¡QUIERO QUE ME ATIENDA EL DOCTOR MONTES!

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Mi amigo del alma, Josep Bodí,  me envia este documento que ya hemos cumplimentado más de 7.000 ciudadanos.

Quiere demostrar su solidaridad a Montes y su equipo y reclamar un comportamiento digno de los políticos que nos gobiernan.


Un saludo a todos.
Hacérselo llegar a vuestros contactos  ¡¡¡¡PÁSALO!!!!
 http://www.quemeatiendamontes.com/firma.php

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AL PP LE IMPORTA UNA HIGA LA JUSTICIA. A PROPOSITO DEL SEVERO OCHOA Y CENTENARES DE CASOS MÁS.

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POLÍTICA

 03/02/2008

La irreal realidad de la derecha española

Cuando el PP se pasa por el forro de sus órganos genitales al Estado de Derecho

La reacción del PP ante la sentencia firme, y no recurrible, de la Audiencia Provincial de Madrid, absolviendo totalmente al doctor Montes y a su equipo de todas las gravísimas acusaciones que pesaban contra ellos, confirma que esta derecha que lidera Mariano Rajoy está dispuesta a pasarse por el forro de sus órganos genitales al Estado de Derecho y, por supuesto, lo que más le convenga en cada momento. El caso del Severo Ochoa lo corrobora.

Lo cierto es que los populares tienden a moldear la realidad, hasta retorcerla sin complejo alguno, en función de sus intereses electorales. Si consideran preciso decir que lo blanco es negro o viceversa, lo dicen y se quedan más largos que anchos. De modo que, por ejemplo, en la actualidad niegan sin pestañear la existencia del proceso de paz que el Gobierno de José María Aznar gestionó durante más de un año, buscando el fin de ETA mediante el diálogo y la adopción de medidas destinadas a contentar o complacer a los terroristas.

Justificaciones falsas
No hubo tal proceso de diálogo con ETA, proclaman desde hace un tiempo aquellos que llegaron a levitar pensando que Aznar podría pasar a la historia de España como el nuevo Príncipe de la Paz. El mismo principito que engañó a la opinión pública sacándose de la manga y esparciendo un repertorio de justificaciones falsas en relación a la guerra de Irak. No sólo dijo esto el gran amigo de Bush, sino que hasta el día de la fecha no ha pedido por sus embustes ni la más mínima disculpa.

El principito
El comportamiento de Aznar y de su corte de palmeros a raíz de la masacre del 11-M fue otra exhibición de irreal realidad. Decidió el principito que lo mejor que se ajustaba a su estrategia para derrotar en las urnas del 14-M a los socialistas era difundir urbe et orbi que los autores de la matanza de casi doscientos ciudadanos habían sido los etarras. Y dicho y hecho. Incluso horas antes del día de las elecciones, el candidato Rajoy declaró en la portada de El Mundo que él tenía la convicción moral de que había sido ETA, lo que completaba el inefable Acebes con otras invenciones.

Teoría maligna
Tras su fracaso, no hubo reconocimiento de culpa, naturalmente. Forjaron entonces los genoveses la teoría de la conspiración sobre la autoría de los atentados de Madrid, teoría maligna que todavía sigue en pie, a pesar de la sentencia del magistrado Gómez Bermúdez que descarta con todo género de precisiones la colaboración incluso indirecta o casual de ETA en el 11-M. Y descarta también, desde luego, la más leve sospecha de que estuvieran involucrados en tan estremecedor crimen policías, guardias civiles, tramas vinculadas al PSOE o los servicios secretos de la República francesa o del Reino de Marruecos, como habían venido afirmando desde los medios afines al PP.

Volvamos a Leganés
Volvamos en todo caso a Leganés y a la infamia perpetrada por el Gobierno de Esperanza Aguirre a través de su consejero de Sanidad Manuel Lamela. Montó el tándem Lamela/Aguirre un auto de fe destinado a destrozar más aún la sanidad pública –en provecho de los negocios privados y en perjuicio de los pacientes madrileños- y a impedir, en paralelo, que prosperara la legalización de la eutanasia. No se anduvieron con chiquitas ni la presidenta por tamayazo ni Lamela, que va diciendo por ahí, tras unos días de holganza, pobrecito, que él volvería a actuar de la misma manera “una y otra vez”, que su proceder fue “impecable” y que no tiene por qué “pedir perdón a nadie”.

