LAS AYUDAS PARA LA VIVIENDA DE JOVENES ENTRE 22 Y 30 AÑOS YA SE PUEDE PEDIR A PARTIR DE HOY.

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ARTURO DÍAZ – Madrid – 01/01/2008 20:56
A partir de hoy los jóvenes de entre 22 y 30 años, con un sueldo menor de 22.000 euros brutos al año, podrán solicitar la llamada Renta Básica de Emancipación del Ministerio de Vivienda.

El nuevo subsidio supone un total de 10.080 euros durante los cuatro años que dura la prestación, a razón de 210 euros mensuales. Los beneficiarios podrán recibir también un préstamo sin interés de 600 euros para la fianza.

El crédito deberá ser devuelto al finalizar el alquiler o cuando ya no se reciba la Renta. Incluso la tramitación del aval (si es necesario) recibe su ayuda: 120 euros.

Mario Martínez, miembro de la Asamblea Popular por el Acceso a la Vivienda (V de Vivienda, en Barcelona), es muy crítico con estas ayudas.

Sostiene que “van a servir para bastante poco”, porque “van a beneficiar a los propietarios”, y alerta de que “ya se están produciendo aumentos en los alquileres para quedarse con la ayuda”.

El “alquiler social”, es decir, que las administraciones gestionen los pisos vacíos para dedicarlos a alquileres baratos, es la propuesta radical de Martínez para enfriar los precios de los escasos pisos en alquiler.

La Plataforma por una Vivienda Digna afirma, por medio de un portavoz en Madrid, Rafael Corrales, que estas ayudas “pueden ser una solución transitoria pero no definitiva”. Asegura que “tarde o temprano”, la ayuda se incorporará al alquiler, subiéndolo.

“Lo más efectivo es mantener la vivienda protegida en régimen de alquiler”, propone Corrales. “Es lo que ha funcionado entre los nórdicos”, señala.

Vedada a los más ricos

La Renta no está abierta a los que cuenten con un patrimonio superior a 108.182 euros, ni tampoco a aquellos que ya posean una vivienda, salvo que no dispongan de su uso y disfrute, o su valor catastral sea inferior al 60% del precio máximo de una vivienda protegida.

Tampoco se aceptarán contratos de alquiler entre familiares próximos para atar corto a los pícaros.

La renta de emancipación es compatible con las ayudas, subvenciones o beneficios fiscales que existan en cada comunidad autónoma, pero no con las ayudas al inquilino de 240 mensuales durante dos años establecidas en el Plan Estatal de Vivienda (2005-2008).

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UN EX TRABAJADOR DE POPULAR RETRATA LA HIPOCRESÍA DE ROUCO VARELA Y DENUNCIA LA EXPLOTACION LABORAL DE LOS DEFENSORES DE LA “FAMILIA CRISTIANA”.

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POLÍTICA

 29/12/2007

Un ex trabajador de Popular TV retrata a los defensores de la familia cristiana

“360 euros mensuales: para pocos pecados me daba, señor Rouco”

DANIEL JIMÉNEZ LORENTE

España es el país del mundo con la vivienda más cara en relación a los sala­rios. El Gobierno destina a la protección de las familias el 0,78% del PIB, siendo el segundo país por la cola de la UE en este apartado, por delante tan sólo de Polonia. Además, se estima que alrededor del 40% de los trabaja­dores cobra menos de 1.000 euros, a pesar de las maratonianas jornadas de trabajo de los españoles, que dificultan la conciliación de la vida familiar y labo­ral. La precariedad laboral, el desorbitado precio de la vivienda y la falta de de­sarrollo de verdaderas políticas sociales son los principales problemas a los que se enfrentan las familias españolas. Pero difícilmente veremos este dis­curso el próximo día 30, en la concentración organizada por la alta jerarquía de la Iglesia española y por algunas de las congregaciones más poderosas, como Camino Neocatecumenal. Allí las cuestiones sociales ocuparán, según se de­riva de las declaraciones de sus impulsores, una cuestión secundaria. Las rei­vindicaciones serán antes morales (según la moral católica) y políticas, en clara alineación con el partido de la derecha. En realidad, para la Conferencia Epis­copal Española hablar de familia cristiana es una redundancia, puesto que no admite otro modelo de familia que el suyo.

