.019 prestaciones reconocidas hasta esa fecha “no corresponde al catálogo de servicios que se establecen en la ley de Dependencia”.
Lo que sucede, como explicó la delegada Pilar Marco a Levante-EMV, es que la conselleria de Bienestar Social omite la información del 72% de las solicitudes tramitadas al incluirlas en la casilla de prestaciones sin especificar.
La FSP-UGT afirma que estos datos reflejan que en la Comunitat Valenciana, “las personas en situación de dependencia y sus familias no son atendidas como les corresponde por la Conselleria de Bienestar Social”.
De hecho, los 25.019 ciudadanos que reciben algún tipo de prestación social de la ley de Dependencia solo representan el 7,6% del total de las valoraciones realizadas en España, cuando el porcentaje de la Comunitat debería de ser del 9,7%.
La estadística del Imserso ha dado a conocer que el departamento que dirige el vicepresidente primero del Consell, Juan Cotino, no ha concedido ninguna ayuda a domicilio ni de teleasistencia, “prestaciones de servicios fundamentales para las personas en situación de dependencia que no quieren abandonar sus hogares”, según apunta la FSP-UGT.
De las 25.019 ayudas concedidas, solo 580 personas reciben una prestación de servicios en centros de día, sólo 34 más que el mes anterior. La estadística indica que 6.424 personas han visto reconocida la atención residencial, lo que representa solo nueve más que a principios de junio.

EL PP Y LA POCA VERGÜENZA DE LA GENERALITAT VALENCIANA CON EL METRO DE VALENCIA.

 

 POLÍTICA

¿Dónde están los 413 millones de euros comprometidos para modernizar el suburbano?

Otro aparatoso accidente en el metro de Valencia confirma que a Camps no le preocupa la seguridad del transporte

IGNASI PELLICER/VALENCIA

Los socialistas valencianos han vuelto a denunciar que el gobierno regional conservador del PP no está garantizando suficientemente la seguridad de los usuarios del transporte público. Lo han hecho a raíz del aparatoso accidente que tuvo lugar el martes, 29 de julio, al descarrilar un vagón del metro – sin provocar víctimas, aunque transportaba un centenar de pasajeros – en un tramo del trayecto que cubre la línea 1. En esa misma línea perdieron la vida hace dos años, exactamente el 3 de julio de 2006, un total de 43 personas y otras 47 resultaron heridas de gravedad, en la mayor tragedia de la historia del suburbano europeo.

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Para el vice-portavoz socialista en el ayuntamiento de Valencia, José Luis Ábalos, este nuevo y último accidente de metro, aunque no haya provocado víctimas, confirma “el desinterés de la Generalitat Valenciana en manos del PP para evitar que se vuelvan a producir dramas tan sangrientos como hace dos años”, según denuncia a El Plural. También desde Les Corts (legislativo valenciano), la diputada socialista Carmen Ninet, ha denunciado el “permanente incumplimiento” de los responsables del PP para mejorar el deficiente estado de la línea 1.

¿Ningún responsable?
Pese a la gravedad de este nuevo descarrilamiento, ningún alto responsable del ejecutivo conservador valenciano, ha salido a la palestra para explicar cuáles hayan podido ser esta vez las verdaderas causas del accidente. Según relatan testigos presenciales del suceso, coincidiendo con la versión del propio maquinista, el vagón de cola del tren se salió de la vía, hacía las 9h30 horas de la mañana del martes, sin que todavía se conozcan las causas. El convoy recorrió así sin control unos 200 metros, hasta pararse en la estación siguiente de Benimàmet, una pedanía de Valencia.

“Defecto de las vías”
Según fuentes técnicas de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), la que gestiona el metro de Valencia, el accidente podría haber sido causado por “un desnivel” en el terreno o bien debido a “un defecto de las vías”, aunque este tramo hacía unas semanas que había sido renovado, según precisan fuentes sindicales a El Plural.

Antecedentes
En diciembre de 2007, la misma línea 1 fue ya escenario de otro descarrilamiento, de cuyas circunstancias y causas no informó debidamente el gobierno conservador valenciano a la ciudadanía. Es más, durante ocho horas se mantuvo oculto este incidente a los usuarios, pese a los importantes desfases horarios que provocó el prolongado corte del servicio.