¡Quía!
¿Responsabilidades políticas, ésas que exigía Aznar cuando vociferaba en el Congreso aquello de “¡Váyase, Sr. González!” y anunciaba que él regeneraría la política española? ¡Quía! De eso nada, monada. Se habrá equivocado el juez en el asunto del Severo Ochoa. O habrá redactado la sentencia un juez progresista al servicio de Zapatero y de la masonería. ¿Por qué fiarse del criterio de un magistrado, cuando nadie está exento de error? ¿Es que ha de valer más el veredicto de un leguleyo con toga que la palabra de honorables gobernantes como doña Espe y el esquiador Lamela?

Según todos los síntomas
¿Y a todo esto qué piensa Rajoy? Habla por teléfono con su primo, luego lo hará con Pizarro y, finalmente, con Aznar. Al fin y al cabo, el doctor Montes es, según todos los síntomas, un rojazo de tomo y lomo.

E.S.

ENFERMOS DEPENDIENTES DENUNCIAN ANTE EL SINDIC QUE LA GENERALITAT VALENCIANA NO APLICA LA LEY DE DEPENDENCIA; ¡DENUNCIALO TU TAMBIEN!

CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL (Mándale una carta al Conseller)
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Teléfino Gratuito: 900 21 09 70       correo electrónico: consultas_sindic@gva.es
Defensor del Pueblo: http://www.defensordelpueblo.es                                                                 escudo-consti-sm.gif
DENUNCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS AL SINDIC DE CREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
El art. 25 de la Carta de Servicios del Síndic de Greuges reconoce el derecho de la ciudadanía y de las usuarias y usuarios a formular reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios prestados por el Síndic de Greuges:

a) Reclamaciones: en caso de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía relacionada con el funcionamiento de los servicios de esta Institución que suponga una falta de calidad de los mismos, toda persona podrá formular reclamaciones, que se presentarán por escrito y firmadas, en cualquier formato o soporte, y en la que deberán constar los datos identificativos del remitente y la dirección en la que poder contactar.

En el plazo máximo de 15 días desde la presentación de la reclamación, salvo que se hayan solicitado aclaraciones al usuario afectado o a terceros, se comunicarán a la persona reclamante las actuaciones realizadas y, en su caso, las medidas adoptadas.

Reclamaciones (Clic)

b) Sugerencias: todas las personas podrán formular sugerencias e iniciativas relacionadas con el funcionamiento de los servicios de esta Institución, que podrán remitir por cualquier medio o soporte escrito en el que figuren los datos identificativos de la persona que la remite.

En el plazo máximo de 15 días desde la presentación de la sugerencia o iniciativa, salvo que se tengan que realizar otras actuaciones o solicitar aclaraciones, se enviará a la persona remitente el posicionamiento de la Institución sobre la cuestión planteada.

Sugerencias (Clic)

 

CONTRA LA OBSTRUCCIÓN POLÍTICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA, HAY UN ACTO SOLIDARIO Y MANDA TU QUEJA AL SINDIC DE GREUGES.

Dependencia

Enfermos dependientes denuncian al Consell ante el Síndic por no aplicar la ley

Un grupo de afectados de distrofia muscular y otras enfermedades degenerativas con un grado de discapacidad superior al 80 por ciento han denunciado hoy ante el Síndic de Greuges la “pasividad” del Gobierno valenciano en la aplicación de la Ley de Dependencia. Una veintena de enfermos y familiares han presentado esta mañana un escrito de queja ante el Síndic en el que denuncian que el Consell no ha contestado a sus solicitudes y tampoco ha evaluado a los afectados, a pesar de haber difundido informaciones, en su opinión “falsas”, diciendo que “a finales de enero” recibirían las prestaciones económicas contempladas en la ley estatal.  EFE/Manuel Lorenzo
 MULTIMEDIA

Un grupo de afectados de distrofia muscular y otras enfermedades degenerativas con un grado de discapacidad superior al 80% han denunciado hoy ante el Síndic de Greuges la “pasividad” del Gobierno valenciano en la aplicación de la Ley de Dependencia.