Pero difícilmente se puede pedir conciencia social a una institución que no pre­dica precisamente con el ejemplo ni siquiera dentro de los organismos y enti­dades que dependen de ella.“En Madrid se peca masivamente”
Esto que voy a contar ahora ocurrió hace casi 3 años, a finales de enero de 2005. El cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, dijo entonces, cuando se celebraba la apertura de la Asamblea Sinodal de la archidiócesis, en la catedral de la Almudena, que en Madrid “se peca ma­sivamente; con osadía, unas veces, y otras con displicente ligereza”. Grabando las imágenes del acto se encontraba un cámara de Popular Televisión, la tele­visión del arzobispado y de la COPE, y un redactor, que es quien está escri­biendo este artículo. A pesar de que me había licenciado hace más de un año, cobraba 360 euros al mes; y podía dar gracias a Dios, porque los 6 meses an­teriores fueron 180 euros mensuales. Mi condición era la de becario, como si todavía fuera estudiante, pero la jornada no se correspondía con mi estado, llegando a alcanzar a menudo las 18 horas al día. Además, trabajaba ese do­mingo porque estaba de guardia, lo cual es bastante irregular, por no decir ile­gal. Un domingo de trabajo, con 360 euros mensuales en el bolsillo: para pocos pecados me daba, señor Rouco.

Los indefinidos morales
La acusada precariedad laboral es la norma dentro de los medios de comuni­cación de los obispos. Pero no se les puede negar cierta creatividad a sus di­rectivos. Popular Televisión ha creado de hecho una nueva categoría de con­tratos, muy acorde con el espíritu de la cadena. Son los llamados “indefinidos morales”. Consiste en mantener el mayor tiempo posible como trabajadores temporales a quienes llevan ya varios años en la empresa. Los contratos se terminan en julio, cuando comienza la programación de verano, que es sacada adelante prácticamente sólo por becarios, para volver a recuperar a “los vete­ranos” en septiembre. Antes de echarles en verano, a estos veteranos se les garantiza su continuidad dentro de la televisión por su ejemplo de esfuerzo y su buen hacer. Lástima que no sean lo suficientemente valiosos como para no pasar el verano en el paro, mientras pagan la hipoteca y no se atreven a pedir el subsidio de desempleo, por si las cuentas de cara a la devolución a la Hacienda Pública se tuercen.

También en la joya de la corona
Esto también pasa con la joya de la corona, esto es, la Cadena COPE, centro de difusión de las tesis ideológicas, nada pías, del ex maoísta y ferviente cre­yente (en el mercado) Federico Jiménez Losantos. Muchos de los redactores empleados en programas nacionales de la radio tampoco son contratados; figu­ran como freelance, aunque en la práctica sólo trabajan para este medio de comunicación, debido a que la fuerte carga de trabajo les imposibilita buscar más colaboraciones en otros medios. El sueldo neto que les quedaba para sus gastos personales, libre ya de impuestos y cotizaciones, no llegaba en 2005 a los 700 euros mensuales. En los corrillos de trabajadores siempre se ha dicho que esto realmente no es culpa de los obispos, que ellos no saben lo que se mueve de­ntro en su casa. Esperemos que ahora las cosas empiecen a cambiar, si quiera sea para que los empleados de Popular Televisión y la Cadena COPE puedan tener un sueldo digno que les permita fundar una familia, cristiana, por su­puesto. Además, si los obispos toman medidas evitarán de paso que los direc­tivos de Popular Televisión y Cadena COPE caigan en el pecado de la codicia.

La Iglesia terrateniente
Tampoco podemos exigir a la Iglesia que presione a los poderes públicos para que estos garanticen el derecho a la vivienda. En realidad, la Iglesia es uno de los grandes beneficiados del boom de la construcción de los últimos 10 años, como gran terrateniente que es. La fijación del alcance real de su patrimonio inmobiliario es tarea harto complicada, debido a que cada una de las 67 dióce­sis lleva sus cuentas por separado. Sí sabemos que es la mayor propietaria de tierras en España tras el Ministerio de Defensa. Este último organismo público controla 1.500 millones de metros cuadradazos. El tercer terrateniente, si­guiente en importancia tras la Iglesia, es RENFE, con 450 millones de metros cuadrados; entre esas 2 cantidades debemos situar el patrimonio que reúnen las 67 diócesis, aunque según algunas fuentes las posesiones de la Iglesia se­rían mayores incluso que las del propio Estado. A esto se une el trato fiscal pri­vilegiado de la Conferencia Episcopal, que está exenta de pagar el IVA que le correspondería por la compra de bienes y servicios. Dicha situación ha sido denunciada por la UE, que exige que terminen estas prebendas. Así se hará, pero no sin compensar a la Iglesia económicamente, como ha dejado claro el ministro de Economía, Pedro Solbes. Es decir, el gobierno va a dar más dinero procedente del erario público a los obispos para repararles del cumplimiento de la ley, que por cierto en un estado democrático y laico es igual para todos.