La seguridad no es prioritaria
El portavoz socialista municipal, José Luís Ábalos, ahora en campaña como candidato en liza para ocupar la secretaria general del PSPV-PSOE, no alcanza a explicarse – según comenta a El Plural – por qué la Generalitat del PP “no se ha fijado como una de las prioridades de su gobierno ofrecer un servicio de transporte público seguro y de calidad”, dice. Con mayor razón, insiste, tras haber sucedido aquí en Valencia, en la estación capitalina de Jesús, la tragedia del 3 de julio de 2006. La dimensión de este drama, aunque se debió a un exceso de velocidad, hubiera podido ser menor, según coinciden la mayoría de expertos, de haberse establecido las necesarias y suficientes medidas de seguridad por parte del gobierno del PP.

Dos años sin respuestas
Todavía hoy, dos años después, los familiares de las víctimas del accidente del 3 de Julio, siguen sin ser recibidas oficialmente por el gobierno valenciano del PP, sin que se haya tomado en consideración ninguna de sus propuestas para evitar que vuelva a producirse otra tragedia similar.

Promesas incumplidas
Se sorprende más todavía el representante socialista Ábalos cuando – según recuerda – hay un compromiso escrito por parte del gobierno de Francisco Camps, para invertir un total de 431 millones de euros hasta el año 2010, destinado a reformar las infraestructuras más antiguas del metro y a renovar la flota de los trenes más viejos. De ese presupuesto millonario no se conoce hasta hoy ni cuáles han sido las cantidades realmente invertidas, ni las prioridades que se han fijado.

Infraestructuras antiguas
La línea 1 es hoy por hoy la más larga en trayectos, la más utilizada por los usuarios, pero también es la más antigua y donde se da la mayor tasa de incidentes, averías y desfases de horarios de servicios. La mayoría de las frecuencias de paso entre tren y tren supera los 30 minutos de espera en parada, denuncian a El Plural portavoz de la plataforma de usuarios reivindicativa “15 minuts” en La Eliana. Según fuentes sindicales, de los 38 trenes en esta línea, apenas 12 convoyes han sido renovados en los últimos cinco años. El resto de trenes, como el del accidente del martes y el que causó la tragedia del 3 de julio de 2006, cuentan con más de 25 años en servicio permanente.

La cumbre de los alimentos de Roma cierra con un fracaso.

 

06-06-2008
 
Fracaso. Deberán esperar 854 millones de personas hambrientas y otros 100 millones más en riesgo de serlo. La comunidad internacional y los organismos multilaterales dejaron ayer Roma divididos, incapaces de afrontar el escándalo del hambre. La cumbre convocada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se cerró sin dar una solución estructural a un problema tan viejo como el hombre.
 

Fuente: El País

La FAO, que desde 1945 tiene el mandato de garantizar la seguridad alimentaria, gastó varios millones de euros en reunir a representantes de 183 países. El resultado fue una raquítica declaración de intenciones que obvia los problemas de fondo. “Es un resultado decepcionante”, admitió el ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini.

Durante toda la noche y el día de ayer, las 183 delegaciones y las agencias de la ONU buscaron un acuerdo que resumiera 72 horas de discusiones y ofreciera una postura decidida. No fue posible. Los intereses nacionales lo impidieron. La resistencia de los países ricos a condenar las barreras comerciales y los subsidios evitó dar pasos en esa dirección. Mientras, Argentina y Rusia no quisieron oír hablar de liberalizar las exportaciones, y Buenos Aires insistió hasta el final en retirar la mención a las “medidas restrictivas que aumentan la volatilidad de los precios” si no se aludía a las políticas injustas de los países desarrollados. Brasil y Estados Unidos ganaron la batalla de los biocombustibles y evitaron toda alusión negativa. Cuba intentó sin éxito que se incluyera una referencia al respeto del derecho internacional y acusó a Estados Unidos de ser el único país que niega el derecho a la alimentación. Venezuela dijo que el documento final “carece del mínimo espíritu humanitario”.