EFE Una veintena de enfermos y familiares han presentado esta mañana un escrito de queja ante el Síndic en el que denuncian que el Consell no ha contestado a sus solicitudes y tampoco ha evaluado a los afectados, a pesar de haber difundido informaciones, en su opinión “falsas”, diciendo que “a finales de enero” recibirían las prestaciones económicas contempladas en la ley estatal.Según consta en la queja, en mayo del pasado año presentaron la solicitud para la evaluación y concesión de ayudas para grandes dependientes.Seis meses después presentaron una reclamación administrativa ante la Conselleria de Bienestar Social por la falta de respuesta y hoy continúan sin noticias y sin que la gran mayoría haya sido evaluada, ha explicado la portavoz del grupo y madre de uno de los enfermos, Mercedes Pastor.En opinión de Pastor, el Consell “se burla de nosotros, porque ahora dice que van a pagar las ayudas, pero todavía no nos ha evaluado”.La portavoz, madre de un enfermo con distrofia muscular de Duchenne, ha asegurado que la Generalitat todavía no ha examinado a ninguno de los grandes dependientes de Valencia, Castellón y Alicante, aunque sí ha evaluado a “las personas mayores de las residencias”.Pastor ha recordado que el Consell ya tiene la competencia sobre la materia y ha aprobado los decretos de aplicación de la ley, y ha criticado que se gobierne “para la Copa del América, el Circuito de Fórmula Uno y la Volvo Ocean Race, pero no para nosotros, las familias”.

Emilio Guillén, otro de los enfermos de distrofia muscular, ha considerado que a estas alturas ya “debería haberse agilizado” la tramitación de las solicitudes y ha lamentado que en respuesta a sus demandas sólo reciban “excusas”.

Guillén ha señalado que esta ayuda le permitiría contratar a alguna personas para ayudarle en sus quehaceres diarios y “llevar una vida más o menos normalizada”.

La portavoz del grupo ha señalado que esta queja es el primer paso de sus reivindicaciones, pero no descarta ir a juicio si la Generalitat no entrega las ayudas.

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42.

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martes, 08 enero 2008

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42, EN EL QUE MURIERON 62 MILITARES ESPAÑOLES CUANDO REGRESABAN DE TURQUÍA EN MAYO DE 2003, SIENDO MINISTRO DE DEFENSA FEDERICO TRILLO

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido hoy a la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene reabrir la parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42 -en el que fallecieron 62 militares en Turquía el 26 de mayo de 2003- relativa a la contratación del avión. Cuando se produjo el accidente era ministro de Defensa, Federico Trillo, del Partido Popular. Ahora Trillo es diputado nacional del PP y, posiblemente, sea cabeza de lista del partido conservador por Alicante en las próximas elecciones del 9 de marzo.

Grande-Marlaska había sobreseído el caso. El fiscal Zaragoza pidió hoy que se reabra el caso, teniendo en cuenta los recursos de apelación que interpusieron los familiares de los militares fallecidos, contra el auto en el que juez Fernando Grande-Marlaska sobreseyó el pasado 1 de junio esta parte del procedimiento ante “la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español”. El fiscal, que no recurrió en su día este archivo, optó hoy por apoyar los recursos de las acusaciones particulares al considerar que “las víctimas, los familiares, los militares muertos, merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este tribunal ordenando una investigación”, investigación que cree que hasta ahora ha sido insuficiente.

La responsabilidad del ministerio de Defensa. Zaragoza recordó que esta misma Sala, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, ya ordenó, el 15 de julio de 2003, al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, del que ahora es titular Grande-Marlaska y del que en esa fecha lo era Teresa Palacios, que “era preciso instruir diligencias para investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa” en estos hechos. Según Zaragoza, existen elementos suficientes para volver a ordenar que se haga una investigación porque, hasta ahora, el juez instructor “ha cercenado” la práctica de las diligencias que se le han pedido.

Ni una sola diligencia. En este sentido criticó que Grande-Marlaska, en un año que lleva al frente del juzgado, no ha “practicado una sola diligencia para investigar” el accidente, y consideró que no debió acordar el sobreseimiento libre “cuando existe un hecho delictivo, como reconoce el propio juez en su auto”. En su auto, el juez aseguraba que el avión era “apto para volar” y atribuía el siniestro a la “falta de preparación” de la tripulación, que también falleció en el accidente.

Mucho por  esclarecer. “Si el piloto es culpable, no se puede ordenar el archivo”, indicó Zaragoza, criticando que con esta decisión se dejan de investigar “muchas circunstancias”, como la “falta de preparación de la tripulación”, que no funcionara “el control de voz de la cabina”, que la “carga de combustible fuera insuficiente”, que la compañía a la que se contrató el vuelo “no tuviera licencia comercial”, o que “el avión no tuviera la documentación para aterrizar en España”.