Benigno Blanco y el trasvase del Ebro
El Foro Español de la Familia, presidido por Benigno Blanco, es otro de los grandes impulsores de la concentración del 30 de diciembre. Blanco era una de las cabezas visibles de Iberdrola en el pasado, hasta que el PP se hizo con el poder, tras lo cual entró en la Secretaría de Estado de Aguas. Entonces Blanco pasó de defender los intereses de una gran eléctrica privada a gestionar una entidad pública que debe velar por el interés común en un tema tan primordial como el suministro del agua. A partir de su nombramiento, el PP, que era con­trario a la política de trasvases, decidió cambiar radicalmente su orientación. Blanco estuvo a la cabeza de esta nueva estrategia, apoyando en esos mo­mentos obras relacionadas con el trasvase del río Ebro a la cuenca del Júcar; Iberdrola fue la más beneficiada por esta operación. Blanco también participó en la creación de la sociedad de capital mixto (público y privado) Aguas del Jú­car S.A, encargada de obras relacionadas con el trasvase del Júcar al Vina­lopó. De nuevo todas las concesiones y licencias que se aprobaron al respecto beneficiaron a su antigua empresa. Y fue Blanco también quien envió una carta a la directora general de Presupuestos de entonces para que acometiera la expropiación de la central eléctrica de los Millares, que debía ser inundada por la nueva presa de Tous. El coste de dicha expropiación era de 15.000 millones de las antiguas pesetas. Después se supo que esa presa hubiera recibido el agua pro­cedente del Ebro si se hubiera hecho el trasvase. ¿A quién pertenecía esa central? Curiosamente a Iberdrola. En dicha carta también se pedía la cons­trucción de embalses en Aragón, los cuales no eran para provecho de los pro­pios aragoneses, sino para almacenar también el agua del trasvase, lo cual era ignorado en la región. Y así podríamos seguir rastreando por la biografía del muy católico Benigno Blanco, experto en eso del tráfico de influencias y del “agua para todos”, o más bien del “pasta para todos (sus amigos)”.

Ratzinger y sus amistades peligrosas
La celebración de la familia cristiana que tendrá lugar el próximo 30 de diciem­bre en la Plaza de Colón de Madrid contará con un invitado muy especial. Nada más y nada menos que el propio Benedicto XVI, que se encargará de la aper­tura del acto vía satélite desde Roma. Esperemos que Ratzinger pida por todas las familias, también por las de los desaparecidos en los años de la dictadura chilena. De este asunto sabe muy bien su leal amigo, el cardenal italiano An­gelo Sodano, que también es amigo íntimo del sangriento dictador Augusto Pi­nochet. Sodano formó además parte del cónclave que convirtió en Sumo Pontí­fice al alemán. Asimismo fue ratificado por Benedicto XVI como secretario de Estado del Vaticano en 2005, aunque más tarde, el 22 de junio de 2006, renun­ció a su cargo. El cardenal italiano fue nuncio del Vaticano en Chile entre 1977 y 1988. Jamás movió un dedo contra las violaciones de los derechos humanos protagonizadas por su camarada dictador. Miles y miles de chilenos perecieron en esos años de terror en un país donde se había cercenado de golpe, por la vía de las armas, la esperanza de vivir bajo el amparo de un auténtico Estado social y democrático de derecho. Una de las prioridades del gobierno de Allende era precisamente aumentar el bienestar material de las familias, de esas familias rotas por el amigo de Sodano. Que Dios al menos, si no es el Papa, se apiade de estas familias que ya no podrán reparar nunca esta pér­dida.

La Iglesia de Cristo
La Iglesia, la verdadera Iglesia de Cristo, debería tener una vocación universal y velar por el bien de todos, creyentes y no creyentes. Jesucristo acogió en su seno a delincuentes, publicanos del Imperio Romano y prostitutas. Más de 2.000 años después, Roma es un club de lujo para socios con un perfil muy definido. Seguramente muchas familias jamás podrían ir a un acto como el del 30 de diciembre y explicar abiertamente por qué ellos se consideran también familias, pero no cristianas. No serían comprendidos por los jerarcas de la Igle­sia, estos jamás querrían entender que hay otros modos de hacer las cosas que no hacen ningún daño a sus creencias religiosas. Señores obispos, apren­dan tolerancia; no tienen que ir muy lejos. Como dijo uno de los grandes rebel­des de la historia, “bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanza­rán misericordia”.