La declaración final, consensuada por todos, se saldó con compromisos mínimos: “Luchar por todos los medios para erradicar el hambre”, “buscar un comercio más justo”. El objetivo: reducir a la mitad el número de hambrientos. “Esa declaración no llenará ningún plato”, dijo la iraní Maryam Rahmanian, de la ONG Cenesta. “Es un paso atrás. En 2004, todos los Estados miembros de la FAO habían adoptado líneas directrices para asegurar el derecho a la alimentación”, resumió el brasileño Flavio Valente, miembro de Fian Internacional.

Oxfam fue más irónica. Se congratuló de que la agricultura haya vuelto, 30 años después, al primer plano, y señaló que el punto positivo de la cumbre es “el reconocimiento de que es necesario invertir en el sector agrícola”. Según el portavoz Alexander Woollcombe, “hacía falta un cambio radical. Es decepcionante que no sepamos siquiera cómo se invertirá el dinero que los países han puesto sobre la mesa”. La ONG puso como ejemplo a España, cuyo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a destinar 500 millones de euros en cuatro años para paliar la crisis, y convocó para noviembre una nueva reunión que dará seguimiento a la de Roma. “Es estupendo que Zapatero dé dinero, pero hace falta coherencia. ¿En qué países y de qué forma se invertirá?”.

La especulación que azota el mercado de alimentos, los monopolios de la distribución, el cambio climático, el proteccionismo y las barreras al comercio, los efectos reales de los biocombustibles y la creación de un nuevo modelo de ayuda son algunas de las incógnitas que Roma deja sin resolver. Y ello, en un momento en que la agricultura es el último grito de los fondos de inversión. En los últimos meses, se han invertido cientos de miles de millones en el boyante mercado de materias primas como trigo, maíz y soja. En cuatro meses, el precio de algunos de esos productos ha subido cerca del 50%.

La urgente necesidad de alimentos ha empujado a otros fondos, sobre todo británicos y estadounidenses, a comprar tecnología agrícola, fertilizantes, plantas de etanol, flotas de barcos para transportar alimentos, según contaba ayer The New York Times.

La conclusión es que una revolución agrícola está en marcha en el sector privado. Mientras, la FAO y la comunidad internacional han dado una señal evidente: no están preparadas para gobernar un negocio que mata de hambre a millones de personas y alimenta a empresas, especuladores y campesinos subvencionados.

 

Grande-Marlaska imputa a cinco altos mandos por el accidente del Yak-42

 

 POLÍTICA

Acusados de un presunto delito de homicidio por imprudencia

Grande-Marlaska imputa a cinco altos mandos por el accidente del Yak-42

ELPLURAL.COM

El juez Fernando Grande-Marlaska acusó a cinco altos mandos militares de un delito de homicidio por imprudencia grave y les cita a declarar en relación con las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42, que se estrelló en Turquía en 2003 con 62 militares a bordo. Los cinco mandos, para quienes el fiscal Fernando Burgos solicitó ayer su imputación, han sido convocados por el juez de la Audiencia Nacional para ser interrogados los próximos 23 y 24 de junio, según refleja el auto del magistrado.

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Los primeros que pasarán por el despacho del juez serán los que fueron jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) almirante general Antonio Moreno Barberá y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de división Juan Luis Ibarreta Manella. Al día siguiente lo harán el jefe de la división de operaciones del EMACON, contraalmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas; el coronel jefe de la sección logística de la división de operaciones del EMACON, Joaquín Yañez Gozález, y el comandante de esa misma sección, Alfonso Elías Lorenzo Taboada.

De uno a cuatro años de cárcel
El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional considera que los cinco militares son responsables en cuanto a que no ejercieron su función de controlar el cumplimiento del contrato que el Estado Mayor Conjunto (EMACON) suscribió con NAMSA, la Agencia de la OTAN contratista de los aviones para el traslado de tropas españolas al exterior. El delito de homicidio por imprudencia grave, que atribuye a los mandos militares, está castigado con una pena de uno a cuatro años de cárcel.

Ahorro presupuestario
La imputación de estos militares, añade el auto, no excluye que se investigue dónde fue a parar parte de los 149.000 euros destinados para contratar el vuelo, ya que el fiscal cree que la empresa subcontratista del avión sólo percibió un 25 por ciento y el resto se lo ahorraron a costa de reducir “de forma irresponsable las condiciones de calidad, seguridad y fiabilidad del avión”.