El personal de vuelo embriago. “El personal estaba embriagado, no funcionaba la caja negra…”, prosiguió Zaragoza al insistir en que se dan los elementos “suficientes para hacer una investigación”, porque “¿se imaginan si esto hubiera ocurrido en un vuelo comercial? Se hubiera investigado hasta al apuntador”, sentenció. Las acusaciones particulares que recurrieron el archivo, y que culpan a Defensa de lo ocurrido, expusieron por su parte los mismos argumentos que el fiscal y criticaron que el juez mantuviera que la contratación del vuelo (hecha a través de una agencia de la OTAN llamada NAMSA que luego subcontrató el transporte a la compañía ucraniana Um Air) fue por medio de un contrato privado.

El ministerio de Defensa, al corriente de la contratación del vuelo. “En ningún caso puede ser privado, ya que el Ministerio estaba al tanto de la contratación y subcontratación del vuelo”, manifestaron los abogados de la acusación, que denunciaron además que Defensa consignara un pago de 149.000 dólares por el vuelo pero luego realmente se pagaran por él 41.000 dólares, “de manera que hay 108.000 dólares” que “se perdieron por el camino”. Por su parte, la defensa de Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa cuando Federico Trillo era el ministro de ese departamento, planteó que “cuando se dice que no se ha investigado, me recuerda a lo que dijeron algunos medios sobre el 11-M”. “No hay nada más que saber, el auto del juez es ajustado a derecho. Se sabe que las autoridades y funcionarios de Defensa no tienen ninguna responsabilidad, y se sabe que la causa del accidente es un error humano”, señaló el abogado Joaquín Rodríguez Ramos.
Al archivo de esta parte del procedimiento se sumó después el sobreseimiento que acordó Grande-Marlaska en noviembre respecto a la investigación sobre las irregularidades en la identificación de 30 de los 62 cadáveres, dando así carpetazo a la causa en su totalidad, decisión que, en este caso, ha sido recurrida, además de por los familiares, por la Fiscalía, aunque aún no hay señalamiento para la vista de estos recursos.

LOS PARTIDOS QUE INTEGRAN “COMPROMÍS PEL PAÍS VALENCIÀ” DENUNCIAN ANTE EL FISCAL A LA GENERALITAT VALENCIANA POR LA GESTION DE LAS CUENTAS PÚBLICAS.

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jueves, 03 enero 2008

LOS PARTIDOS DE LA PLATAFORMA “COMPROMÍS PEL PAÍS VALENCIÀ” DENUNCIAN ANTE EL FISCAL A LA GENERALITAT VALENCIANA DEL PP POR PRESUNTOS DELITOS EN LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

La portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Mònica Oltra, pidió ayer la intervención de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la Generalitat ante el «demoledor» informe de la Sindicatura de Comptes, ya que «podría implicar responsabilidades penales» en la gestión económica de las cuentas públicas realizada por la Administración autonómica.

El PP oculta facturas. Para Oltra, en la auditoría realizada por esta institución «se comprueba claramente cómo ha habido una ocultación de la deuda y se han escondido facturas que están pendiente de pago», que en el caso de la Conselleria de Sanidad ascienden «a 1.224 millones de euros». «Consideramos que se trata de una ocultación fraudulenta» de la que se derivan no sólo responsabilidades políticas, sino también «la posibilidad de que se hayan producido delitos administrativos y penales», señaló en un comunicado.

Contratos sin registrar oficialmente. La síndica de Compromís destacó también que se constatan en el informe de la sindicatura «las alarmantes tasas de contratos no registrados, los contratos realizados sin seguir los criterios legalmente establecidos en la ley de contratos y en la ley de la función pública o el incremento de gastos de personal debido al aumento de los sueldos de los altos cargos». «De las 1.751 contrataciones que hizo la Generalitat, la sindicatura constata que no se dispone de información de 734, y de los contratos de los que sí se dispone información, 111, el 10,9% no están registrados».
Según Mònica Oltra, «queda a cuerpo descubierto la indecencia de la gestión económica del Consell», que actúa sin que le importe «infringir la ley». Para Compromís, «es igualmente alarmante que la sindicatura exija al Consell la obligación de reducir el volumen de contratos menores». Además, en su opinión, «es motivo de investigación que en las concesiones de subvenciones ni siquiera se cumpla con cuestiones tan básicas como los registros de entrada o la justificación de la necesidad de otorgar estas subvenciones».

Responsabilidades penales del PP, al margen de las políticas y administrativas. Oltra pidió que, con todas estas «pruebas», la Fiscalía «intervenga para aclarar las responsabilidades legales de la Generalitat valenciana, al margen de las responsabilidades políticas y administrativas que Compromís pedirá en las Corts».