Daniel Jiménez Lorente es periodista y activista de V de Vivienda

EL PP DE LA COMUNITAT VALENCIANA OBSTRUYE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA.

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POLÍTICA

 17/12/2007

La derecha provoca “una situación social límite” en detrimento de los discapacitados

El bloqueo del PP valenciano a la Ley de Dependencia envía al paro a 186 trabajadores sociales

IGNASI PELLICER/VALENCIA

El próximo 31 de diciembre se va a llegar en la Comunidad Valenciana a una “situación social límite”, según alerta el sindicato CC.OO. Este punto crítico será el resultado del persistente bloqueo que el gobierno conservador del PP está haciendo a la aplicación de la ley de Dependencia que promueve el ejecutivo socialista.

Según confirma a El Plural la responsable de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Adelaida Vega Roca, en la fecha marcada, los 186 trabajadores sociales que desde septiembre se encargaban en Ayuntamientos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de evaluar y redactar informes de las solicitudes de ayudas, irán a engrosar las listas del paro.

Todos al paro
Desde la administración autonómica se justifican los despidos en cadena porque las convocatorias están planificadas para cubrir períodos de seis meses, “dependiendo de que hayan existencias de fondos en los presupuestos”. Esta última condición es la que más inquieta a los afectados por el despido. En las cuentas de la Generalidad Valenciana para 2008 no figuran partidas específicas para estos fines. Se deduce, desde la oposición de izquierdas, que se está pretendiendo cubrir los costes únicamente con las transferencias del gobierno central. Para 2008 rondarán los 80 millones de euros.

Sin garantías
En cualquier caso, los trabajadores sociales cesados no esperaban la carta de despido, sino otra a la inversa que les confirmara en sus puestos automáticamente, para no entorpecer sus tareas con la discontinuidad forzada que ahora tienen que soportar, sin garantía formal de que vuelva al trabajo más adelante algún día.

Una trabajadora afectada
Una de las trabajadores sociales afectadas por este parón laboral, Virginia Tovar, explica que con esta manera de actuar se ocasiona un mayor retraso en la gestión de las ayudas -“que es lo que persigue la Generalitat Valenciana”, insiste– para que la aplicación de la ley socialista parezca un rotundo fracaso, al menos en la autonomía valenciana.

Todo “en saco roto”
Además del quebranto económico personal, los trabajadores sociales se quejan de que todo lo que han avanzado durante los últimos cuatro meses “caerá en saco roto”. Se tendrá que empezar de nuevo, en detrimento de quienes tienen que percibir las ayudas económicas, es decir las personas mayores con problemas de movilidad y personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

Sistema de contratación
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia, Pilar Rueda, reconoce a El Plural que el método de contratación empleado por el Consell para estas taras técnicas en ayuntamientos “no es bueno”. Dice que genera inestabilidad en el técnico y, muy posiblemente, una merma de calidad de servicio, dada su precariedad. Añade otro problema, al denunciar que entre los contratados de la primera convocatoria “muchos no eran titulados sociales”, asegura, dando a entender que ha podido haber mano ancha para el “enchufismo”.

A cuatro meses vista
Pese al malestar y a la incertidumbre general que reinan en los profesionales sociales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), responsable de distribuir en los Ayuntamientos los recursos para cubrir los gastos de personal de atención, ha vuelto a publicar el pasado 10 de diciembre otra convocatoria, idéntica a la que publicó en julio. A ella van a tener que acudir de nuevo los Ayuntamientos, 117 en total, si quieren volver a tener operativos los servicios de atención. Por rápido que se actúe, este duplicado proceso de selección se alargará hasta el mes de abril o mayo, después de las elecciones generales de marzo.

Ritmo lento
Además de este taponamiento en los ayuntamientos, al modelo adoptado por la Generalidad Valenciana le están lloviendo críticas de variada índole. Los sindicatos le acusan de llevar un ritmo muy lento. Hace una semana se publicó un informe de ámbito estatal en el que la Comunidad Valenciana, junto con la madrileña, está a la cola respeto al resto de Gobiernos regionales. En territorio valenciano todavía nadie, de los muchos miles de ciudadanos que tienen derecho a cobrar, ha percibido estas ayudas. En Navarra, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha se han empezado a abonar, con tarifas entorno a los 489 euros mensuales para beneficiarios que viven en el entorno familiar y 657 euros cuando se contrata una persona para su cuidado.