Por otra parte, Grande-Marlaska rechaza la imputación de las otras quince personas -entre militares y civiles- que solicitaban las familias de los militares fallecidos porque considera que no existe una “razón legal” que lo ampare.

El PP y los dineros de la visita del Papa a Valencia, Camps no solo se tendrá que confesar…tendrá que comparecer ante las Cortes Valencianas.

miércoles, 07 mayo 2008

EL GOBIERNO DE FRANCISCO CAMPS MINTIÓ A LOS VALENCIANOS: DIJO QUE HABÍA DEPOSITADO LOS GASTOS MILLONARIOS DE LA VISITA DEL PAPA EN JULIO DE 2006 Y EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO LO NIEGAN A RAJATABLAS…

El vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, asegura en una respuesta parlamentaria que la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, “con fecha 25 de julio de 2007” depositó “las cuentas correspondientes al ejercicio 2006 en el Registro de Fundaciones”. Sin embargo, dos meses después de esa fecha, el registro negó que estuvieran depositadas. La Fundación V Encuentro Mundial de las Familias -que tiene como patronos a la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el arzobispado de Valencia- fue la encargada de organizar el viaje del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. El Consell se ha negado siempre a revelar a cuánto costó la visita papal. EL PAÍS solicitó formalmente acceso a las cuentas de 2005 y 2006 en el Registro de Fundaciones de la Generalitat, que tiene carácter público. Escribe Joaquín Ferrandis en la edición de EL País Comunidad Valenciana

La fundación “ad hoc” bajo sospecha. Con fecha 10 de octubre de 2007, el servicio de entidades jurídicas de la Secretaría Autonómica de Justicia respondió mediante correo certificado: “Las cuentas relativas a los ejercicios 2005 y 2006 de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias no se encuentran depositadas en el registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana”. O miente el consejero, o miente el registro o, como apuntó ayer el departamento de Justicia para salir del embrollo, “se trata obviamente de un error”.La Consejería de Justicia insistió ayer en que la respuesta de Gerardo Camps es la correcta y que, si hay otra en sentido contrario, “obviamente fue un error”, de carácter humano o informático. Camps asegura, con la información ofrecida por Justicia, que las cuentas se depositaron en julio de 2007.

¿Por qué miente el gobierno de Camps…?. Pero la respuesta ofrecida por el Registro de Fundaciones a EL PAÍS es taxativa: “las cuentas relativas a los ejercicios 2005 y 2006 de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias no se encuentran depositadas”. En la contestación del Registro, que se reproduce con la respuesta de Gerardo Camps en el BOCV, no hay ninguna salvedad o precaución sobre el hecho de que se hubiese realizado el depósito y no fuese posible comprobarlo. Fuentes de la Consejería de Justicia insistieron en que las cuentas de la Fundación V Encuentro de 2006 están depositadas, pero advirtieron de que las mismas no serán accesibles hasta que los funcionarios certifiquen la documentación y comprueben que todo está correcto. Situación que no está previsto que suceda en breve. “Hay 600 fundaciones y 100 asociaciones de utilidad pública, pero siguen el orden de entrada [de la documentación] y ahora están revisando el ejercicio de 2006”, explicó una portavoz, que añadió: “La información no es pública hasta que no se hace la revisión”.

¿Cuánto pagaron los valencianos por las 26 horas de visita del Papa…? Los gastos de la visita del Papa, realizados con fondos públicos, se han convertido en uno de los secretos mejor guardados del Consell, que ha optado por recurrir a toda clase de trabas burocráticas para impedir que se conozca la gestión realizada. La respuesta parlamentaria de Gerardo Camps es una buena muestra de ello. La contestación -a una pregunta realizada en otoño pasado por la diputada de Esquerra Unida Glòria Marcos- está fechada el 17 de diciembre de 2007. Sin embargo, el contenido de la misma no se publicó hasta ayer mismo. Las interpelaciones del diputado socialista José Camarasa al Consell tampoco han tenido mejor suerte. Hasta tres veces ha intentado sin éxito este parlamentario socialista conocer en concepto de qué el Consell abonó una factura de casi 10.000 euros a una agencia de viajes durante la celebración del V Encuentro Mundial de las Familias. La fundación, como fórmula jurídica, ofrece mayores dificultades tanto a la oposición como a los ciudadanos para acceder a informaciones que tienen carácter público.