GASPAR LLAMAZARES Y LA POSICIÓN POLÍTICA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA.

POLÍTICA

 03/01/2008

Gaspar Llamazares: “Cría obispos y te sacarán los ojos”

Comienzan a surgir voces que piden revisar los acuerdos con la Santa Sede

V.VADILLO

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, criticó la “actitud benevolente” que a su juicio el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido con los obispos. A su entender, mantener los privilegios de la Iglesia católica no ha conseguido “aplacar, sino enardecer a la jerarquía eclesiástica más ultramontana”. Desde el Gobierno vasco y desde medios de comunicación como El País se ha insistido en que debe incidirse de forma “real” en la separación de poderes y la distinción de Iglesia y Estado.

“Cría obispos y te sacarán los ojos”, ha dicho Gaspar Llamazares en referencia a la manifestación que la jerarquía eclesial celebró el pasado día 30 en Madrid y que tomó un fuerte carácter político de crítica al Gobierno. El coordinador general de IU se preguntó si los socialistas esperaban “aplacar a la jerarquía ultramontana de la Iglesia católica manteniendo sus privilegios” en terrenos como la economía o la educación, y apuntó que esto “no se ha logrado”.

“Recuperar un estado aconfesional”
Por el contrario, advirtió, los obispos “están enardecidos y consideran que sus privilegios son justificación suficiente para cuestionar incluso el derecho a la sociedad civil y de la democracia a desarrollar medidas en materia legislativa”. Llamazares mostró su preocupación porque el Ejecutivo “no ha puesto a la Iglesia en el lugar que le corresponde en una sociedad democrática”, y le instó a “rectificar su política” y “recuperar un Estado aconfesional”.

Modificar los acuerdos con la Santa Sede
Tras conocer el comunicado que el PSOE ha hecho para criticar la actuación de la Iglesia en la manifestación por las familias, Llamazares pidió al Gobierno que reconsidere los acuerdos con la Santa Sede para modificar la situación de privilegio de la jerarquía católica. “Si el Gobierno no hace esto, no tiene razón para protestar”, advirtió.

Secularización
Algo parecido se reivindicaba ayer desde el editorial del diario El País. en este periódico se apunta hacia el deber del Gobierno de “abordar sin dilación” la “revisión de los acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede que sustituyeron, con un espíritu preconstitucional, al Concordato de 1953”. “Defender una secularización estricta del Estado no significa ir contra la Iglesia, sino ponerla en el lugar que le corresponde”, apunta el texto, que asegura que la del día 30 “no fue una manifestación en defensa de la familia -como si el Gobierno la atacara- sino un auténtico acto electoral en apoyo del PP”.

Separación Iglesia-Estado
Ante esto “deben reaccionar no sólo el PSOE y el resto de partidos -no lo hará el PP, por el que esa jerarquía hace campaña a dos meses de las elecciones- sino especialmente el Gobierno, ciñéndose a la Constitución, que proclama la separación Iglesia-Estado, una separación que no acaba de ser real”.

“Sociedad laica en su conjunto”
A esa separación de poderes se refirió también la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, quien apuntó que la Iglesia tiene “derecho a criticar en lo que no esté de acuerdo”, pero siempre que acepte “la separación de poderes” y, por tanto, que el Gobierno “representa a una sociedad civil, laica en su conjunto” y con “más de una creencia religiosa en su seno”.

“Respeto institucional”
Azcarate recordó que el Ejecutivo “legisla de acuerdo a las mayorías y minorías existentes en el Congreso de los Diputados” y que representa “la voluntad de la mayoría de la sociedad”. Esta voluntad, apuntó, “puede coincidir o no con la doctrina de la Iglesia católica”. A su juicio, esta institución tiene “el derecho legítimo a la discrepancia” siempre y cuando se haga desde “el estricto respeto institucional”.

PORTILLO, EL PRIMER LADRILLAZO DE 2008.

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Se confirma el vuelco en el Consejo de Colonial, que acepta la dimisión de Portillo

Agencias | 20:08 – 31/12/2007
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El Consejo de Administración de la inmobiliaria Colonial aceptó hoy la dimisión de Luis Portillo como miembro de este órgano de dirección y ratificó como presidente de la sociedad a Mariano Miguel, que seguirá ejerciendo el cargo de consejero delegado, informó la compañía a la CNMV. Además, se produce un auténtico vuelco en el Consejo, tal y como adelantó hoy diario elEconomista

El cese de Portillo como consejero de la inmobiliaria se produce tres días después de que fuera relevado como presidente de Colonial (CAR.MC elemento_52_0 = new cotizacionEnNoticia(‘INMOCARAL’, ‘cotizacionINMOCARAL_0’, ‘linkcotINMOCARAL_0’,1); ), en una reunión que el Consejo de Administración celebró el pasado viernes, horas después de que los títulos de la sociedad cayeran el 25,4 por ciento en Bolsa.