Incumplimiento de una ley estatal
De entre todos los desajustes y errores de aplicación que se achacan a la Generalidad Valenciana, el más grave es el que pone sobre el tapete la trabajadora social, Virginia Tovar. Advierte que de no firmarse el convenio con el Gobierno antes de que finalice este año a la Generalidad Valenciana, se le puede acusar de “incumplimiento de una ley estatal”, con lo que ello significa, si se actúa por la vía judicial.

EL PP EN LA GENERALITAT VALENCIANOS: RACANEAN Y MIENTEN PARA NO APLICAR LA LEY DE DEPENDÉNCIA.

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viernes, 14 diciembre 2007

EL GOBIERNO ASEGURA QUE HA TRANSFERIDO A LA GENERALITAT VALENCIANA 21 MILLONES DE EUROS Y ESTA NIEGA HABERLOS RECIBIDO PARA FINANCIAR LA LEY DE DEPENDENCIA…

Según publica hoy el diario Levante-EMV, el vicepresidente valenciano de Bienestar Social, Juan Cotino, afirmó ayer que su departamento ha realizado ya alrededor de 25.000 valoraciones de personas que quieren acogerse a la ley de Dependencia. Insistió en que las resoluciones de ayudas están preparadas para ser emitidas en el momento que el Gobierno estatal firme el convenio previsto con la Comunitat Valenciana (sic).

Según el mismo diario valenciano, fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aseguraron ayer que la Generalitat  Valenciana ya ha cobrado los 21.277.833 euros incluidos en el acuerdo bilateral. No precisaron estas fuentes si el acto formal de la firma se ha llevado ya a cabo, circunstancia que Bienestar Social reiteró más tarde a este diario que no ha tenido lugar.

¿Dónde han ido a parar los 21 millones de euros…? Una portavoz del departamento de Cotino enfatizó asimismo que «los 21,2 millones aquí no han llegado» e instó a ser «absolutamente escrupulosos» en esta cuestión. Gobierno y Generalitat mantienen, por tanto, la confusión y las diferencias sobre el despliegue de la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana. La embarrada situación afecta a miles de personas mayores y discapacitadas que no pueden valerse por sí mismas y a sus familias.

El gobierno valenciano  bloquea intencionadamente la ley socialista. La consecuencia más evidente es el retraso en la entrada en ejecución de la normativa, que contempla la atención a las personas dependientes como un derecho. Así, a falta de 15 días para acabar el año, el convenio entre las dos administraciones continúa sin ser firmado y las ayudas previstas no han empezado a ser pagadas por Bienestar Social. En este sentido, las fuentes del ministerio consultadas ayer por este diario subrayaron que la atención a los dependientes no puede estar supeditada a un convenio: «Es ya un derecho y la ley ampara a los ciudadanos» . Compararon el caso con que se impida a un niño ir a un colegio porque falta un convenio con el Ministerio de Educación. Agregaron además que el convenio es sólo una parte de la financiación; otra se ingresa mensualmente según la cifra de personas atendidas e incluidas en el sistema.

AYUDAS A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.

Ayudas a las familias monoparentales

Las familias monoparentales gozarán desde 2008 de las mismas ventajas que las numerosas al solicitar becas y subvenciones, u obtener bonificaciones para el transporte

Las familias que tengan dos o más hijos a su cargo tendrán las mismas ventajas fiscales que las familias numerosas -las formadas por tres o más hijos- a partir de 2008. Además, obtendrán las mismas ventajas que éstas a la hora de solicitar becas, ayudas o subvenciones para la enseñanza y bonificaciones en los transportes. Asimismo, desde el próximo ejercicio se podrán beneficiar de las acciones protectoras que se desarrollen en materia de vivienda y en el ámbito educativo, a través de exenciones y bonificaciones en los precios de los colegios públicos, y se les aplicará, como mínimo, una reducción del 50% en el precio de entrada a los museos de titularidad estatal.

  • Autor: Rosa M. López Maroto | 
  • Fecha de publicación: 12 de diciembre de 2007

M Nota

Las familias compuestas por viudos, personas separadas, divorciadas o solteras que tengan dos o más hijos a su cargo se equiparan a partir de ahora (el próximo mes de enero)a las familias numerosas, ya que gozarán de los mismos beneficios que éstas en materia de transporte, vivienda, colegios o museos. De este modo, cualquier miembro de una familia monoparental tendrá derecho a reducciones en los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo -que oscilan entre el 20% y 50%-, y a bonificaciones, entre el 5% y el 10%, sobre las tarifas por servicios regulares nacionales de transporte aéreo.

En materia de vivienda podrán acogerse a la mejora de las condiciones para acceder a las ayudas financieras para la adquisición de una casa, y a las facilidades que se conceden para el cambio a una vivienda protegida o usada de mayor superficie, cuando se produzca la ampliación del número de miembros de la estructura familiar. Las comunidades autónomas tienen previsto seguir esta misma política y aplicar a la familias monoparentales con dos o más hijos la mismas ventajas que a las numerosas. ¿En qué medidas se concretan estas ayudas autonómicas?

Carné oficial

En Cataluña se creará un carné oficial por el que se acreditará, entre otros, a las madres solteras. Para obtenerlo, los interesados tendrán que cumplir una serie de requisitos como presentar el NIF vigente del solicitante, el libro de familia completo, el certificado de defunción en caso de viudedad, la resolución judicial de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas. Se contemplan situaciones especiales en las que no se podrá acceder a estas ayudas como en el caso que el solicitante reciba una pensión del ex cónyuge.

En Cataluña las familias monoparentales con hijos menores de seis años reciben 700 euros anuales de subvención

Esta medida amplía las prestaciones que hasta ahora recibían las familias monoparentales en Cataluña, en donde se reconocen, sin embargo, algunos derechos específicos a estos núcleos de convivencia. Las familias de este segmento social que tengan hijos menores de seis años reciben una ayuda económica anual de 700 euros, la misma que reciben las familias numerosas. Sin embargo, hasta ahora, no se contemplaba la equiparación en la matriculación de los hijos en los centros escolares, las becas de comedor, o los descuentos en el recibo del agua, por citar solamente algunos ejemplos.

Subvenciones

La gran mayoría de comunidades autónomas españolas dispone de una amplia serie de prestaciones complementarias destinadas a los núcleos monoparentales, que van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas económicamente, a una extensa batería de ayudas y subvenciones para alguno o varios de sus miembros. Guarderías en las que tienen prioridad los hijos de mujeres con cargas familiares o subvenciones de estancias de vacaciones para mujeres con hijos de forma exclusiva son algunos ejemplos de las medidas que contempla la administración autonómica para este segmento social.

La Comunidad andaluza, dentro de las ayudas económicas dirigidas a este núcleo, dispone de programas de ayuda de emergencia social e inserción social, recursos complementarios para cubrir las necesidades de subsistencia, y prestaciones económicas para los gastos de comedor infantil. Las familias monoparentales de Aragón reciben las ayudas generales del Estado, aunque también hay algunas específicamente destinadas a la educación de los hijos. En Asturias, el apoyo se circunscribe al ámbito municipal, como el programa de intervención para mujeres con hijos a su cargo en el municipio de Avilés, y las ayudas económicas para mujeres con cargas familiares que funciona a través del ayuntamiento de Gijón. En Castilla y León, además de las ayudas generales del Estado, cuentan con una red que comprende servicios sociales básicos de ayuda a domicilio y de orientación para el acceso al empleo.

Las ayudas autonómicas van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas a subvenciones para sus miembros

En Baleares y Canarias, además de gestionar estas ayudas generales, ofrecen servicios específicos para las familias monoparentales con menos recursos económicos. Cantabria también contempla apoyo económico a estas familias en diversos ámbitos: guarderías -en las que tienen prioridad de acceso los niños de mujeres con cargas familiares-, y subvenciones para estancias de vacaciones para mujeres solteras, viudas o separadas con hijos.

La Comunidad de Madrid incide en las ayudas extraordinarias dirigidas a personas físicas o unidades familiares que carezcan de medios económicos suficientes con que atender las necesidades básicas. Por su parte, en el País Vasco la Diputación de Vizcaya ofrece ayudas generales a través de los ayuntamientos, mientras que en La Rioja no se contempla ningún programa específico para esta clase de familias, sino que gestionan las ayudas generales a través de los ayuntamientos. La Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Galicia, Extremadura, y Murcia incluyen diversas prestaciones y subvenciones básicas destinadas a este tipo de núcleos familiares.

Acreditación como familia monoparental

La condición de familia monoparental se acreditará mediante el título que establezca y expida la comunidad autónoma donde tenga fijada su residencia la persona solicitante. Las familias que tengan otras nacionalidades y pertenezcan a Estados Miembros de la Unión Europea deberán acudir a la comunidad autónoma en la que el solicitante ejerza su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.