La compañía ha indicado que para reforzar la preeminencia de los consejeros independientes “iniciará la búsqueda de un profesional de prestigio que ocupará el puesto de presidente no ejecutivo”.

Salida de otros consejeros significativos

 

Al mismo tiempo que acontecía el cese de Portillo abandonaban también su puesto como consejeros Luis Emilio Nozaleda Arenas, Gema Sólas Navas, José Ramón Carabante Plaza; Óscar Fanjúl Martín; Alberto Cortina Koplowitz y Clara Nozaleda Arenas.

También cesaban en su cargo los representantes de Desarrollo Empresarial Quetro, María Jesús Valero Pérez; Grupo Portival, Yolanda Mayo Ranera; Corporación Indo, Domingo Díaz de Mera Lozano, y Promociones González, Aurelio González Villarejo.

La compañía ha señalado en un comunicado que la “salida del consejo de los accionistas significativos no presupone la intención de reducir su participación en la sociedad”.

Nombramientos de nuevos consejeros

 

Para ocupar parte de las vacantes y para “dotar de la mayor operatividad, eficacia y transparencia posibles a la gestión de la compañía en beneficio de sus accionistas”, la compañía ha nombrado consejeros por cooptación a Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid (consejero ejecutivo); Julián Zamora Saiz (consejero dominical), y Pedro Ruiz-Labourdette Garau (consejero dominical).

Así queda el consejo de Colonial

 

En consecuencia, el consejo de administración queda compuesto por once miembros: Mariano Miguel Velasco; Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Antonio M. López Corral; Javier Sola Teyssiere; Alberto Alonso Lobo; Francisco José Molina Calle; Juan Ramírez Blatuille; Enrique Montero Gómez; Julián Zamora Saiz; Pedro Ruiz-Labourdette Garau y Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid.

Cambios en la comisión ejecutiva

 

Inmobiliaria Colonial también ha acordado cambios en la comisión ejecutiva, que estará formada por cuatro miembros, y en la comisión de nombramientos y retribuciones, que estará formada por tres personas.

La comisión ejecutiva queda compuesta
por Mariano Miguel Velasco, que ejercerá como presidente; Francisco José Molina Calle; Julián Zamora Saiz y Pedro Ruiz-Labourdette Garau.

Por su parte, la comisión de nombramientos estará integrada por Josep Manuel Basáñez Villaluenga; Alberto Alonso Lobo y Enrique Montero Gómez.

Sólida “situación patrimonial”

 

Inmobiliaria Colonial también ha señalado que mantiene una sólida “situación patrimonial” que le permite cumplir íntegramente “todas sus obligaciones con las entidades financieras” y ha expresado “su confianza en que la realidad del valor objetivo de la compañía, su solidez patrimonial y su potencial de negocio permitirán superar la situación actual”

Publicada el http://www.ElEconomista.es

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Nota Bene del editor de este Blog: Seguramente sería éste un momento pertinente para que algún miembro del Gobierno Valenciano experto en privatizaciones, explicara las condiciones en las que Luis Portillo compró por cantidades multimillonarias, en sociedad (Siete Treinta S.L.) con el señor Rosell Recasens, marido o lo que fuese de la Senadora del PP por Almeria, señora Agüero miembro de la comisión de Agricultura del Senado en la etapa del señor Aznar-Fabra (¿también una coincidencia que la empresa del caso Naranjax, Artemis 2000 S.L. y Siete Treinta S.L. procedan del mismo despacho de Ontinyent, ciudad que como saben está pegadita a Sevilla, igual que muchas más con adjudicaciones de la Generalitat Valenciana?). Aclaremos la concesión transmisión posterior de algúnos lotes de las residencias geriatricas del tan famoso como opaco Plan Blasco en su etapa de Conseller de Bienestar Social. Este es el proceso especulativo que ha levantado gigantes de papel que han saqueado las arcas públicas y arden ahora…sin que nadie mueva un dedo. Y el Arzobispo Cardenal diciendo que la politica social de Zapatero sobre la familia, destruye la democrácia. ¡No crean que no llevamos una buena peniténcia con esta cuadrilla!. V.V.G.