En el caso de los españoles que trabajen en instituciones nacionales fuera del territorio nacional, el título oficial será expedido por las autoridades competentes de la comunidad autónoma en la que se encuentren inscritos los solicitantes a efectos de su participación electoral.

Al igual que ocurre con otros títulos como el de familia numerosa, la acreditación de familia monoparental deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición o posterior renovación del título, y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de este tipo de familia, así como cuando alguno de los hijos deje de reunir las condiciones para figurar como miembro de esta unidad familiar.

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LA IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA.

Certificado de minusvalía

Las personas con un grado de discapacidad superior al 33% pueden acceder a subvenciones especiales y ayudas para la compra de un coche o una vivienda

El certificado de minusvalía es el documento que reconoce el grado de discapacidad de una persona. Cuando éste es superior al 33%, se puede acceder a una serie de beneficios, como subvenciones específicas para personas discapacitadas, exención de impuestos en la adquisición de un vehículo y ayudas para la compra de una vivienda. Estas ventajas dependen del grado de minusvalía que se acredite. En total, hay cinco categorías.

  • Autor: A. García | 
  • Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2007

Valoración de la discapacidad

El certificado de minusvalía permite a las personas con alguna discapacidad tener derecho a percibir una prestación económica o subsidio. Además, es un documento muy útil para acceder a una vivienda, recibir subvenciones especiales para personas discapacitadas o acceder a un puesto de trabajo. Su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorgan los organismos públicos.

Jefa

El grado de minusvalía se expresa en un porcentaje entre 0 y 100, si bien la ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía. Además, cuando se supera el 25%, a este porcentaje se pueden sumar hasta un máximo de 15 puntos derivados de los factores sociales complementarios que pueden dificultar la integración social de una persona, es decir, el entorno familiar y la situación laboral, educativa y cultural.

En cuanto a la valoración de las situaciones de minusvalía, el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula este aspecto, establece la necesidad de someterse al examen de un tribunal médico oficial, encargado de emitir el dictamen que reconoce el grado de minusvalía. Este tribunal puede depender del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o de las comunidades autónomas que tengan transferida esta función.

La ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía

En su dictamen, los expertos recogen los informes médicos, psicológicos o sociales necesarios para determinar el grado de minusvalía, que puede ser objeto de revisión en los dos años siguientes a su reconocimiento, siempre que se constate una mejoría razonable, se acredite error de diagnóstico o se produzcan cambios “sustanciales” en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la minusvalía.

Las pautas de valoración no se centran tanto en el alcance de la deficiencia, como en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. En este sentido, también son objeto de valoración las enfermedades que cursan en brotes e interfieren en el día a día de las personas que las padecen. Para solicitar el certificado, hay que acudir al departamento de asuntos sociales correspondiente, recoger un impreso de solicitud y someterse a una revisión médica, en los términos que establece la ley. Posteriormente, la persona interesada queda a la espera de la resolución.

Grados de minusvalía

La normativa vigente reconoce cinco categorías o grados de discapacidad, ordenados de menor a mayor porcentaje. Cada categoría reconoce un grado de dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, de manera que el primer grupo incluye las deficiencias permanentes que no producen discapacidad y el último grupo, las deficiencias permanentes severas que suponen, incluso, la dependencia de otras personas.

  • Grado 1, discapacidad nula. Aunque la persona presenta una discapacidad, ésta no impide realizar las actividades de la vida diaria. La calificación de esta clase es del 0%.
  • Grado 2, discapacidad leve. Existe dificultad para realizar algunas actividades de la vida diaria, pero el porcentaje de minusvalía está entre el 1% y el 24%.
  • Grado 3, discapacidad moderada. Hay una gran dificultad o imposibilidad para llevar a cabo algunas actividades, aunque la persona se puede cuidar a sí misma. El grado de minusvalía está comprendido entre un 25% y un 49%.
  • Grado 4, discapacidad grave. Existe dificultad para algunas actividades de autocuidado y un porcentaje de minusvalía que oscila entre un 50% y un 70%.
  • Grado 5, discapacidad muy grave. Es el grado más severo. Las personas afectadas no pueden realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria. El porcentaje de minusvalía es del 75%.

En esta clasificación se incluye la evaluación de los sistemas musculoesquelético, nervioso, cardiovascular, hematopoyético y endocrino, así como los aparatos respiratorio, digestivo, genitourinario y visual, la piel, el lenguaje, las neoplasias, el oído, la garganta y las estructuras relacionadas. No se incluye a las personas con retraso mental, ya que esta circunstancia cuenta con criterios específicos de evaluación al considerarse que las deficiencias intelectuales, por leves que sean, ocasionan siempre un cierto grado de interferencia en la realización de las actividades de la vida diaria.

Beneficios que otorga el certificado

Jurek Durczak

Las personas discapacitadas a las que se reconoce una minusvalía superior al 33% cuentan con una serie de beneficios. En el ámbito económico, la ley contempla reducciones en la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para trabajadores con una discapacidad superior al 33%. En concreto, El artículo 58 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, establece que los contribuyentes discapacitados pueden reducir la base imponible en 2.000 euros anuales o en 5.000 euros, “si el grado de minusvalía es igual o superior al 65%. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a la hora de adquirir un vehículo sólo deben pagar el 4% en lugar del 16%. Además, las personas discapacitadas están exentas de abonar el impuesto de matriculación y de circulación de vehículos.

Se contemplan reducciones en la base imponible del IRPF, prestaciones económicas y la exención de los impuestos de matriculación y circulación de vehículos

En cuanto a las prestaciones, los progenitores tienen derecho a percibir una asignación económica por cada hijo o hija menor de 18 años con un 33% o más de discapacidad o mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%. Por su parte, las personas entre 18 y 65 años, con una minusvalía reconocida igual o superior al 65% y que carecen de rentas o ingresos suficientes pueden recibir una pensión no contributiva por invalidez. Por último, se reconocen otras prestaciones de integración social de los minusválidos, que comprenden un subsidio de movilidad para gastos de transporte -personas mayores de 3 años con una discapacidad igual o superior al 33%- y asistencia sanitaria y farmacéutica -personas con una discapacidad igual o superior al 33% y que no tienen cubierta esta necesidad-.

Otros beneficios derivados del certificado de minusvalía hacen referencia a la compra de una vivienda, ya que el plan de vivienda 2005-2008 establece la concesión de una ayuda para la compra de viviendas de protección oficial (VPO) y la subsidiación de los intereses del préstamo solicitado. Por su parte, las instituciones autonómicas o locales pueden contemplar otras ayudas individuales para la adaptación del hogar o adquisición de ayudas técnicas, así como zonas de aparcamiento reservado o prioridad en el acceso a un empleo.

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9.000 MILLONES DE € PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS VIVIENDAS.

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9.000 millones para mejorar la eficiencia energética de las viviendas

Redacción fotocasa.es , 11/12/07, 16:28 h

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado un Plan de Rehabilitación Energética Integral para incentivar la renovación de 500.000 viviendas con ayudas y, fundamentalmente, préstamos, por un total de 9.000 millones de euros en el periodo 2008-2012.

 

Zapatero avanzó que destinará 1.000 millones de euros a ayudas directas para rehabilitar edificios antiguos para mejorar su eficiencia energética en los próximos cuatro años. El actual Plan Nacional para la rehabilitación energética de viviendas ya tenía previstas ayudas por 800 millones de euros en 2008-2012, con lo que el anuncio del presidente del Gobierno supone un incremento de 200 millones de euros para este plan.

 

Para complementar esa ayuda, dijo que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) abrirá una línea de crédito por importe de 2.000 millones de euros al año para conceder préstamos en condiciones preferentes a los hogares que deseen acometer proyectos de renovación de este tipo. Además, dijo que el Gobierno creará un fondo especial de 200 millones de euros para rehabilitar edificios públicos y escuelas en ciudades de más de 50.000 habitantes, mediante una asociación con Ayuntamientos e instituciones financieras, en la línea de la iniciativa de “ciudades energéticamente responsables” lanzada por el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton.

 

El consumo energético en los edificios rehabilitados podría reducirse entre un 35 y un 60 por ciento

 

El objetivo es que los edificios antiguos terminen cumpliendo las normas del Código Técnico de la Edificación (que obliga a que todos los edificios construidos a partir de 2007 incluyan paneles solares) y obtengan una certificación energética, además de una reducción de la factura energética. El consumo energético en estos edificios rehabilitados podría reducirse entre un 35 y un 60 por ciento, estimó Zapatero. “Luchar contra el cambio climático requiere asumir esfuerzos, pero no hacerlo además de ser inviable a medio plazo, comporta todavía costes superiores”, añadió el presidente del Gobierno.